VII. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ALIANZA

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe inicialmente la política económica seguida en la primera mitad de la administración de Miguel de la Madrid. En la segunda sección se examina la reacción de la comunidad empresarial a dicha política económica y los esfuerzos del gobierno para tranquilizar el activismo antigubernamental de esa comunidad. En la tercera sección se analiza la oposición política de aquellos empresarios para quienes no era suficiente una política económica más ortodoxa y exigían instituciones políticas más democráticas, capaces de imponer al menos algún tipo de freno al Ejecutivo y que incluso permitieran la posibilidad de que un partido apoyado por los hombres de negocios llegara al poder. En la siguiente sección se estudia la manera en que el gobierno cambió su estrategia de desarrollo después de 1985 y el efecto que ello tuvo en su relación con la comunidad empresarial. En la última sección se aborda la consolidación de una nueva alianza con los empresarios más importantes.

Para finales de 1987, la alianza había permitido al gobierno diseñar una nueva estrategia para administrar la crisis económica. Aunque iniciado en el último año de la administración de De la Madrid, el nuevo programa ya se encontraba bajo el control del equipo económico del que a la postre sería su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, por lo cual sólo se mencionará brevemente.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE MIGUEL DE LA MADRID

A finales de 1982, como respuesta a una inflación de 98.9%, un déficit público cercano a 17% del PIB, una deuda pública externa de 71 800 millones de dólares, un servicio de la deuda equivalente a 6.2% del PIB, una reserva de divisas de sólo 1 800 millones de dólares1 y sin la esperanza de obtener capitales frescos en lo futuro, el gobierno optó por poner en práctica una política económica contraccionista de De la Madrid basada en la reducción del déficit público, el mantenimiento de la subvaluación del peso y la represión de los salarios.2

Durante el primer año de la administración de De la Madrid, el déficit fiscal bajó a 9%. Ello se logró mediante una drástica disminución de la inversión pública y una aguda contracción de los salarios reales de la burocracia.

A pesar de que se logró controlar el déficit, el cual se acercó mucho a la meta programada, los efectos sobre la economía no fueron muy alentadores. La inflación sólo se redujo de 98.8 a 80.8, no a 55%, como se había previsto, mientras que el PIB disminuyó en 4.7%; oficialmente, se esperaba un crecimiento cero.3

La motivación a corto plazo detrás de la estrategia económica ortodoxa seguida era responder a la grave crisis de las finanzas públicas y del sector exterior, al riesgo de hiperinflación, a las presiones de los bancos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional4 y la necesidad de recuperar la confianza de la comunidad empresarial. Este último factor era muy importante. De la Madrid estaba muy consciente de la necesidad de restablecer una buena relación con los empresarios.

El gobierno mexicano tenía que adaptar su capacidad para intervenir en la economía de acuerdo con los recursos disponibles. Después de haber experimentado un aumento explosivo de la cantidad de recursos que controlaba, gracias a la bonanza del petróleo y a la deuda externa que adquirió el gobierno durante dicha bonanza, la nueva administración tenía que enfrentarse a la presión de una situación financiera extremadamente difícil y a la necesidad de estabilizar la economía.

Mientras que la crisis había dejado las finanzas gubernamentales en una situación muy apretada, un pequeño grupo de mexicanos tenía una importante suma de recursos en el extranjero.5 Como resultado de la incapacidad del gobierno para manejar sus finanzas, el poder estructural de los propietarios, analizado en los capítulos I y III, aumentó en importancia, obligando al gobierno a establecer políticas que estimulaban el ahorro y la inversión internos.

Aunque la política económica ortodoxa y la nueva estrategia económica afectaron los intereses de muchos partidarios del PRI —en particular de los trabajadores—, la alternativa de una política económica expansionista era considerada por De la Madrid y sus colaboradores más cercanos aún más costosa. Durante su gobierno, el éxito en el control del sector popular fue un factor decisivo que explica la capacidad del gobierno para poner en práctica políticas impopulares.6 Quizá con excepción de lo relacionado con las reformas constitucionales analizadas, los sectores populares desempeñaron un papel más bien pasivo hasta el proceso electoral de 1988.

En el nuevo programa de austeridad se compartía el punto de vista del sector privado respecto a las causas de la crisis.7 Era muy similar al llamado “realismo económico” que los empresarios habían demandado desde que se inició la crisis económica en 1982.

Los empresarios se apresuraron a declarar que el “realismo económico” sólo significaba adoptar “medidas ortodoxas, no proempresariales”; dolorosas, pero, en último caso, benéficas para todos.8 Según Clouthier, la política económica que se seguía no era “ni la más recomendable ni la menos recomendable, sino simplemente la única a que México tiene opción”.9 Con todo, existía aún una disputa respecto al grado de sacrificio que debía imponerse el gobierno. Aunque aprobaban la política económica de De la Madrid, los empresarios argumentaban que si la crisis era resultado del gasto excesivo del gobierno el Estado tenía que disminuir su gasto más que ningún otro sector.

Los empresarios no sólo aprobaron en términos generales la nueva política económica sino que el gobierno también introdujo tímidamente una nueva estrategia de desarrollo que implicaría un cambio significativo de la función del Estado en la economía. Conforme al nuevo modelo, el sector privado recuperaría el espacio económico perdido desde 1971, cuando el gobierno de Echeverría inició una política económica intervencionista. El nuevo programa era similar al exigido por muchos empresarios desde el sexenio de Echeverría y se volvería aún más radical después de 1985.

Junto con De la Madrid llegó un grupo de funcionarios con grados académicos en el extranjero, en general en economía. Esos tecnócratas creían en las virtudes del proyecto. Se habían opuesto a muchos esfuerzos de la administración anterior por incrementar la función del Estado en la economía, entre ellos la expropiación de los bancos. Con todo, entre esos tecnócratas había puntos de vista contradictorios respecto a cuán lejos debería llevarse la nueva estrategia. Inicialmente, De la Madrid parece haber creído que un presupuesto austero y algunos cambios menores serían suficientes. En 1986, la estrategia se hizo más radical; las consecuencias de ello se analizarán en la cuarta sección de este capítulo.

La expropiación de los bancos fue uno de los últimos intentos del grupo de tecnócratas partidarios del proyecto de Echeverría por extender las fronteras de intervención del Estado en la economía; pero el fracaso del proyecto selló su destino: ninguno de ellos retuvo una posición de importancia en la nueva administración. Aun así, la intervención estatal seguía teniendo el apoyo de muchos de los miembros de la clase política que pensaban que el gabinete de De la Madrid estaba dejándolos de lado y siguiendo un proyecto económico extranjero. Como se dijo, la nacionalización de los bancos fue muy popular entre muchos miembros de la clase política.10

En un esfuerzo por tranquilizar a los ex banqueros, el gobierno decidió acelerar la compensación por los bancos expropiados.11 Los banqueros no habían sido consultados cuando se les expropió, pero la compensación fue negociada en un proceso que se inició inmediatamente después de la nacionalización, aun antes de que De la Madrid asumiera el poder.12

El mecanismo de compensación no estaba considerado en la Ley de Expropiación, pero le sirvió al gobierno para pagar más por los bancos.13 Además, la norma para decidir el precio que debía pagarse otorgaba al gobierno cierto poder discrecional acerca de a quién decidía pagarle más.14 Se pagó a los banqueros con títulos que ganaban una tasa de interés de mercado y que se podían negociar fácilmente en el mercado de valores.15

La cuestión sobre si la compensación fue baja o alta es todavía tema de debate. Según algunos críticos del gobierno, la compensación fue demasiado alta; su argumentación es simple: se pagó a los banqueros más de lo prescrito por la ley.16 Para los ex banqueros, fue injustamente baja; creían que no reflejaba el valor de mercado real de los bienes perdidos.

