EL PÉNDULO PETROLERO*

Víctor Rodríguez-Padilla1

Después de la guerra de Independencia, la propiedad de los mantos de petróleo y de otros minerales pasó de la corona española al dominio de la nación. Durante la dictadura porfirista se concedió a los dueños de tierras la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. Gracias a la Revolución Mexicana y a los gobiernos de herencia revolucionaria se recuperó la propiedad y se reservó para el Estado la explotación directa de ese recurso natural no renovable, valioso y estratégico. Cien años después, en los albores del siglo XXI, en un contexto de neoliberalismo económico, olvido de la historia, pragmatismo y ausencia de proyecto nacional, el sector privado nacional y extranjero tiene nuevamente amplio acceso a la propiedad y a la explotación de los hidrocarburos.

Introducción

El nacionalismo en la industria petrolera evoca una doctrina, un fenómeno histórico, un proceso, un valor, un sentimiento, una visión de país. Como doctrina, el nacionalismo reivindica la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, su valorización por parte del Estado y la subordinación del manejo de reservas y producción a las políticas de desarrollo. Es un dogma nutrido de ideas socialistas, comunistas, antiimperialistas y anticapitalistas, que muchos países abrazaron en algún momento de su historia, no pocas veces por contagio en un clima geopolítico favorable.

El nacionalismo nació en América Latina poco tiempo después de que se otorgaron las primeras concesiones, al inicio del siglo XX. El fenómeno se generalizó a todos los continentes durante la posguerra y alcanzó su culminación con la “revuelta” de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) durante la década de los setenta. El nacionalismo adoptó formas diversas, entre ellas la estatización de propiedades y actividades petroleras. La propiedad y el monopolio estatal sobre el petróleo y el gas natural fueron elementos indispensables en la consolidación del Estado nación; todavía hoy siguen jugando ese papel en algunos países.

En su carácter de valor patriótico, nacionalismo significa defensa de la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la cual fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de un largo proceso de lucha diplomática en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado.

El nacionalismo traduce un sentimiento en contra de una acción externa. Evoca la lucha de liberalización del petróleo de manos de rapaces compañías extranjeras apoyadas por países poderosos. Fue una respuesta de los pueblos oprimidos a las prácticas imperialistas, cristalizado en el saqueo, a la prepotencia y a la arbitrariedad del sistema de concesiones. En ese contexto, la intervención directa, amplia y contundente del Estado para corregir atropellos y direccionar el rumbo de la industria petrolera se conoce como nacionalismo.

El nacionalismo nació del deseo de un desarrollo independiente después de un pasado colonial. Poner el petróleo al servicio del desarrollo mediante la propiedad de los recursos, una mayor participación en las ganancias y el control gradual de las actividades relacionadas fue un objetivo fundamental que se propusieron los países agraciados con ese recurso natural. Esa visión nacionalista contenía una mezcla de valores, intereses y aspiraciones que la convirtieron en un reto vital, una imagen que se arraigó con fuerza en la sociedad.

El nacionalismo no existe per se. Surge y se mantiene cuando hay condiciones propicias, típicamente cuando el Estado no puede ejercer la soberanía sobre los recursos naturales o ese derecho originario, inalienable y permanente está amenazado por intereses ajenos a la nación.

Por los objetivos que persigue el nacionalismo ha sido uno de los factores políticos que más han contribuido a las transformaciones estructurales de la industria petrolera internacional. Puso un alto al sistema de concesiones y desempeñó un papel crucial en la recuperación de la propiedad del recurso natural y en la administración de segmentos completos de la industria petrolera por parte de los países en desarrollo productores de hidrocarburos.

Después de su auge mundial en la década de los setenta, el fervor nacionalista amainó. La caída de los precios del petróleo, el liberalismo económico y el fin de las economías planificadas favorecieron el regreso de las compañías petroleras internacionales en la década de los noventa, aunque ya no en las mismas condiciones de antaño.

México fue uno de los primeros países donde surgió el nacionalismo petrolero. Durante más de 40 años vivió un periodo de auge pero luego declinó. El cambio de contexto económico y político, nacional e internacional, ha propiciado el desarrollo de fuerzas contrarias a la exclusividad del Estado, que han socavado las bases nacionalistas y propiciado el regreso paulatino del petróleo y la industria petrolera a manos privadas. El objetivo de este ensayo consiste en mostrar el proceso de desnacionalización, nacionalización, desnacionalización que se ha desarrollado en México a lo largo de más de un siglo. Se divide en dos partes: la primera aborda el ascenso y auge del nacionalismo petrolero; la segunda, su caída, el regreso del péndulo del que hoy somos testigos.

1. La primera privatización: el petróleo y la industria
petrolera en manos privadas

Con la consumación de la independencia en 1821, el subsuelo y los valiosos recursos que contiene pasaron del patrimonio del monarca de España al dominio de la nación mexicana. En aquel entonces el petróleo era un producto nocivo porque dejaba inservible las tierras que impregnaba cuando emergía a la superficie por razones naturales o producto de perforaciones en busca de agua. La maldición se convirtió en bendición cuando el progreso técnico hizo posible la refinación y el uso de los derivados del petróleo para iluminación, producción de calor y generación de fuerza motriz. Sobre esa base se erigió uno de los grandes paradigmas del siglo XX: el automóvil de gasolina, invento que ha trasformado valores, modos de vida, el territorio y el ambiente. Los primeros pozos comerciales se perforaron en Estados Unidos y Rumania en 1856. En México, la primera se realizó cerca de las chapopoteras de Cougas, conocido después con el nombre de Furbero, en las inmediaciones de Papantla, Veracruz, en 1869.2

Durante el Porfiriato (1876-1910) se realizó la primera privatización del petróleo. En 1884 el gobierno de Manuel González, subordinado del dictador, elaboró una ley minera donde se estableció que los depósitos de carbón y petróleo dejarían de ser propiedad de la nación en beneficio de los dueños del suelo. El código minero de 1892 completó el marco permitiendo la explotación del petróleo en tierras federales sin necesidad de solicitar una concesión al gobierno central. En 1901 la primera ley petrolera reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo encontrado en sus terrenos. Para la búsqueda de petróleo en tierras del Estado se estableció un sistema de concesiones, las cuales comenzaron a otorgarse en 1906.

La legislación de 1909 coronó el periodo durante el cual el petróleo fue arrebatado a la nación. Ya con plena conciencia del valor económico de ese don de la naturaleza, el enorme potencial del país y del valor que se estaba entregando a unos cuantos, la dictadura no vaciló ni tuvo escrúpulos para establecer que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales bajo todas sus formas y variedades”, así como los “criaderos o depósitos de materias bituminosas” eran “propiedad exclusiva del dueño del suelo”. Detrás de esa reforma se encontraban las compañías petroleras que buscaban consolidar sus privilegios. De esa manera se dio carta de naturalización al modelo que se aplicaba en Estados Unidos.

