IV

El hombre que sueña ser dios

Contemplados bajo el prisma del proyecto Zapatero, los derechos de que gozaba el ciudadano bajo los gobiernos de Felipe González y José María Aznar eran de escasa calidad. El zapaterismo ha dedicado buena parte de su tiempo a presentarnos la vida colectiva del pasado hundida en el abismo de la segregación y la intransigencia, cuando grupúsculos más que minoritarios debían aceptar la decisión tiránica de la mayoría. Cierto, las mujeres podían decidir, es decir, podían abortar. Pero era necesario acudir a un establecimiento, tenían que identificarse, aunque sólo fuera para poder utilizar la tarjeta de crédito. De vez en cuando hasta se les proponía una exploración. Y se daba incluso el caso de que, en ocasiones, les formulaban algunas preguntas. Además, tenían que perder una mañana para someterse a la extirpación de la «consecuencia no deseada». Todo muy molesto.

Las mujeres elegían, pero el procedimiento tenía un serio inconveniente: su lentitud (24 horas, a veces más) y su incomodidad (traslado al abortorio, trámites). Durante las horas que transcurrían entre la llamada telefónica para pedir cita y el inicio de la «interrupción» de la vida del embrión, se corría el peligro de que alguna mujer tomara conciencia de lo que estaba haciendo. Antes de la llegada de Zapatero, el derecho a elegir, sus trámites, sus requisitos legales, podían poner en evidencia que se trataba de algo no normal, de algo extraordinario. Quizá incluso importante. Y por más que los empresarios de la industria del aborto agilizaran trámites y se saltaran procedimientos, el negocio podía perder en cualquier momento una clienta. Y el partido, un voto.

Cuando propone convertir en derecho el deseo de emular a Dios, el proyecto Zapatero es consciente de que debe facilitar todavía más las cosas, porque en la aplicación práctica del derecho a decidir sobre la vida, la educación, la estructura familiar o incluso la propia identidad sexual, hay muchos elementos que delatan la superchería argumental de sus defensores y desvelan su profunda esencia totalitaria: la entrega de la libertad individual a la voluntad del Estado.

El proyecto Zapatero no ha querido poner en riesgo su intención de retorcer la razón y el Derecho para llevar el derecho a elegir hasta sus más extremas consecuencias en el ámbito de la vida. Para ello ha tomado dos medidas paralelas: la aprobación de una nueva ley de «barra libre de abortos» y la libre dispensación, sin receta ni límite de edad, del abortivo conocido como «píldora del día después» (PDD). En ambos casos, se trata de lo mismo: garantizar que, en el caso de la vida, quien tenga supuestos derechos sea una parte, y no ambas, bajo la tutela del poder. Porque en el proyecto Zapatero quien otorga la categoría de persona y sus correspondientes derechos es el Estado.

En 2009, el Gobierno aprobó la venta libre de la «píldora del día después». Desde esa fecha, este abortivo puede ser adquirido en las farmacias sin ninguna restricción, a pesar de sus graves efectos secundarios. Así, cualquier mujer, incluso si es menor de edad, puede usar cuantas veces desee este discreto sustitutivo del abortorio.

La medida tiene un alcance mucho mayor que la propia ley del aborto, porque busca hacerla innecesaria. Cuando el Gobierno socialista defiende que su ley del aborto de 2010 reducirá el número de embriones destruidos, su planteamiento se basa en el siguiente argumento: la PDD permite abortar sin necesidad siquiera de acudir a un negocio especializado en tales prácticas.

