TLCAN y PROPUESTA
DE REFORMA ENERGÉTICA
DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO

Jorge Alfonso Calderón Salazar1

Apartir de 2005, en el contexto del proceso de profundización de las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), los inversionistas extranjeros y empresas multinacionales han presionado para que las autoridades mexicanas amplíen la desregulación pactada en el TLCAN. Las áreas prioritarias de inversión norteamericana están puestas en los sectores como la petroquímica básica, energía eléctrica, gas natural y petróleo, así como otros sectores relacionados con la infraestructura: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, satélites y sector financiero. A decir de los propios inversionistas norteamericanos, el gobierno mexicano ha facilitado la realización de joint-ventures –alianzas estratégicas–, representando hasta ahora la principal línea de negocios con México. Es decir, la inversión extranjera está llegando para adquirir las “joyas de la familia” tanto del sector privado como del público.

El TLCAN estableció un rápido periodo de desgravación adicional a la acelerada reducción arancelaria previa y posterior al ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) a mediados de los ochenta. Aumentó la regla de origen a 60% o más del costo neto de la producción automotriz, motores y autopartes. Además, al establecerse una regla de origen trinacional, desapareció la regulación previa de decreto automotriz mexicano que obligaba a la compra de un porcentaje de insumos fabricados en plantas instaladas en territorio nacional. Esto, unido a la ausencia de una política pública de fomento industrial, aceleró la pérdida relativa de participación de la industria nacional de autopartes. También propició que continuara la ruptura de cadenas productivas iniciada con la crisis de 1983.

La dinámica expuesta se acentuó por la ausencia de un plan nacional para el financiamiento del desarrollo y de apoyo a la reconversión productiva. Y en el momento en que era vital para la adecuada inserción de México en un entorno de alta competencia internacional contar con fondos a bajo costo para impulsar la renovación y el cambio tecnológico se redujo la inversión pública, la banca de desarrollo disminuyó el financiamiento a las empresas mexicanas y tanto el crédito bancario se limitó de manera significativa en un entorno macroeconómico caracterizado por elevados niveles de inflación, alto costo del crédito, procesos devaluatorios, inestabilidad financiera y fuga de capitales.

Al respecto, es válido preguntarse: ¿ello es consecuencia directa del TLCAN? Nuestra opinión es que, en parte, la respuesta es afirmativa; pero, visto desde una perspectiva de conjunto, también es en gran medida consecuencia de la política económica instrumentada durante los años de vigencia del tratado; es más, de manera compleja podría afirmarse que es resultado de años de vacíos y ausencias de políticas, de la acción no regulada de un mercado oligopólico actuando sin controles que permitieran modificar el curso de los acontecimientos.

Lo negociado en el capítulo VI: Energéticos del TLCAN se puede sintetizar en los siguientes puntos:

–Todo el TLCAN, en lo que atañe al sector energético, está marcado por una tendencia liberalizadora y desreguladora.

En México, el sector energético en manos del Estado ha sido históricamente una palanca e instrumento de política económica para impulsar el desarrollo nacional. Ahora se enmarca en una tendencia integracionista guiado por la agenda de las corporaciones y su apertura se utiliza como un atractivo para atraer un tipo de inversión extranjera prácticamente sin posibilidades de regularla y orientarla según prioridades nacionales. Las compras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido un enorme impulso palanca al desarrollo del sector manufacturero de bienes de capital.

–Estados Unidos avanzó en la consecución de sus intereses de fondo y de largo plazo, aunque eso no siempre se planteó de manera abierta y formal en el TLCAN.

Entre los grupos de interés y presión en Estados Unidos había dos posiciones: una quería acuerdos formales en el texto del TLCAN que suprimieran las restricciones constitucionales de México; otra, aceptaba subterfugios legales, pero que en los hechos se tuviera acceso a las áreas reservadas en exclusiva a la nación por nuestra Constitución. Se adoptó la segunda postura.

Un gran interés de Estados Unidos era el romper la protección o privilegios otorgados a los mexicanos en las compras de bienes, servicios y obras de la industria energética estatal. La parte de la industria petrolera estadunidense vinculada a los servicios de perforación y explotación de crudo, gas y otros servicios a pozos está en una grave crisis debido a la disminución de las reservas en su país, a las dificultades técnicas para el acceso a las reservas de Alaska y otros campos marinos. Aquí, Estados Unidos logró sus objetivos.

