Como hemos visto, la historia del narcotráfico en Michoacán tiene un largo camino que va desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En una primera etapa se trataba del cultivo y cosecha de mariguana y amapola, mientras que en una segunda ya abarcaba la producción de metanfetaminas y el transporte de la cocaína proveniente de Sudamérica.
En la tercera etapa decíamos que se transformó en crimen organizado, es decir, en una especie de consorcio empresarial con distintas ramificaciones criminales, como la extorsión, el secuestro, la imposición de cuotas y el control de productos agrícolas y mineros.
Pero en una cuarta y última etapa, que es la más complicada porque suma todas las anteriores, Los Caballeros Templarios devinieron un tipo de gobierno que alcanzó a controlar la mayor parte del territorio michoacano y a sus autoridades, a través de un amasiato o simbiosis con el grupo gobernante encabezado por Fausto Vallejo.
El exdirector del Cisen Guillermo Valdés Castellanos señala que, al parecer, Michoacán es la primera entidad en México donde el crimen organizado “privatizó” la totalidad de los asuntos públicos municipales, y aclara que no se trata de un caso de corrupción, es decir, de la compra de gobernantes a cambio de complicidad y de esa manera garantizar la impunidad, sino de algo más elevado que denomina “Captura del Estado”. (Valdés Castellanos, 2013)
Valdés expresa que, en su definición original, dicho término fue creado por los investigadores Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo Albarrán en su libro Narcotráfico, corrupción y Estados. Es “la intervención de individuos, grupos o compañías legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios de corto y largo plazo, principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público”.
Pero para el caso de México y, sobre todo, de Michoacán, habría que decir que estos individuos, grupos o compañías son ilegales y utilizan métodos de coerción y violencia como mecanismos que complementan o sustituyen al soborno para “capturar el Estado” o el gobierno en turno.
Según los autores del término, las implicaciones de esta “actualización” son complejas, porque conlleva una reconfiguración del Estado ya cooptado, que tendría las siguientes características:
1)Participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales; 2) beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino político e incluso de legitimación social: 3)coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno; 4)afectación de diferentes ramas del poder político y distintos niveles de la administración. (…) Estas prácticas las desarrollan con el objetivo de tener beneficios de largo plazo y asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, para así obtener legitimidad social en el largo plazo. (Garay Salamanca & Salcedo Albarrán, 2012, págs. 35-36)
En el caso de Michoacán, esta captura y reconfiguración del Estado por los grupos criminales como Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se fue dando de manera progresiva desde la década de los noventa hasta cumplirse completamente en el gobierno de Fausto Vallejo.
En los últimos 25 años estas bandas fueron participado en la vida pública y política de la entidad, primero corrompiendo autoridades y luego usando la violencia para cooptar y capturar las instituciones de todos los niveles de gobierno y los tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.
Como lo veremos en el transcurso de este capítulo, en realidad ninguna autoridad, independientemente del partido que sea, se salvó de la cooptación del crimen organizado, ya fuera voluntaria o involuntariamente.
El poder de La Familia Michoacana y, sobre todo, de Los Caballeros Templarios, alcanzó a todos. El cártel tuvo en sus manos, de manera plena, 70% de los municipios, incluida la capital, Morelia. Su ley era la violencia, las ejecuciones y las desapariciones.
Aunque ha habido otros gobernadores acusados de estar involucrados con el narcotráfico –como Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo; Tomás Yarrington, en Tamaulipas; Patricio Chirinos, en Veracruz, y Sergio Estrada Cajigal, en Morelos– el caso de Michoacán fue distinto porque la cooptación fue desde abajo, desde los pueblos, comunidades, colonias y barrios. Ocurrió en los cabildos, pasando por las presidencias municipales y el Poder Legislativo, hasta llegar al gobernador, haciendo de la entidad un estado gobernado completamente por el crimen organizado.
Si bien la “captura del Estado” en Michoacán alcanzó su máximo nivel durante el gobierno de Vallejo, este proceso comenzó mucho antes, con los gobiernos de Víctor Hugo Tinoco Rubí, también del PRI, y luego con los gobernadores del PRD, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
Cuando Víctor Manuel Tinoco Rubí arribó al gobierno de Michoacán en 1996, en el mundo del narco había dos familias que se mentaban con frecuencia: del lado de las bandas criminales, Los Valencia, y del lado político, Los Hermanos Almada, en referencia al secretario general de Gobierno, Antonio García Torres, y al procurador de justicia estatal, Eduardo García Torres, quienes desde entonces eran señalados como protectores del narco.
El 29 de agosto de 2003 se dio a conocer en Proceso un informe de inteligencia militar, en el que se señalaba que durante el gobierno de Tinoco Rubí (1996-2002), Los Hermanos Almada –entonces uno ya era senador y otro diputado plurinominal del PRI– habían mantenido nexos con el narco.
El documento fue elaborado entre 1996 y 1998, se titula Conjunto de irregularidades y desvío de recursos del gobierno de Michoacán y fue hecho por los asesores de inteligencia de la Sedena. Así se vinculaba al gobierno de Tinoco con el Cártel del Milenio y con Los Valencia.
