El 11 de diciembre de 2006 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el despliegue de 7 mil efectivos de las fuerzas federales para el Operativo Conjunto Michoacán. Felipe Calderón apenas tenía 11 días como presidente de la Republica, luego de un triunfo polémico ante Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionaba su legitimidad.
En el acto participaron los cinco integrantes del gabinete de seguridad: Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y PGR. Calderón no quiso presentarse aunque se trataba de su primer gran acto como presidente. Pretextó que tenía actividades privadas.
Ramírez Acuña dijo entonces que una de las tres prioridades de Calderón era “fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, para traer la paz que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
La acción conjunta en Michoacán implicaba el uso de todas las fuerzas federales, poner en las calles al Ejército en labores de seguridad pública –para las cuales está impedido constitucionalmente–, con las metas de terminar con los plantíos ilícitos, efectuar cateos, órdenes de aprehensión y desmantelar los lugares donde se vendía droga.
Calderón empezaba así su administración, exhibiendo fuerza militar y policiaca, luego de que el primero de diciembre anterior había tomado posesión tras entrar a la Cámara de Diputados subrepticiamente, en medio de gritos de protesta de los legisladores de izquierda que tomaron la tribuna y que cuestionaban su legitimidad y su triunfo ante López Obrador.
Para el Operativo Conjunto Michoacán se destinaron 2 mil 900 millones de pesos en los dos primeros años, la Secretaría de la Defensa Nacional mandó 29 aeronaves y 246 vehículos terrestres para que se concentraran en 16 regiones catalogadas de alta incidencia delictiva en Michoacán, y asignó a 4 mil 200 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. También desplegó 131 bases de operación, con 30 efectivos cada una, y se establecieron 24 puestos de control en varias regiones.
La Marina, por su parte, destinó mil 54 elementos de Infantería, nueve helicópteros, dos aviones con cámara para detección nocturna, tres patrullas interceptoras y una oceánica con helicóptero embarcado.
La Secretaría de Seguridad Pública puso mil 400 elementos, de los cuales 900 eran de fuerzas federales de apoyo y 300 de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, 10 perros y 220 unidades de inteligencia y operación de la Agencia de Federal de Investigación (AFI).
En tanto que la PGR destinó 50 agentes del Ministerio Público.
Semanas después, el 3 de enero de 2007, mientras las aguas políticas seguían agitadas por su polémica victoria, Felipe Calderón llegó a Uruapan a las 8 de la mañana, sorprendiendo a todos porque se había ataviado como si fuera un militar: un quepis con las cinco estrellas de “Comandante general de las fuerzas armadas”, una casaca verde que le quedaba grande y muy larga de las mangas. Así ratificó su declaración de guerra.
Con una actitud que intentaba ser marcial, Calderón se dirigió a las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apatzingán, donde encabezó una ceremonia de saludo a la bandera frente a las tropas, firmó el libro de visitantes distinguidos y ofreció “todo su apoyo” en su nueva encomienda: abatir al narcotráfico en todo el país.
Acompañado de todos los altos mandos castrenses del país, Calderón empezó su administración rindiendo tributo a soldados, marinos y policías. Dijo que ya habían logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase. Les ordenó no desfallecer en esta tarea.
A diferencia de Vicente Fox, quien usó vestimenta militar sólo en casos extraordinarios, como en 2001 cuando supervisó las obras de reconstrucción luego del huracán Isidore en Yucatán, Calderón llegó a su tierra natal portando la indumentaria militar en una ceremonia a la que tradicionalmente otros presidentes acudían vestidos de civil.
El mensaje era claro, se había investido como jefe de las fuerzas armadas y ratificaba una declaración de guerra desde Michoacán, donde La Familia controlaba amplias zonas.
En apenas 34 días de gobierno, Calderón ya se había reunido cinco veces con tropas, marcando así la tónica de lo que sería su administración.
“Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega, y a decirles que estamos con ustedes”, les dijo a los militares ese día en Apatzingán, flanqueado por los secretarios de la Defensa, el general Guillermo Galván, y de Marina, el almirante Mariano Saynez.
Apuntó que su gobierno estaba decidido a recuperar la paz, no sólo en las entidades más afectadas, sino en cualquier región de México que estuviese amenazada por el crimen organizado. Reconoció que la lucha no sería fácil ni rápida e implicaría enormes recursos, incluso la pérdida de vidas.