Otro interés general de la industria petrolera estadunidense es liberalizar el comercio de productos energéticos y para ello limitar la actuación de la empresa estatal orientándola a criterios puramente comerciales en un marco geográfico restringido. Esta tendencia se encuentra marcada desde los principios generales del capítulo y avanza con lo acordado en el capítulo XV sobre competencia monopolios y empresas gubernamentales.

–La Constitución de México no fue respetada, sino sólo evadida con subterfugios “legales” debido a la gran discrecionalidad gubernamental en su aplicación.

El caso más claro de estas violaciones –luego “legalizadas” por la aprobación de las leyes reglamentarias– es la producción privada de electricidad con fines comerciales. No bastó la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir la posibilidad de generación privada del fluido para autoabastecimiento, el TLCAN va mucho más lejos.

En 1960, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, la exclusividad del Estado mexicano en su generación y distribución fue elevada a rango constitucional precisamente con la adición del párrafo 6 al artículo 27 constitucional; su inclusión en el 25 y 28 fue posterior. En la exposición de motivos y en la argumentación se justificó su inclusión en el 27 en que había que darle el mismo régimen de excepción que al petróleo y prohibir cualquier régimen de concesión.

En el anexo 602.3 párrafo 5 inciso (b) se abrió posibilidades a la inversión privada no sólo en plantas para el autoabastecimiento que permite la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), aunque omite la condición indispensable que marca dicha ley de “imposibilidad o inconveniente” del suministro por parte de CFE (artículo 36 de la LSPEE). También permite la cogeneración de electricidad; es decir, producir electricidad como subproceso de otro proceso industrial. Sin embargo expresamente afirma que el dueño de la infraestructura para cogenerarla puede ser distinto, por lo que en realidad se trata de una inversión directa e independiente para producir energía con fines comerciales. Incluso llega más lejos, permite la posibilidad de producción independiente de energía eléctrica, aunque la debe comercializar la CFE.

El hecho de que la CFE mantuviera la exclusiva en la distribución y comercialización no resolvió la contradicción entre el artículo 27 constitucional y el TLCAN. Incluso en los considerandos de la iniciativa que nacionaliza la industria eléctrica (párrafo 4) y en el dictamen de la Cámara de Senadores (punto I) se recalca la imposibilidad de concesionar la generación de energía eléctrica o transferir esta función a particulares.

–Es claro que la inversión que permitió el TLCAN en electricidad violó la Constitución de México.

La CFE conserva el monopolio de la distribución y comercialización, pero la Constitución es clara en que tampoco es concesionable la producción.

Propuesta de apertura de la industria eléctrica mexicana a la inversión privada

La iniciativa de reforma en materia energética que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión el 12 de agosto de 2014 en la que propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone, entre otros, los siguiente argumentos:

…México cuenta con una capacidad efectiva de 63 Gigawatts. De dicha capacidad, cerca de 64% es operada por la CFE y 36% restante por terceros bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios.

La creciente participación del sector privado nacional y extranjero en la generación eléctrica es resultado de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992, las cuales permitieron la participación de terceros en aquellas actividades que no se consideraran servicio público. Mediante la creación de la Comisión Reguladora de Energía se estableció un marco regulatorio que ha ido adecuando la reglamentación, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y las demandas de la industria eléctrica nacional.

La apertura limitada a la participación privada ha permitido a los actores privados contribuir a brindar seguridad energética al país, así como ofrecer mejores tarifas a sus clientes. Sin embargo, el esquema actual se está agotando y los beneficios no están siendo distribuidos a toda la sociedad.

De manera adicional, las condiciones a las que está sujeta la CFE no le han permitido competir en igualdad de circunstancias para captar y mantener a los clientes más rentables, que son los grandes usuarios. Las mejores prácticas internacionales destacan la importancia de contar con una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión, así como el despacho de la energía, es decir, que controle la operación del sistema eléctrico nacional.