El valor real de los bancos, no obstante, es difícil de evaluar. La compensación fue mayor que el valor de las acciones bancarias en el mercado de valores antes de la nacionalización. Sin embargo, el mercado estaba muy deprimido17 y el precio de las acciones no reflejaba el valor de toda la empresa. Por lo común, en una adquisición hostil, el precio de las acciones aumenta fuertemente.18

Aunque los bancos no fueron devueltos a sus propietarios, la Ley Bancaria fue modificada de tal suerte que se permitió a los particulares comprar 33% de la participación en el capital de los bancos (ningún individuo podía poseer más de 1%). Esa privatización parcial daría a los empresarios la oportunidad de participar en los consejos de dirección de los bancos y, así, influir en las políticas crediticias de estos últimos.19

En 1984, el gobierno vendió las acciones propiedad de los bancos, entre ellas las de las firmas financieras no bancarias, al sector privado, dando preferencia a los anteriores propietarios de los bancos. La mayoría de la participación en el capital fue comprado por los ex banqueros. Según Maxfield, esa medida ocupó el primer lugar entre las que se consideraban importantes en extremo para incrementar la confianza en el gobierno.20 El gobierno también vendió la única casa de bolsa de propiedad estatal.21

La nueva ley bancaria, al restringir las funciones de los bancos nacionalizados, por ejemplo en el manejo de Cetes, permitió que las instituciones financieras no bancarias crecieran de manera espectacular. Mientras que en 1982 la banca comercial captó 90% de los ahorros, en 1987 los ahora bancos nacionales sólo lograron 67%, en tanto que las casas de bolsa captaron 33 por ciento.22

La bonanza de las instituciones financieras no bancarias no permitió a los ex banqueros recuperar su antigua posición.23 Quienes más ganaron durante la administración de De la Madrid fueron quienes invirtieron en México; y muchos de los ex banqueros creían que el riesgo interno era demasiado alto. Como lo demuestra la privatización de los bancos, que se concluyó en 1992, los principales beneficiarios de la bonanza no fueron los ex banqueros. Los bancos fueron vendidos básicamente a un grupo de personas que incluía a algunos ex banqueros, pero que no estaba dominado por ellos.24

No sólo se cambió el contenido de la política económica y se inició un proceso de liberalización económica y de privatización. Además, el gobierno hizo un esfuerzo por dar al sector privado un acceso preferencial al proceso de la toma de decisiones en lo relacionado con aquellas políticas que lo afectaban directamente. Ésta era una antigua demanda de la comunidad empresarial desde el decenio de 1970.25 Muchas decisiones importantes de la primera mitad de la administración de De la Madrid fueron adoptadas después de consultarlas con los empresarios. Las consultas no eran una mera formalidad, pues afectaban de manera significativa el tipo de política adoptada.26

LA REACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS

El restablecimiento de una buena relación con la mayor parte del sector privado exigía algo más que una política económica ortodoxa y una serie de concesiones a los ex banqueros. Si bien la nueva política económica daba pie para que los empresarios incrementaran sus ganancias,27 no estaban satisfechos. Después de la nacionalización y del caos económico de 1982, las reformas constitucionales siguieron siendo fuente de fricción entre el gobierno y la comunidad empresarial.

Más allá de las numerosas expresiones verbales de desconfianza de algunos empresarios, no es fácil evaluar el grado de confianza de los inversionistas. Un indicador importante es la magnitud de la inversión y la fuga de capitales.

La inversión fija bruta disminuyó en términos reales 16.7% en 1982 y 28.2% en 1983. Tanto la inversión pública como la privada cayeron, la primera 18.8% en 1982 y 36% en 1983 y la segunda 15.1 y 22.1%.28 Por otra parte, la fuga de capitales pasó de 11 600 millones de dólares en 1981 y 6 500 en 1982 a 2 700 en 1983 y 1 600 en 1984.29 Aunque disminuyó, la fuga de capitales siguió siendo alta y el capital no regresaba como lo hizo en 1977. El ahorro nacional en el sistema bancario bajó 24% en términos reales de agosto de 1982 a mayo de 1983. La tendencia a la baja de la magnitud del ahorro en la banca nacional únicamente se detuvo en el segundo semestre de 1983.30

No obstante, esas cifras son el resultado no sólo de la desconfianza en el gobierno sino también de la crítica situación de la economía. Debido al programa de ajuste, la economía entró en una recesión que terminó siendo más grave que lo que se esperaba.

Hacia finales de 1982, la crisis había afectado en forma clara las expectativas de los empresarios. Los mercados de cambios eran demasiado impredecibles, muchas empresas tenían enormes problemas de liquidez debido a la devaluación de 1982, los controles a las importaciones dificultaron la inversión,31 la inflación iba al alza y la demanda estaba a punto de contraerse aún más drásticamente.32 En tales circunstancias, pocos querían invertir.

Además, la nacionalización de los bancos había despojado a los inversionistas privados de la más importante institución empresarial de México. Los bancos eran de capital importancia para reunir a muchos inversionistas.33 Como se señaló en el capítulo III, los bancos también servían como un importante punto de encuentro entre el gobierno y el sector privado.

Es difícil saber en qué medida puede explicarse la contracción de la inversión por la falta de confianza en las instituciones políticas y cuánto por la difícil situación económica después de las devaluaciones de 1982. En las entrevistas llevadas a cabo, la mayoría de los empresarios y todos los miembros de la administración de De la Madrid hicieron notar la importancia de la expropiación de los bancos —esto es, la razón política— como una de las causas fundamentales de la contracción de la inversión privada.34

Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda durante los primeros cinco años del gobierno de De la Madrid, argumenta que la nacionalización de los bancos y el control de cambios general aumentó claramente el riesgo de invertir en México. En su opinión, si esas medidas no hubiesen tenido lugar, más empresarios y mexicanos ricos hubiesen traído de vuelta sus capitales, como lo hicieron durante el primer año de la administración de López Portillo; además, afirma que, después de lo ocurrido en los años anteriores, nadie podía estar seguro de que las políticas que estaban poniendo en práctica, aunque fuesen favorables al sector privado, se sostendrían. Después de todo, López Portillo también había iniciado su administración con una política económica ortodoxa. Según Silva Herzog, al gobierno de De la Madrid le llevó al menos dos años convencer al sector privado de que se apegaría a la nueva política (en realidad, le llevó más tiempo, dado que en 1985 hubo un gasto excesivo, el cual se analizará más adelante).35

Era de esperarse, desde luego, que los funcionarios del equipo de De la Madrid culparan de sus problemas a las políticas del gobierno anterior. Pero muchos empresarios también compartieron ese punto de vista. Para muchos de ellos, una explicación importante del estancamiento económico de los primeros años de la administración de De la Madrid era la falta de confianza en las instituciones políticas de México. De acuerdo con la encuesta llevada a cabo por Maxfield, 74% de los empresarios creía que la confianza en el gobierno era una variable en extremo importante que influía en sus decisiones de inversión y 96% pensaba que la nacionalización de los bancos era la causa de que la confianza de los inversionistas disminuyera.36 Era común oír quejas respecto a la falta de seguridad de los derechos de propiedad provocada por la incoherente política económica del gobierno anterior y por la nacionalización de la banca. Según el vicepresidente de la Canacintra, la organización tradicionalmente más progobiernista: “es imposible que en un solo año de la presente administración se recupere la confianza que durante 12 años fue dilapidada”.37

Existen dos encuestas que sirven como indicadores de las variables que afectaron las decisiones de los inversionistas privados, una hecha entre 190 empresarios importantes, y la otra entre 240 gerentes de las principales empresas.38 Conforme a la encuesta efectuada a los líderes empresariales, 22.5% de ellos creía que el factor clave que explica la inversión a corto plazo es la confianza en el nuevo gobierno; le seguía en importancia el control de la inflación, con 16.1%, y la estabilidad política, con 13.4 por ciento.39

Cuando se les preguntó acerca de los factores determinantes de un crecimiento estable de la inversión privada, 21.5% respondió que la estabilidad política y social y 20.2%, que una política económica correcta. Los siguientes tres factores determinantes en importancia, la necesidad de reglas simples y estables, la necesidad de modificar la ley para fomentar la inversión productiva y suficientes garantías a la propiedad privada y a la apropiación de las utilidades obtuvieron cada uno más o menos 8% de las respuestas. Las tres últimas preguntas se relacionan estrechamente con otro tema: la certidumbre sobre las reglas del juego; y, sumadas, representan 26.1% de las respuestas.40

Cuando se divide a los encuestados por regiones, resulta significativo que la pregunta respecto a la certidumbre sobre las reglas del juego fuese más importante en el Noroeste —lugar de nacimiento de dos de los más importantes líderes de los empresarios más radicales (Clouthier y Goicochea) y donde era más intensa la exigencia de instituciones más democráticas— que en ninguna otra región. De acuerdo con 20% de los entrevistados, el primer factor determinante de la inversión es la existencia de reglas simples y estables. En segundo lugar, hay otros tres factores, cada uno con 15% de apoyo: una reforma fiscal que redujera los impuestos y simplificara los procedimientos, garantías a la propiedad privada y estabilidad social y política.41

Con todo, la encuesta fue llevada a cabo seis años después de la expropiación y ya para entonces habían cambiado significativamente las circunstancias, por lo cual es razonable suponer que el cambio debió hacer que se subestimara la incertidumbre provocada por un ejercicio discrecional del poder, como la nacionalización. Por otra parte, la encuesta podría reflejar un aumento de la incertidumbre respecto a la estabilidad política, generado por las elecciones de 1988, en las que el PRI ganó por un reducido margen y en condiciones de supuesto fraude. Dado que la falta de reglas del juego bien definidas seguía siendo un factor determinante en las decisiones de inversión, se puede suponer que en los primeros años de la administración de De la Madrid esa fuente de incertidumbre era al menos tan importante como lo fue después.

