Cuando los viejos michoacanos de Tierra Caliente se sientan en las tardes y apaciguan el sopor de un día caluroso en los porches de sus casas, cuentan que el origen del negocio del narcotráfico en su tierra se remonta a mediados del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando en el frente de batalla Estados Unidos necesitaba heroína para calmar el dolor de sus miles de heridos o mutilados, y la mariguana para apaciguar el terror de los soldados perdidos en el infierno de los enfrentamientos en Europa y Asia.
Estas historias son tan familiares y populares que hasta en la cúpula política se repiten las versiones de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para permitir el cultivo de la mariguana y la “adormidera”, como se le llama a la goma de opio extraída del bulbo de la flor de la amapola, con el objetivo de mandar cigarros ya forjados y la goma preparada a los diferentes frentes de la guerra.
Por ejemplo, la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, dice que este negocio tiene como 60 años y fue permitido y auspiciado por el gobierno mexicano en connivencia con Washington.
“La historia se remonta a las guerras mundiales y a los contratos que hacía Estados Unidos con el gobierno mexicano para poder asegurar (la provisión de) amapola y mariguana. Hasta allá se remonta la historia, y luego se desgaja de Sinaloa a Michoacán, donde se siembra desde hace muchos años. Hay gente que dice que en la década de los cincuenta venía un avión de Guadalajara, se suponía que traía zapatos, pero la gente trabajaba haciendo churritos de droga, se supone que de mariguana.” (Calderón Hinojosa, 2014)
Desde entonces muchas familias de Michoacán, principalmente del sur del estado y de la zona de Tierra Caliente, se han dedicado al cultivo, transporte y comercialización de drogas hacia Estados Unidos. Esto ha devenido una tradición y un ingreso regular. Pero este micronegocio “de familia” se convirtió en un gran negocio nacional e internacional cuando se le agregó, a finales del siglo XX, el tráfico de la cocaína proveniente de Sudamérica, sobre todo de Colombia, junto con la producción de drogas sintéticas entre las que destacan las metanfetaminas provenientes de China y que ingresan por el puerto de Lázaro Cárdenas.
Rancheros de Tierra Caliente recuerdan casi como una costumbre la cosecha de mariguana y amapola en sus tierras. Uno de ellos, originario de Tepalcatepec, participante de los grupos de autodefensa ciudadana, comentaba que no hace mucho tiempo –antes del control de los grandes cárteles– él sembraba y cosechaba mariguana en su rancho y la mandaba a Estados Unidos por autobús de pasajeros:
“Yo no me metía con nadie, lo hacía sin hacer ruido ni desmadre, sembraba en mi rancho las matas y las ponía a secar para empaquetarlas. Luego las ponía en autobús y mandaba a Tijuana unos 50 kilos al mes, allá los recibían y me mandaban el dinero. Nadie sabía de esto, ese dinero me servía para mantener mi rancho, las vacas, la siembra. Así lo hice por años, pero ahora ya no se puede, los grandes se lo quedan todo.”
Luis Astorga, en su libro Drogas sin frontera. Los expedientes de una guerra permanente (Astorga, 2001), indica que desde los años cincuenta, precisamente en Tierra Caliente, ya se cultivaba mariguana y amapola. Cita que un agente del Ministerio Público Federal de la región de Aguililla –donde precisamente décadas después nació el primer gran grupo de narcotraficantes, Los Valencia–, asevera que, para esas fechas, los cultivos tradicionales de frijol y maíz ya habían sido sustituidos por mariguana y amapola.
El agente ministerial, dice Astorga, pidió al gobernador actuar, pero sin involucrar a la Policía Judicial, porque era ineficaz y fomentaba el cultivo. El gobernador de entonces (1950-1956) era Dámaso Cárdenas del Río, hermano del general Lázaro Cárdenas, quien había gobernado el estado anteriormente.
El mismo investigador menciona que, en agosto de 1959, el Ejército decomisó 300 kilos de mariguana, y el 29 del mismo mes detuvo a una persona con 8.2 kilos de goma de opio.
De acuerdo con una copia ministerial enviada a la Procuraduría General de la República (PGR), un agente del Ministerio Público federal solicitó que enviaran agentes para investigar el hecho de que, que para esas fechas, ya había 10 mil hectáreas sembradas de mariguana y se preparaban otras 3 mil para cultivar la amapola.
