LA SOCIEDAD MEXICANA
ANTE LAS REFORMAS
CONSTITUCIONALES

M. Benjamín Hernández Madrigal1

Según el artículo 135, las reformas a la Constitución ya fueron ejecutadas por la vía que establece el presente enunciado del artículo, y faltan, como están próximas, la discusiones y la aprobación de las leyes secundarias. Si bien se tiene la pertinencia en el procedimiento o la metodología utilizada para llevar a cabo las modificaciones, conveniente es adicionar el ingrediente donde se controvierte la finalidad de las reformas, que en ningún momento ha podido soportar el gobierno, porque es la parte sustantiva o el fondo el que no ha sido claramente explicado para convencer, en virtud de que los gobiernos anteriores y el de turno, en lugar de entregar a la sociedad elementos que justifiquen de manera fehaciente tales reformas, las han llenado de opacidad, de intereses ajenos e incertidumbre, sometiéndolas a una lluvia insoportable de acciones publicitarias, sin credibilidad, que propician el desequilibrio social y económico a cada momento. Por esta razón un precepto constitucional, como es el artículo 135, se ha utilizado contrario a él mismo, al no poder justificar la necesidad de las reformas y a otro artículo que en el fondo es el contenido del

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (El subrayado es mío.)

Es válido tener presente que la serie de reformas aprobadas de las que algunas ya las tienen en aplicación y han experimentado resultados no esperados, veamos los sucesos más connotados a lo que han llevado esas determinaciones. Demos inicio con la reforma laboral.

Esta reforma, ejecutada en el calderonismo neoliberal, dijeron tenía como finalidad flexibilizar las leyes para “incrementar la productividad y el empleo”, y con los incrementos de la productividad bajarían los costos de producción, los precios, “beneficiando a la población”.

Puntualicemos el análisis sobre el contenido expresado por los gobiernos y las cúpulas empresariales; en primer lugar, la flexibilización laboral ha consistido en hacer que la mayoría de los trabajadores pierda sus derechos conquistados por décadas, a partir de las nuevas formas de contratación. Son formas restringidas que se otorgan y benefician únicamente al sector empresarial, no permiten crear antigüedad, pudiéndose o no proporcionar los servicios sociales como el seguro, los tiempos efectivos de contratación ejercidos en lapsos muy cortos, permitiendo que los derechos a las jubilaciones sean excesivamente prolongados y, si a los jóvenes de ahora les va bien, será en medio siglo como mínimo su derecho a la jubilación, y los contratos outsourcing son sujetos de refrendo o cancelación cada 15 o 30 días si al patrón, por medio del intermediario, le satisface. Esto corresponde a disminuir los cargos directos e indirectos en los costos de producción de los empresarios –lo que beneficia esencialmente a los empresarios de origen extranjero, que producen y exportan desde nuestro país. Luego, a partir de la “flexibilización de las leyes laborales”, el desempleo ha ido en aumento gracias a las “elevaciones de la productividad”, sobre todo en el periodo del “presidente del empleo”, Calderón, los despidos que antes eran injustificados por sus derechos, ahora están legitimados.

Si remontamos el fenómeno del desempleo provocado en aras de la “productividad y competitividad”, necesitamos arribar de inmediato al inolvidable periodo salinista, donde la primera medida fue adelgazar el aparato burocrático por ineficiente y mandó a la calle a más de 2 millones de empleados. El sector empresarial o sector privado, convencido de estas medidas y su necesidad de preparar el camino “para la competitividad y la apertura” de la economía, mandó a la calle otro tanto de trabajadores, a grado tal que los trabajadores formales desempleados estaban cercanos a los 5 millones que, sumados a las familias integradas por un mínimo de cuatro miembros, son 20 millones de afectados. Estos trabajadores fueron liquidados en su mayoría “conforme a derecho”, recibieron una cantidad de fondos paupérrimos, unos los agotaron para subsistir, otros lograron pequeñas inversiones, la mayoría en los servicios, pero en el sector informal, lo que ha significado para quienes han manejado el sector formal en complicidad con los gobiernos, el resultado fue haber creado el origen, la estructura que diferencia, divide y descompone a la economía formal, para pasar de inmediato a la economía informal, entendido este fenómeno como socioeconómico y político. Al respecto, los gobiernos continúan creyendo que el pueblo no tiene memoria sobre estas acciones que son históricas.

