La caída del muro de Berlín en 1990, la desaparición del Telón de Acero y el fin de la «amenaza comunista» no suponen, ni mucho menos, una disminución de las actividades de la CIA en todo el planeta. Según datos oficiales facilitados en abril de 2006 por Mary Graham, asesora de John Negroponte, el director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el conglomerado de espías y analistas de los servicios de información norteamericanos que trabajan dentro y fuera de ese país ocupa a casi cien mil personas.[235] El presupuesto de este enorme aparato asciende a 44 000 millones de dólares anuales (cinco veces el presupuesto de Defensa español). Entre los dieciséis organismos que continúan integrando la complicada trama de los servicios de inteligencia estadounidenses están la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Geoespacial, los organismos de inteligencia del Pentágono, el Departamento de Estado y el FBI, además de otros grupos menos conocidos de diversos departamentos ministeriales.
Según un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, en nuestro país la CIA ha ido cediendo terreno al FBI durante los últimos años. «A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se produjo un desembarco masivo en España de funcionarios del FBI», explica este oficial. «Sobre todo la costa de Málaga y también algunas zonas de Levante están plagadas de “canarios”. Los yanquis han sembrado aquello de estaciones de escucha para intentar controlar los movimientos islamistas y sus finanzas».
Pero ya antes de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, los norteamericanos afianzan y refuerzan su presencia en España. En enero de 2001, la secretaria de Estado del presidente Bill Clinton, Madeleine Albrigth, y el ministro de Asuntos Exteriores de José María Aznar, Josep Piqué, suscriben en Madrid un acuerdo lacayuno, que será ratificado el 10 de abril de 2002, dentro de la habitual línea de subordinación histórica de los gobiernos españoles al Imperio, por el que se permite la ampliación de las bases de Morón y Rota y se conceden al poderoso socio del otro lado del Atlántico aún más facilidades de uso de estas instalaciones militares, que revalidan su importancia estratégica para Estados Unidos tras la primera guerra del Golfo y la de los Balcanes. La sumisión de Aznar ante Estados Unidos alcanza su máxima expresión en 2004, cuando se retrata junto a Bush con los pies encima de una mesa, forma parte del trío de las Azores y presta el incondicional apoyo del Gobierno del PP a la invasión norteamericana de Irak.
El Gobierno de Estados Unidos quiere cubrir cuanto antes las deficiencias detectadas en 1991 durante la guerra del Golfo, en la que despliega casi medio millón de soldados a más de 12 000 kilómetros de su territorio. Y para mejorar su logística, el Mando Aéreo de Transporte (USTRANSCOM) centra su atención en dos bases europeas, que son designadas puntos de apoyo prioritarios: Ramstein, en Alemania, y Rota, en España. Eso significa que la presencia de la VI Flota en las costas gaditanas se va a incrementar a partir de ese momento.
Piqué y el nuevo secretario de Estado, Colin Powell, firman definitivamente los preacuerdos de enero de 2001 y Rota se convierte en la principal base de Estados Unidos para operaciones en el Mediterráneo y África. Además, se amplía la cobertura legal para que actúen en España los servicios de inteligencia norteamericanos. Una de las principales novedades de los textos suscritos queda recogida en el artículo 12 del Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que autoriza a los servicios de investigación criminal de la Marina y la Fuerza Aérea a mantener personal en España para realizar, «en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», investigaciones «sobre asuntos de interés mutuo que afecten a personal o bienes de EE. UU.» en España.[236]
La ambigüedad de esa fórmula —sin precedentes en los acuerdos que mantiene Washington con otros países— permite, en la práctica, que los agentes estadounidenses puedan investigar, según su criterio, no sólo a sus compatriotas, sino también a ciudadanos españoles o de terceros países, siempre que se sospeche que sus actividades puedan afectar a personal o bienes estadounidenses. Todo ello sin ningún control de las autoridades españolas. La revisión del acuerdo defensivo con Estados Unidos, firmada por el Gobierno de Aznar y aceptada por el PSOE, incluye otra novedad: la autorización de una «unidad de tierra, mar y aire», que se trata, en realidad, de un equipo SEAL (Sea, Air, Land), una unidad de élite de la Marina norteamericana especializada en operaciones clandestinas. De este modo se otorga a los servicios de información estadounidenses carta blanca para desarrollar todo tipo de actividades encubiertas en nuestro suelo. Como las que se descubren en 2005: los vuelos secretos de la CIA, con escala en aeropuertos españoles, para trasladar a prisioneros de guerra hasta centros clandestinos de tortura distribuidos por varios países del mundo.
