MITOS, FALACIAS Y MEDIAS VERDADES DE LA REFORMA ENERGÉTICA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

El niño Dios te escrituró un establo,
y los veneros de petróleo, el diablo.

Ramón López Velarde

Lorenzo Gutiérrez Bardales1

Introducción

La siguiente reflexión es una versión ampliada de la participación del autor en el Foro Reforma Energética: Alcances y Perspectivas Económicas, organizado por los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y realizado el 12 de noviembre de 2013 en la ciudad de Toluca, donde, cabe destacar, su plaza principal tiene una estatua de Carlos Marx y un auditorio llamado “El Hombre de Tréveris”.

Asimismo, este trabajo está inspirado en las más de 40 ponencias presentadas durante las 13 sesiones del Foro Petróleo y Nación, realizado entre el 15 de agosto y el 14 de noviembre de 2013 en el Auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coordinado por Eliezer Morales Aragón, Juan José Dávalos López y quien esto escribe.

En este último evento participaron profesores de las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería, Contaduría y Ciencias de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), periodistas, líderes sindicales y representantes de organizaciones académicas.

Los participantes en estos eventos aportaron valiosos datos, juicios y elementos para entender el sentido de la Reforma Energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y se inscriben en los esfuerzos que se despliegan a lo largo y ancho de México, teniendo como objetivo la defensa de la Constitución y de la soberanía nacional.

El tema de temas

Pemex, la empresa formada a raíz de la expropiación petrolera de marzo de 1938 emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, se encuentra en el momento más crucial de su historia, pues pende sobre ella, como una verdadera Espada de Damocles, la pretensión de permitir la entrada de capital privado, nacional y extranjero, en todas las áreas de la actividad petrolera: exploración, producción, refinación, conversión de los hidrocarburos en productos petroquímicos y comercialización. De concretarse ese intento, el país perdería un elemento que ha sido clave para su estabilidad política, significaría una pérdida considerable de la soberanía nacional; aún más, continuaría destruyéndose el tejido social.

Antecedentes

Hay que decir que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, junto con las recientemente aprobadas reformas educativa y laboral, van en la línea de adoptar todas las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington, que, en tanto instrumentos del modelo económico neoliberal, impulsan la entrada de capital privado a la explotación de hidrocarburos para favorecer los intereses de Estados Unidos.

En efecto, de darse la apertura de la industria petrolera nacional a la iniciativa privada, el petróleo mexicano estaría sujeto a los compromisos, normas y modalidades establecidas en el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos, México y Canadá y que entró en vigor en enero de 1994. Ahí se prescribe, entre otras cosas perniciosas, la voluntad de Estados Unidos de defender a sus ciudadanos y sus bienes, estén donde estén.

Mitos

Se afirma que con las reformas al artículo 27 constitucional –que permitirá la celebración de contratos con empresas privadas– y al 28 –para quitar a la petrolera el carácter de actividad estratégica reservada exclusivamente al Estado– se superarían los problemas de disminución de la producción, insuficiencia de recursos financieros, falta de tecnología, ineficiencia y corrupción que padece Pemex, presentando a la inversión privada como una verdadera panacea.

De aprobarse este cambio, además de modificarse profundamente el pacto político social representado por la Constitución, se culminaría la implantación del modelo económico neoliberal en el país, cuyo paradigma privilegia los mecanismos automáticos del mercado como instrumento para la asignación de recursos, privatiza las empresas públicas, abre de par en par las fronteras al comercio y a los flujos de capital, acota la acción del Estado como agente responsable del desarrollo económico y social, exige sindicatos dóciles, rechaza a una sociedad organizada y militante, y hace nugatorios los derechos laborales y la legislación orientada al bienestar social, todo en aras de asegurar altas tasas de ganancias.

Empero, los efectos negativos arrojados por 30 años de aplicación de esta estrategia indican que estamos muy lejos del paraíso prometido, pues en lugar de hacer crecer a la economía, distorsionó el aparato productivo, destruyó cadenas productivas, canceló los avances en ciencia y tecnología, polarizó la distribución del ingreso y ha dejado una larga estela de violencia, inseguridad, pobreza y desempleo. Con ello, México devino en el espacio privilegiado del capital, principalmente estadunidense.