Los argumentos que justificaron otorgar ese privilegios a los propietarios de tierras eran los mismos que hoy solemos escuchar: que el país necesitaba ese petróleo y que la única manera de descubrirlo y extraerlo era alentar la inversión de aquellos que tenía la tecnología, el capital y la experiencia, pues sólo ellos eran capaces de organizar una industria petrolera moderna.

Las políticas favorables a la propiedad privada y a los intereses extranjeros se complementaron con un sistema fiscal muy ventajoso, pues las compañías sólo tenían que pagar el impuesto del timbre, equivalente a 0.2% del valor mercantil de la producción.

Gracias a las enormes facilidades otorgadas por el gobierno porfirista, las compañías petroleras se multiplicaron y consiguieron inmensos territorios, ya sea por compra directa, renta de tierras o concesión. Los pioneros fueron mexicanos, pero cedieron rápidamente ante el empuje de empresarios extranjeros, como el estadunidense Edward L. Doheny que fundó La Huasteca y el inglés Weetman Pearson, creador de El Águila Oil Company, las cuales llegaron a controlar más de 1 millón de hectáreas de tierras con potencial petrolero. Connotados miembros de la oligarquía mexicana participaban en los consejos de administración de esas empresas. En 1916, 400 compañías extranjeras poseían derechos sobre el petróleo mexicano. La mayoría acabó siendo absorbida por la Royal Dutch/Shell y la Standard Oil of New Jersey (hoy Shell y ExxonMobil, respectivamente), que atraídas por el enorme potencial petrolero llegaron al país en 1912 y 1917. La Standard Oil provenía del imperio Rockefeller, el cual había sido desmantelado en 1911 por la ley antimonopolios del país vecino.

El aumento de la demanda mundial de petróleo, la elevación de los precios asociada a la Primera Guerra Mundial y la generosidad de la geología mexicana, dieron por resultado un aumento sustancial de la producción entre 1910 y 1921, que llevó a México al primer lugar como exportador y al segundo como productor de petróleo crudo en el mundo.

Esos resultados, aparentemente espectaculares, tuvieron un altísimo costo, no sólo fiscal sino también social. Por una parte, muchos de los terrenos fueron adquiridos en condiciones desastrosas para sus propietarios, donde los engaños, las amenazas y la violencia eran un lugar común. Con la complicidad de autoridades débiles o corruptas, las compañías hicieron de las zonas petroleras lugares con sus propias leyes, autoridades y policías. Crearon un Estado dentro de otro Estado. Comunidades y agricultores despojados; obreros en la miseria; accidentes gigantescos; destrucción de yacimientos; despilfarro; agotamiento acelerado de reservas; concentración de fortunas fabulosas en unas cuantas manos; intromisión en los asuntos internos y amenazas de invasión por parte de los gobiernos que apoyaban a las compañías, son algunos de los rasgos y las herencias de ese modelo de explotación petrolera. Históricamente ha sido una de las formas más salvajes del capitalismo.3

Esa dinámica tenía escaso impacto en el sistema productivo. Las compañías organizaban y controlaban las operaciones de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Decidían volumen y naturaleza de las inversiones, zonas de trabajo, planes de exploración, yacimientos a desarrollar, capacidad de producción, ritmo de extracción y volumen de exportación, en función de acuerdos entre empresas y la evolución del consumo mundial. Como resultado, la industria petrolera estaba aislada del resto de la economía mexicana y algunas zonas petroleras padecían sobre explotación o estancamiento. Las compañías podían apropiarse de un petróleo muy barato para revenderlo a precios altos. El principal beneficiario de ese sistema no era México, sino las empresas que lo extraían, exportaban, transformaban y vendían como productos. Las compañías aseguraban los más altos beneficios sin la menor obligación de satisfacer las exigencias del desarrollo económico y social de los mexicanos ni las del propio sector petrolero.

Ascenso y auge del nacionalismo

Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 inició un proceso de recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y de la renta petrolera. Esa reversión tenía la finalidad de aprovechar el petróleo para industrializar al país, aprovechar racionalmente el recurso, terminar con los abusos de las petroleras y hacer valer la soberanía. Lo primero fue aumentar los impuestos.4 Lo segundo fue crear competencias técnicas e institucionales para el ordenamiento, regulación y fiscalización de las actividades petroleras. Después vinieron cambios legislativos de suma importancia.

En mayo de 1917 entró en vigor una nueva Constitución. En el artículo 27 se restableció la propiedad nacional del subsuelo y sus riquezas, pero permitía la explotación de los hidrocarburos mediante concesiones. El constituyente de Querétaro no se aventuró a reservar para el Estado la explotación, porque las circunstancias políticas y diplomáticas eran desfavorables. Sin embargo, la idea de fondo era que poco a poco, en forma gradual pero progresiva, el Estado consiguiera el control de la industria petrolera. No fue fácil. Obviamente las compañías se resistieron y ejercieron su poder para contrarrestar el embate del Estado. La expedición de la nueva Constitución dio inició a un periodo de hostilidad y enfrentamiento con varias potencias extranjeras, especialmente con Estados Unidos y Gran Bretaña, al grado que barcos de guerra arribaron a Tampico y Veracruz con intenciones poco amistosas.5 La confrontación con las empresas extranjeras y sus gobiernos fue un elemento central que forjó el nacionalismo mexicano que aún subyace en la conciencia colectiva y que tanto detestan los inversionistas extranjeros y sus aliados en el país.

Los gobiernos postrevolucionarios fueron prudentes. Evitaron el enfrentamiento directo pero nunca quitaron el dedo del renglón. Querían que las compañías aceptaran las nuevas reglas del juego. En 1925 se promulgó una ley que reglamentó el artículo 27, la cual postulaba que las antiguas concesiones no habían sido otorgadas a perpetuidad sino por un periodo de 50 años. Las compañías petroleras alegaron que los revolucionarios nacionalistas hacían una interpretación retroactiva de la ley y que por tanto era contraria al derecho internacional. La SCJN les dio la razón. El gobierno no se amilanó. En 1928 se expidió la Ley del Petróleo que obligaba a las compañías a intercambiar sus antiguas concesiones contra concesiones confirmatorias. Las compañías adoptaron una actitud rebelde, arrogante e insolente.

