En un país así, difícilmente puede considerarse el desarrollo económico con independencia del Estado, sobre todo si se piensa que a lo anterior se añade el hecho de que el Estado cuenta con el monopolio de los recursos energéticos del país y participa en una alta proporción de las inversiones nacionales, en las que en ocasiones ha alcanzado más del 50%.

México se encuentra al sur de Estados Unidos, con quien tiene una frontera de casi 3 326 kilómetros, y con quien sus habitantes y gobernantes han aprendido a luchar y convivir, siempre bajo el recuerdo de la tragedia que significó haber perdido más de la mitad del territorio en guerra injusta ocurrida hace más de un siglo, a la que siguieron otras empresas y amenazas intervencionistas. Pueblo y gobiernos han colocado en un primer plano de su atención y de su memoria el problema de la sobrevivencia nacional. Ella, en parte, y la magnitud de los movimientos populares que recorren su historia, así como la forma en que se involucró con ellos una clase media que arranca de la más rica colonia española en el nuevo mundo, contribuyen a explicar el complejo proceso. Sin embargo a esas características especiales o sai generis, se añaden otras muy parecidas a las de los demás países latinoamericapos. comunes a las regiones periféricas del mundo capitalista.

En un territorio de 1958 201 kilómetros cuadrados vive una población de setenta millones de habitantes. Por su territorio el país ocupa el décimotercer lugar en el mundo. Por su población ocupa el undécimo lugar. Por sus costas, alcanza el segundo en el continente, después de Canadá. Sus litorales recorren una gran plataforma de 460 mil km², que se interna en el mar con suave pendiente. En la plataforma marítima existen gran cantidad de variados recursos pesqueros, y, como en el resto del país, amplias riquezas minerales y petrolíferas. México reclama la soberanía de lo que se llama el “mar patrimonial”, que se inicia a lo largo de las costas a una distancia de doce millas náuticas, de acuerdo con los tratados de Ginebra de 1958, y de doscientas millas según la Constitución Política reformada en 1976. Este último límite ha sido motivo de tratados bilaterales con Estados l’nidos y Cuba.

Las regiones áridas y semiáridas ocupan más de la mitad del territorio. Pero incluso en esas regiones existen oasis con áreas irrigadas, como los valles de Mexicali y Santo Domingo en Baja California, o los distritos de riego de Sonora y Sinaloa, o los de La Laguna, Delicias, el Valle de Juárez, donde hay una agricultura de explotación intensiva, con presas de almacenamiento que porporcionan agua todo el año. A la variedad de climas y recursos agrícolas se añaden grandes reservas hidroeléctricas, de uranio y de petróleo. México produce una quinta parte de la plata del mundo, es el mayor productor de fluorita, el tercero de bismuto y de sulfuro; el cuarto de grafito, el quinto de mercurio. En sus reservas y producción sobresalen además, el oro, el plomo, el cobre, el cinc, el manganeso, el cadmio, la anti-monia. Posee grandes reservas de carbón que se pueden convertir directamente en coke y considerables depósitos de hierro que le han permitido construir la segunda industria de acero en América Latina. Su agricultura tropical y su ganadería generan excedentes, que con los mineros, y más recientemente con los industriales, son sus principales fuentes de exportación. Entre sus variadas riquezas cobra singular importancia hoy el gas y el petróleo.

En todo caso, hay un consenso casi general en el país en el sentido de que es inadmisible y criminal una política compulsiva de control de la natalidad, y de que la política de población no puede plantearse con independencia del desarrollo económico. La disminución misma de la tasa de mortalidad, que pasa de 23.2 por mil habitantes en 1940 a 7.3 en 1976; y la de mortalidad infantil, que baja en esos mismos años de 125.7 a 49 por mil nacidos vivos, así como el incremento de la esperanza de vida, que en los hombres pasa de 40 a 63 años, son indicadores de desarrollo. Pero de un desarrollo desequilibrado e insuficiente. Han dado lugar desde 1940 a un rejuvenecimiento de la población que propicia la continuidad del rápido crecimiento. Eso es inevitable. Paradójicamente, la difusión de técnicas de planificación familiar es más efectiva en la población urbana y en la de niveles de vida más altos. La menos fecunda. Sólo un replanteamiento de las políticas de desarrollo económico y social podría asegurar una disminución de la tasa de crecimiento parecida a la de países que han alcanzado más altos niveles de vida.