En la actualidad, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, el Salvador y Uruguay tienen un mercado eléctrico con un operador independiente, al igual que la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este esquema, el operador del sistema recibe las solicitudes de interconexión de todos los proyectos de generación, independiente de su promotor, y propone las obras requeridas de manera que se optimice para todo el sistema. Asimismo, en la operación del mercado, asegura que los recursos más baratos se despachen, primero, minimizando las barreras a la participación para todos los generadores y ampliando los beneficios para los consumidores. El operador estatal independiente es un elemento fundamental para asegurar el acceso abierto y equitativo a la red de transmisión, permitiendo que los mejores proyectos de generación puedan suministrar su producto.

En el segmento de distribución, existe una oportunidad importante de reducir costos y mejorar las finanzas de la CFE mediante la reducción de las pérdidas de energía.

La propuesta de reforma al sector eléctrico…1) responde al imperativo fundamental de reducir los costos del servicio eléctrico en beneficio de los intereses generales; 2) sienta las bases para la organización de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos; 3) plantea el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la CFE y de particulares, y 4) fortalece las facultades del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación.

…Los cambios que se plantean para el sector eléctrico… son cambios responsables que se orientan a fortalecer a la CFE y, a la vez, son respetuosos de la propiedad y de la iniciativa privada. Se inspiran en una preocupación social que busca utilizar y complementar los esfuerzos públicos y privados en beneficio del interés general.

…(Se) plantea abrir un mercado de generación… sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional y el bienestar social. Permitir la generación de energía eléctrica por parte de particulares, facilitará dar a los mexicanos y a los sectores público, privado y social energía más barata.

Por lo expuesto, en materia de electricidad, la iniciativa de reforma constitucional pretende generar un marco constitucional idóneo para que… se desarrolle un sistema eléctrico nacional… impulsado conjuntamente por la CFE y por particulares…

Con las reformas propuestas se pretende establecer las bases constitucionales para prever en la legislación secundaria un modelo que se sustenta en los siguientes elementos básicos:

a)  Se reserva al Estado el control del sistema eléctrico nacional, asegurando que el desarrollo de las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución tenga lugar de manera eficiente y armónica, que responda a las necesidades de todos los participantes, públicos y privados y atienda los intereses fundamentales de los usuarios… Del mismo modo, el Estado contará con las facultades necesarias para regir la expansión de las redes de transmisión y distribución…

b)  Se mantiene la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, a la vez que se reitera su carácter de servicio público. Bajo este marco constitucional, la red de transmisión y las redes de distribución de la CFE que actualmente se encargan de proveer estos servicios públicos se mantendrán bajo propiedad del Estado. Adicionalmente, la nueva redacción constitucional permitirá, conforme a las bases que se establezcan en las leyes, que dicha Comisión celebre contratos con particulares. De esta manera, la titularidad de esas actividades a cargo del Estado no será obstáculo para que su organismo operador pueda auxiliarse de terceros para lograr los fines del servicio público…

Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo único.– Se reforma el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27 ...En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. No se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos. El Gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participa en las demás actividades de la industria eléctrica...

Artículo 28 ...No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27, párrafo sexto de esta Constitución.

Análisis crítico

El presidente Enrique Peña Nieto propone la apertura del sector eléctrico a la inversión privada mediante una reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que permita: “abrir un mercado de generación… sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional y el bienestar social. Permitir la generación de energía eléctrica por parte de particulares facilitará dar a los mexicanos y a los sectores público, privado y social energía más barata”.

La iniciativa presidencial presentada al Congreso de la Unión modifica los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de energía eléctrica. En nuestra opinión, estas reformas son improcedentes e innecesarias; asimismo, la argumentación económica, financiera y técnica presentada en la exposición de motivos en la cual se fundamenta la iniciativa resulta inconsistente.

Creemos que el propósito gubernamental es profundizar la privatización y el control externo de la industria eléctrica nacional, y que la idea de la eventual privatización no es actual, sino que la iniciativa lanzada forma parte de un amplio proyecto conjunto del gobierno mexicano e instituciones financieras internacionales concebido previamente; un proyecto compartido por grandes intereses internos y externos. Hay antecedentes, desde 1997, que explican esta idea.

La propuesta presidencial de reformar el artículo 27 significa que, en los hechos, al reservar la exclusividad de la nación en el control operativo de la red nacional de transmisión y distribución de electricidad, renuncia a la exclusividad en el manejo integral del sector eléctrico.