Es muy importante entender que los responsables de la implantación del modelo neoliberal son los políticos priistas y panistas conjuntamente con la oligarquía mexicana, cuya expresión más cruda es abatir los salarios, condenar al desempleo a miles de mexicanos, a quienes les deja como opción incorporarse a la economía informal, al crimen organizado o arriesgar la vida para cruzar ilegalmente a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo.

Por eso las razones que arguyen los partidarios de la Reforma Energética peñista son a todas luces falaces. Su lógica obedece a la determinación de entregar la renta petrolera a empresas privadas nacionales y extranjeras; para lograrlo, eluden los resultados tan lamentables de la privatización de la banca –que hoy está en manos de extranjeros–; cara y abusiva, dedicada a la usura más vil y alejada totalmente del fomento a las actividades productivas y del apoyo crediticio a las empresas, pero sobre todo hacen caso omiso de la experiencia desastrosa de la apertura de la minería al capital privado –que no es otra cosa que otorgar el dominio sobre el subsuelo a empresas que explotan y benefician metales a cielo abierto–.

Esas empresas han dejado un panorama de depredación, contaminación de mantos acuíferos, destrucción de ecosistemas y de símbolos de identidad, como es el caso del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí; han provocado incluso la desaparición de poblados, y en contubernio con autoridades federales, estatales y municipales recurren a la represión y asesinato de activistas y hasta la contratación de guardias blancas para enfrentar la resistencia popular.

Todavía está fresco en la memoria el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuya extinción a todas luces ilegal, no se tradujo, como se había prometido, en una mejora de las operaciones ahora asignadas a la Comisión Federal de Electricidad. El precio de la energía para los hogares aumentó, se mantuvieron subsidios, amén de que el funcionamiento de esta “empresa de clase mundial” se caracteriza por su opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas.

Conscientes de lo anterior, sin ambages afirmamos que la experiencia privatizadora aplicada por gobiernos priistas y panistas por igual es un retroceso para el progreso de México: pues no otra cosa significan las privatizaciones, que más bien parecían ventas de garaje, de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, Altos Hornos de México, el Sistema Conasupo, Aeroméxico, la comunicación satelital, Ferrocarriles, Guanos y Fertilizantes, Conafrut, Teléfonos de México y las azufreras; la minería se entregó a capitalistas canadienses y chinos, entre otros. También se retrocedió en la articulación de cadenas productivas, se abandonó al Instituto Mexicano del Petróleo, e incluso la educación superior fue sometida a una presión encaminada a su conversión en un mercado. Por eso preguntamos: ¿Acaso se superó la ineficiencia? ¿La corrupción? ¿Hubo mejora en la calidad o se crearon empleos o creció la economía? Nada de eso.

Lo que resultó evidente con las privatizaciones de los bienes públicos realizada desde principio de los años ochenta, fue que los integrantes del Partido Revolucionario Institucional abandonaron la vena popular de la política del nacionalismo revolucionario y sin rubor, junto con la oligarquía, se subieron al carro de la globalización, fenómeno que consiste en una reestructuración del capitalismo mundial capitaneado por las trasnacionales.

A este proceso se incorporó el Partido Acción Nacional y sus militantes, que renunciaron a los principios, valores y razón de ser que le dieron origen al partido; compartieron el asalto al proyecto de nación expuesto en la Constitución y participaron lo mismo en los grandes fraudes electorales, el saqueo de los bienes del Estado, pero sobre todo se enriquecieron con los recursos del erario a niveles que superaron a los mismos priistas.

De esta manera, esa clase política, junto con la oligarquía y las empresas trasnacionales llevaron a cabo el despojo del patrimonio de los mexicanos, de una magnitud que se le puede calificar de histórica. Y como su voracidad no conoce límites, ahora van por el petróleo.

Pareciera que este grupo está decidido a culminar una obra siniestra: destruir a México.

Por si fuera poco, la enajenación de los bienes del Estado iniciada en el gobierno de Miguel de la Madrid se llevó a cabo al margen de cualquier mecanismo transparente. Se beneficiaron políticos, amigos, familiares y empresarios que tenían acceso a información privilegiada, recurriendo a prestanombres y a toda suerte de artimañas. La piñata sandinista de 1979 se queda muy atrás como ejemplo de saqueo de los bienes públicos.

