CAPÍTULO 9. LAS AUTODEFENSAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO

La crisis de ingobernabilidad

Cuando Enrique Peña Nieto se sentó en la silla presidencial, en diciembre de 2012, su prioridad fue sacar adelante las reformas energética y de telecomunicaciones; y sólo en segundo lugar enfrentar el crecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado en todo el país, para lo cual repitió la estrategia militar y policiaca de su antecesor, Felipe Calderón, quien en lugar de resolver el conflicto avivó el avispero.

Para entonces la llamada “industria del narcotráfico” ya se había transformado en una agrupación más acabada, en un corporativo del crimen organizado, pues los grupos trasmutados en firmas empresariales ya no sólo se dedicaban a la producción, transporte y comercialización de las drogas, sino que ya tenían una amplia división con actividades comerciales, económicas y hasta políticas.

La crisis de gobernabilidad durante la transición del gobierno de Calderón al de Peña Nieto era más que evidente en algunas entidades, sobre todo en Michoacán, donde los más fuertes –como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, los Beltrán Leyva y hasta los remanentes de La Familia Michoacana– peleaban el control del territorio con Los Caballeros Templarios, lo que generó 328 muertes violentas en el último semestre del panista y 235 en el primero del priista.

A este contexto se aunaban otros factores que abonaban a la ingobernabilidad, como la pobreza. Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 54% de la población michoacana se encuentra en alguna situación de pobreza, con poco más de dos millones 200 mil habitantes –más de una décima parte (11.6%)– en pobreza extrema; 85% de la población, 3 millones 828 mil personas, padece al menos una carencia social; a 3 millones 225 les hace falta seguridad social (71.6%); un millón 286 mil no tienen acceso a los servicios de salud, y un millón 369 mil carecen de servicios básicos en su hogar.

El Colegio de Economistas de Michoacán registró que, en el primer semestre de 2013, se perdieron 6 mil 976 empleos formales, lo que situó al estado en el último lugar nacional en la generación de puestos de trabajo. En tanto, el crecimiento de la economía estatal era de 1.9%, una reducción respecto del 2.4% de 2012 y el 4.3% de 2011.

En materia educativa, el promedio de estudios es de 7.4 años, 1.2 años menos que el promedio nacional. Y si a esto se le añade que la décima parte de la población de la entidad es analfabeta, no es difícil deducir que el crimen organizado tiene, de sobra, mano de obra barata y dispuesta a colaborar entre los jóvenes pobres, desempleados y sin posibilidades de educación.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José Antonio Ortega Sánchez, calificaba la situación michoacana de ingobernable y veía a la entidad como un “estado fallido”, porque ni Peña Nieto ni Vallejo podían atemperar la violencia.

Un estudio publicado por la ONU señalaba que desde 2011, siete de cada 10 municipios de Michoacán sufrían de alguna infiltración del crimen organizado. Es decir: 79 de los 113 municipios.

El punto relevante es que desde la gubernatura de Cárdenas Batel, quien pidió la intervención del gobierno federal ante la crisis de seguridad, quedó en evidencia la ingobernabilidad.

A este escenario de penetración del crimen organizado en las instituciones de gobierno y la cooptación de territorios habría que sumarle la ausencia continua del gobernador por razones de salud. Desde la campaña estaba muy enfermo, pero ni al PRI ni a Vallejo les importó con tal de recuperar Michoacán.

Philippe Schmitter, politólogo estadunidense, propuso en 1988 cuatro indicadores para identificar una situación de ingobernabilidad: Primero, la indisciplina que se manifiesta cuando algunos ciudadanos intentan “influir en las decisiones públicas por métodos violentos, ilegales o anómalos”; segundo, la inestabilidad expresada por el fracaso de la élite “para conservar sus posiciones de dominación”; tercero, la ineficacia, que implica la incapacidad de los políticos y burócratas “para alcanzar los objetivos deseados, emanados de la autoridad del Estado”. Y finalmente, la ilegalidad, que proviene del hecho de que actores con gran poder corporativo logran “evadir restricciones constitucionales en búsqueda de ventajas e, incluso, de su supervivencia”.

Todos estos indicadores se cumplían y se siguen cumpliendo en Michoacán con Los Caballeros Templarios y las autodefensas, que como grupos sociales influyeron en las decisiones públicas a través de las armas; con la inestabilidad que se vive desde hace dos décadas; por la incapacidad del gobierno vallejista y de Peña Nieto en dar estabilidad y seguridad; y por la ilegalidad en la acción de los diversos grupos criminales y hasta de las autodefensas buscando su sobrevivencia.

En el arranque de su gobierno, Peña Nieto quiso administrar el conflicto en Michoacán con la misma estrategia calderonista pero sin el mismo interés que el panista. La realidad se le vino encima. El 24 de febrero de 2013 un grupo de hombres de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec se armaron con rifles de asalto y declararon su rebeldía contra la opresión de Los Caballeros Templarios quienes imponían su ley con el terror de secuestros, extorsiones y ejecuciones.

Pero el primer pueblo que se levantó en armas fue el municipio de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, encabezado por Hipólito Mora, un agricultor limonero de 58 años, con 11 hijos y sin ninguna preparación académica ni militar, que durante un tiempo fue la figura central del movimiento de las “policías comunitarias”, como se llamaron en un principio las autodefensas.

Enfermo del corazón, acosado por Los Caballeros Templarios, Mora no duró mucho tiempo al frente del movimiento. Sobre todo porque fue acusado de haberse quedado con dos huertas de limones propiedad de El Chango Méndez, quien asumió el control de La Familia Michoacana tras la supuesta muerte, en diciembre de 2010, de Nazario Moreno. El Chango fue capturado en junio de 2011 durante una operación de la Policía Federal realizada en Aguascalientes.

Mora estuvo en la cárcel en marzo de 2014, acusado de “coparticipación” en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en Buenavista. Dos meses más tarde salió libre y posteriormente se convirtió en Fuerza Rural, presionado por el gobierno.

Fueron los habitantes de Tierra Caliente quienes difundieron a escala nacional e internacional las condiciones de dictadura criminal que vivieron durante años con las bandas de delincuentes que les cobraban impuesto en todas sus actividades económicas, comerciales, en la cosecha y venta de limones y aguacate, la compra de alimentos, gasolina y medicinas.

La situación se hizo intolerante cuando los criminales “se cobraban” con las hijas y esposas de los rancheros y comerciantes que se negaban a pagar las cuotas impuestas por sus actividades y trabajos. Ahí fue cuando estalló el conflicto armado.

En abril de 2013, en medio del silencio del gobierno federal, Los Templarios ordenaron el bloqueo de alimentos, gasolina, agua embotellada, medicinas y otros productos básicos a la población de la zona donde ya operaban las autodefensas.

Los Caballeros Templarios emitieron un comunicado dirigido a las empresas, fechado en Apatzingán, en el que daban la orden del bloqueo:

“Buenas tardes o días, este comunicado va para todas las empresas como son: Cerveza, Agua, Refresco, Chucherías, Bimbo, Sabritas, Barcel, Marinela, Gas, Cable, Teléfono y Abarrotes, etc. Que a partir de hoy se le pide de la manera más atenta que va a estar (PROHIBIDO), surtir de sus productos a sus pobladores del 25, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec, y que a partir de mañana se les va a quemar todas las unidades si se les sorprende ir a dichas localidades mencionadas… Esto va a ser de 15 a 20 días tal vez más días esperamos que no sea así, donde si pueden sus rutinas son: Aguililla, Santa Ana y Apatzingán. Muchas gracias por su apoyo y comprensión. ATT: LOS CABALLEROS TEMPLARIOS GUARDIA MICHOACANA.”

Durante varias semanas de abril el bloqueo puso a la población de los municipios castigados en una situación desesperada. En la carretera que comunica esos sitios con el centro del estado había camiones y autobuses quemados por Los Templarios. La circulación era escasa y muchos habitantes tuvieron que pedir ayuda a sus familiares en Colima y Estados Unidos para que denunciaran la precaria situación y les hicieran llegar alimentos, gasolina y medicamentos, que ya escaseaban.

Ocho de cada diez tiendas de abarrotes cerraron porque no tenían mercancía para vender, los transportistas y taxistas dejaron de circular porque carecían de gasolina y los productores de limón de la zona dejaron de trabajar, por lo que tampoco había dinero en circulación.

A principios de mayo un grupo de migrantes michoacanos acudió al consulado de San José, California, pidiendo auxilio para sus familiares, otros realizaron manifestaciones pacíficas en Los Ángeles y algunos más enviaron cartas en inglés a la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e incluso al presidente estadunidense Barack Obama, para denunciar la situación.

Sólo el 20 de mayo, cuando el estado de sitio impuesto por Los Templarios imperaba, Enrique Peña Nieto reforzó la estrategia militarista y mandó 6 mil soldados y policías.

Para entonces ya se habían registrado en Michoacán 235 muertes relacionadas con el crimen organizado, en enfrentamientos abiertos en Tierra Caliente entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios.

La situación con Peña Nieto fue exactamente la misma: mandó a miles de militares y policías federales a apostarse a las orillas de las carreteras con la orden de dar seguridad a los vehículos y camiones, pero sin perseguir a Los Templarios que se desplazaban por los caminos vecinales. Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán carecían de policías y de autoridades municipales, que dejaron sus puestos por acusaciones de colaborar con los criminales. La ingobernabilidad se profundizaba ante la indolencia de los gobiernos priistas.

En mayo, Vallejo solicitó un permiso de cuatro meses y lo sustituyó Jesús Reyna, quien desde el inicio fue señalado por las autodefensas como aliado de Los Templarios. En respuesta, el gobernador interino acusó a las autodefensas de estar apoyadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hacia finales de julio de 2013 la situación empeoró cuando el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y otro militar fueron ejecutados por un comando mientras viajaban de Morelia a Puerto Vallarta.

El comandante de la VIII Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y otro elemento de la Marina circulaban por la autopista México-Morelia, y ahí fueron desviados a un camino de segundo orden, aproximadamente a 1.5 kilómetros al suroeste de La Noria, Michoacán.

Tras el ataque, funcionarios federales y estatales se reunieron para discutir una solución. Después de la junta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el gobierno federal se había “tropezado” en los operativos realizados en Michoacán e indicó que revisaría las fallas.

El 4 de agosto, al salir del Hospital Central Militar, donde lo intervinieron de un problema de las glándulas tiroides, Peña Nieto reconoció la existencia de zonas controladas por el crimen organizado en Michoacán, y anunció que el gobierno federal respaldaría a las autoridades estatales para recuperar territorios y reconstruir el tejido social.

“El propósito es acompañar al gobierno estatal, pero con gran respaldo y apoyo de la federación, para hacer frente a la complicación y complejidad que implica reconstruir el tejido social de Michoacán”, apuntó Peña, y aseguró que las fuerzas federales y estatales recuperarían los territorios donde las autoridades “prácticamente han perdido espacio. No es un tema solamente de seguridad, tiene que ver con darle atención a las demandas de la población”.

Sin embargo, Peña descartó plazos para ver resultados: “Vamos a ir viendo avances gradualmente, yo no quiero poner fechas. El tema central y el eje articulador de todo este esfuerzo será la labor que el gobierno federal despliegue para la seguridad pública de Michoacán”.

Peña Nieto tardó cinco meses en reaccionar nuevamente. En enero de 2014, previo al encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, en Toluca, funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana consideraron “extremadamente preocupante” el ambiente de violencia e ingobernabilidad que se ha extendido en Michoacán y reiteraron el apoyo de la administración estadunidense al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Estamos hablando de comunidades que, al igual que hemos visto en otras partes del hemisferio, han estado bajo presión de los cárteles y ahora se encuentran entre dos fuegos”, consideró un alto funcionario norteamericano. “La más básica responsabilidad de un gobierno, en todos los niveles, es ofrecer protección a sus ciudadanos ante los desastres naturales o el crimen organizado”, criticó el enviado de la Casa Blanca.

“Al igual que en otras circunstancias –prosiguió–, el gobierno de México ha dado muestras de manejar esta crisis. Si requieren de nuestra asistencia técnica estamos dispuestos a respaldarlo. Pero por el momento no hemos recibido ninguna petición en este sentido.”

El 15 de enero de 2014 y ante las evidentes fallas de la estrategia militar y policiaca que por seis meses había sido aplicada y el reconocimiento de “debilidad institucional” en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto dio un viraje y dio a conocer la creación de una comisión encargada del “restablecimiento” de la seguridad, con un enfoque “integral”.

Tres días antes, el mandatario estatal Fausto Vallejo, ya de regreso, había pedido ayuda federal para tratar de disminuir la violencia. Así pues, Peña Nieto decretó el nacimiento de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Esa comisión supuestamente buscaba coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano “bajo un enfoque amplio”, que abarcara no sólo aspectos de seguridad, sino también políticos, sociales y económicos. Pero en los hechos se trataba de una instancia que violaba el principio de soberanía de los estados, pues se impuso a una especie de virrey en Michoacán, por encima del gobernador y del Congreso local.

Peña Nieto puso como “virrey” a su amigo Alfredo Castillo, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien fue el investigador en la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah, en 2010.