Así, a partir de los 20 años del Tratado de Libre Comercio dio inicio “la elevación de las productividades para la competencia”, favoreciendo el desempleo masivo en favor de la clase empresarial del país y sobre todo en favor de la extranjera, la que ha creado los “enclaves” que cobijan los gobiernos de nuestro país en este “su traspatio”, argumentando los grandes beneficios de la inversión extranjera recibida; con resultados que han sido contrarios a lo esperado y están a la vista: la economía del país no ha crecido lo necesario, el gobierno instituido tomó medidas de política económica que no fueron para “beneficio del pueblo”; con ello se rompe y se controvierte el espíritu constitucional del artículo 39 versus el 135 y otros.

No es un destino casual que ese gran número de personas expulsadas de la economía formal “por los mismos de siempre” hayan sido obligados a crear la economía informal, como se sostiene, formando en inicio el “comercio informal”, localizado en: el ambulantaje de todo el país, con los tianguis de artículos de contrabando y nacionales. Algunos comerciantes fijos son tolerados, otros se han enrolado en el tráfico de mercancías para su distribución y venta. Virtualmente aparece otro personaje de la misma línea política “salinista”, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, manejando todas las concesiones aduaneras legitimadas, casualmente ligado a Vicente Fox y Marta Sahagún, y quien tuvo el valor de declarar que “sí era posible el combate al contrabando informal, pero imposible el combate al contrabando técnico, el documentado”. Con ello el exsecretario estaba legitimando el delito del contrabando, para el que se tenía un registro extraoficial, que eran en su tiempo cerca de 100 tráileres diarios cargados de mercancías los que cruzaban de contrabando la frontera norte del país, más la carga de mercancías “legal y correctamente documentada” de multitud de contenedores; aunado a esto aparece en forma creciente, y paralela al delito de contrabando, el asalto a los transportes de mercancías. Todas estas acciones ilegales golpean directamente al aparato productivo nacional y al mercado interno del país, debido a que es drástica la reducción del empleo y la ocupación que se ocasiona al no producir, se dan afectaciones a millones de personas en forma económica y social, donde se incluye obviamente a los empresarios que no producen o producen menos y no venden.

Las personas desempleadas por las expulsiones del sector “formal”, por las equivocadas políticas, se han enlazado al crimen del tráfico de personas de todas las edades y género, es éste otro de los crímenes donde transitan en su mayoría jóvenes que no tuvieron empleo y “oportunidades”, situación en la que aparece con un descaro irreverente el licenciado Ángel Gurría, El Ángel de la Dependencia, ahora secretario de la OCDE, bautizado así por los compañeros de antaño de la Facultad de Economía, quien aseguró en una desafortunada entrevista de prensa que “los ninis representaban más de 7 millones de jóvenes” (entiéndase por ninis a las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan). A este prominente salinista, también exsecretario de Hacienda, en lugar de causarle hilaridad su nada novedosa declaración, le debía dar una poca de vergüenza, por los destrozos que le han y le siguen generando al país, porque una medida socioeconómica sobre “la elevación de las productividades”, sin tomar medidas sobre los efectos secundarios que son inmediatos y muy graves, inciden directamente en el aumento de estas actividades delictivas que van desde todo lo informal al “contrabando de mercancías”, al tráfico de personas y droga, que primero son provocados por “la formalidad empresarial y el gobierno”, para luego asustarse y justificar la llamada “guerra al crimen organizado”.

Continuando con el análisis sobre la formación de la estructura de la economía informal, se tienen noticias a diario de que un buen número de personas jóvenes, por “falta de empleo y oportunidades”, participan en el crimen que se dedica al tráfico de drogas de todos los tipos, relacionado con la producción, distribución y los consumos para la población, tanto nacional como internacional. El fenómeno sobre este crimen ha tomado dimensiones inesperadas; el gobierno en el periodo calderonista, al tomar la desatinada decisión de haberle declarado “la guerra al crimen organizado” en lugar de tomar medidas diferentes, las legales, que son menos costosas y menos peligrosas, a una guerra que ha costado miles de vidas; en esas acciones las autoridades locales a la fecha contabilizan cifras de 50 mil o 70 mil muertos y 26 mil desaparecidos, en tanto que las autoridades de nuestros “buenos vecinos”, El Pentágono, hablan de 150 mil muertos, de los dos bandos. Información alarmante debido a que esta cifra es mayor que la obtenida en la guerra de Irak. En nuestro caso, en lugar de la guerra frontal, los bombardeos son con todas las reformas y la gran publicidad en su favor que tarde o temprano dañarán a la población.

