VII

La destrucción de la familia

El gran obstáculo frente al intento de subvertir los valores y la identidad colectiva lo encuentra el proyecto Zapatero en las familias. La institución familiar representa la antítesis de la deconstrucción social y cultural que se nos trata de imponer. En ella se encuentran reunidos todos los elementos que el proyecto Zapatero debe destruir para alcanzar sus objetivos.

Frente al relativismo y a la usurpación de la libertad individual, frente a la sustitución de los valores personales por la voluntad del Estado, frente a la laicidad como estructura de valores impuesta, la familia constituye una barrera infranqueable. Su propio fundamento, construido sobre valores que se transmiten de generación en generación; su soberanía absoluta en el ámbito de las creencias; los roles distintos de cada uno de sus miembros; su capacidad para resistir presiones e influencias no deseadas; todo hace de la familia un bastión que el proyecto Zapatero necesita someter con urgencia vital: si no lo logra, sucumbirá. Y ante la imposibilidad de doblegarla y ponerla al servicio de sus intereses, ha decidido destruirla.

Los mayores esfuerzos del proyecto Zapatero están destinados a la destrucción de la familia natural, término mal visto en nuestros días pero que define perfectamente la realidad que se quiere liquidar: aquélla que corresponde a su naturaleza y que en todas las culturas y en todas las civilizaciones a lo largo de la Historia ha constituido el núcleo fundamental del motor del progreso humano.

El procedimiento elegido para la destrucción de la estructura familiar es doble. Por una parte el proyecto Zapatero propone lo que denomina «nuevas familias», estructuras que nada tienen que ver con la familia pero que se apropian de la denominación. Y por otro lado crea un instrumento jurídico de destrucción rápido y fácil de manejar.

Cuando a una pieza musical determinada se le cambian los «ingredientes», termina sonando a otra cosa. Difícilmente se podría identificar el Hey Jude de Paul McCartney si se interpretara con los instrumentos del Magnificat de Bach. El proyecto Zapatero trata de hundir directamente el concepto mismo de familia a base de modificar sus «ingredientes»: cambia el matrimonio, el hombre y la mujer, fundamento básico de la familia, por la pareja homosexual. Pero mantiene el mismo nombre: matrimonio. Porque pretende alterar aquello que el nombre representa.

El «matrimonio» homosexual no busca la manida extensión o ampliación de derechos que repite hasta la saciedad el argumentario oficial del poder. No se trata de otorgar más derechos civiles a las parejas homosexuales, porque para ello bastaría con la voluntad política de hacerlo y la correspondiente acción legislativa. El proyecto Zapatero quiere ir más allá, y por eso se apropia de la palabra y de la institución que define la base esencial de la familia.

La regulación jurídica de las denominadas parejas de hecho existía desde los años 90, mucho antes de la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, en ayuntamientos y comunidades autónomas, y doce regiones disponen de leyes de parejas de hecho (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana). Esta normativa dota a las parejas acogidas a ella de derechos similares a los del matrimonio, si bien mantiene la diferencia jurídica entre esta institución y las uniones de hecho.

A pesar de que reconocía que «no forma parte de mis prioridades políticas», en marzo de 2004, antes incluso de tomar posesión del cargo, Rodríguez Zapatero afirmó que quería equiparar los derechos de las parejas homosexuales a los de las parejas constituidas en matrimonio. Para ello hubiera sido suficiente una ley de parejas de hecho de ámbito nacional que recogiera los mencionados derechos. Pero eso no bastaba porque por donde pasa la «prioridad política» del proyecto Zapatero es por la destrucción de la estructura familiar natural.

En este sentido no importa tanto el catálogo de derechos que se quiera otorgar a las parejas homosexuales, ni los plazos legislativos, ni siquiera el articulado de la ley, como la terminología. Para el proyecto Zapatero lo esencial de la Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio^[66] es que al contrato de convivencia de las parejas homosexuales se le llame matrimonio, y a su unión, familia. Poco importa que ni los «ingredientes», ni la estructura, ni los rasgos de esa unión tengan nada que ver con un matrimonio y una familia.