Al final del convivio, Calderón dejó la ropa militar, entregó la casaca y el gorro a su jefe de ayudantes, el teniente coronel Mario Castro, y se despidió de los efectivos, a quienes prometió aumentarles el salario.
Esta no fue la única vez que Calderón hizo uso de la indumentaria militar para mandar un mensaje de fuerza y apuntalar su declaración de guerra. El 16 de septiembre de 2007, durante el desfile militar, vistió a sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe con uniforme militar, incluyendo insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente. El hecho tuvo muchas críticas pues se consideró que fue un exceso de Calderón, pero en Los Pinos se justificaba diciendo que había sido por la “alta estima que el presidente tiene por las Fuerzas Armadas”.
Durante cinco años, Calderón usó el término “guerra” para referirse al operativo que ordenó en diciembre de 2006. En 2011, cuando ya era evidente el fracaso de este operativo, el panista quiso enmendar el discurso y negó que hubiese empleado el vocablo “guerra”.
Ese día, Calderón hizo una rabieta cuando Miguel Treviño, director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León, le dijo: “Si ya eligió usted el concepto de ‘guerra’ para definir lo que estamos viviendo, no puedo imaginar tarea más importante para el comandante supremo que asegurar la unidad de propósito y la coordinación de todas las instancias públicas que participen”.
Molesto, Calderón reviró: “Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: ‘Usted ya eligió el concepto de «guerra»’. No. Yo no lo elegí. Yo he usado permanentemente el término ‘lucha contra el crimen organizado’ y ‘lucha por la seguridad pública’, y lo seguiré usando y haciendo”.
La respuesta vino de la prensa, que hizo un seguimiento de sus discursos y encontró un buen número de ocasiones en que Calderón habló de “guerra”. El 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, repitió hasta en cuatro ocasiones, en un sólo discurso, el término: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad”; “La lealtad y la eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella”; “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que ésta sería una lucha de largo aliento”; “Así son, precisamente, las guerras”.
Hay más: el 12 de septiembre de 2008, en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar, repitió media docena de ocasiones el vocablo: “Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes en 1810, una guerra distinta a la que afrontaron los cadetes del Colegio Militar hace 161 años”; “Todos los mexicanos de nuestra generación tenemos el deber de declarar la guerra a los enemigos de México. (..) Por eso, en esta guerra contra la delincuencia”; “Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México”; “Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar”.
El 19 de febrero de 2007, durante la celebración del Día del Ejército, en un desayuno con los altos mandos castrenses, Calderón solamente utilizó una vez la palabra “guerra”. A partir de entonces solamente usó el término “lucha”, tratando, con este juego de palabras, de aminorar la percepción adversa que ya había en su contra por la creciente cantidad de pérdidas humanas –que él llamo “daños colaterales”, usando nuevamente un lenguaje militar para tiempos de guerra.
Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) durante la administración calderonista, argumenta que la decisión de Felipe Calderón de poner al Ejército en labores de seguridad fue porque no había suficientes policías federales para el combate –sólo 10 mil–, y poseían un armamento menor que el de los criminales; además, los policías estatales y municipales no eran confiables y las instituciones de procuración de justicia eran débiles.
Asegura que no lanzó la guerra porque Calderón necesitara legitimarse a través del uso de las fuerzas armadas.
“En 2007, ante la irrupción cada vez más violenta de las organizaciones criminales y sin la posibilidad de implementar acciones de contención, control y debilitamiento de la delincuencia organizada por la insuficiencia, debilidad y corrupción de las policías locales, el gobierno de Felipe Calderón no tenía otra opción que recurrir a la única fuerza pública del Estado con las capacidades numéricas y de fuego para comenzar a hacer frente al despliegue criminal. (…) Por eso la participación del Ejército y la Marina. No son policías, es cierto; lo óptimo era que las policías se encargaran del problema; pero era lo único con que contaba el Estado mexicano para hacer frente a las organizaciones criminales. Su participación no fue, por tanto, una decisión para mostrar el respaldo del Ejército a un ‘presidente débil’, como algunos analistas han afirmado.” (Valdés Castellanos, 2013)
Las consecuencias de la declaración de guerra al narcotráfico, sin una estrategia social, de salud y educación, provocaron el peor escenario posible: más de 100 mil muertes, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados y una violencia que no se vivía en México desde los años de la Revolución y de la Guerra Cristera.