Otro investigador, Salvador Maldonado, señala que según fuentes históricas del propio Ejército mexicano, la primera campaña contra el narcotráfico en Michoacán fue en 1959, con el envío del Batallón 49 a cargo del comandante Salvador Rangel, “cuya misión también fue contener la oposición política del general (Lázaro) Cárdenas contra el gobierno de Adolfo López Mateos”. (Maldonado Aranda, 2012a)
El mismo autor señala que es probable que, ya desde finales del siglo XIX, haya habido cultivo de drogas en Michoacán a la par de la explotación minera, “paliando extenuantes jornadas de trabajo y aislamiento”. (Maldonado Aranda, 2010)
Como puede observarse, las raíces del narcotráfico en Michoacán son profundas, se encuentran en las zonas rurales y tienen que ver con cuestiones de pobreza, marginación, olvido y negligencia del Estado mexicano.
No obstante, también se vinculan con grandes acuerdos comerciales mantenidos con el gobierno de Estados Unidos, país que años después, dirigido por el presidente Richard Nixon, inició el combate contra el tráfico de estupefacientes en toda América Latina. Ese programa fue conocido como Plan Cóndor, se basó en el Ejército y la policía que, en lugar de disminuir la cosecha y comercialización de estupefacientes, generó más violencia, inseguridad y muertes en la población civil, y facilitó el surgimiento de poderosos cárteles desde tierra mapuche hasta el río Bravo, con extensiones en Europa y Asia.
Estas razones de naturaleza militar y política son las que motivan que en Michoacán –sobre todo en la Tierra Caliente, cuyo centro de actividad social, política y económica es Apatzingán–, haya surgido el narcotráfico, se formaran bandas locales del crimen organizado y, posteriormente, se desarrollaran los grupos de autodefensa ciudadana como expresión de hartazgo social ante la ausencia del Estado mexicano, que cedió territorio y gobierno por más de una década a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Si bien encontramos registros documentados de que, a mediados del siglo pasado el narcotráfico sienta sus bases sobre todo en el sur de Michoacán, es a partir de la década de los setenta cuando este incipiente negocio familiar se transforma en una industria de dinero y poder y su influencia alcanza la zona templada de Uruapan, así como gran parte de la sierra de Michoacán y Jalisco.
El doctor en antropología Salvador Maldonado, que lleva 15 años estudiando la historia de Tierra Caliente, señala al respecto: “En el transcurso de los años setenta llega a esta zona la semilla de mariguana, que empieza a ser cultivada por unos cuantos de los más atrevidos, y su cultivo se expande al mismo tiempo que los desmontes para producir maíz se reducen. La zona templada de Uruapan se consolidó como la principal productora de aguacate para el mercado estadunidense y más tarde para el europeo. Se dice que se invirtieron grandes capitales ilegales en fincas aguacateras, pero también que gente de la región Sierra se desplazó hacia esta zona para protegerse de la violencia”. (Maldonado Aranda, 2012a)
En boletines militares de la zona de Apatzingán que consultó Maldonado se lee que “durante el boom de la droga de los años setenta, el Ejército destruyó 374 hectáreas de amapola, cerca de 200 de mariguana e innumerables plantíos, además de la intercepción de droga en la zona sur. Para los setenta, las cifras oficiales señalan un elevado porcentaje de destrucción y aseguramiento de droga. Por ejemplo, se destruyeron 13 millones y medio de plantas de amapola, más de 30 hectáreas y alrededor de 2 mil plantíos de amapola, varios kilos de opio y heroína y casi una tonelada de semilla. En cuanto a la mariguana, se destruyó una y media toneladas listas para el consumo, 550 hectáreas cultivadas, aproximadamente 500 plantíos y 95 toneladas de semilla, entre las cifras más importantes”. (Maldonado Aranda, 2012a)
El negocio del cultivo y comercialización de estos dos enervantes creció de manera extraordinaria en esta época, cuando en México había una crisis económica y en Estados Unidos comenzaba a crearse un gran mercado del consumo de drogas en los años de la revolución cultural, del existencialismo y nihilismo, en la llamada “era de Acuario”, en la cual miles de jóvenes se rebelan contra el establishment o el statu quo, contra la autoridad de los padres y los maestros, y se lanzan al individualismo, la sicodelia y los estupefacientes naturales y sintéticos como nunca antes en la historia de los imperios.
En los años ochenta, en Michoacán se duplicó el cultivo y tráfico de drogas. La heroína comenzó a sustituir a la mariguana en el comercio internacional de las drogas. Así, se eleva el precio de la adormidera.
