La Revolución Mexicana apareció de tal manera ligada al problema de la tierra que no es exagerado afirmar que entre sus causas motoras la fundamental fue la cuestión agraria. Como hecho de masas, representó simplemente la movilización armada de los campesinos por la tierra. No más. Por ello se la ha llamado revolución agraria, pese a que jamás ha habido “revoluciones agrarias” ni puede haberlas. El hecho es que se dio bajo la forma de una gigantesca jacquerie, de una auténtica guerra campesina, cuyo propósito fue modificar las relaciones de propiedad en el campo, pero sin que negara radicalmente el sistema de la propiedad privada; por eso mismo no fue una revolución. Es probable, empero, que si las masas campesinas hubieran obedecido siempre a su propio impulso y actuado libremente, manteniendo una organización militar y política propia, habrían ido cada vez más contra el sistema de la propiedad privada. La derrota de Villa y de Zapata corto de cuajo este proceso y las masas campesinas no volvieron a tener ni organización ni ejército propios.
Los dirigentes de la Revolución Mexicana, desde su triunfo sobre los campesinos villistas y zapatistas, se esforzaron siempre por dar a la reforma agraria, cuya bandera había sido la principal razón de su victoria, una solución individualista que coincidía con su programa ideológico y político, cifrado en la instauración de una sociedad capitalista de libre empresa. El ejido, que primero se había planteado como la extensión de las tierras comunales de los pueblos, de acuerdo con la tradición española, y que luego pasó a ser la forma que regularmente adquirían las dotaciones a los grupos de población agraria, se veía, hasta que Cárdenas devino el principal dirigente nacional, como una mera etapa de transición que debía concluir en la conversión de los ejidatarios en pequeños propietarios. Cárdenas llegó para cambiar este punto de vista y para expulsarlo definitivamente del pensamiento y de la política de la Revolución. El que se viera en el ejido un ave de paso en el conjunto de las instituciones sociales revolucionarias había impedido que se condujera hasta sus últimas consecuencias la reforma agraria y la transformación de las relaciones de propiedad en el agro; aparte de que, al mantenerse una expresa preferencia por la pequeña propiedad, las masas campesinas, el principal soporte social de la Revolución, no habían acabado de ingresar y de integrarse a la política de la propia Revolución. Cárdenas se propuso convertir al ejido en una institución permanente y, con ello, en el verdadero motor de su política de masas en el campo. Como veremos en seguida, él no estaba en contra de la pequeña propiedad, pero en él ésta deja de ser el paradigma de la economía rural; cierto es que una sociedad agraria de pequeños propietarios podía ser una garantía para la paz y la tranquilidad nacional, como habían venido sosteniendo los ideólogos revolucionarios; pero la verdad es que a Cárdenas ya no le interesaba únicamente mantener la paz, cosa de la mayor importancia, desde luego, sino volver a hacer de los campesinos los soldados de la Revolución que habían sido en los tiempos heroicos de la lucha armada; sólo los espíritus mezquinos y enanos podían haberse contentado con tener quietas a las masas campesinas, cuando de lo que se trataba era de lanzarlas nuevamente a la lucha para que ellas mismas hicieran realidad los ideales revolucionarios. Para ello era preciso llevar a cabo, de una vez por todas, la reforma agraria. Esta fue su bandera: para hacer la reforma agraria no había más remedio que hacerla, tan sencillo como eso.
Contra la simulación, que desde hacía años venía dando por terminada la reforma agraria, tronó la denuncia de Cárdenas. La reforma apenas si había empezado. “El problema agrario está en pie en todos los Estados de la República —decía en junio de 1934, en los días de su campaña-, en unos en mayor proporción que en otros, y reclama una pronta acción gubernativa a fin de que las necesidades de tierras de los pueblos estén completamente satisfechas en los dos primeros años del próximo periodo constitucional”. Si de verdad se quería que los campesinos pusieran su fuerza tremenda al servicio de la reconstrucción de México, no había otra solución: “El problema fundamental que debe ser resuelto cuanto antes —afirmaba— es el de la tierra, pues sólo cuando el reparto ejidal se encuentre concluido y satisfechas las necesidades de los pueblos, reinará el espíritu de esfuerzo tenaz, preciso para el mejoramiento integral de las colectividades”.83 La Revolución volvía a su cauce, asumiendo el compromiso social que le había permitido asaltar el poder del Estado: “Soy consciente —decía Cárdenas— de las responsabilidades que contraigo con los campesinos, que son los paladines más fuertes de la Revolución”;84 y al tomar posesión de la Presidencia fue terminante: “La Administración a mi cargo prestará especial atención a la resolución de este importante problema, que es uno de los temas más apasionantes de la Revolución Mexicana, y que debemos apresurar su resolución para seguir construyendo sobre nuevas modalidades, nuevas fuentes de producción económica y de bienestar social. Es cierto que en algunas regiones del país se ha detenido hasta la fecha, por diversas y accidentadas circunstancias, la dotación de las tierras que deben entregarse a los pueblos en cumplimiento de nuestras leyes, y estimo por lo mismo muy conveniente manifestar que también allí se llevará a su fin la resolución del problema agrario, pues hemos dicho, en multitud de ocasiones, que en esta grave cuestión no cabe otro recurso ni otro medio que el de entregar a los pueblos y a los trabajadores del campo lo que por siglos ha sido su fuente de vida”.85
Para Cárdenas, la idea que desde muchos años atrás se venía manejando en el sentido de que era necesario acabar de una vez con el programa agrario para que los productores rurales pudieran dedicarse tranquilamente a sus actividades, dejaba de ser una pura fórmula. “Es preciso —decíaque cuanto antes se defina el problema de la posesión de la tierra, a fin de que ya satisfechas las necesidades ejidales de los pueblos, puedan los agraristas dedicarse tranquila y descansadamente al trabajo, por una parte, así como que puedan los propietarios de tierras ya no afectables organizar su crédito y laborar también con actividad y entusiasmo”.86 Esto se había dicho siempre, pero mientras que antes se quería terminar el programa agrario sin repartir la tierra, en frustrantes intentos conciliadores con los antiguos terratenientes y los pequeños propietarios poco adeptos al régimen, ahora Cárdenas se proponía imponer la paz en la sociedad agraria destruyendo el poder terrateniente y dando la tierra a los campesinos.