Como conclusiones, los resultados de la reforma laboral corresponden a lo siguiente:

a).- Haber propiciado la división de la estructura de la economía mexicana, ahora es una parte formal y otra es la informal, con origen en dos actores: el gobierno salinista y el sector empresarial, bajo el paraguas del modelo neoliberal. Se pretende ahora la incorporación del sector informal por medio de las políticas impositivas, las fiscales pero sin la creación de la ocupación y el empleo necesarios, en lugar de propiciar el incremento de la producción, donde la oferta es deficitaria, han soltado un cúmulo de “programas improductivos” para consumos obligados (adultos mayores, Procampo, Oportunidades, 70 y más, etcétera) y los justifican por el hambre del pueblo, por medio de los cuales sujetan a las personas en el ejercicio electoral. Este tipo de programas han sido peligrosos para la democracia, y como les han dado resultado ahora van por los 14 millones de televisores que serán distribuidos en forma gratuita cuando se genere el apagón analógico; sólo en esta operación de compras con cargo al erario, serán “beneficiadas” 14 millones de familias: 4 personas por familia, es decir, 56 millones de “personas beneficiadas”, igualmente con serias posibilidades de manipulación electoral.

b).- Haber propiciado mayor desocupación y desempleo en aras de la “elevación de las productividades para la competencia”, alentando con esa acción el despido de una gran cantidad de fuerza de trabajo, en beneficio del sector empresarial y notoriamente mayor para las firmas extranjeras, que funcionan como “enclaves” en nuestro país y operan disfrutando de un paraíso fiscal, al no gravar impuestos equitativos a los “regímenes consolidados”.

c).- Acrecentar más la crisis, visualizada en la parte social y económica, al hacer caso omiso de los resultados obtenidos con la puesta en práctica del “modelo neoliberal”, al que le mantienen certificada su vigencia y “eficacia” que ahora es apuntalada con cada una de las “reformas que han aprobado”.

d).- La aparición de las “defensas civiles de los pueblos”, que se presenta como un fenómeno social, económico y político al haber rebasado el crimen organizado la capacidad de autoridad de los gobiernos locales de varias entidades de la República, donde hay clara presencia de grupos criminales, con prácticas de extorsión de todos los tipos y por todos los medios, hay personas ligadas al tráfico de drogas, a la trata de personas, los secuestros y asesinatos, cierres del libre tránsito, la expoliación, rompiendo con los preceptos Constitucionales, si es que de nuestra Constitución Política han dejado algo, y me refiero a las dos Cámaras con sus clásicos mayoriteos, que no son “el pueblo”.

e).- Si hacemos un balance hasta la injerencia del neoliberalismo instaurado en el salinismo, tendremos cifras gruesas que nos dicen en el inicio que son más de 5 millones de personas de la población económicamente activa (PEA), con un promedio considerado bajo, de 4 personas por familia, por lo que afectaron aproximadamente a 20 millones de personas de todas, a las que habrá que sumar las cifras del desempleo por el “no crecimiento de la economía” y en cambio sí hubo crecimiento de la población en los años sucesivos, habrá que sumar los muertos y desaparecidos por la guerra actual y sus familias afectadas, además de la suma de los flujos migratorios hacia los países del norte, que van del campo y las ciudades hacia “los países socios”. Esto conlleva a un creciente desequilibrio social, al romperse los núcleos familiares por la desatención al empleo en el campo y la ciudad, así como la ocupación; todos estos resultados no son aislados, lo que sucede es que están mal contabilizados en su tiempo, en cambio los que se han hecho excesivamente ricos se mantienen en la apología y justificación del nefasto neoliberalismo, al ostentar el poder político y económico.

De las reformas fiscales, llama la atención una serie de cambios en las “políticas impositivas” que son políticas fiscales. Tomemos un orden que sea coherente para podernos explicar hacia donde encaminaron las acciones en la hacienda pública.