El incremento de la población urbana frente a la rural ha sido considerable. Pasa de constituir el 35.1% del total en 1940 a ser el 64.9% en 1978. Se considera urbana a la población que vive en localidades de 2 500 habitantes, o más. El indicador está fuertemente asociado con otros de alfabetismo, salud, alimentación. El crecimiento de la población urbana indica desarrollo de niveles de vida. Corresponde en parte al desplazamiento de la población rural a la urbana. De 1960 a 1970 se desplazaron cerca de tres millones de campesinos a las áreas urbanas del país. En todo caso, crecimiento urbano y desplazamiento del campo a la ciudad no han correspondido a un incremento de los niveles de vida y educación que por sí solo contrarreste las altas tasas de crecimiento de la población, aun en el supuesto de que éstas hayan empezado a disminuir a finales de los setenta.

En el manejo de variables que dejan “otros factores constantes” se encuentran los prejuicios y las ideologías.

La estructura del capital y el trabajo se asemeja en muchos aspectos a la de otros países latinoamericanos. Un hecho significativo parece distinguirla sin embargo. La antigua oligarquía terrateniente perdió gran parte de sus propiedades y su poder, mientras surgían gran cantidad de pequeños propietarios y de ejidatarios. En otros países de América Latina la propia oligarquía terrateniente controló los procesos de capitalización del campo y la ciudad, y buena parte de la acumulación industrial y financiera. En México esa antigua oligarquía perdió su papel hegemónico, y la burguesía rural que empezó a desarrollarse después de la revolución de 1910-1917 obedeció a una formación socioeconómica en que el capital industrial, al principio, y más tarde el capital financiero, mantuvieron el liderazgo de la economía aliados o apoyados en el sector público, en el Estado. Buena parte de las nuevas empresas agrícolas y ganaderas quedó en manos de sus antiguos propietarios, pero éstos no pudieron nunca más controlar el conjunto del proceso económico. La burguesía rural —de latifundistas transformados en empresarios, y de advenedizos transformados en neolatifundistas— dependió de mercados de bienes y capitales controlados por el Estado, la banca, las industrias y las empresas monopólicas extranjeras. Este hecho alteró el comportamiento del proceso de desarrollo económico y político del país, de un lado, porque no fue el capital agrario el que se convirtió en industrial y financiero, sino éstos, con el Estado (y más tarde con las compañías transnacionales), los que generaron al capital agrario; y de otro, porque la asociación Estado-capital industrial-capital mercantil se interesó en desarrollar el mercado interno, y en reproducir una mano de obra asalariada que al disponer de sus propias tierras para sobrevivir durante varios meses del año, no aumentara los costos de la producción agrícola, y disminuyera, con su oferta de alimentos, los de la mano de obra industrial. A semejante mecanismo, o “modelo”, no se llegó como proyecto de racionalidad puramente económica. Fue resultado indirecto de una revolución agraria que involucró al mayor número de campesinos en toda América Latina, y que exigió satisfacer sus demandas de tierras en los prolegómenos de un nuevo tipo de desarrollo del capitalismo.

El crecimiento de los trabajadores asalariados se realizó a partir de esa restructuración agraria, del desarrollo de los mercados regionales y del mercado nacional, de la industria y los servicios. En el campo surgieron dos tipos de asalariados, los asalariados sin tierra y los asalariados con tierra. Aquéllos disminuyeron de 1910 a 1950, y volvieron a aumentar desde la década del cincuenta. En cuanto a los campesinos con tierra siguieron un proceso por el cual ya no sólo fueron asalariados de otros propietarios, durante una parte del año, sino todo el año, y a menudo en sus propias tierras. El proceso se aceleró durante estas últimas décadas, en particular con las empresas transnacionales y monopólicas, alquiladoras de tierras y empleadoras de “propietarios”.