El 11 de agosto de 2010, durante un encuentro que se llamó Diálogo por la Seguridad, al que acudieron los dirigentes de PRI, PRD, PAN, Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza, Felipe Calderón fue criticado duramente por el fracaso de su guerra. Fiel a su carácter irascible y despótico, se molestó y dijo que no la había perdido, aunque admitió que la percepción general era ésa.
“Entiendo perfectamente y sé que es la percepción, esta afirmación de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación, pero comprendo que es una percepción general que, creo, también el Estado debe combatir”, soltó.
El jefe del Ejecutivo trató de deslindarse del uso del término “guerra” y los escasos resultados, pero sostuvo, “y si de guerra habláramos”, en los enfrentamientos del Ejército, la Marina y la policía con los grupos delincuenciales, las bajas de los criminales eran considerablemente mayores, quizá en proporción de ocho a uno.
“Indefectiblemente, la victoria, digamos, de este enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo.”
Más aún, aseguró que sí se podía derrotar al crimen organizado, pero reconoció que la duración de la batalla sería indefinida: “Que el escenario de violencia, de enfrentamiento, de bajas, se prolongue, incluso, más tiempo ¿cuánto tiempo? Es difícil saberlo”.
Ese día Calderón aceptó estar dispuesto a “cambiar o mejorar la estrategia” a cambio de escuchar propuestas precisas. Pero advirtió que si toda la energía política en el país se orienta a atacar, cuestionar o a debilitar al Estado, los beneficiados serían los grupos criminales. “Sí se pierde la legitimidad de su acción, sí se baja la moral de las tropas, de las policías, pero quien gana ahí no son los partidos políticos, son los criminales”.
Beatriz Paredes, del PRI, y Jesús Ortega, del PRD, criticaron como el resto de la sociedad el uso electoral de la guerra contra el crimen, a lo cual Calderón volvió a defenderse diciendo que el día en que México cuente con 32 policías estatales y una federal, así como ministerios públicos confiables y eficientes, “ese día estará derrotada la criminalidad”. Y lanzó un par de interrogantes: “¿Quién se va a encargar de vigilar estas 32 policías estatales? ¿Qué tal si una de ellas queda en manos de uno de estos criminales?”.
Calderón se asumió “incomprendido” en su cruzada contra la criminalidad y señaló que el primer gran consenso debía ser el combate a la criminalidad y, el segundo, que la seguridad pública fuera corresponsabilidad de todas las autoridades.
“Si alguien considerase que el error del gobierno ha sido combatir a la criminalidad, es momento de que lo diga abierta y sinceramente y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del Estado de derecho ha dejado de tener vigencia.”
Para entonces el fracaso de la estrategia guerrista de Calderón ya se reflejaba en las cifras de homicidios vinculados al crimen organizado. Cada año aumentaron en todo el país, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública: en 2007 hubo 2 mil 819; en 2008 aumentaron a 6 mil 824; en 2009 fueron 9 mil 612; en 2010 se alcanzó el numero de 15 mil 259; hacia 2011 subió a 16 mil 987; y para 2012 se disparó hasta llegar a 51 mil 501.
Para Michoacán, donde empezó la estrategia militar y policiaca, los números eran similares: En 2006 se registraron mil 349 homicidios, de los cuales 661 fueron dolosos y 688 culposos; en 2007, la cifra aumentó a mil 484 homicidios, de los cuales 527 fueron dolosos y 957 culposos; en 2008 subieron a mil 906, de éstos 565 fueron dolosos y mil 341 culposos; en 2009 aumentaron a 2 mil 265, 728 dolosos y mil 537 culposos; en 2010 hubo 2 mil 29 asesinatos, 661 dolosos y 368 culposos; en 2011 aumentaron a 2 mil 272 homicidios, 773 fueron dolosos y mil 499 culposos; en 2012 fueron 2 mil 287, de los que 755 fueron dolosos y mil 532 culposos.
Para entonces también había múltiples reportes de violaciones a los derechos humanos por parte de soldados y policías en todo el país, sobre todo en estados como Michoacán.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 634 quejas contra militares de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008, de las cuales 250 fueron por ejercicio indebido de la función pública; 221 por cateos; 182 por tratos crueles; 147 por detenciones arbitrarias; 85 por robo; 41 por amenazas y 32 por intimidación.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán registró muchos más casos que la CNDH. Solo en 2008, en su informe anual, señaló haber atendido a 11 mil personas, de las cuales se integraron mil 200 expedientes. También, en sólo un año, aumentaron 300% los casos de tortura por parte de militares y policías federales.
