CAPÍTULO I
LOS ORÍGENES DEL CISMA SOCIALISTA.
EL PSOE, 1917-1931
En el debate, aún vigente, sobre los orígenes de la guerra civil española, se ha convertido en un lugar común la atribución de la principal responsabilidad al partido socialista, el PSOE. Fuese o no responsable del derrumbamiento de la Segunda República, lo cierto es que jugó un importante papel en ella. Al ser el mayor partido de la izquierda, proporcionó tres ministros a los gobiernos reformistas de 1931-1933 y fue la piedra angular de su apoyo parlamentario. Durante el período de dominio centro-derecha de 1933 a 1935 y los socialistas fueron la única oposición importante, tanto en las Cortes como en la calle, e incluso tomaron parte en la trascendental insurrección de 1934. Desde las llamadas elecciones frentepopulistas de febrero de 1936 hasta el estallido de la guerra en julio del mismo año, los socialistas, de nuevo el principal partido, fueron los árbitros de la política republicana. Refiriéndose a la insurrección de 1934, un historiador ha llegado a afirmar que «dado que el futuro de la República dependía del movimiento socialista y del partido católico, es importante reconocer que fue el primero de ellos y no el segundo el que abandonó los métodos democráticos y apeló a la violencia»[1].
Este recurso a la violencia fue uno de los síntomas más claros de la creciente radicalización del PSOE, que comenzó en 1933 como consecuencia de la desilusión ante los escasos logros reformadores de la República, del temor de que una línea menos militante llevase a los socialistas españoles a compartir la suerte de sus compañeros alemanes y austríacos y de una radical reconsideración de la ideología y tácticas del partido. La radicalización o «bolchevización», como la denominaron sus defensores, no fue nunca completa y no progresó más que a costa de enconadísimas polémicas en el interior del partido. De hecho, fue la persistente lucha interna por el poder lo que paralizó virtualmente a los grupos más moderados del partido, impidiéndoles contribuir a la defensa de la República cuando se vio amenazada en la primavera de 1936. Posiblemente se refiere a esto Salvador de Madariaga cuando afirma que «lo que hizo inevitable la guerra civil española fue la guerra civil en el interior del partido socialista»[2].
Los orígenes de la radicalización de los socialistas no han sido nunca explicados satisfactoriamente. Y lo mismo ocurre respecto a la estrechísima relación que tiene dicha radicalización con acontecimientos políticos contemporáneos, tanto dentro de la República como fuera de España. Evidentemente, hasta que esto no se haya hecho, será prematuro extraer conclusiones definitivas sobre «responsabilidades» por el advenimiento de la guerra civil. No obstante, es cierto que incluso militantes del PSOE, y no sólo los que adoptaron posturas moderadas en la polémica, se han mostrado muy duros en sus apreciaciones posteriores sobre los intentos de «bolchevizar» el PSOE[3]. En el caso de los moderados, no es difícil de explicar. Aparte de un comprensible resentimiento por los ataques personales de que fueron objeto, como antiguos militantes se opusieron a lo que consideraban un ataque a las tradiciones del partido, que eran cualquier cosa menos radicales. En el caso de los bolchevizadores arrepentidos, tampoco es difícil explicar su cambio de opinión. Uno de los resultados de la «bolchevización» fue que amplios sectores del PSOE cayesen bajo la influencia del Partido Comunista, cuya conducta durante la guerra civil originaría una enorme amargura entre sus antiguos aliados republicanos. Tras la derrota, lamentaron abiertamente el papel que habían jugado al ayudar a los comunistas en su ascenso. Ninguna de estas críticas justifica la aseveración de Madariaga, aunque ambas ayudan a explicar por qué ha sido ampliamente aceptada como explicación al estallido de la guerra.
Todavía está por aclarar la radicalización del partido socialista, sobre todo porque constituyó un fenómeno único en Europa en una época en la que la mayoría de los movimientos socialistas evolucionaba hacia posiciones cada vez más moderadas. El contraste era aún mayor en relación con el propio pasado del PSOE, de un reformismo fuertemente enraizado y con una falta de tradición de marxismo teórico[4]. El partido no rompió nunca con sus orígenes, que radicaban en la aristocracia obrera de los tipógrafos madrileños. Pablo Iglesias, su fundador, no dio nunca a su partido un cuerpo de teoría independiente. El pablismo, como más adelante serían denominadas sus ideas por los críticos trotskistas, se preocupó siempre más del saneamiento de la política existente que de la lucha de clases, adoptando un tono austero y monacal que le hacía parecer, al menos a los ojos de uno de sus críticos, como una hermandad de moralistas. De hecho, el pablismo fue una mezcla de ideología revolucionaria y de táctica reformista que, dada la debilidad numérica del partido, era para Iglesias la única alternativa realista a la destrucción o a la clandestinidad. Julián Besteiro, su sucesor en la dirección del partido, también creía que la austeridad y la reserva eran las únicas tácticas viables dentro de la política corrompida de la Restauración[5]. Así, tras la semana trágica de 1909, el PSOE se unió a las fuerzas republicanas en lo que virtualmente era una campaña de derechos cívicos. En 1914, aunque España no estaba implicada en las hostilidades, la dirección del PSOE desaprovechó la oportunidad de condenar la guerra y siguió la orientación francesa de romper la solidaridad internacional, pese a la consternación de algunos grupos del partido.
Las aspiraciones de la dirección reformista hasta los años treinta se centraron en la necesidad de sustituir la monarquía desacreditada por una república popular y apenas se ocuparon de revolución social y lucha de clases. El Socialista, el periódico del partido, ignoró en un principio la revolución soviética y, más adelante, declaró que era una desviación del auténtico deber de Rusia: la derrota de Alemania[6]. Dejando a un lado la pobreza del marxismo del partido, su falta de aliento revolucionario se debía en gran medida al hecho de que desde la fundación del PSOE en 1879 hasta el auge de la gran guerra los precios y salarios permanecieron relativamente estables, aunque estuvieron entre los precios más altos y los salarios más bajos de Europa; tal vez por esto, la clase obrera española se mantuvo desmovilizada en gran medida[7]. En 1914 empezaron a cambiar las circunstancias. La posición no beligerante de España le permitió asumir el papel de abastecedora de alimentos, ropas y equipos a ambos bandos. Un crecimiento industrial vertiginoso se vio acompañado de una feroz inflación, que alcanzó su máximo en 1916. En respuesta al deterioro de las condiciones sociales, el PSOE y su organización sindical, la UGT, se vieron envueltos en el amplio movimiento reformador de 1917. Incluso cuando, en circunstancias enormemente complejas, esta actitud llevó a la UGT a verse implicada en una huelga general nacional, en agosto de aquel año, los objetivos máximos de los socialistas eran el establecimiento de un gobierno provisional republicano, la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes y una actuación vigorosa frente a la inflación[8]. La huelga fue sofocada con relativa facilidad por el gobierno a costa de una feroz represión en Asturias y el País Vasco, dos de los principales reductos socialistas; el otro era Madrid.
La represión de 1917 tuvo un efecto doble en el movimiento socialista español. Por una parte, traumatizó a la dirección y, particularmente, a la burocracia sindical. Por otra, los que se opusieron a la línea del partido respecto a la primera guerra mundial empezaron a adoptar posturas más revolucionarias. La polarización se agudizó en los años siguientes. De 1918 a 1923 se produjo una considerable agitación revolucionaria, especialmente en el sur campesino y en la industrial Barcelona[9], ante la cual el movimiento socialista mantuvo una actitud de deliberada indiferencia. Sin embargo, la crisis económica posbélica y el subsiguiente descontento de las masas habían creado, tras la revolución bolchevique, un clima de opinión dentro del movimiento socialista favorable a una orientación revolucionaria, especialmente en Asturias y en el País Vasco. Su opinión se expresaba en la revista Nuestra palabra, que, bajo la dirección de Ramón Lamoneda y Mariano García Cortés, defendía que los acontecimientos de Rusia y el fracaso del movimiento reformista español en 1917 mostraban la irrelevancia de la fase democrática en el camino hacia el socialismo, lo cual les hizo entrar en conflicto con la burocracia sindical, especialmente con Trifón Gómez, Manuel Llaneza y Francisco Largo Caballero, que estaban decididos a no repetir lo que veían como el aventurismo insensato de 1917[10].
Como consecuencia, se produjo un amplio debate sobre la actitud del PSOE y de la UGT respecto a la revolución soviética y la Tercera Internacional. La tendencia probolchevique fue derrotada en una serie de congresos, de 1919 a 1921, tras una lucha cerrada en la que la dirección consiguió el triunfo apoyándose en los votos de la fuerte burocracia sindical con sueldo y con puestos fijos[11]. La izquierda derrotada se separó para formar el Partido Comunista Español. Numéricamente, el cisma comunista no fue un golpe serio, pero acentuó la debilidad ideológica de los socialistas en una época de grave crisis económica y social. La esencial moderación del partido se reforzó con ello, pero quedó una cierta depresión moral[12]. En la estela de la derrota de 1917, la división de 1921 dejó a los socialistas sin un sentido claro de dirección y algo apartados de los problemas candentes del momento. Las batallas sindicales que se libraban en otros países atrajeron menos la atención socialista que la campaña parlamentaria contra la guerra de Marruecos y las supuestas responsabilidades del rey en la derrota de Annual.
