V. LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y LA REACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS

INTRODUCCIÓN

La expropiación del más importante sector empresarial de México fue uno de los acontecimientos más espectaculares de la historia mexicana contemporánea.1 Cuando Agustín Legorreta, presidente de Banamex, el segundo banco más grande del país, recibió la noticia de que había perdido su banco, se desmayó.2

Como respuesta a la crisis, tres meses antes de terminar su sexenio, el presidente López Portillo decidió hacer uso de su poder constitucional para limitar la propiedad privada. Para el sector privado, la nacionalización fue una clara infracción de las reglas informales que regían el poder del gobierno con respecto a la propiedad privada y, por ende, el fracaso de la antigua base de negociación con este último. Sin embargo, en opinión de muchos empresarios, la expropiación no sólo representaba la violación del acuerdo tácito con el gobierno sino, dados los supuestos liberales que se mantenían respecto a la naturaleza de la ley básica de México, también de la propia Constitución.

Según Roderic Camp, “la decisión de nacionalizar es en sí misma la causa más importante, tanto desde el punto de vista estructural como desde el psicológico, de la ruptura de la relación entre el sector privado mexicano y el Estado”.3 Según Carlos Tello, en una entrevista que le hizo Camp, la mayoría de los empresarios mexicanos no interpretaba la nacionalización como una decisión personal de López Portillo, sino como la política del Estado en conjunto.4

Es necesario analizar la expropiación y la reacción de los empresarios en el contexto de una doble escala de tiempo. López Portillo pretendía asegurar la estabilidad del gobierno en los tres meses restantes de su administración, mientras que Miguel de la Madrid tenía que tomar en consideración su sexenio, que aún no se iniciaba. Los empresarios, por su parte, tenían que decidir cómo negociar con ambos.

Este capítulo se inicia con una descripción de la nacionalización de la banca. El objetivo es analizar la importancia del suceso, no el motivo de la decisión. En la segunda parte del capítulo se analiza la reacción de la comunidad empresarial y por qué los banqueros y los empresarios fueron incapaces de evitar la expropiación.

LA NACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS

En el capítulo anterior se describió brevemente la manera en que evolucionó la relación entre el gobierno y el sector privado durante la administración de López Portillo. Como entonces se dijo, una actitud menos antagónica con respecto al papel de los empresarios y los ingresos del petróleo permitieron que el gobierno enterrara las fuentes de conflicto con el sector privado. Debido al auge petrolero, fue posible satisfacer a todos. No obstante, para agosto de 1982, después de más de un año de políticas económicas contradictorias, la situación macroeconómica del país se había vuelto cada vez más caótica. Ninguna política parecía capaz de frenar la fuga de capitales y el gobierno carecía de recursos para pagar sus obligaciones internacionales.5 La atmósfera era cada vez más tensa e incierta y empezaron a circular rumores alarmistas, como en 1976, cuando se habló de la posibilidad de un golpe militar.6

En esas circunstancias, casi sin reservas de dólares, el gobierno decidió dejar de pagar las cuentas denominadas en esa divisa y, en su lugar, pagarlas en pesos a un tipo de cambio fijo, los llamados “mexdólares”. Unas cuantas semanas más tarde, el 1 de septiembre, para sorpresa de todos7 y sin discusión previa (ni siquiera con su gabinete),8 el presidente decidió nacionalizar los bancos e imponer el control de cambios.9 Según López Portillo, había llegado el momento de “seguir haciendo la Revolución desde las instituciones, aprovechando la dinámica de los artículos 27 y 28 constitucionales”.10 Dos analistas extranjeros escribieron: de un plumazo, el presidente mexicano hizo lo que a Mitterrand le tomó “20 años de campaña y uno en el puesto”.11

La nacionalización de los bancos se llevó a cabo tres meses antes de que terminara el periodo de López Portillo. No se consultó a De la Madrid, el presidente electo, sobre la nacionalización; únicamente se le notificó el día anterior, y ni siquiera lo hizo el presidente mismo.12 Aunque De la Madrid nunca lo ha dicho públicamente, es razonable llegar a la conclusión de que estaba en contra de la medida.13

Después de haber hecho del crecimiento económico fuente de su legitimidad, la política económica del presidente López Portillo terminaba en desastre, una vez que las tasas de interés internacionales aumentaron y los precios del petróleo comenzaron a bajar. Incapaz de controlar las variables macroeconómicas básicas mediante los instrumentos de política normales a su alcance, la reacción del presidente fue una muestra de su poder autónomo constitucional para limitar los derechos de propiedad. Esa decisión puso de manifiesto la fragilidad de las bases en que se sustentaba la relación con los empresarios.

Según Arnold Harberger, la manera más adecuada de invertir el ingreso excedente obtenido por el petróleo habría sido dejarlo en una cartera internacional hasta que en el país pudiera generarse una rentabilidad real superior. El gobierno mexicano, dice, mostró su acuerdo con ese punto de vista en un seminario que organizó la presidencia a mediados del decenio de 1970.14

Pero el gobierno mexicano no pudo evitar emplear todos los recursos provenientes del petróleo. Lo más grave aún fue que aplicó una política económica errática que provocó un déficit público y externo significativo y, finalmente, el caos financiero. El resultado de ese caos fue que una gran proporción de la renta del petróleo más la deuda externa contraída por el gobierno terminaron en manos de agentes privados que se beneficiaron de la expansión impulsada por el gasto público creciente. Lo paradójico es que esos agentes privados transfirieron un porcentaje significativo de esa riqueza al exterior, como lo debió haber hecho el gobierno de haber seguido la sugerencia de Harberger.15

El proceso fue muy costoso para la economía mexicana y debilitó severamente al gobierno del país. Los recursos excedentes que éste había adquirido mediante la bonanza petrolera, más la deuda externa, asociada en gran medida con las reservas de petróleo, habían incrementado en principio su poder, dada la capacidad distributiva que quedaba a su arbitrio. Sin embargo, cuando los propietarios privados transfirieron esa riqueza al extranjero, incrementaron su autonomía con respecto al gobierno, que carecía del poder para controlar esos recursos.

