PROYECTO ALTERNATIVO
DE REFORMA PETROLERA
DE LOS TÉCNICOS Y
PROFESIONISTAS DE PEMEX

Ing. Moisés Flores Salmerón1

Presentación

El presente documento es una propuesta técnico-administrativa para un cambio real y sustentable en materia petrolera y desarrollar a la principal industria de nuestro país para beneficio de su legítimo dueño: el pueblo de México.

Es un documento analizado y consensuado en varias etapas de la existencia de una lucha por conservar la fuente de trabajo para todos los trabajadores mexicanos –sean o no profesionistas–, pasando por compañeros que ya dieron su vida, y éste sea un esfuerzo a la memoria de estos compañeros: el doctor Ricardo Ulises Ricoy, el sociólogo David Cortés Bastidas y los ingenieros Felipe de Jesús Díaz González, Alfredo Hernández Peñaloza y Rafael Decelis, entre otros… Estoy convencido de que sus principios y la lucha de ellos y muchos compañeros no ha sido ni será traicionada.

Es un documento que engloba la posición de la mayoría de los técnicos y profesionistas nacionalistas, afiliados al Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, con registro y toma de nota de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Por mi parte, el reto continúa y seguiremos luchando bajo nuestros principios, hasta lograr la reexpropiación petrolera.

El petróleo debe ser utilizado para encauzar y hacer prosperar la economía del país con sus propios esfuerzos, custodiando para beneficio de los mexicanos una de las industrias fundamentales destinada a coadyuvar al logro de la plena independencia económica de México.

Lázaro Cárdenas, 1965.

Introducción

Los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) consideramos a la explotación petrolera en México en tres etapas: En la primera, desde el comienzo, los primeros alambiques y refinerías fueron propiedad de extranjeros. Ya con Porfirio Díaz se legalizaron y otorgaron concesiones de explotación a compañías extranjeras que llegaron a controlar 90% de los campos petroleros. Cometieron toda clase de trampas en contra del marco legal, la hacienda pública y los intereses de los trabajadores mexicanos. A pesar de que los principios de soberanía nacional fueron incorporados en la Constitución de 1917, prácticamente no se aplicaron. En los hechos, las compañías extranjeras mantuvieron el control sobre el petróleo de México y sus beneficios.

La segunda comenzó con la expropiación de 1938, cuando los trabajadores petroleros exigieron el reconocimiento de su sindicato nacional y su contrato colectivo único, logrando la unidad del pueblo y gobierno en contra del saqueo y arrogancia de los inversionistas extranjeros.

La explotación y comercialización petrolera por una empresa propiedad de la nación favoreció el proceso interno de acumulación de capital mediante la industrialización del país y la consolidación de la “iniciativa privada”; pero también contribuyó a la creación de una burocracia política y sindical corrupta y derrochadora de los recursos petroleros, incapaz de enfrentar la crisis económica y financiera iniciada en los años ochenta.

La tercera se inició con el gobierno de Miguel de la Madrid –quien impulsa el neoliberalismo en el país– en 1982 y continúa hasta hoy. La política energética, en particular la explotación de los hidrocarburos, ha consistido esencialmente en la utilización de Petróleos Mexicanos –organismo del Estado responsable de su explotación– como garantía de pagos de los intereses de la deuda externa e interna a favor de la banca internacional, durante la fase de ajuste estructural (1982-1994); y después como soporte fiscal y de divisas del Estado, en una economía política tributaria y dependiente, en la que las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, alcanzan tasas extraordinarias de acumulación en México por la sistemática reducción de sus aportaciones fiscales para el desarrollo nacional.

Esta etapa neoliberal se ha llevado a cabo en el contexto de la irresponsable “Reforma neoliberal del Estado” a favor de las corporaciones globales:

1. Subordinación de la Constitución al poder corporativo global y a los tratados internacionales de naturaleza económica.

2. Definición de políticas públicas, leyes, presupuestos, y de la política económica del Estado nación, en función de la acumulación global del capital.

3. Socialización de las pérdidas y quebrantos económicos de empresas y organismos públicos a la población, y privatización de beneficios e intereses públicos por corporaciones globales nacionales y extranjeras.