La postura defensiva y el conservadurismo ideológico de los socialistas se pusieron de manifiesto con la llegada de la Dictadura militar del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Su toma del poder fue, en amplia medida, una respuesta a la agitación social de los seis años anteriores. Pero los socialistas ni previeron el golpe ni mostraron gran inquietud cuando ocurrió, a pesar de que pronto se empezó a perseguir a otras organizaciones obreras. Aparte de un manifiesto que abogaba por la resistencia pasiva[13], no hicieron nada por impedir el establecimiento del nuevo régimen y pronto empezaron a colaborar con él, lo que refleja hasta qué punto sus líderes habían salido de la crisis de 1917 convencidos de la necesidad de persistir en una táctica legalista, para no volver a arriesgar jamás la existencia de los sindicatos en un combate frontal con el Estado y conservar a toda costa los logros de la legislación social existente[14].
Años después, la colaboración con el dictador se convertiría en una carga moral para los socialistas. Es posible que parte del extremismo retórico que mostraron durante la República fuese el síntoma de su deseo de borrar el reformismo egoísta del período de la Dictadura. Algunos apologistas socialistas intentaron justificar el hecho de que ni el PSOE ni la UGT se resistieran al golpe de Primo de Rivera, alegando que habría sido absurdo arriesgar el movimiento obrero para salvar el degenerado sistema político de la monarquía de la Restauración[15]. El argumento era engañoso, pues estaba en juego algo más que el derrocamiento por Primo de Rivera de los políticos de viejo cuño, como mostró la persecución sufrida por otros partidos[16]. Además, hubo críticos de izquierda que opinaban que una huelga general habría impedido el golpe y situado a los socialistas en una posición dominante en la política nacional[17]. Más significativo aún, dentro del propio PSOE hubo quienes se escandalizaron ante el oportunismo mostrado por la dirección. Reconocieron que una acción huelguística contra el ejército habría sido un heroísmo sentimental e infantil, pero no podían admitir que ello justificase una estrecha colaboración con él y se sintieron decepcionados al ver que el partido se limitaba a encogerse de hombros en lugar de resistir, postura de principio que hubiera podido convertirse en un punto de convergencia para una posterior oposición al dictador[18].
En la realidad, los socialistas no tuvieron un papel significativo en los diversos movimientos de resistencia a la Dictadura, al menos hasta sus últimas etapas. Esta «discreción» dividiría las filas socialistas, aunque los socialistas de izquierda la defenderían más tarde como una negativa a hacer el juego de la oligarquía[19]. A medida que decrecía la popularidad del dictador, el movimiento socialista en su conjunto empezaba a disociarse del régimen, pero en los primeros tiempos sólo un pequeño grupo estuvo a favor de una oposición abierta: los seguidores de Indalecio Prieto, que contaban con cierto apoyo en Bilbao y Asturias, y Fernando de los Ríos, cuyos partidarios estaban en Granada. Aunque el resto de los dirigentes socialistas estaban a favor de la colaboración, no todos lo hacían exactamente por las mismas razones. De hecho, los colaboracionistas eran todos en la práctica reformistas, como también lo eran Prieto y Fernando de los Ríos. En teoría, sin embargo, podían distinguirse dos tendencias entre los colaboracionistas: los sindicalistas prácticos, dirigidos por Francisco Largo Caballero, y quienes seguían al revisionista marxista Julián Besteiro. Sus diferencias sólo se hicieron patentes gradualmente, e incluso entonces estuvieron lejos de resultar claras para los militantes de base. Pero a la larga produjeron las acerbas polémicas de los años treinta y dividieron el movimiento a causa de los muchos seguidores personales que cada dirigente tenía.
Después de Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, Julián Besteiro era la figura más significativa del PSOE y uno de sus escasísimos teóricos. Cuando falleció Iglesias, en 1925, Besteiro se convirtió en presidente del partido y de la UGT. Su posición teórica era análoga a la de Kautsky, al que admiraba[20]. Con Kautsky compartía un análisis teórico marxista ortodoxo del inevitable progreso de la sociedad a través de una revolución burguesa hacia el socialismo y deducía de ello una praxis específica y gradualista. Como Kautsky, rechazaba la noción de la dictadura del proletariado, considerando la experiencia bolchevique irrelevante para la situación española[21]. Besteiro, como Iglesias, se fijaba mucho más en el partido laborista británico y en los fabianos como modelo. En consecuencia, estaba a favor de que los socialistas españoles aprovechasen las oportunidades ofrecidas por Primo de Rivera para defender sus intereses materiales[22].
Los sindicalistas del movimiento que no eran seguidores de Besteiro lo eran generalmente de Largo Caballero, aunque también Prieto tenía sus partidarios, especialmente en el norte. La actitud de Largo Caballero frente a la Dictadura era similar a la de Besteiro, aunque sin la base teórica de este último. Largo era fundamentalmente un sindicalista pragmático que siempre afirmó haber conseguido un puesto destacado dentro del movimiento gracias a la realización asidua de los deberes sindicales y de las tareas diarias de organización. Una vez había escrito que el movimiento obrero era resultado de la inalterable necesidad de mejorar la situación moral y material de los trabajadores dentro del régimen capitalista[23]. No era, pues, extraño que se opusiese a cualquier empresa que pusiese en peligro ese movimiento, especialmente tras el desastre de 1917. Cuando llegó la Dictadura, él y sus seguidores razonaron que, aunque la lucha política había sido suspendida, el combate sindical tenía que seguir adelante. Después de la crisis posbélica se estaba produciendo una recuperación económica, y pensaron que la primera tarea de la UGT era hacer todo lo posible por proteger los intereses materiales de sus miembros en las fábricas y talleres[24]. En la práctica, eso significaba pasar del simple pragmatismo a un oportunismo estricto basado en el deseo de ganar por la mano a los anarcosindicalistas[25]. Este sectarismo egoísta topó con una considerable oposición en la base, especialmente en Asturias, pero también entre los sectores agrarios de la UGT.
La iniciativa formal de la colaboración procedió del dictador en persona, que podía confiar en una respuesta positiva en vista de la pasividad socialista a raíz de su golpe. Un comunicado conjunto del PSOE y la UGT había ordenado al movimiento socialista no seguir el ejemplo de los obreros de Bilbao, que habían declarado una huelga general[26]. La oferta del dictador vino en forma de un manifiesto a los trabajadores el 29 de septiembre de 1923, en el que Primo de Rivera agradecía a la clase obrera su actitud durante la toma del poder. El manifiesto iba claramente dirigido a los socialistas. Favoreciendo, por un lado, la legislación social, tan cara a los reformistas de la UGT, llamaba luego a los trabajadores a dejar las organizaciones que les conducían «por caminos de ruina». Esta referencia a los revolucionarios CNT y PCE, era un ofrecimiento apenas velado de que la UGT podía llegar a ser la única organización de la clase obrera si colaboraba con el régimen mientras éste eliminaba a los rivales de la UGT, anarquistas y comunistas[27]. La alusión alcanzó el objetivo de la vieja hostilidad socialista a la CNT. Poco después, Pablo Iglesias predecía con regocijo la caída de la CNT en términos similares, sobreentendiendo que los trabajadores de sus filas se encontraban en ellas por error o por la fuerza. Dos días después del manifiesto, Primo de Rivera hizo una oferta directa a Manuel Llaneza, presidente del Sindicato Minero Asturiano, invitándole a formar parte de una comisión que iba a estudiar los problemas de la industria minera. Recibiendo la errónea impresión de que el SMA podría así defender sus logros en el terreno de los salarios y las horas de trabajo, al día siguiente Llaneza habló entusiásticamente en una reunión conjunta, favorablemente predispuesta y convocada anteriormente, de las ejecutivas nacionales del PSOE y la UGT[28]. La reunión decidió apoyar la colaboración iniciada por Llaneza, aunque hubo tres votos en contra de la resolución, entre ellos los de Prieto y De los Ríos.