Su primera lucha, por lo mismo, consistió en afirmar el ejido como una indispensable institución revolucionaria con la que ya no se podría dejar de contar, ni política ni económicamente. En cierta ocasión definió el papel del ejido en los siguientes términos: “A la evolución del concepto del ejido correspondió la elaboración de un nuevo texto del artículo veintisiete constitucional. Pudo haber habido, en alguna época temprana de la Revolución, quienes consideraron al ejido como un mero complemento del jornal, insuficiente para garantizar al trabajador la independencia económica que es fundamento de todas las libertades. Pero esto nada influye en los deberes presentes de la autoridad. Que grupos de campesinos llegaran a poseer pequeños lotes de tierra, verdaderos ‘pegujales’, sin aperos, sin crédito, sin organización, era fruto bien raquítico de tamaño sacrificio en la lucha. Y esto sin contar con que el ejido así entendido, habría acabado por ofrecer un recurso más para que el hacendado pudiera disminuir los jornales —de suyo envilecidos— sabiendo que el trabajador contaba con un arbitrio adicional para subsistir. La realidad nacional ha sido otra: una concepción ejidal de abiertas perspectivas es la que surge de las aspiraciones populares hasta tomar sitio en la Constitución y en las leyes”. Era ya un hecho de la mayor importancia el que el ejido representara la más adecuada solución al problema de la liberación económica de los campesinos; pero Cárdenas confiaba, además, en que el ejido sería capaz de asegurar por sí mismo el progreso de la economía agraria de México: “…la institución ejidal tiene hoy doble responsabilidad sobre sí: como régimen social, por cuanto libra al trabajador del campo de la explotación de que fue objeto, lo mismo en el régimen feudal que en el individual; y como sistema de producción agrícola, por cuanto pesa sobre el ejido, en grado eminente, la responsabilidad de proveer a la alimentación del país. Dentro de nuestro sistema agrario constitucional, el ejido es, en efecto, el medio directo de satisfacer las necesidades de los núcleos de población hasta el límite que las tierras afectables lo permitan, y constituye la comunidad una fuente de vida propia que libera a los habitantes de trabajar a jornal y permite a cada uno de ellos percibir el valor íntegro del esfuerzo que aplica a las tareas productoras. La Constitución garantiza la permanencia y la estabilidad de la institución ejidal, evitando que se desvirtúe para volver al latifundismo o que degenere en el minifundismo. Procurar el mayor rendimiento de las tierras para acrecentar la riqueza ya distribuida y eliminar los procedimientos indirectos de explotación —como el préstamo usurario, la compra de cosechas ‘al tiempo’ y la intermediación mercantil— son deberes que el Estado afronta; porque desea llevar a sus consecuencias lógicas la reforma agraria, no en contravención, sino en el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales. En el campo de la economía general, el ejido va siendo, cada vez en mayor grado, una fuente abastecedora para el consumo nacional”.87
En éste, como en muchos otros problemas de la política nacional, Cárdenas seguía manteniendo una profunda devoción a los principios de la Revolución Mexicana. Para él la cuestión se centraba en el dilema de encontrar los medios para asegurar el progreso material del país; la gran propiedad agraria (era ésta la lección revolucionaria fundamental) no garantizaba ese progreso; más bien significaba la verdadera raíz del atraso. La gran empresa capitalista en el campo no le seducía en absoluto, tal vez porque consideraba que en México, país con tan pobres recursos, sencillamente no podía funcionar. Como acaecía con los viejos revolucionarios, a Cárdenas le parecía que la gran propiedad implicaba el acaparamiento de tierras, enormes extensiones con sus millones de parias, que se quedaban sin producir. La reforma agraria significaba, al mismo tiempo, la aniquilación de la fuente del atraso y el comienzo de una era de aprovechamiento real de la tierra.88 Sin duda le preocupaba la posibilidad de que la reforma desembocara en una desintegración de la propiedad tal que el minifundismo se impusiera al final de cuentas; “es indispensable —insistía ya en los días de la campaña electoral— que no se siga pulverizando la parcela, porque de esta manera sólo se sacrifica inútilmente a los campesinos y la Revolución pierde fuerza huhumana, sostén y arraigo”;89 para evitarlo contaba con poder organizar sólidamente a los campesinos que fueran recibiendo la tierra. Más le preocupaba que la tierra no pudiera aprovecharse al máximo, y en esto quería hacer del ejido la mejor solución. Incluso su aceptación de la pequeña propiedad se cifraba en la necesidad de que la tierra se explotara lo mejor posible.