El análisis, con clave SDN/S2/U03/Z1, indica que Tinoco Rubí (C1), Antonio García Torres, entonces secretario de Gobierno (C2), y su hermano Jorge Eduardo, procurador estatal (C3), estaban metidos en “lavado de dinero” proveniente de operaciones especulativas, producción y venta de enervantes y por sobornos obtenidos de bandas delictivas y secuestros.
Los Hermanos Almada –como ya se les conocía en alusión a los hermanos Mario y Fernando Almada, actores de las primeras películas de narcotraficantes mexicanos– estaban directamente inmiscuidos en el blanqueo de capitales a través de las casas de cambio Dimex, de Morelia y Zitácuaro; Reforma, en Zamora; Divisas Dólar, en La Piedad y Uruapan, así como en una agencia de edecanes en Morelia y la Bodega Mercado de Abastos Cosmo Plus, donde según el documento de inteligencia militar, se vendía cocaína al menudeo y semanalmente se recibían uno o dos camiones torton con 18 toneladas del estupefaciente, provenientes de Chiapas, ocultas entre pencas de plátano, principalmente.
Añade el informe militar: “Sobre el narcotráfico, su conexión más directa detectada desde el arribo al estado (de los García Torres) es con la familia Valencia, narcotraficantes que simulan sus negocios con empacadoras de aguacate, lavados de carros y peleadores de gallos en la región de Tierra Caliente, teniendo su domicilio en la ciudad de Uruapan, en donde a pesar de tener orden de aprehensión y extradición de parte del gobierno americano, continúan controlando el tráfico de anfetaminas en Apatzingán y de cocaína en Coahuayana”.
El informe revela que el entonces senador Antonio García Torres buscó patrocinio económico de la familia Valencia para su campaña. A cambio ofreció impunidad.
“Pero existe la versión de que la familia Valencia condicionó su aportación a cambio de entrevistarse en privado, pero por conducto de los García Torres y en uno de los ranchos ubicados a la salida de Uruapan- Paracho (‘La Tregua’), con el jefe del FBI en México, Raúl Salinas, con el fin de aclarar las acusaciones en contra de la familia Valencia.”
En el informe se relata que desde el arribo de Jorge Eduardo García Torres a la PJEM, la institución devino un “núcleo de corrupción y órgano de mafia, pues se le acusa de tener nexos tanto con el crimen organizado como con el narcotráfico”.
Cita como prueba de ello los decomisos de diferentes vehículos de reciente modelo, “los cuales se encuentran remarcados, ‘doblados’ y con reportes a la vista de robo, mismos que no han sido devueltos a sus respectivos dueños o aseguradoras, ocultándolos en diferentes lotes de esta ciudad (Santa María, La Soledad e Independencia, entre otros), a la espera de tres meses para realizar un remate interno, como marca la ley, beneficiando a deshuesaderos, como el ubicado a la salida a Salamanca, propiedad de Fernando Orihuela Carmona –expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI–, actual coordinador de campaña del priista Alfredo Anaya Gudiño”.
Los autores del informe militar explican que en el año 2000 dichos vehículos se encontraban estacionados y separados en dos o tres bloques, marcados con letras y números, localizados algunos en la parte posterior de la PJEM, sobre las canchas de basquetbol y el corralón.
Precisa que algunos de estos autos fueron utilizados para diferentes objetivos, tanto de trabajo como delictivos o como parte del equipo de avanzada en la campaña del senador Antonio García Torres y del entonces candidato Alfredo Anaya Gudiño.
Pero también eran obsequiados a reporteros del estado: “Los vehículos también se les ha proporcionado a diferentes periodistas (Ignacio Roque Madriz, El Universal; Raúl Puente, Ovaciones; Elíseo Caballero, Televisa, etcétera), y estatales (Isaac Reyes, familia Palomino, Lino Hernández Gachí, Francisco García Davish, etcétera)”.
Los autos fueron asignados con resguardo de la PJEM o de la Oficialía Mayor, papel firmado por las áreas administrativas, bajo órdenes del propio Eduardo García Torres o del oficial mayor, Fausto Vallejo Figueroa, para que no fueran molestados.
Mientras que otros autos de lujo como BMW, Mercedes, Lincoln, etc., fueron resguardados y utilizados sólo por funcionarios de gobierno, entre los que se encontraban Francisco Corona Núñez, de Secodam; Raymundo González, de personal; Guillermo Guzmán Fuentes, exdelegado del Infonavit y excandidato a diputado por el PRI; el propio Antonio García Torres y sus hermanos Eduardo y Arturo (magistrado en el Estado de México y el mayor de los tres). También los hijos de Los Almada resultaron beneficiados.
En cuanto a las relaciones con el narcotráfico señaló lo siguiente: “La Procuraduría (estatal) realiza la recolección de la aportación económica para garantizar la impunidad de los delincuentes.