Maldonado cita al respecto: “La información disponible sugiere una expansión acelerada del narcotráfico en el sur de Michoacán durante la ‘década perdida’. No obstante las cuestionables cifras del gobierno estatal, podemos observar algunas tendencias significativas. Entre los setenta y ochenta hay un aumento importante, más del doble, en el cultivo y tráfico de las drogas. En los ochenta, el cultivo de amapola va sustituyendo al de la mariguana. El cultivo se realiza en extensiones más pequeñas de tierra y en recónditos lugares en vez de hacerlo en terrenos planos, como se hacía en años pasados. Por ejemplo, durante toda la década la destrucción del número de amapola y mariguana disminuyó en relación con el número de plantíos: hubo cerca de dos mil hectáreas destruidas por aproximadamente 22 mil plantíos, fundamentalmente de mariguana. Otro indicador significativo es el aumento de los decomisos, con un total de 17 toneladas de mariguana y unos kilos de opio y heroína. Los plantíos se ubican en las laderas de los cerros alejados de las vías de comunicación y de la vigilancia policial, lo cual también significa que ya no son únicamente familias rancheras las que cultivan o procesan la droga, sino hombres solos, jóvenes o nuevos colonos que ingresan a la sierra en busca de trabajo. Son quienes se convierten más tarde en sicarios”. (Maldonado Aranda, 2012a)
Según la información del gobierno del estado, mientras que en toda la década de los setenta se destruyeron 30 hectáreas de amapola y mil 725 plantíos, sólo en 1985 se devastaron 43 hectáreas de amapola y mil 485 plantíos de la misma droga.
Lo que por 30 años fue una salida a la precaria economía familiar, para la década de los ochenta se transformó en un gran negocio con ganancias multimillonarias. Una nueva etapa se iniciaba a partir de las reformas constitucionales empujadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, que permitieron la privatización del ejido y la apertura a los mercados extranjeros, que rompieron las cadenas locales de producción agrícola. La política económica salinista le dio una nueva fisonomía al narcotráfico. Aparecieron los brokers de la droga, y los campesinos y rancheros de Michoacán rentaron sus tierras y mano de obra a los nuevos empresarios: los cárteles del narcotráfico. Empezó la violencia.
Durante décadas los habitantes de la Sierra Sur de Michoacán sobrevivían de sus tierras o de las remesas que miles de familias mandaban de Estados Unidos, a donde migraban como parte de una tradición de familia o de pueblo. Paliaban la pobreza sembrando maíz, frijol, frutas y hortalizas, criando algunos animales o merced a un incipiente comercio de drogas.
De todas las formas de sobrevivencia quizá la migración era la más recurrente, pues no era lo mismo ganar en dólares que en pesos haciendo lo mismo: trabajar la tierra. De ahí que miles de los que se fueron y regresaron de Estados Unidos –algunos con la doble nacionalidad– soportaban la economía de sus comunidades, ciudades y hasta del estado, al enviar 2 mil 600 millones de pesos cada año, que representan 16% del PIB estatal y 2.7% del nacional.
Un policía comunitario de Urapicho, en la meseta purépecha, recuerda en entrevista una historia que ejemplifica la manera tan cotidiana en que los michoacanos conciben la migración hacia la Unión Americana. Un día, una de sus vecinas hizo un viaje a Estados Unidos junto con sus hijos para buscar a su esposo. La mujer no sabía leer ni escribir: “Una noche me la encontré en una huerta, iba con sus hijos chiquillos y su maleta. Caminaba de prisa cuando le pregunté a dónde iba. ‘Voy a buscar a mi marido porque no sé nada de él’, me dijo. ¿Pero sabes cómo llegar?, le contesté, diciéndole que estaba muy lejos, y ella contestó que no, pero que todo mundo iba p’al norte y que ella haría lo mismo. Pasaron como tres meses y un día nos habló para decirnos que por fin había encontrado a su marido en Arizona, que no pensaba que estuviera tan lejos pero que preguntando llegó hasta allá con sus hijos de la mano”.
Hoy, esas fuentes tradicionales de migración ya no son suficientes para atenuar la pobreza entre los michoacanos. Menos lo es sobrevivir de la siembra del frijol o maíz, sobre todo porque desde que Salinas impulsó las reformas neoliberales en el campo, la crisis se acentuó entre las familias campesinas que buscaron en la siembra de mariguana y amapola salir adelante o, aún más, enriquecerse: La política neoliberal salinista desmanteló la responsabilidad social del Estado y provocó que algunas regiones abandonadas del país se convirtieran en los principales refugios e imperios ingobernables del crimen organizado.
Así, en el sexenio salinista empezó el auge del narco en México. Pasó de ser un fenómeno local, muy focalizado en ciertas regiones, al gran comercio nacional e internacional, como ahora existe. Es como si los narcos mexicanos fueran los que mejor entendieron y aprovecharon las leyes de la economía globalizada, que no sabe de límites fronterizos ni de códigos humanitarios.
Esta es la tesis que Salvador Maldonado plantea (Maldonado Aranda, 2012a) para explicar cómo se crearon vacíos en el campo, con las políticas de reestructuración económica, política y social, que dieron paso al surgimiento de “un poderoso narcotráfico regional” que creció y se convirtió en uno de los cárteles más poderosos del país y con presencia en el mercado internacional.