Es verdad que Cárdenas había aprendido a estimar en mucho más al ejido que a la pequeña propiedad; pero la especie que quiso ver en él a un enemigo de la pequeña propiedad no tiene ningún sostén. Aparte el hecho de que el presidente michoacano fue el mayor reformador agrario de la Revolución, no se debe olvidar que fue él también quien encontró en los famosos “certificados de inafectabilidad” el sedante que acabó por alejar los fantasmas que turbaban el sueño de los pequeños propietarios.90 En realidad, también aquí Cárdenas respetaba sin reservas los principios revolucionarios: “Además del ejido —decía— la Constitución protege la pequeña propiedad agrícola en explotación, son dos regímenes distintos entre sí, que corresponden a principios diferentes y respecto de los cuales el Estado tiene en diverso grado obligaciones de naturaleza tutelar. La pequeña propiedad agrícola en explotación se reconoce y se rodea de respeto; pero es una institución distinta, respecto de la cual el Estado tiene deberes específicos y de ningún modo puede considerarse como la forma que aspira a lograr a través de los ejidos, los cuales constituyen institución distinta, bien determinada en su origen, en su establecimiento, en su organización y en sus funciones ecónomicas”. La condición, sin embargo, del respeto y de la protección que se debía al ejido y a la pequeña propiedad se fundaba en que de verdad sirvieran como conductos eficaces a la buena explotación de la tierra: “De nada serviría dotar de tierras a los pueblos —concluía Cárdenas—, ni respetar a la pequeña propiedad individual dentro de un límite inafectable, si los terrenos hubieran de caer en abandono por la falta de maquinaria, de capital y de capacidad técnica”.91
Para Cárdenas, el ejido debía transformarse en el eje de la economía agraria, y como tal, no había más remedio que comprometer de lleno al Estado con la buena marcha de su funcionamiento. Había que canalizar hacia él todos los recursos de que se dispusiera, para prestigiarlo como un factor económico en el que la Revolución podía confiar. “Queremos vencer todos los obstáculos —afirmaba Cárdenas—, por pequeño que sean, para demostrar a quienes se oponen a la aplicación de las leyes revolucionarias, que los ejidatarios tienen capacidad y se hallan en condiciones de poseer y administrar la tierra que trabajan”.92 Ya Calles había convertido en ur lugar común la idea de que no bastaba con entregar la tierra a los campesinos para que el problema agrario se solucionara. Cárdenas decidió tomar en serio la advertencia, pero no con el fin de paralizar la entrega misma de la tierra, sino para llevarla adelante con la mayor determinación, cargando sobre el Estado el deber de hacer triunfar al ejido: “Para la resolución del problema agrario —decía durante su gira electoral— no entiendo la simple entrega de las tierras a los campesinos. El Poder Público está obligado a prestar a los ejidatarios toda la ayuda moral y material, para que prosperen económicamente y para que libren su espíritu de la ignorancia y los prejuicios. En las banderas de la Revolución por la cual hemos venido luchando y por la cual personalmente lo he hecho desde el año de 1913, está escrito que debe entregarse la tierra y la escuela a los campesinos. Con el crédito refaccionario, la importación de modernos sistemas de cultivos y la explotación de nuevos productos, con el programa del antialcoholismo y antifanatismo, queda completo el programa revolucionario, en materia agraria”.93
En verdad, Cárdenas lo que se proponía era reordenar de arriba abajo la vida entera de la sociedad rural bajo la dirección del Estado. “El fin señalado por la ley —observaba— sólo se alcanza cuando se ha asegurado la independencia económica de los ejidatarios a través del crédito, de la organización, de la educación y del patrocinio y consejo que durante la época inicial han menester los ejidatarios para aprovechar al máximo las tierras y para desahogar su responsabilidad como productores y miembros activos de una colectividad nacional”.94 Decididamente los ejidatarios tenían una enorme ventaja sobre los individualistas pequeños propietarios: el Estado les podía disponer su vida hasta el más ínfimo detalle, sin que nadie se pudiera oponer entre ellos; después de todo era el Estado el que les daba la tierra. Y el conducto no podía ser más idóneo: aparte de darles la tierra, el Estado les daba con ella su ser social como ente económico y político. En otros términos, dándoles la tierra, los organizaba. Como decía un diputado al comentar uno de los informes presidenciales de Cárdenas: “…una bien entendida actitud revolucionaria se reconoce en el Poder Público, al considerar que no sólo ha dado mayor extensión a los servicios sociales, sino que los imparte de preferencia por conducto de los centros de población ejidal, entidades que no agrupan en su seno intereses desemejantes entre sí, ni representan derechos desiguales, sino los de una porción de la clase trabajadora, organizada bajo la vigilancia del Poder Público”.95
El dirigente michoacano daba por un hecho el que, de ayudársele adecuadamente, el ejido representaría no sólo la abolición de la explotación en el campo sino también un éxito desde el punto de vista de su nivel técnico: “La situación en que se encuentra la mayoría de las familias campesinas que habitan en nuestro territorio, justifica el deber de acudir a la pronta satisfacción de sus necesidades por la intensificación de las dotaciones y restituciones ejidales, la liquidación del monopolio territorial y la mejor explotación de los campos; mas para la plena resolución del problema no basta la simple entrega de la tierra, sino que es indispensable que continúe aumentándose el crédito refaccionario, constituyéndose obras de irrigación, caminos, implantación de modernos sistemas de cultivo y la organización de cooperativas que acaben con la especulación de los intermediarios, buscando con esto que la producción agrícola, a más de cubrir las necesidades de los campesinos, demuestre por su calidad y continuidad que la distribución de la tierra viene a superar la primitiva técnica del latifundista, fundada en la explotación del peonaje”.96
Cárdenas deseaba, más que cualquier otra cosa, que el sector ejidal se convirtiera en el motor, en el factor predominante de la economía agraria, de modo que por sí solo fuera el proveedor seguro y confiable de todos los productos agrícolas que el país necesitara. Y desde el momento en que el ejido se volvía parte integrante del Estado y de la economía pública, el problema volvió siempre, una y otra vez, al sostén que el propio Estado podía prestarle. De tal suerte, la misma promoción estatal del ejido actuaba continuamente a favor del compromiso del poder público con los ejidatarios y la unión cada vez más indisoluble de éstos con aquél.