Frente a esa actitud de no reconocer las bases y las aspiraciones del nuevo Estado de intervenir directamente en el proceso productivo y de regular la actividad petrolera, el resultado ineluctable fue su salida de México. El momento llegó cuando las compañías no aceptaron la decisión de la SCJN que les daba la razón a los sindicatos en una huelga que duraba ya varios meses por mejoras salariales y una mayor participación en las decisiones de la industria. Ante el desacato, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los activos de las compañías el 18 de marzo de 1938. La medida, que contó con un amplio respaldo político y social, afectó a 80% de la industria. Un día después de la expropiación se creó el Consejo de Administración del Petróleo y algunas semanas después, el 7 de junio, surgió Petróleos Mexicanos (Pemex), organismo público que comenzó a concentrar terrenos, activos y actividades de la industria petrolera. Era el instrumento mediante el cual la nación ejercería en adelante la propiedad de los hidrocarburos y el derecho a explotarlos sin intermediarios. La expropiación de 1938 –señala Lorenzo Meyer– cortó de tajo el nudo gordiano creado por casi tres decenios de controversias legales, políticas y diplomáticas en torno a la propiedad del petróleo. El 19 de noviembre de 1940 entró en vigor una reforma constitucional que prohibió las concesiones y estableció que la forma en que la nación llevaría a cabo las explotaciones del petróleo y los demás hidrocarburos quedaría asentada en la ley reglamentaria.

La expropiación debilitó a las compañías pero no las eliminó. Movilizaron toda su influencia para que la industria petrolera nacionalizada fracasara y México se viera obligado a recurrir nuevamente a ellas. Aplicaron un boicot comercial y técnico, al tiempo que buscaban negociar una participación operativa mediante mecanismos diferentes a las concesiones. Con ayuda del gobierno de Estados Unidos lo consiguieron 10 años después.

Los contratos de riesgo: se abre una brecha
en la nacionalización

Durante el sexenio de Miguel Alemán (1948-1952), presidente que dejó huella por sus excesos y corruptelas, Pemex otorgó 17 “contratos de perforación”, mejor conocidos como “contratos riesgo”. Se trataba de contratos de 25 años mediante los cuales las compañías extranjeras se comprometían a explorar en el área asignada y en caso de éxito perforaban los pozos necesarios para extraer los hidrocarburos; los pozos productivos era transferidos a Pemex para su explotación; el petróleo producido era propiedad del organismo público, que aseguraba, como hace hoy día con los “contratos incentivados”, tener en todo tiempo la supervisión y el control de los trabajos, pues autorizaba los programas y presupuestos respectivos. El contratista reconocía que en ningún caso y por ningún motivo podría alegar ni tendría derecho alguno, directa o indirectamente, sobre la propiedad o posesión de yacimientos, productos, construcciones e instalaciones.

Todas las inversiones corrían a cargo del contratista. Este recibía el reembolso de los gastos incurridos y una utilidad. La fuente de ingresos para hacer frente a esas obligaciones de pago era precisamente el importe de la venta del petróleo: 50% se destinaba al reembolso de las inversiones, costos y gastos efectuados, 15% al pago de la utilidad ofrecida. La compañía recibía en total 65% del ingreso que se obtuviera de todo pozo productor y Pemex se quedaba con el 35% restante. Pemex no pagaba los pozos secos, pero le daba preferencia al contratista para comprar y exportar los hidrocarburos extraídos, esto último siempre y cuando el mercado interno estuviera abastecido. Con esa operación de, coloquialmente hablando, “me dejas todos listo para producir petróleo y luego te lo vendo para pagarte lo que te debo”, el pago monetario era equivalente a un pago en especie. Los contratos se negociaron con representantes de Estados Unidos y fueron entregados a firmas de ese país. De ahí que la revista comentara que uno de sucesos más brillantes del director de Pemex de la época, el senador Antonio J. Bermúdez, fue conseguir que regresaran los norteamericanos a los campos petroleros mexicanos. Hoy, en un olvido de la historia, un conjunto de campos petroleros lleva el nombre de ese indigno y desacreditado personaje.

Obviamente tales contratos despertaron una fuerte oposición social. El presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados, Natalio Vázquez Pallares, fue insistente en demostrar y denunciar que la dirección general de Pemex violaba la Constitución, la ley reglamentaria y el espíritu de nacionalización al entregar a compañías extranjeras el disfrute de la riqueza petrolera mediante contratos ajenos al interés del país; asimismo, que el petróleo mexicano regresaba a poder de empresas extranjeras nulificando la expropiación de 1938.

El procurador general de la República de la época defendió los contratos de riesgo con argumentos similares a los que oímos en la actualidad. Calificó de ligeras las aseveraciones de que se otorgaba a compañías extranjeras el disfrute de la riqueza petrolera del país. Puntualizó que el pago por inversión e intereses se realizaba en efectivo. Además, al establecer que en ningún caso y por ningún motivo los contratistas podrían alegar no tener derecho alguno de propiedad o posesión sobre los terrenos, yacimientos o productos, no se permitía que ni un solo litro de petróleo fuera a parar a manos de particulares, nacionales o extranjeros. En consecuencia, los contratos cumplían plenamente el mandato constitucional de que el petróleo, su explotación y su aprovechamiento eran de México y para bien de México. Insistió que no existía ninguna posibilidad de que el petróleo mexicano volviera a poder de empresas extranjeras. Consideró que lo antipatriótico estaba en no trabajar para descubrir los ricos yacimientos que existían en el subsuelo y en pretender poner obstáculos para desorientar o confundir a la opinión pública. Concluía diciendo que Pemex trabajaba con el afán de aumentar la producción petrolera en bien de la economía nacional.

Pocos creyeron el discurso oficial pues en aquella época había lucidez. La oposición social logró detener la asignación de más contratos, pero no su anulación. La batalla se ganó hasta 1960, cuando entró en vigor una reforma constitucional que prohibió definitivamente los contratos petroleros, en los términos que se mantuvieron vigentes hasta diciembre de 2013 en el artículo 27 de la máxima ley del país:

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni “contratos”, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni “contratos”, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

Ocho años más tarde, Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, negoció la terminación anticipada de los contratos que subsistían. Sin embargo, las compañías extranjeras y sus gobiernos volverían a insistir. Cuando México ha tenido problemas económicos, cuando ha necesitado un préstamo o durante la negociación de un tratado comercial, voces extranjeras son las primeras en pedir el fin de la exclusividad del Estado en la explotación petrolera. Su persistencia fue finalmente recompensada como veremos más adelante.

Pemex al servicio de la patria: el esplendor nacionalista

La expropiación petrolera y la creación de Pemex se insertó en la instauración de un modelo de desarrollo económico independiente y orientado hacia adentro, basado en barreras para proteger a la economía del exterior, la industrialización, la sustitución de importaciones, un fuerte intervencionismo del Estado, incentivos a la inversión privada nacional y restricciones a la entrada de capital externo.

Dentro de ese marco de referencia Pemex jugó un papel clave al ser considerado instrumento privilegiado del desarrollo económico y el bienestar social. Fueron cuatro décadas de supeditación a las necesidades del crecimiento y progreso del país. Se le asignaron tareas que superaron criterios y objetivos de una empresa petrolera, entre otras, garantizar la autosuficiencia, aprovisionar el mercado interno con petrolíferos baratos; fomentar el desarrollo de la industria local; mejorar el nivel social y cultural de los trabajadores; promover el desarrollo de las zonas petroleras (construcción de caminos, puentes, escuelas…). Es lo que se conoce como la de la empresa petrolera. Sobre esa base la empresa incursionó en nuevas actividades productivas, petroquímica, entre otras, hasta construir una poderosa industria petrolera altamente integrada. Además de realizar directamente la exploración, extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución, Pemex creó unidades o empresas suministradoras de servicios. Pemex se convirtió en sinónimo de industria petrolera.