La CEDH informó que, en 2008, 2 mil personas fueron objeto de violaciones de derechos humanos en Michoacán, de las cuales 716 estaban relacionadas con el Operativo Conjunto Michoacán. De éstas, 467 fueron cometidas por el Ejército, 128 por la Policía Federal Preventiva, 19 por agentes de la Subsecretaría de Investigaciones en Delincuencia Organizada, siete por la Agencia Federal de Investigaciones y 95 por personal de la PGR.
En marzo de 2011 y ante el creciente número de víctimas en todo el país, en Morelos comenzó a formarse el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, a quien a finales de ese mes le asesinaron a su hijo Juan Francisco junto con otras cinco personas que fueron torturadas y ejecutadas.
Calderón fue obligado a sentarse con una representación de ese movimiento, que aglutinó a organizaciones de víctimas de la violencia y del narcotráfico que ya existían en otras partes del país, como Fuerzas Unidas por los Desaparecidos en Coahuila (Fundec).
Para entonces, a nivel internacional comenzó a difundirse con mayor fuerza la grave situación que se vivía en México. El Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad realizó una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México que duró tres días y a la que se unieron cientos de miles de personas protestando contra la estrategia guerrista de Calderón. Hubo réplicas de esta protesta en París, Montreal, Toronto, Japón, Buenos Aires, Río de Janeiro, Barcelona, Madrid, Londres y muchas más ciudades.
Este movimiento realizó además dos caravanas al sur y el norte de la nación recorriendo la mitad del territorio, recopilando las historias de miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las cuales fueron expuestas en dos reuniones con Calderón en el Castillo de Chapultepec, donde los reclamos al panista fueron duros y se le exigió un cambio de su estrategia militar.
El 27 de marzo de 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, tras reunirse con los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina de México, reveló un dato que después trató de ser corregido por el gobierno mexicano: que las víctimas mortales por esta guerra eran 150 mil y que se lo habían informado los oficiales mexicanos.
Casi de inmediato, las autoridades mexicanas trataron de precisar la declaración de Panetta y señalaron que la cifra se refería a los muertos en toda América Latina.
Dentro y fuera de México las muestras del fracaso de la estrategia de Felipe Calderón eran evidentes y las protestas sociales fueron amentando.
Una muestra de ese fracaso fue que empezaron a surgir los primeros grupos de autodefensa en diez estados: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Tabasco y Puebla. La gente empezó a tomar las armas en sus manos para defenderse de los grupos criminales que –otra señal del fiasco calderonista– se multiplicaron hasta en los rincones más apartados del territorio nacional.
Según un informe de 2013, elaborado por la PGR y publicado por la revista Contralínea un año después de la salida de Caderón, la guerra provocó el surgimiento de 80 grupos criminales bajo el mando de ocho grandes agrupaciones. Sus ganancias anuales superaban los 39 mil millones de dólares.
Los Zetas, el Cártel de Sinaloa (o del Pacífico), los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva son las organizaciones que dan origen o cobertura a las 80 bandas, indica el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013 y elaborado por la PGR con base en reportes de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano.
Además de multiplicarse, estas agrupaciones se fortalecieron y extendieron fuera de México, como empresas trasnacionales. Se estima que están presentes en más de 50 países de los cinco continentes, y se vinculan con mafias de Estados Unidos, Italia, Rusia, China, Colombia y Medio Oriente.
Según Guillermo Valdés, exdirector del Cisen en la administración calderonista, el gobierno del panista no fue el culpable de la mayor parte de las víctimas sino las peleas entre las agrupaciones criminales. De los 51 mil 501 homicidios vinculados al crimen organizado, 84.56% fue por violencia entre organizaciones, y el resto por el combate al crimen organizado.
Públicamente nunca cedió a las demandas de partidos políticos, organizaciones sociales y movimiento de víctimas para que cambiara su estrategia fallida, pero desde 2007 Calderón admitió su equivocación.
Retomando cables de Wikileaks, en diciembre de 2010 la prensa española difundió que el expresidente José María Aznar y Felipe Calderón se reunieron en abril de 2007. Entonces, el mexicano aceptó sus errores.
“Calderón Hinojosa admitió que había cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, que estaba más allá de toda comprensión”, informó Aznar al embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, luego de una gira por América Latina, en la cual mantuvo un encuentro privado con el presidente de México, publicó la prensa española.