“De las recopilaciones denominadas gratificaciones en el interior del estado, es responsable el comandante Marco Antonio Cienfuegos Andrade, quien es originario de Tamaulipas, abogado, expolicía judicial del DDF (Departamento del Distrito Federal), brazo derecho del profesor Alfredo Torres Morales, y quien a su vez, dentro de la PJEM, es el brazo ejecutor de Jorge Eduardo García Torres, detentando el coto de poder para dar protección a secuestradores, asaltantes y narcotraficantes. Este último personaje fue acusado, tanto en la PGR como por la prensa nacional, como precursor en el estado del espionaje telefónico y hostigamiento casero”.
En el documento se destacaba que para 2001 las actividades de la PJEM eran confusas, pues a pesar del aumento de delitos y violencia en el estado, sus informes indicaban lo contrario, que las acciones de la delincuencia organizada iban a la baja, informando que los delitos que más se cometían eran robo a casas habitación, secuestros, robo de vehículos y, a últimas fechas, las ejecuciones, principalmente en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Nueva Italia, Apatzingán y Morelia.
“Esto nos hace pensar que atrás de este ilícito están los ajustes de cuentas, por una reorganización de bandas criminales dedicadas al crimen organizado o narcotráfico.”
Finalmente, otra observación en el informe militar era que dentro de la PJEM, desde el arribo de Tinoco Rubí, se registraron “compras infladas” de diferentes artefactos de seguridad y armamento. Además, se adquirió armamento y balas sin autorización y con alteración de documentos de la zona militar. Dichos arsenales entraron de contrabando al país por la frontera de Tamaulipas.
Tinoco Rubí negó todas las acusaciones, pero lo evidente es que bajo su égida se consolidó la banda de Los Valencia y nació La Familia Michoacana, tendiendo sus redes con otros cárteles de la droga.
Esta colusión con Los Valencia fue tan evidente que en 1998 se llevó a cabo la remoción de todo el personal de la subdelegación de la PGR en Uruapan, cuando menos tres comandantes de la Policía Judicial del Estado (PGJE) fueron despedidos y 13 agentes de esa misma corporación huyeron. Todos estaban señalados como protectores de los narcos.
También durante el gobierno de Tinoco se empezaron a producir drogas sintéticas como el “crystal” bajo el manto protector de las autoridades. Tan sólo en una pequeña localidad llamada Antúnez, ubicada cerca de Uruapan, en ese mismo año se descubrieron más de 20 laboratorios: fueron detectados porque los árboles cercanos se marchitaban rápidamente y aparecían amarillos por el efecto de las diferentes sustancias utilizadas en la elaboración de la droga.
Una vez que dejó el gobierno en manos del perredista Lázaro Cárdenas Batel, Tinoco Rubí fue acusado de hundir a la entidad en la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.
Leonel Godoy Rangel, secretario de gobierno con Cárdenas Batel, señaló que el grave problema de seguridad pública que se vivía fue producto del gobierno anterior. Tinoco Rubí volvió a negar todo y apuntó que de acuerdo con los registros del Consejo Nacional de Seguridad del año 2001, Michoacán era considerado como el tercer estado más seguro del país, tras Tlaxcala y Colima.
En una carta pública fechada el 10 de junio de 2013, el ya exgobernador alegó que el propio expresidente de la República Vicente Fox Quezada, en una gira de trabajo que realizó a Michoacán en agosto de 2001, dio fe de la seguridad en Michoacán. Apuntó que, además, el primero de diciembre de 2000, la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, entregó un reconocimiento al gobierno de Michoacán por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
“Sigo sin entender ese afán de querer eludir responsabilidades tratando de culpar a terceros y no enfrentar con autenticidad lo que a cada quien le corresponde”, sostuvo en su misiva Tinoco Rubí, quien estaba acusado de dejar una deuda pública de 140 millones de pesos.
Sin embargo, una auditoría practicada en 2003 por el gobierno de Cárdenas Batel reveló que durante 2001 su antecesor había desviado fondos públicos por más de 200 millones de pesos, que se presume fueron a parar a las arcas del priismo para campañas políticas en la entidad.
En 2002 comenzó una década de gobierno del PRD en Michoacán, con Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y Leonel Godoy (2008-2012), tras siete décadas de gobierno absoluto del PRI. Durante esos diez años el crimen organizado se fortaleció, primero con Los Valencia, luego con Los Zetas y después con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Casi de manera coincidente, a escala federal se repitió el mismo fenómeno con el fortalecimiento y extensión de los grupos del crimen organizado en todo el país, mientras el PAN gobernó la nación con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes tomaron la bandera de la transición a la democracia como símbolo de su gobierno –que fracasó, al igual que la estrategia guerrista de lucha con el narcotráfico.
Como decíamos al principio del libro, en ambos casos este proyecto de transición a la democracia resultó un fiasco, y a partir de entonces creció la violencia y el poder de los grupos criminales hasta alcanzar los niveles inimaginables del cogobierno y la captura del Estado con el regreso del PRI al gobierno de Michoacán.
Este poder de los criminales en los partidos políticos, sin embargo, no fue exclusivo del PRI, también alcanzó al PAN, como lo veremos adelante, y al PRD, con los casos públicos de Julio César Godoy Toscano –acusado de estar involucrado con La Familia Michoacana– y el más reciente, el de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a quien en las redes sociales señalan de estar vinculada con Los Caballeros Templarios.
