Comisionistas y trilaterales
La presentación de una delegación española en la reunión que la Comisión Trilateral celebra en Tokio el 19 de abril de 1979 se ofrece a los medios de comunicación como un acontecimiento histórico a partir del cual se intensificará la presencia de nuestro país en los centros y áreas de decisión mundial. Pero la realidad y el significado de la entrada de España en la Comisión Trilateral es muy distinta: la política que van a continuar llevando los distintos gobiernos de UCD y, posteriormente, los del PSOE y el PP, transcurrirá por las líneas trazadas desde Estados Unidos para los países dependientes del Imperio. El magnate David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank y principal impulsor de la Comisión, afirma que la entrada de España en la Trilateral viene dada por nuestra «influencia económica en Europa».
Desde su fundación, en 1973, como departamento adjunto del Chase Manhattan Bank, la Comisión Trilateral actúa con la intención de convertirse en el principal centro de investigaciones y decisiones del capitalismo mundial. Con tres puntos de apoyo: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pero, a la hora de la verdad, la idea de una Europa fuerte en lo económico y en lo político no resulta nada atrayente para los norteamericanos. Desde el principio se da una estrecha conexión entre los hombres de la Trilateral en España y los intereses económicos y políticos de los Estados.
Entre los trece personajes que integran la primera hornada de «trilaterales» españoles[197] aparecen Claudio Boada (presidente de Ford España), Jaime Carvajal y Urquijo (consejero de Standart Eléctrica), Antonio Garrigues Walker (vicepresidente de IBM, vocal de Ford España…), Alfonso Osorio (presidente de inversiones ESSO, vicepresidente de PETROMED) y José Vilá Marsans (vicepresidente de Bebidas Americanas, Pepsi y Mirinda). En la plantilla, también tienen un espacio básico los medios de comunicación, representados por Luis María Ansón, en ese momento presidente de la agencia oficial EFE.[198] Y no faltan los grandes padrinos de la CEOE: Carlos Ferrer Salat, José Luis Cerón Ayuso y José Antonio Segurado. Ansón y Carvajal son, además, los hombres del rey en la Trilateral. Carvajal es amigo de Juan Carlos I desde la infancia y fue senador por designación real en 1977. Por su parte, Ansón ha pertenecido al consejo privado del padre del monarca.
El personaje clave durante la fase inicial de los contactos del empresariado español con los promotores de la Comisión es Antonio Garrigues Walker, un hombre muy ligado a los Rockefeller. Como su hermano Joaquín, que ha trabajado en Nueva York para el Chase Manhattan Bank y en ese momento es ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Adolfo Suárez. Joaquín Garrigues está casado con la hija del ex embajador español en Estados Unidos José María de Areilza. Otro de los hermanos Garrigues se casa con una sobrina de Nelson Rockefeller. Todo un clan para la Trilateral. Antonio Garrigues Walker declara en ese momento que «el empresariado español, aunque yo no lo represente ni hable en nombre de él, es partidario de la entrada de España en la OTAN».
La Comisión Trilateral, fundada en julio de 1973, tiene como primer presidente a Zbigniew Brzezinski. Posteriormente, este político norteamericano de origen polaco será consejero de Seguridad del presidente Carter. La Comisión nace con el propósito formal de analizar los principales problemas con los que se enfrentan Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Está considerada una especie de Gobierno mundial en la sombra. Según el propio Brzezinski, su ideólogo, es «el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido nunca». Dadas las perspectivas inquietantes que presenta la década de los setenta para el capitalismo internacional, los dirigentes de los países más desarrollados ven la necesidad de promover una mayor cooperación entre políticos, académicos, empresarios y banqueros, que facilite el logro de opciones comunes que tiendan a conseguir una reestructuración del orden internacional y aseguren la estabilidad de sus intereses. Los mayores productores mundiales de petróleo, acero y automóviles, los propietarios de las más influyentes cadenas de radiotelevisión y los principales grupos financieros del planeta están en manos de miembros activos de la organización recién creada. Con el transcurso del tiempo y las sucesivas incorporaciones, irá en aumento la concentración de grandes firmas en el seno de la Comisión.