De esta forma, mientras los grupos parlamentarios debatían largamente la cláusula de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite abortar a las menores de 16 años, el Gobierno dejaba abierta de par en par la puerta a esta posibilidad por medio de la PDD. En diciembre de 2009, el Grupo Parlamentario Socialista, de la mano de ERC, IU y PNV, radicalizaba más todavía su proyecto abortista. Y mientras eso sucedía en el Congreso de los Diputados, a escasa distancia, en el Senado, Rodríguez Zapatero inauguraba el Coloquio internacional sobre la Abolición Universal de la Pena de Muerte. Allí proclamó su defensa a ultranza del derecho a la vida, que calificó de «Derecho Supremo», con mayúsculas:

El derecho a la vida es el Derecho Supremo, como lo ha calificado el Comité de Derechos Humanos, porque sin su garantía efectiva todos los demás derechos carecen de significado y de razón de ser. Algo que parece obvio a ojos de todos pero que si lo fuera de verdad no nos empujaría hoy y mañana a reclamar de los poderes públicos de todo el mundo que sean plenamente consecuentes con el carácter inviolable, incondicionado de la vida humana y con el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes^[14].

A diferencia de sus predecesores en el Gobierno de la Nación, Zapatero ha consagrado el derecho a acabar con la vida del embrión a través de dos vías, la jurídica y la comercial. El proyecto Zapatero presenta como derecho a decidir la ley del aborto, pero también la farmacia, ampliando así hasta el límite la posibilidad de exterminar embriones. Pero, además, ha convertido la práctica del aborto en un hecho legal. En un derecho.

Así, las menores de 16 años pueden practicarlo porque el Estado sustrae a los padres la patria potestad: la ley permite a las menores no informar a sus padres sobre su decisión de abortar. En el caso de las menores de edad es el Estado quien las autoriza, no sus padres. En este sentido, frente a su familia, la muchacha que ha decidido abortar lo hace de manera clandestina. Y si recurre a la «píldora del día después», su decisión reviste el mismo carácter.

De este modo, mientras el argumentario del Gobierno habla de que la ley del aborto busca entre otros objetivos terminar con la estigmatización de la mujer que aborta y con la clandestinidad del hecho mismo, el proyecto Zapatero consagra su carácter clandestino.

La supresión de toda barrera imaginable, incluso la barrera de la razón, se impone como objetivo indispensable para la puesta en práctica del proyecto Zapatero. Si los acuerdos privados entre partes, sean cuales sean, se equiparan a la unión de un hombre y una mujer, que constituye la esencia del matrimonio tal como se ha entendido en todas las culturas desde los albores de la civilización; si la familia pasa a ser lo que el Estado defina como tal; así también la vida se convierte en un hecho relativo, que queda a expensas de la voluntad del poder, y también de sus necesidades.

La ciencia ha demostrado la existencia de secuencias distintas de ADN en el embrión y en la madre. Desde el mismo momento de la concepción, el ADN del nuevo ser manifiesta su individualidad y su independencia con respecto a la madre. Se trata de una vida nueva, distinta. Y así será hasta su final natural, de modo que la vida humana no dejará de serlo por la enfermedad y la decrepitud.

Sin embargo, ante el hecho científico de la vida, el proyecto Zapatero calla y el hecho jurídico se diluye: se habla constantemente de una multiplicidad de derechos, pero de la lengua del poder, de la neolengua, desaparece el derecho a la vida. El más elemental de todos ellos, el que constituye la raíz misma del Derecho, es borrado por el proyecto Zapatero. Hay vidas que no votan. Las embrionarias y las que van terminando pierden su carácter de vida, y por tanto sus derechos más elementales, incluido el de seguir viviendo.

El objetivo que se persigue con el aborto, camuflado bajo la cháchara «progresista» del derecho a decidir, es el mismo que se busca con el resto de propuestas que el proyecto Zapatero incorpora a la denominación de «nuevos derechos humanos»: la restricción de los derechos civiles, de los que pasaría a ser depositario y regulador único el Estado.

De la misma manera que, en 1990, la Organización de la Conferencia Islámica aprobó en El Cairo la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam^[15], un catálogo notoriamente distinto a la Declaración Universal y fundamentada en algo tan alejado de los derechos humanos como la sharia, así también el proyecto Zapatero ha levantado el armazón de unos «nuevos derechos humanos», igualmente ajenos a la Declaración aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas^[16].

En el texto de Naciones Unidas se consagraba el derecho a la vida de todos los seres humanos sin ninguna distinción. El proyecto Zapatero viene a modificar tales objetivos, incorporando al catálogo de derechos de todo ser humano el de ser exterminado de acuerdo con las condiciones establecidas y reguladas por el Estado. Bajo la apariencia de la máxima de las libertades, el proyecto Zapatero consagra la cultura de la muerte.

