EL DESPOJO

“Si una mentira se repite suficientemente,
acaba por convertirse en verdad.

Joseph Goebbels

Lic. Carlos César Cárdenas Márquez1

Las compañías deslindadoras impuestas en el régimen porfirista fueron el instrumento que decidió, a través de la acumulación inmensa de tierras, el sistema de haciendas del país. En virtud de que se argumentaba, en ese entonces como hoy, que no había dinero para hacer los deslindes agrarios respectivos, a las mencionadas compañías se les pagaba 20% de los terrenos que deslindaban. Así se dieron casos de inmensos territorios, como en Zacatecas, donde una sola hacienda llegó a tener cerca de 800 mil hectáreas. Una de las causas de la Revolución Mexicana fue precisamente el acaparamiento de inmensas extensiones de tierra, que al crearse las haciendas, la mayoría de ellas englobaron a los pueblos que estaban en sus demarcaciones, sujetándolos a la servidumbre y en última instancia como peones acasillados, que en las durísimas condiciones en que vivían –tiendas de raya, precios exorbitantes, pago en especie y deudas impagables– crearon el ambiente explosivo que propiciaría las contiendas bélicas que echarían por tierra a la dictadura y a todo el sistema feudal que se sostenía en la miseria de la inmensa mayoría y en el poderío y riqueza de unas cuantas familias.

Las luchas agrarias y sus banderas dieron el impulso, tanto en el norte como en el sur, para irrumpir en busca de un mejor sistema de aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales, siendo los zapatistas la expresión más trascendente y lograda de la Revolución Agraria del país, que, recogida en el artículo 27 constitucional, sigue vigente en sus aspiraciones redentoras y justicieras. A pesar de las reformas neoliberales del salinismo, el artículo mencionado mantiene en su esencia el ánimo revolucionario y justiciero de la mayoría campesina y agrícola del país.

La irracional Reforma Energética de nuestra Constitución, impulsada únicamente por el avariento fin de unos cuantos de constituirse en los hombres más ricos del mundo, con la participación de gigantescas empresas trasnacionales, es seguro que dejará al país en una completa miseria que conllevará seguramente a estallidos sociales graves, tales como el desarraigo de pobladores, ruptura del orden legal, fuerzas armadas privadas de las compañías, cacicazgos, injusticias y sobre todo la exacerbación del resentimiento social que, por otra parte, se pretende de una u otra forma detener en un perverso aliento y protección al crimen organizado.

Con la aplicación del artículo octavo transitorio de la Reforma Energética se ponen en riesgo las propiedades de millones de mexicanos en 400 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche. En las tierras ejidales, comunales y de pequeños productores agrícolas yacen millones de dólares en energéticos y por esa situación están en riesgo de ser despojados por las modernas compañías deslindadoras encabezadas por el gobierno de Peña Nieto. Además, se verán afectadas comunidades de más de 260 municipios, en donde se lleva a cabo la extracción y exploración de hidrocarburos, y por donde pasa la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, así como subestaciones y demás instalaciones que implican esos servicios.

Es obvio que los controles que se tienen para evitar el saqueo indiscriminado y bestial que se dará en el campo mexicano son prácticamente inexistentes, dado que las comunidades, los ejidos y los pequeños propietarios no podrán defender ninguna decisión en contra de las poderosas empresas trasnacionales que tienen el aval de sus socios, básicamente el gobierno federal y demás empresarios nacionales, cómplices de este atraco.

La infinita voracidad demostrada, tanto por el gobierno federal como por empresarios extranjeros y nacionales, rebasa cualquier idea de neoliberalismo y se coloca francamente en terrenos de delincuencia organizada, al atropellar y violentar no sólo el marco jurídico constitucional, sino toda la historia, la cultura, el destino, la esperanza de todo un pueblo, en aras de un espíritu de entreguismo y abyecta sumisión ante los poderes facticos tanto extranjeros como nacionales; sin embargo, la historia los juzgará en todo momento, y el pueblo mexicano, cuando recupere su legítima libertad de expresión y de decisión, juzgará a todos los que intervinieron en este gigantesco atraco a la nación.

