VIII

Las nuevas catacumbas

Desde que echó a andar el proyecto Zapatero, la Iglesia Católica se ha convertido en uno de sus objetivos preferentes porque el propósito de subvertir nuestros valores, nuestra cultura y nuestra identidad necesitaba previamente de la desaparición del papel social y público de la iglesia, enterrada en una suerte de modernas catacumbas.

De ahí que la iglesia se haya visto obligada a alzar repetidamente la voz para defenderse de acusaciones y tergiversaciones diversas. Y el hecho de que los obispos españoles hayan expuesto con claridad la visión católica de la vida pública ha enardecido siempre a los sectores políticos y mediáticos que promueven el proyecto Zapatero.

Frente a una oposición política siempre temerosa de enfrentarse a la izquierda en el ámbito de las ideas y timorata a la hora de plantar cara frontalmente y hasta sus últimas consecuencias al proyecto Zapatero, la iglesia, sin quererlo ni buscarlo, se ha ido convirtiendo en España en bastión de la resistencia ante las propuestas de subversión de los valores y la identidad.

El papel de la religión católica es uno de los grandes temas. Porque, al final, a falta de otros hechos que han podido definir de manera más poderosa nuestra identidad histórica como país, es la presencia fuerte del catolicismo lo que ha dado identidad de país […] Hemos trastabillado en la historia. Eso sí, con genios aislados en el arte. Pero el catolicismo en España ha condicionado y ha generado enormes vacíos[77].

El proyecto Zapatero ha instalado en la vida colectiva española una suerte de censura previa basada en la suspensión cautelar de cualquier hecho, acontecimiento, declaración o noticia referida a la iglesia. Sus mensajes son cribados y manipulados y sólo se difunden cuando concluye el proceso de tergiversación y pueden presentarse como agresiones a la democracia y a los derechos civiles.

En la pastoral de la Conferencia Episcopal Española Orientaciones morales ante la situación actual de España, los obispos fijaron con precisión su punto de vista con respecto a la participación de los católicos en la vida pública:

La consideración moral de los asuntos de la vida pública lejos de constituir amenaza alguna para la democracia, es un requisito indispensable para el ejercicio de la libertad y el establecimiento de la justicia.

No se trata de imponer los propios criterios morales a toda la sociedad.

Expresamos nuestra voluntad y la voluntad de todos los católicos de vivir en el seno de nuestra sociedad cumpliendo lealmente nuestras obligaciones cívicas.

Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera.

Sólo pedimos libertad y respeto para vivir de acuerdo con nuestras convicciones, para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se vea amenazado ni nuestra presencia sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás.

Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, en la consolidación de la tolerancia y de la convivencia, en libertad y justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera.

Desde el entorno político y mediático del proyecto Zapatero se dijo que éste y otros documentos de la Conferencia Episcopal Española eran antidemocráticos y constituían una injerencia de la iglesia en la política:

Los obispos tienen derecho a pedir el voto para el PP, pero esta vez han ido más allá, han caído en la tentación de usar el terrorismo en campaña electoral, y a eso no tienen derecho[78].

Las alusiones al terrorismo hechas por la Conferencia Episcopal Española eran de este tenor:

El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo.

Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político.

En febrero del año 2006, la revista MicroMega, referente intelectual de la izquierda italiana, entrevistaba a José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de los socialistas españoles llevaba poco más de dos años en el poder y en Italia todavía gozaba de una cierta popularidad entre los sectores izquierdistas. En la revista del grupo L’Espresso expuso Rodríguez Zapatero su idea del estado laico y dejó patentes sus anacrónicos estereotipos al formular un juicio de intenciones sobre el papel de la iglesia en las sociedades democráticas que nada tiene que ver con su quehacer habitual en la España democrática:

La democracia exige un estado aconfesional y una cultura pública basada en valores seculares. La Iglesia Católica puede mantener alguna posición que evoca todavía la aspiración de las leyes eclesiásticas a colocarse por encima de las leyes de la polis, pero creo que tal actitud es ahora una reliquia ideológica.

La retórica de la «reliquia ideológica» es habitual en Rodríguez Zapatero, que siempre ha tratado de trasladar a la opinión pública la idea de que cualquier hecho, proposición o circunstancia que provenga de la iglesia constituye un paso atrás en la civilización, los derechos civiles y las libertades. Así, el proyecto Zapatero tergiversará el mensaje de la iglesia y de los creyentes y manipulará la información y hasta el lenguaje para lograr sus objetivos: laminar cualquier referencia moral frente al Estado, recluir las creencias religiosas al ámbito de la vida privada y destruir la idea de ley natural.

La idea de una ley natural por encima de las leyes que se dan los hombres es una reliquia ideológica frente a la realidad social y a lo que ha sido su evolución. Una idea respetable, pero que no deja de ser un vestigio del pasado[79].