El carácter ocultista con el que nace la Comisión desaparece cuando Jimmy Carter llega a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Su Gobierno está formado por un equipo casi monocolor de trilaterales. «El mundo se preguntó en qué consistía aquella “mafia”. Para entonces, la Comisión ya llevaba tres años de rodaje interno que le habían servido para engrasar todas sus piezas, hasta conseguir una maquinaria de gran perfección», escribe Joaquín Estefanía.[199] Ramsey Clark, antiguo secretario de Justicia norteamericano, sintetiza el ascenso directo del capital transnacional al poder en Estados Unidos: «Desde el segundo período presidencial de Ulysses Grant, es decir, cuando el mayor número de miembros del Gabinete estaban conectados con la compañía de Ferrocarriles de Pennsylvania, nunca se había visto un gobierno más estrechamente vinculado a las corporaciones industriales como el de Jimmy Carter».[200]
La estrategia de la Comisión, encaminada a favorecer la expansión de las grandes corporaciones, tiene que chocar, inevitablemente, con las fronteras políticas locales, que resultan demasiado estrechas y limitadas. «Ha llegado el momento de levantar el asedio al que están sometidas las empresas multinacionales, para permitírseles continuar su inacabada tarea de desarrollo de la economía mundial», afirma David Rockefeller. El estudio titulado «Sobre la democracia parlamentaria», patrocinado por la Comisión Trilateral, constituye un elocuente manifiesto a favor de la plutocracia: «Cada sociedad democrática ha tenido una población marginada, de mayor o menor tamaño, que no ha participado activamente en la política. De por sí, esta marginalidad de parte de un grupo es intrínsecamente antidemocrática, pero ha sido también uno de los factores que ha permitido a la democracia funcionar eficazmente». El asunto lo dejan muy claro: «El funcionamiento eficaz de un sistema democrático exige, por lo general, cierta apatía y falta de participación de algunos individuos y grupos». Una cita con las urnas de vez en cuando y ya están listos.
Para comprender el origen de la estrategia de la Trilateral hay que recordar que la actitud proteccionista y prepotente de Estados Unidos suscita resentimientos en Europa y que, por consiguiente, hay que cambiar de táctica: sustituir la presencia directa por otro tipo de implantación más discreta, pero también dominante. De esta «presencia» se encargan los servicios secretos, las compañías transnacionales y sus aliados europeos, militares, políticos y financieros.
El más directo antecedente de la Comisión Trilateral es la formación, en 1952, de un comité encargado de crear «un organismo internacional en el que estadounidenses y europeos puedan reunirse con el fin de mejorar las relaciones entre los dos continentes». Forman parte de ese comité, entre otros, William Donovan, ex director de la OSS (antecesora directa de la CIA), el banquero portugués Nogueira, el hermano del dictador español Nicolás Franco, el industrial holandés Martens, antiguo coronel de la Wehrmacht, y su compatriota Joseph Luns, que llegará a secretario general de la OTAN a principios de los ochenta. La presencia del hermano de Franco en esa reunión puede contribuir a explicar sus estrechas relaciones primero con Gran Bretaña y después con Estados Unidos. Nicolás Franco es, durante muchos años, embajador de España en Lisboa, una plaza «clásica» del Intelligence Service británico, desde la que los espías británicos proyectan su red hacia América, el Mediterráneo y África.
Los antecedentes de la Comisión Trilateral hay que buscarlos en el llamado Club de Bilderberg, centro de reunión de grandes financieros mundiales, políticos conservadores y socialdemócratas, ejecutivos de grandes empresas multinacionales y altos cargos de los servicios de inteligencia occidentales.
La reunión a la que asiste Nicolás Franco es uno de los hitos previos a la fundación del Club. Esta entidad, concebida para el «estudio y la planificación del mundo desarrollado», nace, de hecho, en el curso de una reunión celebrada los días 29, 30 y 31 de mayo de 1954 en el hotel Bilderberg de la ciudad holandesa de Osterberch, bajo la hospitalidad del príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana.
A partir de 1955 hay una constante presencia española en las reuniones del Club. Manuel Fraga está presente en varias; en una, acompañado por Leopoldo Calvo Sotelo. Los nombres se repiten. Fraga asiste también al encuentro que se celebra en febrero de 1977, pocos meses antes de las primeras elecciones generales de la Transición.
En el verano del setenta y cinco, cuando ya parece inminente la muerte de Franco, se celebra una reunión del Club de Bilderberg muy importante para el futuro político de España. Tiene lugar en el hotel Son Viola, de Palma de Mallorca, y están presentes un total de 128 personas, presididas por Alexander Haig, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa. También acuden Joseph Luns, secretario general de la OTAN y Nelson Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos, que tendrá que volver tres meses después a España, para dar el pésame al rey Juan Carlos por la muerte de Franco. Los temas sometidos a debate son: «Uniformidad del armamento», «Ampliación del Mercado de las Armas uniformadas» y «La situación de la Península Ibérica».[201] Sobre España se produce un acuerdo sustancial: «Es indispensable contar en este país con un tipo de hombres nuevos, capaces de garantizar la sustitución del franquismo sin traumas».