Maldonado apunta que durante los ochenta la crisis económica dio lugar a la adopción de políticas de ajuste estructural que repercutieron ampliamente en el sur de Michoacán. Paralelamente, el recorte presupuestal para infraestructura, créditos, insumos y precios de garantía para la agricultura impactó de manera muy fuerte en la próspera economía regional.
El investigador explica: “La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas colapsó las economías domésticas y empresariales de la región. Adicionalmente, había enormes problemas de corrupción entre el gobierno, las asociaciones ejidales y los propietarios privados, que edificaron un caciquismo muy violento sustentado en la impunidad.
“Empresas y comercios se fueron a la ruina, mientras que gran parte de la infraestructura oficial quedó abandonada. Productores agrícolas y dueños de empacadoras de frutas y hortalizas ya no invirtieron sus ganancias ante la reducción de los precios y los problemas de comercialización, crónicos por lo demás. Grandes compañías transnacionales cancelaron sus acuerdos con productores rentistas, dejando las tierras profundamente deterioradas por el uso intensivo y la utilización de plaguicidas y fertilizantes para obtener mayor rendimiento, y aunque el gobierno instauró programas compensatorios no logró elevar los niveles óptimos de exportación”.
Destaca: “Con la administración de Carlos Salinas de Gortari, el Estado abrió el sector agropecuario a la inversión privada, nacional y extranjera, quitándole apoyo político y económico a las asociaciones agrícolas y de productores rurales. Estas medidas eliminaron la asistencia oficial, ocasionando la descapitalización del campo. En algunos casos, el dinero ilícito compensa las deterioradas condiciones sociales, mientras que la población rural optó por cultivar droga en montes y sierras de manera más sistemática”. (Maldonado Aranda, 2012a)
El investigador apunta que, además, las políticas neoliberales salinistas se articularon con dos procesos significativos que dieron una relevancia inédita al narcotráfico.
“En primer lugar, la implementación de políticas antidrogas en Colombia, Perú y Bolivia redujeron el cultivo, el procesamiento y el tráfico. Estas políticas prohibicionistas provocaron una disminución en la llegada de sustancias ilícitas, por lo que México pasó a ocupar un lugar central para abastecer de mariguana y heroína al mercado estadounidense. Asimismo, con la cancelación de la ‘ruta del Caribe’, la costa del Pacífico se convirtió en una zona estratégica para el tráfico hacia Estados Unidos. El sur de Michoacán, cuya costa es una de las más extensas y hasta hace poco tiempo con nula vigilancia, juega un papel central en la recepción de cargamentos de cocaína y su posterior exportación.
“En segundo lugar, la descapitalización del campo y la implantación de políticas antidrogas se generan en el marco de las políticas de descentralización administrativa del Estado mexicano (reforma al artículo 115 constitucional), que dan poder a las instituciones estatales y municipales, controladas por grupos políticos o por caciques. Estas reformas del Estado fortalecieron los arreglos locales y regionales de ciertos actores involucrados en el narcotráfico y la política. En el caso de Michoacán, el gobierno estatal de los años ochenta cuestiona el centralismo del gobierno federal y el papel del Ejército en acciones policiacas de vigilancia, cuyos efectos repercutieron en un escaso monitoreo de las actividades ilegales, hasta ese entonces mantenidas en relativo secreto público-estatal.”
En su valioso ensayo que resume una amplia investigación editada por El Colegio de Michoacán (Maldonado Aranda, 2010), Maldonado señala otros factores que van a tener un impacto profundo en la configuración moderna del narcotráfico. Se trata del fenómeno de la migración interna, el del flujo de personas hacia el cultivo y procesamiento de drogas en serranías y cañadas, que se conjuga con la migración internacional y da cabida a rutas del narcotráfico.
Describe: “Conforme aumentan los cultivos de droga y la demanda, y se acentúan los flujos migratorios, se fortalecen las asociaciones ilegales transfronterizas e interregionales. Mediante redes familiares y de paisanaje, grupos de jóvenes y adultos pasan a formar parte de organizaciones criminales, tanto en su lugar de origen como en Estados Unidos. Esta situación se acrecienta cuando la ley Simpson-Rodino restringe el flujo de migrantes indocumentados. Muchos jóvenes que pretenden seguir la trayectoria migratoria legal de sus padres, hermanos o amigos, se enfrentan a una serie de obstáculos que los orilla a embarcarse en desafíos extralegales para construirse un mejor futuro.
