5. BUROCRATAS Y MILITARES

Ahora bien, la estrategia cardenista se propuso adecuar la función de los burócratas y de los militares a su línea de masas, convirtiéndolos en factores que colaboraran en su realización y ayudándolos a liberarse del lastre de la política individualista. Por supuesto que el camino no consistía únicamente en hacer llamados a aquellos sectores a que cumplieran con responsabilidad su cometido, aunque fueron abundantes. Lo importante era asegurarles una condición material y política por la que se sintieran satisfechos y dispuestos a defender como suyo al régimen establecido.

En lo que se refiere a los burócratas, Cárdenas, en particular, no podía ignorar que el éxito de su política de masas dependía del modo en que ellos atendieran las peticiones de los trabajadores: “…las mayorías obreras y campesinas y el pueblo en general —observaba en febrero de 1936— están necesitando de servidores que cumplan estrictamente con la ley; que vayan por todo el territorio de su jurisdicción para darse cabal cuenta de los problemas que a diario surgen en la vida de los pueblos, a fin de que de oficio, sin esperar las demandas de los mismos, apliquen las soluciones que exija el interés social. Sólo así se logrará la tranquilidad, la paz orgánica a la que aspiran no solamente las clases patronales, sino muy especialmente las obreras y las campesinas, que son las que más lo necesitan”.116 Naturalmente, éstos no fueron sino muy buenos deseos. Cárdenas tuvo que llevar a cabo su programa de reformas limitado y no pocas veces obstruccionado por la ineficacia, la impericia y la mala fe de una burocracia acostumbrada al oportunismo y la corrupción de la política personalista.117 Pero el presidente michoacano deseaba llevar también a la burocracia su política de masas, de suerte que al mismo tiempo que la volviera participante interesada en el poder, su situación superara la inestabilidad y la inseguridad a que la sometía la arbitrariedad de los gobernantes.

Probablemente de acuerdo con Cárdenas, como de hecho sucedió en muchos otros renglones de la política nacional, el presidente Abelardo L. Rodríguez comenzó a desbrozar el camino renunciando a la facultad que le concedía la Constitución de nombrar con entera libertad al personal administrativo. Y al tomar posesión de su cargo el divisionario michoacano hizo anuncio de los propósitos que lo animaban en este respecto: “El generoso movimiento de mi antecesor en el ejercicio del Poder Ejecutivo, declinando la facultad legal para nombrar y remover libremente el personal administrativo de su jurisdicción, trajo como consecuencia inmediata una corriente de justo entusiasmo entre los servidores públicos, quienes iniciaron desde luego sus organizaciones propias para defender y cuidar sus conquistas y periódicamente están haciendo gestiones porque esa situación se consolide. Paralelamente a estos sucesos se han producido ciertas reacciones de opinión adversa entre distintos grupos populares, que consideran el intento de inamovilidad de los empleados del Estado o sea el establecimiento del Servicio Civil, como una oportunidad afortunada para que algunos elementos no identificados con la Revolución y un tanto cuanto antagónicos a las tendencias sociales del Poder Público, logren una situación privilegiada que ningún esfuerzo les costó conseguir. Son estas circunstancias las que me obligan a considerar la importancia de trazar aquí los lineamientos que deben servir para plantear el problema del Servicio Civil. Es indispensable, ante todo, promover la reforma constitucional respectiva, con objeto de que el beneficio sea general para todos los servidores de las tres dependencias que constituyen el Gobierno. Hay que considerar en seguida la necesidad de limitar entre los veinte y los sesenta años el periodo más adecuado y propicio para los servidores de la Nación, logrando con ello disminuir el número de los aspirantes y mejorar los servicios públicos. Estas circunstancias deben servir de complemento al requisito esencial de la competencia y de la identificación con el régimen, pues se trata con ello de crear un grupo de trabajadores organizados y responsables por su preparación, de la eficacia, de la rapidez y de la honestidad con que los negocios públicos deben despacharse”.118