Pemex también jugó un papel político. Para mantener funcionado la industria petrolera sin los técnicos de las compañías y enfrentar el bloqueo técnico, comercial y financiero que orquestaron estas últimas, se estableció una alianza para poner en marcha una división del trabajo que convenía a los intereses de cada una de las partes: el sindicato logró participar en las tareas operativas, la contratación de trabajadores, la realización de obras y la prestación de servicios; el gobierno federal conservó la dirección estratégica a través del control del Consejo de Administración; por su parte, el cuerpo directivo retuvo el control de la operación. Al sector privado se le permitió participar en actividades complementarias o específicas, como el suministro de bienes y servicios y la distribución y venta de petrolíferos. Con esa estructura, el gobierno garantizó el control administrativo y político del conjunto de actividades petroleras. Sin embargo, el esquema no estaba exento de problemas, por ejemplo, la industria adoptó las características de un sistema corporativista y clientelar, tal como ocurría en otros sectores de la economía.

El “boom” petrolero: la dilución del nacionalismo frente al oportunismo y la crisis financiera

Durante los años setenta el gobierno federal adoptó un nuevo enfoque en razón de la escasez mundial de petróleo, los altos precios del energético, y el descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo y gas en el sureste del país. Las tesis tradicionales de limitar el uso de los hidrocarburos a la satisfacción de la demanda nacional, reservar los trabajos petroleros al propio organismo y cuidar celosamente el patrimonio geológico se desmoronaron ante la premura de aprovechar la oportunidad de hacer del petróleo un gran negocio, aunque era inocultable la presión de Estados Unidos para que México alimentara a la economía del país vecino con un flujo abundante y seguro de energía.

El camino que tomó el gobierno de José López Portillo (1976-1982) es conocido. Consideró que una política agresiva de exportaciones petroleras agenciaría los recursos necesarios para financiar un ambicioso proyecto de industrialización y modernización, en donde el Estado figuraba todavía como el promotor del desarrollo. Los resultados volumétricos fueron espectaculares: entre 1976 y 1982 la producción se triplicó; ese último año las ventas foráneas alcanzaron 1.5 millones de barriles por día que colocaron al país en el cuarto lugar mundial como exportador.

Para financiar esa colosal expansión Pemex recurrió al endeudamiento. El organismo se transformó en el mayor contribuyente y agente financiero del gobierno federal, situación que perdura hasta nuestros días. La precipitación, la irresponsabilidad financiera y el gasto a manos llenas se tradujeron en despilfarro, exceso, corrupción y proyectos fallidos –como la venta de gas a Estados Unidos, utilizando un costoso gasoducto–, que dieron origen a una fuerte oposición social encabezada por el ingeniero Heberto Castillo.

Con el pretexto de cumplir las ambiciosas metas de producción, Jorge Díaz Serrano, director de Pemex y socio de empresas petroleras estadunidenses, impulsó la contratación de firmas privadas de servicios petroleros, especialmente de compañías perforadoras –con Schlumberger y Halliburton a la cabeza– que iniciaron un rápido ascenso hasta convertirse en firmas dominantes con poder suficiente para influir no sólo en las orientaciones estratégicas, sino también en la designación de los directivos de Pemex encargados de la exploración y producción de hidrocarburos.

La caída de los precios del petróleo, el endeudamiento excesivo y el aumento de las tasas de interés desembocaron en 1982 en una crisis financiera de grandes proporciones, conocida como la “crisis de la deuda”, que puso fin a los sueños de administrar la abundancia. El contexto internacional y las condiciones impuestas por los acreedores desquebrajaron el modelo de desarrollo basado en la conducción económica por el Estado y su presencia directa en el aparato productivo. La industria petrolera escapó a la privatización, pero no al resto de los programas de ajuste estructural derivados de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por un lado, Pemex conservó sus atribuciones en cuanto a garantizar el abasto de combustibles, exportar para obtener divisas y aportar recursos al fisco, al tiempo que se comenzaron a eliminar subsidios y tareas sociales. Por otro lado, el petróleo quedó atado al pago de la deuda externa, estigma que se repitió durante la crisis financiera de 1994-95 cuando Ernesto Zedillo aceptó que las facturas de Pemex por concepto de exportaciones quedaran embargadas hasta que México no reembolsara completamente los intereses y el préstamo por 20 mil millones de dólares otorgado por Bill Clinton, presidente de Estados Unidos.

2. El nacionalismo declina frente al empuje neoliberal:
el petróleo y la industria petrolera retornan gradualmente a manos privadas

Durante los últimos 20 años la industria petrolera ha sido sometida a un proceso de apertura, desregulación, liberalización y privatización, al tiempo que Pemex se encoge, disipa sus competencias, pierde su patrimonio, cambia de ideología y facilita la expansión acelerada de la iniciativa privada. Ese derrotero se inscribe en un proceso más general de apertura del sector energético.

Apertura salinista: desmembramiento de Pemex

Con las acciones desplegadas contra del sindicato y sus dirigentes, el contrato colectivo y los trabajadores –considerados por la administración de Carlos Salinas como escollos a la modernización–, más allá de la venganza política,6 el Gobierno federal en asumió plenamente la dirección del organismo y de la industria en 1989. A partir de ese momento le imprimió un giro a la política petrolera y al manejo de Pemex para ponerlos en sintonía con los preceptos de la economía neoliberal y la integración subordinada a Estados Unidos. Se puso fin al principio de autosuficiencia o autarquía energética.

Abrazando las ideas de centros de pensamiento afines y generosamente financiados por el gran capital, y siguiendo las guías de organismos financieros internacionales y su séquito de consultores, que llegaron con el nuevo modelo bajo el brazo, los operadores salinistas comenzaron a sustituir el control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica por mercados con participación de empresas nacionales y extranjeras. La idea de todos esos cambios era limitar progresivamente el papel del Estado para reducirlo al de propietario de los recursos naturales, rector de la actividad y regulador de la competencia, un papel reducido y apocado, ajeno a la letra y espíritu de la máxima ley del país. La contraparte de ese repliegue sería la apertura de espacios y el acomodo del sector privado, para que ya instalado y fortalecido presionara por más y mayores cambios y exigiera la irreversibilidad del proceso argumentando la necesidad de brindar certidumbre jurídica a las inversiones.