“El prestigio personal es también una fuente poderosa para atreverse a cruzar los límites legales. Muchos de ellos obtuvieron grandes ganancias del cultivo y el tráfico de drogas con un golpe de suerte. Esto genera una percepción generalizada de que sólo por medios extralegales se puede progresar, por lo que el narcotráfico parece ser el mejor camino a seguir por quienes ven frustradas sus expectativas de construirse una vida mejor o ascender más rápidamente que otros.
“Si se recorren los narco pueblos se puede observar en la conducta cotidiana de algunas personas que el dinero juega un papel relevante por el prestigio que proporciona, como cuando, en una ocasión, durante una entrevista con un candidato a un puesto de elección popular, llegó un joven narcotraficante, acompañado de tres mujeres –a quienes trató con prepotencia–, para brindarle ‘todo su apoyo’ al candidato.”
Conocedor de Tierra Caliente, que ha recorrido por años, Maldonado señala varios pasajes que describen cómo se dan estos flujos migratorios internos determinados por la creciente economía del narcotráfico, tanto en la Sierra Sur como en la Costa Michoacana, los cuales tienen sus diferencias.
“Con las debidas reservas por la generalización, la gente afirma que durante los ochenta el cultivo de droga va ampliándose hacia terrenos lejanos para la comunicación terrestre. Esto provoca desplazamientos poblacionales a las serranías más inhóspitas para cultivar droga. Desde estos años se escucha entre los pobladores, no sin ciertas reservas, hablar de un acentuado flujo de pobladores tanto locales como fuereños hacia la sierra para cultivar droga, previo contacto con los brokers.
“Algunos de los narcos que acopian la droga o que sirven de intermediarios con los cárteles construyeron ostentosos ranchos, compraron tierras y ganado, mientras que familias enteras fueron expulsadas dada la vulnerabilidad social. Surgieron, así, populares anécdotas acerca de cómo grupos de campesinos ‘mal vestidos’ o ‘mugrosos’ llegaban a agencias automotrices de Michoacán en busca de camionetas último modelo, las cuales, supuestamente, compraban en dólares.
“También se cuenta que los brokers y los capos penetran en localidades remotas con camionetas de lujo que ofrecen a los lugareños por el cultivo de unos cuantos plantíos: ‘¿Pa’ cuántas matas te gusta esta camioneta?’. En la sierra Jalmich (Jalisco-Michoacán) “es evidente que la mariguana libró a muchos rancheros de la crisis económica desde los ochenta (…). Ha llegado a ser incluso el elemento más dinamizador de las transformaciones ocurridas en la región. Aunque a muy alto costo humano, la mariguana aportó parte de los recursos imprescindibles para abrir brechas, comprar camionetas, dándole así un segundo aliento a la economía.” (Maldonado Aranda, 2012a)
Maldonado indica que en la Costa michoacana, la siembra de la mariguana tuvo un punto máximo de producción en la comunidad indígena de Pomaro entre 1980-1984, periodo en que la siembra de mariguana sustituyó y rebasó la del maíz: antes de 1980 la pista aérea era una angosta brecha, mientras que al inicio de la década se pavimenta y es utilizada por avionetas que trasladaban droga fuera de la zona.
Advierte que los resultados de las políticas neoliberales y prohibicionistas en la vida de los pobladores fueron bastante dramáticos, pues en los centros urbanos la crisis de la agricultura repercutió ampliamente en la estabilidad financiera de las élites, afectando los circuitos que soportan la economía regional, los cuales fueron compensados o aprovechados por el narcotráfico, ya que las comunidades serranas y costeñas produjeron y procesaron más droga.
“En el valle de Apatzingán obtuve testimonios acerca de cómo las familias campesinas enfrentan desafíos entre la crisis agrícola y el narcotráfico. La señora Ortega, de 50 años, dueña de una tienda de dulces en un poblado rural mísero, me platica en una entrevista sus estrategias para seguir subsistiendo en el pueblo: gran parte de su familia radica en Estados Unidos, pero a ella y su esposo no les gusta la idea de irse para ‘el otro lado’.
“Comenta que han optado por sobrevivir en la localidad afrontando los retos diarios en el campo. Cuando hay temporadas en las que les va ‘muy mal’ en la agricultura, buscan contacto con brokers para obtener semillas de mariguana y sembrarlas en las montañas cercanas al poblado. Dice que no hay otra cosa que se pueda hacer, se queja del gobierno, de que no los ayuda a comprar semilla de maíz o frijol cuando las remesas familiares escasean. Para estas poblaciones rurales, el cultivo de mariguana en pequeñas cantidades es una ayuda para paliar sus precarias condiciones de vida.