La falta de control con la que actúan los servicios de inteligencia de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos queda ilustrada elocuentemente con el caso del marine Federico Pimienta-Perdomo. Condenado en rebeldía a doce años de cárcel por el homicidio involuntario de un compañero en Afganistán, este militar estadounidense de origen uruguayo es capturado el 15 de febrero de 2006 en San Fernando (Cádiz), conducido a la base de Rota y trasladado al día siguiente, en un avión militar, a la base de Kelly, en Texas, sin que en ningún momento intervengan las autoridades policiales o judiciales españolas y ni siquiera se les notifique el caso.[237]
En abril de 2006, Amnistía Internacional da a conocer un informe titulado «Por debajo del radar: vuelos secretos hacia la tortura y la desaparición», en el que se documenta que al menos 114 vuelos clandestinos de la CIA han utilizado el espacio aéreo europeo. En ese dossier se señala a España como uno de los principales lugares de tránsito de esa macabra caravana aérea. Ante la demanda de información del Consejo de Europa en relación con los vuelos de la CIA, el Ministerio de Asuntos Exteriores español reconoce que una treintena de aviones fletados por los servicios de inteligencia norteamericanos han hecho escala en aeropuertos españoles entre 2002 y 2005. Resulta inverosímil que el Gobierno de Aznar o el de Rodríguez Zapatero no hayan estado al tanto de esas operaciones. Dick Marty, senador suizo a quien el Consejo de Europa encomienda investigar las actividades de la CIA en territorio europeo, considera probados, en su intervención del 24 de enero de 2006 ante la Asamblea de esta institución, los secuestros de sospechosos de terrorismo en Europa por parte de los servicios secretos de Estados Unidos y la «subcontratación de la tortura», mediante el traslado de los detenidos a países donde los supervivientes denuncian haber sido interrogados brutalmente. Marty sostiene que más de un centenar de vuelos de este tipo han efectuado escalas en Europa, en su rumbo hacia Guantánamo, Irak y Afganistán. Y además, considera «altamente improbable que los gobiernos europeos o al menos sus servicios de inteligencia no estuvieran al corriente» de estas operaciones.[238]
El caso más significativo es el de Hasan Osama Mustafá Nasr, «Abu Omar», secuestrado en 2003 por la CIA en Milán, cuando estaba siendo vigilado por los servicios de seguridad italianos en el marco de una operación antiterrorista. Según Marty, «es inimaginable que 25 agentes de un país extranjero puedan venir y llevarse a alguien a otro país europeo para luego transportarlo a Egipto». El senador suizo llega a la conclusión de que la CIA mantiene «una logística muy compleja en el conjunto de Europa y dedica un personal considerable a esta labor». La sombra de la red «Gladio» no desaparece.
Otro episodio muy representativo es el secuestro en Macedonia del ciudadano alemán de origen libanés Khaled al Masri, «capturado erróneamente» por la CIA con la colaboración de los servicios secretos alemanes.[239] Masri es trasladado, en un avión que hace escala en Mallorca, a la base estadounidense de Bagram, en Afganistán. Allí sufre sistemáticas sesiones de tortura antes de quedar en libertad, varios meses después, sin que jamás se lleguen a presentar cargos contra él.
La identificación de las matrículas de tres de los aparatos más utilizados por la CIA para sus traslados y «entregas» de prisioneros, un Boeing 737, un Gulfstream IV y un Gulfstream V —la lista es de al menos 27 aviones— facilita la tarea de rastrear su paso por distintos aeropuertos.[240] Ya se han detectado alrededor de mil escalas en países de la Comunidad Europea. El mayor porcentaje de ellas en Alemania y el Reino Unido. Las víctimas son trasladadas a centros de tortura clandestinos de la CIA en Afganistán o Irak, independientes de las bases militares estadounidenses, a la base de Diego García, en el océano Indico, a Guantánamo o a prisiones de Egipto, Uzbekistán, Siria, Jordania, Marruecos, Yemen, Arabia Saudí, Indonesia o Tailandia.