Una de las medidas que llama la atención fue la preocupación desmedida por la desgravación impositiva a Pemex, con el argumento válido de que la entonces paraestatal requería invertir y se le tendría que dejar un margen de recursos por esta vía de la desgravación impositiva, cuando lo percibido es que el desgravar a esta empresa es con la finalidad de beneficiar a los futuros concesionarios del petróleo y sus derivados, con menores impuestos, mayores ganancias y de esa forma hacer más apetecibles las concesiones que, por su mayor rentabilidad, serán generadoras de mayores ganancias para el sector privado.

En esta medida surge la primera consideración: si Pemex aportaba cerca de 35% del gasto público, al dejar de hacerlo se producirá un desequilibrio presupuestal. Pero he aquí la astucia de otro de los secretarios de Hacienda, el actual, quien al parecer resolvió con brillantes la falla sobre el posible “déficit en el gasto”, con la aplicación de los incrementos a los impuestos y pretender “mayores bases tributarias” al tratarse del “Impuesto Sobre la Renta”, que serán de mayor impacto sobre las personas físicas y morales que perciben menores ingresos… En tanto que las grandes firmas, las que participan con los gigantes de la economía, con los “supergrupos”, los “conglomerados”, en esencia los que cuentan con una estructura oligopolística, de origen casi todas trasnacionales y multinacionales, gozarán del derecho a estar en la consideración de “los regímenes consolidados”. Aunque para estas grandes firmas se había propuesto aplicar una tasa impositiva que iría de 7% a 11%, y desde luego que no fue así; más tardó el estudio hacendario y la publicación de la propuesta, que cancelar sus aplicaciones. Al respecto, intempestivamente y sin agenda conocida, se dejó venir el vicepresidente de Estados Unidos, y curiosamente la medida impositiva resultó improcedente. Garantizándose así el “régimen consolidado”, que valida ligas accionarias intraempresas, las filiales, subsidiarias, las matrices, etcétera; con giros de mercancías para armar, ensamblar, procesar, etcétera, mediante simples relaciones de esos productos que se importan, que no son facturados (son simples remisiones) y por lo tanto no son sujetos de impuestos, aunque las “remisiones” documentadas tienen importes sujetos a sus contabilidades, para con ello determinar los costos de producción. Resultado: son elevados los costos de producción “aparentes” en estas unidades productivas, en cambio les permite establecer un precio de venta que resulta bajo para la competencia, al no pagar impuestos (acuden a la doble contabilidad), por lo tanto estas “pobres” empresas tienen muy bajas diferencias, dicen que es poca la ganancia o sus ingresos son gravables, y es desde luego sobre lo que pagan sus impuestos, importes que son increíbles por lo pequeños, a pesar del daño que ocasionan a nuestra economía con la evasión y elusión de impuestos, estas acciones finalmente están legitimadas.

De otra parte, surge el aumento de la tasa impositiva al Valor Agregado, el impuesto al consumo en las fronteras, de 10% a 16%, es tratada esta medida con poca relevancia, por lo que seguramente el señor secretario de Hacienda ha ganado los grandes “elogios internacionales”, por otro de los beneficios que a “la comunidad vecina” le deparan con “la atinada reforma fiscal”. Al respecto solamente les deseamos recordar que los impuestos al consumo elevados eliminan de la competencia, primero, a los comerciantes mexicanos de la frontera norte, contra los comerciantes “del otro lado”, seguidamente la venta de todas las mercancías fabricadas en México, bajará en cantidad la demanda, bajará la ocupación y el empleo en las unidades productoras, bajará el nivel de ingreso de todos los factores de la producción, al haber menor demanda por haber mayores cargas impositivas y en el resultado final, habrá menor captación de la tributación en la frontera norte, con esta medida resulta que a mayores impuestos, menores consumos, con esto se agrede de manera frontal al “mercado interno”, a la planta productiva del país, a la ocupación y el empleo que tanto dicen les preocupa y que sin embargo, con las medidas adoptadas, demuestran lo contrario.