“Sin embargo, el Ejército regularmente supervisa la región, sitia la localidad, ‘catea’ las casas y recorre las serranías en busca de plantíos. La localización de sembradíos es motivo para tomar declaraciones y realizar consignaciones, previos golpes y amenazas. Durante los días en que el Ejército ‘catea’ el poblado, la gente escasamente sale de sus casas; evitan platicar con vecinos para no ser calificados de ‘mariguaneros’.”
De esta manera es que el negocio ilegal de la siembra, cosecha y comercialización de las drogas se convierte en sustento de los procesos de inversión legal, precisa Maldonado. Señala que, al final, los bordes entre tales esferas se volvieron indivisibles por medio del lavado de dinero, mientras que la distancia entre élites o caciques y narcotraficantes se hizo más estrecha y borrosa.
“Abundan las versiones de que después de la reforma constitucional de 1994 –que transforma en propiedad privada, mediante títulos parcelarios, millones de hectáreas de propiedad social y comunal que antes no se podían vender o arrendar legalmente–, los ejidatarios vendieron grandes extensiones en Tierra Caliente, en la Sierra y Costa michoacanas, a gente desconocida. Algunos de estos terrenos agrícolas son productivos ranchos que funcionan, además, como sistemas de vigilancia y protección de los territorios”, señala el investigador de El Colegio de Michoacán, dejando ver la posibilidad de la compra de estas tierras por transnacionales de la industria agraria o por el crimen organizado.
Con estos datos aportados por el investigador podemos ver cómo se van emparentando los distintos factores económicos, políticos y sociales que empiezan a configurar el rostro del negocio del narcotráfico en esta entidad. Faltaría añadir un elemento más, igualmente importante, que también tiene su aporte en la conformación ya no sólo del narcotráfico sino en su transformación como crimen organizado y su configuración de Estado paralelo.
Para explicar el auge del narcotráfico en Michoacán, Salvador Maldonado asegura que las políticas de ajuste estructural y la reestructuración económica, política y social contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, sobre todo en las drogas.
En su ensayo señala que en las transformaciones neoliberales del Estado relacionadas con cuestiones de seguridad, corrupción y protección política, “la violencia forma parte de un fenómeno más global, que tiene que ver con la desregulación económica y los cambios en los mercados informales ilegales-criminales y el mercado político. En tanto que la acumulación social de la violencia involucra la existencia de dos mercados: uno que realiza transacciones de mercancías económicas ilícitas y otro que, imitando al primero, produce y trafica con mercaderías políticas, como el clientelismo y la corrupción. Es el desequilibrio o la competencia por estos mercados y su eventual regulación lo que provoca una lucha por realizarla sobre la base del Estado”. (Maldonado Aranda, 2012a)
Estos dos aspectos, dice Maldonado, sitúan la emergencia del narcotráfico en un contexto de desmantelamiento del Estado y de desregulación económica y política con impactos severos en regiones tradicionalmente productoras de drogas, como la Tierra Caliente michoacana, una región “donde emergió un poderoso narcotráfico regional que ha desafiado a las instituciones”.
Sin embargo, a la hipótesis de Salvador Maldonado de que el incremento del narcotráfico en Michoacán tiene raíces económicas y neoliberales, hay que agregarle las causas políticas que incidieron en este proceso de descomposición de la clase gobernante y que, de alguna manera, explican la infiltración y el crecimiento de las agrupaciones criminales locales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que llegaron a convertirse en gobierno en al menos un tercio del territorio michoacano, principalmente en Tierra Caliente.
Estas causas tienen que ver con el fracaso de la transición democrática que el PAN no supo concretar a escala nacional y el PRD en Michoacán. Esto originó grietas y fracturas en las estructuras del gobierno, por las cuales se colaron otros grupos de poder, en este caso, el crimen organizado.
Una de las ideas que se han desarrollado luego de la decepción del PAN tras 12 años en la Presidencia de la República es que el fracaso de la transición a la democracia en México trajo consigo la formación de vacíos de poder que fueron llenados por dos grupos poderosos: los medios de comunicación –en específico las principales televisoras, Televisa y TV Azteca, que crearon la mediocracia o telecracia– y los grupos del crimen organizado que, como en el caso de Michoacán, han sido capaces de desestabilizar instituciones y establecer un Estado paralelo al Estado mexicano, creando una forma de gobierno basada en el terror y el miedo.
Esta última tesis –la del aprovechamiento del fracaso en la transición a la democracia por parte del crimen organizado– también explica, en parte, lo que ocurrió en algunos países de Europa del Este, que después de salir del yugo hegemónico de la Unión Soviética, a partir de 1989, fracasaron en sus cambios democráticos y cayeron en manos del crimen organizado que, junto con los mexicanos e italianos, es ahora uno de los más poderosos del mundo.