La reforma agraria renació como un gran proceso de reestructuración económica del campo y, a la vez, como un gigantesco plan de organización de la masa rural desde el punto de vista económico y social. La acción del Estado penetró hasta los más oscuros rincones de la vida campesina, convirtiéndola en parte de la vida del Estado. Los intereses de los campesinos se transformaron de golpe en intereses del Estado; el ejido se hizo finalmente palanca y continente del nuevo orden rural, brazo poderoso que garantizaba la acción y la vigilancia del Estado en el campo, y fragua en la que se forjaban la paz y la tranquilidad que la Revolución había prometido al país. El paso dado por Cárdenas no podía ser más decisivo; no se trataba sólo de repartir tierras, sino sobre todo de hacer que los campesinos volvieran a ser puntales del régimen revolucionario. Al darles la tierra se cumplía con un principio de la Revolución; pero al organizarlos como una entidad fundamental de la economía nacional, se les daba una responsabilidad que hasta entonces los revolucionarios no habían sabido reconocerles, pero que por sí sola garantizaba la posibilidad de que la Revolución realizara su programa.
El desarrollo de la reforma agraria durante el sexenio cardenista sigue siendo impresionante y si se consideran los beneficios obtenidos por los campesinos, tanto en lo referente a la calidad de las tierras que recibieron como en lo tocante a la asistencia que se les prestó, la obra de Cárdenas constituye todo un récord. Durante el primer año de gobierno, la administración cardenista instauró 2 937 expedientes; hubo 573 mandamientos de gobernadores otorgando ejidos; 519 ejecuciones de mandamientos gubernamentales entregando 784 111 hs. a 51 187 ejidatarios; 802 dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, otorgando 1 185 128 hs. a 75 660 ejidatarios; 823 resoluciones presidenciales firmadas, dando 1 258 382 hs. a 92 290 ejidatarios, y 899 posesiones definitivas, entregando 1 482 148 hs. a 98 992 ejidatarios; los expedientes en tramitación sumaban 13 884. En el segundo año de gobierno se habían dado 855 posesiones provisionales, otorgando 1 514 704 hs. a 88 063 ejidatarios, y 2 214 posesiones definitivas, entregando 3 269 202 hs. a 206 065 ejidatarios. En el tercer año del sexenio el Departamento Agrario sustanció 2 693 expedientes de dotación definitiva, imponiendo la cifra anual más alta en la historia de los repartos agrarios en México: 5 186 973 hs. fueron puestas en manos de 275 879 ejidatarios; ya para entonces, transcurridos sólo tres años desde que asumiera el poder, Cárdenas había superado con largueza la cantidad de tierras repartidas desde la Revolución, habiendo otorgado 5 956 dotaciones, con un total de 9 764 140 hs. para 565 216 beneficiarios. En el cuarto año de gobierno las dotaciones fueron 2 255, otorgando 4 428 520 hs. en posesión definitiva a 211 649 ejidatarios. En el quinto año los expedientes instaurados fueron 1 317, dando 2 444 599 hs. a 106 829 campesinos. Y en el último año de gobierno Cárdenas podía informar haber dado 1 799 posesiones para 101 359 ejidatarios que sumaban 1 964 770 hs. Desde el comienzo de su mandato había sustanciado 10 651 expedientes, beneficiando a 1 020 594 campesinos con 18 352 275 hs. Los ejidos existentes eran 15 000 con 25 324 568 hs. y 1 442 895 jefes de familia.97 El sector ejidal comenzaba a existir realmente como una fuerza económica nacional.