La Reforma Energética.- Se prepara la estrategia de la entrega del petróleo desde el período calderonista, un elemento que estorbaba en las acciones, por el conocimiento en la materia sobre la energía eléctrica, y había que acabar con él, es el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, del cual enviaron a la calle a 16 mil trabajadores como parte de la PEA, con la afectación de sus familias, en esta primera medida preparatoria no solamente aparecen afectadas las familias que tienen relación directa con los despidos del sindicato, la toma de esta fuente generadora de empleo la llevó a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tenía como director al “yerno” del ingeniero Carlos Slim, encargado de manejar y conocer mejor el funcionamiento de la CFE, significó “una avanzada privatizadora” en pleno periodo del calderonismo, justificaron “la toma” con lograr eficientar las áreas operativas, las mejoras en su funcionamiento y “bajar los precios”, la únicas mejoras visibles de la “empresa de calidad mundial” son el número de nuevas “sucursales”, para agilizar los cobros y los cortes del servicio a usuarios por no pagar, han afectado de inmediato a millones de usuarios con las elevación de las tarifas y los cobros desmesurados, reduciendo en forma significativa el tamaño del ingreso de la población, contrario al contenido esencial del artículo 39 constitucional. ¿Qué otra situación se ha localizado en el funcionamiento de la CFE? Que el estar adquiriendo la energía eléctrica a los productores privados extranjeros, se calculan en más de 40% estas compras a los productores particulares, violando el artículo 27 constitucional, que dice o decía:

“Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. (El subrayado es mío.)

Como se observa, al artículo 27 habrían de modificarle, por constituir un obstáculo a los intereses privados, representados por el gobierno en turno, estas modificaciones a la Constitución llevan esa finalidad, eliminar la legitimidad en favor del país para dar paso a “los monopolios” privados (ahora “los preponderantes”) en la “generación de la energía eléctrica”, estructuras que finalmente fijarán los precios en el mercado, lo que obliga a la modificación o el acondicionamiento adicional, entre otros, del artículo 28 de la Constitución.

Las medidas tomadas, que no se han justificado una vez que la CFE tomó las funciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, son los elevados importes que cobra a los usuarios de todos los tipos, los domésticos –que es un número considerable–, son las familias a quienes se les reduce el ingreso, la medida se considera “inflacionaria”, afecta además al comercio y a todo el sector servicios, así como al primario (el sector industrial está salvaguardado para la competencia), la elevación del precio de la energía repercute en los precios de venta, es inflación, fenómeno que no es aceptable en la realidad, aparece sin reflejarle en “los índices de precios al consumidor”, por estadística todo se mantiene bajo control, nada sube como la energía eléctrica, donde sí influyen los precios internacionales del petróleo, se agrega la carga de las ganancias del productor privado concesionado que ahora son obvias, las administraciones privadas en la producción, el pago de la inversión de reposición o depreciaciones por el desgaste de los bienes de capital empleados, que no se producen en el país y constituyen por este concepto las transferencias o giros de valor al exterior, con lo que se tiene un menor ahorro interno, impidiendo el desarrollo y crecimiento del país. Con estas medidas México seguirá sin fabricar sus propios bienes de capital, habrá menor ocupación y empleo y seguiremos siendo presa de la subordinación energética. Con la privatización de esta industria que cuenta con las fuentes originales de producción, el petróleo y gas, uranio, las corrientes para generar fuerza motriz, eólicas, hidráulicas, marítimas, etcétera, pero con las medidas privatizadoras, sus reformas, se pierde el capital de todo tipo para desarrollarnos, creando beneficios al “monopolio privado”, sea nacional o internacional.

La Reforma Energética, tiene relación con todas las que se han generado, el petróleo y sus derivados y el gas representan la joya de la corona en la privatización a la mexicana, por ser la base primordial en la supervivencia del sistema, es el acrecentamiento del capital privado (la acumulación) al obtener los contratos, las concesiones, el encargo o cualquier forma de participación, directa o disfrazada, pero “legitimada”, que permita el acceso a este sector, en la localización, extracción, en los procesos y su distribución en el mercado mundial del petróleo y sus derivados, bajo una estructura monopolística. ¿Y qué implican estas acciones? En primera, afectan el control de la producción y los suministros de manera estratégica; en segunda, los precios de insumos importantes, al ser materias auxiliares. Lo que puede representar la antesala del agotamiento de un recurso no renovable, por supuesto, alimentando la codicia por las ganancias para quienes tienen y suministran el “financiamiento y la tecnología”. Será suficiente, apuntados los elementos previos, llevar a un simple análisis el contenido. Convengamos que los contratos sean por participación y en el mejor de los casos acuerden que será de 50% para cada participante. Como el capital, la tecnología y la administración del proyecto las aporta “el contratista”. Se puede considerar un costo aproximado en porcentajes:

• Suministro, fabricación, transportación, la instalación de los equipos y maquinaria utilizados en la exploración y
la extracción del producto en campo: 35%.