Aunque al gobierno le preocupaba siempre la amenaza de la fuga de capitales, careció del poder infraestructural para impedirla, ya fuese mediante incentivos adecuados o controles directos. Su reacción consistió en demostrar su poder autónomo, esto es, su capacidad para tomar decisiones sin consultar con nadie.

El costo inmediato de la nacionalización de los bancos fue menor en ese momento que si hubiera acontecido antes, porque los propietarios ya habían debilitado la base de su poder estructural; a saber, la amenaza de la fuga de capitales. Dado que el capital ya había sido transferido al exterior, los empresarios se encontraban en una posición relativamente más débil. A tres meses de que dejara el poder, López Portillo había perdido la mayor parte de su poder infraestructural. Sólo le quedaba el poder autónomo, probablemente el único a su alcance, debido al corto tiempo que le quedaba en la presidencia.

La expropiación fue posible gracias a los enormes poderes constitucionales del presidente.16 En vista de que el presidente mexicano puede tomar legalmente una decisión de esa magnitud sin consultar con su gabinete.17 Para decidir si debía expropiar o no los bancos, López Portillo no tenía que negociar con ningún otro miembro de la burocracia; ni necesitaba la aprobación del Congreso, puesto que la Ley de Expropiación, empleada para nacionalizar los bancos, faculta al presidente para firmar por sí solo decretos de expropiación.

Dado que decidió expropiar sin discusión alguna con su equipo económico, los banqueros se vieron privados del apoyo usual de los miembros del gobierno que más simpatizan en general con su causa (como Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera, secretario de Hacienda y director del Banco de México, respectivamente, durante el último año de la administración de López Portillo; ambos siguieron en sus puestos con el gobierno de De la Madrid). Después de la nacionalización, Miguel Mancera fue remplazado temporalmente por Carlos Tello, quien había preparado la expropiación. Silva Herzog se mantuvo como un vínculo con el equipo de De la Madrid y pudo contrarrestar la posición más radical de Tello.18

El motivo de la nacionalización de los bancos sigue siendo tema de debate, pero esa polémica va más allá de los objetivos de esta obra;19 baste con afirmar que parece ser que, para el presidente, se trataba de una respuesta tanto política como económica a corto plazo a una crisis que se desplazaba del caos económico a lo que se percibía como un vacío de poder y sobre la que el gobierno tenía que hacer algo. Según López Portillo, las políticas ortodoxas habían sido puestas en práctica desde abril, pero habían fracasado.20

De la Madrid describió la expropiación como un manotazo sobre la mesa para callar a todo el mundo.21 Según López Portillo: “Fue sencillamente un acto de fuerza institucional para expresar y fortalecer el poder político del Estado y facilitar la función del económico en cuanto satisface el interés general”.22 Se consideraba que los banqueros eran demasiado poderosos y constituían un obstáculo para manejar la economía en tiempos de crisis.23 Tras la razón política había una económica: la intención de aumentar la capacidad del Estado para manejar las crisis económicas mediante el control del sistema financiero.24

En una entrevista personal con López Portillo, hizo notar al autor que la nacionalización de los bancos fue el resultado de una política que había fracasado: la mexicanización de la economía. Mediante innumerables controles legales, dicha política, que tuvo su origen a finales del decenio de 1950, había otorgado a los nacionales el monopolio sobre ciertos sectores, la banca entre ellos.25 Se creía que los mexicanos estarían más dispuestos a actuar en interés de la nación.26 López Portillo percibió la crisis de 1982, caracterizada por una fuga de capitales en una escala sin precedentes, como el resultado de la falta de cooperación de los mexicanos ricos, en particular de los banqueros.27 El 1º de septiembre de 1982, el entonces presidente afirmó: “la conciliación de la libertad de cambio con la solidaridad nacional” y la idea de que una “economía mexicanizada, como derecho de los mexicanos, pero no acompañada por derechos correlativos, había fracasado”.28 La respuesta del presidente fue anular los derechos de los banqueros a poseer bancos y el de los mexicanos a exportar dólares y tener cuentas en esa moneda en México (las cuentas en el extranjero eran permitidas por la ley; curiosa contradicción).29

Aunque López Portillo acusó a los banqueros de ser responsables de la crisis, reconoció que ellos y quienes habían exportado capitales actuaban dentro de los límites de la legalidad, esto es, de sus derechos de propiedad privada.30 No obstante, consideró que esos actos iban contra el interés público; y, cuando esto ocurre, el Estado tiene la facultad constitucional para limitar los derechos de propiedad.

Es significativo el hecho de que el término empleado por el gobierno y por quienes apoyaron los sucesos del 1º de septiembre sea el de nacionalización, mientras que los críticos prefieren llamar al acto expropiación o “estatización”.31 Al transformar los bancos en propiedad estatal, éstos se convirtieron, en opinión de López Portillo, en instrumentos a disposición de la nación. Según los críticos de la expropiación, los bancos ya eran nacionales.32

La nacionalización fue primordialmente una cuestión de poner en claro que no había un vacío de poder. Se había considerado la adopción de otras medidas,33 pero, finalmente, los banqueros fueron el blanco elegido. Después de todo, se consideraba que ellos habían alentado la fuga de capitales y, por ende, impedido el control del gobierno sobre la crisis financiera.