En Estados Unidos, cuando algún ciudadano tiene petróleo en terrenos de su propiedad y recibe una oferta de alguna empresa petrolera para explotar esos yacimientos energéticos, está en entera libertad de aceptar o no aceptar dicha explotación, y además tomando en cuenta que dicho ciudadano como mínimo podrá tener una ganancia de 12% de las utilidades líquidas que se obtengan. En México los comuneros, los ejidatarios y los pequeños propietarios no tienen ninguna opción, simple y sencillamente, si no aceptan la propuesta, se establece por causa de interés público la expropiación, la ocupación temporal o la ocupación superficial o como se le quiera llamar, aunque los efectos son la apropiación injusta e ilegítima de sus propiedades. Cabe señalar que mientras la utilidad para el ciudadano estadunidense, en caso de que éste quiera aceptar, es de 12% como ya lo referimos en párrafos anteriores, en México es de 0.5%.

Es obvio que esta contrarreforma energética es la culminación de toda una serie de movimientos privatizadores que han dejado al país en la ruina absoluta para la mayoría y en la faraónica abundancia de unos cuantos. Todas las decisiones tomadas por el Estado mexicano desde hace más de 20 años han sido fundamentalmente destructoras para la mayoría de la población del país. Ya con Miguel de la Madrid se hacían los primeros movimientos a profundidad para desmantelar el Estado de bienestar, rematando como si fuera venta de garaje los bienes de la nación, con el solo efecto de favorecer a los amigos y a los “cuates” de lo ajeno. Con Salinas se profundiza esta situación y se pone a remate el campo mexicano para las grandes trasnacionales mineras y en cierta forma se adelantan las concesiones para la explotación petrolera a trasnacionales y nacionales. Con Calderón se intentó hacer lo mismo que el PRI sí ha logrado: vender a las empresas extranjeras la más valiosa propiedad de los mexicanos, que son sus energéticos. Lo mismo a lo que el PRI se opuso cuando Calderón lo intentó, porque esperaba estar en el poder para realizar la jugosa venta que les dejaría en lo personal fantásticas ganancias, es decir que era un pleito entre compadres.

Está claro que la consulta popular es hoy por hoy la única respuesta organizada, coherente, legal, legítima para anular este pavoroso atraco a la población mexicana, y ello atañe tanto a campesinos como a estudiantes, profesionistas, amas de casa, pequeños y medianos empresarios. Aún estamos a tiempo de evitar la aplicación de estas leyes energéticas nacidas de la profunda abyección en que han caído las instituciones de la República. Es cierto que la Ley de Consulta Popular representa en sí la negativa a que se haga una consulta al pueblo, porque más que ley parece una carrera de obstáculos, en primer lugar porque las que califican la posible incursión en este tema de la ciudadanía mexicana son precisamente parte de este innombrable Estado mexicano: la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ante esos tremendos obstáculos debemos oponer estricta racionalidad con el señalamiento de que ante la descarada oposición de los poderes antes nombrados se quedará en absoluta evidencia el desprestigio de estos entes, que servirá en gran medida para la toma de conciencia de las mayorías nacionales. Consideramos que esta lucha apenas se inicia y si obtenemos el triunfo anulando esta infame contrarreforma, la nación mexicana entrará de lleno al camino de la superación moral, política y económica.

La contextura ideológica del prianismo, que tiene a su principal representante en Peña Nieto, proviene directamente del porfirismo, es decir que es la continuación del sistema de haciendas, de peones acasillados y de sociedad con los capitales nacionales y extranjeros. También debe estar claro que la profunda ignorancia de Enrique Peña y del panismo no les permite entender que ellos son los continuadores y orgullosos representantes del neoporfirismo al que califican como modernidad, en un grotesco reencuentro con la verdadera esencia de las posiciones más conservadoras y reaccionarias de nuestra historia. El verdadero fundamento de la Reforma Energética de Enrique Peña está en la ley de 1901, de Porfirio Díaz, que ya daba todas las facilidades a las compañías deslindadoras para que se posesionaran de los terrenos de las comunidades y propietarios, grandes y pequeños, y si éstos no aceptaban, las compañías podían ir directamente ante los jueces a modo. Por otra parte, en esa misma ley se estipulaba que con la simple presentación de un proyecto de exploración y explotación de energéticos ante la dependencia respectiva se daba de hecho y de derecho la apropiación por las compañías deslindadoras del terreno en cuestión. Insistimos, la ignorancia histórica, política y cultural, unida al afán de lucro desmedido, envilece cualquier movimiento hacia una mejoría del país. Lo cierto es que con el PRI y el PAN el Ypiranga jamás zarpó del puerto de Veracruz: permaneció arropado en las perversiones priistas y en los sueños maximilianistas del PAN.