UN GOBIERNO EN BUSCA DE ALIADOS

Es difícil conocer la importancia precisa atribuible a los factores políticos y económicos en las decisiones de ahorro e inversión en México. Lo único claro es que, en el plano político, la relación seguía siendo conflictiva, al menos con las organizaciones empresariales más importantes. De la Madrid fue el candidato del PRI preferido por la mayoría de los empresarios, pero la crisis y la nacionalización dañaron su relación con este sector de la sociedad mexicana. En consecuencia, el presidente se encontraba en una posición difícil, pues el grupo que se esperaba fuese su aliado más fuerte estaba en realidad contra él.

La relación con muchas organizaciones empresariales era tan fría que, en el primer año de su administración, el presidente rompió la tradición y no asistió a la reunión anual de la Concanaco, la Coparmex ni el CCE. Esas organizaciones se encontraban bajo el control de los empresarios más radicales. La relación con algunas organizaciones empresariales era tan mala que, en una reunión de la Concanaco, los empresarios incluso abuchearon al secretario de Comercio, Héctor Hernández, reacción inusitada en la cultura política mexicana de entonces, en la que en general se respetaba a las autoridades, al menos en público.42

Con el propósito de evitar un aislamiento mayor con respecto a la comunidad empresarial, el gobierno hizo un esfuerzo por restablecer una buena relación con la Concamin y la Canacintra, que representaban a las empresas industriales tradicionalmente cercanas al gobierno. Por ejemplo, De la Madrid asistió a la reunión anual de la Canacintra, organización menos importante que el CCE, en la que defendió sus políticas, dirigió un importante mensaje político y alabó a su dirigente, Barragán, por su lealtad a la República.43

El gobierno también comenzó a excluir y a aislar de las consultas formales a las organizaciones empresariales que se habían radicalizado. En lugar de incluirlas en las consultas, negoció directamente con los empresarios más importantes, poniendo especial cuidado con aquellos que radicaban en las regiones más antipriístas del país donde el movimiento “México en la Libertad” había sido tan bien recibido.44

Con el propósito de reconstruir la relación funcional con el sector privado, el gobierno contó con los industriales endeudados que necesitaban apoyo gubernamental. Incluso un radical como Clouthier, quien combatió la intervención gubernamental en sus mítines políticos durante las manifestaciones de “México en la Libertad”, llegaría a afirmar que la intervención gubernamental era necesaria para renegociar la deuda del sector privado.45

Los propietarios de las empresas con problemas financieros tenían a menudo grandes depósitos personales de dólares en el extranjero. Sin embargo, el gobierno no tenía manera de obligarlos a traer sus capitales de regreso y necesitaba conservar la viabilidad de las empresas más importantes.

Con el propósito de evitar quiebras masivas, el gobierno introdujo un programa especial llamado Ficorca, diseñado para ayudar a las empresas con deudas en dólares a restructurarlas y protegerlas contra inestabilidades del tipo de cambio. Como lo argumentó Pandal cuando se anunció la idea de crear el Ficorca, el programa daría cierto respiro a las industrias, la mitad de las cuales, aproximadamente, estaba a punto de quebrar.46 Hacia finales de marzo, el sector privado tenía un retraso en sus pagos de más de 5 000 millones de dólares de una deuda total de casi 22 000 millones de dólares.47

El Ficorca funcionaba como se describe a continuación. Se pedía a las empresas con deuda extranjera dispuestas a participar que la restructuraran con sus acreedores al menos con tres o cuatro años de gracia.48 La empresa participante pagaba entonces su deuda en pesos a un fideicomiso administrado por el gobierno mexicano. La deuda se calculaba con base en el tipo de cambio controlado. El gobierno se hacía responsable de pagar al acreedor extranjero en la divisa en que hubiese sido contraída la deuda original y pagaba a los empresarios una tasa de interés un punto más alta que la del mercado de dólares interbancarios de Londres (Libor) en el caso de saldos ya cubiertos por el empresario aún no pagados a los acreedores extranjeros.

Si la empresa mexicana no tenía efectivo para pagar en pesos su deuda extranjera, tenía derecho a recibir del gobierno un crédito en pesos. La empresa usaba entonces el crédito para pagar al Ficorca, que era el responsable del pago al acreedor extranjero. Así, el gobierno mexicano absorbía obligaciones en una moneda extranjera a tasas de interés internacionales a cambio de activos denominados en pesos que recibían tasas de interés internas.

En 1983, 97% de los beneficiarios seleccionó la opción conforme a la cual el gobierno también les daba un crédito. Tan sólo durante el primer año el monto total de la deuda a cargo del Ficorca fue de 11 600 millones de dólares. Se acogieron al Ficorca 1 214 empresas, de las cuales 43% tenía una deuda inferior a un millón de dólares, esto es, no más de 600 millones de dólares. Lo anterior implica que el otro 57% de las empresas recibió ayuda por medio del Ficorca por una cantidad de cerca de 11 000 millones de dólares.49 El Ficorca benefició de manera particular a las grandes empresas en las que estaba concentrada la mayor parte del crédito externo, ya que éstas habían tenido un acceso comparativamente fácil a un crédito externo hasta cierto punto barato antes de las devaluaciones de 1982.50

El gobierno afirmó que el programa no implicaba ningún subsidio, aunque su principal objetivo, un seguro gratis para los empresarios sobre el valor de su deuda en moneda extranjera, era un subsidio. Además, se basaba en el tipo de cambio controlado (109 pesos por dólar; incluso había empezado con un tipo aún más bajo: 75 pesos por dólar), mientras que el tipo de cambio libre era mucho más alto (150 pesos por dólar). En realidad, el Ficorca entrañaba un subsidio implícito a las empresas endeudadas en moneda extranjera que se acogieron al programa.51

Las condiciones de la economía determinarían si habría un subsidio adicional. Las empresas pagaban en pesos y servían la deuda con intereses domésticos. El gobierno, mediante el Ficorca, pagaba en dólares a la tasa correspondiente. Dado que el gobierno esperaba que las tasas de interés internas fuesen altas y no hubiese una devaluación aguda del peso, incluso podía tener una ganancia.

En 1983 y 1984, las tasas de interés reales fueron ligeramente positivas y el peso bastante estable, por lo cual el gobierno acumuló ganancias. Durante los dos años siguientes, si bien las tasas de interés siguieron siendo positivas en términos reales, el peso sufrió varias devaluaciones abruptas y, en consecuencia, el gobierno acumuló pérdidas. Dado que la economía se recuperó y en 1988 el peso se estabilizó, el Ficorca fue un éxito financiero, incluso a pesar de que ayudó a los empresarios en los años más difíciles.52 Como en 1987 los empresarios tuvieron una mejor perspectiva y la nueva ley fiscal castigaba a las empresas sumamente endeudadas, muchos empresarios optaron por pagar anticipadamente su deuda.53

No es sorprendente el que el Ficorca fuese una de las políticas que más ayudaron a recuperar la confianza en el gobierno.54 En una entrevista, el gerente general de una empresa extranjera afirmó que la oficina central de su compañía no podía creer que el Ficorca no ocultase algún tipo de compromiso. Cuando fueron convencidos de que no había otras implicaciones, pronto decidieron participar.55

El Ficorca pudo no haber tenido implicaciones políticas para los empresarios extranjeros, pero sí tuvo un efecto político sobre las empresas mexicanas. Además de la racionalidad puramente económica de salvar a la industria mexicana de la bancarrota,56 el Ficorca tenía un objetivo político.