Alterados los ingredientes de la única fórmula social que ha garantizado hasta la fecha el progreso de la Humanidad y el desarrollo de la civilización, es preciso pasar a la siguiente fase, la elaboración del instrumento de destrucción rápida: es preciso convertir el divorcio es un producto de consumo más. Si se teclea «divorcio exprés» en cualquier buscador de internet, aparecen innumerables anuncios de este tipo:

«Divorcio exprés» se ha convertido en una rentable denominación comercial. La ley de modificación del divorcio^[67], promulgada en 2005, eliminó el plazo de reflexión, es decir, el tiempo de separación que transcurre antes del divorcio efectivo. Consagró asimismo la unilateralidad en las rupturas: basta la voluntad de uno de los cónyuges para proceder a la ruptura del vínculo, esté o no de acuerdo la otra parte, lo que acerca peligrosamente la norma al primitivo concepto del repudio. El divorcio exprés permite además que no sea necesaria la concurrencia de causa alguna para romper el matrimonio. Con este instrumento jurídico, el divorcio ha pasado a ser el procedimiento ordinario en caso de crisis matrimonial. De hecho, en estos momentos, en España es más fácil divorciarse (romper el contrato matrimonial) que romper, por ejemplo, un contrato de trabajo o de arrendamiento de un inmueble.

Fuente: Instituto de Política Familiar.

En España hay más de 1 700 000 divorciados, lo que representa el 4,5 por ciento de la sociedad. Desde que entró en vigor el divorcio exprés, el número de rupturas se ha incrementado en un 140 por ciento. Antes de su promulgación, al divorcio se acogían el 40 por ciento de las parejas que rompían su matrimonio. Hoy son el 93 por ciento. Cada 4 minutos se produce un divorcio en nuestro país. 15 matrimonios se rompen cada hora. Cada día se quiebran 359 familias. Entre 2005 y 2008 se han producido 487 000 divorcios. Cerca de 100 000 menores asisten a la ruptura de su familia cada año^[68].

Junto con la desnaturalización y la destrucción jurídica del matrimonio y la invención del «derecho» de adopción de las parejas homosexuales, la modificación de la ley del divorcio ha supuesto un eficaz instrumento para destruir el carácter de la familia. Pero para vencer resistencias y reforzar su eficacia, el proyecto Zapatero no ha dudado en recurrir a múltiples procedimientos con el fin de hacer socialmente aceptable e incluso poner de moda el nuevo modelo, al tiempo que se desprestigia a la familia natural. La publicidad, la manipulación de la realidad llevada a cabo por los partidos políticos y la labor de los medios de comunicación han sido los canales a través de los cuales se intenta que la sociedad acepte el nuevo modelo de familia que el proyecto Zapatero trata de imponer.

Un ejercicio de manipulación política

Cuando el 24 de octubre de 2007 la Generalidad catalana pasó a formar parte a petición propia de la Asociación internacional de Gays y Lesbianas (ILGA), el Gobierno tripartito (PSC-PSOE, ERC e IU-LV) sabía muy bien lo que estaba haciendo.

Para el Gobierno regional catalán no constituía impedimento de ninguna clase que ninguna región del mundo, ninguna ciudad, ayuntamiento, provincia, departamento, distrito, comarca, Estado federal, país, confederación, ni ninguna otra organización territorial, haya formado parte nunca de la iLGA, un lobby internacional que promueve en el ámbito político los privilegios para las personas «lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersex» (sic).

Tampoco fue un impedimento que el Comité para las ONG del Consejo Económico Social de la ONU hubiera recomendado a los estados miembro no otorgar estatus consultivo a la ILGA. El motivo de la recomendación se basa en que esta organización ampara entidades de defensa de la pederastia, que ocultan bajo el eufemismo de «amor intergeneracional».

Ninguno de estos hechos constituyó un impedimento para que la Generalidad catalana pidiera su ingreso en la Asociación internacional de Gays y Lesbianas. Porque el objetivo de los socialistas, republicanos y comunistas que conforman el tripartito no era llamar la atención con una decisión excéntrica, ni era tan sólo cortejar a un reducido número de eventuales votantes. El fin que se perseguía era consolidar las bases del proyecto Zapatero en Cataluña. Y en esta región, el ataque a la institución familiar ha ido siempre unos pasos por delante del resto de España.

En 2006 la Generalidad presentó su Plan Contra la Discriminación de Homosexuales y Transexuales, un programa que arrancó con un presupuesto de 90 000 euros. Esta cantidad estaba destinada, entre otras cosas, a incluir «el hecho homosexual y transexual» en el currículo educativo de los niños de Cataluña por medio de actividades relativas a la homosexualidad y transexualidad en los centros educativos.