Recurriendo a la neolengua, el exterminio de una vida humana se convierte en un derecho que libremente puede ejercer quien está legitimado para ello por el Estado: los propietarios de los negocios abortistas, los fabricantes de abortivos, los farmacéuticos que los venden, los profesionales del aborto. Lo mismo sucede con la eutanasia en sus diversas y eufemísticas denominaciones.

Propaganda vs. razón

En la neolengua del proyecto Zapatero, la formulación más burda del exterminio de niños no nacidos procede de la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído:

El feto es ser vivo, claro, lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica^[17].

Cada vez que el proyecto Zapatero se ha visto obligado a razonar sus propuestas, la ciudadanía ha asistido al espectáculo de la sinrazón convertida en propaganda. La presión ciudadana ha obligado al Gobierno de Rodríguez Zapatero a defender el aborto en tanto que conquista positiva para la sociedad. Todos los intentos se han saldado con los más estrepitosos fracasos. En octubre de 2010 la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, respondió a una pregunta escrita del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, que requería su opinión respecto a si la interrupción del embarazo no suponía la eliminación de la vida de un ser humano:

El Gobierno no puede compartir la afirmación de que la interrupción del embarazo sea la eliminación de la vida de un ser humano […] El Estado debe proteger la vida del no nacido y ello debe hacerse desde el inicio de la gestación y hasta el momento del nacimiento […] Abortar no supone acabar con una vida humana porque sobre el concepto de ser humano no existe una opinión unánime, una evidencia científica, ya que por vida humana nos referimos a un concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales, sociales y, en definitiva, sometida a opiniones o preferencias personales^[18].

La expresión más acabada de la neolengua es la propia denominación de la ley que convierte el exterminio de seres humanos en un derecho: Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre la definición ministerial y la nomenclatura oficial se extiende el notorio ejercicio de manipulación al que el proyecto Zapatero ha aplicado los principios fundamentales del mundo de la propaganda política, los conocidos como principios de simplificación, trasposición, vulgarización, orquestación, verosimilitud, silenciamiento y transfusión:

Principio de simplificación (individualizar al adversario en un único enemigo):

Principio de trasposición (trasladar al adversario los errores propios con el fin de responder con el ataque):

Principio de vulgarización (minimizar el esfuerzo mental del ciudadano frente a los mensajes que se le lanzan):

Principio de orquestación (repetir constantemente unas mismas y pocas ideas). Frente al hecho cierto de que en España ninguna mujer ha ingresado nunca en prisión por abortar:

Principio de verosimilitud (argumentar en base a hechos supuestos, irrelevantes o fuera de contexto). Frente a la manifestación en Madrid contra la ley del aborto (17.10.09), en la que participó más de un millón de personas:

Principio de silenciamiento (callar la información que favorece al adversario). Manifestación del 17 de octubre de 2009 contra la ley del aborto. Los manifestantes ocupamos la calle Alcalá desde la puerta del Sol hasta la Puerta de Alcalá, y las zonas adyacentes. Según los organizadores, hubo más de dos millones de manifestantes. Según la Comunidad de Madrid, 1,2 millones. Los convocantes fueron 42 asociaciones civiles:

Principio de transfusión (recurrir a mitos y prejuicios y remover el sustrato más primitivo del imaginario colectivo facilita el rápido arraigo de la propaganda):

Convencido de que la política consiste en cambiar comportamientos individuales, en lugar de gestionar los recursos y canalizar las iniciativas en aras a la consecución del bien común, buena parte de la acción de gobierno de Rodríguez Zapatero y de la actividad del PSOE desde 2004 ha estado dedicada a la mera propaganda del aborto, una de las piezas clave de su proyecto. Sin más argumentos que las machaconas consignas expuestas con anterioridad y recurriendo a los medios de comunicación y a la difusión de propuestas de ocio audiovisual que presentan el aborto como un procedimiento aséptico e impersonal que supone el colmo de la libertad y la modernidad, gran parte de la labor del Gobierno socialista ha consistido en convencer a los ciudadanos de la necesidad de incrementar el número de niños no nacidos.