El 23 de junio de 1937 el general Cárdenas produjo un documento con el cual se proponía la sindicalización de los trabajadores al servicio del gobierno federal y la elevación a norma jurídica de los derechos de tales servidores públicos, entre los que se contaba el de huelga.119 El que se concediera la sindicalización a los empleados estatales era ya de por sí inquietante; el que, además, se les reconociera el derecho de huelga, sencillamente horrorizó a buena parte de los círculos gobernantes. En lo relativo a la organización de los empleados, Cárdenas proponía: “…el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Ejecutivo, no sólo debe reconocer el derecho de asociación, sino conceder a éste la representación de los intereses comunes, el ejercicio de toda acción sindical y la facultad de establecer su régimen jurídico interno, adoptando, además, medidas que fomenten la unificación sindical, creando ventajas en favor del trabajador agremiado, en la medida en que lo hace la Ley Federal del trabajo, y fijando el principio del sindicato único para cada unidad burocrática que dependa de un solo funcionario o grupo de funcionarios, con la característica de que cada sindicato debe formar parte de una Federación General, para que su acción se signifique en los casos en que sea necesario, contando con una representación común en aquellas decisiones en que no deben influir motivos de interés local o fraccionario, que pretendan colocarse por encima del interés general de clase”.120

Pero lo que provocaba el temor y la desconfianza por la iniciativa cardenista no era tanto la asociación de los burócratas como el que, sobre ésta, se les concediera también el derecho de huelga. Lo menos que un político prepotente y autoritario podía imaginarse en este sentido era el espectáculo de un desorden y un caos incontenibles, si los empleados públicos por mero caso se decidían a lanzarse a una huelga, que harían trizas al Estado que con tanto esfuerzo se había levantado. Cárdenas no pertenecía a esa especie de políticos; tomó la cuestión con la mayor tranquilidad: la huelga no significaba un estado de guerra, sino que era una prueba de fuerza en una relación pacífica, aunque contradictoria, entre dos entidades que previamente habían adoptado como principio rector el de su necesaria coexistencia; era, por ello mismo, previsible en todas sus partes, de modo que no podía ir más allá de lo que constituía la base de la relación entre los dos protagonistas. Que la huelga podía representar un trastorno en las actividades del Estado, con lo que la sociedad sufriría lo indecible, se daba por un hecho. Como escribía Antonio Luna Arroyo: “…Todas las huelgas tienen una trascendencia extraordinaria en la vida social; interrumpen la producción, estorban, consiguientemente, a la obra de consumo, ponen en peligro el orden público; de ahí la honda preocupación y el vivo interés que en los gobernantes suscita: he ahí su fuerza”; y concluía correctamente Luna Arroyo: “En México se sostiene que no puede darse el derecho de huelga a los empleados públicos porque peligran los servicios públicos. En México hay servicios públicos en manos de particulares y sujetos a la Ley de Trabajo: tranvías, luz y fuerza, ferrocarriles y ¿qué más trascendentales servicios públicos en manos de particulares y sujetos a la Ley de Trabajo, que las industrias del abasto? (la huelga de luz eléctrica y la huelga de las fábricas de artículos de primera necesidad, son más peligrosas que las huelgas de los empleados públicos)”.121