En opinión de algunos asesores cercanos a López Portillo que diseñaron tanto la nacionalización como el control del tipo de cambio, la primera se justificaba ante todo por los imperativos del largo plazo, esto es, la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para dirigir y fomentar el desarrollo económico. Según ellos, las anteriores crisis económicas habían sido resultado de la falta de controles gubernamentales, por lo cual, mediante la propiedad estatal de los bancos, podría lograrse un sistema financiero más regulado. Ello permitiría un mayor control del Estado sobre la economía. Si los banqueros habían empleado su poder para dirigir el crédito a sus propias empresas, ahora el gobierno emplearía su poder para dirigirlo a aquellas empresas que contribuirían al interés económico general óptimo.

En opinión de estos asesores, la nacionalización y el control cambiario también minaban el poder estructural de los empresarios. Los propietarios tendrían menos posibilidades de sabotear las políticas gubernamentales desfavorables a sus intereses mediante la fuga de capitales y la disminución de las inversiones. En su discurso del 4 de septiembre, Carlos Tello afirmó: “A mediano plazo, el control de cambios permitirá independizar la política financiera interna de la tiranía del mercado internacional de dinero y capitales”.34

En todo caso, sea lo que fuere que uno piense sobre los objetivos de la nacionalización, lo que la hace tan importante para esta obra no es sólo su efecto material directo (la expropiación del sector económico privado mexicano más poderoso) sino el hecho de que un solo individuo fuera capaz de transformar las reglas (informales) que regían la relación entre el gobierno y el sector privado. La expropiación y el control del tipo de cambio tuvieron, pues, un gran efecto material y simbólico.

Tanto el control de cambios como la nacionalización fueron una sorpresa para los empresarios y, en general, para los ahorradores. La creación de los “mexdólares” fue particularmente dramática para estos últimos, pues, para quienes tenían cuentas denominadas en dólares, la medida era similar a una expropiación parcial de su propiedad, equivalente a la diferencia entre el valor del dólar en el mercado libre y la tasa de los “mexdólares” (33% aproximadamente). Así, si la cantidad total de depósitos denominados en dólares era de alrededor de 12 000 millones de dólares, los ahorradores perdieron como 4 000 millones de dólares con respecto a lo que hubiesen obtenido en el mercado libre del dólar.35

Los “mexdólares” aparecieron el 8 de agosto, pero el decreto del 1º de septiembre sobre el control cambiario introdujo una modificación importante. Los depósitos denominados en dólares debían ser cambiados al tipo fijado por el gobierno a su vencimiento. Antes, ese tipo se aplicaba sólo si se retiraba el depósito, pero podía seguir en dólares si se renovaba.

La segunda modificación fue declarar la fuga de capitales como ilegal, así como la inclusión de severos controles sobre las transacciones internacionales. El control de cambios anuló uno de los más valiosos derechos de los propietarios, el cual había sido defendido por el gobierno —incluido el presidente, unos meses antes— como una de las libertades fundamentales de México.36

La nacionalización fue sorpresiva para la mayoría de los empresarios; acabó con sus percepciones de lo que creían posible en el marco de las reglas del juego tácitas y aun con su interpretación del marco legal, como se afirma en la solicitud de amparo que los banqueros interpusieron contra la nacionalización. Con ésta se confirmaba que las reglas discrecionales relacionadas con los derechos de propiedad no eran predecibles, lo cual implicaba la ruptura del pacto informal entre el gobierno y el sector privado. La nacionalización de los bancos hizo explícitos los riesgos políticos de la inversión en México. Después de todo, si los banqueros habían sido afectados, cualquiera podía serlo. En general, se consideraba que los banqueros eran los más influyentes en la toma de decisiones y los beneficiarios tradicionales de las políticas gubernamentales, únicamente después de los propios políticos.37

Hay otro aspecto que vale la pena mencionar. Según parece, otro factor que hizo que la nacionalización fuese dramática para muchos empresarios fue el temor a que pudiera desaparecer el secreto bancario. En una cultura empresarial en la que la evasión fiscal es común y en la que los propietarios se protegen tras el velo del anonimato, muchos temían que el gobierno descubriera su doble sistema de contabilidad, mejor protegido cuando los bancos eran de propiedad privada.38

La nacionalización no consistió únicamente en el acto de convertir la propiedad privada en estatal, también se constituyó en símbolo de la intervención estatal, basada en la arbitrariedad. Las reacciones contra la nacionalización también fueron contra la incompetencia del gobierno para administrar la riqueza petrolera. La reacción de muchos empresarios no fue sólo contra lo que se consideraba como una violación de los derechos de propiedad, sino también contra las instituciones políticas que no daban a los propietarios seguridad del valor de su inversión, dada la falta de capacidad administrativa del gobierno.

LA REACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO

A pesar de la magnitud de una medida como la nacionalización de la banca, la comunidad empresarial fue incapaz de responder de manera unificada. Su reacción inicial fue de sorpresa y Clouthier, presidente del CCE, anunció medidas de rechazo para el miércoles siguiente.39 La mayoría de los empresarios hicieron declaraciones públicas en favor de los banqueros. Incluso las organizaciones empresariales menos radicales se mostraron claramente en contra de la medida, porque había roto “el equilibrio sano” entre el gobierno y el sector privado.40 Los banqueros expresaron una profunda preocupación por tan radical decisión y declararon que habrían aceptado la medida extrema del control de cambios.41

No obstante, no surgió ninguna oposición política ni llegó a ninguna parte la propuesta de Clouthier de movilizarse contra la nacionalización. Son varias las razones que ayudan a explicar el hecho de que no haya habido una reacción unificada de los empresarios.