El resultado de la acción gubernamental sobre la opinión pública no ha logrado los resultados esperados. En este sentido, 2009, el año de elaboración de la ley abortista de Rodríguez Zapatero y de mayor presión sobre la opinión pública, fue precisamente el año de la gran inflexión.

El agujero negro del universo Zapatero ha surgido de la mano de la opinión pública. Medios tan próximos a las corrientes abortistas como La Vanguardia registraron el vuelco de la opinión ciudadana con respecto al aborto. Según los sondeos del Instituto Noxa que publicó el mismo periódico, en 2008, antes de que comenzara la gran campaña abortista del Gobierno socialista, el 57 por ciento de los consultados se mostraba a favor del aborto y un 30 por ciento era contrario. Un año después, los partidarios del aborto habían bajado al 44 por ciento y los defensores del derecho a vivir subieron al 46 por ciento. Desde esa fecha, todos los sondeos, también los que dependen del propio gobierno socialista, han seguido registrando un incremento constante de quienes apoyan el derecho a vivir y un retroceso claro de los partidarios de las reformas abortistas del PSOE.

A partir de la segunda mitad de 2009 esta tendencia se registraba incluso entre los votantes socialistas. En esa fecha, el 25 por ciento de ellos rechazaba el proyecto abortista de su Gobierno. Los defensores socialistas del derecho a vivir aumentaron un 11 por ciento y los partidarios del exterminio de niños retrocedieron un 13 por ciento.

Lo que ha propiciado este cambio histórico en nuestro país ha sido la actividad decidida y tenaz de miles de ciudadanos que, en toda España, se han ido agrupando en plataformas cívicas de defensa del derecho a vivir. Durante todo el año 2009, la actividad de estos grupos de ciudadanos se centró en la difusión de la información científica acerca del aborto y de sus consecuencias, en el activismo ciudadano, en la denuncia de la complicidad gubernamental con la patronal de los abortorios y con grupúsculos residuales de exaltados radicales. Esta labor logró taladrar el muro de silencio impuesto por el Gobierno socialista.

El PSOE pretendía tramitar y aprobar su proyecto abortista de la manera más discreta y rápida posible, para sustraer a la ciudadanía el debate que semejante iniciativa requería. Los grupos y plataformas cívicas frenaron ese intento y lograron explicar a la opinión pública las intenciones de Rodríguez Zapatero. La agenda del PSOE tuvo que cambiar y los abortistas echaron mano entonces de la propaganda y de los medios de comunicación afines. Pero ya actuaban a la defensiva. La iniciativa había pasado a manos de los defensores del derecho a vivir.

El 29 de marzo de 2009, la Marcha por la Vida^[20] sacó a la calle en Madrid a medio millón de ciudadanos y hubo cerca de un centenar de concentraciones simultáneas en otras tantas ciudades españolas y también ante las embajadas españolas de varios países. Por primera vez en nuestra historia, un acto en defensa del derecho a vivir rompió todos los pronósticos y llenó las calles de nuestras ciudades de un clamor por la vida que nunca antes había sido tan fuerte y decidido.

Las concentraciones contra el aborto se remontan a 1985, cuando se promulgó la primera ley. Pero durante años estuvieron formadas por heroicos precursores que actuaban en la más dura soledad y casi nunca trascendieron a la opinión pública. La Marcha por la Vida de 2009 supuso romper con el tabú impuesto a la sociedad española por el pensamiento políticamente correcto del «progresismo», según el cual abortar es una expresión de libertad, en lugar de un crimen. La prensa internacional^[21] se hizo eco de la reacción de la sociedad española ante los planes abortistas del proyecto Zapatero, y el Gobierno socialista quedó descolocado y sin más «argumento» que redoblar su campaña propagandística de manipulación y de insultos contra los que apoyamos el derecho a vivir.