Para erradicar ese «vestigio del pasado», el proyecto Zapatero ha utilizado todos los recursos del Estado. Desde 2004, han abundado los ejemplos de pulsión cristofóbica, que se han expresado a través de las instituciones y en la propia política del Gobierno socialista:

→ Reprobación del Papa. En abril de 2009 una comisión del Congreso de los Diputados aceptó admitir a trámite con los votos del PSOE la reprobación de Benedicto XVI por unas declaraciones sobre el sida y los preservativos que nunca fueron pronunciadas por el Santo Padre.

→ Retirada de símbolos religiosos. Año 2009. El periódico El País, medio poco dado a apoyar a la Iglesia, informa de que el 84 por ciento de los ciudadanos defiende los símbolos religiosos en la escuela. Frente a esos datos, el Gobierno socialista anuncia ese mismo año su intención de aprobar una ley para retirar todos los símbolos religiosos de los espacios públicos, incluida la escuela.

→ Adecuar la libertad religiosa a «las circunstancias». Rodríguez Zapatero estrena su segunda legislatura con una de sus reformas clave, la de la Ley de Libertad Religiosa, que data de 1980. La entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, define de esta manera el objetivo de la reforma:

Nos proponemos revisar la Ley orgánica de Libertad religiosa para adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy[80].

En los documentos preparatorios de la reforma de la ley, esa intención se concreta en la erradicación de la vida pública de toda mención a la Iglesia Católica y sus símbolos, pero se aceptan usos y símbolos de religiones minoritarias, como el pañuelo islámico en las mujeres.

→ Restringir la libertad de conciencia. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anuncia en verano de 2009 que con la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno socialista persigue restringir las libertades:

El enemigo a batir

El proyecto Zapatero bebe del más anacrónico laicismo y sus reacciones frente a cualquier atisbo de catolicismo, por leve que sea, rozan a menudo el ridículo. La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el 4 de noviembre de 2008 una resolución que tenía por objeto, según palabras del presidente de la Cámara, José Bono:

Dejar constancia de que en uno de los inmuebles de la sede parlamentaria vivió una familia entre cuyos miembros hubo dos presidentes del Congreso, uno del Senado y una hija de éste, Maravillas de Jesús, que alcanzó notoriedad por su canonización reciente[82].

El PSOE y los pequeños grupos políticos radicales de izquierdistas y nacionalistas que lo apoyan prohibieron la colocación de una pequeña placa que recordaba esta circunstancia.

Gregorio Peces Barba, ex rector de la Universidad Carlos III, es uno de los intelectuales que el PSOE utiliza para tratar de dotar a sus ataques a la iglesia de un sustrato conceptual:

Para los obispos no pasa el tiempo. Es la misma doctrina que entre los años 30 y 80 del siglo XIX sostenía la Santa Sede. Son enemigos de las libertades modernas, enemigos de la democracia. Pero ahora, dando un salto mortal, presentándose como si fueran justamente sus defensores únicos.

Se confirma lo que yo siempre he dicho: estos señores tienen una especie de inocencia histórica por la que ellos nunca han sido responsables de nada de lo que ha ocurrido en la historia. Es lamentable. Siguen siendo unos enemigos de la democracia.

Si ellos pudieran, serían como los islamistas radicales, no, evidentemente, en el tema de la violencia extrema, pero sí en la pretensión de mandar por encima del poder democrático legítimamente elegido al modo de los ayatolás de Irán[83].

Una de las entidades más activas durante el Gobierno del PSOE es la Fundación Pluralismo y Convivencia, «una fundación del sector público estatal, creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004, a propuesta del Ministerio de Justicia»[84]. Presidida por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en su patronato figuran representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Presidencia, Interior, Educación y Sanidad. El responsable de su junta rectora es el director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.

La Fundación Pluralismo y Convivencia concede cada año subvenciones destinadas a «actividades de promoción de la libertad religiosa». Entre sus principales beneficiarios en 2009, año en que echó a rodar la reforma de la ley de Libertad Religiosa, figuraban la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y la asociación Europa Laica, que promueve la apostasía de los católicos y la expulsión de las creencias del espacio público.

Con ánimo de relativizar todavía más la presencia y el papel de la Iglesia Católica, el proyecto Zapatero ha encontrado en la inmigración de religión musulmana un buen asidero. La presencia del islam en España es muy minoritaria, pero el proyecto Zapatero ha tratado siempre de crear en la opinión pública la imagen de que la cultura musulmana, incluida la religión, tiene en España la misma importancia que las raíces y la Fe católicas. La tergiversación histórica amparada en la operación de propaganda política conocida como «memoria histórica» ha venido a echar una mano a esta superchería y la neolengua no ha faltado a la cita, también en el mundo académico y cultural, rechazando expresiones históricas como «reconquista» para referirse a los ochocientos años de guerra que siguieron a la invasión de la Península por los musulmanes y que terminó con su expulsión del territorio nacional.