Los propietarios-campesinos, y los sin-tierra, si eran pobres vendieron su fuerza de trabajo a los medianos y grandes propietarios de la localidad; pero practicaron, además, una migración interna e internacional de grandes proporciones, permanente. Muchos trabajadores de las zonas más desarrolladas del norte del país vienen del sur y del centro. Hay quienes recorren el país todo el año en busca de contratarse para las cosechas de algodón, café, tabaco, jitomate, caña de azúcar. No tienen residencia fija. En el ciclo agrícola de 1969-70 los trabajadores agrícolas que recorrieron el país fueron más de seiscientos mil.

Del campo surgió también una parte importante del trabajador industrial y urbano. En 1910 el 72% de la población económicamente activa era agrícola. En 1970 había bajado al 41%. Pero en números absolutos —como los analfabetos— había aumentado en casi un millón y medio más que al empezar la revolución. Los campesinos sin tierra —o que dejaron su pedazo o ejido— se fueron a las ciudades durante el periodo de fuerte industrialización, que correspondió a la segunda guerra mundial, y se integraron a la fuerza de trabajo industrial. (En 1940, el 14% de la población económicamente activa pertenecía a ese sector; en 1950, el 18%.) Después, en proporciones menores continuaron entrando a la industria (eran el 19% en 1960 y el 24% en 1970). Pero desde los años cincuenta —como en otros países de América Latina—, empezaron a engrosar la población “marginada” de las ciudades. Las diferencias de México con otros países latinoamericanos no se encontraron en este terreno. Tampoco en los ingresos del capital y los trabajadores. Las remuneraciones por salarios a los trabajadores correspondieron en 1979 tan solo al 15% del producto interno bruto de las manufacturas. Con los sueldos y prestaciones para aquéllos y para los empleados apenas alcanzó el 30%. Más de dos tercios del ingreso van a manos de la empresa y menos de un tercia a manos de trabajadores y empleados. El perfil del capital y el trabajo guarda en México las características de los países subdesarrollados y periféricos del mundo capitalista. Esas características se advierten con mayor claridad cuando se consideran los diferentes tipos de capital y su comportamiento, y las diferencias del pueblo trabajador, tras un desarrollo económico, tecnológico y social, que en términos globales no se puede ignorar.

El Estado mexicano es un Estado neokeynesiano sin saberlo. Desde la gran crisis del treinta integró un sistema financiero y múltiple, empezó a adquirir una serie de empresas —algunas por expropiación—, y a fundar otras en los distintos sectores de la producción y los servicios. Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos, Conasupo, destacan entre las más famosas. Las em presas públicas —y en general el sector público— contribuyeron con el 43%; de la inversión total en el periodo 1940-1954; con el 31% de 1955 a 1961; con el 40% de 1962 a 1970; con el 44% de 1971 a 1978. La participación del Estado en la economía —y en las formas que adquiere— resulta incomprensible sin considerar el carácter de una historia popular inserta en el desarrollo de una economía crecientemente dominada por los monopolios y oligopolios.

La fuerza del Estado mexicano es muy relativa sin embargo. Opera en un país dependiente en que casi las dos terceras partes (y a veces más) de las importaciones y las exportaciones van a un sólo mercado, el de Estados Unidos. En 1979 del total de las importaciones el 64% provino de Estados Unidos, y hacia allá se dirigió el 69% de las exportaciones. Aunque México ha diversificado su economía y adquirido una autonomía relativa, el crecimiento de la deuda externa, el monto de las inversiones extranjeras, la magnitud de las empresas monopólicas y transnacionales, su vinculación parcial con los intereses de la propia “clase política”, imponen restricciones que en lo esencial no alteran las tendencias de un desarrollo periférico y dependiente del capitalismo y del Estado. De 1940 a 1970 la inversión extranjera en el sector manufacturero se multiplicó 65 veces. Pasó de representar el 7% del total de la inversión extranjera en aquel año a representar el 74% en 1970. Orientada cada vez más a invertir en la industria, logró en algunas ramas porcentajes muy altos de la inversión total: en productos químicos 67%, en construcción de maquinaria 62%, en maquinaria eléctrica 79%, en equipo de transporte 49%, en hule 84%, en tabaco 79%. En bienes de capital, 70%.