Análisis crítico de la iniciativa

Si el Estado conserva el sector, las inversiones necesarias para su expansión no tienen por qué ser financiadas únicamente con recursos presupuestales. Hay formas alternativas de financiamiento en el mercado de capitales interno e internacional; se podrían emitir acciones, bonos, certificados de participación, etcétera; incluso valores gubernamentales. Una empresa reestructurada, sana y rentable sería una buena opción de inversión en todo el mundo. Segundo, ¿la CFE no es desde ahora rentable o autofinanciable? O, mediante una reestructuración adecuada, ¿acaso no podrá serlo en un plazo razonable?

La eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica nacional serían promovidas por medio de la operación de un mercado eléctrico que permita garantizar que la demanda existente en cada momento sea cubierta con la energía eléctrica generada por las plantas que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, estabilidad y precio.

El gobierno quiere olvidar que tenemos la experiencia reciente e irrebatible de que la privatización y el mercado no garantizan “seguridad, estabilidad y precio”. La privatización de los bancos, su quiebra y su rescate vía Fobaproa; la concesión para construir y operar autopistas; su fracaso, entre otras razones por los equivocados cálculos de aforos que hicieron las empresas constructoras y concesionarias, y su rescate con recursos presupuestales nos recuerdan y evidencian que el gobierno no tiene argumentos consistentes para privatizar el sector eléctrico.

Negociaciones y financiamiento internacionales previos

En julio de 1997 el grupo Equipo Pueblo publicó un amplio documento titulado La banca multilateral de desarrollo y la energía en México. Apoyado en documentos oficiales del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como en entrevistas con funcionarios de ambas instituciones, el análisis reseña algunas políticas de los dos bancos que apuntaban desde entonces a la decisión de privatizar el sector.

Según el documento señalado, aunque el sector energético no ha sido la principal prioridad de ninguno de los dos bancos, una cantidad importante de recursos han sido canalizados a este sector.

En términos de los proyectos principales, el BM ha apoyado al sector con aproximadamente 960 millones de dólares desde 1990, mientras que el BID ha financiado dos proyectos por un total de 405 millones de dólares. El BM fija las prioridades para el sector y el BID muchas veces sigue las prioridades ya marcadas por el BM.

En 1996 el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID aprobó un programa para apoyar el establecimiento de un marco regulatorio propicio al sector de gas natural. Ese mismo año el Programa de Asistencia para el Manejo del Sector Energético del BM (ESMAP, por sus siglas en inglés) apoyó con asistencia técnica un estudio sobre manejo eficiente de energía.

Ya en las décadas de los cincuenta y los sesenta el BM jugó un papel importante en el desarrollo del sector energético mexicano (Staff Appraisal Report: Mexico, Transmission and Distribution Project, The World Bank, 20 de marzo de 1990, pp. 21-22). A partir de 1986, después de que en 1974 habían surgido ciertos problemas políticos entre el Banco y el gobierno con respecto al manejo financiero de la CFE, y cuando era claro que el sector requería mejorar sus instalaciones, finanzas y servicios, la CFE firmó un Acuerdo de Rehabilitación Financiera (ARF) con el gobierno.

Al parecer, el BM ha producido documentos confidenciales para el gobierno mexicano en los cuales sugiere que se tomen ciertas medidas en el sector petrolero y de gas natural; además, ha financiado estudios hechos por consultores privados sobre la reestructuración del sector, con lo cual habría jugado un papel de consejero en el sector petrolero.

Los dos bancos han canalizado todos sus proyectos energéticos al sector eléctrico, la mayoría de ellos para la reestructuración del sector.

Entre las estrategias de largo plazo del BM en el sector energético de México se incluyeron en 1990, entre otras las de: a) ayudar al país a conseguir divisas para financiar su programa de inversiones en el sector; b) promover políticas financieras que eliminen la necesidad de subsidios; c) promover la apertura del proceso de mantenimiento a la competencia internacional; d) ayudar a la CFE en sus esfuerzos de fortalecimiento institucional, y e) promover políticas adecuadas para la promoción de cogeneración y uso eficiente de energía.