Existen algunas pruebas de que, con la promesa del Ficorca, el gobierno pudo influir en el proceso electoral para la presidencia de la Concamin en favor de un candidato más moderado y, así, evitar que los empresarios más radicales fortalecieran su posición y aislaran al gobierno aún más. De acuerdo con un periodista cercano al empresario más radical, el gobierno intervino de manera directa en la sucesión de Pandal en favor de un industrial progobiernista, Jacobo Zaidenweber. Los votos decisivos estaban en manos de los consorcios más grandes de Monterrey. Jacobo Zaidenweber, acompañado por Silva Herzog, fue a ofrecerles créditos y a discutir con ellos la idea del Ficorca.57 Los grandes consorcios de Monterrey, que habían apoyado a los radicales en las elecciones de otras organizaciones empresariales, apoyaron ahora al candidato moderado. Su estrategia consistía en tener un pie en ambos campos. Así, podrían valerse de los más radicales para ejercer presión sobre el gobierno, pero también de los moderados, que controlaban la cámara industrial, para obtener apoyo gubernamental.58

Jacobo Zaidenweber ganó por un pequeño margen y el gobierno obtuvo un contacto privilegiado con una importante organización empresarial en un momento en el que muchas organizaciones estaban en manos de la facción más radical. El gobierno se valdría de la Concamin como la organización clave en las negociaciones con los empresarios, dejando fuera al CCE.

Zaidenweber, propietario de una industria mediana de la ciudad de México, era el candidato idóneo para restablecer una buena relación de trabajo, ya que estaba acostumbrado a operar en el seno de un ambiente protegido y con apoyo gubernamental. Cuando asumió la presidencia de Concamin, declaró públicamente que la nacionalización era un suceso del pasado y que el nuevo gobierno había hecho que el país volviera al estado de derecho. En su opinión, a pesar de todas las dificultades, nuevamente había certidumbre.59 Su actitud progubernamental provocó las críticas de otros líderes empresariales.60

Zaidenweber proporcionó al gobierno un necesario apoyo político. Su única crítica importante, aun cuando limitada, vendría más adelante contra el esfuerzo de liberalización comercial emprendido por el gobierno en 1984.

Como la Concamin se convirtió en el interlocutor clave del gobierno, De la Madrid utilizaría una de sus reuniones para enviar a los empresarios radicales un mensaje a manera de oferta de reconciliación y, simultáneamente, advertirles que el gobierno no estaba dispuesto a negociar las bases de las instituciones políticas de México. En palabras de De la Madrid:

Entre las definiciones políticas generales se encontraba el tácito monopolio político del PRI. Como se explica más adelante, aunque al principio la administración de De la Madrid permitió que los votos por el PAN fuesen respetados, en elecciones posteriores la oposición reclamó fraudes electorales.

Con el apoyo político de la Concamin y del gobierno, los empresarios más moderados comenzaron a recuperar el control de la organización empresarial más importante, el CCE. En mayo de 1983, aunque no lograron llevar a Claudio X. González62 a la presidencia de la organización, los empresarios más moderados aceptaron con gusto la candidatura de Jorge Chapa como una forma de arreglo con los más radicales. Claudio X. González fue electo vicepresidente del CCE y los empresarios más radicales se comprometieron a aceptar su candidatura a la presidencia en las siguientes elecciones, aunque en julio de 1984 Chapa fue reelecto a la presidencia y González a la vicepresidencia.63 Inicialmente, el sector más radical creyó que Chapa sería capaz de defender sus intereses, pero pronto se dieron cuenta de que no sería así.64

En otras organizaciones empresariales, los líderes más radicales fueron sustituidos por otros más moderados. En la Concanaco, Goicochea dejó el cargo a Nicolás Madáhuar el 30 de mayo de 1984. Como signo de reconciliación, De la Madrid asistió a la ceremonia. Madáhuar adoptaría una posición menos politizada; para él, los hombres de negocios que estuvieran dispuestos a participar en política debían dejar, en caso de tenerlas, posiciones oficiales en las organizaciones empresariales, para así evitar divisiones entre los empresarios. El contraste con Goicochea, que abiertamente había politizado la función de la Concanaco, era evidente.

El sucesor de Basagoiti en la Coparmex, Alfredo Sandoval González, seguiría una estrategia más moderada, aunque él se considerara un radical y continuara oponiéndose en forma abierta al gobierno.65

En un esfuerzo por fortalecer su posición frente a los empresarios más radicales, el gobierno decidió seguir una agresiva política contra la Coparmex, que seguía siendo su crítico más abierto y en el que no había podido promover líderes empresariales más progubernamentales. Pretextando formalidades legales, en abril de 1984 el gobierno pretendió excluirla del Infonavit.66 Todas las organizaciones empresariales apoyaron a la Coparmex.67 Los empresarios moderados podían desear sustituir a los empresarios más radicales, pero no estaban dispuestos a aislar a su institución más radical. Después de todo, una organización radical podía seguir siendo útil en lo futuro si estallaba algún conflicto.

Después del segundo informe de De la Madrid al Congreso de la Unión en septiembre de 1984, la atmósfera cambió. De acuerdo con Jorge Chapa, presidente del CCE, el gobierno de De la Madrid “ha originado un nacimiento de la confianza entre los empresarios”. Chapa participó incluso en un desayuno privado con De la Madrid y los documentos indican que fue una reunión muy amistosa.68

En 1985, el gobierno pudo promover a otro empresario progubernamental a la presidencia de la Concamin. Silvestre Fernández Barajas, el candidato de Zaidenweber (y del gobierno), ganó las elecciones contra Madero Bracho, con el voto de 36 de las 51 cámaras. No puede considerarse a Madero Bracho como un radical, pero era más independiente que Fernández Barajas, quien rápidamente confirmó su posición más progubernamental. Según él: “ha renacido la confianza y la voluntad para hacer más inversiones”.69

El hecho de que el gobierno lograra influir en la elección de líderes menos radicales era una señal indirecta de que la relación con los empresarios estaba mejorando. Cuando las relaciones con el gobierno mejoran, la fuerza de los empresarios más moderados tiende a aumentar.70

LOS EMPRESARIOS RADICALES EN BUSCA DE VOTOS

Aunque la política económica de De la Madrid fue endosada por la mayoría de los hombres de negocios, dado su “realismo económico”, y el gobierno emprendió varias acciones proempresariales, ello no fue suficiente para apaciguar las ambiciones políticas de los empresarios más radicales. Para ellos, la nacionalización de los bancos había dejado en claro un desacuerdo fundamental con respecto a la naturaleza del marco institucional.

Estos empresarios más radicales argumentaban que el “realismo económico” de De la Madrid, en especial después de las reformas constitucionales descritas en el capítulo anterior, no era una garantía definitiva contra lo que percibían como su intención fundamental: la imposición del “socialismo” en México. Uno de los argumentos que utilizaron para apoyar su posición fue un documento escrito por Stephany Griffith-Jones, una académica que había sido funcionaria del Banco Central chileno durante el gobierno de Salvador Allende en el decenio de 1970 y después se estableció en el Institute of Development Studies, en Sussex, Inglaterra. Griffith-Jones argumentaba que la transición al socialismo debe ser conducida en el marco de una política económica ortodoxa. Tal política permitiría al gobierno que deseara alcanzar el socialismo evitar el caos económico que resulta de un gasto público excesivo asociado en general con los gobiernos más de izquierda. El documento fue reimpreso por la Concanaco y citado en dos entrevistas, lo cual es un reflejo de la desconfianza de los empresarios más radicales.71

Las críticas de los hombres de negocios más radicales se dirigieron contra las instituciones políticas mexicanas. Estos empresarios, básicamente medianos y de provincia, en particular de los estados del Norte y de Puebla, luchaban por principios que iban más allá de la mera política económica. Estos empresarios se desplazarían lentamente hacia la lucha electoral. En palabras de Clouthier, “la crisis de México es política y moral […] Llegamos al absolutismo del poder […] La prueba fehaciente de tal absolutismo es la expropiación bancaria”.72

Si la crisis era tanto política como económica, una política económica sana no era suficiente. La única salida era participar en la elección de los futuros gobernantes de México.73 Clouthier, por ejemplo, declaró públicamente que lucharía por los candidatos de su partido, el PAN, que darían una sorpresa nacional.74 Unas semanas más tarde, las tierras de Clouthier fueron invadidas por campesinos que demandaban tierra y sus trabajadores se pusieron en huelga en algunas de sus industrias.75

Según los empresarios más radicales, la crisis abría un nuevo espacio político y económico al sector privado. Debido a la crisis, el gobierno tendría menos recursos y capacidad para expandirse, por lo que los empresarios tendrían la oportunidad de ocupar estos espacios. Además, según ellos, la crisis tenía el efecto de erosionar el viejo pacto, conforme al cual los empresarios y los miembros de la clase media habían cambiado su pasividad política por un ingreso creciente. Un ingreso en descenso para la clase media era un ambiente propicio para la oposición política.

