El proyecto Zapatero, que dio sus primeros pasos efectivos en España tras el triunfo del PSOE en las elecciones legislativas de 2004, se desarrolla con eficaz persistencia desde entonces a través de distintos instrumentos y a distintas velocidades.

Durante la primera legislatura, entre 2004 y 2008, el proyecto Zapatero vivió una primera fase de preparación en el Congreso de los Diputados, con la creación y consolidación de redes cuasi clientelares de apoyo parlamentario. Tras ella se empezaron a sentar sus pilares fundamentales por medio de la aprobación de algunas de sus leyes más emblemáticas.

A la hora de buscar apoyos parlamentarios para llevar adelante su proyecto, Rodríguez Zapatero no ha tenido inconveniente en poner en venta todo lo que tenía a mano. Y así, tras diezmar los recursos económicos del Estado, ha echado mano a su estructura, objeto del deseo de los partidos nacionalistas, tan ansiosos de dinero como de deconstruir la Nación.

A cambio de apoyo parlamentario, el proyecto Zapatero reparte de manera discriminada los recursos del Estado por medio de la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y de los Presupuestos Generales del Estado, pero también se presta al reparto del propio Estado ante las exigencias nacionalistas. De esta forma, promueve desde Cataluña, para votar después favorablemente en el Congreso de los Diputados, una redacción del estatuto catalán que colapsa el Tribunal Constitucional y, alentando desde Moncloa y desde la Generalidad las tensiones identitarias, pone en riesgo la estabilidad institucional.

En la primera legislatura y con el apoyo de grupos minoritarios y radicales izquierdistas y secesionistas, Rodríguez Zapatero logra sacar adelante leyes orgánicas como la de Educación (2006) o la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007), y una reforma de diversos estatutos de autonomía que no fue entendida por la ciudadanía ni formaba parte de sus necesidades.

A partir de 2008, durante la segunda legislatura, el proyecto Zapatero aprueba un nuevo paquete de normas jurídicas necesarias para tratar de convertir en realidad sus últimos objetivos, e intenta proceder a la transformación profunda de las estructuras de nuestra sociedad por medio de la aplicación de las leyes aprobada en la primera legislatura.

Hitos emblemáticos de esta segunda fase del proyecto Zapatero son la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010, y el intento de sacar adelante una nueva Ley orgánica de Libertad Religiosa, para prohibir o limitar las expresiones públicas de la Fe.

Pero además, durante su segunda legislatura, el proyecto Zapatero empieza a aplicar las normas aprobadas en el período anterior sobre educación o familia, para lo que pone en marcha diversas medidas de presión directa (normas, leyes) e indirecta (publicidad, medios de comunicación). La familia se convierte ahora en el objetivo a batir, porque es en el seno de las familias donde se manifiestan con naturalidad la cultura, la identidad y las raíces de las que procede nuestra civilización y donde los niños, los futuros ciudadanos, adquieren las habilidades necesarias para resistir las embestidas del poder.

Sin embargo, mientras en el Congreso de los Diputados los planes de Rodríguez Zapatero para transformar la sociedad española y volver del revés su identidad no han encontrado demasiados obstáculos, en el seno de las familias y en la calle la situación ha sido muy distinta y su proyecto ha tenido que hacer frente a una tarea adicional a la que no había previsto destinar tanto tiempo y recursos: la reacción social.

Desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, algunos sectores sociales dieron la voz de alarma sobre los planes de la nueva presidencia socialista. La multiplicación de las actividades de las escasas plataformas cívicas y asociaciones que existían en 2004 y la aparición de otras muchas a partir de esa fecha, ilustra bien la reacción social que ha provocado en la sociedad española el intento de imponer el proyecto Zapatero.

Numerosos ciudadanos han sentido agredida su identidad y sus valores por las iniciativas emprendidas por Rodríguez Zapatero, que para hacer frente a la contestación ha radicalizado sus planteamientos, buscando el cierre de filas de los sectores más extremistas y su adhesión inquebrantable al proyecto que el secretario general del PSOE encarna.

A medida que el proyecto Zapatero avanzaba durante la primera legislatura, sucedió en España algo inédito: los ciudadanos, tradicionalmente individualistas y reacios en nuestro país a organizarse de manera colectiva y a afiliarse a movimientos y asociaciones, empezaron a engrosar las filas de aquellas organizaciones cívicas que de manera más activa proponían acciones frente a los planes desvertebradores del PSOE de Rodríguez Zapatero.