Desde julio de 2009, cuando apenas había ganado las elecciones para ser senador de Michoacán, el medio hermano del exgobernador Leonel Godoy fue acusado de estar estrechamente relacionado con La Tuta. El entonces vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubído, informó el martes 14 de julio que había una orden de detención en contra de Julio César Godoy Toscano, quien se dio a la fuga.
Ese hombre estaba acusado de tener a su cargo las redes de protección institucional para las operaciones de La Familia Michoacana en los municipios de Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Arteaga.
En esa misma investigación de la Secretaría de Seguridad Pública dirigida por Genaro García Luna, se confirmó la complicidad del candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Saúl Solís Solís El Lince, quien era el encargado de vender las drogas de La Familia Michoacana en el Valle de México. Poco después fue detenido.
En el caso Godoy Toscano, después de permanecer prófugo por un año, logró tomar protesta en San Lázaro como diputado federal del PRD en septiembre de 2010, tras haber burlado a las autoridades que lo esperaban afuera del recinto. Se acusó a miembros del PRD de ayudarlo a meterse furtivamente en la cajuela de un auto al recinto legislativo.
En octubre de 2010, la PGR dio a conocer un audio de una conversación telefónica entre Godoy Toscano y La Tuta, donde éste último le ofrece todo su apoyo para que gane la senaduría. Ambos acuerdan trabajar conjuntamente.
La PGR levantó un nuevo cargo a Godoy Toscano por lavado de dinero, y para el 14 de diciembre de ese año, la Cámara de Diputados votó por su desafuero. Desde entonces sigue prófugo.
Leonel Godoy se ha deslindado de su medio hermano diciendo que apenas tenía contacto con él, pues desde niño a Leonel lo llevaron a Tijuana, donde vivió su niñez y buena parte de su juventud. Alegó que varias veces convocó a su hermano para que declarara ante el Ministerio Público si era o no gente de La Familia Michoacana.
Pero aun así, la sospecha de los vínculos de los Godoy y La Familia Michoacana permanecen, sobre todo porque salió nueva información con el caso de la senadora Mendoza.
Desde hace tiempo, Iris Vianey Mendoza Mendoza ha sido acusada de tener vínculos con La Familia Michoacana y con Los Caballeros Templarios. En octubre de 2013 circuló en las redes sociales una foto de la senadora en una fiesta bailando a un lado de Melissa Plancarte, cantante grupera e hija de Enrique Plancarte, fallecido operador financiero de Los Templarios.
Esa misma imagen sería utilizada meses después, cuando el 5 de febrero del 2014 el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, la acusó de relacionarse con miembros del crimen organizado de la entidad. Dijo que fue ella la responsable de abrir las puertas del Senado de la Republica a un grupo de supuestos empresarios de Apatzingán que se querían reunir con los legisladores, pero que eran enviados de Los Caballeros Templarios.
Efectivamente, el 17 de octubre de 2013 un grupo de habitantes de Apatzingán presuntamente vinculados con Los Caballeros Templarios fueron al Senado a quejarse de la acción de las autodefensas. Entre el grupo se encontraban el director del Conalep del municipio, Juan Polvos; el empresario Tito Emigdio Fernández Torres, supuestamente relacionado con el brazo político de Los Caballeros Templarios, según expedientes de la Policía Federal, así como Juan Olmos Mantilla; Luis Padrón Ramírez; Emma Gómez Vargas; Juan Avilés Ruiz; Ricardo Sánchez; José Filiberto Vejar; Armando Alemán Maciel, y Rigoberto Peláez, líder local de la Canacintra, quienes se registraron como ejidatarios, empresarios e integrantes de una agrupación inexistente que llamaron Asociación Michoacanos, Paz y Dignidad.
Un mes después de este hecho, la senadora del PAN Luisa María Calderón reveló la presencia de este grupo enviado por Los Caballeros Templarios, que se reunió con varios senadores, entre ellos la perredista Iris Vianey Mendoza, quien fue advertida de la verdadera personalidad de los visitantes.
Pero fue hasta el 5 febrero de 2014 cuando explotó el escándalo, luego de las declaraciones de Mireles en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su noticiero de MVS.
Utilizando un dicho de su abuelo, Mireles habló sobre la senadora Mendoza: “Mi abuelo decía que si ves un animal saltando, que tiene orejas de conejo, salta como conejo... es conejo”. Y sentenció: “La senadora tiene relación y contacto con los templarios. Ya los llevó al Senado y dice que no los conoce”. El doctor denunció que el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, y el director del Conalep, Juan Polvos, tenían vínculos con el grupo criminal.
En entrevista en el mismo espacio radiofónico, la perredista Mendoza reconoció que ella gestionó la reunión y aceptó que, aunque fue advertida de los supuestos nexos criminales por parte de la senadora del PAN Luisa María Calderón, decidió recibirlos porque son ciudadanos, “humanos”, y porque se lo pidió el propio alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez.
Dijo que Mireles estaba equivocado, lo acusó de mentiroso y denunció que detrás de él había gente “haciendo política”. Acerca de la imagen con Melissa Plancarte justificó que había asistido a una fiesta en Apatzingán como mucha gente.