La comisión especial tenía, además de coordinar a las autoridades federales, la facultad de formular y ejecutar políticas orientadas a la prevención de delitos, reconstrucción de tejido social, fortalecimiento institucional, y vincularlas con autoridades de los tres niveles; disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio por parte de las instituciones federales de fuerza pública; solicitar el auxilio de las fuerzas armadas; y recibir a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo federal que ejerzan funciones en Michoacán.

También, solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los servidores públicos de organismos federales que operen en Michoacán, y celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales.

Al darse a conocer la integración de esta instancia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la nueva estrategia y la labor de la Comisión parten de la idea de que “la violencia no se combate con más violencia”, aunque también reconoció que la coyuntura de Michoacán obligó al despliegue de militares.

Un gran eje de la estrategia, dijo, es “atender desde sus raíces los factores sociales que originan, pero que no justifican la inseguridad, como lo son la falta de oportunidades, la falta de acciones concretas para el desarrollo y la falta de resultados de quienes tenían el deber de entregarlos”.

Al mismo tiempo que se echaba a andar el nuevo plan, los grupos de autodefensa ciudadana avanzaban sobre más de una decena de municipios que estaban bajo el yugo de Los Caballeros Templarios, en una táctica paramilitar que ocasionaba inquietud en la clase política.

Con la actuación libre de las autodefensas, protegidas por soldados y policías federales a bordo de camionetas, tanquetas y helicópteros, lo que en realidad se presenciaba era una estrategia tejida de manera secreta desde 2011 bajo la batuta del general colombiano Óscar Naranjo, quien en su país había fomentado las autodefensas colombianas con la finalidad de acabar con la insurgencia y el narcotráfico, pero que al final se convirtieron en un nuevo cártel de las drogas.

Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto

Desde el 24 de febrero de 2013, cuando aparecieron las autodefensas ciudadanas, se generaron múltiples sospechas sobre su origen y financiamiento. En su momento, el gobierno de Vallejo dijo que estaban apoyadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y las acusó de ser delincuentes. Lo mismo sostuvieron Los Caballeros Templarios en mantas y videos de La Tuta. El gobierno federal, fiel a su tendencia, guardó silencio.

La hipótesis que más llamaba la atención era que estaban apoyadas por el Ejército, que les daba armas, protección y dinero para mantener a los miles de integrantes que se habían sumado con el paso de los meses.

Ahora, con base en testimonios, se apuntala la teoría de que las autodefensas michoacanas fueron un proyecto ideado y financiado desde el gobierno federal, en el cual mucho tuvo que ver Óscar Naranjo Trujillo, a quien el 14 de junio de 2012, Enrique Peña Nieto, aún como candidato presidencial, presentó como su asesor en cuestiones de seguridad pública.

El general Naranjo Trujillo es un personaje polémico que guardó un bajo perfil durante los dos años en los que estuvo como asesor de Peña Nieto. Era lógico que mantuviera esa presencia discreta, pues en la década de los noventa, siendo jefe de la Policía Nacional de Colombia, fue acusado de estar detrás de los grupos paramilitares en su país y estuvo considerado el “mejor policía del mundo” luego de que desarticulara a los cárteles de Cali y Medellín. En 1993 dirigió la operación en la que fue abatido el capo Pablo Escobar a través de un grupo paramilitar conocido como Los Pepes, una sigla de la agrupación de exmilitares pagados por empresarios y el gobierno bautizado como “Perseguidos por Pablo Escobar”, que al final devino un nuevo cártel de la droga.

Paradójicamente, siendo uno de los enemigos del narcotráfico en Colombia, su hermano Juan David Naranjo fue detenido en 2006, en Alemania, y fue acusado de presuntos vínculos con los cárteles.

Según testigos, en el caso de las autodefensas de Michoacán, Naranjo es clave: En noviembre de 2012, el general colombiano fue visto en Tepalcatepec y La Ruana, donde se reunió con grupos pequeños de personas entre los que estaba José Manuel Farías Álvarez El Abuelo, quien había sido señalado por las autoridades como miembro importante del Cártel del Milenio o de Los Valencia. Ahí encabezó el grupo formado especialmente para echar a Los Zetas de Michoacán.

Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, revela en entrevista que desde 2012 fue informado por vecinos de este municipio de la formación de un grupo armado que se enfrentaría a Los Caballeros Templarios. Al frente de este grupo estaba El Abuelo y su hermano Uriel Farías alias El Paisa, quien fuera presidente municipal de Tepalcatepec y uno de los presos de El Michoacanazo.

Al principio él pensaba que se trataría de un grupo similar a los “Mata Zetas” que El Abuelo había organizado cuando estaba con Los Valencia, pero señala que al poco tiempo se dio cuenta de que se trataba de otro proyecto más fuerte y amplio, financiado por el gobierno federal.

Fueron pobladores de la cabecera municipal quienes le informaron de la llegada del general Naranjo, vestido de civil, y un grupo de militares a bordo de camionetas oscuras al centro de Tepalcatepec.

Sin precisar el día, Valencia señala que la reunión se realizó en el salón Plaza, un edificio alto hecho de cemento ubicado a dos calles del palacio municipal, propiedad de El Abuelo.

“Fue de civil y se reunió con El Abuelo, llegó en unas camionetas del Ejército, eso fue lo que me dijeron. Aún no era presidente de la República Enrique Peña Nieto, le faltaban unas semanas, pero Naranjo ya era su asesor”, recuerda Guillermo Valencia en entrevista realizada en la revista Proceso el 5 de agosto de 2014.

–¿En esta reunión qué acordaron? –se le pregunta.

–Quien me lo platicó dice que ahí se acordó todo el apoyo para este movimiento (de las autodefensas). Yo sabía que El Abuelo tenía amigos que andan en la milicia y por eso no me sorprendió el apoyo del Ejército. Pero en diciembre de 2013 otro amigo que llegó de Estados Unidos me platicó que hasta allá la gente ya sabía del apoyo del gobierno a las autodefensas y que el general Naranjo había estado en el salón Plaza con El Abuelo. Ahí fue donde confirmé todo, que el general colombiano estuvo en Tepalcatepec y se reunió con más gente que participó, desde el principio, en la formación de las autodefensas.

Otro testigo que habló con Valencia en su estancia forzada fuera del país por razones de seguridad, expresa que general Naranjo, igualmente vestido de civil, también estuvo en La Ruana, donde participó en una reunión con lugareños a quienes no identificó.

Los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán fueron donde el 24 de febrero de 2013 se dieron a conocer los grupos de autodefensa.

“Creo que el movimiento de las autodefensas fue planeado, me di cuenta desde noviembre de 2012, y así lo informe, en enero de 2013, a las autoridades estatales, un mes antes de que surgieran, y no hicieron absolutamente nada. Tuve conocimiento de reuniones que tenían, inclusive de los hermanos Farías con el gobierno federal. Se habló mucho de que el general Naranjo estuvo en Tepalcatepec, me lo dijeron ciudadanos del pueblo que tenían el apoyo de este señor. No lo vi pero me lo dijeron quienes sí lo vieron”, rememora Valencia.

–¿Cómo fue que se empezaron a organizarse las autodefensas? –se le inquiere.

–Mire, Naranjo fue a Tepalcatepec. Yo voy a hablar ahora aunque tengo miedo, pero no a los criminales sino a Castillo, que ya trae gente armada haciendo operativos, es gente peligrosa.

“El asunto de las autodefensas lo planeó José Manuel Farías El Abuelo, inclusive se dice que nunca estuvo preso. Cuando lo detienen (5 de marzo de 2009) le sembraron un envoltorio con hachís y una pistolita 9 milímetros. Si el gobierno realmente lo quería en la cárcel le hubiera puesto armas de alto poder y un costal de cocaína, pero no fue así.

“Las versiones que hay es que en lugar de estar preso estuvo recibiendo un curso de contrainsurgencia. Él salió de la cárcel en noviembre de 2011, después de la elección local. Andaba con un bajo perfil porque decía que ya no quería ser el jefe de plaza del Cártel del Milenio. Pero en realidad comenzó a operar fino, a reclutar gente diciendo que ya no era posible seguir aguantado a Los Templarios, que cobraban muchas cuotas, violaban a las mujeres y eso lo agarraron como bandera.

“El Abuelo comenzó a organizar a las autodefensas y cooptó a un grupo de ocho o 10 personas del pueblo, entre ellos mi suegro, más los de su familia, que son bastantes. Ellos jalaron a esta gente porque no podían hacerlo entre puro criminal, porque no los iban a apoyar; jalaron gente buena, bien vista ante la sociedad, como mi suegro Edmundo Vargas, que el día que se dan a conocer en la (Unión) Ganadera (el 24 de febrero de 2013), fue el único que no llegó encapuchado. Fue él quien agarró el micrófono y empezó a gritarle a los ganaderos “Vamos a rebelarnos” mientras distribuía las playeras. A mi suegro los Farías lo emborracharon para que se animara porque tenía temor. Así como a él, los hermanos Farías agarraron a otro grupito de personas como los Álvarez, los Moreno, y se lanzaron.”

Valencia dice que él informó en 2013 al entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, de lo que estaba ocurriendo en Tepalcatepec. Reconoce que entonces veía al movimiento como una nueva intentona criminal de los hermanos Farías, porque antes ya habían formado un grupo para echar a Los Zetas de Michoacán, aliándose con el Cártel del Milenio, que al final resultaron lo mismo, porque se transformaron en un nuevo grupo criminal y siguieron con las extorsiones, cuotas, asesinatos y el control del crimen, ahora encabezados por los hermanos Farías.

“Yo pensé que sería algo similar a eso porque ya había un antecedente, sin embargo me di cuenta de que no, que fue algo en lo que mandaron al pueblo por delante, y obviamente, como la gente ya estaba cansada de que extorsionaran a ganaderos, limoneros, a los taqueros, a todos, pues sólo bastó que les dieran armas y les dijeran ‘vámonos a pelear’, para que le entraran a la guerra”, recapitula.

El exalcalde de Tepalcatepec dice que, en aquellos momentos, Los Caballeros Templarios ya investigaban el apoyo del gobierno federal a través del general Naranjo al movimiento de autodefensas. En enero de 2013, reconstruye, en una reunión con Los Templarios a la que fue obligado a ir (en el pueblo de San Isidro, municipio de Tepalcatepec), le preguntaron si sabía algo del movimiento.

“Yo les dije que no sabía nada, aunque yo ya le había informado al gobierno del estado”. Para entonces señala que El Paisa, Uriel Farías, lo invitó a ser el vocero del movimiento antes de que eligieran al doctor José Manuel Mireles, pero que no aceptó bajo el argumento de que no podía ser juez y parte, como edil y vocero de las autodefensas, en tanto agrupación armada nacida fuera de la ley.

“En una ocasión que estaba con Juan Carlos Becerra, que era el director de Gobernación, Martín Barragán, Uriel Farias, El Abuelo, Secundino Vargas, Jaime Álvarez, Porfirio Álvarez, entre otros, analizábamos la posibilidad de que el movimiento se incorporara a la policía municipal, eso les propuse para que no estuvieran al margen de la ley sino dentro de las instituciones, pero no aceptaron y a la larga entendí que no quisieron incorporarse porque traían un plan de expansión, que su fin no era Tepalcatepec, sino todo el estado.”

A pesar de esto, indica que a los dos meses de que se dieron a conocer públicamente, las autodefensas le pidieron ayuda con despensas, comida, gasolina, porque muchos de ellos eran gente del pueblo y había comunidades donde las mujeres se habían quedado solas con sus niños porque los hombres andaban en la pelea.

“Bueno, pues luego empezaron a decir que yo estaba apoyando con vales de gasolina y con comida, para el colmo, mi suegro andaban en las autodefensas desde el principio. Entonces comenzaron a correr el rumor de que yo estaba financiando a las autodefensas”, recuerda Valencia.

También se le acusó de apoyar al movimiento porque el 24 de febrero, el Día de la Bandera, que es cuando se dan a conocer las autodefensas, como presidente municipal invitó al comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, a que fuera al acto protocolario.

El comisario llegó en medio de un despliegue de Policía Federal impresionante, dio su discurso y se fue. Pero al poco rato, en las instalaciones de la Unión Ganadera, que se ubica a la entrada de la cabecera municipal, se dieron a conocer las autodefensas.

“Al acabar el evento yo también me fui a otra comunidad que se llama Carácuaro, a otro desfile del Día de la Bandera, y de ahí me fui a Coalcomán, a acompañar al diputado Eduardo Esquivel a que diera su primer informe legislativo. Desde ahí me reportaron lo que sucedía en la Unión Ganadera, que cada año hace un acto para repartir implementos agrícolas y otras cosas.

“Me dijeron que llegaron como mil ganaderos que eran los más afectados por las cuotas de Los Templarios. Ahí llegaron estas 10 personas que habían cooptado los hermanos Farías con las playeras de autodefensas y a arengar al pueblo a levantarse.

“Yo le pedí a la síndico Carmen Sánchez Vega que fuera y también a mi madre, que me ayudaba y era síndico. Mi madre es una mujer de edad, camina con bastón y se sintió mal porque estaba de pie y se salió a tomar aire. Entonces mi madre vio cómo llegó una camioneta del Ejército cargada de ametralladoras, de rifles. Ella estaba sentada cuando vio cómo empezaron a bajar las armas los familiares de El Abuelo para repartirlas como si fueran playeras. Entonces todo estuvo muy bien orquestado, El Abuelo siempre estuvo bien relacionado en el Ejército.”