Hacia 1978, de 4 359 empresas foráneas el 79% era estadounidense. En 1979 el 85% de esas empresas pertenecía o estaba controlada por transnacionales. (UnomásUno, 29/x/79). Las empresas transnacionales controlan la casi totalidad del mercado medicinal, participan con más del 80% de la producción nacional de leche condensada, en polvo y evaporada, de café soluble y té, de concentrados y jarabes para la industria refresquera; tienen el control de la producción de alimentos infantiles, de la industria avícola, y de una gran cantidad de productos de exportación agrícola y minera. En 1971 las empresas transnacionales cubrían el 93% de los pagos por importación de tecnología. El 80% de la tecnología empleada sigue siendo extranjera.

La oligopolización de la economía es una característica constante, una tendencia ininterrumpida sobre todo en las ramas más dinámicas de la economía. A ese hecho se añade la formación de grupos empresariales-financieros que diversifican sus actividades en complejas estructuras de producción y autofinanciamiento, que se asocian no sólo en lo económico, sino en lo político, y en los campos de la información y la diplomacia. La nueva burguesía mexicana cuenta con poderosos consorcios. Entre ellos destaca el “Grupo Monterrey” ligado a otros de Puebla, Saltillo, Guadalajara y el noroeste del país. Ese grupo pasó de la producción de cerveza a la de cartón, lámina, vidrio, acero, maquinaria, química. Cuenta con supermercados, bancos, compañías financieras. Encabeza una confederación patronal; participa en varias organizaciones políticas; financia instituciones educativas; posee canales de televisión en el norte y occidente; tiene coinversiones con el capital extranjero y el gobierno mexicano; cuenta con sindicatos obreros que escapan al control gubernamental, con intelectuales e ideólogos que proponen un modelo alternativo de Estado, partidarios del liberalismo monopólico. Otro grupo importante no menos poderoso es el que está encabezado por los bancos del Atlántico, Industria y Comercio, Comermex. En él destacan figuras políticas de gobiernos anteriores y funcionarios del actual gobierno. Casi todas las empresas de este grupo se encuentran entre las trescientas más importantes del país. Participa en forma destacada en las industrias química, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, minera, automotriz, electrónica. Cuenta con grandes canales de televisión, con estaciones de radio y cadenas de periódicos. Influye decisivamente en las principales confederaciones patronales (CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA). Establece vínculos personales y políticos, contratos, coinversiones, con el sector público, y con el capital foráneo. Un tercer grupo, —y tal vez el más importante— está encabezado por el Banco Nacional de México, el Banco de Comercio y el Banco de Crédito Minero. Sin hallarse directamente vinculado al Estado en las actividades políticas, controla, con la Asociación de Banqueros de México y más de la tercera parte del capital bancario del país, muchas de las decisiones principales en materia financiera y monetaria. Sus inversiones abarcan prácticamente todos los ramos de la producción y los servicios. Al iniciarse la década de los setentas, el Banco de Comercio y el Banco Nacional de México absorbieron alrededor del 45% de las utilidades de la banca privada y mixta. En once años (1966-1977) los pasivos de las instituciones bancarias crecieron en más de 500%.

Las concesiones y subsidios, las exenciones de impuesto y las transferencias de sector del sector público al privado, no sólo hacen recaer sobre el Estado buena parte de los costos de la inflación, aunque la parte principial sea cubierta por los grupos de ingresos fijos, en particular por los trabajadores más pobres, marginados y explotados, sino que en el terreno de las relaciones empresa publica-privada, limitan las funciones públicas de aquélla, al tiempo que presionan para un endeudamiento creciente del Estado, que debilita sus funciones rectoras de tipo global y nacional, y lo constriñe a las de auxiliar de una acumulación propia de un país dependiente y periférico del mundo capitalista. Los intentos que en los años setenta hizo el gobierno para imponer una ley de control a las inversiones extranjeras y otra con un sistema fiscal progresivo que gravara los ingresos de capital, resultaron frustrados. Con toda su estabilidad política y económica, mayor a la de muchos países desarrollados, el Estado mexicano cumplió las funciones que le asigna el capital en la periferia del mundo que domina. Su comportamiento social y político distinto no impidió tampoco un crecimiento extremadamente desigual, aunque la combinación de concesiones y desigualdades le diera más poder que el de otros países dependientes del mundo capitalista.