Cárdenas fundamentaba de la siguiente manera el otorgamiento del derecho de huelga a los empleados públicos: “Carece en absoluto de base real la afirmación de que el derecho de huelga compromete peligrosamente la vida misma del Estado, supuesto que el ejercicio de este derecho está enderezado contra los individuos que detentan en determinado momento el poder y no contra el Estado mismo. También se funda el derecho de huelga en los motivos excepcionales que se conceden de hecho, cuando se atrofia el ejercicio de la función pública por la imposibilidad de los empleados para continuar trabajando, por carecer del pago de sus salarios, única fuente de ingresos para su sostenimiento; y cuando esto acontece por incapacidad o inmoralidad de los funcionarios, la huelga viene a constituir un público e inminente juicio de responsabilidad contra los funcionarios mismos. Hay que tener en cuenta, además, que la huelga limitada constituye un medio de coacción al que probablemente recurrirían los trabajadores organizados aun cuando no se le diera categoría jurídica, como nos lo enseña la experiencia y, en ese caso, la pretendida peligrosidad de esta coalición no se evitaría por el hecho de desconocer su legitimidad. En esta virtud, debe concederse a la huelga categoría jurídica para que su realización no pueda conceptuarse por sí misma como un rompimiento del correspondiente estatuto legal, con las consecuencias inherentes a toda situación ilícita, sino que, por el contrario, elevada a la calidad de derecho, sus efectos logren el restablecimiento del equilibrio económico o legal que se hubiere roto. No hay que olvidar tampoco, que la garantía de cumplimiento del Estatuto de los servidores del Ejecutivo, no debe dejarse exclusivamente confiada a la fuerza moral y jurisdiccional del Tribunal respectivo, probablemente insuficiente, sino que deben ponerse en manos de los mismos servidores, medios coercitivos que les permitan exigir ese cumplimiento, entre los cuales, sin duda, es el de huelga el más eficaz”.122

Pocas medidas de las muchas tomadas por Cárdenas para lograr la organización de los diferentes sectores sociales tienen el franco carácter demagógico de la ley de los empleados públicos. En un régimen autoritario como el que emanó de la Revolución Mexicana y que el propio Cárdenas estaba convirtiendo en una entidad con poderes colosales, una iniciativa como ésta aparecía como un alarde inútil y excesivo que no correspondía a la realidad política del momento. Como apuntó con atingencia Lucio Mendieta y Núñez, “…en realidad el empleado público no ha ganado nada con que se le reconozca el derecho a sindicalizarse y el derecho de huelga. Con aquél ha caído en la opresión sindical, en las garras del liderismo inmoral y en cuanto al derecho de huelga, no pasa de ser una de tantas farsas legales que jamás podrá traducirse en hechos. Se necesitaría que hubiese un gobierno lo bastante débil, dirigido por gentes suficientemente imbéciles, para tolerar una huelga general de empleados públicos que significaría el derrumbamiento instantáneo de ese Gobierno… el derecho de huelga está en el Estatuto como una amenaza que puede usarse en contra de algún funcionario en desgracia o de un Gobierno ficticio, aparente, manejado por una fuerza extraña…”123

Lo que es un hecho es que Cárdenas se proponía liquidar para siempre la dependencia de los burócratas respecto de los grupos de políticos que hasta entonces habían medrado con la inestabilidad y la virtual indefensión en que se encontraban los empleados públicos. Antes de que se aprobara el Estatuto en el Congreso de la Unión, Cárdenas informaba que su gobierno había elaborado el proyecto de ley “…por considerar que en el gran debate de los derechos sociales que tiene emprendido la Revolución desde sus principios, había un sector de trabajadores sometido y sojuzgado a la tradición y al capricho, extorsionado por la política y completamente abandonado a sus propios recursos. A remediar dicha situación, dándoles derechos correspondientes a sus actividades y nobles funciones reconociéndoles personalidad jurídica para representar ante el Poder público cuando sus intereses así lo exijan, creándoles un tribunal eficiente e independiente para conocer de sus controversias, se formuló dicho Estatuto con la seguridad de que los factores que han de intervenir en su funcionamiento revelarán plena conciencia de sus obligaciones y de sus derechos, sabrán cumplir con unas y ejercitar los otros en forma de leal colaboración, que las demás colectividades sociales interesadas en el mantenimiento del Poder Público, no tendrán que levantar su voz de protesta por las consecuencias que pudieran traer las conquistas que esta ley consagra”.124 Y Cárdenas reiteraba con las siguientes palabras su punto de vista después de que el Estatuto había sido promulgado: “La iniciativa del Ejecutivo sobre el Estatuto de los Trabajadores a su servicio, se motivó en la necesidad de poner a salvo a los servidores del Estado de las contingencias electorales, asegurándoles la estabilidad en sus cargos y sus ascensos, a base de eficiencia y honorabilidad, así como en la de garantizar sus derechos de asociación para la defensa de sus intereses, satisfaciendo así una vieja y justa aspiración de los empleados del Gobierno, recogida durante mi gira electoral para la Presidencia”.125