La senadora de Apatzingán pidió que se instituyera una comisión especial en el Senado para que investigara el caso y solicitó una licencia de un mes para que la PGR investigara las acusaciones.
Al mes regresó con la idea de que se había comprobado su inocencia. Pero para entonces ya circulaba en las redes sociales un video de 10 minutos de duración en el cual se detallaba su biografía y sus vínculos con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Titulado El lado oscuro de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, en el video aparecen imágenes suyas sacadas de sus propios espacios en Twitter y Facebook, con textos donde se va describiendo su carrera política desde los 14 años, cuando era parte de los jóvenes del PRD en Apatzingán, hasta llegar a su participación en las campañas de Andrés Manuel López Obrador y de Leonel Godoy, concluyendo con la propia como senadora y sus aspiraciones a ser gobernadora.
En la parte más delicada, el video anónimo revela que tuvo relaciones sentimentales con Alejandro Elorza El Primito, a quien se identifica como integrante de La Familia y exjefe de plaza en Ixtapa Zihuatanejo, con quien tuvo un hijo. Se indica que en la lucha por Ixtapa, El Primito fue descubierto por los Beltrán Leyva, que lo levantaron y asesinaron junto con cuatro personas.
El video señala que durante la campaña de Godoy a la gubernatura Mendoza siempre lo acompañó con el objetivo de escalar en la política, y que el candidato aceptó su compañía tanto pública como en la intimidad a cambio de apoyarla en su carrera política.
Se cita la detención de un personaje conocido como El Toro, miembro de Los Caballeros Templarios, quien aseguró haber acompañado a Godoy y a Mendoza en la campaña a la gubernatura del primero.
Según la grabación, después de que La Familia Michoacana fuera desarticulada y aparecieran Los Caballeros Templarios, Mendoza se acercó a Nazario Moreno El Chayo, con dos objetivos: “No tener represalias por sus anteriores nexos con La Familia Michoacana y seguir teniendo apoyo del nuevo cártel que se presentaba en Michoacán, ya que lo necesitaría en su carrera política”. Para lograr acercarse al fundador de Los Caballeros Templarios “tuvo que ser más que una amiga y servirlo en la intimidad”.
Desplegando información confidencial, los autores del video señalan que la senadora, “en las reuniones sostenidas con Nazario, pactó a través de sus relaciones pasionales que si era establecida como gobernadora les entregaría a Los Caballeros Templarios los puestos de titular de las principales dependencias de obra y de manejo de recursos económicos a personas de amplia imagen social que fueran afines” a los narcos.
En la grabación recuerdan también la visita de los enviados templarios al Senado, donde fueron recibidos por la legisladora del PRD, a petición del edil de Apatzingán, Uriel Chávez, sobrino de Nazario Moreno El Chayo. Actualmente, Chávez se encuentra en la cárcel acusado de haber mandado levantar y asesinar a Octavio Contreras, miembro del PAN, por las críticas a su gobierno y a Los Templarios.
Respecto de las actividades sociales de la legisladora, dicen en el video que, en repetidas ocasiones, ha estado con personas relacionadas con Los Templarios, y que entre sus amistades hay hijas de los líderes de ese grupo, así como personajes dedicados al lavado de dinero y al despojo de propiedades.
“Entre sus mejores amigas se encuentra Melissa Plancarte, hija de uno de los principales líderes de Los Caballeros Templarios, con la cual se les miró de compras en centros y plazas comerciales de Morelia y Uruapan en varias ocasiones.”
En su parte final, la grabación habla de los hermanos de la senadora: “Su hermano Manuel Meño Mendoza, se jactaba de trabajar con Hugo Lozoya, conocido narcotraficante de Apatzingán y parte de la estructura delictiva de Los Caballeros Templarios, y presumía a los cuatro vientos que le soltarían 100 kilos de droga ice para que ‘los trabajara’.
“Además de que el joven paseaba armado en los distintos spa, dentistas, estéticas y boutiques de la ciudad. Sin olvidar que era quien llevaba a su hermana la senadora a sus reuniones íntimas en Guanajuatillo con El Chayo a bordo de una Suburban.”
De otro hermano, Fredy Mendoza, en el video se dice que “divulgó en Morelia que su hermana sería la próxima gobernadora y, en tono de sátira, aludía a su cuñado Carlos Sotelo, quien les haría el trabajo político y que gracias a él es que ella es senadora”.
“(Fredy) por mucho tiempo en Apatzingán fue el novio de la hija de Juan Garra, conocido narcotraficante y compadre de Nazario Moreno, con el cual llegó a reunirse varias veces y sostuvo un amistad, la cual le favoreció mucho para que la senadora Iris pudiera acercarse a El Chayo.”
Finalmente, menciona al otro hermano, Kenny Mendoza, a quien se ubica como gran amigo de Manuel Moreno El Chalo, hijo muerto de El Chayo. Se muestra una imagen de su página de Facebook donde expresa cuánto extrañaba a su amigo, “funeral al cual asistió con sus hermanos y la senadora”.
