Presentación

Se ha remachado una nueva etapa en la vida de México, de cuya naturaleza no podemos menos que dejar constancia en estos momentos. Estamos convencidos de que con lo realizado hasta ahora por los poderes Ejecutivo y Legislativo, lejos de cerrarse un capítulo, como se pregona, se abre una etapa de profunda confusión y de enorme inestabilidad política y social. Las fuerzas políticas actuantes no parecen percatarse de la magnitud del golpe asestado a la nación. Urge por ello señalar ahora que se vive una etapa absolutamente diferenciada de la que prevalecía anteriormente, por lo menos al iniciarse el presente régimen. La reflexión sobre este punto resulta totalmente imperativa.

Quienes bajo el término Foro Petróleo y Nación1 participamos con nuestros ensayos y artículos en el presente libro, respetando nuestra diversidad de opiniones y buscando encontrar razones sólidas y coincidencias, hemos venido expresando, especialmente desde hace poco más de un año, de manera colectiva o individual y a través de diversos medios –conferencias, desplegados, artículos, videos, programas de radio y televisión, asambleas, actos públicos– nuestras discrepancias e inconformidad tanto con los modos como con los contenidos con que se viene efectuando desde los más altos poderes la transformación del sector energético mexicano, cuya configuración había tenido como premisas últimas las más importantes luchas nacionalistas y revolucionarias del pueblo mexicano durante prácticamente todo el siglo XX y lo que va del presente.

En la forma polémica de los ensayos que aquí se presentan debemos dejar en claro que estamos convencidos de que se trata de un cuestionamiento que conlleva una gran cantidad de propuestas para liberar el gran potencial de desarrollo económico, político y social que posee nuestra nación y que merece alcanzar.

El día 20 de diciembre de 2013, con motivo de echarse a andar de manera formal una vasta transformación del sector energético mexicano, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a contracorriente de la defensa legítima de los intereses de la nación mexicana, la más profunda reforma habida en muchos años –desde 1917 y 1938– a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 25, 27 y 28. El lunes 11 de agosto de 2014, fueron también publicadas en el DOF las leyes de Pemex y de la CFE –las dos últimas leyes secundarias que restaban por aprobarse del amplio paquete derivado de la reforma de diciembre y que fue enviado por el Ejecutivo al Congreso el pasado 30 de abril. Por si fuera poco, secuelas no menos importantes de este acelerado proceso, inicialmente jurídico, están ya en camino en el momento en que se escriben estas líneas: tales como un nuevo “paquete” de medidas para acelerar la ejecución de las leyes aprobadas en la industria, el comercio y las finanzas; la realización y desenlace de las llamadas “ronda cero” y “ronda uno” para el sector petrolero, que hace de Pemex –nuestro mayor proyecto productivo nacional– un competidor más, así como la repartición de los recursos, mercados y proyectos del sector eléctrico –antes exclusivos de la Comisión Federal de Electricidad y hace un poco más, también de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro– entre empresas privadas nacionales y sobre todo extranjeras.

A pesar de la rapidez de tales cambios y del aplastamiento mediático –en televisión, radio y prensa escrita, salvo en honrosas excepciones– de quienes expresamos divergencias, reunimos aquí nuestros escritos, algunos elaborados ex profeso para el volumen y otros aportados para el conjunto, aunque ya se habían divulgado previamente.

No nos reunimos con el simple fin de “dejar testimonio”, sino de expresar con firmeza nuestras voluntades ante lo que consideramos un abuso en el ejercicio del poder.

Pero, ante todo, el contenido de cualquier reforma al servicio de la nación debería tener una visión cualitativamente distinta a lo aprobado y concebir al sector energético como el recurso estratégico fundamental para lograr la transformación integral del país, siendo en ello los hidrocarburos y el conjunto del sector una palanca fundamental para superar la gran reversión vivida por nuestra sociedad, el estancamiento económico y la ausencia de un horizonte de mejoría y derechos para la población que a diario trabaja y cumple con el país. A mayor abundamiento, prevemos que se continuará con el patrón de explotación inmoderada y hasta suicida del uso de nuestros recursos energéticos para proveer al Estado mexicano de recursos líquidos, sin que esto signifique que los ciudadanos mexicanos terminemos con el uso inmoderado de estos nuestros recursos naturales, finitos e irremplazables, que seguramente harto tendremos que lamentar su ausencia cuando más lo requiramos. La ignorancia casi total de la enorme capacidad multiplicadora de los hidrocarburos como insumos esenciales de cualquier proceso industrial marca de manera indeleble la naturaleza de aquel que habremos de presenciar de aquí en adelante.

No nos reunimos a manera de albaceas testamentarios, porque concebimos que el proceso aún no termina, sino que, en realidad, apenas comienza.

Prueba de ello son las diferentes y abundantes muestras de rechazo mayoritario por parte de la población a una Reforma Energética privatizadora y desnacionalizadora. Éstas se vieron indiscutiblemente desde hace años –por dar un solo ejemplo, en la consulta efectuada por el gobierno de la Ciudad de México en 2008–. Pero también diversos sondeos efectuados recientemente, tanto en 2013 como en 2014, junto con muestras multitudinarias de desaprobación a las reformas y al gobierno por parte de muchísimos académicos, ciudadanos, campesinos, trabajadores, destacadísimos actores, organizaciones sociales, partidos políticos y empresarios, e incluso reconocidas voces del extranjero, como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y políticos como el gobernador del estado de California recomendaron claramente a nuestro país no entregarse al poderío desproporcionado y voraz de las gigantescas trasnacionales del sector energético y sus aliados financieros.