Al mismo tiempo que avanzaba la reforma agraria, Cárdenas fue tejiendo una verdadera red institucional que, por un lado, resultaba indispensable en la medida en que el sector ejidal se convertía en un factor importante de la economía mexicana, mientras que por otro lado, contribuía sólidamente a enmarcar a los campesinos dentro de los andamios de la estructura estatal. Las Secretarías de Estado recibieron nuevas funciones atinentes a la realización de la reforma agraria, mientras que las que eran específicas del Departamento Agrario se ampliaron o se fortalecieron, quedando en todo momento como el organismo encargado de tramitar con la rapidez que requería el mismo programa agrario los expedientes que se iban instaurando. A la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, se le encomendó la atención de las necesidades de crédito de los ejidatarios y pequeños propietarios, lo mismo que llevar a cabo las inversiones necesarias para el fomento de la economía agraria. La Secretaría de la Economía Nacional se encargó de instalar nuevas industrias y organizar cooperativas en diversos lugares. A la Secretaría de Comunicaciones, la construcción de carreteras y caminos que conectaran las zonas agrícolas con los mercados. La Secretaría de Educación Pública cuidaba de la creación de nuevas escuelas y del desarrollo en general de la instrucción rural. La Secretaría de Agricultura y Fomento debía establecer escuelas de agricultura, estaciones de fomento agrícola y postas zootécnicas. El Departamento de Salubridad Pública prestaría atención médica a las distintas regiones del campo. El Departamento de Asistencia Social Infantil fundaría jardines de niños y casas de maternidad. El Departamento Forestal de Caza y Pesca instalaría viveros y propagaría el cultivo de árboles frutales y forrajeros. El Departamento de Educación Física quedaría encargado de impulsar todas las manifestaciones deportivas, estableciendo campos apropiados para ello.98
Pero ninguna de las iniciativas institucionales del cardenismo resultó tan eficaz como la reforma al sistema financiero de la agricultura. En diciembre de 1935 Cárdenas dividió el antiguo Banco Nacional de Crédito Agrícola, fundado durante el gobierno de Calles y que atendía las necesidades de crédito tanto de los pequeños agricultores como de los ejidatarios, en dos nuevos bancos independientes, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, para los pequeños y medianos agricultores, y el Banco Nacional de Crédito Ejidal, para los ejidatarios. Desde un principio Cárdenas quiso hacer del Banco Ejidal un canal adecuado para prestar a los campesinos toda la ayuda material que necesitaran, pero sobre todo, un instrumento eficaz para organizarlos en el proceso mismo de la producción y de la distribución. Por las funciones que se disponían para este banco se puede ver el papel que estaba llamado a representar en el proceso de organización de los campesinos; ellas eran: “…1) organizar las sociedades locales de crédito ejidal [constituidas con por lo menos 51% de ejidatarios]; 2) otorgar créditos a dichas sociedades, organizando la producción y venta de sus cosechas, y comprar y revender a los socios semillas, abonos, implementos y equipos agrícolas; y 3) representar a los socios en toda negociación administrativa o fiscal con las autoridades federales o locales en materia agrícola, así como realizar el desarrollo y la explotación de los bienes comunes de los ejidos”.99
De acuerdo con la ley que constituyó al Banco Ejidal en una institución aparte, no sólo debía conceder crédito a los ejidatarios, sino además organizar “…las diferentes fases del aspecto económico del ejido”.100 La fórmula era conscientemente genérica: “las diferentes fases del aspecto económico” implicaban todos los renglones de la actividad de los campesinos en los ejidos, aun los que no se incluían de modo directo en la producción agrícola, porque todo lo que hacían tenía que ver con ella, desde trabajar en los campos hasta educarse o entregarse a los vicios. Como escribieron los Weyl, “el Banco es mucho más que una institución para el préstamo de dinero. Almacena y vende las cosechas de los campesinos; repara canales de riego y construye centrales de energía en las granjas colectivas; compra maquinaria para los campesinos y les enseña a manejarla y repararla; analiza suelos, experimenta con diferentes variedades de trigo, combate a las plagas de las plantas y trata las enfermedades de los equinos. Organiza cooperativas de consumo de los ejidos y predica contra el alcoholismo. Traza planes para la producción de las granjas colectivas, discute esos planes con los campesinos y, una vez aprobados, ve que se lleven a cabo. El Banco es un gigantesco organismo de planeación y administración. Es el custodio de la agricultura cooperativa de México, y su responsabilidad consiste en que las granjas colectivas tengan éxito”.101
Naturalmente que a los ojos de la sociedad el fenómeno se justificaba por sí mismo. Por un lado, el Estado, que era quien aportaba la mayor ayuda a través del Banco, no hacía otra cosa que ejercer el derecho de cuidar que lo que era suyo se invirtiera en el mejor de los modos; por otro lado, la debilidad económica del ejidatario, que contrastaba con el papel que debía desempeñar económicamente, una vez que la tierra como patrimonio nacional le era entregada, convertía en asunto público no sólo el que no se muriera de hambre sino el que se asegurara su éxito. En ambos aspectos la intervención del Estado redundaba en la unción del campesino a la tutela del Estado. Se puede decir que ésta era la virtud esencial del crédito aplicado a la economía ejidal. “Tanto los pequeños propietarios como los ejidatarios —apuntaba González Aparicio— …disfrutan la protección del Estado; pero ella adquiere particular relieve tratándose de los segundos, porque su capacidad económica y, en consecuencia, su condición cultural, es aún inferior a la de los primeros. Y esta necesaria intervención del Estado constituye una de las características de nuestro sistema de crédito rural. El crédito es sólo uno de los aspectos en que la acción oficial se manifiesta en favor de los ejidatarios, si bien el más importante de todos. Si se observan el régimen fiscal que establece el Código Agrario, las limitaciones, históricamente justificadas, que hacen de la posesión ejidal una figura jurídica diferente de la de propiedad, la atención particular que en la educación se ha dedicado a los ejidos, se apreciará que el Estado Mexicano, como fruto del movimiento revolucionario en curso, ha querido establecer un régimen privativo para los ejidos que se manifiesta tanto en lo económico, como en lo jurídico y en lo social. El ejidatario viene a quedar, pues, frente al Estado, en una dependencia tutelar, que se funda y se justifica por el desvalimiento económico en que aquél se encontró al iniciarse el reparto ejidal y como integrante de un nuevo grupo social que requiere todo el apoyo del poder público para persistir y vigorizarse. La forma económica de ese régimen, de ese estatuto que se ha venido creando para el ejido, la constituye la organización cooperativa del crédito propiciado por el Estado”.102
Es verdad que el crédito no alcanzó a todos los campesinos, ni mucho menos. Habiendo llegado a ser 5 152 las sociedades de crédito que atendía el Banco y 398 100 los socios, a fines de 1940 habían disminuido, respectivamente, a 3 473 y 239 407, lo que hacía una evidente minoría del total de ejidatarios existentes en el país.103 Sin embargo, el número de los beneficiarios seguía siendo impresionante y la fuerza que representaba, económica y políticamente, por supuesto, mucho muy superior. Cárdenas canalizó la mayor parte de los recursos disponibles hacia los núcleos ejidales más explosivos y que estaban mejor ubicados en el panorama económico nacional. La Laguna, Yucatán, Lombardía y Nueva Italia, La Gavia, fueron ejemplos notables desde este punto de vista. Como estructura de poder, y sobre todo de organización de las masas campesinas, por lo demás, el sistema de crédito ejidal no hacía sino dar sus primeros pasos. Por lo pronto, la flor y nata del movimiento campesino quedaba definitivamente atrapada en sus poderosas redes.