Primera, los propios banqueros decidieron oponerse a la medida únicamente en el frente legal.42 Aunque Clouthier les ofreció todo el apoyo que necesitaran en defensa de sus intereses,43 los banqueros prefirieron seguir una estrategia de perfil bajo y desafiar la nacionalización únicamente en la arena legal, interponiendo un juicio de amparo contra el decreto de expropiación. El amparo les permitía ganar tiempo hasta que la administración de López Portillo terminara, a la par de empezar a negociar un acuerdo con el futuro presidente. Incluso pidieron a sus empleados que colaboraran con el gobierno y muchos de los antiguos propietarios de bancos participaron en la entrega de sus propias instituciones al gobierno.

Los banqueros sabían que, como se dijo en el capítulo II, el poder discrecional del presidente incluía el poder para decidir el monto de la compensación. No estaban dispuestos a correr el riesgo de perder ese dinero.

Los ex banqueros, en especial los que habían utilizado sus bancos como grupos de control de otros sectores de la economía, también estaban preocupados por la propiedad eventual de los activos no bancarios en poder de los bancos. Querían recuperarlos. Colaborar con el gobierno parecía el precio que tenían que pagar. Además, algunos de los banqueros más importantes, como el grupo Visa, propietario de Banca Serfin, el tercer banco en importancia en el país, tenían otros negocios importantes, algunos con problemas financieros, que necesitaban el apoyo del gobierno. Otros, como Comermex, habían seguido prácticas dudosas que pusieron a sus propietarios en una situación difícil.

Por lo demás, los banqueros esperaban que el apoyo externo (el FMI y el gobierno de los Estados Unidos) indujera a De la Madrid a dar marcha atrás en la decisión de López Portillo. Se pensaba que el FMI no sería favorable a un sistema financiero de propiedad estatal, pues éste tendría menos probabilidades de inspirar confianza a los ahorradores internos. Como se argumenta más adelante, algunos de los asesores cercanos de López Portillo tenían un punto de vista similar y temían que la comunidad financiera internacional se opusiera a la medida. Pero unos y otros se equivocaban. La banca internacional concluyó que la nacionalización implicaba una mayor seguridad para sus propios bienes; a saber, la deuda externa de los bancos mexicanos.

Según Silva Herzog (quien siguió siendo secretario de Hacienda hasta 1986), los banqueros sí tenían la intención de ir más allá de la mera defensa legal. Originalmente habían jugado con la idea de una inserción pagada en The New York Times para contar al mundo la manera en que había sido confiscada su propiedad. Sin embargo, fueron disuadidos de hacerlo. En palabras de Silva Herzog: “Si se portan mal, no los compensaré”.44

Carlos Abedrop, entonces presidente de la ABM y, antes de la expropiación, propietario de un banco, afirma que su tibia respuesta a la nacionalización se basó en el conocimiento de que el próximo presidente no compartía los puntos de vista de López Portillo. Esto hacía preferible negociar con De la Madrid que arriesgar un mayor conflicto con el presidente que los expropiaba.45

Los banqueros consideraron incluso la posibilidad de que De la Madrid pudiera devolverles los bancos. La nacionalización fue una reacción desesperada de López Portillo, quien, después de todo, había seguido una política proempresarial al inicio de su sexenio. Así como él había corregido las políticas de Echeverría, De la Madrid podía dar marcha atrás en la nacionalización, pues no formaba parte de su proyecto económico. Al menos, De la Madrid les pagaría una compensación más alta, esto es, los banqueros esperaban que se hiciera un uso más favorable a sus intereses del poder discrecional del presidente. Dado que las reglas del juego no eran claras y el poder discrecional del presidente enorme, trataban de persuadir al presidente entrante de que los compensara de la mejor manera posible.

De haberse resistido a la transferencia de los bancos, podrían haberle dado a López Portillo una excusa para emplear la fuerza o incluso decretar un estado de urgencia que habría dificultado aún más la sucesión. Según Abedrop, podrían haber dado a López Portillo la oportunidad de mantenerse ilegalmente en el poder. Después de todo, De la Madrid aún no era legalmente el presidente electo. Todavía faltaba que el Congreso ratificara la legalidad de las elecciones, lo cual hacía que la posición de De la Madrid fuese más débil. Aunque lo anterior parece exagerado, hubo banqueros que, después de la expropiación, creyeron que ya cualquier cosa era posible.46

En esas circunstancias, los banqueros consideraron el amparo como la única estrategia que podían seguir. En caso de que tuviera éxito, serviría como acción preventiva de futuras limitaciones de los derechos de propiedad y, en cualquier caso, dejaría abierta la posibilidad de que De la Madrid diera marcha atrás en la decisión de López Portillo.

Ni siquiera los empresarios más radicales parecían querer llevar el asunto demasiado lejos. El día anterior a que los bancos fuesen reabiertos, dos de los empresarios más radicales, Clouthier y Goicochea, apelaron al pueblo a “no saquear los bancos nacionalizados”.47

Con todo, se ha dicho que los bancos se encontraban en una situación tan mala que, después de la sorpresa inicial, a los banqueros ya no les interesaba recuperarlos, sino únicamente negociar un buen pago y la devolución de los activos en manos de los bancos nacionalizados.48 La comunidad bancaria internacional vio en realidad la nacionalización con cierto alivio. Aunque los banqueros extranjeros fueron tomados por sorpresa, pues no se llevó a cabo ninguna consulta con el FMI, también se nacionalizaba la deuda externa de los bancos.49 Contra el temor de algunos miembros del gobierno,50 los Estados Unidos no se opusieron a la medida, ya que los bancos extranjeros quedaban en una situación menos vulnerable frente a un posible no pago de la banca mexicana.