• Diseño y adaptación de los equipos para la exploración y la extracción del producto, sean aguas someras o profundas, la dirección en campo: 15%.

• Dirección general del proyecto en la parte técnica y administrativa: 10%.

• Imprevistos por riesgos de campo, de mercado, cambiario, de país, etcétera: 5%.

• Financiamiento del capital empleado en el proyecto, por año: 7%.

• Utilidad sobre el proyecto total, sin incluir impuestos locales: 18%.

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Suman 90%

Las ganancias a favor del proyecto serán de 10.00%. Compartido entre 2, cada uno obtendrá = 10% /2 = 5.00%

Importe total del proyecto: 100%

Un resultado de esta naturaleza al concesionar el petróleo y gas, significa para México:

Primero.- La pérdida de los recursos no renovables y la pérdida de toda posibilidad del desarrollo tecnológico en la materia.

Segundo.- La pérdida de toda posibilidad de acumulación de reservas de capital para el desarrollo, aunque se almacenen y se presten al Fondo Monetario Internacional al 2% anual, caso el 2º préstamo, de todas las reservas del país, los casi 170 mil millones de dólares, en tanto se dice que México carece de inversión para sus proyectos. Como reflexión, ojalá los diputados y senadores patriotas algún día propongan modificar el Estatuto Orgánico del Banco Central, que al decir es de México, en beneficio de los financiamientos que el país siempre requiere.

Tercero.- Los daños a los ecosistemas, producto de las explotaciones, el impacto ambiental por los métodos o procedimientos de fractura de las capas que almacenan el gas, los excesos en los consumos de agua por cada pozo, la gran cantidad de aguas residuales que se genera, sin tratar y que regresan a la superficie en las extracciones del gas lutita (gas shale o de esquisto), si se logran explotar los pozos, que al parecer ya hay 16 perforados en el Golfo de México.

Cuarto.- Así como no se tiene la medida de los riesgos, de la misma forma se especula con la desinformación, engañando a la población con el señuelo de que al privatizar o concesionar los recursos energéticos, van a llegar como lluvia de dólares las inversiones a nuestro país, asunto muy delicado y dudoso, en virtud de que el negocio de los concesionarios favorecidos es llevarse todos los excedentes producto de las explotaciones, las ventas y la renta del capital por sus inversiones.

Quinto.- La metodología de explotación en nuestro país ya la tienen perfectamente probada y no la cambian, actúan formando verdaderos enclaves los que convierten además en un paraíso fiscal, lo cual implica que al traer todos los bienes de capital para utilizarlos (maquinaria, equipos, plataformas, transportes, la tecnología, etcétera); el capital es en especie, le ponen un valor y lo cobran, además la renta de ese capital; luego, ¿cuáles inversiones en líquido? Solamente los salarios y sueldos y algunos servicios, de la fuerza de trabajo que se acuerde en participación, que creemos estará siempre acotada.

Sexto.- Los precios de los combustibles que van al mercado seguramente serán los que fijen las estructuras del monopolio, los precios internacionales, razón que nos inclina a entender que el ofrecimiento de la baja de los precios al consumidor al generar una mayor oferta, no se supeditan a la libre competencia o a los costos de producción, sino al precio del monopolio, como ha sucedido.

Al respecto se tienen las experiencias de las concesiones del gas en la Cuenca de Burgos, entregada a los españoles en el período foxista, con el ofrecimiento de bajar los precios; éstos van en más de 300% y el gas doméstico no para de subir, sin ninguna justificación y menos acudir a un control de precios, afectando el ingreso de millones de usuarios.