Según el documento en referencia, en las negociaciones políticas, los bancos están presionando al gobierno mexicano para reestructurar el sector, cambiando el sistema de regulación y abriendo el sector a la inversión privada. Por ejemplo, el BID aprobó un proyecto de 1.5 millones de dólares del Fomin en 1996 para apoyar al gobierno en el “establecimiento de un marco regulatorio propicio para las inversiones privadas en el subsector del gas natural y fortalecerá institucionalmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”; asimismo, el BID fue el primero en invertir directamente en un proyecto privado: la planta de gas natural en Samalayuca, y los dos bancos intentan establecer un marco para atraer más inversiones privadas.

Así, bajo intensa presión de ambos bancos, el gobierno mexicano ha promovido la privatización gradual del sector energético. La Ley de Electricidad fue reformada en 1992 lo que posibilitó la generación privada de electricidad aunque todavía ahora la transmisión y distribución está en manos de la CFE, también ya se ha liberalizado el mercado de gas natural, permitiendo la participación del sector privado en su transporte, almacenamiento y distribución.

En 1995, el BM aprobó un préstamo de Asistencia Técnica para la Desincorporación de la Infraestructura, diseñado para ayudar al gobierno en el desarrollo de estrategias y políticas y en la preparación de leyes y regulaciones en tres subsectores de infraestructura: energía y petroquímicas, telecomunicaciones y transporte. Dentro de la parte del sector eléctrico, el BM iba a preparar un diagnóstico del sector que incluía una estrategia para la privatización y un plan de acción para instrumentar las modificaciones regulatorias e institucionales. Hasta 1998 el proyecto continuaba. Asimismo, el BM había insistido en la división de la CFE, según sus tres funciones (generación, transmisión y distribución) como un primer paso en la reestructuración del sector, lo cual obviamente buscaba preparar el camino para la privatización.

El BM promovió el establecimiento de la CRE que empezó a operar en 1995. La estrategia de asistencia para el país (CAS, por sus siglas en inglés) de 1996 dice que “el banco proveerá asistencia técnica para mejorar el marco regulatorio para la participación privada” (CAS of Te Word Bank for the United Mexican States, 15 de octubre de 1996, p. 14).

Por otra parte, en 1995 el BID aprobó el financiamiento del primer proyecto de generación privada de electricidad: Salamayuca II, una planta de ciclo combinado (gas natural y diesel). Con ello, el BID apoya un proyecto privado en el cual participa General Electric Company, una de las empresas industriales más grandes del mundo; ICA Fluor Daniel, afiliada a ICA, la constructora más grande de México; Bechtel Enterprises, una firma extranjera que apoya el desarrollo de proyectos, y El Paso Natural Gas Company, una compañía grande que provee y distribuye gas natural en Estados Unidos. Con ello, el banco está violando su propia política de no financiar proyectos privados que podrían ser financiados por el mercado privado.

En materia de electricidad la Secretaría de Energía ha otorgado cinco permisos de exportación de electricidad en la frontera mexicana para instalar plantas con una capacidad nominal de 2,300 Megawatts, con lo que se podrían tener ganancias mínimas de 260 millones de dólares al año. Estas plantas importarán el combustible de la Unión Americana, y solamente utilizarán el suelo mexicano para producir la electricidad y contaminación correspondiente. Estos negocios tan rentables, con ganancias de 580 millones de dólares al año, deben estar en manos de nuestra industria eléctrica nacional.

Primeras conclusiones

Por todo lo señalado, no parece haber razones económicas, financieras ni técnicas suficientemente sólidas para privatizar el sector eléctrico. En cambio ya conocemos la proclividad del actual régimen a privilegiar al mercado irrestricto, y se sabe de financiamientos, influencias y presiones de instituciones financieras internacionales (BM y BID) encaminadas a facilitar y preparar la privatización del sector, así como de proyectos españoles y franceses para construir centrales generadoras.

Para mejorar la operación, rentabilidad y crecimiento futuro del sector eléctrico mexicano, incluso con la reestructuración de la industria y mercado propuesta por el Ejecutivo, no se requiere la privatización.

Aunque de manera formal el gobierno federal no plantea en lo inmediato una privatización, sí se crearían las condiciones para que en el mediano y largo plazos la industria eléctrica quede en manos de particulares, principalmente extranjeros, con lo que al final se llegaría a una privatización de facto.