Entre los operadores de esa política se impuso la corriente pragmática que postulaba la conveniencia de mantener, al menos por un tiempo, el control directo de las actividades más rentables –la extracción y exportación de petróleo crudo– fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, el papel del petróleo en las finanzas públicas y la distribución del ingreso, al facilitar el pago puntual de la deuda externa y el cobro de pocos impuestos a inversionistas, grandes empresas y familias acaudaladas; en segundo lugar, el arraigado nacionalismo que hacía inviable una privatización rápida y directa, pues ni el gobierno ni su partido estaban dispuestos a asumir costos políticos demasiado importantes. La ilegitimidad que cubría a Carlos Salinas y la popularidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, y defensor de una industria petrolera nacionalizada, amplificaban el riesgo. En esas circunstancias, la clase gobernante prefirió abrir la industria petrolera cambiando leyes y reglamentos, dándole la vuelta a la Constitución.

Los rasgos esenciales de esa estrategia de apertura fueron los siguientes: primero, hacer la distinción entre el recurso natural, el conjunto de actividades productivas necesarias para aprovecharlo y el organismo encargado de dichas actividades y, segundo, transformar de manera específica cada uno de esos ámbitos:

– En el plano del recurso, reservar para el Estado la propiedad de los hidrocarburos y la administración de los campos petroleros, pero dejando su explotación en manos privadas mediante contratos equiparables económicamente a concesiones;

– En el plano de la industria, organizar las actividades de refinación, almacenamiento, transporte y distribución como mercados, acomodar a nuevos operadores, multiplicar su número y restringir la inversión pública;

– En el plano de la empresa pública, seccionar, reducir, limitar, inmovilizar y debilitar técnica y financieramente a Pemex, siguiendo la técnica sugerida por el Banco Mundial de “llevar a la empresa a punto de privatización”, incluyendo la reducción de la inversión, el remplazo del capital público por capital privado, la operación a través de terceros (el uso indiscriminado del crédito, la acumulación de pasivos, las restricciones presupuestales y la aplicación de una carga fiscal excesiva, así como el remplazo o transformación de técnicos en administradores de contratos, propiciando la pérdida de competencias, conocimientos y experiencia).

Finalmente, algo no menos importante: operar un cambio cultural, transformando ideas, objetivos, principios, criterios y mentalidades, mediante el despido o jubilación de nacionalistas, críticos, sindicalistas e izquierdistas, así como el remplazo de profesionistas de extracción humilde formados en universidades públicas por egresados de universidades privadas, conservadores y de clase media alta. La intención era acabar de una vez y para siempre con el paradigma de Pemex al servicio de la patria, palanca del desarrollo, para dejar en su lugar el paradigma de Pemex empresa comercial en busca de resultados económicos. De ahí la orden de organizarse, comportarse y evaluarse, en comparación con firmas internacionales como si Pemex fuera una firma privada aunque no lo fuera ni tuviera los mismos objetivos ni la libertad para actuar en función de la oportunidades del mercado. Con el tiempo la idea de razonar en términos de resultados económicos fue evolucionando, hasta llegar hoy día al eslogan omnipresente, absoluto y simplificador de “maximizar la creación de valor (económico)”, el cual se sitúa en la cúspide de ideales, objetivos, metas, criterios y lineamientos operativos, a pesar de que el mandato legal de Pemex es sensiblemente distinto.

La implementación de esas políticas se concretó en la división de Pemex en cuatro empresas subsidiarias y un corporativo; una amplia gama de actividades fueron abandonadas, la inversión se concentró en extraer petróleo; se realizaron coinversión con el sector privado7,el contratismo se extendió a todas las áreas para que el empresariado tuviera más oportunidades de hacer negocio. Se restringió el presupuesto y se endureció el régimen fiscal para reducir la capacidad de inversión del organismo público y justificar la inversión privada, al mismo tiempo que se preparó la apertura de la industria de gas natural. Durante las negociaciones del TLCAN 1991-1992 se pactó la apertura de la petroquímica. El gobierno mexicano se reservó el petróleo y el gas, pero abrió las compras gubernamentales, dando pauta al desarrollo explosivo de la contratación de obras y servicios con empresas extranjeras.

Zedillo: apertura de la industria del gas natural
y la petroquímica

En el contexto de la crisis financiera de 1994-1995 la administración de Ernesto Zedillo convenció al Congreso –donde la representación de la izquierda era muy escasa– de sustraer de la industria petrolera las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, venta y comercio exterior de gas natural, para que se desarrollaran como mercados abiertos a la inversión privada. El transporte de gas licuado por medio de ductos fue incluido en el proceso. Poco tiempo después se privatizaron las redes de distribución de gas natural de Pemex y CFE. Las nuevas disposiciones regulatorias ahora le impiden a Pemex participar en la distribución de ese energético. La petroquímica se abrió completamente en 1996 y se pusieron en venta los complejos de Pemex aunque el proceso fracasó por torpezas administrativas. El Estado conservó la exclusividad en “petroquímicos básicos”, los cuales no son petroquímicos, pero que el gobierno nombró de esa manera para ocultar el alcance de la reforma. El contratismo se aceleró en forma notable. Se aprobaron grandes paquetes de obras realizados y financiados por firmas extranjeras bajo el esquema project financing localmente denominado Pidiregas.8

Vicente Fox: el regreso de los contratos petroleros

Vicente Fox y su administración redoblaron los intentos por abrir la industria petrolera y socavar las bases técnicas, financieras y gerenciales de Pemex. El mandatario repetía sin cesar “Pemex no se privatiza”, sin embargo, su gobierno transfirió sistemáticamente la operación petrolera a empresas extranjeras. Excluyó al organismo de cualquier proyecto de importación y regasificación de gas natural licuado dejando el camino libre a las trasnacionales Shell, Sempra, Repsol, Marathon y Chevron-Texaco. Cooperó diligentemente con Estados Unidos para compatibilizar la regulación mexicana con la de ese país. Aceleró la extracción de petróleo crudo y su envío al norte del río Bravo a pesar del desplome de las reservas mexicanas. “A Estados Unidos el petróleo que quiera”, se ufanaba en repetir el fatuo presidente, que gustoso se convirtió en promotor de la estrategia estadunidense de seguridad energética en América Latina,9 servilismo que le valió el título de “cachorro del imperio”, por parte del presidente venezolano Hugo Chávez.

Cumpliendo los acuerdos a los que llegó con George W. Bush, Fox puso en marcha los Contratos de Servicios Múltiples que permitieron a empresas extranjeras explorar, extraer, procesar gas natural, así como elaborar gas metano y otros “petroquímicos básicos”, en un marco jurídico que no contemplaba esa posibilidad. Entre 2004 y 2006 se asignaron siete contratos y hubieran sido más si el sector privado no hubiera desdeñado algunas de las áreas ofrecidas. La incompatibilidad de los CSM con la Constitución y la legislación secundaria dio pauta a dos demandas judiciales presentadas en abril y mayo de 2004: la primera, por parte de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria del Petróleo; la segunda por 170 senadores y diputados representados por el senador Manuel Barlett Díaz, las cuales fueron desechadas por el Poder Judicial por “falta de interés jurídico”.