Ello no obstante, Cárdenas en modo alguno era inmune al temor y a la desconfianza respecto a la capacidad y la eficacia que los burócratas podían desarrollar una vez que se viesen asegurados en sus puestos de trabajo; aunque, por supuesto, estaba seguro de la fuerza del régimen revolucionario para contrarrestar ese peligro. En el Congreso Constituyente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en octubre de 1938, el presidente michoacano afirmaba: “Las prerrogativas obtenidas por los empleados con el Estatuto pueden implicar con el tiempo un obstáculo a la innovación de los procedimientos técnicos de servicio y llegar a constituir una masa conservadora de resistencia, si no se procura mantener presta su habilidad para la introducción de permanentes sistemas que simplifiquen y expediten el despacho”.126 Y si cabía la posibilidad de que a algunos de los burócratas se les hubiera olvidado, Cárdenas les recordó que era su condición de asalariados del poder público lo que había motivado la adopción del Estatuto, pero que esto no significaba que el Estado renunciara a ellos como uno de los sostenes de su actividad; “Los empleados forman parte de la organización del Estado —observó—, de tal manera que les corresponde el deber de identificarse plenamente con sus fines y de acelerar la marcha eficiente de la Administración Pública, por modesto que sea el cargo que desempeñen; por lo tanto, no deben olvidar, ni por un solo momento, que todas sus actividades están encaminadas a la mejoría de las funciones administrativas que afectan a los habitantes de toda la República, y cuyos intereses deben prevalecer en todo caso por encima de los intereses particulares. De aquí que es del todo indispensable insistir en la responsabilidad que en la aplicabilidad del Estatuto compete a los trabajadores mismos, quienes deben tener presente que para la defensa de sus intereses societarios y para prestigio de sus organizaciones sindicales, el rendimiento de trabajo en la Administración Pública debe elevarse a partir de la vigencia del Estatuto”.127

Cárdenas, en cambio, no parece haber albergado dudas en torno a la fidelidad o, por lo menos, al control que el Estado podía mantener en el caso de los burócratas organizados, a condición, claro está, de que se mantuvieran en una relación exclusiva con el Estado mismo. Los burócratas habían comenzado a organizarse con el auxilio de la CTM y dentro de la misma. Cárdenas, al igual que en el caso de los campesinos, temió que los empleados del gobierno federal, llegado el momento, si bien bastante remoto pero probable, de un enfrentamiento entre la organización obrera y el Estado, se pusieran del lado de aquélla o de algún modo pudiesen apoyarla; era evidente que la fuerza de la CTM, incrementada con la que le pudieran dar los burócratas, podía crecer más allá de lo que el proyecto cardenista de organización de los distintos sectores de la sociedad podía consentir. El hecho fue que el presidente se opuso radicalmente a que aquéllos se enrolaran en las filas de la central obrera mayoritaria.128

Aislada cuidadosamente de cualquier otro sector social, Cárdenas comprendió perfectamente que la organización de los empleados no podíasino fortalecer el control de los mismos y su fidelidad al régimen. Una huelga de burócratas era sencillamente impensable; por eso resultaba demagógico concederles el derecho a ejercerla. Pero aun concibiéndola como algo posible, no había razones serias para temerla si surgía como un derecho derivado de la organización previamente reconocida. “Merced a la asociación —señalaba Luna Arroyo—, al derecho de huelga, evitaremos, como pensaban los Constituyentes, dos escollos temibles: de una parte la violencia de un sobresalto revolucionario (cuando los empleados públicos ya no puedan resistir la miseria, las injusticias y la opresión del Estado); y de otro, la omnipotencia del Estado, es decir, la tiranía agravada por el despotismo en sus múltiples formas (nepotismos, oligarquías, y sistemas de paniaguados). De aquí que deba considerarse que el sindicalismo de los empleados públicos, tiene una acción pacificadora dentro de la justicia y protección eficaz de sus miembros frente a la arbitrariedad de sus gobernantes. La formación de sindicatos potentes que comprendan individuos de todas las clases sociales, ligados entre sí por convenciones colectivas, en las que se determinen sus relaciones de orden jurídico, constituirá una fuerte garantía, la única eficaz contra la omnipotencia del gobernante, o sea la omnipotencia del partido o de la mayoría contra el monopolio de los gobernantes que detentan indebidamente la fuerza”.129