Hay más información en las reformas fiscales; habrá modificaciones en el ramo 28, más en los nombres que en contenido, pero llama la atención que en las “participaciones federales”, integradas por 14 fondos, y cabe destacar que participarán el Fondo de Estabilización de Hidrocarburos (FEH), que lo usan para compensar; está presente, obvio, el Fondo General de Participaciones, (FGP) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM), a los que se agrega nada más y nada menos que los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel, fondos que van a las participaciones de los estados (entidades) y municipios (vía FFM); aquí ya no resulta casual que las participaciones sobre los excedentes petroleros tengan variaciones por los precios internacionales del petróleo, aunque esté calculado el barril de crudo para el gasto público, por debajo de esos precios, de ahí el fondo que opera como estabilizador que proviene de los hidrocarburos el (FEH), con esto nos explicamos sin lugar a duda que, si a la federación se le presentan demandas mayores o emergencias presupuestales de todos tipos, en ello están presentes las alzas de todos los precios de los combustibles, que son determinaciones inflacionarias con “los gasolinazos”, que sirven para cubrir los excesos de gastos o endeudamiento de los estados, los fraudes por algunos de los gobernadores de los estados, como Coahuila, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, etcétera. Lo inconcebible es que la federación o la hacienda pública dice que subsidia los precios de los combustibles a los usuarios de todo el país. Como información se agrega que la Ley de Coordinación Fiscal establece que los municipios recibirán 20% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Fexhi), habrá que ver con base en qué calcularon sus alegres participaciones, debido a que la disposición sobre los excedentes petroleros serán cada vez menores y con una reducción drástica al privatizar o concesionar el petróleo.

Séptimo.- Si tomamos los cálculos aproximados sobre los costos de operación del proyecto para las explotaciones de petróleo y gas, tanto en aguas someras como en aguas profundas, si México llegara a obtener ese 5% de utilidades, sería considerado por los “socios” como un gran éxito, no se olvide que las compañías norteamericanas que operaban en el país boliviano entregaban por concepto de los contratos en participación cercano a 2% sobre los proyectos y el actual gobierno de Evo Morales los despidió, cancelando sus contratos. En Argentina, en Venezuela, en Brasil por la misma forma de proceder, sus gobiernos también los despidieron. En el caso de México, es lo contrario: no solamente les dan la bienvenida a los capitales fijos o tecnológicos en los financiamientos de un nuevo y gran “enclave” en el Golfo, esto nos aterroriza con el optimismo publicitario desplegado sin precedente, además incentivan a los empresarios con las ganancias, garantizando su participación y seguridad con las reformas constitucionales; costos que serán de consideración con cargo a nuestra sociedad, dice muy claro el acertado slogan: “De qué nos sirven las riquezas bajo el fondo del mar si no las extraemos y las compartimos en el derroche” (el arreglo último es de mi cosecha).

Se torna procedente un resumen breve, cuyas experiencias ya están en los anales de nuestra historia, son hechos innegables y no es necesario alejarnos mucho en tiempo a fin de que los jóvenes (y por qué no, los viejos), absorbamos algo de frescura en la memoria, que nos puede dar algo más de conciencia, desafiando los grandes aludes de una desinformación sistémica, provocada segundo a segundo por “los preponderantes de la comunicación” (los monopolios con la nueva identificación), ahora en una reformada y cómoda disputa, que significa sólo una “guerra florida”, para beneficio de quienes han logrado enormes e insaciables fortunas, solamente comparadas en tamaño con la gran abundancia de la miseria y la pobreza, avistadas en el corazón ya extraído de un pueblo noble, sacrificado y sangrante, pero no vencido.

a).- Fueron claras las medidas que inició en aplicación el difunto y gris, el priista Miguel de la Madrid Hurtado, con Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, el presidente del turno expresó en el Palacio de Minería (Tacuba 5) su monetaria política de “hacer más con menos”, que al oír su discursiva idea le llovieron grandes ovaciones, y la mayoría fueron de inocencia e ignorancia, porque el invitado de lujo le estaba recetando al país una política de restricción al gasto público en el preámbulo del neoliberalismo, uno de los dos resultados obtenidos a propósito del petróleo es que “tronaron la refinería de Salamanca”, al hacerla producir al máximo sin el debido mantenimiento. (Al no gastar y producir más con la misma capacidad instalada, sin el debido mantenimiento, la refinería tronó.)

El otro resultado innegable es que al presentarse una menor oferta de refinados, y la demanda creciente en el país, se decidió compensar con las importaciones del déficit, obvio, comprando a Estados Unidos, aquí nacieron las disminuciones en el saldo de la balanza comercial por este concepto, dilapidando recursos al transferir el valor agregado en favor de nuestros “buenos vecinos” al no ampliar o restablecer la producción con la capacidad ociosa existente y, a las justificaciones de las importaciones de los refinados, se sumó la desaparición de la refinería de Azcapotzalco por contaminante.