Los empresarios más radicales, quienes no eran miembros de la élite mexicana más poderosa, consideraron que los beneficios de echar al PRI del gobierno eran mucho mayores que los costos. Después de todo, muchas de las políticas emprendidas por De la Madrid eran mucho más benéficas para los grandes consorcios que para el tipo de empresas como las suyas.

Estos empresarios politizados tenían la posibilidad de unir fuerzas con el ya poderoso sector proempresarial del PAN, los llamados “neopanistas”.76 Muchos candidatos del PAN a gobernador durante los siguientes años, en especial en los estados del Norte, surgieron de las organizaciones empresariales. Su líder más conspicuo, Manuel Clouthier, sería el candidato del PAN a gobernador en las elecciones de 1986 en el estado de Sinaloa y a presidente del país en las nacionales de 1988.77

Al principio, la mayoría de los empresarios, incluidos los más importantes, parecían estar en favor de una participación electoral más abierta. En 1983 el PAN ganó las elecciones municipales en las principales ciudades de Chihuahua. Del total de votos, el PAN obtuvo sólo 10 000 menos que el PRI.78

Este resultado no tenía precedentes. Parecía que el gobierno iba a honrar la promesa del presidente en el sentido de que sería respetado todo resultado electoral.

Esta promesa le había permitido a De la Madrid obtener cierto margen de maniobra, no sólo entre los empresarios insatisfechos sino también entre los priístas más de izquierda, que habían fortalecido su posición después de la nacionalización. Para algunos priístas de izquierda esa promesa era una política deliberada para debilitarlos.79

El éxito electoral del PAN pareció confirmar el punto de vista de los empresarios más radicales. Según ellos, si el voto era respetado, se probaría que la sociedad mexicana estaba lista para expulsar a la élite política que tenía el poder y había sumido a México en una crisis tan aguda; había que sustituirla con representantes de los hombres de negocios. Éstos, finalmente, modernizarían las instituciones políticas de México, aplicarían una política económica responsable y respetarían los derechos de la sociedad, en particular la propiedad privada.

No obstante, en otros procesos electorales la oposición no obtuvo los resultados esperados. El PRI ganó fácilmente todas las elecciones locales que faltaban en 1983 y las de 1984. La única excepción ocurrió en el estado de Coahuila, en 1984, donde tuvieron lugar violentos incidentes después de que fueron anunciados los resultados oficiales.80 Para los partidos de oposición, el éxito electoral del PRI era sólo la prueba del retorno del gobierno a las prácticas fraudulentas, no una señal de aumento de la popularidad del gobierno. La lección era que quitar al PRI del gobierno no era tarea fácil y que debían dedicar más esfuerzos a lograrlo.

La oposición no sólo no pudo reproducir el éxito electoral de 1983 en Chihuahua sino que fue perdiendo el control, como ya vemos, de las organizaciones empresariales. Para 1985, el gobierno ya había consolidado su relación con los empresarios más prominentes, por lo cual muchos redujeron su apoyo a los empresarios más radicales y al propio PAN. Las grandes empresas seguían, además, en una situación económica delicada. Incluso algunos empresarios estaban participando en política en el plano local como candidatos del PRI.

Cuando el gobierno ejerció presión directa sobre algunos de los más prominentes empresarios para que dejaran de apoyar al PAN, la mayoría de ellos terminó por dar su apoyo al candidato del PRI que, como reacción a la amenaza panista, estaba seleccionando candidatos más cercanos a los intereses empresariales. El punto de inflexión tuvo lugar en Nuevo León, sede de los grandes empresarios tradicionalmente más independientes, propietarios de los consorcios regiomontanos.

El resultado de Nuevo León se repitió en Chihuahua en las elecciones de 1986. Para entonces, los grandes consorcios ya habían decidido, con la nominación de un candidato priísta proempresarial, que sus intereses quedarían mejor protegidos si aceptaban el statu quo.81 Una breve descripción del caso de Nuevo León ilustrará cómo se logró esto.

Las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León fueron una oportunidad para algunos empresarios de apoyar al candidato del PAN, Fernando Canales Clariond, ex presidente de la Concanaco. Canales era partidario de muchas de las políticas preferidas de la comunidad empresarial y daría voz a ésta en la arena política. La mayoría de los empresarios entrevistados en una encuesta creían que sus preferencias estarían mejor representadas por el PAN que por el PRI.

Entre sus demandas, que creían que el PAN compartía, estaba la necesidad de radicalizar más el programa de privatización. Según ellos, el programa, tal como era, seguía el camino adecuado, pero iba con mucha lentitud. Demandaban una liberalización más rápida de la economía y la privatización del ejido. Una de las principales críticas al PRI, apoyada por el PAN, era la expropiación de los bancos. Todos los empresarios entrevistados la desaprobaron en términos muy duros.82

Después de un tenso proceso electoral, varios empresarios de Monterrey rechazaron la supuesta victoria del candidato del PRI, Jorge Treviño, calificándola de fraudulenta. En su opinión, el PAN había ganado.83

Muchos empresarios reaccionaron rápidamente contra el supuesto fraude. Adán Elizondo, presidente del Centro Empresarial de Nuevo León, por ejemplo, criticó “la falta de respeto al voto del pueblo”.84 Después de un enfrentamiento entre simpatizantes del PAN y la policía, Ernesto Martens y Jorge Arrambide, presidente y director de la Caintra (Cámara de la Industria de la Transformación) de Nuevo León, respectivamente, afirmaron en forma pública: “No tenemos el gobierno que queremos, exigimos que se respete la voluntad popular”.85

Cuando Jorge Treviño asumió formalmente el cargo de gobernador, los presidentes de la Canaco, la Caintra y el Centro Empresarial de Nuevo León, las tres organizaciones empresariales locales más importantes, no asistieron a la ceremonia, como tampoco lo hicieron empresarios importantes como Andrés Marcelo Sada, presidente de CYDSA, y Rogelio Sada Zambrano, director general de Vitro. Ese comportamiento no tenía precedentes y fue visto por el gobernador como un desafío abierto de los empresarios de Monterrey.

Esos empresarios luchaban contra el gobierno federal por el control político del estado de Nuevo León. Jorge Arrambide lo había reconocido con franqueza unos meses antes. Según él, la oposición de los empresarios era una reacción a la incapacidad de los políticos para manejar la economía correctamente. Admitían estar en busca del poder político.86

No obstante, el gobierno convenció a algunos de los empresarios más poderosos de que mostraran su apoyo a Jorge Treviño. “Por respeto a la autoridad”, Bernardo Garza Sada, de Alfa (el grupo con el problema financiero más agudo), Eugenio Garza Laguera, de Visa (uno de los consorcios más grandes de Monterrey) y Jorge Chapa (ex presidente del CCE) asistieron a la ceremonia.87

Meses más tarde, la atmósfera se tensó aún más con las elecciones para presidente municipal de Monterrey, la capital del estado. A pesar de las acusaciones de fraude electoral, el candidato del PRI, Sócrates Rizzo, fue electo en contra de José Luis Coindreau, el candidato del PAN e importante hombre de negocios.88

La Canaco y la Caintra locales protestaron por la decisión del Congreso de no declarar nulas las elecciones. Más tarde, Rogelio Sada Zambrano denunció que el gobierno lo presionaba directamente para que no participara en política.89 Muchos empresarios bajaron la voz, pero Sada Zambrano continuó con su abierta oposición a los resultados electorales.90

Muy pronto, Adrián Sada, presidente de Vitro, preocupado por las consecuencias de que su compañía fuese vista como uno de los principales proveedores de fondos al PAN, prohibió a todos sus gerentes que participaran en política. Sada Zambrano, el gerente general, decidió renunciar y continuar con sus críticas, pero fue abandonado por los principales empresarios, que estaban tratando de restablecer una buena relación con el gobierno.