4. Eliminación de la planeación y el fomento económico estratégico por parte del Estado, frente al mercado mundial.

5. Tendencia a la privatización de las actividades sustantivas de las áreas estratégicas del Estado, de servicios públicos e infraestructura.

6. Apropiación corporativa de las compras de gobierno mediante contratos de largo plazo con corporaciones globales.

La intención es regresar a las condiciones previas a 1938 o incluso previas a 1910. Lo único que todavía separa la condición actual de esa situación en la mente de los gobernantes es la dependencia fiscal que el gobierno tiene con respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex). En vez de aprovechar las condiciones naturales del país para reforzar su planta industrial, la única preocupación actual del gobierno es cómo lograr esa privatización sin perder sus ingresos fiscales. Por eso, el gobierno está preparando una reforma fiscal agresiva a la población en general, no para reinvertir en el mejor negocio de los mexicanos (la energía), sino para poderlo privatizar sin problema.

Todos los países petroleros del mundo, incluido Estados Unidos, defienden su soberanía energética. Sólo en México se sigue sosteniendo el curso de la fragmentación del país, la nación, la soberanía y el Estado, a través de esa ley de la selva denominada globalización, en la que el rey es, desde luego, el vecino país del norte: Estados Unidos.

Nuestra posición

Los Trabajadores Técnicos y Profesionistas Petroleros creemos que el destino de México ante la economía global, en el corto, mediano y largo plazos, es la de convertirse en potencia económica tecnológico-industrial en el siglo XXI, como condición indispensable para garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos. En consecuencia, rechazamos tajantemente que la solución a los problemas de la industria petrolera sea la inversión privada mediante inconstitucionales “alianzas estratégicas”, Contratos de Servicios Múltiples, Contratos Integrales o la apertura de una parte de su capital en la Bolsa Mexicana de Valores.

Por supuesto que queremos fortalecer a Pemex, pero con nuestra experiencia y los recursos humanos disponibles en nuestro país. Para nosotros, fortalecer a Pemex no es ceder concesiones y contratos a empresas privadas trasnacionales, ni despedir a los técnicos y profesionistas –como en estos momentos se hace–, sino tener una planeación a corto, mediano y largo plazos. La competitividad nacional, a diferencia de la empresarial, la entendemos como la capacidad de la economía mexicana para producir bienes y servicios de alta calidad, a precios iguales o menores a los de otras naciones, mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, la formación y capacitación de los trabajadores, la eficiencia empresarial y de las instituciones públicas, que permite elevar la productividad del trabajo humano en una relación sustentable con la naturaleza.

La competitividad nacional, entonces, la entendemos como un nuevo pacto social para crear y distribuir la riqueza y el ingreso que permita elevar de manera simultánea los salarios de los trabajadores, las utilidades empresariales y los impuestos, lo que en conjunto elevará de forma sostenida y sustentable la calidad de vida, el desarrollo humano y la esperanza de vida de toda la población, garantizando con ello las libertades, el estado de derecho, los derechos humanos de los individuos, los derechos sociales de la nación y la soberanía o autodeterminación de la comunidad nacional.

Nuestra posición también parte de la siguiente convicción: El sector energético puede y debe ser el motor de la reindustrialización de México en el Siglo XXI, ello perfila a Petróleos Mexicanos como la columna vertebral de una amplia cadena productiva del país; educación y cultura, investigación y desarrollo tecnológico, servicios y estudios diversos, diseño y construcción de herramientas tecnológicas, plantas e infraestructura, comercialización, sustentabilidad ambiental, etcétera.

Estamos justo a tiempo para recobrar nuestra soberanía y tenemos muchos puentes para lograrlo. Sólo por poner un ejemplo: ¿Qué se puede hacer en el caso de la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas si como nación ya nos urgiera? Simplemente puede rentarse, como lo hacen las trasnacionales Exxon-Mobil y Shell, que no reparten sus ganancias con sus contratistas. Otra referencia, sólo como ejemplo: también puede ser el modelo brasileño con su desarrollo de tecnologías propias. Ese país invierte miles de millones de dólares anualmente en ello y en capital humano.

Estamos por una política que optimice la explotación de los recursos naturales, que garantice la seguridad energética para esta y futuras generaciones; que sea ejemplo de transparencia y uso adecuado de los recursos públicos, así como en la inclusión de los costos y deberes ambientales y sociales en el desarrollo de la empresa.

Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la participación de intereses privados y extranjeros en las funciones de planeación, dirección y control de las actividades estratégicas del país. Consideramos que, por definición, la soberanía y las actividades estratégicas no deben estar de ningún modo sometidas o expuestas a los efectos de las llamadas leyes del mercado.

Por eso hemos decidido presentar propuestas, elaboradas con riguroso soporte técnico y económico, como una contribución al debate por un proyecto para la industria petrolera con el propósito de garantizar –como ya dijimos– la soberanía, la seguridad energética y el suministro de hidrocarburos a corto y largo plazos, mediante la explotación racional del petróleo y el gas natural, para obtener el máximo beneficio social y propiciar el verdadero desarrollo del pueblo de México, y reconstruir Petróleos Mexicanos bajo una administración pública transparente para hacerlo seguro, productivo, sustentable, eficiente, y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos laborales.

Proyecto alternativo de reforma petrolera

En ocho puntos estratégicos:

1. El desarrollo social nacional, prioridad del reparto de la renta petrolera

• Restablecer la legalidad constitucional y detener la transferencia de operaciones y renta petrolera al sector privado.

• Derogar las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y hacer una revisión a fondo a la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento para realinearla al mandato constitucional.

• Cancelar los Contratos de Servicios Múltiples, “ampliados”, “autofinanciables” o “integrales” y todo tipo de convenio que autorice a particulares realizar actividades reservadas al Estado.

• Asegurar que Petróleos Mexicanos conserve una parte sustancial de los ingresos que genera para financiar proyectos estratégicos en exploración, producción y transformación industrial.

• Asignar en forma directa y prioritaria una parte de la recaudación petrolera a la infraestructura en investigación y desarrollo tecnológico.

• Realizar una reforma fiscal que realmente despetrolice el presupuesto federal, sobre la base de quitar los privilegios al capital nacional y trasnacional en materia fiscal, de ampliar el padrón de contribuyentes y aplicar de manera eficaz las actuales tasas impositivas.

• Considerar el consumo doméstico de gas LP o gas natural como parte de la canasta básica.

• Emprender o en su caso ampliar programas en las comunidades asentadas en zonas petroleras que las conduzcan a obtener y aplicar con justicia social los beneficios de la riqueza petrolera y constituir e implantar el funcionamiento de consejos comunitarios que impulsen y sancionen los avances de un Plan para la seguridad y operación sin riesgos de la industria petrolera y con desarrollo comunitario en zonas petroleras.

• Suspender los aumentos de precios a las gasolinas y diesel que periódicamente se realizan en nuestro país como impuesto disfrazado, pues actualmente las gasolinas son más baratas en Estados Unidos que en México, por lo que no se justifica.

2. Seguridad energética y desarrollo económico nacional, prioridades de la planeación de corto y largo plazos

• Establecer una nueva relación entre el Estado y Petróleos Mexicanos, donde el primero establezca como mandato la orientación y objetivos de la política energética, y el segundo cuente con plena libertad operativa para su ejecución eficaz y eficiente.

• Asegurar la coordinación entre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para alcanzar el balance óptimo energético nacional; ambas instituciones apoyadas con el desarrollo de nuevos proyectos preparados en forma conjunta por UNAM, IPN, IMP, IIE, Pemex y CFE, financiados con parte de los excedentes petroleros.

• Mantener, sin aumentar en el corto plazo, las exportaciones de petróleo crudo, sobre la base de evitar la sobreexplotación de yacimientos y generar divisas para financiar los proyectos de desarrollo nacional, priorizando siempre entregar al sistema de refinación el petróleo crudo necesario para que trabaje al 100% de su capacidad instalada. (1 millón 690 mil bls./día);

• Determinar en el corto plazo los precios interorganismos de las filiales de Pemex, no sobre la base de precios de referencia internacional, sino de sus costos reales de producción, a fin de aprovechar las ventajas comparativas del país, propiciar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos como exportador de productos procesados y de las cadenas productivas necesarias para este fin.

• Priorizar la formación de expertos mexicanos en exploración y explotación en aguas profundas, en colaboración con países productores y no con empresas trasnacionales.

• Rechazar el mecanismo de bonos, dado que tarde o temprano (al igual que en el caso de una apertura del capital en la Bolsa) éstos quedarán concentrados en pocas manos.

3. Desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo

• Realizar esfuerzos tecnológicos de largo plazo para asegurar la competitividad de los productos procesados de exportación, así como para desarrollar tecnología ambientalmente sustentable. La responsabilidad será de Pemex, y el proveedor prioritario para este fin, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

• Sacar de la lógica de la mercantilización de la investigación y del desarrollo la labor del IMP y reorientarla, según el carácter estratégico de la industria petrolera, por lo que deberá estar 100% dedicado a la investigación básica y aplicada al servicio de Pemex con recursos públicos. Las labores de docencia deberán estar concentradas únicamente en doctorados sobre las líneas de investigación oficiales del IMP, no en otro tipo de cursos y diplomados.

En las adquisiciones de tecnología, Pemex deberá priorizar al IMP frente a terceros y sólo acudir a éstos en caso de ausencia de soluciones de parte del IMP. En cuanto a terceros, deberá priorizar a proveedores nacionales por encima de extranjeros. Esto deberá ser rigurosamente auditado. Si esto encuentra límites de cualquier tipo por la aplicación del TLCAN, el Estado deberá evaluar de forma prioritaria la revisión de tal tratado. Sólo de este modo se podrá recuperar lo expresado en el decreto vigente de la constitución del IMP: “Este organismo tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por las industrias petrolera, petroquímica y química”.

• Las pruebas de escalamiento de tecnologías deberán ser dirigidas, ya sea por Pemex o por el IMP, según convenga en cada caso, no por terceros.

• Asimismo, la comercialización de productos, proyectos y servicios no deberá en ningún caso distraer al IMP de sus responsabilidades, y ésta deberá, al igual que la docencia, ser una actividad secundaria y sólo en función del crecimiento teórico-práctico del conocimiento de la propia institución. Tal medida requerirá dar marcha atrás parcialmente a las reformas al decreto del IMP implantadas en 2001.

• Debe entenderse entonces que el IMP no deberá tener la orientación de una institución comercial y que no será parte de las responsabilidades del IMP funcionar únicamente con recursos propios, lo cual únicamente lo distrae de sus obligaciones estratégicas. Debe entenderse que la naturaleza estratégica del IMP debe excluirlo de la moda de forzar a las instituciones de investigación a la rentabilidad de corto plazo.

4. Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos

• Explotar en forma racional y eficiente cuencas y yacimientos petrolíferos y gasíferos, aplicando de manera sistemática técnicas de recuperación secundaria y mejorada.

• Condicionar las cuotas de extracción de crudo, especialmente para exportación, a la obtención de la máxima recuperación de hidrocarburos.

• Desarrollar un programa intensivo de exploración para renovar reservas y sostener la producción petrolera y de gas natural, asegurando la reposición de reservas a un mínimo de 20 años.

• Apoyamos el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su papel de auditor de proyectos estratégicos. En ningún momento debe tener funciones como aval para cuadricular el territorio nacional a fin de concesionar bloques, como ocurrió en la zona de Burgos y como hace actualmente la Secretaría de Economía con respecto a la minería.

• Suspender inmediatamente la inyección de nitrógeno en Cantarell y Jujo-Tecominoacán, y eliminar esta práctica de forma definitiva, pues el daño que ha ocasionado es inconmensurable.

• Priorizar la metódica exploración de prospectos en tierra y aguas someras antes de ir a aguas profundas. Estas últimas, Pemex las debe considerar en un escenario de mediano y largo plazos, en el cual tiene tiempo suficiente para prepararse de la mejor manera y no ir precipitadamente en condiciones desventajosas para México, ya que proponer ir “acompañados” por compañías petroleras extranjeras mediante “contratos de riesgo”, de obra pública “ampliados” o “incentivados”, “autofinanciables” o como se les quiera llamar, significará compartir la renta petrolera propiedad de la nación de manera innecesaria.

• Gas de lutita, avanzar en su exploración y cuantificación de reservas, pero no explotarlo hasta que existan tecnologías que sean ambientalmente sustentables.