La corrupción es un fenómeno complejo, pero en los últimos 30 años cambió radicalmente, pues de tener como objeto los recursos del presupuesto público, amplió sus alcances hacia los bienes de la nación. La política a la mexicana ya no se entendió como instrumento para conducir a la nación hacia el progreso, al mejoramiento constante de sus habitantes, a la preservación de su soberanía y su independencia, sino como una oportunidad que concibe a la nación como un botín y la encamina hacia la integración subordinada a Estados Unidos y Canadá, para lo cual la Constitución aparece como un estorbo.

Ahora resulta claro que México ha estado bajo la dirección de una clase política corrupta. La cleptocracia encabeza una nueva etapa en la historia del país, cuyo signo es el atraco, el saqueo, la extracción de la riqueza del subsuelo y, sobre todo, su voluntad de rendirse al capital trasnacional sin importarle la suerte de los mexicanos.

La ola privatizadora ha llegado hasta el mismo grupo que dirige la Iglesia católica mexicana, que no contento con ser los capellanes de la clase alta, el mismísimo cardenal Norberto Rivera Carrera vendió en marzo de 2002 en más de 12 millones de dólares el copyright de la imagen guadalupana a la trasnacional estadunidense Viotram, para que la explotara comercialmente (Proceso 1371). Con semejante proceder, ni duda cabe de que la alta jerarquía católica apoyará la entrega del petróleo a particulares.

Hoy en día se lleva a cabo una dura ofensiva orquestada desde las altas esferas del Estado, los medios, los organismos empresariales, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde y Nueva Alianza, así como grupos sindicales corporativizados, para completar la obra de privatizar la actividad petrolera, que la ven no como “la joya de la corona”, sino como la corona misma.

Esta ofensiva encaminada a desprestigiar a la paraestatal gira en torno a la reforma constitucional, pues sin presentar la película completa, ocultan el contenido de las leyes reglamentarias, despliegan una propaganda basada en información incompleta, en promesas sin sustento y actúan como en el caso de la petroquímica, cuyos actos de venta fueron precedidos de acciones verdaderamente perversas, pues primero les negaron recursos presupuestales, abandonaron las actividades de mantenimiento, los equipos y la maquinaria que concluían su vida útil no fueron reemplazados y el personal técnico altamente calificado fue obligado a jubilarse o de plano los despidieron. Después la venta o la entrada de capital privado la presentan como salvación, como si fuera la única salida.

Falacias

Como botones de muestra, que permiten ver en todo su esplendor la falsedad de los argumentos a favor de la entrada de capital privado a la actividad petrolera, presentamos los siguientes.

1. No hay recursos para invertir. Este argumento carece de veracidad, toda vez que los fondos de las Afores rebasan los 2 billones de pesos y el monto de las reservas internacionales sobrepasa los 160 mil millones de pesos, los privilegios fiscales a grandes empresas por 600 mil millones; gastos electorales que Pemex transfiere al sindicato, los ingresos de Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), que hasta ahora se manejan en secreto; la sangría de 60% en sus utilidades antes de impuestos que entrega Pemex para sufragar el gasto público; los recursos saqueados por la corrupción que se sitúan entre 5% y 8% del PIB; los 173 mil millones de dólares pagados por la importación de gasolina, diesel y combustóleo; los ahorros que se derivarían de la reorganización de Pemex, pues con la presencia de cinco divisiones del corporativo sólo se desperdician recursos; y, hasta los 120 mil millones de pesos que paga Pemex por cabildeo. Nadie en su sano juicio puede afirmar que no se cuenta con recursos.

2. Bajarán los precios para beneficiar a los mexicanos. Lo anterior no se apega a la realidad, pues lo mismo dijeron para justificar la venta de Teléfonos de México y las tarifas se fueron al cielo, y a final de cuentas, los precios del petróleo y sus derivados son determinados por la voracidad de las trasnacionales y la dinámica del mercado internacional. Es más, en ningún país donde se privatizó la energía bajaron los precios.

3. Se crearán empleos. Esto es cierto, pero serán mínimos, dada la crisis que afecta a la economía mexicana, y estarán muy por abajo del millón de nuevos empleos que requiere el país anualmente. Es más, en 2004 ya se extrajeron 3.4 millones de barriles de crudo por día, ¿dónde están los empleos que se generaron?