Es probable que la necesidad de apoyo gubernamental de esos empresarios haya influido en su decisión. Las grandes empresas, en particular algunos de los grupos más importantes de Monterrey, se enfrentaban a graves problemas que incluso amenazaban su existencia como grupos independientes. Aunque para 1985 la mayoría de los grupos ya había renegociado su deuda, lo que les había permitido participar en el Ficorca, y su situación desde el punto de vista de las utilidades era mejor que en 1983, en un informe de 1986 se llegó a la conclusión de que la mayoría de los grupos seguía todavía al borde de la quiebra, lo que implicaba la necesidad de un nuevo programa de ayuda financiera.91

A finales de 1985, después de convencer a los grandes empresarios de Monterrey, por lo general los más independientes de los grandes consorcios, de la necesidad de apoyar al gobernador y al presidente municipal priístas recién electos, el gobierno pudo continuar promoviendo a empresarios más moderados entre las organizaciones empresariales más importantes. En el CCE fracasaron los esfuerzos de los miembros más radicales por promover a Basagoiti como sucesor de Chapa. A pesar de los rumores de que ya había obtenido cuatro votos, suficientes para vencer al otro candidato, Claudio X. González, este último fue electo por unanimidad. Según Basagoiti, el gobierno obligó a quienes lo querían a él como presidente del CCE a votar por González, amenazándolos con la pérdida de acceso a las distintas instancias de gobierno con las que negociaban, lo que les habría impedido influir en la toma de decisiones.92 La ceremonia de sucesión del CCE se llevó a cabo en una reunión privada y aparentemente cordial con De la Madrid.93

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

La posición de los empresarios más moderados se vio fortalecida por el hecho de que se mantuvo una política económica relativamente ortodoxa. Ahora podían afirmar que el gobierno ya no era una amenaza para sus intereses. Y así lo hicieron, aunque, a finales de 1984 y principios de 1985, hubo una menor disciplina fiscal, porque el gobierno, al parecer, optó por distribuir recursos en los estados donde el PRI se enfrentaba a elecciones disputadas.94 El exceso de gasto fue criticado por los empresarios, pues era peligrosamente incompatible con el programa económico prometido por el gobierno en 1983.

Aunque el exceso de gasto tuvo un efecto negativo en lo que respecta a la inflación y la estabilidad monetaria, no provocó un conflicto profundo en la relación entre el gobierno y la mayor parte del sector privado. Después de todo, fue una cuestión de grado, no algo relacionado con la estrategia en conjunto, que era considerada correcta. De hecho, la inversión privada había comenzado a crecer en términos reales (a partir de un nivel muy bajo): 7.9% en 1984 y 13.5% en 1985.95

En 1985, el resultado fue una inflación más alta de lo esperado, pues alcanzó 63.7% a finales del año, por lo que a mediados de 1985 el gobierno aumentó el ritmo de devaluación del peso, no sólo para compensar el aumento de la inflación sino también para aumentar la subvaluación del peso. En 1986, durante el transcurso de la copa mundial de futbol, súbitamente el gobierno devaluó el peso.96

La depreciación del peso en 1985 y 1986 formó parte de un esfuerzo del gobierno por ajustar la pérdida de ingresos provenientes del petróleo y su fracaso en la renegociación de la deuda externa.97 A diferencia de lo ocurrido en 1982, la devaluación fue seguida por una política económica contraccionista coherente con los objetivos de la devaluación. Hasta 92.2% de los créditos de la banca comercial, por ejemplo, fueron dirigidos al sector público. El crédito al sector privado disminuyó 17.5% en términos reales y las tasas de interés reales aumentaron en la primera mitad del año.98 La contracción de la economía sólo fue comparable con la que tuvo lugar en 1983. La crisis de 1986, posterior a la caída de los precios del petróleo, afectó las expectativas de los empresarios. La inversión privada disminuyó 11.4%, aunque en grado significativo esta caída fue menor que la de 1983.99

Una vez más, el gobierno se enfrentaba a una grave crisis. Los esfuerzos de 1983 y 1984 parecían haber sido inútiles; sin embargo, el terremoto del 19 de septiembre de 1985 y el choque externo debido a la caída de los precios del petróleo100 escaparon claramente al control o a la responsabilidad del gobierno. En el plano político, la crisis no dañó su relación con los empresarios de manera similar a lo que ocurrió en 1982.

Después del terremoto, el gobierno expropió vecindades pobres afectadas por el sismo. Los inquilinos se mostraron felices, pero los propietarios se sorprendieron al principio. Algunos empresarios radicales hicieron un esfuerzo por asociar la expropiación de viviendas con la nacionalización de los bancos, pero fracasaron en su intento.

La expropiación de tierra urbana se hizo sin consultar con el sector privado. Aunque, una vez más, fue un despliegue del poder constitucional del gobierno para limitar repentinamente los derechos de propiedad, no dañó la relación con la mayoría de los hombres de negocios. La propiedad expropiada pagaba rentas que habían sido congeladas desde el decenio de 1950, por lo cual su valor de mercado era muy bajo. El gobierno compensó a los propietarios pronto y con generosidad.

Para la mayoría de los empresarios, en especial los de la ciudad de México, era evidente que debía hacerse algo para resolver la crisis producto del terremoto. Dado que la relación con el gobierno estaba mejorando, consideraron que un conflicto en torno a los derechos de propiedad era innecesario y difícil de justificar.

Sin recursos frescos provenientes del exterior y ante la presión de la comunidad financiera internacional, los problemas económicos de 1985 y 1986 empujaron al gobierno a reforzar su programa económico mediante una aceleración del proceso de privatización y liberalización de la economía. Con el propósito de seducir al sector privado, controlar las finanzas públicas y obtener dinero fresco del exterior, el gobierno decidió reducir el grado de intervención estatal en la economía.

El grupo de tecnócratas que había estado arguyendo que la antigua estrategia de desarrollo se enfrentaba a graves problemas finalmente convenció a De la Madrid de que, para eliminar el déficit fiscal que el choque petrolero había exacerbado, reducir la inflación e incrementar la productividad de la economía, el gobierno tenía que privatizar muchas de sus empresas y desregular la economía (sobre todo mediante la liberalización del comercio en esta primera etapa). Silva Herzog renunció en junio de 1986 y De la Madrid entregó el control de los asuntos económicos a Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto. La medida dio mayor coherencia dentro de la burocracia a la puesta en práctica de la nueva estrategia.

La privatización fue aplaudida por los empresarios, pero su reacción a la liberalización comercial fue claramente menos entusiasta. La nueva política comercial se formalizó con el ingreso al GATT en julio de 1986. Esta decisión dio marcha atrás a la resolución de López Portillo de marzo de 1980 de no ingresar a ese organismo, la cual reflejaba la oposición de la mayoría de los empresarios a pertenecer a ese organismo internacional. La decisión de De la Madrid fue una muestra más del grado de autonomía del gobierno para redefinir las reglas del juego, esta vez en favor de un marco más liberal.101

Las pequeñas y medianas empresas, dedicadas ante todo al mercado interno, las que habían apoyado más al gobierno en los años difíciles del sexenio, estaban contra la liberalización comercial y la contracción de la demanda interna. Sabían que la nueva estrategia les afectaría, puesto que el “derecho” a un mercado protegido se perdería, pero eran incapaces de llevar a cabo una oposición política abierta. De hecho, el candidato disidente de la Canacintra, quien ofreció una oposición más abierta contra las políticas gubernamentales, perdió las elecciones.102

No obstante, la Concamin pudo articular un proyecto industrial alternativo que incluía sus demandas. El presidente de la organización, Silvestre Fernández Barajas, ofreció una alianza con el gobierno y demandó la intervención del Estado con el propósito de crear las condiciones propicias para el desarrollo de la industria de manera similar a como se había hecho hasta entonces.

El gobierno rechazó la propuesta de la Concamin y decidió continuar adelante con su nueva estrategia de desarrollo. Contra las expectativas de los industriales, la administración no preveía un plan industrial. Los recursos públicos y la protección se concentraron en las empresas exportadoras.103 Si bien la agenda de liberalización planteada por el gobierno era moderada, la oposición de los empresarios representados por Fernández se mantuvo.

Los industriales opuestos a la liberalización, aunque muy numerosos, no lograron articular una respuesta, en gran medida por los fuertes lazos que tenían con el gobierno. Además, parte de su discurso era más atractivo para el sector tradicional del PRI y los grupos de izquierda que para el resto de la comunidad empresarial.

El proyecto de liberalización no sólo contaba con el apoyo delos principales hombres de negocios sino también con el de los empresarios medianos del Norte que habían sido la oposición política más activa entre los empresarios contra el gobierno de De la Madrid. La decisión de ingresar al GATT fue vista por los consorcios más grandes y los empresarios más radicales como una restricción positiva a la futura capacidad del gobierno para cambiar la estrategia de liberalización en curso. Dado que las exportaciones de bienes manufacturados aumentaron rápidamente (43% en 1986), creció la importancia de las empresas exportadoras y, con su apoyo político, el gobierno logró vencer la resistencia del resto de los industriales.104

Entre los que apoyaban el proyecto de liberalización se encontraban el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), dependiente del CCE, y el Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio (Camecic), vinculado a la Coparmex. Esta última estaba formada por los mismos empresarios radicales que se habían opuesto a la administración de De la Madrid en los primeros años. Dos de los personajes más conspicuos del Camecic eran Clouthier y Basagoiti.105

Los críticos más duros del gobierno apoyaban ahora la radicalización del programa económico,106 si bien seguían oponiéndose al gobierno en el plano político, pues estaban en favor de una democratización que asegurara controles más estables sobre las decisiones gubernamentales.