Valencia indica que dos meses después de este acto, Los Caballeros Templarios nuevamente lo llevaron a una reunión bajo amenaza de muerte, pues lo acusaban de haber ayudado a organizar el movimiento armado.

“Decían que yo estaba financiando. A la persona con la que me llevaron le dije, cómo voy a financiar un movimiento encabezado por mis adversarios políticos El Abuelo y El Paisa. Una cosa era que les ayude, porque había gente del pueblo cansada de los abusos, y otra que anduviera financiando. Lo de la presencia del comisario de la PFP, Teófilo Gutiérrez, fue coincidencia.”

Luego de esta reunión abandonó Tepalcatepec. La presidencia municipal fue tapizada con cárteles de colores acusándolo de ser templario y ladrón. El munícipe dice que esto fue obra de los hermanos Farías, quienes se molestaron porque no aceptó ser el vocero de las autodefensas.

Guillermo Valencia afirma que, en el arranque el movimiento de las autodefensas no tuvieron el impacto que esperaban, sino hasta que José Manuel Mireles agarró la batuta, encabezó la lucha y empezó a dar entrevistas.

Pero el protagonismo de Mireles les provocó problemas. Se molestaron con él cuando comenzó a tomar un liderazgo natural, mediático, y todos lo identificaban con el movimiento.

“Eso ya no les gustó, tuvieron serios problemas, quisieron matarlo, eso todos lo saben en Tepalcatepec. A veces me arrepiento de no haber aceptado ser vocero, nunca creí realmente que el gobierno los estuviera apoyando, se me hacía irresponsable, increíble. Pensaba: ‘si le pagamos al gobierno con los impuestos para que hagan esa chamba, entonces por qué mandar al pueblo a hacer esa chamba’.”

Después de analizar esta información presume que Alfredo Castillo, desde que estaba en la PGR como subprocurador de Control de Procesos, sabía del proyecto de autodefensas y por eso lo enviaron como comisionado.

Lanza su hipótesis: “Yo creo que tuvo que ver con todo este movimiento porque esto no se hace de la noche a la mañana, se necesita financiamiento, protección del Estado; si no fuera así habría grupos de autodefensas en otros lados, pero no los hay porque no está la mano negra que sí hubo en Michoacán.

“Yo me pongo pensar si Alfredo Castillo ha estado años en temas de seguridad pública y todo esto lo planearon con el general Naranjo, pero en un determinado momento se dejó crecer y se descontroló, entonces alguien le dijo al presidente Peña Nieto que mandara a Alfredo Castillo porque era bueno para esto. Entonces, cuando llega, pues ya conocía a las autodefensas y resolvió el problema. Pero todo fue un gran circo.”

La presencia del general Naranjo no pasó inadvertida para Los Caballeros Templarios. El 8 de diciembre de 2013, en ocho municipios, incluida Morelia, aparecieron mantas y volantes de este grupo acusando al general colombiano de estar vinculado con los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente, a expensas del gobierno federal.

En su mensaje Los Templarios decían lo siguiente:

Al pueblo en general, a la ciudadanía del estado y del país entero. Es nuestro deber como integrantes de un grupo al margen de la ley poner sobre aviso a las autoridades del gobierno federal, estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Interamericana e Internacional, así como a diputados federales, locales y al Congreso de la Unión (senadores, a los secretarios de la Defensa Nacional, al procurador de la República, al comisionado de la Policía Federal y agrupaciones). El caos nacional que a lo largo de 12 años se ocasionó en los mandatos de los expresidentes Fox y Calderón, quienes implementaron un plan contra la delincuencia, que únicamente trajo como consecuencia: MUERTE, TERROR Y DESOLACIÓN, en cuanto a ello se ahuyentó la inversión y el turismo en el territorio nacional.

Esos gobiernos, al ordenar la captura de grandes capos, inclusive la muerte de nuestro máximo líder, que ni con eso tambaleó ni melló a nuestra estructura, si no que al contrario nos fortaleció, ya que hemos demostrado que somos una organización y un grupo social.

Por lo cual esta administración decidió tomar errónea y equivocadamente como ‘BUENA’ la propuesta de un extranjero y controvertido oscuro ‘OSCAR NARANJO’, que junto con ‘GALINDO’ de la PFP, y el general del ejército, ‘ERNESTO BERNAL REYES’, el coronel de Tacámbaro, ‘OSWALDO BEJAR MENDEZ’, que fue implementar y conformar los grupos de autodefensa y cáncer comunitario, quienes al demostrar y evidenciar ARMAS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS como RP-67 y lanza granadas, pierden y carecen de toda legalidad y se hacen que el país caiga en un estado de indefensión y se violen todas las garantías de los ciudadanos, establecidas en nuestra CARTA MAGNA (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y se violente el estado de derecho que es una obligación única y exclusiva de hacerlo valer los órganos de Gobierno Federal, Policías Estatales y Municipales.

La intromisión de GRUPOS ANTAGÓNICOS A LOS INTERESES DE LOS MICHOACANOS, como los de JALISCO NUEVA GENERACION, quienes obligan a la ciudadanía a delinquir bajo la protección del nuevo régimen, perjudicando a la clase más pobre y desprotegida de nuestro estado, que son los ANCIANOS, MUJERES Y NIÑOS, y los utilizan como CARNE DE CAÑÓN ¡Y NO ES JUSTO SEÑORES! ¿Quién responderá a los DESPOJOS, ASESINATOS, EXPROPIACIONES, ROBOS, VIOLACIONES, MASACRES Y TORTURAS en este ‘NUEVO SANTUARIO COMUNITARIO’? Nosotros asumimos la parte que nos corresponde y estamos dispuestos a dialogar y al mismo tiempo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para comentarles que LA LUMBRE NO SE APAGA CON LUMBRE, será un Honor Nuestro el mandar y combatir con las armas a estos GRUPOS DE LACRAS y regresar la PAZ Y TRANQUILIDAD A NUESTRO ESTADO, atentamente LOS CABALLEROS TEMPLARIOS GUARDIA MICHOACANA.

Esta narcomanta, a diferencia de otras, contenía un mensaje más político: la identificación del general colombiano Óscar Naranjo como autor intelectual de las policías comunitarias o autodefensas ciudadanas.

El texto también revelaba que Los Caballeros Templarios tenían desde entonces información privilegiada que ayudaba a entender el complejo rompecabezas del conflicto michoacano, en el cual las autodefensas aparecían avanzando y “liberando” las poblaciones, pero con la protección de la Policía Federal y las tropas del Ejército en Michoacán, al mando del jefe de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, especializado en movimientos armados.

Se notaba el apoyo de los soldados y policías a las autodefensas, que durante más de un año, esto es, desde febrero de 2013, cuando aparecieron, hasta mayo de 2014, cuando se transformaron en “Fuerza Rural”, actuaron de manera libre, con armas de alto poder, haciendo el trabajo difícil y peligroso de limpiar las zonas que Los Templarios tenían bajo su dominio y que, según información de inteligencia militar, abarcaba 70% del estado.

Sin alcanzar una formación militar, las autodefensas actuaban de una manera organizada cada vez que entraban en algún territorio enemigo: mandaban a un grupo especial a la vanguardia, que era protegido por soldados o policías federales en una especie de formación diamante. Los federales les indicaban cómo entrar y avanzar en formación de ataque. De tal manera que al ingresar a la población, eran las autodefensas las que ubicaban los lugares y a los integrantes de Los Templarios que vivían u operaban en cada sitio, mientras que las fuerzas federales sitiaban el lugar protegiendo a los comunitarios.

El grupo de vanguardia más identificado era el llamado “H3”, que algunos decían que significaba “Hermandad 3”. Los integrantes, en su mayoría, habían pertenecido a la banda de Los Viagras, un grupo de sicarios al servicio de Los Caballeros Templarios.

Las autodefensas llegaron a tener una estructura organizativa encabezada por el Consejo General –integrado por 37 comandantes que representaban cada zona ganada. Dentro de ese alto mando había algunos con mayor peso a cargo de zonas completas, mientras que otros tenían funciones más específicas, como Mireles, quien se convirtió en el vocero de todo el movimiento, lo que le trajo problemas con José Manuel Farías El Abuelo.

Los líderes de las autodefensas tenían en sus manos armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, con las cuales hacían frente a Los Templarios en batallas que podían durar horas. También poseían grandes cantidades de dinero en efectivo para pagarles a algunos de sus integrantes 3 mil pesos quincenales, que eran entregados después de cada enfrentamiento.

Según los dirigentes del movimiento civil, las armas las obtenían de los templarios que las tiraban al huir, mientras que el dinero para mantenerse provenía de aportaciones de ganaderos, empresarios y comerciantes que les daban una parte de lo que antes entregaban como cuotas a Los Templarios.

A los pocos meses de su nacimiento, las autodefensas llegaron a tener 15 mil hombres luchando en diferentes lugares. Cada uno de ellos portaba armas de gran poder como rifles de asalto R-15 y AK-47, con suficiente parque para enfrentar a Los Templarios en el campo o en las zonas urbanas.

En un año las autodefensas consiguieron lo que en seis años Felipe Calderón no pudo: liberar y recuperar el territorio que el crimen organizado dominó por 12 años; romper los vínculos que Los Caballeros Templarios tenían con el gobierno de Fausto Vallejo; desarticular la estructura de liderazgos que imponía la ley de impuestos, cobro de cuotas y extorsiones a todos los empresarios, comerciantes, profesionistas, productores agrícolas y consorcios mineros de China, y poner fin al cogobierno que existía en la mayoría de los 113 municipios.

El 8 de mayo de 2013, al participar en la mesa de debate La función de las policías como pieza clave en el nuevo sistema, en el “Quinto foro sobre seguridad y justicia. Por una adecuada implementación de la reforma penal” que se realizó en la UNAM, Óscar Naranjo apuntó: “Cuando a una autodefensa se le llama ‘policía’ se produce una distorsión que, realmente, lejos de invocar el deber ser, destruye el deber ser. Lo primero que habría que hacer para no incurrir en fallas al debido proceso es que el Estado se asegure de que es el único que aplica justicia y ejerce el monopolio de la fuerza”.

Después defendió la labor militar y la decisión de Peña Nieto de que las fuerzas armadas siguieran combatiendo el crimen organizado, pero coordinadas con la policía. “En México los delincuentes, los criminales organizados, salieron de su zona de confort. Hoy esa delincuencia siente el peso institucional y está recibiendo el impacto de una ciudadanía que dice alto a la violencia”, declaró Naranjo.

Coincidentemente, a principios de 2014, cuando las autodefensas mostraban su músculo armado liberando 37 municipios del yugo templario y se convertían en un ícono libertario en todo el país y en el extranjero, Naranjo anunció su salida de México y su renuncia como asesor del gobierno federal.

El 26 de enero de 2014, el gobierno informó en un escueto comunicado que el colombiano renunciaba y regresaba a su país, para incorporarse al equipo que buscaba la reelección presidencial de Juan Manuel Santos.

“Las autoridades mexicanas agradecen y reconocen ampliamente la labor que desempeñó el general Naranjo Trujillo, así como su contribución en materia del diseño de estrategias de seguridad para nuestro país”, redactó la administración federal a través de la Secretaría de Gobernación, que le deseó “el mayor de los éxitos en las nuevas tareas que desempeñará para su nación”.

Para esas mismas fechas, Peña Nieto echó a andar la segunda fase de su estrategia con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, encabezada ya por Alfredo Castillo, quien se encargaría de domesticar las autodefensas y de quitar de en medio a Mireles, alguien que se había convertido en un personaje incómodo para los planes del gobierno.

Mireles, el alzado

En su arranque, las autodefensas no tenían un rostro, una figura o un discurso que los identificara. Se les conocía como policías comunitarios y se les confundía con los de Cherán, que desde 2011 declararon autónomo a su municipio y formalizaron la creación de una policía comunitaria indígena.

A las autodefensas se les veía como hombres muy bien pertrechados que iban y venían a bordo de camionetas a través de Tierra Caliente, buscando a los templarios que se escondían en las montañas y cerros de la Sierra Sur.

Conforme pasó el tiempo la figura de uno de ellos empezó a resaltar por su estatura, el sombrero negro, el bigote ancho, tipo revolucionario y, sobre todo, por su discurso de contenido político que traspasaba la denuncia de los abusos de Los Caballeros Templarios.

Se trataba de José Manuel Mireles Valverde, de 55 años de edad, médico militar cirujano a quien en Tepalcatepec conocían como El Loco Mireles, por su franqueza, y también como El Doctor, por su trabajo como médico en el pueblo.

Su familia era de los fundadores de la localidad y él, como muchos, emigró a Estados Unidos en 1992, donde fue representante en la Casa Michoacana, voluntario en la Cruz Roja y defensor de migrantes ante los abusos policiacos en un buffet de abogados.

Antes de ir a California, Mireles enfrentó un proceso penal (II-223/988) que lo tuvo en la cárcel de Uruapan y Morelia entre 1988 y 1992 bajo la acusación de siembra, cultivo y venta de mariguana en Tepalcatepec. Aunque la sentencia fue de siete años y tres meses, sólo se quedó en prisión tres años y ocho meses. Mireles siempre ha asegurado que la droga le fue “sembrada”.