De las personas que entrevisté, sólo una opinó que la nacionalización había sido un rescate de los bancos.51 El análisis de Enrique Pérez López, antiguo jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, muestra que el sistema bancario era relativamente sano.52 Incluso los defensores de la nacionalización, como la revista Proceso, justificaron la expropiación desde el punto de vista de las altas utilidades que estaban obteniendo los bancos.53 Quienes prepararon la nacionalización señalaron el excesivo poder y los altos ingresos de los bancos como una justificación de la medida.54

En todo caso, el problema de insolvencia a que algunos bancos podían haberse enfrentado era si el gobierno pagaba o no su elevada deuda55 o la quiebra potencial de algunas empresas mexicanas sumamente endeudadas. A ese riesgo también se enfrentaban los bancos extranjeros que habían hecho grandes préstamos a dichas empresas. Algunos meses más tarde, el gobierno mexicano elaboraría un programa para ayudar a las empresas endeudadas y, por lo mismo, a aquellos bancos a los que les debían.56 El programa (denominado Ficorca) se analiza más adelante. El gobierno pudo haber diseñado un programa similar para ayudar a los bancos mexicanos sin tener que pagar el alto costo político de la nacionalización a largo plazo. De hecho, como se argumenta más adelante, el alivio que el gobierno proporcionó a las empresas mexicanas fue muy costoso, pues la deuda denominada en dólares se cobró a un tipo de cambio más bajo que el utilizado para pagar los depósitos.

La segunda razón que explica la falta de un frente unificado entre los empresarios es la tensa relación que había entre los banqueros y otros hombres de negocios. Aunque ciertamente se oponían al principio de expropiación (esto es, a lo que consideraban una violación de los derechos de propiedad), muchos empresarios se sentían profundamente agraviados por los banqueros, quienes habían tendido a favorecer los intereses de sus propios grupos económicos. Como lo describe Maxfield, los banqueros habían concentrado el crédito barato en grandes compañías, en particular en aquellas con las que tenían vínculos patrimoniales,57 mientras que las pequeñas y medianas empresas apenas tenían acceso al crédito y el que recibían era siempre muy costoso.58 Los empresarios sin vínculos personales con los ex banqueros tenían mayor capacidad de negociación con los bancos nacionalizados.

Una crítica abierta a los banqueros fue particularmente notable entre las pequeñas empresas. El presidente de la Cámara del Vestido, por ejemplo, habría de afirmar sobre la nacionalización: “Ni nos afecta ni nos beneficia […] Nosotros no tenemos dinero y nunca hemos tenido; los bancos nunca nos trataron bien […] Esperamos que la medida de estatizar los bancos por lo menos le dé la oportunidad a esta industria de obtener créditos”.59

Incluso las organizaciones empresariales que trataron de oponerse a la nacionalización tuvieron problemas para convencer a todos sus miembros de la necesidad de luchar contra la decisión del gobierno. Tal fue el caso de la Concanaco, en la que sólo la determinación de su presidente hizo posible una reacción más agresiva. Goicochea afirma que, en la primera asamblea después de la expropiación, al menos 50% aplaudió la medida.60 Según él, esto obedecía a la arrogancia y dureza de los banqueros con los empresarios que enfrentaron problemas después de la devaluación de febrero.

La tercera razón que explica la tibia reacción de los empresarios puede encontrarse en algunas de las políticas emprendidas después de la nacionalización. El gobierno inició la adopción de una serie de medidas que favorecían a quienes tenían deudas en dólares, sobre todo el sector industrial (el menos radical, por lo general). La más importante de estas medidas incluía un tipo de cambio especial para las deudas denominadas en dólares con los bancos nacionalizados. El tipo de cambio se fijó en 50 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio del mercado era de alrededor de 100 pesos por dólar y en diciembre aumentaría a 150. Incluso el tipo de cambio que se pagaba a quienes tenían ahorros en dólares en el sistema financiero mexicano, los llamados “mexdólares”, era más alto (70 pesos). El subsidio a los deudores fue significativo, puesto que sumó 70 830 millones de pesos, ligeramente inferior al capital total de los bancos al 31 de agosto de 1982.61 Esas medidas constituyeron una ayuda significativa a la frágil salud financiera de muchas empresas.

Era necesario algún tipo de ayuda para salvar ciertas empresas que el gobierno no podía permitir que quebraran, pero la reacción gubernamental pareció haberse dirigido principalmente a recuperar la confianza y dividir a los empresarios y, por lo tanto, fue mal planeada y en exceso costosa.62 Después de todo, algunos depósitos pagados a 70 pesos por dólar pertenecían a empresas que resultaron subsidiadas por el gobierno al convertir éste su deuda denominada en dólares a 50 pesos por dólar.63 No obstante, puesto que había anulado bruscamente los derechos de propiedad, el gobierno tenía que subsidiar a otros propietarios para no propiciar una coalición más amplia contra él.

Sin importar las medidas adoptadas por el gobierno, el simple anuncio de la nacionalización fue visto con alivio por muchas de las industrias fuertemente endeudadas con los bancos privados. Sabían que el gobierno sería más indulgente que los banqueros.

El gobierno también anunció cambios en las prácticas bancarias. Estos cambios favorecieron a un segmento importante del pueblo mexicano. Las tasas de interés de las cuentas de ahorros aumentaron de 4.5 a 20%. Los bancos dejaron de cargar comisiones a las cuentas de cheques si el saldo promedio era inferior a cierto mínimo. Las tasas de interés sobre hipotecas de viviendas se redujeron y la diferencia entre las tasas de interés de los depósitos y los créditos disminuyeron de un promedio de 18 puntos a cinco.64 El mensaje era simple: transferiremos a la sociedad los recursos injustamente acaparados por los banqueros.