Los empresarios vinculados con el sector exportador y políticamente cercano al gobierno defendieron con vehemencia la liberalización. En palabras de Claudio X. González, presidente del CCE: “Los industriales y los empresarios mexicanos deberán abandonar el lloriqueo por el proteccionismo perdido […] No hay posibilidad de dar marcha atrás en la decisión de cambiar el modelo de desarrollo. México ingresará, se quiera o no, al sistema de libre comercio, donde sólo sobreviven los más aptos y capaces”.107

En 1987, el gobierno pasó de la estricta política económica de 1986 a una más expansionista, aunque las presiones inflacionarias seguían siendo muy fuertes. Sin embargo, el ritmo de la reforma estructural, incluidas la privatización de empresas públicas y la liberalización de la economía, se aceleró en marzo de 1987.

Apoyado por los créditos otorgados por los bancos extranjeros como resultado del Plan Baker, el gobierno decidió disminuir el ritmo de la devaluación diaria del peso y aumentar el gasto público. Ello dio lugar a una reactivación de la economía conforme a un nuevo pacto, llamado Programa de Apoyo y Crecimiento (PAC).108

La motivación de este programa era fundamentalmente política, dado que en 1987 debía ser nominado el candidato del PRI a la presidencia. Aunque las elecciones se llevarían a cabo en 1988, el año de 1987 se consideraba como el verdadero año electoral, por lo cual el gobierno decidió fomentar cierto crecimiento. Mediante la distribución de recursos, compraba lealtades.109

A posteriori, en vista de que el vencedor fue Salinas, entonces secretario de Programación y Presupuesto, posición clave en la distribución de ganancias entre la burocracia en tiempos de crecimiento (y de las reducciones, en tiempos de contracción), la estrategia tuvo sentido desde el punto de vista político. De la Madrid hizo un esfuerzo por dar a su candidato la posibilidad de obtener más apoyo de la burocracia y de los miembros del sector privado que se beneficiaban del crecimiento, entre ellos el grupo de industriales que se habíaopuesto a la liberalización y había pedido menos devaluación y más crecimiento del mercado interno.

El principal beneficiario del Programa de Apoyo y Crecimiento fue quizá el sector financiero, que obtuvo enormes utilidades gracias al auge de la bolsa de valores que se inició a mediados de 1985 y se aceleró cuando se reanudó el crecimiento.110 Algunos grupos vinculados con el proyecto de exportaciones estaban contra la nueva política, pues creían que sería difícil mantenerla debido a que la inflación aumentaba rápidamente, aunque seguían beneficiándose del crecimiento del sector de las exportaciones.

Como sabemos, el auge terminó en una quiebra espectacular en octubre de 1987.111 No obstante, la caída no afectó en grado significativo la relación entre los empresarios más prominentes y el gobierno. Aunque muchos ahorradores perdieron, era difícil culpar al gobierno, como se había hecho en septiembre de 1982. En esta ocasión, la quiebra estaba relacionada con un acontecimiento internacional, la caída de las bolsas mundiales,112 y no con la intervención del gobierno en el mercado, como había sido el caso con la devaluación de 1982.

La dudosa legalidad de algunos agentes de bolsa y la poca supervisión gubernamental (responsable en parte de la magnitud del auge y, después, de la quiebra) estrechó la relación entre el sector financiero y el gobierno. Éste no quería dañar al nuevo sector financiero, por lo cual no fue estricto en la aplicación de las regulaciones del mercado de valores,113 mientras que los financieros sabían que el gobierno había colaborado con ellos cuando su posición era débil, por lo cual creyeron que podían confiar en las autoridades en adelante. La falta de reglas del juego bien definidas actuó en favor de los hombres de negocios más prominentes.

La colaboración del gobierno no era altruista. Los costos políticos y económicos de un escándalo y del debilitamiento del sector financiero eran muy altos. La devaluación ayudó también a fortalecer la alianza con los exportadores.

El Programa de Apoyo y Crecimiento, que había alimentado grandes expectativas en la recuperación de la economía, terminó en medio de una grave crisis económica. La inflación, que iba en aumento, alcanzó 160% en diciembre y hubo un resurgimiento de la fuga de capitales, pues quienes habían ganado en la bolsa de valores comenzaron a mudar sus capitales al extranjero. No obstante, el gobierno decidió retirarse rápido del mercado “libre” de dólares, en lugar de desperdiciar sus elevadas reservas de divisas (16 000 millones de dólares), y el peso se devaluó en casi 46% en el mes de noviembre.114 El país corría el riesgo de tener que llegar a las elecciones bajo la sombra de la hiperinflación.

UN NUEVO PACTO CON LOS HOMBRES DE NEGOCIOS

Como confirmación de la nueva relación entre el gobierno y los empresarios, Agustín Legorreta, ex presidente de Banamex, fue electo presidente del CCE el 13 de mayo de 1987. La elección de Legorreta y su actitud progubernamental durante su periodo como presidente del CCE fueron la señal de que los antiguos banqueros habían perdonado al régimen por su pasado error de haber expropiado los bancos.

Ahora que la relación era de nuevo estrecha y que Legorreta se sentía en una posición más segura, declaró abierta y enfáticamente que la nacionalización había demostrado “lo fácil que es echar a perder a un país”, observación que nunca antes había hecho a la prensa. La expropiación de los bancos, según él, “alteró el equilibrio sociopolítico del país, agudizó la desconfianza y temor hacia el futuro del país”. Y se apresuró a añadir: “No fue producto de un programa de gobierno, sino un acto de un solo hombre que vulneró la legalidad en el país”.115 Atribuía la culpa al ex presidente López Portillo, quien había tomado la decisión.

En una de sus declaraciones a la prensa, Legorreta afirmaba que era grande la confianza en la administración de De la Madrid y en su proyecto económico. Sin embargo, argumentaba, los bancos deberían ser privatizados (lo cual habría de ocurrir a partir de mayo de 1990) para lograr una recuperación económica más rápida.116

Legorreta contaba con el apoyo franco de cuatro de las organizaciones empresariales representadas en el CCE: el Consejo Nacional Agrícola (CNA), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Asociación Mexicana de Corredores de Bolsa (AMCB) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), mientras que la Coparmex y la Concanaco expresaban algunas dudas. Con una actitud radicalmente opuesta a la de las elecciones anteriores, en las que los miembros de la Concamin habían apoyado a los candidatos más progubernamentales, al principio se opusieron a la elección de Legorreta. Esta vez les preocupaba la amenaza de la competencia extranjera. Como financiero, era menos probable que Legorreta se mostrase favorable a la protección industrial, temor que resultó justificado.

Con el propósito de presentar un frente común, el sector privado decidió elegirlo con una votación unánime y así ocultar la división que había en la comunidad empresarial. No obstante, la división salió a la superficie después de la firma del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), el plan de De la Madrid para buscar salir de la severa crisis económica de los últimos meses de 1987.

El 14 de diciembre de 1987, el gobierno, el sector privado, los trabajadores y los campesinos firmaron el Pacto de Solidaridad Económica. Los cuatro sectores acordaron políticas comunes: los trabajadores aceptaron un aumento salarial pequeño y los campesinos precios bajos por sus productos; el gobierno se comprometió a reducir su presupuesto, elevar algunos precios de bienes y servicios públicos por única vez, fijar el tipo de cambio y reducir la demanda del sector público,117 y los empresarios aceptaron el establecimiento de topes a los precios y una liberalización comercial más rápida.118

El Pacto de Solidaridad Económica, iniciado en el último año de la administración de De la Madrid, se encontraba ya bajo el control del equipo de Salinas, lo cual fue posible gracias a la nominación de éste, preferido por la mayoría de los empresarios más influyentes, como candidato del PRI a la presidencia. El día en que se anunció que Salinas sería el candidato del PRI a la presidencia y, por ende, el futuro presidente de México (nadie esperaba que Cárdenas constituyera un riesgo para él), la bolsa de valores tuvo una ganancia de más de 5% en 90 minutos, lo cual obligó al gobierno a suspender temporalmente las actividades del mercado de valores. Muchos empresarios declararon su apoyo a Salinas y algunos participaron en la comisión de finanzas del PRI, que reúne fondos entre los hombres de negocios.119 Incluso el radical Basagoiti aprobó la nominación de Salinas.120 No obstante, muchos industriales medianos tenían mayores simpatías por Alfredo del Mazo, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Un pacto económico con el apoyo de los empresarios para procurar una transición sexenal menos conflictiva constituyó un cambio saludable con respecto a las dos administraciones anteriores, en las que la política económica terminó en caos y causó a la ruptura de la relación entre el gobierno y los empresarios. El ciclo de seis años, esencial para la renovación y la estabilidad política, había estado produciendo un vacío de poder durante el último año del sexenio. La carencia de poder estructural de Echeverría y de López Portillo los había obligado a practicar políticas contradictorias y al uso impredecible del poder autónomo del presidente en sus esfuerzos por mantener cierto control durante los últimos meses de la administración.