La percepción del fracaso en la lucha contra el narcotráfico no sólo era de la clase política mexicana y de las agrupaciones sociales. También en el gobierno de Estados Unidos estaban preocupados desde el primer año del Operativo Conjunto Michoacán.
De acuerdo con las filtraciones de Wikileaks, desde 2007 en la Casa Blanca hubo inquietudes por una guerra mal planteada y mal ejecutada por Calderón.
En el cable 246329, Washington afirmó que el Estado mexicano era incapaz de derrotar a los cárteles, y ante autoridades norteamericanas, el gobierno de Felipe Calderón supuestamente admitió que podía perder el control sobre extensas zonas del país. El gran culpable, decían los cables del Departamento de Estado, “es la incompetencia del Ejército, al que ha confiado el señor Calderón la lucha contra los maleantes, ya que sólo es capaz de presentar pruebas para incriminar a 2% de sus detenidos”.
Destacó que había problemas entre las secretarías de Marina y Defensa a raíz de los operativos exitosos de la primera y los errores de la segunda, lo que atrajo críticas de la población.
En el cable 231890 se relató que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pidió imponer el estado de excepción y anular las garantías individuales en algunas zonas del país fuera del control por la violencia del narcotráfico, refiriéndose a Ciudad Juárez. Su propuesta fue rechazada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
En el número 224819, el gobierno estadunidense describió la falta de recursos del gobierno mexicano y las peticiones de ayuda que hizo a Washington para combatir el narcotráfico en ciudades como Juárez y Tijuana.
En el cable 238295 se ve que Hillary Clinton, secretaria de Estado, preguntó a diplomáticos mexicanos la situación actual del presidente Felipe Calderón frente a las críticas por la violencia en el país, los malos resultados en las elecciones de su partido, el desempleo y la crisis económica. Pidió también a la embajada de EU en México investigar cómo afectaban las “presiones” la personalidad y el liderazgo del presidente mexicano.
De acuerdo con ese cable, fechado el 4 de diciembre de 2009, Washington consideraba que Calderón y su gobierno estaban “bajo mucha presión proveniente de la guerra contra las drogas, el colapso económico y las derrotas de su partido en las elecciones de mitad de mandato. Seguimos interesados en saber cómo estas presiones afectan su personalidad y su estilo para dirigir, así como si ese estilo afecta el desempeño del gobierno, especialmente a la luz de los recientes cambios en el gabinete”.
Lo que reflejaban estos cables revelados por Wikileaks era que el gobierno de Barack Obama desconfiaba de la capacidad de los recursos mexicanos para encarar la guerra contra el crimen organizado. Sus razones: la inoperancia del Ejército mexicano, la rivalidad entre esta fuerza y la Marina, así como el alto índice de corrupción que existe en el país.
En el cable 240473, el embajador Carlos Pascual reconoció la labor de la Marina en la captura y muerte del Arturo Beltrán Leyva y la incapacidad del Ejército para actuar, porque desde una semana antes le habían dado la información del lugar donde estaba el jefe del cártel y no hizo nada.
En el cable número 000193 el gobierno norteamericano mostró su desconfianza en el gobierno de Calderón. Externó su preocupación por la seguridad de los agentes de la DEA y del FBI en México que apoyaban la lucha contra el narcotráfico. Esto porque, en 2007, 10 funcionarios federales que trabajaban como enlaces de la DEA fueron asesinados y, en 2006, la cifra fue de 51.
Según los cables enviados por las sedes diplomáticas estadunidenses en México, los funcionarios mexicanos podían estar involucrados con el narcotráfico y esto ponía en riesgo a los norteamericanos.
En otra comunicación se revelaban las peticiones de ayuda tecnológica y de entrenamiento que Felipe Calderón lanzó a Estados Unidos.
En una reunión del 5 de octubre de 2009, el subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, señaló que los mexicanos necesitaban ver éxitos palpables, o de lo contrario la situación sería intolerable en la próxima administración; incluso llega a insinuar que el gobierno ha perdido control en algunos territorios de alto riesgo.
Era evidente que Washington tenía profundas dudas de los resultados de la estrategia calderonista para abatir al narcotráfico, observaba las rivalidades en el gobierno, la corrupción interna y los contraproducentes resultados en el intento de acabar con las bandas criminales.