Llaneza fue dirigente del SMA durante la huelga de 1917 y, testigo de la brutal represión, fue uno de los socialistas más traumatizados por los acontecimientos de aquel año. El miedo a las consecuencias de un nuevo enfrentamiento con el ejército era la base de su colaboracionismo. A su actitud se oponía, incluso en aquellos momentos iniciales, Teodomiro Menéndez, otro dirigente de 1917 y seguidor fiel de Prieto[29]. Era un síntoma de la naciente división entre la base de UGT y la dirección reformista. El SMA, además de ser una de las secciones más importantes de la UGT, era también una de las más militantes, e incluso después de la escisión de 1921 mantenía relaciones cordiales con los comunistas locales[30]. Pero por el momento, la oposición a la táctica de la ejecutiva fue expresada únicamente por De los Ríos y Prieto, quien escribió a Besteiro, a finales de 1923, protestando. Reunido el 9 de enero de 1924, el comité nacional del PSOE ratificó la línea colaboracionista adoptada hasta entonces, aunque hizo una pequeña pero significativa concesión a Prieto: una declaración de que no se aceptarían puestos gubernamentales sin que las personas que fueran a ocuparlos fuesen designadas por el organismo socialista correspondiente[31].
A pesar de ello, la integración de la dirección nacional en el nuevo régimen fue considerable y la UGT estuvo representada en varios organismos estatales[32]. Las casas del pueblo socialistas permanecieron abiertas y la mayor parte de las secciones de la UGT pudieron seguir funcionando en tanto que los anarquistas y comunistas vieron totalmente amordazadas sus actividades. El primer indicio del precio puesto por el Directorio militar a la posición privilegiada concedida a los socialistas apareció en marzo de 1924, cuando se prohibieron las manifestaciones obreras previstas para la conmemoración del Primero de Mayo[33]. A cambio de la docilidad de los obreros, se ofreció a la UGT la mayor recompensa obtenida hasta entonces: un puesto en el Consejo de Estado. El 2 de junio de 1924, el Instituto de Reformas Sociales fue reemplazado por un Consejo del Trabajo, y la delegación de la UGT pasó tal cual de un organismo a otro. El 13 de septiembre, un decreto regio permitió que un representante de los trabajadores y otro de los patronos, miembros del nuevo consejo, pasaran al Consejo de Estado. Los representantes de la UGT eligieron a Largo Caballero, sin que hubiera repercusiones desfavorables en el interior de la UGT (Besteiro era vicepresidente y Largo Caballero secretario general). Pero sí hubo protestas en el PSOE.
Prieto y De los Ríos escribieron sendas cartas a la ejecutiva del PSOE denunciando el oportunismo de la aceptación del puesto por Largo Caballero y advirtiendo que sería explotada por el dictador por su valor propagandístico. De hecho, Primo de Rivera mencionó la presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado como una razón para no establecer la democracia[34]. La ejecutiva se reunió el 17 de octubre para examinar esas objeciones y acordó que el PSOE no se interferiría en nada relacionado con la UGT. No era un proceder muy honrado, pues los mismos individuos formaban parte de los comités ejecutivos de ambas organizaciones y era una práctica normal tener deliberaciones comunes sobre cuestiones nacionales de importancia. Como consecuencia, Prieto dimitió[35]. La decisión se planteó ante un pleno del comité nacional del PSOE el 10 de diciembre, y la aceptación de Largo Caballero fue ratificada por 14 votos contra cinco. De los Ríos propuso un referéndum entre los militantes, pero no se aceptó[36]. Esta división dentro del partido iba a tener repercusiones hasta la guerra civil, aunque sólo fuese por las enemistades personales que originó. De hecho, ante los rumores de escisión en el partido, Prieto declaró públicamente que las discrepancias tácticas no habían afectado en absoluto la cordialidad y unión existentes entre los dirigentes del partido. No obstante, es evidente que, tanto entonces como después, Largo Caballero abrigó un tremendo rencor personal contra Prieto[37].
La colaboración continuó y aumentó a pesar de la evidencia asturiana de que semejante táctica poco servía para proteger los intereses de los trabajadores. Los propietarios de las minas provocaron una huelga en noviembre de 1924 al solicitar una reducción salarial. Mientras Llaneza se precipitaba a Madrid a visitar a Primo de Rivera, los propietarios dieron un golpe preventivo, despidiendo a 350 trabajadores. Cuando estalló la huelga sólo fue defensiva y apenas consiguió mantener los salarios a su nivel anterior, lo que ocasionó críticas de elementos de la izquierda socialista que afirmaron que la colaboración significaba entregar atados de pies y manos los mineros a los propietarios[38]. En absoluto desalentada, la UGT mantuvo su actitud pacífica, negándose a unirse a los movimientos de resistencia de la Dictadura. Citando la acción en Asturias como un triunfo, resultado de la colaboración con el régimen, Pablo Iglesias afirmó que, a pesar de la censura y los límites a las reuniones y huelgas, tanto la UGT como el PSOE crecían bajo la Dictadura. De hecho, en 1926 iba a tener lugar la cooperación más importante de la UGT hasta el momento. Largo Caballero, hablando en la Casa del Pueblo de Madrid, condenó rotundamente el sabotaje industrial, los ritmos lentos y las huelgas como provocadores de cierres empresariales y declaró que la oposición al régimen podría ser desastrosa para la organización de la clase obrera[39].
En noviembre de 1926, el ministro de Trabajo de Primo de Rivera, Eduardo Aunós, puso en marcha la Organización Corporativa Nacional. Resultado en gran medida de un viaje de estudios que había realizado a Italia, e incorporando gran parte de la legislación social existente, pretendía a largo plazo reemplazar a los partidos de derecha e izquierda y eliminar la lucha de clases[40]. Su manifestación más práctica fue la creación de unos organismos de arbitraje, los comités paritarios. La UGT decidió aceptar la invitación del régimen, basándose en que se podían obtener beneficios materiales inmediatos. Consideraron que si la mejora de situación de los trabajadores habría que negociarla a través de los comités, y la representación de los trabajadores estaba exclusivamente en manos de la UGT, los trabajadores no socialistas afluirían a sus filas. Las principales actividades de los comités consistían en negociar los contratos salariales y las bases de trabajo y en conseguir indemnizaciones por despidos improcedentes. La burocracia sindical pensaba que los comités evitarían muchas huelgas y sacrificios innecesarios a la clase obrera[41]. Años después, cuando se criticó a la UGT por su oportunismo al haber aceptado los comités paritarios, se alegó frecuentemente que los oradores de la UGT se servían de ellos como plataforma propagandística contra la Dictadura[42]. Hay pocas pruebas de ello, y si realmente ocurrió así, fue cuando ya la marea de la opinión pública se había vuelto contra el dictador y la UGT estaba intentando disociarse del régimen.
En cualquier caso, resulta difícil calcular cuántas huelgas evitó la existencia de los comités paritarios. Ciertamente, hacia 1927, la expansión económica, que tanto había favorecido a la Dictadura, estaba llegando a su fin y cada vez había más pruebas de descontento sindical y aumentos significativos del desempleo[43]. Aparte de que afectase a la estabilidad del régimen, tuvo que repercutir grandemente en el movimiento socialista, pues indicaba la existencia de una división entre la militancia de base y el tímido conservadurismo de la dirección de UGT. Esa división era más evidente en Asturias. En el otoño de 1927, los propietarios de minas trataron de aumentar las horas de trabajo y de disminuir las tasas de los destajos. Llaneza estaba en contra de la huelga porque temía que se enviase al ejército contra los mineros. El Sindicato Minero Asturiano desechó sus opiniones y siguió adelante con la huelga, que tuvo éxito. El efecto, a nivel nacional, fue que los dirigentes asturianos comenzaron a favorecer el abandono de la línea colaboracionista de la UGT. Apenas tenían otra alternativa, pues los efectivos del SMA estaban disminuyendo a un ritmo alarmante, bajando de 20 000 en 1921 a 3000 en 1929[44].
La oposición a la dirección no se limitó a los mineros asturianos, sino que afectó también a las secciones rurales de la UGT. Los trabajadores agrícolas formaban el grupo profesional más numeroso dentro de la UGT, y la alarma por la disminución de sus efectivos muestra su importancia creciente en el movimiento socialista[45]. Además, era el sector que menos beneficios había obtenido de la cooperación de la UGT con la Dictadura. Los comités paritarios agrarios no fueron establecidos nunca, y los débiles intentos de Aunós para ayudar a los trabajadores del campo sirvieron para unir a los terratenientes del sur contra Primo de Rivera[46]. Un reflejo significativo de los sentimientos del sector agrario del movimiento provino de Gabriel Morón, un veterano dirigente de Córdoba y una voz importante dentro del partido. En una crítica devastadora del fracaso de la dirección en la resistencia contra la Dictadura, aseguró que la actitud egoísta de la UGT estaba dividiendo al movimiento obrero, y se quejó de que no se hiciese nada para preparar a las masas para el fin del régimen. Pidió que se abandonasen los cargos oficiales, porque seguir en ellos significaba cambiar el prestigio histórico del partido por una protección oficial a corto plazo[47].
