El proyecto Zapatero se acelera y cambia de rostro
Entre octubre de 2010 y febrero de 2011, el proyecto Zapatero ha experimentado una significativa transformación. Por un lado ha acelerado la elaboración de las normas antisistema que han acompañado a esta operación política desde 2004 y también las medidas represivas amparadas en las leyes ya aprobadas. Y por otro, se ha escenificado la retirada de quien simboliza el proyecto, José Luis Rodríguez Zapatero, produciendo en la opinión pública española una suerte de espejismo: si Zapatero se va, ya no hay proyecto Zapatero.
Sin embargo, en las postrimerías de la etapa de gobierno del dirigente socialista leonés, el proyecto de subversión y destrucción de los valores colectivos de la sociedad española está más vivo y es más agresivo que nunca, aunque su rostro sea el de Alfredo Pérez Rubalcaba o el de cualquier otro miembro del aparato socialista.
El proceso de destrucción se ha mostrado especialmente agresivo en el terreno de la educación, la libertad de información y la libertad religiosa. El acoso a la Iglesia ha crecido exponencialmente, de manera particular en dos direcciones: se han cerrado lugares de culto y, por medio de una nueva Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, se han sentado las bases para que la voz de la Iglesia pueda ser perseguida judicialmente si no se adapta a los postulados del poder.
Por primera vez desde los años 30 del pasado siglo, en España se han clausurado dos lugares de culto, la basílica pontificia de la Santa cruz del Valle de los caídos[98] y la capilla de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona[99]. Y en el intento de erradicar la fe del espacio público, una profesora de religión andaluza se ha convertido en símbolo de la resistencia cívica: el Instituto de Educación Secundaria Al-Zujayr (Zújar, Granada) obligó a la profesora de religión a retirar un crucifijo y un icono de la Virgen del departamento de Religión del centro, a instancias de dos profesores a los que los dos «objetos» (así los definieron) les resultaban ofensivos. Profesores y padres se mostraron contrarios a la retirada, que sin embargo se llevó a cabo[100].
Junto a medidas represivas de este carácter, el proyecto Zapatero avanza decidido hacia la consolidación de un sistema jurídico que refuerza la arbitrariedad del Gobierno y contempla sanciones, multas y procesos penales contra la expresión de la discrepancia, provenga de quienes reclaman libertad religiosa y de culto, o de cualquier otro ámbito.
Sucede así con un paquete de normas que buscan restringir la libertad de información, de expresión y de opinión. Se trata de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación; de la conocida como «ley Sinde», una serie de normas recogidas en la Ley de Economía Sostenible y aprobadas con el apoyo del Partido Popular y de CiU y de la creación del consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Todo este paquete legislativo tiene como único objetivo restringir la libertad de expresión. Por medio de estas normas, el Gobierno queda facultado para perseguir y penalizar a quienes se expresen contra los postulados del proyecto Zapatero, e incluso puede cerrar medios de comunicación que no adapten sus contenidos a esos principios.
Criticar las propuestas políticas, los intereses económicos o los manejos comerciales del lobby gay, por ejemplo, podrá ser castigado en virtud de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que obliga a acatar los planteamientos defendidos por la ideología de género en ámbitos como «la orientación y la identidad sexual».
La «ley Sinde», que se presenta como una norma para preservar los derechos de autor, abre la puerta al cierre de páginas web que no tengan nada que ver con descargas ilegales. Y lo hace además sin intervención de la Justicia, a través de un organismo cuyos miembros son designados por el Gobierno. Hasta la aprobación de esta norma, apoyada por el Partido Popular, para cerrar un sitio de internet era precisa la decisión de un juez. Con la Ley de Economía Sostenible la red queda completamente al arbitrio del poder, tal como sucede en regímenes totalitarios como China o Cuba[101].
Además el proyecto Zapatero ha decidido crear un consejo audiovisual para poder intervenir en los contenidos de las televisiones privadas y en las públicas que no controla directamente. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) nace con este fin, como sus precedentes regionales en Cataluña, Andalucía, Madrid y Navarra. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha señalado que actuará contra los comportamientos que «violenten radicalmente los principios en los que se configura nuestra convivencia». Y el vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido que el CEMA tendrá «capacidad interventora». Quien decidirá qué es un comportamiento que violente nuestra convivencia será nuevamente el Gobierno, que podrá controlar la elección de los miembros del CEMA.
Junto a estas nuevas restricciones de derechos humanos reconocidos en todas las democracias occidentales, el proyecto Zapatero ha profundizado también en la cultura de la muerte. Uno de sus nuevos rostros, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado la aprobación en 2011 de una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, a través de la cual se trata de legalizar la eutanasia por la puerta de atrás. Así lo ha reconocido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín:
No soy partidaria de abandonar el debate de la eutanasia. El debate no se ha agotado aquí, con la ley de muerte digna. El debate está en la sociedad y bienvenido sea[102].
El Ministerio de Justicia desveló asimismo en otoño de 2010 a través de la Abogacía General de Estado la clave de otra de las patas del proyecto Zapatero, el adoctrinamiento educativo. En un escrito sobre Educación para la Ciudadanía presentado ante el Tribunal constitucional, el Gobierno reconoce explícitamente que «la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su patria potestad»:
No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto los padres actúan en defensa de unas convicciones que la menor comparte o rechaza[103].
El 20 de octubre de 2010, abrumado por los negros augurios demoscópicos y por un creciente rechazo ciudadano, José Luis Rodríguez Zapatero remodelaba su gobierno, mientras sus compañeros de viaje se preparaban para abandonar el barco sin esperar a que la orquesta empezara a tocar en cubierta. Dando por amortizado al líder, el núcleo duro del proyecto político y cultural de subversión de valores y principios empezó a vestirlo con nuevos ropajes. El País sentenciaba sin el menor disimulo la continuidad del proyecto Zapatero sin Rodríguez Zapatero:
Zapatero coloca a Rubalcaba al frente del rescate del proyecto socialista[104].
Aunque el proyecto Zapatero también está presente en una facción del Partido Popular y en el resto de los partidos del arco parlamentario, se trata de una operación genuinamente socialista. A lo largo de su historia, el PSOE lo ha vestido con las ropas que en cada momento convenía. Y así, graduando su intensidad y su expresión, adaptándose al terreno, fijando los objetivos que en cada caso eran posibles, ha mantenido su identidad en el tiempo. El proyecto Zapatero es el proyecto de Felipe González, pero también el del PSOE del Pacto de San Sebastián, en 1930, y el de José Bono, y el de Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Carme Chacón.
Rodríguez Zapatero ha sido el dirigente socialista que se ha atrevido a llevar más lejos ese proyecto desde la Guerra Civil. Pero sus sucesores ya no podrán quedarse atrás. Como mucho, procederán a aplicar una cuidadosa capa de pintura de camuflaje a su partido cuando los ciudadanos tengan que acudir a las urnas. Pero como dicen de los tiburones en las películas, una vez que se ha probado la sangre, ya no se puede prescindir de ella.
No obstante, los ciudadanos han aprendido mucho después del paso de Rodríguez Zapatero por el Gobierno de la Nación: todos los españoles saben ya que los programas electorales y las promesas de los candidatos del PSOE son papel mojado. Contienen justamente lo que callan: que el fin, es decir, la imposición de su proyecto, justifica todos los medios.