En junio de 1978, se celebra en la ciudad inglesa de Brighton una reunión a puerta cerrada, que algunos observadores relacionan con el Club de Bilderberg. Aparecen como organizadores del encuentro el Instituto para el Estudio del Conflicto, una entidad semifantasma relacionada directamente con la CIA, que poco antes ha organizado un seminario sobre «España y la OTAN»; el Instituto para la Investigación de las Relaciones Internacionales, y la organización Airus for Freedom and Interprise, plataforma de propaganda de los grupos conservadores en Europa en su lucha contra las nacionalizaciones. El corresponsal del diario El País en Londres, Ángel Santa Cruz, escribe que se trata de una reunión del Club de Bilderberg destinada a crear «una organización mundial destinada a luchar contra el comunismo» y a promover la «libertad y la libre empresa».[202] A la conferencia asisten representantes de poderosas compañías multinacionales británicas y norteamericanas (entre ellas, la Standart Telephones, del grupo ITT; la azucarera Tate and Lyle, y el National Westminster Bank), junto con prominentes militares retirados, hombres de negocios y publicistas influyentes de Europa, América y países asiáticos como Tailandia, Corea del Sur o Filipinas.
Un político muy vinculado a la Trilateral, y directamente a los norteamericanos, es José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores de UCD con los presidentes Suárez y Calvo Sotelo. Pérez Llorca ha compartido una especie de bufete-consulting con Luis Solana, otro futuro «trilateral» ligado a las multinacionales y al Banco de Urquijo. Solana llegará a presidente de la Telefónica, entidad fundamental para la consolidación de las inversiones de ITT en España. Él será el gran impulsor de la política de privatización de esta empresa pública. Junto con Enrique Múgica, Luis Solana es el «experto» en asuntos militares del PSOE. El nombre de ambos aparece, en 1982, en un organigrama elaborado por la Brigada Antigolpe de la policía, que investiga las conexiones de la trama que hay tras el intento de golpe de Estado del 23-F. En ese documento, a los dos se les atribuye una relación con algunos golpistas y con la CIA.[203]
El 26 de noviembre de 1979 la sección europea de la Comisión Trilateral se reúne en el hotel Ritz de Madrid y Enrique Múgica representa al PSOE en el acto de apertura. Bajo el título «Múgica entusiasmó a los trilaterales», el periódico Cinco Días (28 de noviembre de 1979) publica:
Múgica respondió brillantemente a todas las cuestiones planteadas por los trilaterales europeos, interesadísimos por la evolución del socialismo español. Los puntos sobresalientes de su intervención se refirieron, en primer lugar, al Rey Juan Carlos («Si don Juan Carlos no existiera, habría que inventarlo») y a la unión de la izquierda española («los conceptos del socialismo y la libertad son muy distintos en socialistas que en comunistas»). Quedó claro que no se produciría ningún tipo de frente de izquierdas.[204]
La lista de trilaterales se va ampliando y renovando hasta hoy. La incorporación de Jesús de Polanco al Club tiene un visible efecto colateral: el incisivo periodista Joaquín Estefanía no llega a escribir el perfil del magnate santanderino de la comunicación, para añadirlo a las «biografías críticas» de los trece primeros españoles que formaron parte de la Comisión, incluidas en su imprescindible trabajo sobre la Trilateral.[205] Polanco le llama previamente para ofrecerle la dirección de las páginas de economía de El País, y el antiguo militante del PTE (Partido del Trabajo de España) maoísta le pide enseguida a su editor, Ramón Akal, que no reedite el libro, convertido ya en un molesto testimonio. No hace falta matar al mensajero, como se hacía antiguamente; resulta más democrático contratarlo. Joaquín Estefanía Moreira llegará a director de El País.
En 1994, entre otras incorporaciones de postín destacan, por ejemplo, las de Abel Matutes, futuro ministro de Asuntos Exteriores de Aznar, y la del socialista Manuel Marín, miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas y actual presidente del Parlamento español. En la misma tacada entra Julio Feo, consejero personal de Felipe González y amigo de varios jefes de estación de la CIA. El experto en cuestiones militares Luis Solana también es reclamado por la Comisión, y en la última hornada, además de los imprescindibles miembros de grandes consejos de administración, entra por la puerta grande nada menos que la candidata a la alcaldía de Madrid Trinidad Jiménez,[206] que, además, ocupa el cargo de secretaria de Política Internacional del PSOE. Eso explica su agresividad, en primera línea, contra los jefes de Estado latinoamericanos que se salen de la órbita del Imperio.