El descontento que salía a la luz parecía justificar la actitud adoptada cuatro años antes por Prieto y De los Ríos. Más aún, su postura parecía ganar adhesiones, sobre todo dentro del PSOE. En septiembre de 1927, Primo de Rivera ofreció seis puestos en su nueva Asamblea Nacional, que iba a deliberar sobre una posible reforma constitucional. Los seis —Largo Caballero, Núñez Tomás, Llaneza, De los Ríos, Santiago Pérez Infante y Lucio Martínez Gil— rechazaron el ofrecimiento. Se convocaron congresos extraordinarios de la UGT y el PSOE para el 7 y el 8 de octubre, respectivamente, y en ellos se ratificó el rechazo (una victoria clara de los anticolaboracionistas). Aún más, el PSOE hizo una declaración pidiendo el restablecimiento de la libertad y la democracia. Sin embargo, los seguidores de Besteiro se aferraron a la táctica colaboracionista. Besteiro se encontraba enfermo, pero dos de sus más fieles partidarios, Trifón Gómez, del Sindicato Nacional Ferroviario, y Andrés Saborit, de la Federación Gráfica Española, propusieron que se aceptara la oferta de Primo 3e Rivera si los socialistas podían elegir a sus representantes. La polémica levantada fue tan áspera que se decidió postergar la decisión[48].
El debate sobre la Asamblea Nacional mostró que la intensificación de la conflictividad social estaba teniendo un efecto, gradual pero significativo, en la configuración de fuerzas dentro del movimiento socialista. De las tres tendencias del movimiento, los socialdemócratas que seguían a Prieto, el «kautskismo» de Besteiro y el sindicalismo pragmático de Largo Caballero, esta última fue la más visiblemente afectada por el cambio de ánimo de las masas obreras socialistas. En 1924, Largo había optado por la cooperación con la Dictadura porque al actuar así se conseguirían sustanciales beneficios materiales para la UGT; sin mayor fundamento teórico, por lo tanto, en 1927 empezó a variar de opinión ante las pruebas cada vez más evidentes de que semejante táctica estaba teniendo efectos nefastos sobre la adhesión a la UGT. La colaboración les había costado ya a los socialistas el oprobio de otros grupos de la izquierda[49]. La pérdida de prestigio sólo se podía justificar si iba compensada por un incremento de los efectivos. Y no parecía que el monopolio virtual de la UGT en los mecanismos estatales de arbitraje laboral tuviese un efecto significativo en el reclutamiento de nuevos miembros. De hecho, dos de las secciones más fuertes de la UGT, los mineros asturianos y los trabajadores agrícolas, habían tenido pérdidas apreciables durante la Dictadura[50]. El bienestar material de la UGT significó siempre para Largo Caballero más que cualquier teoría, y fue por ello siempre sensible a los cambios en los sentimientos de los miembros de la base, lo que sirve también para explicar muchos de sus cambios de táctica durante la República, cuando otra vez los asturianos y los trabajadores de la tierra estuvieron a la vanguardia de la militancia.
La extensión que estaba alcanzando la oposición a la Dictadura dentro del movimiento socialista se vio claramente en el XII Congreso del PSOE, que se celebró del 29 de junio al 4 de julio de 1928. De los Ríos se hallaba en Sudamérica, pero Prieto y Teodomiro Menéndez defendieron una línea clara de oposición y ya no estaban solos. Se formó una comisión especial para examinar la táctica del partido. La colaboración fue rechazada por la comisión por seis votos contra cuatro. La mayoría incluía a Morón, de Córdoba, y a Teodomiro Menéndez, de Asturias, que pronunció también un resonante discurso contra la colaboración en el propio congreso[51], Por motivos de censura, no se dio publicidad a las discusiones de la comisión sobre táctica. Pero al suponer la derrota de los partidarios de Largo Caballero, parecen haber influido en la concepción de éste sobre el papel de los socialistas en la Dictadura. No obstante, por el momento, y a pesar de la creciente oposición verbal en favor de una actitud en pro de la libertad y la democracia, el parecer mayoritario siguió siendo procolaboracionista, como se reflejó en las elecciones a los cargos del partido en el XII Congreso, así como para los puestos de la UGT en el XVI Congreso de la UGT, celebrado del 10 al 15 de septiembre. Besteiro fue elegido presidente del PSOE y la UGT, y todos los cargos directivos fueron atribuidos a besteiristas o seguidores de Largo Caballero[52].
Sin embargo, el conflicto entre el movimiento obrero y el régimen iba creciendo. Después de que las fuerzas del orden aplastaran una huelga en Sevilla, a los socialistas del sur les quedó poca fe en la eficacia de la cooperación[53]. En Asturias, la incapacidad de los comités paritarios para resolver los problemas de las minas era aún más evidente. Las minas no estaban bien organizadas y su carbón era de poca calidad. En 1928, la industria carbonífera empezó a resentirse de la competencia del dumping del carbón inglés barato. Fueron despedidos 4000 mineros. La negociación era imposible, y las soluciones reformistas, fuera de propósito. Los mineros pedían la nacionalización de las minas; los propietarios, reducción de salarios y despidos. Evidentemente, Primo de Rivera no podía consentir ataques contra la estructura de la propiedad. Cuando Llaneza se le quejó de que los mineros sólo tenían trabajo dos semanas al mes, el dictador le respondió: «Ustedes se alarman demasiado, más vale trabajar dieciséis días que nada». Los mineros estaban siendo empujados ya hacia la radicalización, que iba a ser uno de los principales problemas de la República[54].
Cada vez era más difícil a la dirección socialista el sostener que la colaboración beneficiaba a la clase obrera. Sin embargo, Largo Caballero continuaba oponiéndose a la acción directa y manifestando su apoyo a la legislación del gobierno[55], aunque separándose progresivamente del compromiso con el régimen. Las posibilidades de elección no eran muy amplias, puesto que éste se iba a pique. Las universidades estaban amotinadas. Intelectuales y políticos republicanos y monárquicos protestaban contra los abusos de las leyes e incluso preparaban movimientos de resistencia. Para ello podían contar cada vez más con el apoyo del ejército, herido por el trato despótico de Primo de Rivera con la artillería. La burguesía estaba alarmada ante la caída de la peseta, y conforme transcurría el año 1929 empezaron a hacerse notar en la economía española los primeros efectos de la depresión mundial. Los socialistas se quedaban gradualmente aislados como únicos defensores del dictador, salvo su Unión Patriótica.
El temor a ser superados por las circunstancias cambiantes y a perder el apoyo de la base acabó por afectar a la mayoría colaboracionista de la dirección socialista. El 26 de julio de 1929, Primo de Rivera ofreció a la UGT la posibilidad de escoger cinco representantes para su Asamblea Nacional. Su primitiva oferta de septiembre de 1927 había sido rechazada únicamente porque no permitía la elección de los representantes por los socialistas. Los comités nacionales del PSOE y la UGT tuvieron una reunión conjunta para discutir el ofrecimiento el 11 de agosto. Se presentaron dos propuestas principales. La primera, de Largo Caballero, propugnaba rechazar la oferta, basándose en que aceptarla significaría la violación de los acuerdos del congreso extraordinario de la UGT del 7 de octubre de 1927. Esto, aparte de no ser totalmente cierto, significaba un importante cambio de postura por parte de Largo Caballero, que, evidentemente, había decidido que la Dictadura estaba desacreditada y que sería contraproducente para el movimiento socialista prolongar su asociación con ella. La otra propuesta, de Besteiro, estaba a favor de aceptar la oferta de Primo de Rivera.
Las discusiones de la reunión mostraron hasta qué punto habían advertido los líderes sindicales el peligro de perder su ascendiente sobre las masas socialistas. Sólo Enrique Santiago y Wenceslao Carrillo apoyaron la propuesta de Besteiro. Pero el cambio de táctica sólo se adoptó de mala gana y bajo la presión de los acontecimientos y de la base. Andrés Saborit, el más fiel seguidor de Besteiro, comentó: «Nuestro voto se fundamentaba en el examen que hacíamos de las circunstancias políticas. En el fondo era una rectificación de toda una política acertada, puro oportunismo»[56].
Besteiro había convocado un congreso extraordinario de la UGT para decidir la cuestión. Las objeciones hechas a su propuesta pusieron de manifiesto hasta qué punto habían comenzado a influir en los dirigentes las opiniones de las masas socialistas. Largo Caballero afirmó que estaba totalmente de acuerdo con las razones de Besteiro a favor de la colaboración con el régimen, pero no con la convocatoria de un congreso. Era evidente que no quería tener que enfrentarse con una rebelión de la base. Trifón Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Ferroviario y besteirista, dijo, defendiendo su voto en contra del presidente: «Yo no tengo inconveniente en suscribir el documento que acaba de leer Besteiro, pero tengo en cuenta los sentimientos de la clase obrera organizada y creo inútil y perjudicial la convocatoria de un congreso, porque los delegados vendrán, en su inmensa mayoría, a votar en contra de ir a la Asamblea». En la votación final, sólo Santiago votó a favor de Besteiro, pues Carrillo también estaba convencido de que los delegados de un congreso votarían contra la ejecutiva[57].