En ese sentido Cárdenas no guardaba secretos. Cuando se reunió el primer congreso de las asociaciones burocráticas para constituir su federación, declaró sin reservas lo que él esperaba de la organización: “A la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado… compete velar celosamente porque el ejercicio de las conquistas sociales de los trabajadores no conduzca a la agitación estéril, a luchas intrascendentes entre empleados, ni mucho menos quebrante la legítima autoridad política, técnica y moral de los titulares de las dependencias oficiales, sino por el contrario, contribuya al cumplimiento de sus deberes, vigorice la autoridad de sus superiores, supedite sus conflictos al fallo previo de los árbitros e identifique a todo el importante sector burocrático al ritmo progresista y coherente de los funcionarios de la Federación”.130

La oposición al proyecto de Cárdenas en el Congreso de la Unión se hizo célebre por su terquedad y persistencia, reflejando muy claramente las dudas y los temores que la iniciativa despertaba entre los grupos revolucionarios. Todo un año duró el proyecto bajo examen del Congreso; pero al fin el flamante Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado entró en vigor en septiembre de 1938. Mientras tanto, Cárdenas tuvo tiempo de organizar a los empleados y de incluirlos en la estructura del partido oficial que desde marzo se había convertido en Partido de la Revolución Mexicana.

Al mismo tiempo que se ocupaba de los obreros, los campesinos y los burócratas, Cárdenas no descuidó al ejército. En este caso no se trataba de organizar a un sector social y constituirlo políticamente en el concierto nacional en razón de la organización misma. Se trataba más bien de hacerlo coincidir en sus intereses con la línea de masas adoptada por el gobierno, liquidar los obstáculos que se seguían oponiendo a su plena institucionalización, mejorar sus condiciones de vida y elevar su nivel profesional. Era ésta una tarea que en gran parte había comenzado a realizar el general Joaquín Amaro desde el Ministerio de Guerra ya a mediados de la década anterior y que se trataba de continuar.131 Pero era tal vez la tarea más difícil. Como político excepcional, además que como militar, Cárdenas sabía lo que era el ejército, los cuidados con que había que tomarlo y los peligros que a pesar de su profesionalización podía representar.

Todavía en 1940, cuando las grandes reformas cardenistas eran ya un hecho definitivamente adquirido por la Revolución, los Weyl escribían escépticos: “El Ejército es, como siempre, el gran enigma mexicano. Este Ejército no puede compararse con los traidores militares españoles. Sus oficiales salen de la clase media, no de la aristocracia, y los soldados son, en su mayoría, campesinos que con frecuencia trabajan al lado de peones en la construcción de carreteras y otras actividades constructivas. Cárdenas ha hecho grandes esfuerzos para limpiar de oficiales reaccionarios la máquina militar. Sin embargo, el ascenso es siempre lento para los hijos del proletariado. Las muy mentadas reservas agraristas están mal armadas y escasamente ejercitadas. Los oficiales superiores pertenecen al Ejército regular, y los inferiores no lo son por elección, sino por nombramiento. Si los comandantes de zona son reaccionarios, embuten en las reservas agraristas a secuaces de los terratenientes y las vuelven contra los campesinos. Aunque la academia militar para la enseñanza de oficiales recibe lecciones políticas de los profesores de la Universidad Obrera, la mentalidad de los cadetes es preponderantemente reaccionaria. En 1939, los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra abuchearon a un conferencista que hablaba de las lecciones políticas de la guerra civil española, gritaron ‘¡Viva Franco!’ e hicieron el saludo fascista”.132