El paso al inolvidable salinismo tiene una connotación que es histórica: este señor inaugura el salinismo neoliberal, acepta e impone el modelo neoliberal que no solamente es de corte monetarista sino que se contiene en el ejercicio y en la firma del Tratado de Libre Comercio, el decálogo económico, que mantiene a países como el nuestro subordinados a los socios hegemónicos, consiste en esencia en aplicar las medidas que son históricas e indiscutibles, “privatizar y reprivatizar” las empresas del Estado, a) Dio inicio con las ventas o desincorporaciones de Telmex, la banca, Ferrocarriles Nacionales de México, la hotelería, Televisión Azteca, etcétera; ello para retirar al Estado de “las actividades productivas”, consideradas impropias en la vida del sistema. b) Elevación de las productividades para la competencia. c) La modernización del aparato productivo. d) La reestructuración del aparato productivo. e). La libre movilidad de los capitales. f) La reducción de los gravámenes arancelarios. g) Los intercambios en base a “la libre competencia”, evitando el monopolio. h) La apertura de los mercados. i) Eliminación del proteccionismo. j) No inversión por el Estado en actividades productivas. k) No subsidios a las mercancías producidas para el intercambio, como los agrícolas. Etcétera.

Con estas medidas vigentes, como se ha analizado, se ha perdido ocupación, el empleo, no se tiene el control del aparato productivo nacional, se ha perdido la capacidad financiera al entregar la banca. Es a partir del neoliberalismo cuando se ha perdido la capacidad financiera, la banca en manos de extranjeros, se ha restringido la inversión nacional con las políticas de “dinero caro”; se han perdido cantidades considerables de ahorro interno, al no tener ningún control sobre los excedentes de todo tipo que se giran al exterior mediante la libre movilidad de capitales (de ahí la falta de inversión en México); con las aperturas de los mercados se tiene presente el intercambio desigual y restricciones a productos nacionales en las exportaciones, excepto las ventas del petróleo, y predominan las balanzas en favor de los países desarrollados; los países como Estados Unidos subsidian sus productos agrícolas, compiten con el monopolio, la apertura de los mercados es restringida, empezando por la distribución, el transporte y las barreras que promueven sobre productos como los del mar, frutos, etcétera.¸ que resulta inaceptable en la “libre movilidad” de productos y de capital, en “la libre competencia”, la no movilidad de la fuerza de trabajo, no es permisible y es fundamental; en el TLC firmado por México con los vecinos del norte, el petróleo no formaba parte del tratado, ahora lo incorporan a fin de que nuestro país complemente su rol: un vendedor natural de materias primas, con lo que se explica lo no razonable: un país petrolero que no produce los suficientes derivados del petróleo como las gasolinas, diésel, etcétera, pierde todo el valor agregado en estas actividades, y con ello el empleo, correspondiente, sufriendo un grave desempleo.

Al señalar todos estos problemas, en México han aparecido por el grave desempleo y la desocupación que no es casual, más de 55 millones de pobres, que al relacionarlos con todos los pobres de América Latina, somos el país que más pobres aporta.

Anteriormente nos parecía insólito creer que México exportara petróleo crudo y comprara los refinados, ahora las acciones están presentes con los costos que se han señalado.

En estos momentos estamos denunciando la consumación del mayor “enclave económico” en el Golfo de México, que es el petrolero; significa la invasión territorial disfrazada de concesiones de esta naturaleza en la historia del país, la que tratan de legitimar con las leyes secundarias, para proseguir con la vigencia de la doctrina Monroe, o bien, como piensan los “patriotas” del norte y de la centro derecha, sobre lograr un México norte y un México sur, o ya tener configurado otro Estado libre y asociado, con la desventaja de que ya nos asociaron desde el TLC y México no tarda en constituirse o graduarse como el enclave total de toda América del Norte.

Al parecer se hará necesario recordar la consistencia de la propuesta surgida en los tratados Mc Lane-Ocampo, en el periodo juarista, o bien la firma de los Convenios de Bucareli, cuyo protagonista fue Álvaro Obregón para su reconocimiento como presidente, actuando como embajador plenipotenciario el ingeniero Alberto J. Pani, cuando una de las reclamaciones de Estados Unidos fue el pago en oro a sus connacionales o la devolución de todas las tierras adquiridas para la explotación petrolera.