Incluso a Besteiro le afectaron las circunstancias, aunque con una consistencia teórica mayor. Si se veía obligado a criticar a la Dictadura, era a causa de un reformismo intelectual, y no por las consideraciones prácticas que movían a la burocracia sindical. La Asamblea Nacional, a la que se había invitado a la UGT, iba a discutir un proyecto de reforma constitucional que habría bloqueado toda vuelta a la normalidad «democrática». Besteiro se había mostrado partidario de aceptar la invitación para impugnar el proyecto en la Asamblea. De hecho, salvo el grupo prietista, el resto de la dirección socialista estaba básicamente de acuerdo con él, pero prefería ceder ante los sentimientos de la base. Rechazada la invitación del dictador, Besteiro redactó un manifiesto con sus opiniones sobre la proyectada reforma constitucional. Firmado por Besteiro y Saborit, por el PSOE, y por Besteiro y Largo Caballero, por la UGT, el manifiesto salió a la luz el 13 de agosto de 1929. La censura prohibió su publicación y fue impreso y distribuido clandestinamente[58].
El texto del manifiesto contenía una amplia demostración del pensamiento de Besteiro sobre la crisis política y el papel en ella del movimiento socialista. No era incoherente con su postura acerca de la colaboración con el régimen. Besteiro pensaba que en la larga marcha hacia el establecimiento del socialismo era legítimo utilizar todos los medios legales para mantener o mejorar la situación del movimiento socialista. Considerando a la Dictadura como un estadio transitorio de la descomposición del régimen monárquico, le parecía lógico aceptar los privilegios ofrecidos por el dictador, y ello porque, conforme a su análisis marxista rígidamente ortodoxo, la monarquía tenía que ser derribada por una revolución burguesa, y, por lo tanto, la tarea de los socialistas consistía en mantener intacta su organización hasta que llegase su hora. En 1929, el proyecto de reforma constitucional de Primo parecía tratar de legitimar y convertir en permanente la naturaleza transitoria de la Dictadura. Besteiro consideraba que la vía hacia el socialismo había de ser legal, y el plan de Primo de Rivera intentaba cerrar las posibilidades legales. Su primera reacción fue impugnar legalmente el proyecto en la Asamblea. Cuando el movimiento se opuso a ello, redactó el manifiesto. Sus críticas al proyecto eran de dos clases. La más inmediata y a corto plazo se basaba en que el proyecto sólo hacía vaguísimas promesas de reforma social y expresaba la intención de restringir el derecho de huelga. Más importantes eran sus críticas de los efectos a largo plazo del proyecto si llegaba a ponerse en práctica. Los poderes que se otorgarían al rey imposibilitarían que el Parlamento introdujese reformas que socavaran los intereses de la oligarquía. De acuerdo con ello, Besteiro llegaba a la conclusión de que la condición previa para la marcha democrática hacia el socialismo consistía en «un Estado republicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social». Si Primo de Rivera acababa con la posibilidad de establecer las condiciones políticas necesarias para el desarrollo del socialismo, ni la UGT ni el PSOE serían responsables de las acciones a que se vieran obligados[59].
Esta declaración tajante no significó, empero, la unión de las tres tendencias del movimiento socialista. Podría haberse pensado, por ejemplo, que el rechazo por Besteiro de la Dictadura le acercaría a las posiciones de Prieto y De los Ríos, pero la coincidencia era únicamente accidental. No siendo marxistas de convicción, estaban siempre más interesados por la libertad y los derechos democráticos como fines en sí mismos. Besteiro era también un demócrata convencido, pero pensaba que el establecimiento de las libertades básicas era labor de la burguesía. De ahí que, en tanto que Prieto y De los Ríos estaban a favor de la cooperación con los republicanos de clases medias contra la monarquía, Besteiro temiese que se utilizara a la clase obrera para fines burgueses y perdiese de vista sus objetivos a largo plazo. La postura de Largo Caballero era también distinta. Pragmático y oportunista, se interesaba sólo por dos cosas: los intereses materiales del movimiento socialista frente a cualquier otro grupo y el mantenimiento del control de la burocracia socialista sobre la base. Este pragmatismo hizo que la postura de Largo Caballero se viese sujeta a variaciones más repentinas e inconsistentes que las de las otras dos tendencias.
Largo se iba aproximando a la postura de Prieto de colaborar con los republicanos, aunque todavía dentro de un contexto de reformismo profundo. Pronto se vio que este cambio era una adaptación a los deseos de los militantes de base. El 16 de septiembre de 1929 pronunció un discurso ante la Federación Gráfica Española, en Santander, en el que declaró que los socialistas no podían seguir limitando su interés a cuestiones estrictamente sindicales, «porque, contra nuestra voluntad, las circunstancias nos llevan a tener que intervenir en todos los problemas de carácter nacional». Dejó bien claro que estaba alerta ante el fin de la Dictadura y que cambiaba su táctica de acuerdo con ello. «Yo, que soy tachado de tendencia de derechas, soy de los que opinan que, mientras las clase obrera pueda actuar relativamente dentro de una esfera de un círculo legal que le permita desarrollar su organización, sería locura salirse de este círculo; pero también creo que si los que tienen obligación de conocer los anhelos del país cierran los ojos ante estos anhelos y anulan las posibilidades por donde nuestro país pueda desarrollarse hacia el progreso, la clase obrera sabrá cumplir con su deber»[60]. Esta nueva militancia no dejaba de tener relación, quizá, con el hecho de que en Santander se habían dado importantes enfrentamientos entre los socialistas locales y la Dictadura. Largo se iba alejando de las posiciones de Besteiro y se aproximaba a las de Prieto. El 12 de enero de 1930 declaraba que en la vía hacia el socialismo habría que pasar por un largo período de transición en el que los socialistas podrían colaborar con los gobiernos republicanos burgueses e incluso hacerse «administradores del capitalismo»[61]. Cuando también esta actitud demostró que perjudicaba al movimiento obrero en 1933, Largo Caballero la abandonó fácilmente en favor de una mayor radicalización.
Aunque se pueden distinguir tres tendencias principales en el PSOE, estaban parcialmente ocultas por algunas coincidencias del análisis político. Como es propio de un partido que rechazaba el bolchevismo, las tres tendencias participaban de una orientación esencialmente reformista. Esto quedó suficientemente claro después de la decisión de no adherirse a la III Internacional, y volvió a evidenciarse a principios de 1924, cuando los tres sectores del PSOE recibieron jubilosamente el establecimiento del primer gabinete laborista en Inglaterra. Pablo Iglesias comentó en términos exagerados que este acontecimiento enmendaría el daño producido al socialismo mundial por las tácticas de los comunistas rusos. Largo Caballero dijo que era «el hecho más importante de toda la historia del socialismo internacional»[62]. Luis Araquistáin, posteriormente uno de los consejeros más radicales de Largo Caballero, subrayó la importancia de las lecciones que había que sacar del camino británico al socialismo[63]. Besteiro, claro está, ya tenía algo de fabiano y era un firme seguidor y admirador del socialismo británico[64]. De los Ríos estaba también encantado con la victoria laborista y vio en ella la prueba de que podía evitarse la lucha de clases[65]. De hecho, por muchas razones, en España iba a resultar imposible una marcha gradual hacia el socialismo. El darse cuenta de ello iba a afectar a las tres tendencias del movimiento socialista español de distinta manera, y esas respuestas distintas exageraron las divisiones, ya visibles en los años veinte, y fueron la base de las feroces polémicas que desgarraron a los socialistas españoles en los años treinta.
Sin embargo, por el momento, todo esto no estaba tan claro. El dictador dimitió el 28 de enero de 1930, y en la euforia subsiguiente los socialistas parecieron menos divididos que en cualquier otro momento desde 1923. Además, estaban en la mejor posición de toda su historia. Los viejos partidos liberal y conservador, alejados durante tanto tiempo de los antiguos mecanismos de fraude electoral y desmoralizados por el patrocinio regio del dictador, se hallaban en una completa confusión. Los nuevos partidos republicanos estaban aún en su forma más embrionaria. Por tanto, el PSOE era el único partido político bien organizado a principios de 1930. La situación de la UGT era aún más favorable dadas las dificultades con que habían tenido que actuar los anarquistas y comunistas. Inevitablemente, la creciente oposición a la monarquía buscó apoyo en los socialistas. Estaban seguros de una respuesta favorable de Prieto y sus seguidores socialistas democráticos, y conforme se agudizó la crisis y la base fue aumentando su militancia, Largo Caballero se acercó aún más rápidamente a la postura de Prieto. Sólo Besteiro era hostil; creyendo que incumbía a los republicanos burgueses realizar su propia revolución y decidido a que las masas socialistas no fuesen utilizadas como carne de cañón, adoptó una actitud pasiva.