Desde luego, la organización de los campesinos a través del ejido y del sistema de crédito ejidal era la base más segura para convertirlos en una fuerza temible puesta al servicio de la Revolución. Pero aparte el deseo de hacer de ellos agentes económicos eficaces del régimen establecido, Cárdenas ansiaba transformarlos también en un verdadero agente político, que además apoyara incondicionalmente al gobierno revolucionario en cualquier circunstancia o situación. El movimiento obrero podía convertirse en un aliado fiel del Estado. Pero la organización de un movimiento campesino unido nacionalmente favorecía el proceso de alianza entre los obreros y el Estado y en todo caso lo garantizaría; sería, por decirlo así, el frente de masas que el Estado podía presentar, para bien o para mal, al movimiento obrero. Por supuesto, la condición para que las cosas salieran como se pensaba consistía en mantener a los campesinos como una parte orgánica del Estado. A los obreros se les podía tratar como aliados, a los campesinos no.
Es indudable que Cárdenas deseaba que los trabajadores urbanos y rurales se transformaran en fuerzas políticamente activas y poderosas, de modo que supieran defender sus intereses por sí solas, y, al mismo tiempo, coadyuvaran con el Estado en el logro de intereses comunes a ambos. Pero en cambio, desde un principio el presidente michoacano temió que pudiera darse una alianza entre los trabajadores del campo y de la ciudad que rebasara la capacidad de control que el Estado podía desarrollar. Así, mientras hizo todo lo que pudo para que la CTM se fortaleciera y se transformara en la organización mayoritaria del proletariado urbano, desde luego se opuso terminantemente a que aquella central enrolara en sus filas a los campesinos y a los trabajadores rurales. Las razones que dio siempre para oponerse a la incursión de la CTM en el campo fueron que el cambio del sistema de producción agrícola encerraba problemas tales como la distribución de tierras, el otorgamiento de crédito para los nuevos poseedores de tierras y su organización en unidades colectivas capaces de garantizar al país cosechas suficientes para subvenir a las necesidades de alimentos de la población y crear las condiciones para el ulterior desarrollo de la producción agrícola misma; dicha transformación constituía una responsabilidad específica del régimen revolucionario, en cuya virtud tocaba al propio régimen proveer a la debida organización de los campesinos.104
Claro está que, como lo hemos visto, las razones esgrimidas por Cárdenas tenían su validez. La organización de los campesinos bajo el control directo del gobierno de la Revolución se había vuelto una exigencia vital para el Estado, entre otras causas, porque los trabajadores del campo habían constituido desde siempre el apoyo fundamental de los revolucionarios, pero, sobre todo, porque el cardenismo había decidido emplearse a fondo en la solución del problema agrario y éste de ninguna manera podía darse por concluido con la simple entrega de la tierra a los campesinos. La organización campesina sería, a la vez, un motor y un escudo. Un motor, para arreciar el proceso de la distribución de tierras y coordinar a los ejidatarios en las actividades productivas que se les encomendaban; y un escudo, para proteger a los miles de ejidos que ya existían contra los enemigos tradicionales de la reforma agraria, en primer lugar, de los terratenientes y caciques locales que intentaran bombardearla.
Ciertamente, los intentos de organización, a nivel nacional o regional que hubiesen sido, habían menudeado desde que en la época de Obregón la CROM y el Partido Nacional Agrarista (PNA) habían pugnado por asimilarse a las masas campesinas; pero fueron siempre intentos frustrados, carecían de una base real y obedecían puntualmente a las ambiciones y rencillas de los políticos. La prueba de que ninguna de las pseudo-organizaciones surgidas durante los veinte años que siguieron al Constituyente de 17 satisfacía las exigencias del Estado de la Revolución podría tal vez darla el hecho de que ninguna de ellas fue reconocida oficialmente. En su peculiar modo de enfrentar los problemas, Cárdenas decidió que el mejor camino para formar y consolidar la organización campesina era hacer la reforma agraria, mientras que la mejor manera de realizar la reforma agraria consistía en organizar a los campesinos. El 9 de julio de 1935 expidió un decreto por el que ordenaba al Partido Nacional Revolucionario se abocara a la inmediata organización de los trabajadores del campo, viendo en la unificación de los mismos la condición indispensable para que la reforma agraria pudiera realizarse.