Para reforzar la homosexualidad en los itinerarios formativos de los alumnos, el programa de la Generalidad incluía también actividades ajenas a la escuela, como la creación, producción y distribución de cuentos, marionetas y juegos de contenido homosexual y transexual para los niños.

Se creó asimismo una suerte de policía del adoctrinamiento gay, otorgando al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) el papel de control sobre aquellos elementos que no colaboraran en el «proceso de homosocialización». El Programa per al Col•lectiu Gai, Lesbià i Transsexual^[69] de la Generalidad catalana señala en su documentación oficial:

Que en los edificios públicos de Cataluña, en las consejerías de la Generalidad y en ayuntamientos gobernados por el tripartito ondee la bandera gay, forma parte del mismo paquete de medidas destinadas a ofrecer una visión relevante, en ocasiones preponderante, de lo que no es, en el mejor de los casos, más que una opción muy minoritaria.

Instrumentos de propaganda

Junto a esta manipulación de la realidad alentada por los partidos políticos, que pasa por encima de la patria potestad de los padres para caer en el adoctrinamiento más sectario, y se costea con el dinero de una ciudadanía a la que jamás se le han consultado este tipo de asuntos, el proyecto Zapatero ha recurrido asimismo a los medios de comunicación, que en su mayoría se prestan a la maniobra de propagar sus supuestos valores a base de exponer siempre de manera tan tergiversada como peyorativa aquello que se quiere destruir.

Uno de los procedimientos más habituales y burdos de esta mistificación consiste en equiparar la defensa del derecho a vivir o de la familia con el franquismo:

La bancada popular del Ayuntamiento [de Madrid] lanzó ayer a dos de sus representantes a defender las tesis más conservadoras de la derecha: la normalización del franquismo y la persecución del aborto^[70].

El entretenimiento y la información, ejes vertebradores de las programaciones de todas las cadenas de televisión, se han convertido también en lanzaderas de los aspectos más destructivos del proyecto Zapatero.

Desde los servicios informativos de las cadenas públicas de televisión y de buena parte de las estaciones privadas se ha convertido el hecho anecdótico y trivial, el irrelevante y que no representa nada ni a nadie, en centro de atención nacional. Frente a los grandes asuntos de la actualidad, que se relegan o minimizan, se magnifica la declaración de cualquier vocero de grupúsculo. Y cuanto más excéntrica o minoritaria sea su reivindicación, más atención de las cámaras merecerá, siempre que presente una visión idílica o victimista de sus intereses y una visión despreciable del interés general y de la familia. El día en que un millón de personas sale a la calle para expresar su apoyo a la familia natural, los medios de comunicación que jalean el proyecto Zapatero destacan el terrible drama de un señor que está convencido de ser mujer y ha de soportar la humillación de llevar en su documento nacional de identidad el nombre de Felipe.

Lo mismo sucede con el entretenimiento. En el país donde cada dieciocho minutos una joven menor de veinte años se queda embarazada y se registran 15 000 abortos anuales en ese tramo de edad, los programas y las series de televisión, que consume mayoritariamente ese mismo segmento de población, proponen modelos en los que se trivializa la maternidad, se alientan las relaciones sexuales prematuras, se promueve el relativismo moral, se presenta el aborto como un método anticonceptivo y se convierte nuevamente en referente lo minoritario y excéntrico.

En las series de televisión españolas las familias, los padres y las madres, bordean siempre la estupidez. La mayor parte de las veces, los adultos son patanes ignorantes de buena fe, que no dan una, ni saben comunicarse, y sus propuestas, su forma de vida y su manera de pensar y actuar aparecen ridículas y trasnochadas. La familia natural ha desaparecido prácticamente de la televisión en España y, cuando no lo hace, se presenta de manera notablemente patética. Y en paralelo, asistimos a la proliferación de modelos alternativos de relaciones personales que ni son representativos, ni responden a la realidad, ni son expuestos con una mínima objetividad, ni en la mayor parte de las ocasiones son ciertos.