Así, además de estar en duda la legalidad de tan radicales transformaciones, contrarias al interés público y nacional, pero favorables a los intereses de poderes oligopólicos de países extranjeros –como Estados Unidos– resulta ser un agravante notable la carencia de legitimidad, es decir la ausencia de aceptación y el rechazo a las reformas por parte de los gobernados –y aquí debe hacerse explícito que el problema no se reduce a la indiscutiblemente importante Reforma Energética, sino que se extiende a las reformas estructurales en su conjunto: laboral, educativa, fiscal y financiera, así como de telecomunicaciones, por anotar algunas.

En estas condiciones, como señalamos, ningún proceso de cambio de los fundamentos y las formas que una nación ha adoptado puede ser sólido y definitivo. El triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional en el año 2012, si bien es cierto que se debió a más de 3 millones de votos por encima de la votación de su adversario inmediato –las fuerzas nacionalistas, progresistas y de izquierda–, también estuvo plagado de irregularidades, como los gastos electorales que superaron con creces los límites legales, hecho reconocido incluso por los tribunales; a lo cual debe agregarse su indiscutible carácter de haber sido posible más por un voto “de castigo” ciudadano en contra del corrupto, ineficaz y represor régimen panista que por una convicción genuina a favor de un deslavado priismo, que se halla muy lejos de sus raíces programáticas e históricas. Y el llamado Pacto por México, que incluyó la firma de una parte de las fuerzas de izquierda en obvias condiciones de debilidad tras la derrota electoral de 2012, terminó por ser en realidad un acuerdo supraconstitucional, es decir, un arreglo político que vino a suplantar al único y verdadero pacto de nuestra nación, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando sus frutos al margen y muy en contra del verdadero contrato social del pueblo de México.

Consideramos que los resultados del proceso de reformas, en particular la Reforma Energética, son precarios. Ni el voto a favor del PRI en 2012 fue un “cheque en blanco” ni los acuerdos con los contrincantes –supuestamente en bien de la nación–, como el Pacto por México, podían excederse sobre los contenidos esenciales ni forzando las formas de las leyes vigentes, llevando al país al riesgo de una crisis. Es decir: los abusos y los arreglos que hicieron posible la reforma –es justo decirlo– ocurrieron no sólo por costosos equívocos, sino que también a causa de oportunismos, engaños y manipulación, razón por la cual son y serán insostenibles.

No es necesario argumentar la ausencia de festejos populares, el rechazo y las burlas a los funcionarios (que rehúsan enfrentarse en vivo a la sociedad), el temor oficial que se refleja en la presencia de miles de policías, incluso dentro de los recintos legislativos durante los estériles debates simulados. En cambio, si no se quisiera considerar la legalidad lastimada y la anémica legitimidad de las reformas, debemos por lo menos también argumentar que la situación de la sociedad mundial no apunta a la prosperidad generalizada. No hay poca, sino mucha retórica y hasta mentiras, en la afirmación de que, tras la Reforma Energética, financiarizando y exportando crecientemente nuestras precarias reservas probadas de petróleo crudo sin procesar a potencias sedientas de ese recurso estratégico, así como privatizando la electricidad a favor de monopolios, sobre todo foráneos, todo eso, junto con las demás reformas, hará de nuestro país una suerte de oasis de crecimiento acelerado, sustentable e igualador de la distribución de la riqueza entre la población.

Menos aun será posible tal ilusión cuando en la economía y la sociedad mundial no solamente no se desvanece el fantasma de la gran crisis de 2008-2009, sino que se ahonda, inclusive trayendo consigo –además de la inestabilidad europea, etcétera– un peligroso militarismo que la embajadora estadunidense ante las Naciones Unidas, Samantha Powell, comparó recientemente con una situación “de guerra fría”, justo en el año (2014) en el que fue recordado el centenario del fatídico estallido de la Primera Guerra Mundial.

No está concluido el proceso de Reforma Energética ni se ha decidido el último sentido de ésta. Existe un gran malestar social y político nacional. Desde el creciente clamor que exige la consulta popular hasta las insistentes demandas por el delito de traición a la patria, todo ello pasando por el enojo, la indiferencia, la incredulidad y hasta la burla popular. Malestar social que tiene lugar en un entorno nacional y mundial de crecientes tensiones económicas, políticas y sociales plenamente irresueltas que se agravan día con día. No se trata de ser aguafiestas: solamente sucede que estamos seguros de que está en juego –y que no se ha decidido verdaderamente a favor de– el futuro para nuestra gran nación. Por ello, es que ofrecemos al pueblo mexicano esta modesta contribución, deseando sea de utilidad para aclarar y delimitar las decisiones que en el futuro inmediato y no tan inmediato deban ser revisadas y adoptadas.

Por supuesto, no podemos y no debemos dejar de reconocer el entusiasmo, profesionalismo y el valor de Ediciones Proceso al haber aceptado patrocinar esta obra cuyo camino no estuvo libre de innumerables obstáculos. A todo su equipo –y en solidaridad por la reciente partida de Julio Scherer– nuestro infinito agradecimiento.

Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos López
Coordinadores del Foro Petróleo y Nación