Purgada su condena, a su regreso de Estados Unidos realizó algunas actividades en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. En 2006 fue inscrito en la lista plurinominal del PRD, en el lugar 25, para llegar al Senado, y en noviembre de 2007 se lanzó como candidato a diputado de mayoría relativa por el Distrito XXI, con cabecera en Coalcomán, por el Partido Alternativa Socialdemócrata en fórmula con su esposa, Ana Delia Valencia.

Al final de su incursión en la política, Mireles ingresó al gobierno estatal de Godoy Rangel, donde trabajó como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud hasta 2011.

Pero si en la vida política de los partidos no logró trascender, entre las autodefensas ciudadanas lo haría con creces, dos años después.

El 24 de julio de 2013 se difundió en las redes sociales una larga entrevista con Mireles que le hizo el medio independiente Subversiones, la cual se volvió viral.

El testimonio era durísimo, hablaba de todos los abusos de Los Caballeros Templarios, las ejecuciones, extorsiones, cuotas a todos los limoneros, trabajadores agrícolas, la sujeción de los presidentes municipales y del gobernador Fausto Vallejo, de la incapacidad del gobierno federal y, principalmente, del abuso sexual a adolescentes y esposas de los habitantes de este municipio calentense.

Para entonces Mireles ya había participado durante varios meses en la recuperación de los municipios que Los Templarios tenían bajo su yugo, y en cada uno de ellos desplegaba un discurso político que ninguno de sus compañeros tenía. Citando los artículos de la Constitución recordaba que el pueblo tiene el derecho de defender su vida y la de los suyos con las armas, que no era ilegal hacerlo, y los convocaba a defenderse.

El 13 de agosto, al llegar a Tancítaro, cerca de 3 mil personas lo esperaban para organizar sus propias autodefensas. Ahí Mireles les habló usando las palabras que la gente quería escuchar: “No hay que tener miedo de esos perros, nosotros en Tepalcatepec teníamos mucho miedo, pero decidimos enfrentarlos, decidimos cómo morir porque ya no podíamos aguantar que se llevaran a nuestras mujeres. Otros pueblos como Cherán se han organizado para enfrentar a esos malditos, por qué nosotros no hacemos lo mismo”.

Tres meses después, en la plaza principal de ese mismo pueblo, Mireles fue recibido por una multitud entre aplausos, vivas y abrazos. Le daban las gracias por haberlos ayudado a liberarse de Los Templarios y le pedían que les hablara. Una vez más lo hizo a capela: “No necesito un micrófono para que me escuchen, mi voz ya se escucha en todo México y en el mundo, en la ONU ya saben lo que digo, ya no hay que dejar que esos perros nos intimiden, el pueblo tiene el derecho a defenderse con las armas. Sólo el pueblo puede defender al pueblo”.

En noviembre de 2013 Mireles apareció en la portada de la revista Proceso con el título de “El Alzado”. Se hablaba de su liderazgo y se decía que representaba al “sujeto de cambio” dentro de la corriente nacional de inconformidad y protesta ciudadana contra el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para terminar con el narcotráfico.

Para entonces y cómo él bien sabía, el doctor de Tepalcatepec ya era conocido en México y el extranjero; canales de televisión de varios países le dedicaron notas especiales contando la historia de las autodefensas de Michoacán, calificándolas como la expresión más clara del hartazgo de la sociedad mexicana.

Así como en el movimiento del 68 el sujeto de cambio lo encarnó la figura del estudiante y en 1994, con la insurgencia zapatista, fue el indígena, en la corriente de protesta social de los últimos años, las autodefensas se erigieron con este rol, pero sobre todo el ranchero que, como grupo social, no se había manifestado.

El ranchero en general, pero en particular el michoacano, tiene un perfil singular: aunque vive del campo no es un campesino pobre sino un productor de frutas y hortalizas que comercializa en el mercado nacional o internacional; tiene posibilidades económicas para vivir cómodamente e incluso disfruta de grandes terrenos, casa y vehículos; tiene la capacidad económica para dar estudios a sus hijos y, sobre todo, tiene como máximas prioridades de protección su familia y su rancho.

Estos parámetros culturales son importantes para entender a las autodefensas, cuyos integrantes más importantes eran rancheros que decidieron rebelarse para proteger su propiedad y su familia, principalmente a sus hijas y esposas, que era violadas por Los Caballeros Templarios cuando no se les pagaban las cuotas o como simple muestra de poder.

El investigador del Colegio de Michoacán Salvador Maldonado dice que al sur del estado se desarrollaron complejas redes espaciales, económicas, políticas y familiares que configuraron esta región del narcotráfico, y que estas redes se distinguen por contar con una cultura regional ranchera que le da cierta identidad al narcotráfico y, en nuestro caso, a las autodefensas.

“Esa cultura se caracteriza por los valores del individualismo frente al Estado, de la familia contra la sociedad, y por un exacerbado catolicismo popular. El ranchero se ubica formalmente en el plano de la igualdad individual, pero socialmente desigual frente a sus semejantes y superior ante los demás sectores rurales: indios y ejidatarios. Se representa al margen del Estado debido a que escasamente ha sido objeto de apoyo, a la parcialidad de la ley y a las frecuentes y agresivas intervenciones policiacas o militares.

“Los códigos rancheros han tejido una red de silencio y solidaridad entre quienes cultivan y trafican drogas y sus nexos espaciales-familiares permiten evadir la ley entre ciudades medias y territorios serranos. Una vez que el narcotráfico forma parte de la economía y la cultura regional, la población lo adopta como un estilo de vida y de movilidad social.” (Maldonado Aranda, 2012a)

Maldonado da otros datos que ayudan a entender el perfil de los rancheros como personajes principales del conflicto en Tierra Caliente, y con esto también ayuda a distinguir a Mireles como ranchero y autodefensa.

Señala que la independencia personal entre los rancheros es muy importante tanto en lo económico como en el prestigio, y que una familia ranchera sin estabilidad financiera se convierte en objeto de críticas hasta la estigmatización. De ahí que exista una relación simétrica entre dinero, prestigio y respeto, por lo que toda persona que no sea respetada puede ser objeto de abuso en propiedad, ganado y familia.

“Estas prácticas derivan, la mayoría de las veces, en actos de violencia física en defensa del honor. Si una persona es deshonrada, se puede atentar, ultrajar o robar sin problema. Las mujeres son un elemento central en las vendettas porque ‘alientan’ a su familia a defender el apellido y, con ello, a su familia y su integridad de mujeres. Con todo, para los rancheros, el Estado es algo extraño e indiferente en torno a la justicia.”

Mireles fue el primer integrante de las autodefensas que habló sin reparo del abuso sexual de las hijas y esposas de los habitantes de Tierra Caliente. En la larga entrevista realizada por el portal Subversiones el 24 de julio de 2013, el doctor de Tepalcatepec dijo que este abuso fue una de las razones por las que la gente decidió rebelarse en contra de Los Caballeros Templarios y tomar las armas. Denunció que había decenas de menores de edad embarazadas por los criminales y provocó una reacción nacional más favorable para las autodefensas y para el propio Mireles. Esto, más que las denuncias de extorsiones y asesinatos, fue lo que llamó la atención de la opinión pública e irritó a amplios sectores sociales.

A partir de que Mireles tomó la vocería de las autodefensas de Tepalcatepec, a los pocos meses su figura creció tanto que fue elegido como coordinador general de todas las autodefensas de Michoacán y se levantó como el principal crítico del gobierno federal y del gobernador Fausto Vallejo.

Él fue el primero que denunció públicamente la vinculación de Jesús Reyna, secretario de Gobierno y luego gobernador interino, con Los Caballeros Templarios; también fue quien reveló que la campaña de Vallejo recibió millones de pesos de ese grupo criminal y que el hijo de éste, Rodrigo Vallejo, tenía relaciones con distintos templarios.

´Posteriormente él se opuso a los planes del gobierno federal de domesticación de las autodefensas y denunció las negociaciones del comisionado Alfredo Castillo con los grupos criminales infiltrados en el movimiento. Calificó de una “farsa” y un “teatro” la estrategia de Enrique Peña Nieto para limpiar a Michoacán del crimen organizado.

Así, resultó incómodo para el plan del gobierno de terminar con el proyecto de las autodefensas como grupo de choque –que funcionó para sacar a los Templarios del sur de Michoacán y acabar con el cogobierno que habían establecido con Vallejo.

Después de estas críticas y denuncias, así como del rechazo a integrarse a la Fuerza Rural, Mireles fue detenido el 27 de junio en el poblado de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, acusado de traer droga y armas de uso exclusivo del Ejército.

El líder de las autodefensas en 34 municipios fue tratado peor que El Chapo Guzmán, le taparon los ojos y, esposado, los soldados lo llevaron en helicóptero a las instalaciones militares y luego ante el Ministerio Público, sin dejarle hacer una llamada telefónica sino hasta 14 horas después de su detención. Luego lo llevaron al penal de Hermosillo, Sonora, a miles de kilómetros de Michoacán. La droga y las armas se las sembraron en una de las camionetas que usaban sus escoltas.

Antes de su aprehensión tenía planeado seguir con el plan inicial de crear autodefensas en la costa michoacana, tomar Lázaro Cárdenas, formar el Frente Nacional de Autodefensas e iniciar una cruzada nacional contra el crimen organizado.

Su discurso político liberal y constitucionalista tenía un impacto directo en la gente. Este protagonismo le trajo enemigos dentro y fuera de las autodefensas. “Yo sé que me quieren matar, es gente peligrosa en el movimiento a la que le estorbo”, confesó semanas antes de ser detenido, cuando estaba reanudando la creación de autodefensas en la costa.

Desde el 30 de junio el médico cirujano se encuentra encerrado en la cárcel de Hermosillo, a donde fue confinado por el gobierno de Peña Nieto para impedir que se formara un frente de oposición que exigiera su libertad en su tierra natal Tepalcatepec.

Lo que pocos saben es que Mireles es un masón de la logia Benito Juárez número 71 de Michoacán, que se reactivó hace apenas unos años en Tierra Caliente y que se interesaba en fortalecer los valores de organización ciudadana y la difusión de la historia libertaria del pueblo michoacano.

El pasado 4 de junio, Mireles escribió una carta dirigida a las logias masónicas del estado y de todo el país, en la que pedía dejar la comodidad de sus posiciones y actuar en consecuencia, pero sin usar las armas:

Queridos Hermanos y Hermanas de los diferentes ritos masónicos y de los diferentes Grandes Orientes de Michoacán y de México.

Nos hacen comunes principios y valores profundos, esas convicciones e ideales masónicos que acercan a la humanidad a su expresión más sagrada. Recibimos Luz y a la Luz nos debemos; nacimos en una logia venida a laboratorio de ideas, donde se acrisolan proyectos, donde se entretejen brazos, donde se templa el carácter.

Tú como yo, por igual nos ceñimos a la justicia, a la igualdad, a la democracia y a la libertad responsable, como en lo individual luchamos contra los vicios y las pasiones que golpean nuestra naturaleza humana.

Somos herederos de la pléyade de masones que han forjado una mejor patria en los diferentes rincones del mundo, donde las logias han parido un nuevo hermano. Como depositarios de las grandezas que exaltan el espíritu humano, cuando la patria y la sociedad lo demanden, estamos obligados tácitamente a actuar más allá de nuestras posibilidades. No es una opción. Más bien un obligado acto de congruencia de quien se diga masón y sea reconocido como tal por sus hermanos.

La masonería en estos momentos debe trascender del mal interpretado simbolismo hacia la acción, de la especulación hacia la operatividad, del ensueño histórico masónico hacia la transformación de nuestra cruda realidad.

Lo que vive Michoacán y México no es para menos. Precisa entonces recapitular haciendo un alto para, en un acto de humildad, ver de dónde vienen nuestras huellas como masones; sólo profundizando en nuestro origen podremos llevar a buenaventura nuestra jornada.

Como acto de dignidad tenemos que trascendernos. Imposible seguir con esta estúpida inercia que arroja más pobres, que derrama más sangre y que siembra de pesadillas paridas con sangre, muerte e injusticias nuestro suelo. Definitivamente no podemos continuar así.

Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir el sueño del hombre libre. En mi sueño los hijos de México viven, no sobreviven; sueñan, no despiertan con angustias; siembran, no se tienen que armar por el dejo de quienes debían cuidar la paz de los justos.

Por eso quiero llamarlos a que sean consecuentes al momento histórico que vivimos. Que si en sus circunstancias Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, Madero o Cárdenas trastocaron el ficticio orden establecido para ofertarnos mejor patria, nos toca ahora a estas generaciones de masones hacer lo propio para rescatarnos del abismo en que han sumergido a este país.

Mi llamado es a que dejes esa masonería intrascendente de cuatro paredes. Mi exhortación es a que hagas algo más allá de tu familia y de tu entorno inmediato; mi llamado es a que te organices y luches dentro de la ley por lo que crees que es justo para tus hijos y las generaciones que vienen.

Yo te invito a que luchemos juntos por la justicia y la paz digna, a que demos lo mejor que como masones tenemos para sacar adelante nuestro estado y, con ello, nuestras familias. Yo te pido que te armes pero de valor y que si empuñas armas éstas sean la plomada, el nivel, el cincel, el marro, la escuadra y el compás para que bajo el cobijo de la congruencia masónica caminemos juntos. Nuestra misión ahora es desbastar para dar forma a la piedra cúbica que pueda servir de base para el levantamiento de un mejor país.