Otros hechos dificultaron la coalición contra el gobierno. Por ejemplo: el 10 de septiembre, un importante grupo de accionistas de dos bancos menores optó por dar voluntariamente sus acciones al gobierno.65 Al parecer, según afirmaron muchos en privado, este “patriótico” acto —por citar las palabras de López Portillo— fue a cambio de una promesa: el gobierno olvidaría las numerosas irregularidades que ya habían sido encontradas en sus bancos.

El gobierno empleó sus recursos para convencer a los empresarios de que no protestaran con demasiada intensidad. Por ejemplo: los empresarios —no banqueros— que trataron de movilizarse políticamente fueron objeto de varios tipos de amenazas. Cuando algunos empresarios de Monterrey empezaron a buscar mayor movilización contra la expropiación, el gobernador anunció que estaban por iniciarse auditorías fiscales en muchas empresas locales. La movilización política abierta se detuvo y lo mismo ocurrió con las auditorías.66

La cuarta, como se dijo en el capítulo III, los empresarios mexicanos pueden ser clasificados a grandes rasgos como radicales y moderados. Aunque la nacionalización reforzó los puntos de vista de los radicales en el sentido de que no se podía confiar en las instituciones políticas mexicanas, los moderados tenían el control de importantes organizaciones empresariales y, por lo tanto, pudieron atemperar la reacción del sector privado. Para las organizaciones menos radicales, lo que estaba en juego era la devolución de los activos no bancarios. De hecho, incluso alabaron la manera en que estaban funcionando los bancos nacionalizados.67 Unos días más tarde, Pandal, presidente de la Concamin, visitó a López Portillo y, en una atmósfera de conciliación, le pidió mecanismos específicos que ayudaran a la industria mexicana.68 Según Goicochea, por ejemplo, algunos dirigentes empresariales como Pandal y Zaidenweber le causaron más problemas que los funcionarios.69

Además, algunos empresarios importantes, como Gilberto Borja, vicepresidente de ICA, la principal compañía de construcción, sumamente dependiente de los contratos gubernamentales, apoyó de manera pública la nacionalización.70 A finales de septiembre, algunas de las organizaciones radicales empezaron a tener disidentes internos, como las Cámaras de Comercio en Pequeño, que exigieron su independencia de la Concanaco porque ésta no representaba ni sus intereses ni sus valores.71

Las tres organizaciones empresariales que se mostraron decididamente opuestas a la nacionalización fueron el CCE, la Coparmex y la Concanaco. Como se dijo en el capítulo III, la Coparmex tendía a ser más radical e independiente. No es una organización obligatoria y sólo se unen a ella los empresarios políticamente más activos. Su presidente, Basagoiti, era un radical muy crítico del gobierno. En el caso del CCE y de la Concanaco, la oposición abierta contra la expropiación fue en muchos sentidos el resultado de una decisión de sus dirigentes, Manuel Clouthier y Emilio Goicochea, quienes tuvieron que enfrentarse a la hostilidad de diferentes sectores en el seno de sus respectivas organizaciones. Esas tres organizaciones fueron las que prepararon la respuesta política más visible contra la nacionalización: las manifestaciones llamadas “México en la Libertad”, que se analizan más adelante.

Finalmente, una importante razón que explica la débil reacción política de los empresarios fue la popularidad de la nacionalización. A algunos empresarios (Abedrop, Goicochea, Basagoiti, etc.) les gusta afirmar en privado que a pesar de todo el aparente apoyo público a la medida sólo se trató de un caso tradicional de manipulación de masas. Afirman que en las elecciones para presidente, la sociedad mexicana había demostrado que estaba contra la nacionalización. En esas elecciones, el único partido que exigía tal medida, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), había obtenido 4.4% de los votos.72

No obstante, a menudo los gobiernos mexicanos posteriores a la Revolución han sido capaces de reaccionar antes de que una demanda fuese popular y, más tarde, de generar el apoyo en su favor. Después de todo, los banqueros nunca han sido populares; representan lo peor de la imagen típica fomentada por la ideología antiempresarial de la Revolución mexicana: avaros, explotadores e improductivos. Aparentemente, el apoyo público a la nacionalización fue muy alto: alrededor de 72% de los mexicanos apoyó la medida, según una encuesta llevada a cabo dos meses después de la nacionalización. Sólo 3% pensaba que era muy mala; 8% que era mala, y 19% que era muy buena.73

Después de la nacionalización, todos los periódicos se llenaron de desplegados en apoyo a la medida. Los desplegados de gobernadores y sindicatos fueron los más abundantes, pero también los había de algunas organizaciones profesionales y aun de pequeñas empresas. En los primeros seis días después de la nacionalización, Excélsior, el principal diario mexicano, publicó 104 desplegados en favor y sólo tres en contra.74 Entre los artículos que apoyaban la nacionalización se encuentran frases grandilocuentes: “acontecimiento histórico de relevancia a nivel de la declaración de Independencia”.75

Ese altísimo número de desplegados no es sólo un reflejo de la popularidad de la medida, sino también de una tendencia a adular al presidente. Sin embargo, adular a un presidente saliente es menos común.

Las demostraciones progubernamentales en favor de la nacionalización fueron impresionantes. En la manifestación de apoyo al día siguiente de la nacionalización, el Zócalo, la plaza principal de la ciudad de México, estaba atestado, como no se había visto desde el movimiento estudiantil de 1968. En cambio, cuando los empresarios trataron de organizar una protesta contra la medida en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, sólo pudieron reunir a 6 000 personas, mientras que el gobernador reunió a 200 000 en apoyo a la medida.76

El 15 de septiembre, aniversario de la Independencia, un periódico afirmó que la cálida recepción que brindó el pueblo a López Portillo en el Zócalo antes de la ceremonia del Grito de Independencia demostró la popularidad del presidente. Ese día, López Portillo se mostró convencido de que había “actuado conforme a la voluntad de su pueblo”.77 El gobierno seguía contando con un apoyo impresionante que disuadió a muchos de seguir adelante con una defensa más abierta de los banqueros.