Cárdenas, empero, fue incansable en el esfuerzo por mantener una buena imagen del ejército ante los trabajadores, como una institución a la que se debía la Revolución y de cuya existencia dependía el que México pudiera progresar. Al rendir su protesta como candidato presidencial, el dirigente michoacano expresaba su deseo de que el ejército siguiera siendo “… el baluarte de las tendencias proletarias y la fuente de donde tomarán su fuerza evolutiva las instituciones sociales, supuesto que hoy, más que nunca, el Ejército emana del pueblo y pretende, al amparo de una tendencia orgánica, reconstruir sus filas con elementos de todo el país, a fin de compartir con ellos la responsabilidad que tiene una Institución que es la salvaguardia del régimen revolucionario”.133 Sus llamados a los militares, más que a movilizarlos políticamente, estaban dirigidos a prestigiar al ejército ante los demás sectores sociales, aunque, como era típico en él, procuraba siempre interesar a los soldados en su propio mejoramiento. “Me dirijo en especial a mis compañeros de armas —decía durante su campaña—, a los elementos del glorioso Ejército de la Patria, solicitando que mantengan la cooperación que estoy seguro que darán al próximo Gobierno, porque los soldados del pueblo honrarán a la Revolución y serán los más interesados en que se cumpla y se justifique… Con la cooperación del Ejército a la par que con la de los demás sectores del país, se realizará el Plan Sexenal, del que depende la elevación de las condiciones económicas del país. Una vez que esta elevación se haya conseguido, será posible atender con mayor eficacia el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los militares, tanto en alojamiento y equipos, como en instrucción y salubridad e higiene”.134

Cárdenas trató en todo momento, también, de que sus mensajes al ejército y sus compromisos de mejorar su situación aparecieran claramente dirigidos a la masa de soldados y clases, dejando entender, al mismo tiempo, que su diálogo no era con los generales o los oficiales de alta graduación, seguramente porque pensaba que ellos no tenían problemas que ellos mismos no pudieran resolver. Para Cárdenas el soldado era un trabajador más cuyas condiciones de existencia eran difíciles y cuya función era la de mayor responsabilidad entre todas las que un mexicano podía desempeñar. Lo menos que podía hacerse era atender sus necesidades materiales y espirituales: “La abnegación del Ejército —afirmaba al tomar posesión de la Presidencia— debe ser correspondida no solamente con la estimación de las sociedades que han encontrado en él un escudo, ni sólo con el aplauso del pueblo, que tiene en él un reflejo constante de sus aspiraciones y un baluarte decidido de sus conquistas, sino con progreso positivo del orden material que eleve su bienestar y su decoro y con nuevas ideas que fortifiquen su espíritu, dándole funciones sociales y disciplinas más de acuerdo con sus características de institución humana esencialmente constituida para proteger y salvaguardar el desenvolvimiento económico, intelectual y moral del pueblo. En esta virtud, sus alojamientos u hospitales, escuelas y haberes, serán motivo de honda preocupación por parte de mi Gobierno. Multiplicaremos por todas las zonas del país, las escuelas, internados para los hijos del Ejército, a efecto de relevar a la tropa de la obligación trascendente que tiene de educar a sus hijos y que se ve imposibilitada de verificarlo, debido a la frecuente movilidad de sus cuerpos. Haremos que el Ejército obtenga como beneficio que la Ley de Disciplina del Ejército y la Armada y la Ordenanza General del Ejército abroguen todas aquellas disposiciones que prohiben al subalterno (soldado, clase y oficial) recurrir libremente ante sus superiores jerárquicos u otra autoridad competente, haciendo representaciones en pro de su mejoramiento personal o para exponer quejas contra sus superiores inmediatos por lesiones recibidas en sus intereses privados o en su dignidad de hombres. Pero hay algo más importante para los componentes de la Institución Armada y que, viendo a sus intereses vitales me propongo atender desde luego y es: la imposibilidad material en que se encuentran Gobierno y miembros del Ejército de otorgar y alcanzar ascensos, matando así el progreso moral del Instituto y las más legítimas y naturales aspiraciones de sus componentes”.135