Pero si decides que ésta no es tu lucha, sólo te pido que seas portador de Luz propia surgida bajo los principios y valores emanados de la escuadra y el compás. Si lo haces así, ten por seguro que por igual nos encontraremos en la refriega por construir futuro, porque la fuente de Luz masónica es sólo una.

Querido hermano: reforcemos nuestra cadena, sé un verdadero masón y practica tus juramentos, en pocas palabras, asúmete hombre. No te pido otra cosa. Es cuanto…

En las últimas entrevistas Mireles dejaba ver en su dedo anular un anillo con los símbolos de la masonería para mandar un mensaje discreto a los miembros de otras logias en Michoacán y otros lugares del país. Durante una conferencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue cuestionado sobre su masonería, a la cual se refirió destacando el papel que ésta ha tenido en las luchas históricas del mundo y de México, así como en la elaboración de las Constituciones.

Dijo que toda la Carta Magna mexicana había sido elaborada por los masones, pero no tiene nada que ver con la forma en que es aplicada por las autoridades. Aseguró que muchos de los movimientos independentistas y revolucionarios en el mundo y en México han sido encabezados por masones, como Benito Juárez, quien inspiró a Nelson Mandela para la liberación de Sudáfrica.

Mireles reconoció su pertenencia a la masonería: “Lo que les puedo decir es que las armas que yo uso y que nadie me las puede quitar en este mundo, ningún gobierno me las puede quitar, son las que me heredó la masonería, la verdad, la razón y la justicia, que sólo ahí se aprenden”.

Ante los estudiantes hizo una larga crítica al Ejército, a la Policía Federal y al gobierno del estado, a los cuales acusó de estar corrompidos por el crimen, que les da millones de pesos a cambio de colaboración o silencio.

“Estamos viendo la impunidad y la corrupción de los más altos niveles de gobierno metidos con ellos; ya tenemos al gobernador de Michoacán (Jesús Reyna) metido en el bote pero faltan más; cuando empezamos la guerra creíamos que sólo iba a ser contra los criminales y contra el gobierno del estado de Michoacán, que ya sabíamos que estaba asociado con ellos, pero ahora que me salgo tantito del estado me doy cuenta de que una parte del gobierno federal también está contaminada”, sostuvo.

Recordó una conversación que tuvo con un jefe templario: “Yo no lo quería creer y les voy a decir por qué no: había un jefe de plaza ahí en Tepalcatepec que teníamos que atenderle a todos los heridos y balaceados, un día le dije: ‘Oiga, ¿cómo es posible que viene tanto militar a Tepalcatepec, tanto federal, y a ustedes nunca los hayan?’ Me dijo: ‘Lo que usted no sabe es que el mismo que les ordena a los militares y federales de Morelia que vengan a buscarnos es el mismo que me avisa a mí que van a venir a buscarme’. Le dije: ‘Oye, ¿entonces está hasta la Defensa Nacional contaminada? ‘No, jefe – dijo–, más para arribita’, y ya no dije nada”.

Desde que se formaron las autodefensas el panorama en algunas partes de Michoacán, como Tepalcatepec, cambió, sostuvo Mireles: en su pueblo ya no había robos, secuestros y ni una violación, a pesar de que no tienen policías municipales, federales ni militares.

“Somos simples civiles cuidando nuestra familia, cuidando nuestro pueblo, y nos dio mucho trabajo hacerlo, pero cuando nos dimos cuenta lo fácil que era ya no nos detuvimos y aquí estamos”, manifestó.

En su último discurso público –el de la universidad capitalina–, que dio ante varios cientos de estudiantes, el carismático dirigente habló de un proyecto que fue el que quizá prendió las luces de alerta en los aparatos de inteligencia gubernamentales: la intención de crear un nuevo estado que integraría las zonas purépechas, Tierra Caliente y Costa, un estado separado de Michoacán pero que formaría parte de la federación, donde gobernaran las autodefensas.

Un nuevo Estado y el Frente Nacional de Autodefensas

A mediados de 2013, en entrevista con este autor, Mireles reveló uno de los planes que tenía con las autodefensas una vez que consiguieran recuperar los municipios del sur de Michoacán infestados de templarios.

En su momento se escuchaba como algo descabellado pero, con el paso del tiempo y en la medida en que el movimiento de las autodefensas avanzaba y se extendía por esta zona del estado, la idea del médico comenzó a tomar una forma peligrosa para el gobierno y Estado mexicano.

Se trataba de crear una nueva entidad federativa en el sur de Michoacán, que abarcaría 20 municipios de Tierra Caliente, Costa y una parte de la región Purépecha. Su extensión sería la mitad de todo el estado. Tendría ventajas por su situación geográfica, más las económicas propias de la producción agrícola (limón, aguacate y frutas). Además, existía la idea de construir un puerto de gran calado como el de Lázaro Cárdenas, que haría más atractiva esta nueva entidad.

Después de esa entrevista, Mireles ya no sacó a colación el tema sino hasta una conferencia realizada el 29 de mayo de 2014 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“Miren, cuando íbamos los ocho primeros municipios libres yo estaba bien preocupado porque el gobierno del estado seguía diciendo que éramos criminales. Ya llevábamos ocho municipios, pero yo quería liberar Aquila. ¿Por qué Aquila? Miren, toda la costa michoacana tiene 260 kilómetros, pues resulta que el municipio de Aquila nada más tiene 200. Por eso yo dije, vamos a liberar Aquila y hacemos un estado soberano e independiente.”

El insurgente dijo que habló al Senado sobre esta idea y le dijeron que sí se podía llevar a cabo, que sólo era necesario reunir 120 mil firmas de esos municipios y podían declararse estado soberano e independiente.

“El municipio de Aquila está más grande que Colima y tiene una riqueza enorme, hay minas de oro, de plata, tiene maderas finas, ganadería, agricultura y una gente original náhuatl, pura, que no se mezcla. Pensé: si en el Senado me dijeron ‘júntame las 120 mil firmas’ y el proyecto dura cinco años, dije ‘Mmm, ¡cabrón! Si en un mes llevo ocho municipios, en seis meses agarro todo Michoacán y ya no ocupo hacer otro estado, nomás me independizo y ya.”

En tanto, el objetivo del Frente Nacional de Autodefensas era restablecer el Estado de derecho en todo el país “con ayuda del gobierno o sin ayuda del gobierno”.

Explicó ante los estudiantes: “¿Qué es restablecer el Estado de derecho? Es tener una seguridad pública eficiente y una justa impartición de justicia. Eso es constitucional. No queremos que nos lo regale nadie”.

Y cuestionó: “¿Por qué digo que con el gobierno federal o sin el gobierno federal? Si el gobierno federal se quiere unir al Frente Nacional de Autodefensas para buscar esas dos cosas nada más, es bienvenido. Pero si no quiere ayudarnos, ¡chingao!, es su obligación constitucional hacerlo, entonces que no estorbe, lo vamos a hacer los ciudadanos mexicanos. Y no es una guerra declarada contra el Estado, que quede claro, ninguno de nosotros trae armas, ninguno de nosotros va a traer armas, aunque ya somos 16 estados de la República que tenemos autodefensas armadas”.

El doctor informó que ya había recibido invitaciones de Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades para que los visitara y les ayudara a formar sus propias autodefensas.

Detalló: “Me hablaron y mi respuesta ha sido la misma: con qué calidad moral va a ir Manuel Mireles a fomentar las defensas o las autodefensas a otro estado si todavía no terminamos con el de Michoacán, y ésa es la verdad, yo no puedo ir a apoyar a ningún otro estado en su movimiento social mientras no termine de limpiar el mío, y así lo vamos hacer.

“Pero sí invito a todos a que le echen ganas. No queremos una guerra contra el Estado, que quede claro, no la estamos haciendo. Estamos tratando de despertar conciencias en todos los estados que tengan los mismos o peores problemas que nosotros. Puede haber más problemas pero de momento lo que queremos, si tenemos una excelente seguridad pública y si tenemos también la justa impartición de justicia, nuestra guerra termina, no creo que haya más problemas más graves, porque con eso resolvemos todo y pacificamos a la nación entera, que es nuestro objetivo, pacificar México.”

Citó el caso de Tamaulipas, que no ha dejado de estar en una situación de violencia y de ejecuciones: “Ahorita está en llamas y no hay quien los ayude porque no tienen autodefensas, y tienen guerra todos los días en sus calles, entre criminales y entre policías, que también son criminales, y el pueblo es el que está recibiendo todos los balazos. ¿Por qué no se matan entre ellos? Sí, que no vayan a sacar la misma estupidez que la forma de resolver el problema, como en Michoacán, es desarmando a los que se defienden, ¿cómo pues? Si estamos demandando seguridad pública, estamos demandando justicia, y es un derecho constitucional. Vean nuestra Carta Magna, ahí está lo que estamos pidiendo y que no tenemos, no es una declaración de guerra, estamos exigiendo los que pagamos impuestos, estamos exigiendo que cumplan los que fueron empleados para eso”.

Semanas antes, el 5 de mayo y en la casa de Thalía Vázquez Alatorre –una abogada michoacana que ayudó a Mireles en su convalecencia, tras un accidente aéreo ocurrido el 4 de enero– un grupo de líderes sociales, exgobernadores, expresidentes municipales y políticos se reunieron para discutir la idea de lanzar una convocatoria con el fin de formar el Frente Nacional de Autodefensas, una reproducción del movimiento que se había gestado en Michoacán.

Mireles encabezó el cónclave, al que asistieron el poeta Javier Sicilia como representante del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el padre Alejandro Solalinde, el general Francisco Gallardo, el senador panista Ernesto Ruffo, Isabel Miranda de Wallace, la diputada michoacana Selene Vázquez Alatorre, el empresario Javier Garza Lagüera, los politólogos Denisse Dresser y John Ackerman, entre otros.

Por más de tres horas se habló de la situación de violencia en el país, cada uno expuso su labor desde la sociedad civil y sólo el general Gallardo defendió desde las leyes la posibilidad de lanzar la convocatoria de crear autodefensas armadas en todo el país.

El poeta Javier Sicilia fue el primero que pidió aclarar si se estaba convocando a una insurrección social armada porque, dijo, al lanzar la idea de replicar las autodefensas en todo el país el referente directo serían las de Michoacán, que estaban armadas. “Tenemos que ser responsables, las palabras no son inocentes, si se va a hacer un llamado a la insurrección hagámoslo pero de manera abierta y no con medias palabras”, pidió tras deslindarse de una convocatoria de esta naturaleza porque iría en contra de la resistencia civil pacífica que profesa.

Al final de la reunión sólo se acordó llevar a cabo un foro público que se realizaría en la UNAM o en la Universidad Iberoamericana, donde se lanzaría la convocatoria del Frente Nacional de Autodefensas pero sin armas.

Cinco días después, el 10 de mayo, Mireles fue desconocido como coordinador general de las autodefensas por sus compañeros y por el comisionado Alfredo Castillo. No sólo le quitaron el cargo sino también toda representatividad en el movimiento y lo amenazaron con detenerlo si no aceptaba adherirse a las fuerzas rurales, entregando sus arsenales.

La gira que Mireles tenía planeado realizar a estados como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde lo invitaron a formar autodefensas, se canceló. Lo mismo ocurrió con el foro en los auditorios de la UNAM o de la Ibero. Al final, el foro proyectado se llevó a cabo en el Polyforum Cultural Siqueiros, donde Mireles se puso una playera con la leyenda “Yo soy autodefensa”.

Debilitado en su representación, criticado luego de que en entrevistas públicas confesara tener una novia de 17 años con la que pensaba casarse una vez que terminara el conflicto en Michoacán, confrontado con el gobierno federal por haber rechazado las fuerzas rurales, Mireles regresó a Tepalcatepec para continuar con su plan de crear otras autodefensas armadas en la costa michoacana.

Para entonces ya había recibido una amenaza de que lo iban a detener. Mireles recordó ese episodio cuando estuvo con los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: “Un coronel que es amigo mío me sacó un papel que decía que me iban a agarrar. ‘La orden es chingarte a ti donde te veamos, así es que no te nos atravieses. Sale’, me dijo.

“Desde entonces me les paseo todos los días. Soy un peligro para ellos por lo que pienso, por lo que digo, pero si se fijan, todo es basado en la Constitución, no he hablado de ninguna otra cosa más que de los artículos que protegen a los ciudadanos y de las obligaciones que tiene el gobierno federal para con los ciudadanos. Estos pendejos creen que como gastaron mucho dinero en la elección el pueblo no tiene por qué demandarles nada. ¿Cómo no? Si son constitucionales las demandas de nosotros.”

Era evidente que Mireles era un estorbo para los planes del gobierno de Peña Nieto, al que le pidió, a través de un video que circuló en redes sociales, una cita para hablar de lo que estaba pasando en Michoacán, sobre todo de la acusación de que su emisario Alfredo Castillo estaba pactando con grupos criminales. “Te están mintiendo, todo es una farsa”, le dijo en un tono que a muchos en el gobierno federal no les gustó, porque tuteaba al presidente.