A través de las regulaciones aprobadas por el Estado y por ayuntamientos y autonomías, así como por medio de instituciones semipúblicas, como las fundaciones y asociaciones vinculadas al PSOE y financiadas desde el Gobierno socialista, se enaltece y magnifica la presencia del islam en España con el fin de poder equiparar (y tal vez enfrentar) a católicos y musulmanes.

El Gobierno del PSOE ha dedicado la Fundación Pluralismo y Convivencia a lograr este fin. Según el artículo 8 de sus estatutos, «la Fundación se constituye en beneficio de las confesiones religiosas no católicas». De acuerdo con su propia documentación, éstos son sus fines:

Su objeto es contribuir a la ejecución de programas y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de las confesiones religiosas minoritarias.

La actividad principal y prioritaria de la Fundación Pluralismo y Convivencia consiste en apoyar desde el poder político la penetración del islam en España, y a ello destina la mayor parte de sus recursos económicos y de su actividad pública.

El doble lenguaje característico del proyecto Zapatero adquiere un tono particularmente cínico cuando aborda los asuntos referidos a la Iglesia Católica. El 4 de febrero de 2010, en el curso del National Prayer Breakfast de Washington, al que Rodríguez Zapatero fue invitado, el presidente del Gobierno socialista dijo exactamente lo contrario de lo que su política practica, y por primera vez reconoció que España es «cristiana, sobre todo cristiana».

España ya fue en el pasado ejemplo de convivencia entre las tres religiones del Libro, Judaísmo, Cristianismo e Islam, y hoy defiende en el mundo la tolerancia religiosa[85].

Rodríguez Zapatero está acostumbrado a que sus afirmaciones le salgan gratis. Por eso en Estados Unidos puede reconocer la primacía de la Iglesia Católica en España, y en nuestro país disponer una política de mobbing contra los creyentes. Desde 2004, las líneas de actuación que el proyecto Zapatero ha emprendido contra la Iglesia pasan por:

  1. La amenaza. El Gobierno socialista ha utilizado el cuestionamiento de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado cada vez que le ha convenido caldear los ánimos de sus votantes más radicales, o cuando ha querido imponer leyes que iban a enfrentarle con los católicos. Ha recurrido asimismo a la amenaza de asfixiar económicamente a la Iglesia.
  2. La división. Al igual que sucedió con las víctimas del terrorismo, el Gobierno socialista ha buscado siempre dividir a los católicos. Ha creado una nueva agrupación en el PSOE denominada Cristianos Socialistas, para militantes (muchos de ellos, cargos públicos) que se declaran católicos y al mismo tiempo abortistas y enemigos de la jerarquía eclesiástica. Ha utilizado también la asignatura de Educación para la Ciudadanía con objeto de crear diferencias entre la Iglesia y sectores supuestamente «progresistas» dentro de ella.
  3. La marginación. El proyecto Zapatero ha cuidado especialmente de marginar en la escuela pública la asignatura de Religión, y degradarla desde el punto de vista académico, a pesar de que en nuestro país las familias reclaman clases de Religión para sus hijos de forma abrumadoramente mayoritaria.
  4. La agresión verbal. Las formas más cotidianas del mobbing que el proyecto Zapatero dirige contra la Iglesia son la ridiculización, el menosprecio y el insulto más o menos velado, al que recurren tanto políticos como medios de comunicación. Entre estos últimos, las agresiones forman parte de su labor cotidiana. Es el caso, por ejemplo, del diario Público. Pocos periódicos dedican tanta atención a la Iglesia como este diario, el más identificado con el zapaterismo. Sin embargo, nunca difunde informaciones, sino que utiliza los hechos para tergiversar, menospreciar o atacar a la Iglesia y a la jerarquía. Los titulares de las noticias de este periódico relacionadas con la Iglesia son reveladores:
  5. Las leyes para la solución final del problema religioso. La amenaza, la división, la marginación y la ridiculización continuadas contribuyen a crear un caldo de cultivo favorable a la marginación de los católicos y predisponen a la opinión pública contra la Iglesia, pero no bastan para borrar su huella del imaginario colectivo. Las familias siguen llevando a sus hijos a las clases de Religión y las expresiones públicas de piedad congregan multitudes. El proyecto Zapatero se ha visto obligado a dar un paso más, y bastante arriesgado: el de marginar por ley la Fe de los ciudadanos. Para ello probó una primera medida de presión a través del siempre predispuesto laboratorio de experimentos sociales que es la Generalidad catalana: la Ley de Centros de Culto de Cataluña[86], que abre la puerta a la injerencia de los partidos políticos en las iglesias y el culto. Tras el test que constituyó esta ley, el Gobierno socialista intentó poner en marcha la reforma de la Ley de Libertad Religiosa planteando abiertamente restringir el derecho a la libertad de conciencia, tal y como anunció el ministro de Justicia, cuyo departamento es responsable de la elaboración del nuevo texto legislativo.