El gobierno de De la Madrid hizo un esfuerzo especial por evitar el vacío de poder. Después de tener que enfrentarse desde octubre a un ambiente económico caótico, durante su último año en el cargo puso en práctica un programa de ajuste, a pesar del costo electoral que implicaba, aunque éste claramente fue subestimado. Las políticas acordadas en el marco del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) reflejaron la prioridad dada a las preocupaciones de los empresarios más importantes por De la Madrid ante las elecciones por venir. Los problemas surgidos en las elecciones de 1988 indican que, desde el punto de vista político, la estrategia estuvo lejos de ser la adecuada.

Los esfuerzos de De la Madrid por estabilizar la economía finalmente tuvieron éxito. Desde el punto de vista económico, la transición ocurrió conforme a lo planeado. No hubo ruptura entre los dos presidentes ni entre el gobierno y el sector privado. Una vez en la presidencia, Salinas presentó pronto un plan, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económicos (PECE), una continuación del PSE que se benefició del aumento de confianza que este último había generado.

El PSE logró la aprobación de los líderes empresariales y de los principales hombres de negocios. En una conferencia para jóvenes estudiantes a la que asistió la prensa, Legorreta reconoció públicamente que “un grupo cómodo” de alrededor de 300 hombres de negocios era el que por lo común negociaba con el gobierno.121 El abierto apoyo de Legorreta fue importante para imponer el PSE entre el resto de la comunidad empresarial.

Después de casi cinco años de buscar una mejor relación con los empresarios, finalmente el gobierno afianzó un nuevo acuerdo con la firma del PSE. Hacia 1987, los hombres de negocios clave ya estaban convencidos de que de nuevo se podía confiar en el gobierno. El PSE también reflejaba la existencia de un nuevo consenso entre la élite política y la económica, en el sentido de que no era suficiente un programa ortodoxo sólo basado en el mercado. Se necesitaba una coordinación centralizada que asegurara la disciplina que el mercado solo no podía proporcionar.

Con todo, el PSE no fue fácilmente aceptado por la mayoría de los empresarios, que se sentían excluidos del proceso de la toma de decisiones y amenazados por la rápida liberalización y el control de precios incluidos en el pacto; ahora bien, dado que las grandes empresas lo estaban respetando, ello los obligó a aceptarlo también, por lo cual su insatisfacción no causó un enfrentamiento abierto con el gobierno.122 Aun cuando se oponían a algunos aspectos del pacto, muchos empresarios participaron en la campaña de Salinas, quien diseñó con todo cuidado una estrategia de organización de reuniones privadas con los hombres de negocios más importantes en cada lugar que visitó durante su campaña.123

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que las reformas constitucionales tuvieron un efecto negativo en las relaciones entre el gobierno y el sector privado, formaban parte de un proyecto que buscaba precisamente lo contrario: asegurar a la comunidad empresarial que todavía se podía confiar en las instituciones políticas que habían permitido la expropiación de los bancos si estas instituciones eran reformadas parcialmente. Las reformas constitucionales no lograron convencer a los empresarios.

Sin embargo, la crisis obligó al gobierno a seguir una nueva estrategia económica. Esa estrategia, una combinación de subsidios bien dirigidos, manipulación de las organizaciones empresariales y defensa al viejo estilo de la política electoral, dividió a los empresarios opositores y aseguró el apoyo de los más influyentes, al principio, sólo en favor de la política económica, pero, después, también en favor del gobierno en términos más amplios. Otros empresarios fueron convencidos o derrotados con medios estrictamente políticos. La administración de De la Madrid no estaba dispuesta a compartir el poder político con la oposición; y ésta, dado el control que el gobierno ejercía sobre los procesos electorales y la incapacidad para arrastrar a sectores sociales más amplios, no tuvo la fuerza para imponerse.

Para los empresarios más importantes, el poder discrecional del gobierno comenzó a funcionar de nuevo en forma positiva. Ese poder, más probable cuando no hay democracia, estaba favoreciéndolos otra vez, puesto que les daba acceso al proceso de la toma de decisiones. El poder discrecional del presidente siguió siendo potencialmente impredecible, pero el nuevo proyecto económico era considerado como el adecuado y el nuevo marco para negociar la política económica (el PSE) les otorgó un papel más institucionalizado en la toma de decisiones. Así, los empresarios consideraron que los costos de fomentar un cambio institucional para limitar el poder del presidente eran mayores que el de convivir con el sistema existente, pues la modificación de este último requeriría una movilización política cuyos resultados eran impredecibles.

Para los industriales pequeños y medianos, aún cercanos al gobierno incluso después de la nacionalización, el nuevo proyecto económico ponía en peligro su supervivencia; sin embargo, a diferencia de los empresarios más radicales, no estaban contra el marco institucional, y sus vínculos históricos con el gobierno hacían que la oposición abierta fuese muy difícil. Su tendencia fue mantenerse políticamente leales. Los industriales pequeños y medianos querían que el gobierno se valiera del marco institucional como antes, pero con disciplina fiscal. Eran incapaces de cambiar la nueva estrategia económica del gobierno, pero no compartían los objetivos de los empresarios más radicales y se mantuvieron políticamente pasivos.

El desafío político lanzado en la arena electoral por algunos empresarios, significativo durante los primeros años del periodo de De la Madrid, fue bloqueado en 1985; y, para 1987, a pesar de la persistente oposición de un reducido grupo de hombres de negocios radicales, los empresarios más influyentes y muchos industriales medianos apoyaron abiertamente la candidatura de Salinas contra Clouthier, hombre de negocios que había luchado con denuedo contra la nacionalización de los bancos. Dado que el gobierno había aceptado las demandas más inmediatas de los radicales (una política económica ortodoxa y un nuevo proyecto económico), la lucha electoral se hizo menos atractiva para la mayoría de los empresarios.

A diferencia de lo ocurrido durante los dos periodos anteriores, en el último año del sexenio de De la Madrid se logró la consolidación de una nueva relación entre el gobierno y el sector privado. Ello contribuyó a la puesta en práctica de una política económica exitosa y a evitar, en materia de política económica, el vacío de poder que ocurrió en 1976 y 1982.

La mayoría de los empresarios apoyó al gobierno (o al menos se mantuvo silenciosa) en su defensa de los resultados electorales de 1988, cuando la coalición cardenista de izquierda, que tuvo mucho éxito en su movilización del electorado, desafió los resultados oficiales. El conflicto poselectoral, que amenazó con impedir la llegada de Salinas al poder, generó un tipo de desafío diferente a la autoridad del gobierno, proveniente, esta vez, no de los empresarios, sino de los sectores populares.

La percepción que se tenía de las prácticas electorales fraudulentas, que, según Maxfield,124 había erosionado la confianza de los inversionistas durante el decenio de 1980, acabó convirtiéndolas en un rasgo positivo de las instituciones políticas mexicanas para muchos empresarios. Si Cárdenas había sido vencido mediante un fraude electoral generalizado, como afirmaban a voz en cuello los cardenistas, ahora veían los empresarios que estas prácticas electorales eran una barrera contra la potencial tiranía de la mayoría, que era lo que el movimiento de Cárdenas representaba para la mayoría de los hombres de negocios. El éxito de Cárdenas obligó a algunos de ellos a movilizarse políticamente en favor del PRI.125

Las elecciones de 1988 mostraron las preferencias de la mayoría de la población. Contra las expectativas de los empresarios que todavía participaban en política, la mayoría de los mexicanos no estaba dispuesta a apoyar al PAN, él único partido que representaba la posibilidad de obtener el poder político y cambiar el marco institucional que regula la propiedad. Dado que la mayoría de los mexicanos votó por el PRI y por los cardenistas (es difícil saber en qué proporción), era mejor confiar en el gobierno de Salinas, quien, en cuanto administrador autonombrado en nombre de los sectores populares y de un Estado con tan grandes poderes formales, parecía ser una mejor opción que una impredecible coalición populista.