Al principio, Besteiro se sumergió en sus actividades profesionales de catedrático de Lógica en la Universidad de Madrid[66]. Parecía como si quisiera evitar las cuestiones a que había de enfrentarse. Redactó el manifiesto conjunto de la UGT y el PSOE con motivo de la aparición del gobierno del sucesor de Primo de Rivera, el general Dámaso Berenguer. Expresando dudas sobre la promesa de Berenguer de restablecer las libertades básicas, el manifiesto condenaba su régimen por ilegítimo y carente de un mandato popular. Aun siendo crítico, el texto de Besteiro no contenía ninguna indicación de oposición activa a Berenguer ni de interés en maniobrar para cambiar el régimen. De hecho afirmaba que si se restableciesen las libertades políticas, el movimiento socialista reanudaría su participación en la vida política normal[67]. No es de extrañar que Berenguer confiase en que los socialistas no le iban a causar problemas. El 29 de enero de 1930, el día que asumió el poder, recibió un informe sobre la situación política y social del país, realizado por el director general de Seguridad, el general Bazán. El informe alababa a los dirigentes socialistas por haber contenido la agitación política de la base. Concluía que los socialistas, lejos de constituir un peligro para el orden establecido, podían ser considerados como garantes de él[68]. El sucesor de Bazán, el general Emilio Mola, confiaba igualmente en que se podría contar con la burocracia sindical para manejar y contener la acción militante de la base[69], aunque estaba preocupado por su capacidad para lograrlo.
No pasó mucho tiempo antes de que los socialistas se vieran sometidos a una presión creciente por parte de las fuerzas republicanas para que se incorporasen al movimiento contra la monarquía. Besteiro estaba decididamente en contra de ese tipo de colaboración socialista y lo dijo en varias ocasiones, insistiendo en que los republicanos se mostrasen unidos y presentaran un programa claro antes de solicitar el apoyo socialista[70]. Prieto seguía tan estrechamente vinculado a la causa del republicanismo como lo había estado durante la Dictadura, e incluso estaba jugando un papel más importante. Uno a uno, los políticos más significativos del país se iban declarando contrarios al rey. El 20 de febrero de 1930, Miguel Maura, hijo del gran primer ministro conservador Antonio Maura, anunció su recién adoptado republicanismo. El 27 de febrero, otro gran conservador, José Sánchez Guerra, declaró que había perdido la confianza en Alfonso XIII. Fueron seguidos por otros monárquicos significativos, Angel Ossorio y Gallardo y Niceto Alcalá Zamora. Pero las palabras que mayor efecto popular tuvieron fueron las de la conferencia que Prieto pronunció el 25 de abril en el Ateneo madrileño. Para desazón tanto del grupo de Besteiro como de Largo Caballero, Prieto abogó por un movimiento revolucionario contra la monarquía con la participación de las masas socialistas[71].
Sin embargo, antes de que transcurriese el verano de 1930, Largo Caballero dio muestra de tanto entusiasmo como Prieto por la colaboración socialista en el movimiento republicano. No había consistencia teórica en su actitud. Actuaba, como lo había hecho a lo largo de los años veinte, con un oportunismo basado en lo que calculaba que serían los intereses inmediatos de la UGT. Dos cosas en especial impulsaron a Largo Caballero a cambiar de táctica: la crisis económica, cada vez más evidente, y su efecto en la militancia cotidiana de la base socialista y, sobre todo, los rápidos avances de la anarquista CNT y, en menor escala, del partido comunista.
Como en los últimos años de la década de los veinte, la recesión de la economía resultaba especialmente visible en los sectores minero y agrícola. Las tendencias militantes de los mineros asturianos habían sido refrenadas por Llaneza a costa de la pérdida de adhesiones, pero éste falleció en enero de 1930. A partir de entonces aumentó la influencia de Prieto. En marzo, bajo la dirección del prietista Ramón González Peña, el Sindicato Minero Asturiano combatió con éxito por un aumento salarial del 7 por 100. Y a pesar de las órdenes de la comisión ejecutiva del PSOE de no pactar con grupos republicanos, la Federación Socialista Asturiana siguió pronto una política prietista de aliarse en el combate contra la monarquía[72].
A nivel nacional, la militancia laboral crecía a un ritmo vertiginoso. En 1930 hubo, en comparación con 1929, cuatro veces más huelgas con cinco veces más huelguistas y con la pérdida de diez veces más jornadas laborales[73]. La dirección de la UGT parecía no darse cuenta de la importancia de la crisis económica y estuvo lejos de distinguirse en los conflictos laborales de la primavera. De hecho, el general Mola llegó a pensar en proponer un acuerdo entre la UGT y los sindicatos «amarillos» patrocinados por el Gobierno, los «sindicatos libres», para combatir la agitación anarquista y comunista[74]. La CNT había sido autorizada en abril y estaba recobrando su anterior fuerza a una velocidad asombrosa. En junio estallaron huelgas en Cataluña, Levante, Aragón y Andalucía. Los comunistas no alcanzaron la misma influencia, pero tenían un apoyo importante y militante en el País Vasco y en Sevilla, donde la paralización del extravagante programa de obras públicas de Primo había dejado en paro a un gran número de obreros de la construcción[75].
La oleada de huelgas puso de manifiesto que la base de la UGT era considerablemente más militante que sus dirigentes. Mola se convenció de que lo que él denominaba la «gimnasia revolucionaria» de la CNT estaba obligando gradualmente a la dirección de la UGT a seguir el mismo camino por temor a perder miembros. Siempre había sido característico de la burocracia sindical socialista una celosa vigilancia de las otras organizaciones, y parece haber tenido una influencia decisiva en los dirigentes sindicales a mediados de 1930. Además, seguir adelante con la base chocaba frontalmente con los intereses económicos de la dirección. Mola confiaba en su reformismo debido a los ingresos que la burocracia socialista cobraba por participar en los comités paritarios. Les interesaba hacer funcionar los mecanismos de arbitraje salarial[76]. Es de lo más significativo a este respecto transcribir la opinión de un miembro de la burocracia ugetista conocido por sus múltiples cargos en la maquinaria estatal, Manuel Cordero[77]. Explicando cómo se unió la UGT al movimiento contra la monarquía en 1930, dice que «nuestro optimismo revolucionario no se había entibiado poco ni mucho… Era evidente que nos hallábamos ante una revolución inminente que se realizaría con nosotros, sin nosotros y hasta contra nosotros si era menester»[78].
Las informaciones policiales indujeron a creer al director general de Seguridad que la preeminencia cenetista en las huelgas estaba perjudicando a las adhesiones a la UGT, en especial entre los jóvenes. La principal consecuencia de ello, sobre todo en el sur, fue que la UGT pasó gradualmente en el verano de 1930 de jugar un papel secundario en las huelgas dirigidas por anarquistas a otro más independiente y dinámico. Con la excepción del País Vasco, donde Prieto tenía un considerable apoyo, la iniciativa de la participación socialista en el movimiento republicano provino de las masas, con la dirección dominada por Besteiro y Largo Caballero a remolque de la situación. Durante el verano, la mayor agitación laboral tuvo lugar en el sur, con huelgas generales en Sevilla, Granada y Málaga. Para septiembre se había extendido al norte industrializado. Galicia, Asturias y el País Vasco estaban también activándose. Además, si bien al principio las huelgas tendían a objetivos económicos limitados, no transcurrió mucho tiempo antes de que manifestaran una orientación claramente política, comenzando con protestas contra las medidas represivas del gobierno y transformándose finalmente en peticiones de un cambio de régimen. En octubre, por ejemplo, una huelga de un día convocada por la UGT en Bilbao para el día 4 fue reprimida por la Guardia Civil. La huelga se prolongó por otros cuatro días en señal de protesta. El 23 de octubre, el PSOE vasco y la UGT se pronunciaron a favor de la adhesión al movimiento republicano. A mediados de noviembre, en un accidente de la construcción, en Madrid perdieron la vida cuatro obreros, y la UGT, secundada por la CNT, convocó una huelga general en la que también se produjeron enfrentamientos entre obreros y fuerzas del orden. Cada vez resultaba más evidente que la tendencia espontánea de las masas socialistas iba en dirección de la línea por la que abogaba Prieto y se apartaba de la burocracia sindical. De hecho, un miembro de la comisión ejecutiva besteirista de la UGT, Manuel Muiño, dijo a Mola que la dirección no podía oponerse a la tendencia predominante en la UGT[79].