El divisionario michoacano de hecho se proponía llevar al seno de las fuerzas armadas su línea de masas; pero aquí esta última resultaba elemental y limitada. Si el instituto armado imponía un cuidado extremo al tratar sus problemas en realidad no se debía a la tropa misma, sino a sus altos oficiales, los generales que, si bien menos que en el pasado, seguían siendo sumamente peligrosos. Como se ha observado, para 1935 muchos generales habían perdido su convicción revolucionaria. Muchos se volvieron ricos y, por lo mismo, opuestos a las nuevas reformas económicas y sociales; sentían que la fase radical de la Revolución había pasado, que era la hora de las consolidaciones y en esta etapa a ellos tocaba seguir siendo los dueños del país.136 La línea de masas aplicada al Ejército era limitada, pero no cabe duda de que, vistos los intereses contra los cuales se enderezaba, era realmente mortífera. Su punta de diamante lo fue el manejo continuo del origen de clase de los soldados que sin necesidad de muchos comentarios los oponía a sus más encumbrados superiores. “Nuestro Ejército —decía Cárdenas en su citada alocución de protesta de cargo— seguirá identificándose con los núcleos obreros y campesinos en sus actividades sociales y en las diferentes fases de su lucha de clases; ambos grupos proletarios son la matriz de donde toma el Ejército Nacional sus más valiosos elementos y, unidos campesinos y obreros, constituyen las reservas de energía con que se renueva constantemente la fuerza nacional de cuyas fuentes han de brotar muy pronto nuevos grupos de milicias locales”.137 Si no por otra causa, simplemente por el origen social de la tropa se justificaba que el presidente se interesara por sus condiciones de vida y por su espíritu y su dignidad. Para someter a los políticos y a los empresarios Cárdenas había movilizado a los trabajadores; para someter o mantener quietos a los generales, intentaba apoyarse en los soldados, las clases y los oficiales jóvenes, tal y como antes lo había hecho Amaro con sus reformas militares.

Cuando Cárdenas llegó al poder en realidad el ejército no era ni por asomo lo que había sido antes de que Amaro emprendiera su obra. El grado de profesionalización de las fuerzas armadas se había elevado y la joven oficialidad se había vuelto numerosa. Los oficiales, en particular, prestaron a Cárdenas importantes servicios. Townsend relata que durante la crisis de junio de 1935, para contrarrestar la influencia de Calles sobre los comandantes de zona, el presidente envió por avión emisarios personales suyos a entrevistarse con ellos: “…tales emisarios fueron militares, con el grado de capitanes; sencillos en apariencia, atentos en su trato, representaban la personificación del mismo Lázaro Cárdenas. Entraban sin anunciarse, pasando inadvertidos ante los vigilantes centinelas y se presentaban así a los poderosos generales: ‘El señor Presidente de la República me ha enviado para hacerle a usted patentes sus respetos. Al mismo tiempo desea saber cuál será su actitud en relación con la crítica que el general Calles ha hecho de la actual Administración’. Si había duda o incertidumbre en la respuesta, el emisario lo anotaba para informar al Presidente, y el militar en cuestión era sustituido sin pérdida de tiempo por uno de confianza de Cárdenas; es decir, antes de que pudiera rebelarse”.138

Los oficiales fueron estimulados a seguir la carrera militar profesional, creándoles un espíritu de orgullosa autoestima frente a los viejos generales. “Llegaron a sentir que ellos estaban mejor entrenados —y por consiguiente mejor calificados para el mando— que los divisionarios que eran más bien políticos que soldados. Los tenientes, capitanes y mayores veían claramente a Cárdenas como a su principal benefactor. De modo parecido, los hombres de la tropa fueron ampliamente aleccionados en el sentido de que Cárdenas, más que sus comandantes, era el autor del mejoramiento de su situación. De tal suerte, en la lucha política de Cárdenas contra los generales, los soldados rasos y los oficiales subalternos se convirtieron en el contrapeso del presidente”.139