4. Se acabará con la corrupción. Este fenómeno es estructural y si bien ha estado presente a lo largo de la historia de México, en los últimos años se ha agudizado, como lo muestran los casos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los exgobernadores Arturo Montiel, Humberto Moreira, Andrés Granier y Mario Marín, así como el expresidente Vicente Fox, su cónyuge Marta Sahagún y los hijos de ella, además del saqueo a las arcas de Pemex para las campañas del PRI, entre muchísimos casos más.

5. Se beneficiará a los trabajadores. Sin embargo, como en las peores prácticas del charrismo sindical, Carlos Romero Deschamps y la dirección de la paraestatal negocian en lo oscurito el desmantelamiento del Contrato Colectivo de Trabajo, disminuyendo prestaciones, restringiendo los derechos de huelga y las condiciones para jubilarse o pensionarse. Ningún proyecto se puede construir sobre la conculcación de los derechos de los trabajadores.

6. Pemex está quebrada y carece de recursos para financiar sus actividades. Esta afirmación es totalmente falsa, pues esta empresa es altamente rentable, sus costos de producción son los más bajos de entre las 10 grandes empresas petroleras del mundo, genera utilidades suficientes para satisfacer sus necesidades de inversión fija o de capital de trabajo, lo que pasa es que el gobierno federal los saquea a través de impuestos y derechos para completar el gasto público. Lo anterior debido a que el gobierno federal se empecina en no llevar a cabo una verdadera reforma fiscal que grave más al capital, que deje de depender de lo que le quita a Pemex, acabe con privilegios fiscales, combata realmente la evasión y la elusión. El primer paso es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público saque las manos de Pemex.

7. El petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Esta es una afirmación que cae por su propio peso, pues la esencia de la propuesta de reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución es entregar la renta petrolera al capital privado. Las trasnacionales incorporarán a sus balances en calidad de activos el petróleo materia de los contratos y todas las nuevas reservas que descubran, con lo que, sin mover un dedo, incrementarán el valor de sus acciones. La pregunta es: ¿Se ceden o no los derechos sobre el subsuelo?

8. La reforma permitirá modernizar a Pemex. En realidad se trata de una contrarreforma que nos retrotrae a las condiciones previas a la expropiación petrolera de 1938. El Estado perderá capacidad de conducción de la política energética, se debilitará totalmente su control y supervisión y si, como propone la iniciativa peñista, la paraestatal no participará en los procesos de licitación o asignación de los contratos, sean de utilidades compartidas, de producción compartida, concesiones o licencias, esta empresa se encaminará por el carril ya no de su debilitamiento, sino de su misma desaparición.

Por lo demás, esta empresa pierde anualmente más de 5 mil millones de dólares por ordeña-robo a sus ductos.

Todo se reduce, por lo tanto, a lo siguiente: el costo de producción de un barril de crudo en México –que engloba el importe de exploración y desarrollo, extracción, mantenimiento y entrega a los centros de consumo– se ubica en 6.84 dólares, mientras que el precio de venta asciende a 101 dólares. Por más que se diga que las empresas privadas pagarán al fisco no menos de 50% de sus ingresos por venta, lo cual está por verse. Si no son capaces de obligar a Televisa, TV Azteca, Jugos del Valle y otras empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿cómo van a lograr que las trasnacionales paguen impuestos? Dígase lo que se diga, se está regalando la renta petrolera a cambio de nada. Es más, seguramente las empresas trasnacionales exigirán y obtendrán privilegios, apoyos y subsidios. Lo demás es demagogia.

La verdad es que con la reforma a la Constitución se fortalecerá el modelo exportador de petróleo y de economía de enclave, ajeno al interés nacional, pues se renuncia a incorporarle valor agregado; se desmantelan los avances en materia de industrialización, y se abandona la petroquímica al desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos.

Medias verdades

Que se requiere un cambio profundo en Pemex que saque a la paraestatal de la crisis en la que la hundieron las administraciones tanto priistas como panistas, es una verdad universalmente aceptada; pero de ahí a proponer como solución una reforma retrógrada, desnacionalizadora y privatizadora que otorgue potestades exclusivas del Estado a particulares, entregar parte de la renta a trasnacionales acostumbradas a no pagar impuestos, a no reconocer utilidades, inflar costos, ocultar información y reacias a auditar costos, significa matar a la gallina de los huevos de oro; o como dice Perogrullo, “El remedio será peor que la enfermedad”.