Pero los gobernantes españoles se niegan a reconocer la evidencia. El 15 de noviembre de 2005, el ministro de Defensa socialista, José Bono, todavía declara en el Congreso: «No tenemos ninguna prueba, ni siquiera un indicio, de que se hayan producido actividades ilícitas o, mucho más, típicas desde el punto de vista penal. No estoy en disposición de poner en la picota a un Gobierno que es amigo y aliado por suposiciones o rumores».[241]
Poco después, se hace público que un documento del Servicio de Información de la Guardia Civil, del 12 de abril de 2005, ya alertaba sobre las escalas de dos aviones de la CIA en el aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte. En ese informe se apostillaba: «Gente del CNI también hicieron gestiones al respecto».[242] Además, se denuncia que aviones Hércules españoles destacados por el Gobierno de Aznar en Manás (Kirguizistán), desde febrero de 2002 hasta junio de 2003, en el marco de la Operación Libertad Duradera, dirigida por Estados Unidos, han sido utilizados para trasladar prisioneros. En marzo de 2006, fuentes del Ejército del Aire admiten que no pueden dar una respuesta clara sobre este asunto, pues los manifiestos de carga de esos vuelos sólo reflejan la identidad de una pequeña parte de los 5 120 pasajeros que fueron transportados en Afganistán y países limítrofes.[243]
Matías Valles, redactor del Diario de Mallorca, despliega en el Parlamento Europeo una batería de evidencias acerca de la estancia, en más de cuarenta ocasiones, de aviones del espionaje estadounidense en Palma de Mallorca. En su comparecencia del 20 de abril de 2006 señala que las investigaciones que ha realizado, publicadas en decenas de artículos de su periódico, le permiten establecer que Mallorca se convirtió en base operativa de la CIA para trasladar a prisioneros hacia países en los que se practica la tortura. El periodista considera, además, muy poco probable que el trasiego de decenas de agentes norteamericanos por la isla, en meses de invierno en los que escasean los turistas, pasase inadvertido a los ojos de las autoridades españolas. «Es tan probable como que hubiera un Ferrari aparcado durante días en el periódico y nadie se diera cuenta», afirma Valles.[244]
El Gobierno de Rodríguez Zapatero reconoce que en 2004 se efectuaron un total de 138 escalas de aviones oficiales de Estados Unidos en el aeropuerto palmesano, según datos del Comité Permanente Hispano-Americano. Excepto algunos cazas de combate y cargueros, la mayoría eran aviones privados que operaban bajo el flete de agencias gubernamentales. En 2002, tras el 11-S, Palma tuvo 373 vuelos amparados por el Gobierno norteamericano. Desde 1999 hasta 2005 se produjeron 1 682 escalas de este tipo.[245] Y en un informe de Amnistía Internacional hecho público el 5 de abril de 2006 se señala que los aviones de la CIA también han hecho escalas en Málaga y Barcelona.
El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, critica duramente a España por su respuesta sobre los vuelos secretos de la CIA y señala que el informe enviado a Estrasburgo por el Ministerio de Asuntos Exteriores no aclara satisfactoriamente si funcionarios españoles participaron en el secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo. «Mientras que la mayoría de los Estados miembros tienen mecanismos para supervisar las actividades de las agencias de espionaje nacionales así como la presencia de policías extranjeros en su territorio, casi ningún país, con la clara excepción de Hungría, tiene leyes que contemplen la vigilancia de las actividades de los espías extranjeros en su territorio», afirma Davis.[246] Además, el secretario general del Consejo de Europa recomienda no confundir inmunidad con impunidad en el caso de los espías acreditados como personal diplomático o consular. La embajada de Estados Unidos en Madrid continúa siendo un nido de espías, como en los tiempos de los jefes de estación Roland E. Estes, Néstor D. Sánchez o Richard Kinsman.