No deja de ser significativo que la participación de la UGT en las huelgas aumentase después de la fundación, en abril de 1930, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fundada con 157 secciones, que totalizaban 27 340 miembros, la FNTT había pasado en dos meses a contar con 275 secciones y 36 639 miembros. Fue el principio de una rápida expansión con la que la UGT sobrepasaría el millón de adherentes en 1932. La importancia de la FNTT dentro de la UGT se puso pronto de manifiesto, ya que la UGT en bloque, incluida la FNTT, registraba unos incrementos relativamente menores. En diciembre de 1929, la UGT contaba con 1511 secciones y 228 507 miembros. Un año después había pasado a 1734 secciones y 277 011 miembros[80]. Naturalmente, estas cifras no son definitivas, pues se basan en el pago de las cotizaciones. Muchos trabajadores, especialmente en el sur rural, podían seguir las instrucciones de la UGT acerca de una huelga sin ser formalmente miembros de ella. Pero el desarrollo desproporcionado de la FNTT refleja de forma clara su influencia creciente en el interior del movimiento socialista. Las cifras indican, además, que Mola no se equivocaba al decir que la CNT estaba haciendo estragos entre los miembros de la UGT, ya que todos los incrementos de 1930 se basaban virtualmente en obreros agrícolas. En las áreas industriales, las adhesiones a la UGT apenas si consiguieron mantenerse al nivel anterior.
Gran parte de la oleada de huelgas de la segunda mitad de 1930 tuvo lugar en el sur. En parte, era resultado de la frenética agitación anarquista y comunista, pero, sobre todo, una respuesta a la grave crisis que afectaba a la agricultura andaluza. Las tormentas primaverales habían arruinado la cosecha de aceituna, lo que no sólo privó a los trabajadores sin tierra de la mayor parte de sus ganancias anuales, obtenidas normalmente durante la recogida de la aceituna de mediados de noviembre a mediados de enero, sino que además disminuyó la cantidad de trabajo disponible durante el período restante. Jaén, dos tercios de cuya producción agraria consistía en aceitunas, fue la provincia más afectada, seguida por Córdoba y Sevilla. A las tormentas de primavera había seguido un verano tan seco y tan duradero que en noviembre Sierra Nevada no tenía nieve. Esto afectó gravemente al cultivo de cereales. El desempleo resultante fue desde un 12 por 100 en Cádiz, un 13 por 100 en Huelva y Córdoba y un 16 por 100 en Granada hasta un 50 por 100 en Jaén y Sevilla[81]. Las consiguientes penalidades económicas de los braceros se reflejaron claramente en el aumento de las huelgas en el sur.
La FNTT era dirigida por un besteirista, Lucio Martínez Gil; es decir, por un miembro del grupo que se oponía a cualquier forma de colaboración con los republicanos. Pero existía el sentimiento creciente entre la clase obrera en general y entre los jornaleros del sur en particular de que sólo una república podía resolver los problemas económicos y sociales de España. El desarrollo de la concepción de la República como panacea se centró en la perspectiva de una reforma agraria radical[82]. Al parecer, esta actitud y la evidencia de la creciente militancia tuvo alguna influencia en Largo Caballero. La presteza con que promulgó decretos que favorecían a los jornaleros del sur al ocupar el cargo de ministro de Trabajo, en abril de 1931, demostraba gran sensibilidad a sus problemas. Y en términos generales es evidente que el aumento de la agitación laboral fue acompañado de un aumento paralelo del interés de Largo Caballero por las vinculaciones de Prieto con el movimiento republicano.
Prieto y De los Ríos asistieron a una reunión de dirigentes republicanos en San Sebastián el 17 de agosto. De esa reunión surgieron el denominado pacto de San Sebastián, el comité revolucionario republicano y el futuro gobierno provisional de la República. Inmediatamente después, De los Ríos marchó a Madrid para informar a la comisión ejecutiva del PSOE. Besteiro no se tomó muy en serio las peticiones republicanas de colaboración socialista. Pero, tras una reunión entre Besteiro, Saborit, Cordero, Prieto, De los Ríos y el republicano Álvaro de Albornoz, se decidió convocar una reunión plenaria del comité nacional del PSOE. Tuvo lugar el 16 de septiembre, y en ella se produjo un enfrentamiento directo entre los besteiristas y De los Ríos. Ningún grupo había cambiado desde la Dictadura. En tanto que Prieto y De los Ríos apoyaban la llegada de la República por razones de ética socialista democrática, Saborit, en nombre del grupo de Besteiro, se adhería a la rígida línea marxista de que era la burguesía quien tenía que realizar la necesaria revolución burguesa. Significativamente, Largo Caballero no asistió. El resultado de la reunión fue una declaración evasiva de que no se había llegado a ningún acuerdo con los republicanos[83].
Largo Caballero había estado en Bruselas asistiendo a un congreso internacional, pero regresó a España a tiempo de ser informado, en la segunda semana de octubre, del ofrecimiento del comité revolucionario al PSOE de dos Ministerios en un futuro gobierno republicano. Los comités nacionales de la UGT y el PSOE se reunieron el 16 y el 18 de octubre, respectivamente, para discutir el ofrecimiento y el precio pedido a cambio: el apoyo de los socialistas, mediante una huelga general, a un golpe de Estado. Las posturas de los besteiristas y de los prietistas siguieron sin variar. El equilibrio fue roto por Largo Caballero. Tras haberse mostrado durante tanto tiempo de acuerdo con la burocracia sindical besteirista, empezó de pronto a apoyar la línea de Prieto, declarando que el PSOE debía ser un partido más del movimiento republicano. Este cambio fue resultado del mismo oportunismo que había inspirado su inicial colaboración y posterior oposición a la Dictadura. Él mismo dijo entonces: «Estamos en una cuestión de táctica, no de principios». Se decidió que la UGT apoyaría la insurrección militar a cambio del compromiso de que cuando se estableciese la República se tomarían medidas para redistribuir la propiedad, introducir un control obrero en la industria y establecer mecanismos arbitrales mediante un sistema de jurados mixtos. El comité republicano aumentó entonces su primitiva oferta a tres Ministerios. Cuando la comisión ejecutiva del PSOE se reunió para examinar el ofrecimiento aceptó por ocho votos contra seis, y Prieto, De los Ríos y Largo Caballero fueron designados como los tres ministros socialistas del gobierno provisional[84].
Como anteriormente, no existía una razón teórica para el brusco cambio de orientación de Largo Caballero. Dada su conocida sensibilidad para detectar el estado de ánimo de la base de la UGT, no resulta difícil ver en su acción una respuesta tanto al aumento de conflictos laborales como al carácter recientemente político de éstos. Además, como Largo Caballero había estado influido a lo largo de toda su carrera por un sentido de rivalidad con la CNT, debe haber acusado los éxitos anarquistas de 1930. Se puede apreciar, pues, una característica de la conducta de Largo Caballero, visible ya durante la Dictadura y que iba a resultar cada vez más evidente durante la República: su tendencia al «seguidismo». No podía dejar de advertir el creciente descontento a nivel local con la línea adoptada por la dirección besteirista en Madrid[85]. Largo Caballero nunca se permitió apartarse de la base.
Existía también un elemento personal en la repentina desviación de Largo Caballero. Su encono con Prieto se ve con toda claridad en sus memorias, y le resultó evidente incluso a Miguel Maura en la reunión del comité revolucionario[86]. Saborit pensaba que Largo estaba irritado al ver a Prieto objeto de tanta publicidad y gozando de popularidad entre los trabajadores[87]. Es interesante observar que poco después de su conversión al republicanismo Largo Caballero superaba en entusiasmo a Prieto[88]. Pero el elemento primordial de su cambio de actitud podemos encontrarlo en el ofrecimiento de Ministerios en el gobierno provisional. Interesado como estaba en el bienestar material de la UGT, no le podían pasar inadvertidas las ventajas que se derivarían de la dirección del Ministerio del Trabajo. El control de los mecanismos de arbitraje podía utilizarse a favor de la UGT y en contra de la CNT. Se podía situar a miembros de la burocracia ugetista en puestos lucrativos del Ministerio. Y, sobre todo, podía establecerse una amplia legislación social. Todo esto se hizo al implantarse la República y demuestra la primacía de los intereses materiales de la UGT en el pensamiento de Largo Caballero.
Al tender a ver las cosas en términos personales, Largo Caballero desarrolló pronto un fuerte resentimiento hacia la fracción besteirista del partido socialista[89]. Fue algo que se puso inmediatamente de manifiesto durante las negociaciones para la participación de la UGT en el movimiento revolucionario convenido en octubre. Después de varios aplazamientos, fue finalmente acordado para mediados de diciembre. Como se había decidido, la UGT apoyaría un golpe militar con una huelga. Las cosas se complicaron por la precipitación de los capitanes Galán y García Hernández, que se alzaron en Jaca (Huesca) el 12 de diciembre, tres días antes de la fecha fijada (acción motivada quizá por la sospecha de que los demás conspiradores no eran totalmente dignos de confianza). Pero el golpe siguió adelante, a pesar de la oposición apenas disimulada de la dirección besteirista en Madrid. Al menos en parte, a causa de esta oposición, el movimiento planeado para el 15 de diciembre fue un fracaso total. Tras la ejecución de Galán y García Hernández el día 14, la artillería se retiró de la conjura. Y aunque fuerzas del general Queipo de Llano y aviadores de la base de Cuatro Vientos siguieron adelante, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación desesperada cuando la huelga general acordada no tuvo lugar en Madrid[90].