El fenómeno de la asociación HazteOir.org (HO) y su plataforma Derecho a Vivir (DAV) es en este sentido paradigmático. En marzo de 2009, tras cuatro meses escasos de vida, con apenas dos semanas de plazo y sin usar más medios de comunicación que internet, DAV fue capaz de sacar a la calle en Madrid a medio millón de personas y a varios cientos de miles en el resto de capitales de provincia españolas para manifestar su rechazo al proyecto abortista de Rodríguez Zapatero.

Al crecimiento del movimiento cívico discrepante con el proyecto Zapatero ha contribuido asimismo un sector de la sociedad especialmente agraviado por el Gobierno socialista: las víctimas del terrorismo.

Durante la negociación del Gobierno socialista con ETA, en la primera legislatura, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), capitaneada a la sazón por Francisco José Alcaraz, se convirtió en referente de la protesta cívica frente a la complicidad del Estado con el terrorismo. La AVT logró sacar a la calle en repetidas ocasiones a cientos de miles de personas tras la bandera de una rebelión cívica. El ejercicio de participación y democracia directa de las movilizaciones de la AVT rompieron el conformismo manifestado en los últimos años por amplios sectores de la sociedad española, acostumbrados a vivir al margen de la política.

Junto a un movimiento cívico activo y en constante crecimiento, la más sólida barrera frente al proyecto Zapatero procede de un ámbito distinto: la Iglesia Católica.

Para hacer frente a la creciente ola de rechazo suscitada por el proyecto Zapatero, desde el poder se está empleando una estrategia tan previsible como simple: elegir, de entre todos los discrepantes con los que se enfrenta, a aquél que pueda mantener más tiempo en vela a la base electoral más radical de la izquierda. Y el elegido y entronizado como «enemigo» de las libertades ha sido la iglesia. Seguida a corta distancia por el Partido Popular.

Para los voceros del proyecto Zapatero no existe un cada vez más amplio sector de la sociedad española que rechace sus planes. Por el contrario, todo se reduce a «la caverna», a una suerte de conspiración ultraderechista, impregnada de no se sabe qué rémoras franquistas, organizada por los obispos y el Partido Popular. Cada vez que los ciudadanos salen a la calle a decir no al proyecto Zapatero, las declaraciones de los miembros del Gobierno socialista y de los líderes del PSOE pasan por acusar a la Conferencia Episcopal Española y al Partido Popular de frenar el «progreso» del país, ignorando que el rechazo ciudadano lo protagoniza la sociedad española en un episodio tan novedoso en nuestra vida colectiva como ejemplar.

La Iglesia Católica no ha tenido que hacer nada especial para ocupar el centro de la diana sobre la que el proyecto Zapatero lanza sus invectivas: ha bastado con que recordara a los fieles los principios sobre los que se sustenta su fe.

La Conferencia Episcopal Española hizo pública en noviembre de 2006 una instrucción pastoral titulada Orientaciones morales sobre la situación actual de España^[52]. El objeto del documento era proporcionar a los creyentes las claves para mantener «la integridad de la fe y la coherencia de la vida cristiana». Los obispos españoles recordaban en el frontispicio de su texto que «la consideración moral de los asuntos de la vida pública, lejos de constituir amenaza alguna para la democracia, es un requisito indispensable para el ejercicio de la libertad y el establecimiento de la justicia».

A lo largo del documento, la Iglesia española reitera que no pretende imponer nada, ni reclama protagonismo ni privilegio de ningún tipo, sino que ofrece su punto de vista a los católicos, y a quien quiera escucharlo, como una aportación más a la vida colectiva.

El mensaje más reiterado a lo largo del documento es el de la búsqueda de un punto de encuentro entre los autores del texto, representantes del sentir de amplias capas de la sociedad española, y quienes discrepan desde sus propuestas laicistas, a quienes en ningún momento se deslegitima ni descalifica:

Católicos y laicistas tenemos, en algunas cosas, diferentes puntos de vista. Nuestro deseo es ir encontrando poco a poco el ordenamiento justo para que todos podamos vivir de acuerdo con nuestras convicciones, sin que nadie pretenda imponer a nadie sus puntos de vista por procedimientos desleales e injustos. En este contexto, los católicos pedimos únicamente respeto a nuestra identidad, y libertad para anunciar, por los medios ordinarios, el mensaje de Cristo como Salvador universal, en un clima de tolerancia y convivencia, sin privilegios ni discriminaciones de ninguna clase.