En la primavera de 2009 varios autobuses recorrieron toda la Península durante tres semanas llevando el mensaje del derecho a vivir. La Vuelta por la Vida^[22] de los autobuses de la plataforma Derecho a Vivir (DAV) sirvió para redoblar la movilización de miles de personas, ciudadanos que voluntariamente pusieron de manifiesto en todo el país su decisión de hacerse escuchar para detener los planes abortistas del Gobierno socialista.

El 17 de octubre de 2009 se vivió la segunda gran manifestación en defensa del derecho a vivir del nasciturus, en esta ocasión sólo en Madrid^[23]. Frente a su éxito rotundo, desde el Gobierno socialista y sus aledaños políticos y mediáticos se habló de una manifestación de «los obispos y la vieja guardia del PP». Pero las agresiones verbales a los participantes únicamente han servido para motivar y movilizar todavía más, como quedó patente el 7 de marzo de 2010, cuando la segunda Marcha Internacional por la Vida^[24] volvió a movilizar a los ciudadanos de todas las capitales españolas de provincia. En todas ellas y en muchos municipios la ciudadanía salió a la calle a manifestar su repulsa por la aprobación de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Madrid asistió de nuevo a la paralización de sus calles al paso de 600 000 defensores del derecho a vivir, y las embajadas españolas en el extranjero se vieron rodeadas de pancartas de condena y muestras de repulsa.

Sin embargo el proyecto Zapatero ha seguido adelante porque en sus intenciones no contempla la consulta a la ciudadanía sino la imposición de sus premisas. Apoyado por grupúsculos nacionalistas e izquierdistas, el PSOE reunía el 24 de febrero de 2010 los votos necesarios para aprobar su reforma abortista en el Senado.

La política de promover y dar facilidades al aborto ha cosechado sus «frutos»: entre 2001 y 2008 el número de abortos se duplicó en España mientras el uso de anticonceptivos, que según la legislación emanada del proyecto Zapatero sirven para reducir los abortos, ha pasado del 49 por ciento en 1997 al 80 por ciento en 2007.

En nuestro país se produce un aborto cada 4,7 minutos y uno de cada cinco embarazos termina en aborto, lo que representa el 20 por ciento de todos los embarazos. Según las últimas cifras conocidas, proporcionadas por el Gobierno del PSOE, cada día se perpetran en España 317 abortos. Y cada hora dos adolescentes entran en un abortorio. Desde 2007, España es el país de la Unión Europea-15 con mayor incremento en el número de abortos.

Fuente: Instituto de Política Familiar.

El Instituto de Política Familiar ha comparado las cifras oficiales de abortos, que proporciona el Ministerio de Sanidad, con algunos datos poblacionales. El resultado es éste^[25]:

• Los abortos que se producen durante 15 días en España (4750 abortos) servirían para cubrir la demanda anual de adopción nacional e internacional.
• Cada día 317 niños dejan de nacer en España por el aborto. Esto equivale a la desaparición cada 3 días de un colegio de tamaño medio por falta de niños.
• El número de abortos que se produjeron en el año 2008 (más de 115 000) equivale a ciudades como Orense o Lugo, y es más de la población total de la provincia de Soria o ciudades como Gerona, Cáceres, Toledo, Zamora o Huesca.
• Los abortos que se producen en 15 días superan la mortalidad por accidente de tráfico de todo 1 año.
• El número de abortos que se produce en un año (115 812 en el 2008) es equivalente al déficit de natalidad que tiene España.
• Desde que se legalizó en el año 1985, en nuestro país se han registrado 1 350 000 abortos. Es una cifra equivalente a la población de comunidades como Extremadura, Aragón, Asturias, Islas Baleares, o Navarra y Cantabria juntas.

El mismo día en que el Senado español aprobaba la ley del aborto con los votos del PSOE y sus franquicias regionales, de ERC, IU, BNG, algunos senadores de CiU, del PSM-EN y de dos senadores independientes de Navarra e Ibiza, Rodríguez Zapatero pronunciaba estas palabras:

«Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a otro ser humano, absolutamente nadie. Trabajemos por esta causa. Me tienen a su disposición»^[26].