Puesto que al cabo de cuatro meses se estableció la República, después de unas elecciones municipales, el fracaso del movimiento de diciembre no fue un revés definitivo. Además, si la República hubiese sido traída por un golpe militar, habría tenido un carácter considerablemente distinto y quizá menos capacidad para proyectar vastas reformas. No obstante, el fracaso de la huelga madrileña fue objeto de acerbas discusiones en el movimiento socialista. Se debatió en el XIII Congreso del PSOE, en octubre de 1932, y condujo a la derrota de los besteiristas en la dirección. Resulta difícil saber la verdad entre tantísimas acusaciones personales, pero las fuentes disponibles indican que el fracaso se debió, en gran parte, a la resistencia de los besteiristas, si es que no se trató de un verdadero sabotaje ante la huelga, como aseguraron más tarde los partidarios de Largo Caballero[91].
El 10 de diciembre, por ejemplo, Julio Álvarez del Vayo, uno de los socialistas envueltos en la conspiración, trató de que el manifiesto revolucionario para el día de la huelga propuesta fuese impreso en la Gráfica Socialista, la imprenta del diario del PSOE, El Socialista. El director, Saborit, se negó rotundamente[92]. Y, además, resulta significativo que fuese Madrid la única ciudad importante en que no hubo huelga, pues Madrid era el reducto de la facción besteirista de la burocracia de la UGT. El general Mola, que estaba en contacto con Manuel Muiño, el presidente de la casa del pueblo socialista, confiaba la noche del 14 en que la UGT no se uniría a la huelga al día siguiente, basando su certeza en los informes policíacos y en otras «seguridades»[93]. Tales seguridades difícilmente podían proceder de otras fuentes que la burocracia sindical, pues Largo Caballero estaba trabajando activamente en pro de la huelga y su consternación al ver que no se producía parece que fue sincera. La tarea de Largo Caballero consistía en transmitir las instrucciones definitivas de la huelga la noche anterior. Lo hizo con Muiño como contacto[94]. No obstante, el grupo de Besteiro se defendió posteriormente, alegando que Largo Caballero no logró transmitir la información necesaria. En cualquier caso, Besteiro afirmó en el XIII Congreso del PSOE que, habiendo visto aviones que arrojaban propaganda revolucionaria sobre Madrid y apremiado por miembros de la Federación de Juventudes Socialistas a actuar, llamó a la huelga a mediodía del 15. Aunque después dijo a Muiño que se siguiera adelante, no se hizo nada aparte de enviar un mensaje de la casa del pueblo al gobierno amenazando con una huelga si se procedía a más ejecuciones. Ninguno de los poderosos sindicatos controlados por la burocracia sindical besteirista ceso el trabajo. Posteriormente esto se atribuyó a la apatía de la base. Es extraño que tal apatía no se viese en los meses anteriores y que en provincias hubiese importantes acciones huelguísticas. La UGT fue predominante en los paros de Asturias y el País Vasco e incluso Barcelona[95].
El debate en el interior del movimiento socialista sobre las responsabilidades del fracaso tuvo considerable importancia. Indicaba que, aunque Besteiro era un marxista teórico, representaba una fuerte corriente de reformismo práctico, centrada en la burocracia sindical con base en Madrid y dispuesta a actuar en contra de los deseos de sectores de la base. El debate indicó igualmente en qué medida Largo Caballero, impulsado siempre por un cálculo pragmático del ánimo de los militantes de base y un agudo sentido de las ventajas prácticas que podría conseguir la UGT, se había distanciado de la postura que había mantenido en los años veinte. El debate originó también una carga de rencores que iban a exacerbar las posteriores divisiones internas del movimiento socialista. Fue quizá por ello por lo que Besteiro admitió más tarde que la responsabilidad del fracaso de diciembre de 1930 era enteramente suya[96].
El resultado inmediato de este fracaso fue la derrota de los besteiristas y la aceptación por el partido socialista y la UGT de una política de colaboración total con el movimiento republicano. El 22 de febrero de 1931 se celebró una reunión conjunta de los comités nacionales del PSOE y la UGT. Besteiro propuso que los socialistas abandonasen el comité revolucionario, y la propuesta fue derrotada por 35 votos contra 12. Besteiro dimitió de la ejecutiva junto con Saborit, Trifón Gómez y Lucio Martínez Gil. Los miembros restantes propusieron un nuevo grupo de candidatos, todos ellos favorables a la colaboración, que fue elegido por una mayoría considerable. Era evidente que el deseo de la base de que hubiese un cambio de régimen, alentado por la actitud adoptada por Prieto y Largo Caballero, había acabado por influir en todo movimiento. Sólo la Agrupación Socialista Madrileña seguía siendo un fiel baluarte de Besteiro[97].
De hecho, las dos posturas, la colaboracionista y la abstencionista, participaban del mismo supuesto: que la república que estaba a punto de ser establecida sería una república democrática burguesa que realizaría una revolución igualmente burguesa como primer paso esencial en el camino del progreso y el socialismo, pero las conclusiones que se extraían de tal premisa eran muy distintas. Besteiro pensaba que los socialistas deberían dejar que la burguesía hiciese su propia revolución, pues existía la posibilidad de que los socialistas se encontrasen en la posición contradictoria de sacar adelante una política burguesa. Prieto opinaba que los socialistas debían colaborar: en primer lugar, porque el establecimiento de derechos democráticos era un fin valioso en sí mismo, y en segundo lugar, porque estaba convencido de que la burguesía era demasiado débil para llevar adelante su propia revolución sin ayuda. Largo Caballero estaba igualmente a favor de la colaboración, pero más bien por los beneficios materiales inmediatos que podía acarrear al movimiento socialista y por la oportunidad que daba de preparar la futura implantación del socialismo. El hecho de que la premisa en que se basaban tales conclusiones fuese errónea ocasionaría divisiones aún mayores en el movimiento socialista, dado que cada sector reaccionó de modo distinto al advertir que las esperanzas depositadas en la República no se estaban cumpliendo.
La creencia socialista de que la vieja España iba a transformarse en una sociedad burguesa moderna se basaba en dos nociones erróneas. La primera consistió sencillamente en considerar a los políticos republicanos del comité revolucionario y al gobierno provisional como la «burguesía» que iba a cumplir el papel histórico de la burguesía inglesa en el siglo XVII y de la francesa en el XVIII. En realidad, los políticos republicanos pertenecían simplemente a la intelectualidad pequeñoburguesa urbana. La oligarquía económicamente poderosa no constituía, como se imaginaba la izquierda, una estructura feudal, sino que había integrado ya sectores de la burguesía[98].
Esto era el segundo error de análisis. El momento en que la «burguesía» española podía haber tratado de barrer la obsoleta estructura del antiguo régimen había pasado hacía ya mucho. El impulso progresista de la burguesía había sido lo suficientemente débil como para impedir todo cambio de importancia en la estructura del poder político y económico. En los dos primeros períodos de presión, 1833-1843 y 1854-1856, la burguesía había sido virtualmente comprada con la desamortización de las tierras de la Iglesia y la entrega de las tierras comunales al mercado libre. En este proceso se invirtió mucho capital mercantil urbano en la tierra, consolidándose el sistema de grandes propiedades latifundistas. La clase que los socialistas esperaban que fuese progresista se encontraba ya ligada a la vieja oligarquía. Los latifundios se habían convertido en parte del sistema capitalista y no eran vestigios feudales, como creían los socialistas. Parte del proceso de integración de la burguesía urbana con la oligarquía terrateniente consistía en determinada penetración de la oligarquía financiera por capital aristocrático y eclesiástico[99]. Los dos períodos posteriores más importantes de impulso burgués, 1868-1874 y 1916-1917, pusieron de manifiesto más que nunca la debilidad de la burguesía como fuerza revolucionaria. En ambas ocasiones, la conjunción de agitaciones obreras y campesinas bastó para inducir a la oligarquía urbana a aumentar sus vinculaciones con la rural[100]. Una vez que los industriales catalanes se retiraron de la alianza de fuerzas progresistas en 1917 y aceptaron participar en el gobierno de la coalición de 1918, la posibilidad de una revolución burguesa tal y como la concebían los dirigentes del PSOE no resultaba viable[101].
En gran medida, el desarrollo del movimiento socialista durante los años treinta estuvo influido por la importancia de un análisis histórico esencialmente incorrecto de lo que estaba sucediendo en España. Los cálculos de los tres sectores del PSOE se basaban en la certeza de que iba a ocurrir una revolución progresista dirigida por la burguesía. Cuando en 1933 quedó claro que no ocurriría tal cosa, cada sector reaccionó según las normas de conducta que había establecido durante el período prerepublicano. Besteiro hizo una retirada quietista a su teoría; Prieto intentó por todos los medios reforzar a la República y ayudarla a cumplir sus tareas históricas; Largo Caballero comenzó oportunistamente a canalizar el descontento de las secciones más disconformes de la amargada base.