Cuando, por falta de inversión pública en el sector eléctrico nacional quede rezagado en tecnología, calidad, oportunidad y precios frente al sector privatizado, todos los consumidores del sector nacional querrán ser consumidores del sector privatizado y la privatización será completada a favor de, en el mejor de los casos, una industria eléctrica extranjerizada oligopólica.

Se pretende enajenar la industria eléctrica nacional con todas las desventajas para el país y todas las ventajas para los inversionistas privados. Estos ni siquiera tendrán que realizar suficientes inversiones para usufructuar el gran negocio de la privatización; no necesitan aportar al país suficientes recursos adicionales.

Como la CFE mantendría la infraestructura de transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica con la obligación de otorgar acceso igualitario a todos los generadores, el negocio de los generadores particulares es redondo, pues podrán concretar su negocio de venta de electricidad sin invertir en la parte de la infraestructura desde la transmisión al suministro, se van a ahorrar este tramo de la inversión y sólo invertirán en las plantas generadoras. En una privatización real y completa, los nuevos inversionistas particulares tendrían que comprar las plantas generadoras ya en uso, posiblemente menos productivas que las que van a construir; pero sobre todo tendrán que comprar –o construir– toda la infraestructura, de transmisión hasta suministro.

El costo de esta última parte de la inversión se la van a ahorrar con cargo a las finanzas del país, aun suponiendo que el gobierno les cobre una contraprestación por el uso de dicha infraestructura y que tal contraprestación sea adecuada y correcta, pero es muy probable que ni siquiera esto se cobre de manera correcta. Es como si en el negocio del transporte por ferrocarril, para entrar al muy lucrativo negocio, un inversionista usara sus divisas para comprar máquinas y vagones, pero no gastara en vías férreas, patios, estaciones ni señalamientos; y aun así pudiera operar y obtener sus beneficios esperados. Inmejorable negocio para él. Esto es lo que sucederá con la enajenación de la industria eléctrica.

Por lo demás, las principales empresas extranjeras que han externado su interés por invertir en nuestra industria eléctrica definitivamente no son confiables. De Estados Unidos, Enron ha cometido fraude en California con la venta de electricidad y en todo el país mediante artimañas contables y ahora está en proceso de quiebra. ¿Cómo podría comprar parte de nuestra industria eléctrica?, ¿con qué dinero?... capaz que compra con papel chatarra. De España, las dos principales compañías de electricidad: Endesa –que ya participa junto con Unión Fenosa en el mercado mexicano– e Iberdrola. Han forzado al gobierno español ha elevar las tarifas eléctricas durante los próximos años, a tasas anuales “no mayores” al 2% con el fin de poder hacer frente a sus deudas. ¿Con qué recursos propios podrían invertir en nuestro país y cómo podrían garantizarnos precios bajos y servicio eficiente?

Las falacias gubernamentales

Las reformas, inaceptables por sí mismas, pretenden ser “justificadas” con débiles argumentos. A continuación, presentamos de manera resumida la tesis gubernamental y nuestra opinión al respecto.

–Los requerimientos de inversión en el sector eléctrico durante los próximos años ejercerán una presión sobre las disponibilidades presupuestarias y la capacidad financiera del sector público.

Las inversiones necesarias para la expansión de la CFE no tienen por qué ser financiadas únicamente con recursos presupuestales. Hay formas alternativas de financiamiento en el mercado de capitales interno e internacional, se podrían emitir acciones, bonos, certificados de participación, etcétera, e inclusive valores gubernamentales. Una empresa reestructurada, sana y rentable sería una buena opción de inversión en todo el mundo. Segundo, la CFE es rentable y autofinanciable mediante una reestructuración adecuada de tarifas, subsidios y reglas de operación.

Se argumenta que el Estado destina importantes recursos económicos al sector, sin mencionar que éste, a su vez, provee de recursos al erario nacional, producto de la venta de energía eléctrica y, al comparar los ingresos totales del sector con los presupuestos asignados, de ninguna manera resulta deficitario. Se afirma que al intervenir los intereses privados ya no habrá que destinar recursos al sector, pero se oculta que tampoco se percibirán los ingresos que la industria eléctrica aporta.