Para justificar la política de apertura y entrega, el gobierno foxista generó un ambiente de crisis e incertidumbre sobre el abasto de combustibles. Destacó la supuesta incapacidad del sector público para asumir las inversiones y responder a los retos técnicos y financieros, al tiempo que mantuvo a la sociedad bajo la amenaza de escasez, racionamientos e importaciones masivas, cuando esos resultados eran, por omisión o comisión, producto del accionar gubernamental. Los medios masivos de comunicación ligados a intereses empresariales jugaron un papel central en la estrategia de desinformación, desasosiego e intimidación.

Felipe Calderón: apertura de toda la cadena de suministro

La desnacionalización dio un gran salto hacia adelante durante la administración de Felipe Calderón. Bajo la bandera de “vamos a fortalecer y modernizar a Pemex”, los legisladores aceptaron realizar una vasta reforma a finales de 2008 que revirtió la letra y el espíritu de la Constitución sin tocarla formalmente. Los cambios decretados por el Congreso se complementaron con reglamentos, disposiciones y lineamientos emitidos por el gobierno federal. Dos de esos reglamentos fueron objeto de controversias constitucionales promovidas por la Cámara de Diputados, pero fueron resueltas negativamente por la SCJN, que nunca tocó el fondo del asunto: la privatización de las actividades petroleras.

En adelante, leyes y reglamentos permitieron que empresas privadas nacionales y extranjeras realizaran cualquier actividad petrolera ya sea mediante contratos asignados por Pemex o permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía para realizar actividades aguas por debajo en la cadena de valor. La ley estableció que la explotación de los yacimientos transfronterizos se realizaría según los tratados internacionales que México negociara con los países vecinos, es decir, con términos y condiciones eventualmente distintos a los que aplicarían en el resto de la República mexicana; también preveía mercados mayoristas de gas natural, petrolíferos y petroquímicos básicos, que iniciarían a la salida de campos de producción, de las refinerías o de las instalaciones de procesamientos (puntos de venta de primera mano). Los sistemas de almacenamiento, transporte y distribución, después de las ventas de primera mano, serían de acceso abierto,10 lo cual significaba que cualquier empresa pública o privada, nacional o extranjera, los podría utilizar pagando una tarifa.

En adelante, Pemex privilegiaría la maximización de valor económico y tendería a estructurarse, gobernarse y comportarse como una empresa privada. Su sistema de contratación específico, distinto del aplicado al resto de la administración pública federal, le permitiría otorgar vastísimos y prolongados “contratos de servicios”, que en exploración y producción fueran equiparables a concesiones o contratos petroleros prohibidos por la Constitución. Los contratos de servicios privados de refinación no se pusieron en marcha pero la ley preveía esa posibilidad.

En términos generales se trató de una reforma neoliberal, claramente direccionada a dar mayor protagonismo al sector privado y a los mecanismos de mercado, a costa de cerrar o limitar los espacios de actuación del Estado. La reforma tuvo la coherencia del capital. Le permitió a Pemex sobrevivir, pero a costa de autorizar la penetración de intereses privados en todos los espacios de la industria petrolera y de brindarles la posibilidad de apropiarse de una parte de la renta petrolera. Legalizó los Contratos de Servicios Múltiples y los Contratos de Servicios Integrales. Abrió las puertas de la riqueza petrolera del país a las grandes compañías petroleras internacionales, convertidas en poderosísimo aliado económico y político de las fuerzas conservadoras locales.

Enrique Peña Nieto: el Pacto por México

A finales de 2012 Enrique Peña Nieto, el nuevo titular del Poder Ejecutivo federal, y los tres principales partidos políticos –PRI, PAN y PRD– se comprometieron a impulsar iniciativas y reformas estructurales. El acuerdo, aún vigente, tiene como cimiento la ideología de mercado. Las acciones propuestas se agrupan en tres direcciones complementarias: crear mercados en las áreas donde aún no los hay, vigorizar la competencia en donde los mercados ya existen y mejorar el sistema regulatorio con reglas más efectivas, nuevas instituciones y reguladores más fuertes. El Pacto plantea el fortalecimiento del Estado, pero no se refiere a sus capacidades productivas, sino del sistema de regulación económica, incluida la capacidad de romper monopolios y sancionar comportamientos obstaculizadores de la competencia. Detrás del acuerdo está el laissez faire y el laissez passer, pero sujeto a las reglas dictadas por el Estado para corregir fallas de mercado, que es lo mínimo que se le podía pedir.

En materia petrolera el Pacto no prevé cambios constitucionales. Las partes acordaron que la propiedad y el control de los hidrocarburos seguirán en manos del Estado. Sin embargo, “en todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos”, lo cual significa aceptar la existencia de productores privados trabajando en paralelo a Pemex. También convinieron realizar una reforma; primero, para “ampliar la capacidad de ejecución en exploración y producción” –multiplicar el número de operadores privados– con la finalidad de maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano;y segundo, para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex. También se comprometieron a fortalecer el sistema regulatorio dotando a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de nuevas facultades.

El incremento en la “capacidad de ejecución de Pemex” no significa ampliar los recursos técnicos, financieros y humanos de Pemex, al contrario, significa contratar compañías petroleras privadas para que realicen todos los trabajos que requiera la exploración, extracción y evacuación de los hidrocarburos en áreas de cientos de kilómetros cuadrados ofrecidas al mejor postor, utilizando los contratos petroleros surgidos de la reforma energética de 2008. Cabe señalar que la administración de Felipe Calderón ya tenía previsto utilizar dichas modalidades contractuales para desarrollar Chicontepec, crudo pesado, aguas profundas y shale gas.

El acuerdo prevé que Pemex deje de ser un organismo público para transformarse en “empresa pública de carácter productivo”, lo cual significa que seguiría siendo propiedad del Estado pero con capacidad de competir. Para ello, contará con nuevas reglas de gobierno corporativo y de transparencia; también se convertirá en motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales, y en eje central de la lucha contra el cambio climático mediante el desarrollo de energías renovables y el ahorro de energía.

En suma, el Pacto retomó y confirmó el esquema de apertura gradual y progresiva, con la finalidad maquiavélica de dividir a la izquierda como preámbulo a su aplastamiento en el Congreso meses más tarde.

La reforma constitucional de 2013

El gobierno de Enrique Peña Nieto, en colaboración con el PRI y el PAN, estuvo preparando a lo largo de 2013 una reforma de amplísimos alcances, no sólo para validar constitucionalmente la privatización gradual y progresiva que se venía realizando desde la administración de Carlos Salinas, sino para abrir de un solo golpe todo el sector energético a la inversión privada. A mediados de diciembre, en un proceso fast track sin precedentes, que sorprendió a propios y extraños por el exceso de servilismo del Poder Legislativo. Se aprobaron profundas reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el propósito fundamental de reducir en lo inmediato y eliminar a largo plazo las actividades empresariales del Estado.11 Bastaron unas cuantas horas para desnacionalizar el petróleo y la energía eléctrica. Veinte años de resistencia concluyeron en una batalla rápida y contundente: la izquierda fue arrollada ominosamente en el Congreso federal y en los Congresos locales.