El doctor era el único que se había salido del guion establecido y se enfrentaba a las intenciones de eliminar por completo las autodefensas en Michoacán para evitar su proliferación.

Dentro del movimiento de comunitarios, Mireles tenía muchos enemigos que no sólo lo desconocieron sino que ya lo amenazaron de muerte si seguía con sus planes. El gobierno también le advirtió de que lo detendría si no entregaba las armas y se adhería a las defensas rurales a partir del 10 de mayo.

El viernes 27 de junio, al mediodía, José Manuel Mireles fue apresado junto con 83 personas más en un operativo militar en el poblado de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, precisamente cuando intentaba organizar las autodefensas en este municipio y liberarlo de Los Caballeros Templarios.

Al ser aprehendido en una clásica maniobra del gobierno –sembrarle armas y droga en una de sus camionetas–, sus excompañeros autodefensas devenidos fuerzas rurales no protestaron. Ellos estaban de acuerdo con Alfredo Castillo porque Mireles había denunciado que eran parte de los grupos criminales que desplazarían a Los Caballeros Templarios y se quedarían con el control del narcotráfico en el estado.

El gobierno acusó al médico de criminal y lo mandó fuertemente custodiado al penal de alta seguridad de Hermosillo, pero radicó su expediente en un juzgado de Uruapan, en una clara maniobra para desgastar a su defensa y su familia.

La infiltración

A principios de junio de 2013 un habitante de Tepalcatepec informó al autor que no era del todo cierto que el pueblo calentano estuviera con las autodefensas y mucho menos que fuera la población la que las integrara. Se trataba, aseguró, de un movimiento orquestado por Juan José y Uriel Farías Álvarez, apoyado por algunos militares –entre ellos, el teniente coronel Fernando Domínguez, del 43 batallón del cuartel de Apatzingán.

Según el testimonio anónimo, los hermanos Farías no trataban de liberar al municipio del narco, sino de controlar el trasiego y entregarlo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los dos hermanos habían estado en la cárcel. Juan José era conocido como El Abuelo y había participado con el Cártel del Milenio y los hermanos Valencia. Uriel presuntamente colaboraba con el cártel jalisciense.

“Esta guerra no es del pueblo, como se ha estado manejando, es de ciertos líderes mafiosos que quieren tener el control del pueblo de Tepalcatepec como en años anteriores”, decía.

Inmediatamente después daba una lista de quienes se hacían pasar como líderes comunitarios pero que en realidad eran narcotraficantes o sicarios.

“Los hermanos Antonio y Martín Barragán Manos cortitas son narcos de oficio; Santiago Valencia El Burras es narcotraficante de oficio responsable de la matanza de Tecatitlán en diciembre de 2010 y de un sinnúmero de asesinatos y desapariciones en Tepalcatepec y Ahuijillo, Jalisco. Es responsable, al menos, de seis muertos del 24 de febrero a la fecha.

“José Valencia alias Chelo Valencia es narcotraficante y primo hermano de El Burras, es dueño del laboratorio que encontraron los militares cerca de la presa de Chilatán a finales de febrero o principios de marzo. Jaime Álvarez también es narcotraficante.

“Gonzalo Estrada El Quinque es narcotraficante y asesino; Alberto Gutiérrez El Tragabalas o La Chopa es sobrino político de otro narcotraficante, Álvaro Peña. Baltasar Horta Mendoza es narco y Francisco Mendoza El Atole es narco y secuestrador. Avelino Galván Díaz es sicario a la orden de Santiago Valencia Sandoval; Martin Ríos y Adalberto Valencia Chávez, narcotraficantes; y Federico Medina, Antonio Vaca Medina, Alfonso Medina, narcotraficantes de la zona de Taixtán”, redactó en una carta.

Todos ellos eran parte de las autodefensas o policías comunitarias de Tepalcatepec y pasaron a integrarse a las fuerzas rurales, avaladas por el gobierno federal y comandadas por el Ejército, como lo denunció Mireles.

En una de estas entrevistas, Mireles recordó un pasaje que ilustró la “infiltración” del crimen organizado en las autodefensas: “Muchos de mis compañeros se enojaron conmigo un día cuando una delegación de chinos llega y me pone un 1 millón de dólares en la mesa. ‘Doctor, queremos ayudarte en tu movimiento, ten’, me dijeron. A lo que les contesté: ‘¿Quieres ayudarme en mi movimiento? ¿Con un millón de dólares? ¡No, hombre!, regálame una pinche ambulancia y con eso me ayudas muchísimo más que con este dinero, porque con este dinero tú vas a querer que yo te proteja mientras tú sigues robando las minas de Michoacán, y si yo me levanté en armas para combatir bandidos y criminales, ¿crees que te voy ayudar? ¡Jamás!’”.

Por eso, dijo el doctor, “algunos de mis compañeros me odian, mis excompañeros de los que se infiltraron, criminales que se infiltraron, perdonados porque alguien los perdonó, pero no fue gratis el perdón, les sacaron tres, cuatro millones de pesos a cada uno para poder perdonarlos, los perdonaron tan bien que los nombraron comandantes de algunas barricadas, y como yo he dicho siempre ‘voy a combatir al crimen organizado donde se encuentre, en el nivel que se encuentre, ya sea municipal, estatal o federal, no le hace que traigan la camiseta de nosotros puesta, si son criminales también me los voy a chingar’ y es la verdad y les duele, y los tengo identificados.

“Hay muchachos que empezaron este movimiento siendo cortadores de limón, ahorita tienen ocho huertas de aguacate, hay muchachos que no tenían ni una pinche bicicleta y ahorita son dueños de 10 a 12 trailers mineros, porque mientras yo me dedico a levantar poblaciones para que se defiendan, se autodefiendan, estos gallos van detrás de nosotros. Cuando tomamos Tancítaro yo no vi a ninguno de ellos cuando nos estaban atacando. Cuando hago el Consejo de Autodefensas de Tancítaro con el presidente municipal, el sacerdote, el presidente de la asociación de aguacateros me dicen: ‘Doctor, tenemos 3 mil 700 hectáreas de aguacate sin dueño, ¿por qué creen que no tenían dueño? Porque Los Templarios llegaban y mataban al dueño, a la esposa, a los hijos, a los sobrinos y hasta a los vecinos.

“Cuando llegamos nosotros, pues nomás en el primer día murieron 23 de ellos, se quedaron las huertas sin dueño. Pero los compañeros que nunca andan en el frente, que siempre llegan dos o tres días después, bien listos, ahora ya tienen sus huertas de aguacate y no les importa el movimiento social.

“Yo soy enemigo de ellos, de los perdonados, de los infiltrados, de los apadrinados, donde quiera que se encuentren. No crean que hablo mal del comisionado Castillo porque me cae gordo, sino porque ya se asoció con los criminales y ya es un criminal también.”

El 8 de febrero de 2014 el diario Reforma publicó una imagen en la que Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aparecía junto a un hombre identificado como Juan José Farías, presunto lugarteniente de Los Valencia.

El encuentro ocurrió el 5 de febrero en una bodega en Tepalcatepec. Participaron varios comandantes de los grupos de autodefensa que querían tomar Apatzingán, el enclave de Los Templarios.

Dicha reunión fue grabada por las cámaras del programa Punto de Partida, de Denisse Merker, que trasmite Televisa. Pero ni los reporteros ni la conductora dieron cuenta de la asistencia de Juan José Farías El Abuelo, quien en una indagatoria de la PGR del sexenio pasado fue vinculado con Zhenli Ye Gon y con Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por algún informante, el diario Reforma ubicó a El Abuelo, que según la PGR fundó un grupo armado Antizetas, que buscaba expulsar de esta zona michoacana al dicho cártel, y al que se responsabilizaba de una emboscada a policías municipales de Apatzingán así como de diversos “levantones” y asesinatos, entre ellos el del exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tepalcatepec, J. Reyes Vargas Morfín, cometido el 18 de enero de 2006.

Días después de la publicación, la Secretaría de Gobernación envió una comunicación a Reforma, en la que confirmó la reunión de Castillo con líderes de autodefensas y aclaró que no se trataron cuestiones estratégicas de seguridad. No obstante, no abordó la evidente presencia de El Abuelo.

El domingo 9 de febrero, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, dijo que Castillo confirmó la presencia del capo. “Alguna razón debe haber habido y no necesariamente una mala razón, puede ser incluso una buena razón”, justificó el procurador.

Al día siguiente el mismo diario publicó una entrevista con Castillo, quien argumentó que acudió a Tepalcatepec porque, estando en Apatzingán en un acto de la Cruzada contra el Hambre, recibió información sobre algunos movimientos de los grupos de autodefensa.

Aseguró que al ingresar a una bodega donde estaban los líderes del movimiento, “una persona” se le acercó para pedirle ayuda. “A mí se me acercó una persona y me dijo: ‘Oiga, quiero decirle que yo soy fulanito de tal’. Yo no ubiqué el nombre ni ubiqué a la persona; yo ni sabía. Ahí estaban el jefe de la Policía Federal, estaba el jefe de la Zona Militar de ahí, y en ningún momento nadie me hizo señalamientos sobre esta persona”.

El comisionado insistió en que no conocía los antecedentes de este personaje ni trató detalles de seguridad con él, además de que Farías le aseguró que había sido absuelto del delito de delincuencia organizada pero que tuvo que estar tres años en la cárcel por portación de droga y un arma.

Murillo Karam había dicho el 30 de enero que la PGR investigaba presuntos nexos entre los grupos de autodefensa y los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que dos detenidos que se ostentaban como autodefensas confesaron haber recibido armas de este grupo criminal.

Pero una vez más, al opinar sobre la reunión entre Castillo y El Abuelo, sostuvo que no tenía indicios sobre los nexos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos de autodefensa. Para entonces el gobierno federal ya pensaba en un programa de legalización.

Antes de esta reunión de Castillo y El Abuelo, que despertó las sospechas de acuerdos entre el gobierno federal con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es parte del Cártel de Sinaloa, aparecieron mantas y panfletos que advertían de este probable vínculo:

“Les hacemos del conocimiento que los jetos que se rebelaron son comandados por Nemesio Oseguera Valencia y/o Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho, y es señalado como quien organizó la llamada policía comunitaria, que está integrada por gente dedicada al secuestro y extorsión, y como pueblo estamos en la zozobra y tememos por nuestras vidas, pues el gobierno federal los apoya y el gobierno del estado quiere capacitarlos. Demandamos ayuda de la sociedad en general y exigimos al presidente de México que gire la instrucción necesaria para detener este acto brutal de violencia que atenta contra la libertad y vida de todas nuestras familias.”

Las mismas mantas señalaron como responsable del surgimiento de las guardias a Uriel Farías El Abuelo, quien opera en Tepalcatepec. En marzo, a dos semanas de la aparición del grupo de autodefensa, el Ejército detuvo a 51 miembros de la guardia comunitaria, a quienes la PGR vincula con Jalisco Nueva Generación. Desde entonces no han salido de la cárcel.

Por su parte, a través de un video difundido en YouTube, La Tuta habló una vez más de la implicación de supuestos líderes de cárteles como Jalisco Nueva Generación y Milenio con el movimiento popular.

En el video, El Profe señalaba a lugartenientes de distintos cárteles implicados en el surgimiento de estos grupos armados: El Abuelo, Hipólito Mora y El Mencho, quienes habían sido aprehendidos y puestos en libertad.

El Mencho, Rubén Oseguera Cervantes, originario del municipio de Aguililla, Michoacán, es señalado como uno de los capos más influyentes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, Jalisco y Colima. De acuerdo con datos del gobierno, es el responsable de la incursión en Veracruz, donde combatía a Los Zetas por encargo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.

En Michoacán, Rubén Oseguera Cervantes, que también se hace llamar Nemesio Oseguera Ramos, es considerado como uno de los principales traficantes de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, con influencia en los municipios de Tepalcatepec, Coalcomán, Coahuayana y Aquila.

Según fuentes de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el responsable de recomponer una parte del Cártel de Sinaloa tras la muerte de Ignacio Coronel. Fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación para combatir a Los Zetas en Jalisco e invadir Veracruz, bastión del grupo criminal que fuera dirigido por Heriberto Lazcano El Lazca.

Pero no sólo la infiltración de los grupos criminales minó a las autodefensas, sino también la codicia carcomió las alianzas internas.

La traición

Mireles, en su visita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habló de la traición que más le dolió: la de su compañero Estanislao Beltrán Papá Pitufo, quien se alió con el comisionado Alfredo Castillo para desconocerlo como vocero y coordinador general de las autodefensas a cambio, acusó, de propiedades y dinero.

Recordó que cuando el 4 de enero de 2014 tuvo un accidente aéreo, Papá Pitufo era su escolta personal y su amigo de mayor confianza. Al despertar estaba en un hospital de la Ciudad de México y a los pocos días ya estaba custodiado por agentes del Cisen y militares.

“En el accidente yo quedé en coma, desperté aquí en la Ciudad de México cinco días después, pero ya traía en la cara 48 tornillos y placas, todavía los traigo, no se me han salido ni se me han aflojado. Me quitaron un pedazo de hueso de la pierna izquierda porque perdí los huesos de este lado de la cara y ahí me parcharon.”