Dentro del entramado de sociedades y siglas controladas por los norteamericanos, destaca, durante los primeros años ochenta, el papel desarrollado por el INCI (Instituto de Cuestiones Internacionales).
La visita del secretario de Defensa norteamericano, Caspar Weinberger, a España, en marzo de 1983, poco después de la victoria del PSOE en las elecciones generales y cuando se empieza a perfilar la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, pone al descubierto los objetivos del INCI, una entidad en cuya cuenta bancaria figura, según consta en el acta de su asamblea del 20 de diciembre de 1982, una partida concedida por la USIA (United States International Communication Agency), la organización oficial norteamericana que encubre la «guerra sucia» exportada por Estados Unidos a través de los medios de comunicación. Según uno de sus documentos divulgativos, el INCI pretende ser «una asociación privada e independiente, que se consagra al estudio de los problemas de la paz, guerra, desarme, cambio social y económico en el sistema internacional, y relaciones políticas internacionales».
La visita de Weinberger evidencia la instrumentalización del INCI por parte del Departamento de Estado norteamericano. Hasta tal punto que para acceder a la cena-rueda de prensa del secretario de Estado en Madrid hay que pasar por el filtro de ese organismo, hasta entonces muy poco conocido. Pero aún más: a Weinberger sólo se le pueden hacer preguntas que hayan sido formuladas previamente por escrito y trasladadas primero al secretario del INCI, el periodista Antonio Sánchez-Gijón, «al objeto de ser contestadas de forma agrupada y sistematizada». Sánchez-Gijón es uno de los más decididos defensores de la integración de España en la Alianza Atlántica. Según él, nuestro país «no sólo debe entrar en la OTAN, sino también disponerse a prestar contribución, por medios políticos, y quizás también militares, a la protección de los intereses occidentales en Oriente Medio».[207]
El INCI se legaliza como sociedad en 1978. En su acta constitucional se marcan tres objetivos: «Preparación de un seminario internacional sobre problemas comunes a Europa y África, la obtención de los primeros medios financieros, y la formación de una junta elegida bajo la presidencia de una prestigiosa figura de la vida social española». Encabeza la primera junta Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, un personaje muy cercano a los norteamericanos, que ha sido embajador en Washington y en el Vaticano. Uno de sus hijos, el trilateral Antonio Garrigues Walker, intervendrá, poco después, en la compra de 72 aviones de combate F-18, por parte del Ministerio de Defensa, a la empresa norteamericana McDonnell Douglas. Una operación controlada por un estrecho colaborador del rey, Eduardo Serra. Los primeros vicepresidentes del INCI son el abogado José Mario Armero, presidente de la agencia Europa Press, otro hombre muy vinculado a las empresas norteamericanas y, por fin, el socialista Enrique Múgica.
El INCI forma parte del laberinto de organismos creados por el Departamento de Estado norteamericano, la CIA y el Pentágono en todo el mundo para crear estados de opinión favorables o desfavorables a cualquier tema que afecte a los intereses vitales de Estados Unidos. La actividad del Instituto se orienta hacia la opinión pública, y lo hace a través de los medios de comunicación. En la línea de lo que declara, en 1983, el agregado de prensa de la embajada norteamericana en Madrid, Guy Farmer: «No queremos que la prensa se llene de progresistas y de radicales que estén en contra de la política exterior norteamericana. Todo lo contrario, queremos tener periodistas amigos en todos los medios españoles, y hemos de decir que los tenemos».
Farmer abandonará su cargo en Madrid, precisamente, con el fin de cumplir una «misión» informativa muy especial para el mundo libre: la coordinación de la cobertura de prensa de la invasión norteamericana de Granada,[208] en la que se prohíbe la presencia de periodistas independientes incluso de los propios medios de comunicación norteamericanos. Durante su estancia en Madrid, Farmer llega a escribir una carta al subdirector general de Cooperación Informativa, Fernando Puig de la Bellacasa, en la que afirma que el Club Internacional de Prensa (situado en la madrileña calle de Pinar) se dedica a «divulgar unas ideas minoritarias y antidemocráticas que, en todos los casos, constituyen una crítica constante contra la política internacional tanto del Gobierno español como del de los Estados Unidos».[209]
Durante la etapa anterior a la convocatoria del referéndum de la OTAN, el INCI organiza numerosos seminarios para sus asociados y para personas de «relevancia política» de la vida española, según señalan quienes los organizan. Colaboran en ellos desde el general Vernon Walters hasta los militares españoles Ángel Lobo y Miguel Cuartero, además de Antonio Sánchez Gijón, Terence Todman —el embajador norteamericano que interviene en el 23-F—, el general israelí Moshe Dayan, Leopoldo Calvo Sotelo o el general Cano Hevia.