En el decreto Cárdenas denuncia la gravedad que las pugnas entre los campesinos habían alcanzado y los perjuicios que el país estaba resintiendo por esa causa: “…la situación en que los campesinos de la República han venido desarrollando su vida económica y social ha sido en general, contraria a los propósitos de unificación que la Revolución Mexicana ha deseado, ya que en la mayoría de las Entidades Federativas la desorganización existente ha causado en muchas ocasiones lamentables conflictos, en perjuicio de la economía nacional, provocados por gentes que no han tenido más propósitos que satisfacer apetitos personales en perjuicio de ese sector social”. La desorganización era la causa directa de la lucha entre los mismos campesinos, y la pugna entre ellos iba en contra de la reforma agraria, impidiendo la rápida y urgente transformación que se buscaba: “…tal desorganización es causa principal de que la dotación y restitución de tierras a los pueblos se haya visto frecuentemente interrumpida en perjuicio del proletariado rural, cuyas necesidades no han sido satisfechas ya no en el sentido de que vivan con la holgura a que tienen derecho, pero ni siquiera en las más apremiantes de simple posesión de la tierra”. Cárdenas rechaza el que el gobierno y sus agencias o la legislación en que se amparaban pudieran por sí mismas haber sido la causa de la división reinante en el campo y del torpedeo de la reforma agraria; el gobierno proseguía su trabajo de dotación y restitución de tierras; los verdaderos causantes del malestar en el campo eran los mismos terratenientes, los intereses locales y caciquiles y los funcionarios corruptos que se aliaban con ellos: “…si bien es cierto que las leyes agrarias sobre dotación, restitución de tierras, crédito y organización de los campesinos se están cumpliendo con el mayor celo por el Gobierno de la Federación, también lo es que en el desarrollo de este programa se interponen obstáculos que hacen fracasar en muchos casos los propósitos enunciados, ya porque funcionarios poco escrupulosos se alían a los terratenientes o porque al amparo de influencias inmorales se hayan creado fuertes intereses que han constituido insuperables obstáculos para la liberación económica de los campesinos”.
Las indicaciones del presidente michoacano para llevar a término el proceso de organización eran las siguientes: el Comité Ejecutivo Nacional del PNR debía convocar, cuando y como lo juzgara conveniente, en cada uno de los Estados de la Federación, a convenciones parciales a fin de que en cada entidad resultara una sola liga de comunidades agrarias; en tales convenciones debían participar dos representantes electos por mayoría de votos por los miembros de cada ejido o centro de población con posesión provisional o definitiva de sus ejidos, lo mismo que de aquellas agrupaciones que hubieran hecho solicitud de dotación o restitución. Luego que hubiese concluido el proceso de unificación en cada uno de los Estados, el CEN del PNR procedería a celebrar una convención nacional para constituir la Confederación Campesina, que debía ser el organismo central de los trabajadores del campo.105
El PNR comenzó a desarrollar el plan de organización trazado por Cárdenas, siguiendo el ritmo que experimentaba la realización de la reforma agraria. En algunos Estados existían ya trabajos previos de organización a nivel estatal; de modo que el plan se desarrolló también en razón de las posibilidades de organización que existían en cada una de las entidades federales. Para junio de 1936, Emilio Portes Gil, presidente del CEN del PNR, informaba haber organizado ya catorce ligas de comunidades; en el siguiente año y medio, bajo la presidencia de Silvano Barba González, el partido oficial organizó otras catorce, apuntándose verdaderos éxitos de organización como los de los Estados de Veracruz y Michoa-cán, donde las rencillas entre los grupos campesinos eran sumamente agudas.106 Posteriormente, el 28 de agosto de 1938, se organizó en la ciudad de México la Confederación Nacional Campesina (CNC), con la asistencia de delegados que representaban a 37 ligas y sindicatos campesinos. Los sindicatos de asalariados rurales que la CTM había organizado con enormes esfuerzos, y entre los que destacaban los de los trabajadores azucareros, henequeneros y algodoneros, salieron de la central obrera para ingresar a la Confederación Campesina. A diferencia de las anteriores organizaciones rurales, la CNC fue inmediatamente reconocida por el gobierno.107
Un elemento más que vino a promover y a reforzar el proceso de organización de los campesinos lo fue la labor educacional del gobierno cardenista. La educación rural se convirtió en uno de los pilares de la transformación económica y política, no sólo en lo referente a una cierta capacitación cultural y técnica que de algún modo se tradujo en un mejoramiento de las actividades productivas, sino además y sobre todo, en la movilización de los campesinos por la tierra y en su organización política. Con o sin el consentimiento del gobierno, pero más con él que sin él, los maestros rurales actuaron casi siempre como eficacísimos agentes del cambio social en el campo; campesinos ellos también, la mayoría de las veces, conocedores por lo mismo de las condiciones de vida y de las necesidades de los desposeídos del campo, como ha escrito David L. Raby, “…los maestros se perfilan frecuentemente como organizadores y catalizadores de movimientos populares, como líderes de las reivindicaciones de campesinos y trabajadores. Sobre todo aparecen como elementos importantes en el avance de la reforma agraria; naturalmente ésta no pudo realizarse sin la voluntad del Gobierno en conceder dotaciones, pero frecuentemente esa voluntad actuó sólo después de presión desde abajo, y la organización de esta presión se debió en no pocos casos a los maestros rurales”.108 Verdaderas correas de transmisión del régimen de la Revolución Mexicana, los maestros fueron los cuadros políticos más eficaces para llevar a cabo la organización de los campesinos desde abajo, movilizándolos por sus demandas, al proporcionarles una dirección política e ideológica que ninguna institución oficial, comenzando por el mismo PNR, podía aportar en el contexto del gigantesco plan de organización de todos los elementos sociales que el cardenismo puso en marcha desde que comenzó a actuar.