Expresamos nuestra voluntad y la voluntad de todos los católicos de vivir en el seno de nuestra sociedad cumpliendo lealmente nuestras obligaciones cívicas, ofreciendo la riqueza espiritual de los dones que hemos recibido del Señor, como aportación importante al bienestar de las personas y al enriquecimiento del patrimonio espiritual, cultural y moral de la vida. Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Sólo pedimos libertad y respeto para vivir de acuerdo con nuestras convicciones, para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se vea amenazado ni nuestra presencia sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás. Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, en la consolidación de la tolerancia y de la convivencia, en libertad y justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera.

Ofrecemos el fruto de nuestras reflexiones y de nuestro discernimiento a los miembros de la iglesia y a todos los que quieran escucharnos, compartiendo abiertamente con todos nuestros temores y nuestras esperanzas.

Declaramos de nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta sociedad respetando lealmente sus instituciones democráticas, reconociendo a las autoridades legítimas, obedeciendo las leyes justas y colaborando específicamente en el bien común. Nadie tiene que temer agresiones ni deslealtades para con la vida democrática por parte de los católicos^[53].

Las Orientaciones morales sobre la situación actual de España analizan los planteamientos que se hacen desde el laicismo para resaltar que, en la práctica política, lo que se está pretendiendo no es defender «la justa autonomía del orden temporal», sino «prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo». Consecuencia de este proceso es el menosprecio al creyente:

La referencia a Dios es considerada como una deficiencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad.

Algunos sectores pretenden excluir a los católicos de la vida pública y acelerar la implantación del laicismo y del relativismo moral como única mentalidad compatible con la democracia.

La iglesia señala la pretensión de algunos laicistas de «ser dueños absolutos de todo, de dirigir nuestra vida y la vida de la sociedad a nuestro gusto […], como si fuéramos verdaderos creadores del mundo y de nosotros mismos», convirtiendo de este modo la libertad en «norma suprema del bien y del mal».

Este texto, duramente criticado desde el Partido Socialista, fue debidamente tergiversado para presentarlo como una intromisión de los obispos en la política, terreno considerado por el laicismo como sacrosanto y acotado al Parlamento y a quienes están «ordenados» para ejercer en él, los políticos designados directamente por las cúpulas de los partidos y, tan sólo de manera indirecta, por los ciudadanos.

En las Orientaciones morales se desarrollan ciertamente cuestiones políticas, que son abordadas partiendo de los criterios arriba citados. Estos asuntos se refieren básicamente a la ruptura que los obispos españoles perciben con el espíritu de tolerancia que, a su juicio, caracterizó la transición:

Muchos tenían la esperanza de que el ordenamiento democrático de nuestra convivencia, regido por la Constitución de 1978, y apoyado en la reconciliación y el consenso entre los españoles, nos permitiría superar los viejos enfrentamientos que nos han dividido y empobrecido a nuestra patria, uno de los cuales era sin duda el enfrentamiento entre catolicismo y laicismo, entendidos como formas de vida excluyentes e incompatibles. Y es posible que así fuera. Ahora vemos con pesadumbre que en los últimos años vuelve a manifestarse entre nosotros una desconfianza y un rechazo de la iglesia y de la religión católica que se presenta como algo más radical y profundo que la vuelta al viejo anticlericalismo.

La afirmación más susceptible de ser interpretada como una injerencia de la iglesia en el ámbito de la política es la que menciona una obviedad, la necesidad de que los creyentes voten en las elecciones de acuerdo con sus principios:

Los católicos y los ciudadanos que quieran actuar responsablemente, antes de apoyar con su voto una u otra propuesta, han de valorar las distintas ofertas políticas, teniendo en cuenta el aprecio que cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida y a la justificación moral de sus propuestas y programas.

El Gobierno se muestra sumamente respetuoso ante el auge de un eficaz aparato de propaganda que le combate ferozmente. Seguramente es lo que debe y puede hacer, pero resultaría suicida cerrar los ojos ante esa actitud beligerante y no articular una respuesta adecuada^[54].

Desde la agrupación del PSOE denominada Cristianos Socialistas, su coordinador federal, Carlos García de Andoaín, declaraba a Europa Press:

Más que un pensamiento evangélico o específicamente cristiano, hay un pensamiento conservador. Hay un grupo de obispos que ha decidido apoyar al PP a recuperar el poder^[55].

José Blanco, a la sazón secretario de organización del PSOE, declaró en vísperas de las elecciones generales de 2008 que «nada será igual después [de los comicios] en las relaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno», para amenazar luego con el estrangulamiento económico de la iglesia^[56]. Blanco afirmó que había llegado la hora de «pasar de las palabras a los hechos» y de «dar pasos definitivos» en lo concerniente a la economía de la Iglesia. El activo dirigente socialista se cuidó de ocultar que el dinero al que aludía no es propiedad del PSOE, sino de los ciudadanos que deciden entregarlo libremente a la iglesia.