Dice que Papá Pitufo se encargó de juntar el dinero para pagar las cuentas de los hospitales de La Huacana y Morelia donde estuvo internado, hasta que el gobierno federal dispuso de helicópteros y aviones para trasladarlo a la capital del país.

“Él era mi amigo, para mí sigue siendo mi amigo, se encargó de colectar lo que cobraron los hospitales. Un día, cuando salgo de terapia intensiva, me pregunta el subdirector del Cisen: ‘Doctor, necesitamos que nombres un interlocutor tuyo mientras tú sales’. Y les digo: ‘Pues en el único que confío es en Papá Pitufo, que se fue a Tepalcatepec y empezó a reacomodar nuestras fuerzas porque en ese tiempo yo tomé La Huacana y tomé Churumuco’.

“Hacen cambios y ponen a Papa Pitufo al frente como vocero cuando apenas tenía dos meses que había ingresado al movimiento y nosotros ya teníamos 10 meses. Pero por la confianza le dije al de Gobernación: ‘Él, que hable; él, que se presente con ustedes’. Pero Castillo hace una supuesta asamblea donde me destituye de vocero y le pongo un mensaje a Papá Pitufo: “Ponte trucha porque este cabrón nomás va a dividir, no va a hacer ningún trabajo bueno con los michoacanos”.

Según Castillo todos los líderes de las autodefensas firmaron el cambio de representación en una asamblea, pero cuando Mireles les preguntó, ninguno lo había hecho salvo Papá Pitufo, los hermanos Farías y otros vinculados con grupos criminales.

“Les dije: ‘Pues este señor anda diciendo que fueron ustedes’. Hipólito me dijo: ‘No, nadie firmó nada, esa decisión la tuvo nada más Castillo con Pitufo’. Y empieza a salir en las redes que Pitufo es un traidor. Desde entonces no nos hablamos.”

Mireles acusó a Papá Pitufo de ser uno de los que se aprovecharon del movimiento para enriquecerse, de los que perdonaron a criminales para sumarlos a las autodefensas a cambio de dinero.

“Él era uno de los que trabajaban cortando limón y ahora tiene cuatro huertas de aguacate, siete huertas de limón, 500 cabezas de ganado y Hummer del año. Él es de los que perdonaron templarios y les puso uniforme de comunitarios, y ahora resulta que Castillo les pone uniformes a él y a todos los templarios. Si nosotros permitimos que el gobierno siga haciendo sus pendejadas inconstitucionales, ¿en qué se está convirtiendo este gobierno? En una dictadura, porque no tomó en cuenta el estado, el Congreso estatal, no tomó en cuenta el Senado de la República para mandar ese ‘virrey’, como dicen, pluripotencial, ¿no?”

Las diferencias con Estanislao Beltrán se profundizaron conforme se acercó el plazo fatal para la desaparición de las autodefensas y su conversión en Fuerza Rural.

Mientras que en Tierra Caliente decenas de hombres registraban sus armas, en la costa Mireles seguía con el plan de crear más autodefensas y tomar el puerto de Lázaro Cárdenas, enclave de Los Caballeros Templarios.

El 27 de abril ocurrió un incidente que fue aprovechado por Papá Pitufo y Castillo para quitarle toda la representatividad a Mireles.

Ese día por la tarde, varias camionetas con autodefensas al mando de un personaje conocido como El Plátano arribó a Caleta de Campos, donde estaba una barricada ubicada. Estaba ahí un grupo de jóvenes cuidando el lugar cuando fue rafagueado por autodefensas que, alegaron, desde el monte alguien les había disparado.

Testigos informaron que, cuando las autodefensas bajaron de las camionetas y preguntaron a gritos dónde estaban las armas, de inmediato dispararon y mataron a un joven de 13 años.

Estanislao Beltrán, quien venía en camino por la sierra, supo que El Plátano había sido autorizado por Mireles para avanzar hacia Lázaro Cárdenas y lo culpó del incidente.

Mireles llegó al lugar cuando ya había ocurrido el asesinato y se encontraban peritos de la Policía Federal levantando los cuerpos. Le pidieron que los ayudara a subir uno a las camionetas oficiales y le tomaron una foto.

Las familias de los cinco muertos acusaron a Mireles de ser el responsable y presentaron quejas familias en la 43 Zona Militar de Apatzingán, con el general Miguel Ángel Patiño Canchola, para que detuviera a El Plátano.

El 7 de mayo Mireles fue destituido como coordinador general de las autodefensas. Papá Pitufo y Alberto Rodríguez Comandante 5, a quien Mireles acusó de pertenecer a la banda de Los Viagras, ratificaron su destitución. Exhibieron un documento firmado en Coalcomán, en el que acusan al doctor de no rendir cuentas, utilizar a los medios para posicionarse y de irse a la Ciudad de México sin permiso del Consejo de Autodefensas.

Ya sin Mireles estorbándoles, Castillo aseguró que su salida no confrontaba al movimiento y manifestó que, para él, lo que contaba era el Consejo, la máxima autoridad del movimiento, así como las firmas y decisión de 30 municipios.

En el mismo sentido se manifestó Papá Pitufo: “La autoridad máxima de nuestro movimiento social es el Consejo, ellos decidieron retirar a nuestro gran amigo el doctor Mireles. No hay vuelta de hoja, queda fuera de las autodefensas”.

Casi al mismo tiempo, el comisionado Alfredo Castillo anunció que se investigaba al doctor de Tepalcatepec por la muerte de las cinco personas en Caleta de Campos y apuntó que como prueba estaba la foto de Mireles sosteniendo la cabeza de uno de los fallecidos como si fuera un trofeo. Ante la opinión pública el gobierno federal ponía como un criminal y asesino a quien fuera ícono del movimiento social más importante en varios años.

Mireles alegó en entrevista con varios medios que fue el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas quien le pidió bajar uno de los cadáveres y después le dijeron que tenían que tomarle una fotografía a la persona ejecutada, por lo que la tomó de la cabeza.

Refirió que él sólo participó en el levantamiento de ese cadáver, pero que llegó horas después de los crímenes. Dijo tener el acta de una asamblea de un pueblo al que acudió, donde estuvo reunido con 380 comuneros indígenas, explicándoles el asunto de la defensa rural. Ese encuentro terminó a las 5:30 de la tarde y los asesinatos ocurrieron antes de esa hora.

En cuanto a su destitución y las acusaciones de que había quedado mal de la cabeza después del accidente aéreo mencionó: “No sabía que (Alfredo) Castillo o Pitufo (Estanislao Beltrán) eran especialistas en psiquiatría” pues el primero había dicho que necesitaba de atención psicológica y responsabilizó al comisionado federal de la carta en la que se anunció su salida de las autodefensas.

Castillo se deslindó: “Simplemente ellos (los comunitarios) se sintieron no tomados en cuenta en declaraciones del doctor, dejaron de sentirse representados. Tomaron una determinación (de destituirlo) y nosotros la respetamos. Ellos escogen a sus interlocutores y con ellos hablamos”.

En entrevista radiofónica, Mireles sostuvo que su presunto “despido” era una represalia de Castillo, debido a que emplazó a Peña Nieto a entablar un diálogo “de tú a tú”, no a través del comisionado. “Lo están engañando (al presidente) diciéndole que no pasa nada”, sostuvo en un video en Youtube.

Castillo se desistió de acusar de asesinato a Mireles, pues las pruebas eran ridículas. En cambio, resaltó que la Policía Rural estatal ya había iniciado sus actividades desde el sábado 10 de mayo en Tepalcatepec y Buenavista.

Asentó que la nueva corporación de seguridad estaría conformada “por las personas mejor capacitadas e iniciará funciones en municipios donde se cubra el total de elementos seleccionados”, e informó que ya se habían recibido 3 mil 316 solicitudes de exautodefensas “para ser institucionalizados e incorporados a estos cuerpos rurales”.

Sólo le faltaba cerrar el ciclo, y quitar definitivamente de en medio a Mireles, lo cual hizo con una nueva treta: sembrarle droga y armas.

El reacomodo

Durante los noventa Michoacán fue un territorio que se disputaron diversos grupos del narcotráfico. Si al principio sólo fueron Los Valencia o el Cártel del Milenio con el Cártel del Golfo, con el paso del tiempo se sumaron Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

A principios de 2013 se dio una serie de reacomodos en los grupos criminales tras la detención de José Ángel Carrasco Coronel El Changel, sobrino del extinto narcotraficante Ignacio Coronel Villareal, conocido como Nacho Coronel. El Changel lideraba la banda La Corona.

Según el general Daniel Velasco Ramírez, comandante de la V Región Militar, la detención de El Changel, ocurrida en las inmediaciones de Culiacán, provocó que se rompiera la alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Federación de Sinaloa, cuyo principal integrante es el Cártel de Sinaloa o del Pacífico. Los dos grupos querían el control de Guadalajara y municipios conurbados.

Esta ruptura impactó en las rutas de Jalisco, Michoacán y Colima, por donde sale la efedrina y crystal fabricados en los laboratorios de la sierra michoacana de Tepalcatepec, Apatzingán y Coalcomán.

Las primeras consecuencias de esta lucha se vivieron en municipios de Jalisco como Pihuamo, Tecatitlán, Jicotlán, Santa María del Oro, Quitupan, Tamazula, Valle de Juárez, Mazamitla, Tizapán, Chapala, Jamay, Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Ciudad Guzmán, entre otros.

En Michoacán hubo ajustes en Coahuayana, Tepalcatepec, Tancítaro, Peribán, Buenavista, Los Reyes, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Cojumatlán de Regules, Marcos Castellanos, Venustiano Carranza, Briseñas, Vista Hermosa, Ixtlán, Pajacuarán, Villamar, Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo, Numarán, Churintzio y La Piedad. En Colima, el peor golpe lo acusaron Comala, Manzanillo, Cuauhtémoc, Colima, Ixtlahuacan, Tecomán y Armería.

El informe señalaba lo que, en su momento, también denunció José Manuel Mireles: que el conflicto abrió las puertas a Los Zetas, que de nuevo buscaron ingresar a Jalisco, como lo habían intentado en 2010 y 2011, cuando se multiplicaron los hechos violentos en Guadalajara.

Según fuentes de inteligencia, Los Zetas podrían estar formando una alianza de colaboración o convivencia con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que reforzarían sus controles e influencia en las rutas principales de Jalisco, Michoacán y Colima.

Los datos de este informe tomarían forma en 2014. A la salida de Los Caballeros Templarios se dio un nuevo reacomodo en Michoacán, en el que el grupo beneficiado es el Cártel Jalisco Nueva Generación y, en consecuencia, el de Sinaloa, con nuevos personajes que estarían dentro y atrás de las autodefensas ciudadanas.

Un documento de inteligencia militar asienta que dos grupos aprovecharon la debilidad de Los Templarios para apoderarse de Tierra Caliente: Los Gallegos, liderados por el empresario limonero y hotelero Miguel Gallegos Godoy El Micheladas o El Migueladas, y El H3 o La Tercera Hermandad, encabezada por Luis Antonio Torres El Americano, nacido en Estados Unidos pero también con la nacionalidad mexicana. Las dos primeras “hermandades” serían La Familia y Los Templarios.

En el informe supuestamente confidencial se señala: “El Micheladas, exjefe templario, ha hecho acuerdos con Nemesio Oceguera Cervantes El Mencho desde 2011, pues Gallegos Godoy es uno de los principales productores de droga sintética en Michoacán, y de quienes se señala está traficando el producto a través de supuestos autodefensas que operan en Tierra Caliente, utilizando las rutas que se encuentran entre los límites de Jalisco y Michoacán (Tepalcatepec, La Ruana y Buenavista).

“Se habla de que sus operadores para tal objetivo son los denominados H3, que encabeza Luis Antonio Torres, conocido como Simón El Americano, quien es el líder de las autodefensas de Buenavista Tomatlán y que encabeza un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas que también denominan autodefensa operativa.”

Otro de los operadores es José Alvarado Robledo El Burrillo o El Burro, a quien se identifica como patrocinador de las autodefensas de Buenavista Tomatlán.

El grupo H3 rotulaba con su nombre las camionetas y autos de lujo que traían sus integrantes, la mayoría jóvenes, incluida una Hummer negra. Desde principios de 2014 este grupo comenzó a distinguirse del resto de las autodefensas por la cantidad de armas, joyas, ropa y calzado de marca que vestían algunos de sus miembros, conocidos entre los reporteros como el “comando Armani”.

El Americano tuvo una serie de enfrentamientos con Hipólito Mora que lo llevaron a la cárcel, acusado del asesinato de Rafael Sánchez Moreno El Pollo y José Luis Torres Castañeda El Nino, el 8 de marzo de 2014.

En el informe confidencial mencionado se lee que El Americano y El Burrillo querían apoderarse de unas huertas propiedad de José de Jesús Méndez Vargas El Chango, un jefe templario detenido en 2011. Al parecer, Hipólito Mora las tenía en su poder bajo el argumento de que El Chango Méndez era su compadre y las ganancias eran para mantener a las autodefensas y a las viudas del municipio.

Después del 8 de marzo de 2014, con el apoyo del comisionado Castillo, El Americano se apoderó de Buenavista Tomatlán y presionó para que Hipólito Mora fuera encarcelado. De esta manera se quedó con una de las principales rutas de trasporte de las drogas sintéticas.