• En refinación, llevar a cabo las acciones necesarias para que el Sistema Nacional de Refinación esté en condiciones de procesar 1 millón 690 mil barriles diarios, que es su capacidad de refinación atmosférica instalada, lo que permitirá reducir en el corto plazo la importación de gasolinas e incrementar la disponibilidad de combustóleo para la CFE, junto con la adecuada instalación de sistemas anticontaminantes en las plantas termoeléctricas instaladas.

• Priorizar el avance de la Refinería Bicentenario y reorientar la inversión para construir tres nuevas refinerías para procesar 900 mil barriles diarios de petróleo crudo adicional como mínimo, necesarios para alcanzar la autosuficiencia en productos petrolíferos.

• Condicionar todo aumento de volumen de exportación de petróleo crudo a la obtención y manutención de una relación reservas probadas/producción igual o superior a 20 años y a que la demanda del mercado interno esté cubierta con refinados producidos en el país.

• En gas natural: reducir su uso como combustible, utilizándolo en el desarrollo de cadenas productivas que generen mayor valor agregado.

• Cancelar los Contratos de Servicios Múltiples para explotación de gas en la cuenca de Burgos por innecesarios, incosteables e inconstitucionales.

• Cancelar los Contratos Integrales de Exploración y Producción en campos maduros, Chicontepec y aguas profundas, porque entregan la renta petrolera a las trasnacionales, violando la Constitución.

• Cancelar la explotación de Chicontepec, por su incosteabilidad, hasta que se desarrolle una tecnología que lo haga viable económicamente.

• Suministrar gas y condensados requeridos para la plena operación de las plantas de Pemex Petroquímica y reactivar las cadenas productivas regionales.

• Modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo para revertir la privatización y monopolio en manos de extranjeros del transporte, almacenamiento, distribución y comercio de gas natural.

• En Petroquímica, mantener la propiedad nacional sobre la industria petroquímica, para restituir la responsabilidad exclusiva de Pemex en la producción y transformación de los hidrocarburos en petroquímicos.

• Modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y restaurar la clasificación de productos petroquímicos básicos y secundarios con base en criterios técnicos y en su importancia estratégica para el desarrollo competitivo de cadenas productivas, dejando de lado los criterios políticos utilizados para justificar las fracasadas privatizaciones.

• Orientar la inversión para reactivar la producción en los complejos petroquímicos de Pemex, así como para realizar las ampliaciones requeridas de acuerdo a la demanda interna de petroquímicos.

• Cancelar el arrendamiento, la administración y la comercialización de los productos petroquímicos elaborados en el Complejo Petroquímico Pajaritos a la empresa privada Mexichem, que le fueron cedidos por funcionarios que excedieron sus facultades legales al arrendar un bien propiedad de la nación.

• Reactivar las cadenas petroquímicas de Pemex que surgen del metano y los licuables (etano, propano y butano).

• En transporte de hidrocarburos, aplicar un plan de emergencia para la seguridad y operación sin riesgos que garantice el diseño, la construcción y la operación óptima de las instalaciones y sistemas de transporte en ductos terrestres críticos y de mayor riesgo para la población, la infraestructura petrolera, la economía nacional y el medio ambiente.

• Desarrollar una política que privilegie la transportación por ducto de los hidrocarburos, por ser económicamente más rentable y seguro.

• Fortalecer, por parte del gobierno, la estrategia para el combate al robo de petróleo crudo y de petrolíferos, con la finalidad de eliminar e impedir que se continúe con esta práctica que representa un grave daño económico a la empresa.

• Reconstrucción de la flota marítima de Pemex para el transporte de crudo y productos refinados.

5. Administrar con autonomía, eficiencia, transparencia y sustentabilidad

• Reconvertir a la paraestatal en una sola empresa integrada.

• Simplificar y transparentar los procesos administrativos, principalmente los de adquisiciones y contratación de obras y servicios.

Autonomía de gestión, en este contexto debe revalorarse la exigencia de autonomía de gestión, agitada actualmente con intención privatizadora. La propuesta de los Técnicos y Profesionistas considera, en cambio, administración flexible, toma de decisiones en función del desarrollo de la industria petrolera, desregulación acotada a los principios constitucionales y una minuciosa revisión de los límites entre autonomía y responsabilidad ante los mexicanos, que se refleje en una relación (más no ausencia de la misma) entre Pemex y sus órganos reguladores. En transparencia, asegurar una adecuada rendición de cuentas a la sociedad y plena transparencia en la administración de Pemex.