La libertad religiosa tiene que tener límites […] Debe ajustarse a la lógica de esta sociedad […] Hay que regular la libertad religiosa, pero también la de conciencia^[57].

El programa resultante de aplicar el proyecto Zapatero a la confrontación con la iglesia consiste en expulsarla del espacio público. En este ámbito, el proyecto Zapatero trata de erradicar todo referente moral de la vida colectiva, de modo que tan sólo quede en vigor la «moral» del Estado. Para ello, el proyecto Zapatero ha diseñado una oferta nueva a caballo entre lo ideológico y la «moral» de Estado, el Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones, y recurre a diversos instrumentos: la Fundación Pluralismo y Convivencia, el Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso y el proyecto de una nueva Ley de Libertad Religiosa.

A través de todos estos medios se persigue extender la propuesta ideológico-moral de la Alianza de Civilizaciones entre los jóvenes, se busca potenciar las confesiones más minoritarias para situarlas en un plano de igualdad con la fe católica y, sobre todo, se intenta restringir la libertad de movimientos de los creyentes de todas las confesiones y, en particular, de los católicos.

Todas estas medidas, cuyo fin último es la sustitución de la moral religiosa por los valores «progresistas», conseguirán según el proyecto Zapatero erradicar la religión de la vida pública, asociarla a valores negativos (intransigencia, intolerancia, irracionalidad, violencia, fanatismo) y reducir su influencia a ámbitos estrictamente privados.

El documento de la Conferencia Episcopal Española Orientaciones morales sobre la situación actual de España se dio a conocer el 23 de noviembre de 2006. Pocos días después, el 4 de diciembre, el PSOE respondía con un texto titulado Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía^[58], que los socialistas presentaron como un manifiesto conmemorativo del vigésimo octavo aniversario de la Constitución.

El documento constituía una respuesta directa a las manifestaciones de la Conferencia Episcopal y buscaba claramente el cuerpo a cuerpo. Donde la iglesia invocaba el espíritu de reconciliación de la Constitución de 1978, el PSOE entroncaba la vigente legalidad constitucional con la Segunda República, de infausto recuerdo para la historia de España en general y para los católicos de manera particular.

El argumento central del manifiesto Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía se basa en el concepto de «laicidad», una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia y que utiliza el proyecto Zapatero para alejarse del término correcto: laico («independiente de cualquier organización o confesión religiosa»). En un nuevo ejercicio de neolengua, la laicidad retuerce el sentido del término que le da origen con el fin de pasar de la independencia de la confesión religiosa al sometimiento de ésta.

CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

— «La Constitución de 1978, junto a la Constitución de 1931, representa la más alta plasmación en la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático».

— «Nuestra Norma básica sienta las bases para el desarrollo de otro tipo de diversidad: el que deriva del libre y plural ejercicio del derecho de libertad de conciencia de todos sus ciudadanos».

— «Es preciso recordar y reafirmar el valor de un principio constitucional, el de Laicidad, que se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia, siendo requisito para la libertad y la igualdad».

ORIENTACIONES MORALES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA

— «Muchos tenían la esperanza de que el ordenamiento democrático de nuestra convivencia, regido por la Constitución de 1978, y apoyado en la reconciliación y el consenso entre los españoles, nos permitiría superar los viejos enfrentamientos que nos han dividido y empobrecido a nuestra patria».

— «España se ve invadida por un modo de vida en el que la referencia a Dios es considerada como una deficiencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad. Vivimos en un mundo en donde se va implantando la comprensión atea de la propia existencia: “si Dios existe, no soy libre; si yo soy libre no puedo reconocer la existencia de Dios”».

— «No se trata del reconocimiento de la justa autonomía del orden temporal, en sus instituciones y procesos, algo que es enteramente compatible con la fe cristiana y hasta directamente favorecido y exigido por ella. Se trata, más bien, de la voluntad de prescindir de Dios».

La laicidad supondría la creación de una seudorreligión de Estado que obliga a todos los ciudadanos y subordina y arrincona al ámbito de la vida privada la religión de cada uno de ellos:

Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de integración [con mayúscula en el original]. Sin laicidad no habrían [sic] nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo… y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas^[59].

