A menudo se supone que la propiedad privada es un derecho natural absoluto. Quienes sostienen esta tesis argumentan que la propiedad es un conjunto de derechos y que cada sociedad la define de una manera en particular.
De acuerdo con la Constitución mexicana, la propiedad se basa en un supuesto diferente al del liberalismo clásico. La propiedad es creación del Estado, el cual tiene el derecho de limitarla. Sin embargo, con el propósito de fomentar la industrialización del país se desarrolló un conjunto de reglas que alentó el desenvolvimiento de una poderosa comunidad empresarial.
Este arreglo resultó inestable, dado que el poder del presidente para limitar los derechos de propiedad podía emplearse contra los empresarios. Tal fue el caso en 1982, en medio de una aguda crisis, cuando el presidente López Portillo decidió por sí mismo expropiar los bancos privados. Los empresarios no pudieron oponerse a la medida.
Con todo, el nuevo presidente, que tuvo que hacer frente a la bancarrota de las finanzas públicas, necesitaba restablecer la confianza del sector privado. Los hombres de negocios no estaban dispuestos a invertir y salvar a México y algunos demandaban incluso cambios políticos fundamentales.
El nuevo presidente propuso una reforma constitucional, pero no logró recuperar la confianza de los hombres de negocios. Sin embargo, un nuevo programa económico que limitaba la intervención estatal, subsidios bien aplicados, la manipulación de las organizaciones empresariales y una defensa de la política electoral al viejo estilo persuadió por fin a los empresarios más influyentes de que el gobierno seguía nuevamente la política económica correcta y de que el enfrascarse en una lucha política por transformar el Estado mexicano era demasiado arriesgado.
Los derechos de propiedad son el resultado de un contexto histórico particular. No es posible importarlos. Dependen de la estructura de la sociedad y de su equilibrio de poder interno. Desde 1982, el gobierno mexicano interviene menos en la economía y la inversión privada es más importante que antes. Así, un acontecimiento como la expropiación de los bancos es ahora menos probable. Sin embargo, la Constitución sigue dando al presidente el poder autónomo para limitar los derechos de propiedad.