SOBRE LA REFORMA
ENERGÉTICA DE 2013

Declaración a la Nación1

La ciudadanía ha contemplado, azorada, la rapidez (fast track) con la que recientemente se modificó el contenido principal de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En unas cuantas horas se destruyó, en perjuicio del interés general, lo que al país le costó décadas de lucha y de experiencia productiva. Mediante la consumación del trámite legislativo de la denominada Reforma Energética, en un proceso acelerado al grado extremo, la clase política mexicana en turno dejó en ruinas algunos de los postulados más importantes de nuestro pacto social, entre los que destacan la soberanía nacional y también la de los estados de la República Mexicana. No sólo se cambió la norma, sino que fueron agredidas de manera perversa varias de las piedras miliares de nuestra convivencia social. Nos indigna la anulación de nuestra democracia en sus términos esenciales y ver que lo que se nos presenta como un proceso democrático es, en realidad, una imposición de carácter oligárquico. Los gobernantes nos hablan como ciudadanos pero nos tratan como vasallos.

La Reforma Energética aprobada de manera vergonzosa significa una transformación estructural del Estado: el Congreso ya no desempeñará ningún papel relevante en el diseño de políticas energéticas; al cambiar el carácter de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, no supervisará más a Pemex. El Poder Judicial no participará en las querellas y conflictos en materia de hidrocarburos, los juicios se desahogarán en tribunales internacionales. El presidente de la República adquiere más facultades, acentuando el presidencialismo autoritario y, por si fuera poco, el contenido nacional de la producción petrolera lo determinarán en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos internacionales.

El resultado de esta reforma privatizadora deja ver claramente que la clase política predominantemente priista y panista se subió al “carro de la globalización” junto con la oligarquía mexicana y las empresas trasnacionales. De ahí que seguramente también participará como postora en la venta de Pemex y la CFE.

Uno de los aspectos más nefastos de esta reforma es el otorgamiento de derechos al capital nacional y extranjero sobre el subsuelo y las aguas nacionales.

Como es fácil observar, la argumentación y sobre todo las reformas aprobadas presentan como modificación básica la presencia fundamental, por demás ominosa, de las intrusivas corporaciones trasnacionales. Nuestro país sufrió antaño muestras mil de su prepotencia y, sobre todo, de su insaciable rapacidad en desmedro de nuestros intereses y dignidad nacionales. De aquí a muy poco tendremos muchas razones para lamentarlo y una enorme tarea para defender nuestros recursos naturales, casi únicos y no renovables. De más está decir que, como siempre, estos entes voraces verán por sus intereses y de ningún modo por nuestras aspiraciones de construir un país que, como Sísifo, no ha logrado, antes por el contrario, liberarse de la pobreza y abreviar la desigualdad, en la búsqueda de un bienestar al que tienen derecho nuestros compatriotas. Este es el sino que la clase política mexicana, aparentemente motu proprio, nos ha impuesto; y es también, como parte de una lucha política eminente, tarea primordial que se nos impone.

Los lineamientos fundamentales que se han impuesto a la nación son expresos y diáfanos. El expolio estatal perpetrado fundamentalmente a nuestros hidrocarburos y a la industria eléctrica nacional es visible. La depredación estatal continuará apropiándose de una riqueza natural propiedad de todos los mexicanos, en olvido de las posibilidades y potencialidades de desarrollo auténtico para el país, para convertirla en los ansiados recursos líquidos, o sea, los recursos naturales de México, invaluables y finitos, monetarizados –por una parte– para el uso de la clase gobernante y
–por otra– para satisfacer los intereses privados de los nacionales, pero sobre todo de la rapacidad de las corporaciones transnacionales, por una tercera parte. Es legítimo preguntarnos, más allá de la retórica hueca y la publicidad institucional, el porqué de este despropósito fundamental.

Haciendo caso omiso de las indudables ventajas de utilizar los recursos del subsuelo para convertirlos en palancas de la transformación nacional, se ha optado desde hace décadas por utilizarlos para sufragar una parte sustancial del gasto corriente del Estado, además de cometer la insensatez de exportar petróleo crudo al extranjero con el propósito de dotarse de recursos monetarios, en lugar de darle el mayor valor a los hidrocarburos y transformarlos en productos refinados, de mayor valor que el crudo, o en los miles de productos que pueden salir de la industria petroquímica, de mucho mayor valor que los refinados.