Cárdenas encontró un medio eficaz más para imbuir en el soldado el espíritu de su política de masas: ponerlo a trabajar junto con los obreros y los campesinos en obras de mejoramiento colectivo, ayudando a construir caminos, escuelas, albergues, etc., trabajo que tenía la virtud de poner a los militares, que provenían del pueblo, en contacto con la problemática popular que era el asunto principal de la línea de masas cardenista. Aparte de ser útiles, los soldados se prestigiaban ante las masas trabajadoras. Significaba, por tanto, una manera de hacer política en la que los militares eran agentes de primera línea; algo muy semejante, por lo demás, a una auténtica contra-insurgencia, tanto en relación con los trabajadores como con los propios soldados. De hacedores de guerra se convertían en factores de paz. En este sentido, Cárdenas observaba; “En tiempo de guerra, el Ejército tuvo como deber llevar al triunfo la bandera del ideal renovador, el pensamiento normativo de una realidad futura más justa y humana. Afortunadamente, la contienda civil ha terminado y México se orienta por los cauces del trabajo creador y fecundo. En horas de paz como las presentes, el Ejército cumple una doble misión; además de ser centinela constante de las conquistas logradas con sangre de hermanos, atiende una tarea constructiva: hace caminos, alojamientos, escuelas, hospitales, campos deportivos y de aterrizaje, y así, con su acción reglamentada y continua, contribuye intensamente a realizar la elevación de México. El Ejército Nacional, como toda organización que funciona dentro de bases semejantes: disciplina, austeridad, espíritu de sacrificio, sentido del honor, va creando en la individualidad dispersa y anárquica la convicción de un destino colectivo, de una tarea más allá del ciudadano como ser aislado”. 140

La inserción de los militares en el PRM como sector especial de carácter estamental, sirvió, por un lado, para neutralizar el empuje de los obreros y los campesinos y su peso dentro de la nueva organización del Partido;141 pero, por otro lado, lo que resultaba igualmente importante, Cárdenas pretendía poner un freno al ejército mismo dándole la responsabilidad de su participación en la política activa y, al mismo tiempo, poniéndolo en igualdad de circunstancias y de posibilidades con los demás sectores sociales.142 Por supuesto que más que a la institución armada como tal la medida afectaba a los altos jefes del ejército: “Aislando al ciudadano militar de todo ejercicio político —decía Cárdenas en su informe de lo. de septiembre de 1940— se daría lugar a que sólo los altos jefes del Ejército tuvieran participación en las decisiones de la vida pública. En ocasiones, la antigua prohibición impuesta a los componentes del Instituto Armado para opinar en materia política, fue un resorte de falsa disciplina para que algún alto jefe impusiera a su tropa la obligación de tomar las armas contra el Poder Público no obstante que éste se las diera para la defensa de las Instituciones”.143

Ciertamente no se puede decir que a los generales les haya ido mal con estas transformaciones. Si conservaban algún poder de carácter privado, éste disminuía o desaparecía, pero no más. Cárdenas no tuvo necesidad de mandar matar a nadie o de encarcelar a sus enemigos. El único acto de fuerza que se le conoce fue la expulsión de Calles y de algunos de sus allegados. Con los generales, a pesar de ser unos intrigantes empedernidos que conjuraban a la luz del día permanentemente,144 no se usó la violencia y Cárdenas cuidó mucho de que ninguna fuerza política chocara abiertamente con ellos. Desde luego, en la medida en que sus fortunas se habían formado en contravención con la política de la Revolución, muchos de ellos, como sucedió en La Laguna, fueron perjudicados por el proceso de reformas, pero no porque hubieran sido militares. Además, desde ese punto de vista, el presidente michoacano mantuvo abierta la posibilidad, inaugurada con Calles, de que los militares se dedicaran a los negocios, convirtiéndose en empresarios y abandonando la política.145 No se puede decir que esto haya significado la tumba del militarismo en México, pero resulta claro que los militares de viejo cuño, más políticos que soldados, en efecto, fueron desterrados por completo de la política de la Revolución.