La CFE no recibe desde 1993 transferencias presupuestales, lo que significa que sus ingresos son suficientes para cubrir los gastos corrientes y la inversión física, incluyendo las obligaciones de pago derivadas de los proyectos financiados y aún genera remanentes en su operación. La CFE está obligada a pagar al gobierno federal una contribución por concepto de aprovechamiento; es la incorporación a las tarifas de este concepto a los costos de producción, lo que hace aparecer a éstos mayores a los ingresos y cuyo diferencial se considera subsidio; pero como contra el aprovechamiento se podrán bonificar los subsidios, el resultado es un simple intercambio de partidas contables, sin requerir recursos de otras fuentes fiscales, por tal motivo, en los presupuestos federales no se consigna transferencia alguna para la CFE; es decir, que no existe subsidio.

De hecho, los resultados de operación de la CFE arrojan una ganancia de 24 centavos por cada peso que se recauda, sin recibir aportaciones del gobierno federal por los subsidios que él mismo otorgue a los usuarios. Esta situación equivale a que la CFE está pagando los subsidios que se proporcionen a algunas tarifas

–El avance tecnológico experimentado en los últimos años hace factible que el sector privado sea la base del incremento futuro de la generación de energía eléctrica.

Si el gobierno tiene detectados estos avances, ¿qué le impediría adoptarlos en las nuevas inversiones de la CFE al conservar el sector? La tecnología se le vende a quien la compra, ¿sólo las empresas privadas la podrían adquirir? Los inversionistas privados que eventualmente compren los activos del sector, ¿no tendrán que comprar las plantas tal como son ahora? Las inversiones futuras que pudiera hacer el gobierno si conserva el sector bien pueden ser –y así tendría que ser– las más modernas disponibles en el mercado tecnológico. Es decir, tampoco hay razones tecnológicas válidas para privatizar.

–La eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica nacional serían promovidas por medio de la operación de un mercado eléctrico privado.

Se quiere olvidar que tenemos la experiencia reciente e irrebatible de que la privatización y el mercado no garantizan seguridad, estabilidad y precio. La privatización de los bancos, su quiebra y su rescate vía Fobaproa; la concesión para construir y operar autopistas, su fracaso, entre otras razones, por los equivocados cálculos de aforos que hicieron las empresas constructoras y concesionarias, y su rescate con recursos presupuestales nos recuerdan y evidencian que el gobierno no tiene argumentos consistentes para privatizar el sector eléctrico.

–La inversión privada haría posible la adquisición de las tecnologías más avanzadas, lo cual permitiría que nuestra economía continúe compitiendo en las mejores condiciones en el ámbito internacional.

Como ya vimos, la inversión pública también podría adquirir las tecnologías avanzadas. Por consiguiente, esto no es una razón para privatizar. Pero sobre todo, en la propuesta oficial hay una confusión deliberada. Cuando se habla de “inversión privada” de forma implícita está refiriéndose con este término únicamente a empresas privadas que comprarían los activos existentes o construirían nuevas plantas e instalaciones –y que serían constituidas o estarían por constituirse–, para controlar completamente por sí mismas sus activos, aportando la tecnología requerida. Con adecuadas reformas legales es perfectamente viable acotar y definir regulaciones referentes a la autogeneración y la cogeneración con venta de excedentes de la CFE que permitan al sector privado jugar un rol complementario en el sistema eléctrico nacional.

Para mejorar la operación, rentabilidad y crecimiento futuro del sector eléctrico mexicano no se requiere la privatización encubierta de la iniciativa presidencial. Nuestra oposición a la privatización gradual y encubierta de la energía eléctrica corresponde a la defensa de la autodeterminación del país y la protección de los intereses vitales y estratégicos de la nación, buscando preservar nuestra autonomía en el marco de los conflictos geopolíticos internacionales contemporáneos; de manera que en nombre de la sociedad mexicana, el Estado es el responsable de cuidar los recursos energéticos y garantizar que sus beneficios –no sólo económicos sino sociales– se utilicen en apoyo del desarrollo de la nación y de sus habitantes. Por lo tanto, debemos discutir acerca de las modificaciones que el sector eléctrico requiere para mejorar su funcionamiento y garantizar su crecimiento sin privatizarlo.