• Realizar todas las actividades de comercialización a nivel nacional e internacional de forma directa y transparente por Pemex, por lo que el holding de empresas PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., deberá reconfigurarse para ser directamente dependiente del organismo de comercialización que se establezca, o ser sustituido de acuerdo a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas ineludibles.

• Integrar representantes de la UNTyPP al Consejo de Administración de la empresa o, en su caso, a un Consejo Técnico-Administrativo de Vigilancia al Desarrollo y Operación de Pemex.

• Desarrollar una estrategia de participación ciudadana bajo figuras como la de un Consejo Consultivo, una Comisión Ciudadana de Observación u otras, que incluya a especialistas en la materia (investigadores, académicos, etcétera.)

6. Operar la industria petrolera con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades

• Fortalecer los programas dirigidos a mantener niveles óptimos de seguridad en las operaciones y en los procesos industriales.

• Asegurar que todos los trabajos que desarrolle Pemex se ajusten a la normatividad de seguridad industrial y protección ambiental.

• Asumir la deuda ambiental con las comunidades de zonas petroleras, particularmente enfermedades y contaminación de suelo, subsuelo y mantos acuíferos.

• Condicionar las expropiaciones para fines de explotación petrolera a su pleno acuerdo y aceptación, verificable por procedimiento de consultas legalmente validadas, a cambio de otros beneficios para los afectados.

7. Respeto irrestricto a los derechos humanos laborales

• Pemex debe respetar los derechos laborales establecidos en los convenios internacionales y las leyes laborales del país, principalmente los derechos de asociación y libertad sindical de los trabajadores de la UNTyPP.

• Cesar la intimidación a trabajadores que luchan por ejercer su derecho de asociación, por democratizar su sindicato y/o por defender la industria petrolera.

• Facilitar el ejercicio transparente y sin condiciones de las prestaciones contractuales.

• Incluir en los CCT un apartado en el cual se salvaguarden los derechos de los trabajadores transitorios.

• Denunciar y castigar de manera ejemplar a representantes de la empresa, sindicatos y autoridades laborales involucradas en sobornos o procedimientos dirigidos a perjudicar al trabajador o a la empresa.

• Garantizar programas de capacitación continua a todos los niveles, con atención especial a las necesidades de corto plazo, como pudieran ser las perforaciones en aguas profundas y la construcción de nuevas refinerías.

• Aprovechar la experiencia y acervo de los trabajadores jubilados de Pemex en la capacitación de las nuevas generaciones, la elaboración de proyectos de ingeniería o construcción de obras y para proporcionar servicios a la industria y a las comunidades petroleras.

• Implementar programas de evaluación de la salud ocupacional que incluyan el acondicionamiento de la infraestructura y medios de trabajo; el fomento de buenas prácticas para prevenir enfermedades ocupacionales.

8. Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos. La energía como un derecho de la humanidad

• Cancelar la participación de México en la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a fin de romper con los vicios de la política petrolera actual que subordinan a México a los intereses de Estados Unidos.

• Detener la integración energética asimétrica y subordinada de México con Estados Unidos e impulsar la integración con los países latinoamericanos.

• Cancelar el alineamiento de Pemex a las exigencias de los organismos financieros internacionales. Los problemas del sector energético y petrolero de México son superables, pues existe suficiente capacidad humana, técnica, material y financiera, particularmente en Pemex y la CFE, para revertir los daños y el estancamiento que los intereses trasnacionales han provocado.

El futuro de la industria petrolera está en nuestras manos. Tiene plena vigencia lo que afirmó el presidente Lázaro Cárdenas del Río en el decreto expropiatorio de 1938: es urgente emprender la “defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos”, la infraestructura petrolera y la calificación de sus trabajadores. A nosotros nos corresponde reexpropiar la industria petrolera mexicana “por causa de utilidad pública y a favor de la nación”.

Por una industria petrolera bajo administración pública, transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente y respetuosa del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales.

¡La energía debe ser un derecho de la humanidad y sus recursos deben destinarse al desarrollo de los pueblos!

¡Por una industria petrolera integrada y nacional al servicio de la patria!

Responsable: ingeniero Moisés Flores Salmerón
Secretario general de la UNTyPP.