Recientemente se dio a conocer la Estrategia Nacional de Energía, en la que debería estar sustentada la integralidad, la pertinencia, la visión de largo plazo de una reforma soberana y sustentable. Sin embargo, ahí se reitera el modelo primario vigente que maximiza la extracción de crudo para exportación, renuncia a una política para el impulso de la petroquímica y las fuentes renovables de energía, se propone ampliar la oferta sin distinguir si estará destinada al mercado interno o a la exportación; nada dice acerca de las necesidades de hidrocarburos de la industria nacional, ni sobre la necesaria diversificación de las fuentes de energía. Se trata, en fin, de una estrategia hueca, donde la gran ausente es una política energética nacional.

Siempre será loable escudriñar en el pensamiento de Lázaro Cárdenas como fuente de inspiración en el diseño de políticas, programas y acciones que conduzcan a México a un nivel de desarrollo más soberano, con una profunda raíz de justicia y equidad y con una participación popular que lo dote de viabilidad y justificación histórica, pero distorsionar, manipular y descontextualizar sus planteamientos con tal de tratar de legitimar una reforma que va en sentido contrario del legado del divisionario michoacano es reconocer que se aparta de la verdad y se recurre a mitos, falacias y medias verdades.

Elementos para una propuesta alternativa

Algunos de estos elementos corresponden a la propuesta presentada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su punto de partida es demostrar que la modernización de Pemex no requiere reformar la Constitución, se orienta por evitar la entrada de capital privado a las actividades relacionadas con los hidrocarburos, reconoce que el problema fundamental de Pemex es que su ineficiencia, en todo caso, tiene como causa central la corrupción, su función de caja chica del gobierno, la rapacidad de sus directivos y de los funcionarios del gobierno federal, así como de la dirigencia del sindicato petrolero.

a) Dotar de autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, modificando la Ley Federal de Derechos, de Pemex, de Presupuesto, de Servicio Público de Energía;

b) Reestructurar el corporativo con el propósito de aprovechar economías de escala y evitar paralelismos, duplicidades y desperdicio de recursos;

c) Elaborar un programa de productividad que comprometa a la administración, al gobierno y a los trabajadores;

d) Uso racional de la renta petrolera;

e) Desarrollo de la planta industrial propia y sustitución de importaciones, potenciando la experiencia del Instituto Mexicano del Petróleo;

f) Priorizar la inversión y la creación de reservas;

g) Definir una estrategia de gestión basada en la planeación de corto, mediano y largo plazos, rendición de cuentas y transparencia, y

h) Vincular la gestión y programas de la Comisión Federal de Electricidad a una estrategia nacional de energía y dotarle también de autonomía.

Conclusiones

La dialéctica de la propuesta peñista, tramposamente cocinada entre los políticos priistas y panistas, la oligarquía mexicana y las empresas petroleras trasnacionales, aprovechándose de la mayoría que tienen en el Congreso y que, por cierto, es una cuestión que no figuró en la plataforma electoral del candidato tricolor, desplazará al Estado de la industria petrolera, y en tanto se nieguen a la realización de una consulta nacional vinculatoria es, a todas luces, lesiva para el interés nacional, ya que, evidentemente, convertirían tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad en monopolios anticonstitucionales, por lo que perfectamente se le puede caracterizar como una reforma ilegitima, que de consumarse representaría una traición a la patria.

Así, México se integrará aún más, de manera subordinada, a Estados Unidos y Canadá. Su ventaja comparativa consistirá en la capacidad para producir materias primas baratas destinadas a la exportación, perderá dominio sobre sus recursos y la desigualdad social llegará a niveles de escándalo.

La entrega del petróleo al capital privado en los términos que están definiendo el gobierno de la República junto con los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional es más grave que la pérdida del estado de Texas, primero, y después la mitad de nuestro territorio ante Estados Unidos. Y, hay que decirlo, por menos de eso en 1910 se inició el movimiento armado que se prolongó hasta 1917.