Para el caso de México, esta idea que planteo presupone que, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República tras siete décadas de dominio casi hegemónico, se formaron huecos o vacíos en el sistema de alianzas que integraba el gobierno priista con diversos grupos de poder muy fuertes –sindicatos, empresarios de medios de comunicación, narcotraficantes, entre otros–, que fueron desatendidos por el PAN con Vicente Fox a la cabeza.
No hubo una transición democrática en México, sino que todo se quedó en un simple cambio de partido en la Presidencia, con renovación de pactos políticos y electorales entre las cúpulas de los partidos y líderes sindicales, como fue el caso del magisterio con Elba Esther Gordillo, pero sin atender las transformaciones que exigía la sociedad en salud, educación, justicia, seguridad, vivienda y mercado laboral, esencialmente.
En esta mudanza de poderes también se perdieron los controles y pactos con los diversos grupos del narcotráfico, a través de los cuales se mantenía la paz y gobernabilidad que hoy están en entredicho en varios estados y regiones del país –donde se han creado verdaderos “Estados de emergencia” o “Estados de excepción”, como es el caso de Michoacán.
Esa “dictadura perfecta” de la que hablaba el escritor peruano Mario Vargas Llosa en realidad no lo era tanto, sino más bien se trataba de una estructura de poder porosa y débil en muchas partes, donde los cacicazgos regionales eran más fuertes, los empresarios mantenían sus cuotas, lo mismo que los líderes sindicales, líderes políticos, el narcotráfico y gobernadores.
Es por eso que cuando el PRI perdió la Presidencia de la República lo que emergió fue el poder de los gobernadores, que se comportan como virreyes dentro de su estado, y el de cárteles y agrupaciones criminales, que se funden con los grupos políticos convirtiéndose en expresiones de gobierno.
A través de esa porosidad se coló el poder de los distintos grupos del crimen organizado, que durante la etapa priista crecieron y se desarrollaron hasta llegar a los niveles de mayor fuerza con los gobiernos de Fox y Calderón. No debe sorprender entonces que en los estados donde gobierna el PRI sea donde más se desarrollaron las bandas criminales: Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Nuevo León y Coahuila.
También fueron duramente golpeados Morelos, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que en apariencia fueron gobernados por la oposición (PRD y PAN) pero que en esencia mantuvieron las estructuras heredadas por el PRI.
Habría que añadir a este panorama otro elemento que también ha tenido incidencia en la consolidación del crimen organizado y en el estancamiento de los aparatos de justicia y seguridad nacionales.
Lo que al parecer también impulsó el poder del crimen organizado en estos últimos años –sobre todo desde 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia– fue que en esta supuesta transición no se tocó el sistema de justicia y el aparato de seguridad nacional, lo que creó un espacio de impunidad y corrupción que abonó al rápido crecimiento de los grupos del crimen organizado en todo el país, sobre todo en estados como Michoacán. Los aparatos de seguridad nacional tradicionales, como fue la Dirección General de Seguridad, corrompida por el narcotráfico desde los setenta, fueron desarticulados previamente y en su lugar se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que, al igual que con los priistas, fue utilizado por Fox no para proveer seguridad sino como un instrumento de espionaje político.
En tanto, el resto del aparato de seguridad nacional fue puesto en manos de las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado y la disidencia social, representada por los grupos guerrilleros y movimientos populares considerados subversivos.
Siguiendo la política de prohibición dictada por Estados Unidos desde el tiempo de Richard Nixon, que implicaba el uso de la fuerza militar y policiaca para enfrentar el narcotráfico, los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y ahora del priista Enrique Peña Nieto no limpiaron ni modernizaron los sistemas de justicia y de seguridad, y tampoco elevaron el gasto social en las zonas de mayor impacto del narcotráfico, sino que se centraron excesivamente en invertir en la estructura castrense.
Así, mientras que en 2006 el gasto militar en México era de 44 mil 496 millones de pesos, un año después creció a 52 mil 235 millones; luego a 54 mil 977 millones, y en 2009 llegó al tope de 64 mil 348 millones de pesos.
En contraste, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que en 2006 la pobreza afectaba a 42.6% de los mexicanos, en 2008 alcanza a 47.4%, tanto en el medio rural como en el urbano.
A pesar de esto, sólo para 2014 el Congreso de la Unión autorizó 60 mil 810 millones 570 mil 686 pesos para gasto militar, en detrimento de la inversión social.
La idea consustancial de esta estrategia es que mientras el Estado ejerza mayores controles en la producción y consumo de las drogas, merced al uso de la fuerza pública (policías y militares), la demanda disminuirá automáticamente. Esta tesis, sin embargo, ya mostró su fracaso desde 1929, cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol y el tabaco. Esto sólo generó más violencia, más consumo, corrupción y la formación y proliferación de las mafias.