Para cerrar se cita el caso de María Mariscal Magaña, regidora de salud en Buenavista Tomatlán por el PRD, supuestamente gran amiga de la senadora –muestran foto juntas del 27 agosto de 2013–, quien está desaparecida desde el 3 diciembre de 2013. Dice que hasta la fecha no ha mencionado nada al respecto aun sabiendo que su amiga estaba embarazada, “todo por proteger a Los Caballeros Templarios y que éstos no hablen en contra de ella”.
La senadora ha negado toda esta historia alegando que se le quiere dañar políticamente. Pero ella misma ha creado nuevos escándalos, como fue su viaje a Brasil el 26 de junio para asistir al partido de México contra Croacia en el Mundial de Futbol. Durante más de una semana la legisladora dejó de ir a trabajar al Senado.
Leonel Godoy reconoce en entrevista que el crimen organizado se acercó a muchos políticos de todos los partidos, como fue el caso de su medio hermano. Dijo que a estos políticos los delincuentes “les pidieron el favor o se dejaron doblegar por ellos”.
Como exgobernador sostiene que no se puede evadir la responsabilidad que hubo de su administración, como tampoco en la de Lázaro Cárdenas, sobre el avance del crimen organizado en Michoacán, pero justifica que dicha responsabilidad era principalmente en el gobierno federal, porque el combate del crimen organizado le corresponde por ley a la federación.
“Cada uno tendrá que responder, creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, sin duda, pero me parece que hay una cosa que no les gusta que lo diga, pero ahora como exgobernador lo puedo decir sin problemas: la tarea fundamental de perseguir los delitos federales es de la federación, es la que establece la estrategia, la que decide las directrices, la que resuelve a quién le corresponde hacer esta tarea.
“Es por eso que nosotros, con el presidente Calderón, tuvimos una posición absolutamente de oposición a lo que estaba haciendo, primero porque era una estrategia basada en la fuerza: no hubo un solo programa social de alto impacto, no había coordinación con el estado, politizaron el tema, en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública lo politizaron.”
Abunda: los gobernadores que no eran panistas se quejaban precisamente de que no se les tomaba en cuenta para coordinarse porque el gobierno federal desconfiaba de ellos, y más en su caso, porque como penalista y criminólogo siempre dijo que esa tarea le correspondía al procurador y no al secretario de Seguridad Pública.
–El PRD estuvo una década gobernando Michoacán, ¿entonces cuál es su responsabilidad en todo lo que está pasando? –se le pregunta.
–No fue una década, fue a partir de la entrada de Felipe Calderón, entonces fueron seis años, de los cuales cinco coincidieron con los gobiernos perredistas en Michoacán, uno de Lázaro Cárdenas y cuatro míos. Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad, el PRD se opuso a esa guerra como modelo para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Como parte de la izquierda, históricamente siempre he creído que como cualquier fenómeno social se debe atacar sus causas, y ese delito es un fenómeno social cuyos efectos son los asesinatos, el cobro de piso, etc.
“Eso lo dijimos siempre y por eso chocamos con la posición de la derecha, que donde quiera siempre ha creído que la manera de combatir los delitos es con la fuerza. O sea, chocaron dos visiones. Por eso creo que es injusto para la izquierda hacerla responsable, porque si sólo hubiera ocurrido en Michoacán le hubieras podido echar la culpa a la izquierda, pero fue un fenómeno nacional de 100 mil muertos en todo el país durante esos seis años de gobierno de Felipe Calderón.”
Godoy asegura que cuando el PRD gobernó Michoacán no era de los principales estados con el problema del narcotráfico, como Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas, sino que fue hasta el inicio de la estrategia de Calderón en 2006, y el regreso del PRI al gobierno del estado, con Fausto Vallejo en 2012, cuando la situación llegó a los niveles máximos de poder del crimen organizado hasta lo formación de un cuasi-Estado narco.
“Entonces me parece que se pierde la perspectiva histórica porque se ve lo que está ocurriendo ahora creyendo que así fue en nuestros gobiernos. Entonces, en primer lugar, aclaro que no fueron los 10 años, esto se detonó a partir de que Felipe Calderón llega a Apatzingán en diciembre de 2006 declarándole la guerra al crimen organizado, mandando tropas a Michoacán. Cuando yo llego al gobierno, tanto en declaraciones públicas como en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, siempre sostuve que esa no era la estrategia correcta para disminuir el crimen organizado. Entonces no fue en Michoacán, fue en un fenómeno nacional.
–Fue en Michoacán donde Calderón lanza la declaración de guerra y manda tropas y policías para combatir al crimen organizado, pero sin una estrategia.
–Sí, pero si se revisan las estadísticas de la época, Michoacán no estaba entre los diez estados de mayor índice delictivo federal y menos del fuero común. Reitero que lo que está ocurriendo en Michoacán, creyendo que así estaba antes, me parece que es un error, basta con ver los propios informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
–¿Pero cómo fue que Michoacán llegó a esta situación?
–No niego que había un problema cuando estuvimos nosotros, pero lo digo claramente: se debió a esa estrategia guerrista equivocada de Felipe Calderón, que no fue acompañada de una ofensiva social necesaria. Nosotros la tuvimos que hacer, hicimos una presa de 2 mil 800 millones de pesos, nueve hospitales en Tierra Caliente, reconstruimos caminos con una inversión de más de mil 500 millones de pesos.