La propiedad de la nación sobre el petróleo quedó limitada al producto que se localiza en el subsuelo. La exclusividad en su aprovechamiento se redujo a las etapas de exploración y extracción y sólo en términos jurídicos, pues el derecho constitucional de buscar y extraer petróleo lo ejercerá el Estado a través de empresas privadas y públicas. Se mantuvo la prohibición de otorgar concesiones, pero se eliminó la de otorgar contratos, gracias a los cuales las compañías podrán acceder a la renta petrolera en un porcentaje que dependerá de la generosidad de los funcionarios de la SHCP.

Ahora la inversión extranjera está permitida a lo largo de toda la cadena de valor, desde la exploración hasta la venta al consumidor final, incluyendo la importación y exportación de petróleo, gas y sus derivados. Ninguna de las actividades petroleras aguas abajo se considera estratégica y por lo tanto ninguna está reservada para el Estado, todas quedan liberalizadas y expuestas a las fuerzas del mercado. Se permite la propiedad privada de infraestructura petrolera y la venta directa al público. Habrá refinerías, plantas de gas, oleoductos, poliductos, terminales y estaciones de servicio de empresas distintas a Pemex, la mayoría con bandera trasnacional. Se eliminó la obligación del Estado de abastecer la economía en petróleo crudo, gas natural, gasolina, diesel, gas LP y otros productos petroleros. En adelante dicha obligación descansará en el mercado, es decir, en todos y en nadie. El Estado ya no es el garante de la seguridad energética en combustibles.

Con la desaparición del monopolio del Estado, Pemex dejó de ser el operador único nacional. En adelante deberá competir contra las grandes compañías petroleras y otros rivales comerciales para conseguir las áreas petroleras que la Secretaría de Energía ponga a disposición de los productores bajo la modalidad de contratos. En refinación, transporte, distribución, venta y comercio internacional también concluyeron sus prerrogativas. Pemex perdió activos y redujo su tamaño al quitarle de golpe la casi totalidad de sus gasoductos. La red troncal pasará a formar parte del Centro Nacional de Control del Gas Natural. Esa amputación condena a Pemex Gas y Petroquímica Básica a la desaparición; los otros restos serán recuperados por los organismos subsidiarios que le superviven.12

Pemex dejará de ser un organismo público descentralizado para convertirse en una empresa productiva del Estado. En principio tendrá mayor autonomía presupuestal y de gestión, menor carga fiscal, la posibilidad de asociarse con otras empresas y un gobierno corporativo organizado para una toma de decisiones más ágil y rápida. También contará con un régimen laboral y de contratación distinto al del resto de la administración pública federal. No obstante esas facilidades, su libertad será condicional e incompleta pues persisten limitaciones establecidas por la Secretaría de Hacienda en materia de deuda y superávit financiero.

El servicio público de energía eléctrica desapareció y la electricidad se transformó en un negocio. Por un lado, la generación y el suministro quedaron al margen de cualquier principio de interés colectivo; por otro lado, la transmisión y la distribución conservaron el estatus de “servicio público”, el cual se limita a permitir el acceso a empresas capaces de comprar y vender electricidad en grandes cantidades. La obligación constitucional del Estado de generar y suministrar electricidad quedó cancelada.

El Estado conservó la exclusividad en el despacho y en la planeación. Sin embargo, esta última no será vinculante para generadores y comercializadores; el único actor que está obligado a cumplir los planes y programas sectoriales será CFE, y eso únicamente en lo que atañe a la transmisión y la distribución. En términos constitucionales, el Estado ya no es el garante de la seguridad energética en electricidad, esa responsabilidad se ha dejado en manos del mercado, es decir, en todos y en nadie. Se permitió al sector privado realizar cualquiera de las actividades que forman parte de la cadena de valor de la electricidad, mediante permiso otorgados por la CRE o contratos celebrados con el Estado. Nada queda inaccesible para el sector privado, ni siquiera el despacho económico de carga y la operación del mercado eléctrico, pues podrían encargarse a firmas privadas mediante contratos.

La CFE perdió activos y redujo su tamaño con la separación del Centro Nacional de Control de Energía. Sus obligaciones y facultades quedaron sustancialmente reducidas. Su responsabilidad quedó limitada a la transmisión y la distribución, en tanto que la generación y venta de electricidad son ahora actividades opcionales, que en el futuro podrían convertirse en marginales por dos razones: la primera es la obligación de concentrar atención y recursos en el funcionamiento y expansión de las líneas eléctricas; la segunda, el conjunto de restricciones a la integración vertical que serán incluidas en la regulación, para que ningún actor tenga posibilidades de obstaculizar la competencia, lo cual implicará para la CFE la venta obligatoria de activos de generación. De cualquier forma, al no tener la obligación de generar, la CFE podría desprenderse de la mayor parte de sus centrales y conservar sólo las hidroeléctricas y Laguna Verde por razones de seguridad nacional. La estricta separación contable entre generación, transmisión y distribución podría no ser suficiente para el regulador de la competencia y ordenar la fragmentación completa de la CFE en tres empresas distintas.

La CFE dejará de ser un organismo público descentralizado para convertirse en una empresa productiva del Estado, pero su vocación no será competir en el mercado, al contrario se transforma en una compañía pasiva, en una empresa transportista, en un simple carrier, obligada a servir a las empresas que tendrán los verdaderos hilos del negocio (la generación y la venta). Se prohibieron las concesiones en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como en la transmisión y distribución de electricidad, pero se le permitió a la CFE celebrar “contratos”, argucia legal que posibilita que empresas privadas se conviertan en los operadores efectivos del despacho económico de carga, las líneas de transmisión y los sistemas de distribución, en condiciones similares a las de una concesión. Se sentaron las bases para que la CFE acabe convertida en una empresa de papel, en una empresa administradora de contratos.

Conclusión

Cien años después de un movimiento revolucionario que reivindicó para la Nación todos los derechos sobre el petróleo, incluyendo la explotación directa, se ha consolidado una gran alianza entre el capital nacional y extranjero para acabar con la exclusividad del Estado en la industria petrolera. Entre ellos se pelean por quedarse con la porción más importante. La élite económica y los partidos políticos afines están logrando hacer de esa riqueza natural y de esa lucrativa industria, el cimiento material de un México donde las grandes concentraciones de capital privado, nacional y externo, sean los ejes del desarrollo de una estructura de poder que le permita a la derecha mantenerse y solidificarse como la fuerza dominante en el largo plazo. El modo de producir el petróleo y sus derivados ha sido parcialmente privatizado. Lo que sigue intacto es el discurso nacionalista que hoy se utiliza para ocultar el verdadero significado y alcance de la reforma.