Desde 1939 —un año después de la nacionalización del petróleo— hasta 1978 la inversión bruta por habitante pasó de 21 (en pesos de 1960) a 7 163. El índice del volumen de la producción industrial (1960 = 100) pasó de 3.2 en 1940 a 273.9 en 1972. La capacidad instalada de energía eléctrica pasó de 629 mil kw en 1937 a casi 13 millones en 1976. La extensión de carreteras era de 9 929 km en 1940, y es más de veinte veces mayor en 1977(200 060).

Los indicadores sociales son también significativos. Al aumento en la esperanza de vida y de la población urbana se añade otro fuertemente correlacionado con el incremento en los niveles de vida. La población alfabeta pasa del 33% en 1930 al 84% en 1979. La población que recibe educación primaria, secundaria, universitaria crece a tasas muy superiores a la población. Para 1979-80 hay más de 15 millones de estudiantes en el ciclo elemental, casi cuatro en el ciclo medio, casi 800 000 en el superior. En el ingreso per capita, México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina. (En 1980 se calcula que será de más de 1 300 dólares.) Otro tanto ocurre con el número de médicos por habitante, con el porcentaje de la población que dispone de luz eléctrica, con el monto de las calorías consumidas. Los indicadores de los estratos medios señalan un crecimiento considerable. Pero el desarrollo es extremadamente desigual. Su velocidad, sus cifras absolutas y relativas, el lugar que ocupa el país entre otros de América Latina o el mundo no pueden oculiar un hecho. Es incluso más desigual que muchos de ellos. Es cada vez más desigual.

La crisis, en el terreno social, se acentuó cuando sin querer tocar el gran capital ni poder empobrecer más a la población marginada, se afectó a los sectores medios en sus aspiraciones y demandas de salarios, ingresos, servicios (en particular el educativo). Así se gestó, desde 1966, la mayor crisis político-ideológica del Estado mexicano. Esa crisis coincidió con una política económica llamada “monetarisía”, altamente funcional al capital monopólico. La inversión pública bajó del 13.1 al 6% del PIB, mientras las empresas públicas transferían crecientes recursos al sector privado, manteniendo una pequeñísima carga fiscal (muy inferior a la de cualquier país desarrollado), lo cual determinó un déficit creciente del sector público. Al mismo tiempo los precios casi duplicaron su tasa de incremento, mientras se congelaban los de los productos agrícolas de consumo interno, afectando en particular a los trabajadores-propietarios del campo, sobre todo a los más pobres. Ello determinó una baja en la producción de alimentos populares. Éstos llegaron a tener tasas negativas. Los propios sectores medios disminuyeron sus demandas de artículos de consumo duradero. Los índices de producción de tales artículos también bajaron. Con congelación o disminución de ingresos, muchos no pudieron adquirir artículos que se vendían hasta un 80% más alto que en los países metropolitanos.

La recuperación con inflación provocó efectos contradictorios: de un lado aumentó en forma innegable el poder del Estado, y su capacidad de concesiones a los sectores organizados, incluidos los populares. De otro, hizo ver la necesidad de impedir que México se convierta en un país meramente petrolero y aún más dependiente, que continúe estimulando altas utilidades del capital monopólico y privado en formas primitivas.

En el campo económico, político e ideológico se observaron múltiples síntomas de recuperación, como si el sistema social y el Estado se mantuvieran —iguales—, transformando su sistema, político y retomando la línea de una intervención mayor del Estado en la economía, con ampliación de los sistemas de alianza entre los sectores organizados —e incluso autónomos— de las distintas clases sociales. Las medidas políticas y los descubrimientos petroleros fueron efectivos y en alguno casos espectaculares. México se convirtió en el noveno productor mundial de petróleo. Sus reservas en hidrocarburos ascienden a 50 022 millones de barriles. De 1978 al tercer trimestre de 1979 las exportaciones petroleras subieron tres veces y media. Propietario del petróleo, el Estado rehizo su fuerza, no sólo ante la empresa privada y monopólica sino en el terreno de la inversión pública y social. Esa fuerza sin embargo no impidió que aumentaran las presiones inflacionarias, que se incrementara el saldo negativo de la balanza de pagos, y que se rehicieran las formaciones de injusta distribución del ingreso con altísimas utilidades al capital monopólico, con mejoras selectivas a los trabajadores y sectores organizados de la población, y con depauperación creciente de la población marginada y superexplotada.

Mayo de 1980