“La atención social la reclamamos todo el tiempo porque, claro que hay que combatir los delitos con mano firme, hay que meter a la cárcel a los que cometen delitos, pero esa no es la solución, es combatir sólo los efectos, pero si se quiere disminuir realmente un fenómeno social hay que ir a sus causas y éstas están en la falta de oportunidades.”
–Existe la intención de responsabilizar a usted y a Lázaro Cárdenas, diciendo que así dejaron la casa después de que gobernaron…
–Esa ha sido la actitud el gobierno del estado. Imagínate que yo después de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 hubiera salido a decir que eso se debía a los 70 años de gobierno del PRI en Michoacán. Creo que ésas no son respuestas apropiadas para la población, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento que le toca gobernar.
“Lo que está ocurriendo ahora se da dos años después de que el PRI llegó al poder, no ocurrió al siguiente día. Claro que sí había antecedentes y eso se fue acumulando, pero hubo un deterioro paulatino, y con Fausto Vallejo se puso en una situación insostenible, al grado de que intervino la federación.”
Para el exgobernador Godoy lo que ocurrió en los últimos años de gobierno del priista Fausto Vallejo fue que Los Caballeros Templarios rompieron los “equilibrios” delicados que se habían establecido para que no se metieran con la población, y pensaron que podían actuar de manera impune porque ellos le habían ayudado a ganar al PRI.
“La situación fue paulatinamente empeorando, pero en estos dos últimos años llegó a ser insostenible, porque a Los Caballeros Templarios se les pasó la mano en la extorsión, creo que ésa es la causa fundamental de lo que ocurrió, un exceso de estos señores que rompieron unos delicados equilibrios que siempre habían en el estado en cuanto a que no se metían con la población. Sus agresiones eran entre ellos y con sus adversarios, eso dejó de ocurrir y generó, sin duda, el surgimiento de los grupos de autodefensa que son diferentes a la policía comunitaria de Cherán.
–¿Hay razones por las cuales se excedieron?
–Creyeron que iban a tener mucha impunidad, ésa es mi impresión, y casi salieron a la luz pública a extorsionar. No contaron con la intervención del gobierno federal. Pero esa intervención tiene muchas lecturas, entre ellas la política de que el PRI nacional rescata al PRI estatal y beneficiará a Los Caballeros Templarios. A todo esto tendrá que responder a su tiempo el gobierno federal, con una actitud muy transparente.
El perredista aclara que la solución al problema del crimen organizado en Michoacán, así como en todo el país, es de largo plazo y eso se le debe explicar a la población. El reto es, expresa, que el actual gobierno federal no repita el fracaso de Calderón con el famoso Michoacanazo.
El 26 de mayo de 2009, en las vísperas de las elecciones en Michoacán para la renovación del Congreso y de las 113 alcaldías, Felipe Calderón ordenó un operativo policiaco-militar para detener a un grupo de funcionarios, alcaldes y agentes policiacos acusándolos de proteger a La Familia Michoacana, zetas y miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Se trataba de la segunda parte de la estrategia calderonista de intervenir en Michoacán para que su partido y su hermana Luisa María pudieran gobernar su estado natal.
El gobierno de Godoy aún no se reponía de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, donde murieron ocho personas y resultaron heridas más de cien personas, cuando se le vino un golpe con El Michoacanazo, ordenado por Calderón para debilitar al gobierno del PRD y ayudar a los candidatos de su partido, coordinados por su hermana Luisa María.
Sin dar aviso al gobierno estatal para que la información no se filtrara, según justificó en su momento el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, los funcionarios y legisladores michoacanos fueron sorprendidos por los policías y soldados que ingresaron a las instalaciones de gobierno para ejecutar las detenciones, violando la Constitución local.
En total fueron detenidas 38 personas. Se les dictó arraigo de 40 días en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, fue detenido por el Ejército durante unas horas, luego puesto en libertad. Apenas el 7 de abril su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, había sido ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia Michoacana.
Tres de los arraigados eran gente de confianza de Leonel Godoy en la PGJE: el titular, Miguel García Hurtado; el exsubprocurador en Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce.
También fue detenida su más cercana colaboradora, Citlalli Fernández González, quien fue su primera secretaria de Seguridad Pública. Asimismo, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial, que al principio de la actual administración fue director de Policía y Tránsito del estado.
Otro de los detenidos fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado y a quien se le acusaba de lavado de dinero. Igualmente Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, para cuya aprehensión la Policía Federal entró a la fuerza en el Palacio de Gobierno.
De los alcaldes detenidos, seis eran del PRI: José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano de El Abuelo Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de Los Valencia y proveedor de efedrina de Zhenli Ye Gon. También fueron capturados Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, de Zitácuaro, sobrino del actual senador priista Ascensión Orihuela Bárcenas.
Del PRD cayeron Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlán, y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados fueron José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo, y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.