En la formación de la conciencia social de los mexicanos la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas tiene un papel fundamental, pues se trata de un acto que reivindica a la nación, es elemento de orgullo, de identidad, que trata de saldar cuentas con un pasado de agravios y de afrentas y se iguala con la gesta de Benito Juárez ante los invasores franceses, con la importancia de Miguel Hidalgo como iniciador del movimiento de independencia y está a la altura del generalísimo José María Morelos y Pavón, que emitió los Sentimientos de la Nación, aprobados por el Congreso de Chilpancingo. Ellos fueron nuestros antecesores, a quienes se suman Ramón López Velarde, autor de Suave patria, considerado por muchos como el segundo Himno Nacional; los murales de José Clemente Orozco, pintados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ignacio López Tarso, por su espléndida actuación en la Rosa blanca; el corrido Tampico hermoso, del compositor morelense Samuel Lozano Blancas, y muchos testimonios que recrean la estrecha relación de petróleo y nación.

Al petróleo lo llevamos en las entrañas y nos negamos a ser la generación que pase a la historia como la que permitió su privatización. De ahí nuestro compromiso por defender el patrimonio de los mexicanos.

Aún estamos a tiempo de impedir la entrada de capital privado a la actividad petrolera, pues de darse, será la pérdida del activo más valioso para los mexicanos, el Estado reducirá aún más su papel como regulador y promotor del desarrollo económico, se profundizará la injusta distribución del ingreso y se renunciará a que Pemex, bien encausado, incida en un modelo de desarrollo con justicia y equidad. Las grandes decisiones de políticas públicas dejarán de tomarse en México.

La disputa por el petróleo se encuentra en el centro del debate, en la lucha por evitar su privatización está la defensa de la soberanía nacional.

Colofón

La única certeza es que alrededor de la propuesta peñista de reforma a la industria petrolera nacional se librará algo así como la madre de todas las batallas; aun así, es muy difícil establecer con claridad el derrotero que seguirá en lo inmediato esta confrontación, pues si bien desde la década de los ochenta los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional han adoptado el modelo neoliberal y con el regreso del PRI a Los Pinos y la mayoría que estos partidos tienen en el Congreso, les sería suficiente para aprobar la reforma, el gran enigma por conocer es la fuerza que alcanzaría una oposición conformada por partidos de izquierda, intelectuales, colectivos estudiantiles, organizaciones sociales y un conjunto muy variado de grupos organizados, como sindicatos, jubilados, campesinos, colonos y vecinos que actúan a lo largo de la República para rechazar y, eventualmente, obligar a dar marcha atrás a la ley Peña Nieto, situación que por sí misma estaría llena de interrogantes, pero avizoramos que los siguientes serían los escenarios más probables por donde desembocaría esta disputa.

El ideal: que el presidente Enrique Peña Nieto retire su propuesta de reforma energética, lo que se antoja difícil, pero no imposible.

El deseado: que el gobierno federal acepte llevar a cabo una consulta para conocer si la ciudadanía está a favor o en contra de la reforma constitucional y solamente después de conocerse el sentir nacional proceder a discutir, analizar públicamente qué hacer para mejorar radicalmente la industria petrolera nacional.

El probable: que la mayoría del Congreso –por cierto, el gobierno federal ha dispuesto de 50 mil millones de pesos para maicear a todos los diputados– apruebe las reformas a la Constitución tal como las ha presentado Enrique Peña Nieto. De tomar esta vía, conocida como fast track, el principal inconveniente sería que pudiera ponerse al país al borde del precipicio si se combina la elaboración de una alternativa viable con la conformación de una gran coalición con capacidad de movilización a nivel nacional.

El revocatorio: que el Instituto Federal Electoral organice y lleve a cabo una consulta vinculatoria con carácter revocatorio que anule la reforma aprobada por el Congreso.

El no deseado: que se inicie una confrontación de incalculables consecuencias que divida aún más a los mexicanos y que nos encaminemos hacia un conflicto riesgoso y colmado de incertidumbre.

De cualquier forma, en los últimos años los mexicanos hemos cursado experiencias políticas muy diversas que nos han dejado experiencias muy valiosas para hacer frente a cualquier desafío, por difícil que sea. Por ello, ante la pretensión de privatizar la industria petrolera nacional, la ciudadanía, el pueblo en movimiento, sabrá estar a la altura de esta encrucijada.

Bibliografía

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