Evidentemente, el gobierno contaba con el apoyo de los sindicatos. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) actuó con rapidez a fin de advertir a los empresarios que promovían un paro para el 8 de septiembre que ello implicaría “echarse al pueblo encima […] les puede pasar lo que a los banqueros”.78 El paro empresarial nunca se efectuó.

El 7 de septiembre, las organizaciones empresariales declararon que los trabajadores se habían puesto contra ellas mediante la clásica técnica del “acarreo”. “No queremos ser pretexto de la arbitrariedad, la asonada y el rompimiento del orden jurídico de la nación.”79 Al día siguiente, la CTM publicó un desplegado: “Cuidado, el pueblo puede echárseles encima”.80

Además, de todos los partidos políticos, sólo dos, los de derecha, PAN y PDM (Partido Demócrata Mexicano), estaban contra la expropiación. La izquierda no oficial apoyó la medida, exigiendo que los bienes propiedad de los bancos expropiados no fuesen devueltos.81 Semanas más tarde, el PSUM (que incluía al antiguo Partido Comunista) sugirió incluso una alianza con los sectores más de izquierda del PRI y de los sindicatos oficiales.82

El gobierno se encontraba en el centro de la lucha política que se desató después de la nacionalización y que decidiría cuáles serían los efectos de esta última en la importancia relativa de los sectores público y privado. Los banqueros sabían que el gobierno podía amenazar con desplazarse más hacia la izquierda. El propio De la Madrid debió de haber sentido la necesidad de aclarar toda duda respecto a las intenciones de su administración cuando declaró que su gobierno actuaría “en el pluralismo político social y en la economía mixta”.83

“MÉXICO EN LA LIBERTAD”

Dado que los empresarios mexicanos estaban divididos y las presiones del gobierno eran fuertes, aquellos abiertamente opuestos a la nacionalización no pudieron organizar durante septiembre ninguna protesta significativa en contra. Todo intento por promover una movilización política tuvo que ser cancelado. Los banqueros, que eran probablemente el grupo empresarial más importante el país y habían actuado como representantes informales de los empresarios en épocas de conflicto, temían perder lo que todavía tenían, por lo cual no tuvieron la disposición para reaccionar. No había liderazgo capaz de organizar una respuesta coherente.

No obstante, hacia octubre los grupos empresariales más radicales iniciaron reuniones regionales con la consigna “México en la Libertad”. Su objetivo era alertar a la sociedad sobre los “riesgos” que el PRI-gobierno representaba para la libertad futura de “todos” los mexicanos. De acuerdo con los organizadores, no se podía confiar en un régimen que había expropiado los bancos.

Según Goicochea en un editorial de Excélsior: “México en la Libertad” tenía el objetivo de despertar una conciencia cívica y plural basada “en lo que fue realmente la Revolución mexicana” y en el verdadero espíritu de la Constitución del país. En opinión de Goicochea, la Constitución no permitía tales abusos de poder. La Constitución había sido distorsionada por los gobiernos posteriores a la Revolución, que deducían del texto un ilimitado y peligroso poder en manos del Ejecutivo.84 Ello había dado lugar no sólo a la nacionalización sino a la incapacidad para administrar los recursos de la bonanza petrolera. Como se dijo en una manifestación en Yucatán: un presidente fuerte no debe significar poder absoluto del Ejecutivo.85

Las manifestaciones de “México en la Libertad” eran populares entre los sectores de la clase media fuera de la ciudad de México, en particular en el norte del país, donde la crisis había generado un clima propicio para las reuniones antigubernamentales. El movimiento “México en la Libertad” aprovechó no sólo la oposición a la nacionalización, al control del tipo de cambio y a la creación de los “mexdólares”, los cuales habían provocado una profunda irritación entre quienes tenían ahorros en dólares en los bancos mexicanos, sino también el sentimiento general de que el gobierno había sido corrupto e incompetente en la administración de la economía. Según las ideas expresadas por “México en la Libertad”, la incompetencia del gobierno había provocado la devaluación del peso y una alta inflación y, por ende, era responsable de la pérdida del valor de los ahorros.

Las manifestaciones nunca tuvieron la numerosa asistencia que se había visto en favor de la nacionalización de los bancos el 5 de septiembre. Sin embargo, fueron un ejemplo inusitado de la actividad política de los empresarios contra algunas de las reglas informales de su papel político. “México en la Libertad” fue el primer intento de los empresarios radicales por seguir una estrategia política que les permitiera imponer límites al gobierno mediante el desarrollo de un sistema político más democrático. Fue un intento por lograr el liderazgo que los banqueros habían perdido, pero esta vez con el apoyo de la sociedad mexicana, la cual, en su opinión, estaba lista para defender sus derechos. Éste, a su juicio, era el único camino para proteger la libertad y la propiedad.