La reforma energética impuesta por las fuerzas conservadoras no es un paso adelante, sino varios pasos hacia atrás en el desarrollo independiente y soberano. Es una reforma que lejos de modernizar, regresa al país a la condición de colonia. Los gobernantes y legisladores que diseñaron, promovieron y aprobaron esa reforma tendrán en la historia el lugar que se merecen. Lo que sigue en la agenda aperturista es relativamente poco pero grotesco: establecer la propiedad privada del subsuelo y las reservas, así como permitir las concesiones y liquidar a Pemex. Tal vez la derecha no se atreva a tanto y simplemente se contente con transformar a Pemex en una empresa de capital mixto, que cotice en las bolsas de valores de México y de Nueva York, que incluya extranjeros en altos puestos de dirección y que su objeto sea defender los intereses de los accionistas y generarles pingües ganancias.

En estos días aciagos no hay quien pueda frenar de manera efectiva la privatización de lo colectivo. La defensa del pueblo y de lo que es suyo recae naturalmente en las fuerzas de izquierda. Sin embargo, desde hace algunos años han dejado de estar en sintonía. Algunas corrientes están más preocupadas por la lucha electoral y la obtención de posiciones de poder que en la defensa de los principios básicos. No es objeto de este ensayo profundizar sobre la evolución de las fuerzas de izquierda. Basta decir que sus bases ideológicas y sus estrategias de lucha se han debilitado desde el derrumbe de las economías planificadas y la difusión de la ideología de mercado como pensamiento único. A lo anterior se agregan las acciones legales y las campañas mediáticas para desprestigiar y acosar a los líderes de izquierda, asociándolos con posiciones ilegales, radicales, violentas o corruptas, para enemistarlos con la sociedad y, al final obligarlos a seguir los deseos y reglas de la clase dominante, entre ellas una industria petrolera totalmente privatizada.

A lo anterior se agregan tres factores: la apertura económica que ha menospreciado del desarrollo endógeno; segundo, el acercamiento de México con Estados Unidos que ha deslavado el ideal de país independiente, y tercero, el proceso de acumulación de capital del que ha surgido una élite económica enriquecida, altamente influyente en la clase política y, a fin de cuentas, determinante en la conducción económica y política del país, la cual se distancia cada vez más del nacionalismo, tildándolo de retrógrado y trasnochado.

La situación petrolera internacional tampoco ayuda al mantenimiento de una posición beligerante en la defensa del patrimonio nacional. El liberalismo económico de la década de los noventa y el hundimiento de los precios del petróleo atemperaron el ánimo nacionalista con una dosis de pragmatismo que permitió el regreso de las compañías petroleras internacionales a los grandes países productores de petróleo. Las circunstancias han orillado a países que en otra época expulsaron a las trasnacionales a permitir su regreso y a convivir con ellas, aunque ciertamente en condiciones de intercambio menos desfavorables que las prevalecientes durante el orden de las Siete Hermanas. Los casos más emblemáticos de apertura (Cuba y Brasil) son usados por los sectores conservadores aquí para mostrar el camino a seguir aunque las condiciones en esos países sean muy distintas a las de México.

La propaganda ha jugado un papel nada despreciable desde finales de la década de los noventa en la erosión del nacionalismo. El persistente y machacón discurso en los medios de comunicación sobre la necesidad de “las reformas estructurales que el país necesita”, aunado a la desinformación sistemática sobre la situación de Pemex y la glorificación llevada al exceso de la apertura brasileña y “modelo Petrobras”, han venido a opacar y cuestionar los logros y potencialidades del modelo mexicano. Hasta el modelo colombiano resulta mejor que el nuestro y es ejemplo a seguir, según la actual administración.

Como resultado, la izquierda mexicana se ha desplazado hacia el centro del espectro político y algunas corrientes influyentes han abrazado la socialdemocracia. Amplios sectores de la izquierda han sido suavizados a tal punto que aceptan como algo inevitable el fin de la exclusividad del Estado, la inversión extranjera y la integración con Estados Unidos; ya sólo tienen fuerzas para rechazar los excesos.

Antes de la reforma constitucional algunas corrientes estimaban que la apertura petrolera era inevitable a mediano plazo. En esas condiciones la lucha de la izquierda se limitaba a retardar el proceso y a contener el ánimo entreguista de algunos sectores ultraneoliberales. Después de la reforma, la izquierda está más confundida que nunca. No tiene claro qué hacer frente a las nuevas circunstancias; en su seno se manifiestan posturas contrastadas; la mayoría se ha quedado en rabieta testimonial,  injurias y lamentaciones; la división ancestral de la izquierda dificulta discutir y consensuar objetivos y estrategias ante las nuevas circunstancias. Las posiciones varían en un amplio rango: desde aquellas que plantean un sector energético completamente en manos del Estado, hasta las que ven con buenos ojos la organización de las cadenas de valor como mercados abiertos con presencia de empresas públicas y privadas en competencia. Lo único que une a las distintas expresiones es la voluntad de recurrir a una consulta pública con la esperanza de que la población acuda numerosa y rechace la privatización.

La izquierda no ha discutido qué hará si fracasan las acciones legales y políticas emprendidas para revertir los cambios constitucionales e impedir que germine el modelo energético neoliberal, la antítesis del modelo energético nacionalista. Tampoco ha discutido si es de su interés que el nuevo modelo resulte en crecimiento económico, bienestar social, cuidado ambiental, respeto de los derechos humanos y seguridad nacional. Si a corto y mediano plazos no hay condiciones para volver al modelo cardenista, ¿qué debe hacer la izquierda para que el modelo Enrique Peña Nieto sea lo menos dañino para la sociedad? Algunos piensan que esa pregunta está de más, que no hay nada qué hacer, que el modelo es defectuoso por naturaleza, que la izquierda debe rechazarlo rotundamente, que debe mantenerse al margen, que no debe involucrarse en su diseño, operación o mejoramiento, para que fracase rápido y con estruendo, para que la sociedad, harta de abusos e injusticias, sancione a la derecha por la vía electoral. Por su parte, otras corrientes argumentan que la izquierda no debe ser indiferente ni estar ausente, que lo importante es evitar el sufrimiento del pueblo, sin renunciar a denunciar el modelo por desigual, injusto y discriminatorio.

La división y confusión de la izquierda acelera el declive del nacionalismo. Pero no todo está perdido. Cuando las reformas neoliberales rindan sus malos frutos y la sociedad mexicana esté de­sesperada y dispuesta a salir a las calles para exigir sus derechos, el péndulo iniciará su regreso, sin esperar que la izquierda encuentre la brújula o logre zanjar sus diferencias. De lo que no debe quedar la menor duda es que algún día el péndulo regresará. No hay falla. Es una carrera contra el tiempo, pues la irrefrenable sed de los depredadores podría agotar prematuramente el petróleo, el gas natural y otros recursos naturales.

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