El informe remitido el 10 de junio de 2005 por la Guardia Civil a la Fiscalía del Tribunal Superior de Baleares, con los resultados de la investigación realizada sobre diez vuelos, supuestamente utilizados por agentes de la CIA, que hicieron escala en el aeropuerto de Palma de Mallorca, acredita que decenas de los ocupantes de los aviones tenían estatus diplomático.
Desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha detenido a ochenta mil personas en prisiones clandestinas dispersas por una veintena de países. Actualmente, catorce mil quinientos sospechosos permanecen retenidos sin cargo, en nombre de la guerra contra el terrorismo, en los llamados «agujeros negros» o en cárceles secretas. Sin hablar de los desaparecidos, cuya cifra se desconoce y que The Washington Post cifra en un centenar. En octubre de 2005, el Departamento de Defensa norteamericano desclasificó 44 autopsias de prisioneros muertos durante su detención en recintos clandestinos bajo control norteamericano. Ocho de esas muertes se describen como resultados de interrogatorios (estrangulamiento, asfixias, heridas) llevados a cabo por agentes de la CIA y fuerzas especiales de la Marina. Los otros fallecimientos se atribuyen a «enfermedades cardiovasculares».[247]
El 2 de noviembre de 2005, The Washington Post se hace eco de las acusaciones de la organización Human Rigths Watch y señala: «Las prisiones secretas en Europa del Este, las técnicas extremas en los interrogatorios, las fortalezas volantes para trasladar a sospechosos de terrorismo, los asesinatos de supuestos miembros de Al Qaeda con misiles lanzados desde aviones Predator… Todas esas acciones de la CIA forman parte de un programa conocido en clave por las siglas GST, que está considerado como el mayor despliegue de operaciones clandestinas desde la Guerra Fría».[248]
Robert Baer, ex oficial de la CIA implicado en acciones encubiertas en Oriente Medio durante veinte años, explica cómo funciona el sistema de vuelos clandestinos de la Agencia: «Cogemos a un sospechoso o lo arreglamos para que uno de nuestros países socios lo haga. Entonces, es enviado en un transporte civil a un tercer país, donde, no nos llevemos las manos a la cabeza, utilizan la tortura. Si quieres un buen interrogatorio, lo envías a Jordania. Si quieres que lo maten, a Egipto. En cualquier caso, EE. UU. no puede ser culpado porque no hace el trabajo sucio». Baer es autor del libro Soldado de la CIA,[249] en el que está basada la película Syriana, dirigida por Stephen Gaghan e interpretada por George Clooney.
«Lamento que estén frustrados», manifiesta Javier Solana, alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, tras el interrogatorio al que le somete, el 2 de mayo de 2006, la Comisión del Parlamento Europeo que investiga las actividades de la CIA.[250] Poco después de que esa comisión concluya que la Agencia ha realizado más de mil vuelos clandestinos en Europa. «Los gobiernos tienen a veces buenas razones para creer que alguien es un peligroso terrorista, pero puede que no tengan pruebas que se sostengan ante un tribunal. Con nuestros aliados norteamericanos compartimos la convicción de que el terrorismo es una amenaza real y se necesita una acción dura»,[251] declara Solana, que da por buenas las explicaciones oficiales de la secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, en las que niega la existencia de esos vuelos y la práctica de torturas por parte de la CIA para obtener información. «Yo pongo todos los medios a mi alcance para que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo», asegura Mister PESC.
Vuelos clandestinos, redes permanentes de escucha, operaciones encubiertas… La CIA continúa trabajando a su antojo en España, después de sesenta años de permanente actividad en nuestro suelo. Robert Baer se lamenta de que, durante los últimos años, los responsables de la CIA hayan confiado demasiado en la tecnología y hayan descuidado el «elemento humano»: «La única manera de obtener información es tener la voluntad política de permitir que quienes saben averiguar secretos hagan su trabajo, por turbias que sean las aguas del pantano».[252] El general Michael Hayden, nuevo director de la CIA, acaba de declarar que un importante contingente de hombres de la Agencia va a reforzar la actuación de sus efectivos ya desplegados en Europa. La embajada estadounidense de la calle de Serrano espera la llegada de nuevos inquilinos.