Un ejemplo de lo que significó el apoyo de los maestros rurales para el régimen revolucionario lo es su actuación durante la rebelión del general Saturnino Cedillo en contra del gobierno de Cárdenas, en el estado de San Luis Potosí, después de la expropiación petrolera. “…Los maestros rurales —relatan los Weyl— disuadieron a la mayoría de los campesinos de tomar las armas para seguir al moreno y corpulento indio Saturnino Cedillo. En los casos en que las comunidades campesinas decidieron unirse a la rebelión, los maestros de las escuelas rurales de San Luis marcharon con ellos y siguieron discutiendo por el camino, explicando lo que el Gobierno federal había realizado y disipando las nubes de la propaganda. Muchos de los grupos agraristas de Cedillo llegarón a la capital del Estado a deponer sus armas ante el Gral. Cárdenas”.109
Si se atiende al significado que la reforma agraria y su red institucional tuvieron para la conversión de los campesinos, de un conglomerado disperso en un organismo compacto bajo la dirección del Estado, pocas dudas pueden quedar acerca de la efectividad de la organización nacional campesina como entidad corporativa hegemónica del agro mexicano. Y sin embargo, Cárdenas pensó también en otro elemento más que muy pronto hizo de los campesinos agraristas una fuerza temible: les dio las armas con las cuales pudieran defenderse y defender la reforma agraria. Ya durante su campaña electoral Cárdenas se manifestó a favor de que a los agraristas se les armara de modo que pudieran mantener sus conquistas por sí solos y bajo su responsabilidad. Para él no había peligro alguno en armar a los campesinos; muy por el contrario, si sus intereses eran también intereses del Estado revolucionario, dándoles las armas se les convertía en soldados de verdad al servicio del régimen imperante: “Se pone de manifiesto la conveniencia de mantener armados a los agraristas —decía—, porque es coincidente su interés con el del Gobierno, toda vez que el objetivo principal de un régimen de carácter revolucionario no puede ser otro que el de hacer que arraiguen y se cimenten las instituciones públicas y el orden de cosas que va creando con su acción renovadora, en tanto que el labrador liberado económicamente, por fuerza tiene que radicar sus empeños en la defensa del patrimonio que la Revolución le ha entregado… nadie puede estar mejor capacitado para defender al nuevo régimen social que los hombres que se benefician con su gestión”.110
Con Cárdenas la Revolución había encontrado, al fin, un dirigente que realmente creía en sus postulados y en la fuerza colosal que de ellos emanaba; por lo menos, era el primero, después de tantos años, que de verdad confiaba en las masas populares. “Siempre he sostenido —afirmaba— que sólo armando a los elementos agraristas que han sido, son y serán el baluarte firme de la Revolución, se les podrá capacitar para que sigan cumpliendo su apostolado en vez de continuar siendo víctimas de atentados, como ocurre en toda la República”.111 Y prometía, amenazador: “Entregaré a los campesinos el máuser con el que hicieron la Revolución, para que la defiendan, para que defiendan el ejido y la escuela”.112
Cárdenas cumplió su palabra. Ya siendo presidente hizo ver muy claramente que sabía para lo que servía el apoyo de las masas. Si los reaccionarios y quienes estaban a sus órdenes intentaban por caso impedir que la Revolución cumpliera sus designios, Cárdenas estaba dispuesto a echarles las masas encima, del mejor modo: armadas. “Desgraciadamente —decía en diciembre de 1935— los campesinos están encontrando una oposición sistemática e injustificada para el ejercicio de sus legítimos derechos; oposición que se manifiesta en diversos atentados que son cometidos en particular contra los comisarios y líderes ejidales, a quienes se asesina, y contra los maestros rurales. El Ejecutivo de la Unión cumple por medio de la acción pacífica su programa revolucionario y trata de llevar el convencimiento a sus opositores. Pero si la oposición persiste en no hacer caso de la labor de buena fe del Gobierno, éste se verá obligado a seguir armando a los campesinos y, en caso necesario, a los obreros, para garantizar el reparto de la tierra y defender su disfrute y para hacer efectivo el mejoramiento económico de la clase trabajadora”.113 Por supuesto que Cárdenas sabía que en esto había un límite que no era prudente pasar. Las armas dadas a los agraristas fueron en la cantidad y la calidad suficientes para que pudieran defenderse de las guardias blancas y de los matones al servicio de los terratenientes y los caciques, y, en todo caso, el asunto se trató siempre como una medida excepcional. Aun así, al finalizar el régimen cardenista los agraristas armados sumaban 60 000 y constituían la base más firme de la estabilidad social y política del campo.114
Con Cárdenas el Estado de la Revolución se aseguró de modo definitivo la fidelidad de las masas campesinas directamente beneficiadas por la reforma agraria. Armados o no, los trabajadores del campo que devinieron poseedores de tierras se convirtieron en una especie de solar social absolutamente integrado al organismo del Estado; fueron desde entonces los “protegidos especiales” del poder político de la Revolución, su retaguardia de masas, sin intereses particulares diferentes a los del régimen, en realidad el cuerpo orgánico masivo del Estado, tal vez en igual medida que los burócratas y los militares, pero con la diferencia de que los campesinos se cuentan por millones y, además, constituyen algo así como los “menores de edad” de la sociedad mexicana, con los que hay que tener cuidados especiales. La Declaración de Principios del Partido de la Revolución Mexicana de marzo de 1938 estima que “…el Sector Campesino es factor de capital importancia, porque constituye la mayoría dentro de la población activa del país, y el Partido sustenta la tesis de que nuestra realidad social exige para este sector atención especial, encaminada a elevar su nivel económico, intelectual y moral…”115 En realidad, los campesinos que habían dado el poder a los revolucionarios seguían siendo una fuerza ciega y fundamentalmente peligrosa, pero, después de todo, fiel al gobierno de la Revolución. Ellos formaban las tropas plebeyas del régimen; Cárdenas acabó de poner en pie a sus tropas de élite: los burócratas y los militares.