La falta de cordura de esta visión ha hecho caso omiso de las inmensas capacidades transformadoras de estos frutos del subsuelo. Esto dicho particularmente en el caso de las casi olvidadas y deformadas actividades de la petroquímica. En rigor, el planteamiento ya aprobado continuará ese diseño con mayor intensidad en el futuro. Para colmo, en realidad se ignora de modo permisivo la inmensa y paradigmática corrupción que aqueja las actividades de las industrias petrolera y eléctrica. Nada de esto es casual, sino por el contrario, es el síntoma de una tergiversación y parte de un proceso de liquidación sistemática de las actividades encomendadas primigeniamente a los entes del Estado responsables de su ejecución y desarrollo. Un cambio de paradigmas, dado a escala mundial, reforzó las carencias y torceduras que permitieron presentar a través del tiempo una situación de desastre cuya solución mágica está dada, según los autores mismos del despropósito, con la privatización de la actividad. Esto será, aunque hoy lo nieguen, uno de los objetivos cumplidos, de los que han atropellado las normas constitucionales que dieron razón de ser a un pacto social que, no sobra repetirlo, ha sido vulnerado de modo brutal haciendo caso omiso de nuestros intereses e hitos históricos.

A mayor abundamiento, en el Plan Nacional de Desarrollo no existe el programa energético a seguir y de paso se ignora la consulta permanente que habrá de hacerse conforme a la Ley de Planeación del Desarrollo.

La tarea que se nos presenta a los ciudadanos para enmendar este atropello es descomunal. Pero, al mismo tiempo, es algo que resulta necesario e irrenunciable emprender. Los vastos recursos sociales albergados en nuestro ser nacional deben ser puestos en movimiento. Las tareas tocan al mismo tiempo la necesidad de construir formas de democracia directa que hoy ya se encuentran presentes en otras naciones y, al mismo tiempo, ser capaces de abrir los cauces para lograr que los ciudadanos, lejos de contemplar pasivamente los atentados en contra de nuestros intereses y hasta nuestra dignidad, sean consultados antes de que los poderes formales, de manera inconsulta y por tanto atrabiliaria, nos impongan su voluntad. Todo ello a título de una supuesta representación nacional que les permite arrogarse todo género de discrecionalidades que ponen al servicio de sus particulares sesgos ideológicos y –hoy lo sabemos a ciencia cierta– de sus intereses mezquinos. Se trata pues, de poner coto a las expresiones plutocráticas que hoy parecen avasallarnos e invitarnos sin más a la rendición. No es el caso el de aceptar este aparente destino inexorable. Por el contrario, aunque hoy pareciera que la suerte está echada, la necesidad del análisis, la crítica razonada y la organización de la resistencia y de la respuesta debiera ser la tónica de la orden del día.

Colofón. Proponemos esta pregunta a la ciudadanía en la Consulta Popular:

¿Estás de acuerdo con que se hayan reformado los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política para que las industrias petrolera y eléctrica dejen de ser actividades estratégicas del Estado?

Foro Petróleo y Nación

Evento académico de análisis de la Reforma Energética organizado con el respaldo de la Facultad de Economía de la UNAM, en 13 sesiones que se llevaron a cabo del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2013.

México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 2013.

Coordinadores:
Eliezer Morales Aragón, Juan José Dávalos López,
Lorenzo Gutiérrez Bardales.

Académicos y ciudadanos participantes en el Foro Petróleo y nación: Miguel Badillo Cruz, Fabio Barbosa Cano, Teresa Aguirre Covarrubias, Alejandro Álvarez Béjar, Teresa Avedoy Corona, Elvia Mercedes Cabañas Cortés, Jorge Calderón Salazar, Federico Campbell Quiroz, Leticia Campos Aragón, Abelardo Cantú Chapa, Fausto Cantú Peña, Raúl Carbajal Cortés, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rolando Cordera Campos, Jorge Díaz Terán Capaceta, Nancy Flores, Mario Galicia Yépez, Francisco Garaicochea Petrirena, Juana Margarita Garza Castro, Ana Margarita Gutiérrez Garza, Jesús Antonio Carlos Hernández, Benjamín Hernández Madrigal, Carlos Huerta Durán, Javier Jiménez Espriú, Ifigenia Martínez, Carlos Federico Molina-Enríquez Murguía, Alejandro Mújica Montoya, Blanca Muñoz Cota Múgica, Porfirio Muñoz Ledo, José Manuel Muñoz Villalobos, Rocío Nahle, Jorge Eduardo Navarrete, Gonzalo Núñez González, Felipe Ocampo Torrea, Sergio Benito Osorio Romero, José Ovidio Puente León, Silvia Ramos Luna, Édgar Rivera, Víctor Rodríguez Padilla, Édgar Rojas Islas, Eduardo Romero Bringas, Raúl Rueda Pérez, Fluvio Ruiz Alarcón, Antonio Tenorio Adame, Ramón Carlos Torres Flores, Joaquín Vela González, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Emilio Zorrilla Vázquez.

Sitio web del Foro: http://petroleoynacion.org/ Responsables de la publicación: Eliezer Morales Aragón, Juan José Dávalos López, Lorenzo Gutiérrez Bardales

1 Desplegado de plana completa publicado en la página 9 del diario La Jornada del 20 de diciembre de 2013, coincidiendo con la firma de las reformas a la Constitución en materia de energía por parte del presidente Enrique Peña Nieto y con su publicación ese mismo día en una edición extraordinaria (vespertina) del Diario Oficial de la Federación.