Para el gobierno mexicano, “México en la Libertad” era una amenaza y presionó a los organizadores fomentando una atmósfera agresiva contra las diversas manifestaciones. Según Rodolfo González Guevara, subsecretario de Gobernación, estas manifestaciones eran ofensivas para las instituciones políticas mexicanas. Sin embargo, afirmó que no había habido rompimiento con el sector privado y que sus miembros, lo cual era más importante, “han sabido guardar respeto a la investidura del Primer Mandatario”.86

En opinión del movimiento obrero, que tradicionalmente había dominado las manifestaciones públicas en México, las de los empresarios sólo eran un medio para chantajear a De la Madrid.87 Urgió a los empresarios a comprender que el poder sólo se gana mediante la mayoría de votos.88 Fidel Velázquez fue más agresivo. Según él, los empresarios habían olvidado que el trabajador es quien produce lo que consumen: “que no olviden que serán también los obreros los que pueden construir sus ataúdes y cavar las tumbas para enterrarlos para siempre”.89 Según Cervera Pacheco, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la organización campesina más importante, los empresarios se equivocaban, porque las minorías no pueden imponer sus opiniones en nombre de la libertad.90

Las críticas más fuertes contra “México en la Libertad” provinieron del propio López Portillo. Según él, los empresarios estaban tratando de aprovechar la crisis para imponer sus intereses particulares sobre el interés nacional. Sólo estaban tratando de pasar por alto la lucha electoral y a los partidos políticos. Es “el supuesto del fascismo […] México resolvió vivir en la democracia […y] no admite de ninguna manera que se confunda poder económico con poder político”.91

Los empresarios que participaban en el movimiento “México en la Libertad” defendieron su posición. Clouthier afirmó: “Cuando se hacen manifestaciones de otros sectores se dice que son democráticas y genuinas, pero cuando las emprende la iniciativa privada, se afirma que es cacerolismo y desestabilización; no es justo”.92

El presidente electo pidió a los organizadores suspender el movimiento “México en la Libertad”, en particular la última manifestación programada para llevarse a efecto en la ciudad de México, donde el gobierno se sentía más vulnerable. De la Madrid quería asumir el mando en un clima político menos agresivo.

Los organizadores aceptaron poner un alto al movimiento.93 Una vez más, el ciclo político mexicano dio esperanzas a todo el mundo. Al salir de una entrevista con De la Madrid, después de aceptar posponer las manifestaciones, Clouthier declaró que no había enfrentamiento con el gobierno. Según dijo, no se debía confundir el expresar una opinión con la creación de un conflicto. Clouthier prometió entonces que los empresarios colaborarían con el próximo gobierno.94

El movimiento “México en la Libertad” habría de constituir una valiosa experiencia para los empresarios, Clouthier entre ellos. Cuando este último sintió que los esfuerzos de De la Madrid por limitar el poder presidencial no eran suficientes, decidió pasar a la lucha partidista. En los años siguientes, con el apoyo del PAN, los empresarios tratarían de ganar posiciones electorales y, en 1988, el propio Clouthier llegaría a ser candidato a la presidencia por el PAN (aunque perdió por un amplio margen).

Mientras tanto, los banqueros habían estado en contacto con De la Madrid, tratando de negociar un acuerdo. Después de una de las reuniones con el futuro presidente, Espinosa Yglesias, antiguo propietario de Bancomer, el banco más grande del país, mostró su respeto y su fe en De la Madrid afirmando que su actitud con el nuevo gobierno “será de lealtad y de trabajo”.95 En una actitud similar, también después de una visita a De la Madrid, Abedrop dijo que el futuro presidente era “el mejor hombre de que puede disponer México”.96 Parecía que los banqueros podían llegar a un acuerdo satisfactorio con el nuevo presidente.

Los tres últimos meses del sexenio de López Portillo dieron a De la Madrid un poco de espacio para maniobrar. Los empresarios se encontraban confusos y tenían que negociar en dos frentes (con López Portillo y con De la Madrid), lo cual dificultó aún más su posición. La mejor estrategia, al menos para los banqueros, parecía el negociar una tregua con López Portillo y empezar a negociar con el futuro presidente, en espera de que la nueva administración fuese más favorable a sus intereses. Formalmente al mando todavía, López Portillo se fue debilitando con rapidez y convirtiéndose en el blanco de la hostilidad general, incapaz de defender sus políticas y a sí mismo.

CONCLUSIÓN

A pesar de que la crisis de 1982 fue una demostración del limitado poder infraestructural de la administración de López Portillo, la nacionalización mostró el enorme poder autónomo del Estado mexicano. En medio de una crisis aguda, sin siquiera discutirlo con su gabinete, López Portillo decidió emplear los poderes constitucionales a su cargo para limitar drásticamente los derechos de propiedad. A corto plazo, la decisión de López Portillo lo fortaleció de manera significativa.

Cuando se compara la posición política de los empresarios con el enorme poder constitucional de un presidente mexicano, su debilidad es evidente. El gobierno tenía tanto el poder constitucional para alterar las reglas del juego tácitas como la capacidad política para imponer su voluntad, esto es, hacerse del control del sistema bancario. No existía fuerza alguna, institucional o metainstitucional, con la capacidad inmediata para limitar al presidente.

Este mismo poder autónomo del presidente provocó que los banqueros fuesen uno de los grupos empresariales menos interesados en una ruptura con el gobierno, a pesar de los límites que ya habían sido impuestos a sus derechos de propiedad. Optaron por buscar obtener la mejor compensación posible y la devolución de los activos no bancarios propiedad de los bancos.

Lo impredecible de las instituciones políticas mexicanas (lo cual, en opinión de los empresarios, había ocasionado no sólo la nacionalización sino también una política económica incoherente) era una amenaza para la seguridad de los propietarios y afectaba su relación con el gobierno. Para algunos empresarios había llegado el momento de hacer frente a sus actuales problemas, atacándolos de raíz, es decir, buscando poner límites a la intervención estatal en la economía. Optaron entonces por pasar a la arena política para buscar el establecimiento de instituciones más democráticas que pudieran limitar el poder del presidente y, quizá, permitirles incluso reformar las instituciones que regulaban la propiedad. Muchos otros empresarios respondieron simplemente moviendo sus capitales al extranjero y rehusando traerlos de vuelta.

Era imperativo diseñar una nueva relación. El gobierno quería retener tanto poder político como fuese posible, pero necesitaba el apoyo de los empresarios. En los próximos dos capítulos se aborda la manera en que se resolvió este conflicto.