La familia natural, denominada a menudo «tradicional» con sentido peyorativo, se ve sometida así al fuego cruzado de las actuaciones políticas desde los partidos y las instituciones, y a la presión desde los medios de comunicación. La vitalidad y el vigor de la familia en España han de ser muchos para que pueda resistir tal avalancha y siga siendo considerada por los ciudadanos, según todos los sondeos de opinión, como la institución más importante. Pero ése es precisamente el motivo por el cual los ataques a la familia se producen sin cesar.

Una institución saludable a la que abatir

Cada vez que alguien en España ha osado difundir las cifras que demuestran el fracaso de las parejas de hecho, llámense como se llamen, frente al matrimonio y a la familia, ha conocido el linchamiento mediático. El Gobierno de Rodríguez Zapatero las relega, cuando no las oculta, como sucede con las escalofriantes estadísticas de suicidios, porque dejan al descubierto con fría objetividad la impostura de su proyecto y el clamoroso y dramático fracaso del modelo de sociedad que propugna. Pero las cifras están ahí, por más que se las quiera ignorar.

Rodríguez Zapatero ha hecho bandera de la lucha contra la violencia que se ejerce sobre la mujer. Sin embargo sus propuestas, lejos de acabar con esta lacra social, la favorecen.

Según los datos recogidos por el instituto de Política Familiar, en el año 2008 se cometieron en España 33 homicidios sobre 10 265 400 matrimonios. Y se produjeron 48 muertes sobre 1 223 700 relaciones sentimentales. Es decir, por cada 311 000 matrimonios se produjo un homicidio, mientras que por cada 25 500 relaciones sentimentales fuera del matrimonio se produjo un homicidio. Por cada homicidio producido en el seno del matrimonio, hay más de 12 homicidios en las parejas sentimentales.

Las estadísticas oficiales indican también que se registran menos órdenes de protección en los matrimonios que en las parejas de hecho. De cada 10 órdenes, seis se dan en parejas de hecho. En el 2008 se cursaron 18 129 órdenes de protección sobre 10 265 400 matrimonios. Y 23 310 órdenes sobre 1 223 700 relaciones sentimentales. Por cada orden de protección que se concede en un matrimonio, hay más de 10 entre las parejas libres.

Las políticas antifamiliares de Rodríguez Zapatero vienen a agravar de manera extrema una peligrosa tendencia de la sociedad española: en el año 2008 nacieron en España 52 051 niños menos que en 1980. En apenas tres décadas, la reducción de la natalidad ha sido del 9,1 por ciento. Sin embargo, en esos mismos años, la población ha aumentado en más de nueve millones de personas. Tan sólo la inmigración, que se disparó a partir de 2000, ha evitado que el descenso fuera más acentuado todavía. En 2008, los hijos nacidos de madres extranjeras ya representaban el 20,71 por ciento del total de nacimientos en España.

Los estudios dedicados a la homosexualidad gozan de generosas subvenciones y analizan todo tipo de aspectos relacionados con este asunto. En nombre de la integración y la igualdad, los gobiernos de numerosos países, con especial entusiasmo el español, facilitan recursos a las organizaciones gays para abordar análisis, estadísticas y estudios sobre los diversos aspectos de la vida homosexual. Sin embargo, en contadas ocasiones se ha estudiado el papel que juega la homosexualidad en la educación de los hijos. La investigación más relevante en este terreno fue la que llevaron a cabo Tasker y Golombok en los años 90^[71]. Consistió en el seguimiento de 20 varones y 26 mujeres, hijos biológicos de lesbianas, desde su infancia hasta la edad adulta (23,5 años).

El estudio No es igual. Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo^[72], editado por HazteOir.org, con la colaboración del Foro Español de la Familia y del Instituto de Política Familiar, señala:

No existe un acuerdo entre los distintos investigadores que permita sacar conclusiones válidas o suficientes sobre la adopción por parejas homosexuales, si bien puede argumentarse que existe una duda razonable sobre la idoneidad, debido a que tanto aquellos estudios que son contrarios a la adopción como muchos de los que son favorables, indican diferencias en los niños criados por parejas homosexuales.

La batalla contra la familia llevada a cabo por el proyecto Zapatero ha derivado en situaciones de clara anormalidad que la opinión pública empieza a asumir. El 44 por ciento de los españoles, según una encuesta de Sigma Dos, está a favor de que los transexuales puedan cambiar de sexo y tener descendencia.