Otros de los integrantes de H3 son los hermanos José Méndez Vargas y Antonio Méndez Vargas, hermanos de El Chango Méndez; Gerardo Serafín El G1, exmiembro de Los Caballeros Templarios; así como los hermanos Rodolfo y Mariano Serra Santana, de Los Viagras.

Por otro lado, el documento señalaba que, a partir de enero de 2014, una célula de Cártel del Golfo empezó a tener presencia en Michoacán a causa de una alianza hecha entre Nicanor Barrera Medrano El Chato o El Nica, del Cártel del Golfo, con La Tuta. Así se pretendía enfrentar a grupos como H3.

Otro informe de inteligencia militar indicaba que, en algún momento, Miguel Ángel Gallegos Godoy El Micheladas había sido identificado como “operador financiero” de La Tuta y compadre de El Chayo, con quien rompió cuando no respetaron el acuerdo de no meterse con sus huertas de limón. Además, pertenecía a un grupo político ligado al PRI de la región de La Huacana denominado El Grupo Zicuirán.

Gallegos Godoy supuestamente financió la campaña de Fausto Vallejo, así como la de otros diputados federales y locales. Originario del ejido de Copales (La Huacana), lo identificaban como dueño de hoteles, moteles, huertas de limón y almacenes de materiales de construcción. También como un personaje con fuertes relaciones políticas en el gobierno vallejista, entre otros, con Jesús Reyna; con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, y con los diputados César Chávez Garibay, Marco Antonio Trejo Pureco, Rigel Macías Hernández, Salomón Fernando Rosales Reyes, Salvador Ortiz García y Rodomiro Barrera Estrada.

Con estos grupos –mezcla de templarios, Cártel de Jalisco y hasta de La Familia Michoacana– es con los que pactó Alfredo Castillo, según el líder histórico de las autodefensas, José Manuel Mireles. Serían los nuevos jefes del crimen organizado en Michoacán, dominando 72 comunidades de 32 municipios, con más de 10 mil integrantes, según el último número de autodefensas registrados por el gobierno.

CAPÍTULO 10. LAS VÍCTIMAS

Concentrados en la estrategia militar y policiaca para combatir al crimen organizado, el gobierno federal y el estatal no tuvieron ojos para quienes quedaron atrapados en la guerra contra el narcotráfico y sufren la violencia diaria de policías, soldados y sicarios.

De mediados de 2013 a mediados de 2014 se registraron cientos de familias desplazadas a otros estados y miles de una ciudad a otra; hay más de 3 mil muertos extraoficialmente y, contabilizada, una docena de desaparecidos a manos de policías municipales y soldados en Michoacán.

Desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006 se tienen reconocidas 12 mil 715 muertes dolosas en Michoacán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados en septiembre de 2013. Ese conteo oficial marca que, sólo de enero a julio de 2013, se habían cometido 496 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 1998, cuando se registró el récord histórico de la entidad, con 695 muertes.

En realidad no hay una cifra clara o exacta del total de desaparecidos y muertos en esta guerra. De acuerdo con lo observado por el autor desde que aparecieron los grupos de autodefensa (febrero de 2013), en cada enfrentamiento con Los Caballeros Templarios cada bando recoge a sus muertos y heridos y no se levanta ninguna acta ministerial.

Por ejemplo, el 19 de octubre de 2013 hubo un tiroteo entre estos dos grupos y, según Mireles, el saldo fue de 13 fallecidos, de los cuales uno era autodefensa y, los demás, delincuentes. No hubo registro oficial del hecho.

Antes, el 10 de abril de 2013, en la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, un grupo de limoneros se manifestó en la glorieta de la carretera que comunica Nueva Italia y Apatzingán pidiendo seguridad para su trabajo. Fueron reprimidos por la Policía Federal y murieron 10 personas. Tampoco hubo reportes oficiales.

La nubosidad en las cifras incluso se detecta cuando se tienen datos institucionales de algún enfrentamiento, como en julio de 2013, cuando se registraron ataques en seis puntos distintos del estado. Entonces, el gobierno federal informó de 20 civiles muertos, pero en ningún momento se dieron los nombres, solamente de dos policías federales y del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet.

El registro de las víctimas no es claro para nadie. Por ejemplo, cifras eclesiales indican que, desde que llegó Fausto Vallejo al gobierno, en 2011, se cuentan 2 mil 300 muertes violentas y, en todo lo que va desde la declaración de guerra, en 2006, más de 30 mil.

Tampoco nadie sabe el número de desplazados, ya que miles de familias han huido de los municipios de mayor violencia a casa de otras en una migración “hormiga y silenciosa”. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, reconoció que, en los primeros 20 días de 2014, 90 personas huyeron de sus casas en Tierra Caliente por la inseguridad, y en 2013 fueron más de 200.

La intención de los michoacanos de dejar su tierra por el temor de ser víctimas de la violencia se observa de manera más nítida si se toma en cuenta que, de las 36 mil solicitudes de asilo en Estados Unidos en 2013, 2 mil eran de Michoacán, sobre todo de habitantes de Tierra Caliente.

El Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México Alzando Voces (Cofaddem) sostiene que “en esta nueva estrategia (la de Peña Nieto) siguen ausentes los derechos humanos y la impartición de justicia”.

Violencia de Estado

El 3 de enero de 2007 Felipe Calderón ratificó desde Apatzingán la guerra que había declarado menos de un mes antes. A partir de entonces, Michoacán se transformó en una tierra con todos los signos de una guerra: enfrentamientos entre bandas criminales, soldados, policías y autodefensas, quema de autos, camiones y autobuses, miles de muertos, desplazados y desaparecidos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos que no han sido reconocidas con claridad por el gobierno federal y el estatal.

Cristina Paredes, hija de Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos desaparecido el 26 de septiembre de 2007, sostiene que la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos en Michoacán están generadas por el Estado, se originaron desde que Calderón lanzó su lucha y continúa con la misma gravedad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Esa lucha empieza a generar graves violaciones a los derechos humanos, como son desapariciones forzadas, el desplazamiento involuntario, tortura como método de inculpación, allanamiento de morada, cateos ilegales, violaciones, robo a casa habitación por parte de militares. La posición que nosotros manejamos es que es una violencia de Estado, no creemos que sea sólo una guerra contra las drogas o el crimen organizado, porque éstas están dentro de las mismas estructuras del gobierno, como lo hemos visto en los casos que tenemos registrados de desaparición forzada, que han tenido que ver con militares, marinos, policías estatales y municipales.

“Esta violencia no obedece simplemente a un partido, al PAN con Felipe Calderón, sino que se sigue agudizando con el PRI de Enrique Peña Nieto. Ahora se sigue desapareciendo gente, desplazándola. Es lo mismo porque no se han creado las condiciones de seguridad, y es por eso que nacen las guardias comunitarias, diciendo ‘ya basta’. Hoy se vuelven a desplegar soldados y policías y nos están llegando reportes de que se están llevando a gente que ni siquiera tiene que ver con el crimen organizado ni con el narcotráfico. Nosotros creemos que otra vez, con todo esto, se van a registrar graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene Cristina, miembro de Cofaddem.

Mercedes Ruiz González, madre del activista Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, quien desapareció junto con la también defensora Vianey Heredia Hernández el 29 de junio de 2010 en el municipio de Tumbiscatío, señala otras de las graves faltas en la impartición de justicia para todos los casos de desaparición forzada.

“No existe un solo caso en el que se haya consignado por una desaparición forzada. Ahora, con la administración de Peña Nieto, estamos viendo que esa impartición de justicia y la impunidad continúan bajo el manto de la retórica y del discurso, porque las violaciones se siguen llevando a cabo. Incluso vemos que en los medios de comunicación existe un velo en el que ni siquiera pueden hacerse visibles muchos casos de desaparición forzada. No es que ya no existan o no se lleven a cabo, sino que están ocultas, no se están registrando”, advierte.

Laura María Orozco, también de Cofaddem y quien tiene desaparecidos a su padre y sus dos hermanos, advierte que hay casos en los cuales se juntan tres graves violaciones a los derechos humanos: desplazamiento involuntario, desaparición forzada y sustracción de bienes y tierras.

“Tenemos conocimiento de que muchas de las personas que han sido despojadas de sus propiedades o son víctimas de desaparición forzada o asesinato han tenido que dejar sus hogares. Pero no hay un registro concreto de desplazados, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene ese registro. Es una situación grave,”, sostiene la joven que sufre estas tres situaciones.

Historias de terror

La Cofaddem tiene registrados 189 casos de desaparición forzada de 2006 a la fecha, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos a mediados de 2013 tenía 678 quejas acerca de personas desaparecidas, sin especificar si habían sido forzadas.

Laura María Orozco dice que en la Cofaddem estiman que, por cada caso registrado, hay cinco más, porque muchos familiares no se atreven a denunciar por las amenazas y hostigamiento de los policías municipales y de la PJEM. Esto significa que habría unos 945 casos de este tipo en Michoacán y que en la mayoría estarían involucrados policías municipales, estatales y militares. Como es el caso de su familia.

En agosto de 2007, dice Laura, su hermano fue detenido por un grupo de soldados que entró al pueblo de Nuevo Zirosto, Uruapan, a ubicar una supuesta casa de seguridad que encontraron completamente vacía. Dice que al no encontrar a nadie en dicho domicilio, los militares detuvieron a su hermano José Iván Orozco Medina y lo acusaron de portar armas, tráfico de droga y posesión ilegal de autos.

En el comunicado número 100 de la Secretaría de la Defensa Nacional, con fecha del 1 de agosto de 2007, se consigna la detención de José Iván y de otro menor, y efectivamente los acusan de haber secuestrado a otra persona. Se lee que los militares aseguraron nueve pistolas, cinco fusiles y cientos de cartuchos, así como una camioneta, fornituras, uniformes de la policía municipal y placas de un auto de Guerrero.

Laura señala que José Iván salió de prisión el 8 de mayo de 2012, absuelto por encontrársele inocente. Pero en esos cinco años su papá y sus hermanos Moisés y Leonel fueron desaparecidos por militares en venganza por las denuncias que interpusieron ante las autoridades estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Su papá, Leonel Orozco Ortiz, fue desaparecido por soldados vestidos de civil el 3 de julio de 2008, luego de presentar una denuncia por intento de extorsión contra soldados, que le pidieron 200 mil pesos para liberar a su hijo José Iván –reaprehendido el 21 de diciembre de 2007, una vez que había sido liberado bajo las reservas de la ley.

“Le dijeron a mi papá que si no quería que se llevaran a su hijo les diera 200 mil pesos. Mi papá les dijo que no tenía por qué darles dinero y entonces le dicen a mi hermano: ‘Ahora a ver si sales’, que para qué fue a quejarse a Derechos Humanos. Como no dimos el dinero saquearon la casa, se llevaron ropa, fotos de la familia y todo lo que podían.

“Mi papá puso denuncias por extorsión y robo de los militares y se quejó incluso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 5 de julio de 2008 iba a presentar sus pruebas ante la CNDH, pero el 3 de julio llegó un grupo armado que dijo ser de la Policía Ministerial, con una orden de aprehensión en su contra. Amagaron a mi mamá, a mi hermano y a un tío. Estas personas tenían un corte de cabello militar pero decían que eran ministeriales y se lo llevaron.”

Después de ese hecho, Laura cuenta que presentaron denuncias ante la PJEM (APP 244/2008/II-FEADS), sin resultado alguno. Dedicados a trabajar huertas de aguacate siguieron sus labores pero continuaron los hostigamientos de militares, que catearon la casa de su hermano Moisés y la de su madre.

“Mi mamá no los dejó. Ellos anotaron algo en su libreta y, a los ocho días, esto ya fue el 18 de abril de 2009, llegó a la casa un grupo de la AFI y se llevó a mi hermano Leonel Orozco Medina, de 17 años. Se puso una denuncia ante la procuraduría (APP 62/2009/I-FEADS) y no hicieron nada. Hasta ahorita sigue desaparecido.”

Luego de esto dejaron el pueblo y encargaron sus tierras a dos tíos, pero en 2010 fueron despojados de las huertas por soldados y se las dieron a otras personas vinculadas con bandas criminales. Ante lo cual, su hermano Moisés presentó nuevas denuncias. La respuesta fue brutal. Este último fue desaparecido por la policía municipal de Apatzingán el 22 de mayo de 2012. Hoy, 50 integrantes de esa familia decidieron desplazarse a sitios más seguros.

Otros casos de desaparición forzada son el de Luis Gómez Álvarez, un hojalatero que se llevaron policías municipales de Morelia el 19 de abril de 2013; Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, los dos abogados dedicados a la defensa de los derechos mineros que desaparecieron cuando iban a Tumbiscatío el 29 de noviembre de 2010; y Patricio Barrera Corona, Simón Corona Banderas, Roberto Mejía Mendoza y otra persona más que desaparecieron el 23 de septiembre de 2009 en un retén policiaco de Turicato, cuando regresaban a su casa luego de pedir recursos para mejorar la iglesia.

En la lista de desapariciones forzadas en Michoacán hay periodistas, jóvenes que no militan en ninguna organización, abogados, jornaleros y trabajadores. Según un recuento periodístico, sólo en lo que va del gobierno de Peña Nieto ya se tiene una lista de 12 desapariciones forzadas, con lo cual Michoacán ocupa la cuarta posición en ese rubro, superado sólo por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

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