Entonces, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alegó que el operativo era producto de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios y autoridades municipales con el narcotráfico. Pero en realidad, desde febrero de 2008, el PRD denunció ante el gobierno federal las presiones recibidas por La Familia Michoacana. Acusaron que 20 presidentes municipales electos fueron secuestrados y llevados al poblado de Nueva Italia, tenencia del municipio de Múgica, donde miembros de La Familia los coaccionaron.
En un hecho inédito en el país, los alcaldes –aseguraron– fueron concentrados y vigilados por hombres armados, quienes les advirtieron: “Los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan, los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a poner. (…) No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”. (Proceso 1700).
El 27 de mayo de 2009, Carlos Navarrete, entonces coordinador del PRD en el Senado, reveló que Leonel Godoy, antes de su toma de posesión en febrero de 2008, se reunió con el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, para informarle de este hecho.
“Cuando Leonel Godoy era gobernador electo y preparaba su acto de toma de posesión, tuvo conocimiento de un cónclave de presidentes municipales, en un lugar de Michoacán, de todos los partidos políticos, amenazados por el narco. (…) Cuando tuvo en sus manos ese informe de un presidente municipal que acudió y le informó, le dio nombres, municipios, quiénes habían convocado, le dio toda la información; Leonel lo que hizo es comunicarse con el presidente nacional (del partido) en ese entonces, Guadalupe Acosta Naranjo, quien convocó a Javier González Garza y a mí para que los tres acompañáramos a Leonel a un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional.”
Según Godoy, le dijo al general Galván: “Le informo de esto y aquí están nombres, municipios, asistentes, convocantes. Le pido al general, no esperar a que yo tome posesión, me quiero poner de acuerdo con usted y con la PGR y con Seguridad Pública, ya de inmediato, para las acciones correspondientes. Ustedes por delante, porque les toca como gobierno federal, pero cuenten con mi gobierno para ello, como gobernador electo”.
El encuentro se realizó en el Campo Militar Número 1. Acordaron que se coordinarían a través de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia.
Pero nada se hizo. A pesar de que en julio de 2006 lanzó la declaración de guerra al narcotráfico en un acto militar en Apatzingán, Felipe Calderón dejó que el crimen organizado de su estado natal siguiera operando y sólo actuó de manera más firme hasta después del 15 de septiembre, cuando se dieron las explosiones de las dos granadas lanzadas por Los Zetas.
Después actuaría nuevamente con mano dura en vísperas de los comicios de 5 de julio de 2009, con El Michoacanazo.
Aunque el día del operativo Godoy dijo que se había violado la soberanía del estado, el jueves 28 de mayo pidió en Guanajuato cerrar la controversia, “porque la federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Esto debido a que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en una visita a Morelia un día después de El Michoacanazo manifestó su desconfianza en Godoy.
“Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó el funcionario panista a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador, y argumentó que no se le avisó a Godoy “para que la acción judicial tuviera menos riesgos”.
A pesar de lo aparatoso del operativo y del arraigo impuesto a todos los detenidos –salvo Julio César Godoy que sigue prófugo– para septiembre de 2010 todos los acusados habían quedado libres porque no se sustentaron las acusaciones en el proceso judicial que se les siguió.
–¿Qué pasó con su hermano? –se le inquiere al exgobernador Leonel Godoy, en entrevista para este libro.
–Hay que recordar que yo crecí en Tijuana, salí a los siete años de Lázaro Cárdenas y no conozco bien esa historia de mi hermano. Por ejemplo, no sé si sea cierto que es su compadre (de La Tuta), no tenía esa relación como para conocer ese tipo de detalles. Creo que en su caso, como ocurrió con muchos políticos, o le pidieron el favor o se dejaron doblegar por ellos, ésa es una posibilidad. Pero de que él formara parte de la estructura de La Familia Michoacana o de Los Templarios, tendría mis dudas.
A su ver, las actividades políticas y de litigio de su medio hermano como abogado atrajeron a La Familia Michoacana y ahí fue que se le acercaron amenazándolo u ofreciéndole dinero para que les ayudara.
Al salir libres todos los acusados, se demostró que El Michoacanazo no sirvió para los fines electorales para los que fue diseñado. Fue el fracaso más estruendoso del gobierno calderonista en la lucha contra el crimen organizado.
Godoy señala que, por eso, en su momento dijo que El Michoacanazo fue un error de Calderón, porque se trató de una especie de razia: los soldados y los policías llegaron y levantaron gente sin tomar en cuenta que el tema penal es más delicado y tiene aspectos técnicos que deben cumplirse.
“Yo señalé que era un grave error y una violación flagrante a la Constitución. Eso tampoco les gustó. Lo que ocurrió con el gobierno de Calderón es que armó una estrategia equivocada, la politizó. Sí había un objetivo que me parecía correcto –fortalecer las instituciones– pero no se puede hacer golpeándolas.
“Por ejemplo, no es lo mismo el municipio de Nueva Italia que Guadalajara, si en el primero llega un grupo de 10 personas armadas ni modo que no los reciba el presidente municipal, pero si tratan de hacerlo en Guadalajara o en el Distrito Federal, pues es imposible. Es cierto que sí se requieren instituciones fuertes, entre ellas los municipios, pero con políticas públicas correctas.”