El caso es que con el fracaso de la transición, la crisis en el aparato de seguridad y la estrategia militar y policiaca impuesta desde Washington basada en la política de prohibición, el gobierno mexicano enfrentó a las bandas del crimen organizado y provocó un efecto contrario al deseado, pues no los debilitó ni los desapareció, sino que abonó su expansión dentro y fuera del país. Al mismo tiempo multiplicó el número de grupos criminales y los hechos delictivos, con la consecuencia de decenas de miles de muertos y desaparecidos desde 2006, cuando Felipe Calderón lanzó su guerra al narcotráfico con la llamada Operación Conjunta Michoacán. Inicialmente le destinó un presupuesto de mil 600 millones de pesos y destacamentó a 7 mil soldados y policías en la entidad.
Sólo para sopesar el número de víctimas: desde la guerra cristera de 1926 y 1929, cuando según cifras extraoficiales murieron 150 mil mexicanos, no se tenía un número tan alto de víctimas en el país en un periodo tan corto de tiempo. Se estima que en la actual guerra, de 2006 a 2014, ha habido 120 mil muertos y 50 mil desaparecidos. Esta cifra resulta más preocupante si los comparamos con los 15 mil muertos que dejó la dictadura chilena de Augusto Pinochet y la argentina de los años setenta, con 30 mil muertos y desaparecidos.
La grave situación en Michoacán es producto también de la descomposición política y social que se ha alcanzado en la última década y de la profunda crisis del Estado mexicano –en particular Michoacán–, pues la propia entidad vivió su propio proceso de fracaso de transición democrática, que igualmente fomentó la aparición de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estas bandas se infiltraron hasta lo más profundo de las estructuras de gobierno, cooptando incluso al exgobernador interino Jesús Reyna, preso por sus vínculos con Servando Gómez La Tuta, líder de los Templarios.
Después de haber sido gobernador por el PRI desde la fundación de ese partido, en el año 2002, por primera vez, arribó al gobierno del estado Lázaro Cárdenas Batel, un político que no era del PRI aunque su abuelo Lázaro Cárdenas del Río, su padre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su tío Dámaso Cárdenas del Río fueron gobernadores priistas.
Lázaro Cárdenas Batel, propuesto por el PRD, gobernó Michoacán de 2002 a 2008, y de acuerdo con políticos michoacanos con él empezaron a formarse y fortalecerse grupos criminales locales como La Empresa y La Familia Michoacana. Luego siguió otro gobierno perredista, encabezado por Leonel Godoy, que sólo gobernó cuatro años –de 2008 a 2012. En este lapso surgieron Los Caballeros Templarios.
El cambio de partido en el gobierno no tuvo consecuencias democráticas y menos en los cacicazgos formados por décadas en las zonas de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha. Durante esa década los dos gobernadores surgidos del PRD no tocaron los poderes caciquiles, que se mantuvieron y mezclaron con el crimen organizado. Las bandas sentaron sus reales y se robustecieron hasta el grado de imponer presidentes municipales, jefes de policía, legisladores e impulsar la campaña del exgobernador priista Fausto Vallejo –que se separó del cargo por “motivos de salud”.
Rebasados por estos poderes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy pidieron al presidente Felipe Calderón que interviniera con el Ejército en Michoacán. Tras el ataque del 15 de septiembre de 2008, cuando supuestamente Los Caballeros Templarios hicieron estallar unas granadas de fragmentación entre la gente que había asistido a la celebración de la Independencia, en Morelia, la militarización se acrecentó. Después, con el famoso Michoacanazo, del que hablaremos más adelante, se trató de dar un golpe político al perredismo michoacano para allanarle el camino a la gubernatura a la panista Luisa María Calderón Cocoa, hermana del primer mandatario.
La militarización de Michoacán –sin resultados positivos– se dio precisamente durante las administraciones perredistas y, especialmente, con Leonel Godoy. En su cuatrienio el cártel de Los Caballeros Templarios se infiltró hasta lo más profundo de las estructuras del gobierno y de las familias de la clase política. El ejemplo más claro es el de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador perredista, quien fue desaforado como diputado federal, acusado de ser parte de este grupo comandado por La Tuta y El Chayo.
La fragilidad del andamiaje político y de gobierno de Michoacán en los últimos 25 años, con el fracaso de la transición democrática tanto a nivel federal como estatal, aunada a la alta corrupción de la clase política michoacana y a las reformas neoliberales que comenta el investigador Salvador Maldonado dio lugar al auge y fortalecimiento del crimen organizado en la entidad, sobre todo en Tierra Caliente.