Estefanía Jiménez Coronado, 25 años, epiléptica, se acogió en 2009 a la legislación que permite elegir el sexo a voluntad, y empezó a hormonarse para convertirse en hombre. Pasó a llamarse Rubén Noé. Luego decidió que quería tener hijos, pero no quería ser madre sino padre. Y como todavía no había pasado por el quirófano para mutilarse, siguió hormonándose pero al revés:

Me indujeron el ciclo hormonal femenino con pastillas y prepararon mi matriz para que de nuevo fuera habitable para los embriones. Luego me inseminaron.

Estefanía/Rubén Noé se convirtió así en el primer transexual de España en quedarse embarazado. Y además, de gemelos. Así lo explicaba el periódico El Mundo^[73] junto a una fotografía del protagonista y su «esposa», una mujer de 43 años, separada, madre de dos hijos de 13 y 16 años, uno de ellos también epiléptico:

El joven transexual explica que quizá por ser adoptado las únicas dudas que se planteó cuando se decidió a ser «hombre» venían del hecho de que también quería ser «padre biológico», que es lo que pretende ser de los hijos que parirá. Rubén Noé está seguro de su identidad sexual. Por eso, cuando hayan nacido sus hijos volverá al tratamiento hormonal y terminará el proceso de cambio de sexo: «Es como quien nace con tres manos: mientras las tienes las aprovechas, cuando estorban, la suprimes».

El embarazo terminó en aborto, pero el médico informó a Estefanía/Rubén Noé de que podía volver a intentarlo cuando quisiera. Ella no dudó un instante.

En España, las unidades de atención a la transexualidad de las distintas autonomías están abiertas a iniciar procesos de cambio de sexo, detenerlos y volver a retomarlos a voluntad del consumidor. También son proclives a que los menores de edad cambien de sexo. En la sanidad pública valenciana se atiende a 120 personas que quieren mutilarse, de las cuales 10 son menores. El hospital Carlos Haya de Málaga tiene 800 pacientes, 77 de ellos menores, con una edad media de 15 años. La Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínico de Barcelona ha alterado el sexo de 25 menores y tiene a cuatro niños en seguimiento. El País recogía declaraciones de menores de 15 años que están en proceso de mutilarse^[74]:

• Sólo sé que quiero operarme. Odio lo que tengo. No quiero mi vagina para follar, sino para ser yo misma.
• Aún no lo he hecho del todo. Esperaré a tener mi vagina. Pero rollos, sí, claro. No hace falta decir nada. De noche todos los gatos son pardos.
• Busqué en Internet y en cuanto me metí en foros transexuales, me dije: «Ésta soy yo».

El primero de abril de 2008 el periódico La Vanguardia publicaba una entrevista con Beatriz Preciado^[75], una burgalesa afincada en Barcelona y profesora de «teoría del género» en la Universidad de París VIII:

Tras seis años de políticas destinadas a destruir a la familia, en octubre de 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas, una institución que depende directamente del Gobierno de Rodríguez Zapatero, hizo público un estudio sobre la valoración que los ciudadanos hacen de la institución familiar^[76]. Los resultados muestran la resistencia de la ciudadanía ante el proyecto Zapatero:

• Para un 44 por ciento de los españoles, la familia es lo más importante.
• El 49,3 por ciento está convencido de que la función más importante de la familia es la de criar y educar a los hijos. Le sigue un 27,7 por ciento, que considera fundamental en la familia proporcionar amor y afecto.
• La familia es el lugar natural para abordar asuntos personales para un 44,8 por ciento de los ciudadanos. Y el 46,9 por ciento visita a sus familiares sin necesidad de tener algún motivo para ello. El 50,1 por ciento celebra las fechas señaladas con su familia.
• Para un 47,2 por ciento, sin el apoyo de la familia no se pueden superar las situaciones difíciles.
• El 67,8 por ciento de los españoles se siente cómodo en familia.
• La mayoría de ciudadanos se muestra partidario de los roles tradicionales en el seno de la familia. El 45,7 por ciento considera que si uno de los miembros de la pareja debe dedicarse al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar, ese papel corresponde a la mujer. Sólo un 1,8 por ciento cree que es asunto del hombre y un 20,9 por ciento, de ambos.

La familia es la institución a la que se acude en primer lugar ante una situación de necesidad.