El proyecto Zapatero coloca la diana, ya tenemos enemigo de las libertades: la religión produce ablación, segregación, fronteras, manda a la cárcel, sustrae derechos, cercena la libertad y acaba con las virtudes. Ahora demos un paso más, entronicemos la nueva «religión» del Estado, la laicidad, que consagra y protege todos los valores que la religión asfixia:

No hay más verdad que la que determina el Estado a través del poder establecido, controlado teóricamente por los ciudadanos, aunque éstos no tienen voz más que por delegación, y tan sólo para aceptar o rechazar cada cuatro años una lista no elegida ni confeccionada por ellos. En pocos documentos queda tan nítidamente plasmada la esencia del proyecto Zapatero: el poder es la verdad. Y quien lo ostenta, la encarna. Hete aquí que en el relativismo sí había alguna verdad absoluta. Y de un tamaño considerable.

El proyecto Zapatero no aporta en este sentido más originalidad que la de su descaro, el desenfadado modo en que, en los albores del tercer milenio, le quita el polvo a trasnochadas teorías, aquéllas que predicaba Hegel cuando decía que «el Estado, en cuanto es la realidad de la voluntad sustancial, es el racional en sí y por sí». Con planteamientos de este tenor se abrieron las puertas a las deformidades ideológicas del siglo XIX, el racismo, el nacionalismo, el marxismo, y a las aberraciones totalitarias del XX, el comunismo, el nacionalsocialismo, el fascismo. Se trata del mismo trasfondo ideológico, del mismo sustrato milenarista y destructivo de la civilización que desempolva el proyecto Zapatero.

En 1919, en la Universidad Comunista Sverdlov, Lenin pronunció una frase en la que, si sustituimos los términos originales más trasnochados (los que aparecen entre paréntesis) por los más usuales en el discurso de la izquierda contemporánea (los que aparecen en cursiva), encontramos curiosas resonancias:

Nosotros hemos arrancado a la derecha (los capitalistas) el Estado y nos hemos apoderado de él. Utilizaremos esa máquina, o garrote, para liquidar toda desigualdad (explotación)^[61].

Tras convertir al Estado en referente exclusivo de la verdad, ante él deberán plegarse todas las realidades. Si es «única voluntad», la primera providencia que debe adoptar el ciudadano consistirá en integrarse en ella, salvo que prefiera situarse al otro lado del sistema, en el difícil territorio de la muerte civil. «El deber supremo» de cada uno, decía Hegel, es «ser componente del Estado». Y Mussolini: «Dentro del Estado, todo; fuera del Estado, nada». Fidel Castro lo parodiaría diciendo: «Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada». La secuela de la entronización del Estado como la única voluntad y la única verdad es que cada ciudadano debe hacerse uno con esa voluntad y esa verdad. El proyecto Zapatero no denomina a eso adoctrinamiento, sino educación cívica:

Uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos tras veintiocho años de vigencia constitucional, es contribuir a la formación de «conciencias libres, activas y comprometidas» con el «mínimo común ético constitucional»^[62].

El proyecto Zapatero, con su entronización de las mayorías parlamentarias como única fuente legítima de la verdad, constituye el paradigma en nuestros días del «mesianismo político» del que hablaba Jacob Talmon en su análisis del totalitarismo en los sistemas democráticos^[63]. Y en la definición que haría Friedrich A. Hayek de la corrupción de los regímenes democráticos encontramos resonancias fácilmente identificables en la vida política española desde la llegada de Rodríguez Zapatero al poder:

Durante dos siglos, desde el fin de la monarquía absoluta al nacimiento de la democracia ilimitada, el gran objetivo del gobierno constitucional se cifró en limitar todos los poderes del gobierno. Los principios fundamentales que fueron afirmándose gradualmente para evitar cualquier ejercicio arbitrario del poder fueron la separación de poderes, la soberanía del derecho, el sometimiento del gobierno a la ley. Todos estos grandes principios liberales pasaron a segundo plano y hasta fueron casi olvidados cuando se pensó que el control democrático del gobierno hacía superfluo otro baluarte contra el uso arbitrario del poder^[64].

Cuando un Estado se afirma a sí mismo como la última instancia ética cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento, se arroga, de hecho, el mismo carácter sagrado del que se revestían los estados paganos anteriores al cristianismo. La máxima evangélica «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César» supone el establecimiento de la conciencia como límite de la autoridad del poder político. La distinción entre la esfera estatal o política y la religiosa hizo posible el concepto de libertad que ha imperado en Occidente desde hace siglos. Como dijo Benedicto XVI, «el plus de libertad que debe la humanidad a los mártires es infinitamente mayor que el que hayan podido aportar los revolucionarios»^[65].