Entre los miembros del INCI hay periodistas como José Navarro Ferré, Thomas Burns (corresponsal de la revista Newsweek), Rafael Ansón Oliart, Guillermo Medina, Manuel Blanco Tobío, José Ramón Alonso… Y militares como Ricardo Vallespín, el general Cuartero Larrea, Ángel Lobo García, Juan Yagüe, Bartolomé Beltrán y el ex ministro de Defensa Alberto Oliart, en cuya casa se gesta el documento que firman varias decenas de intelectuales y personajes del mundo de la cultura a favor del «Sí» en el referéndum. Además de Pedro Schwartz o Inocencio Arias, que hará carrera política en Exteriores con el PSOE y después con el PP de Aznar.
Cuando arrecia en los medios de comunicación, sobre todo en TVE, la campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN, se hace público que en el acta de la Asamblea del Instituto celebrada en diciembre de 1982 figura, literalmente, que «un socio expresó su preocupación por el hecho de que, en la cuenta de ingresos del INCI, figurase una partida concedida por la United States International Communication Agency —USIA—, que es un organismo de un gobierno extranjero». Según hace constar el propio CESID, este asunto «subraya a las autoridades españolas la dependencia norteamericana del INCI».[210]
En 1991, el INCI se fusiona con el Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE) y surge el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INOPE), que continúa desarrollando una notable actividad. Los presidentes de esta entidad, desde su creación, son Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, José María de Areilza, Eduardo Serra, además de José Lladó y Fernández-Urrutia.
En el entorno de los norteamericanos hay nombres que se repiten hasta la saciedad. Uno de ellos es el de Eduardo Serra, que del INCI acabará saltando a otra entidad de la misma cuerda, el Instituto Elcano, presidido actualmente por el ex ministro de Defensa socialista Gustavo Suárez Pertierra, que sustituyó en el puesto precisamente a Serra, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de marzo de 2004.
La cercanía de Eduardo Serra al rey y a los norteamericanos le sitúa en una privilegiada encrucijada de caminos por la que transita todo tipo de operaciones políticas y, sobre todo, económicas. Lo que mejor ilustra la trayectoria política de Eduardo Serra es el hecho de que goza de cargos de relevancia, dentro del Ministerio de Defensa, con UCD, el PSOE y el PP. Abogado del Estado, entra a formar parte del equipo del Ministerio de Industria con Alberto Oliart, en 1977, y tras el golpe del 23-F, Calvo Sotelo lo incorpora a su Gobierno como secretario de Defensa, en un momento clave: se prepara el ingreso urgente de España en la OTAN. Con la llegada del PSOE al Gobierno, Felipe González y su vicepresidente Narcís Serra lo mantienen como subsecretario de Defensa, lo que no le impide afirmar públicamente: «No soy socialista ni por el forro». Antes del referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica, Eduardo Serra propone «la creación de un lobby ibérico para recorrer los corredores del Pentágono, del Congreso y del Departamento de Estado, con armas “made in Spain” en la mano, con el fin de favorecer la penetración de la industria española de armamento en los mecanismos de decisión norteamericanos».[211]
Pablo Castellano también hace un jugoso apunte sobre la incorporación de Eduardo Serra al equipo de Gobierno socialista:
En materia de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, el jefe del Estado, siguiendo viejas tradiciones, despacha de forma especial y directamente con los correspondientes ministros. Y es pública y notoria su opinión, precedente al nombramiento de los mismos y hasta su propuesta, que explica la sorprendente y continuada presencia del «otro» Serra, Eduardo, en gobiernos de tan variado signo. El Rey no nombra ministros, pero algunos son más llamados por el Rey que otros.[212]
Considerado oficiosamente como uno de los principales representantes de la Administración de Estados Unidos en los círculos gubernamentales y empresariales españoles, Serra es, además, conocido como miembro del «clan zarzuelero» que gira en torno a Juan Carlos de Borbón. Es notorio su papel de intermediario en la compra de armas aprovechando sus cargos oficiales y su posterior e impúdica incorporación, como alto directivo, a las empresas a las que ha encargado previamente trabajos desde el Ministerio de Defensa.
Manuel Soriano, en su libro La sombra del Rey, señala que el teniente general Sabino Fernández Campo sostenía:
El Ejército debe someterse a las normas generales de la contratación administrativa. Pero en lo que afecta a la especialidad peculiar de los servicios militares, las excepciones habrían de aplicarse con la mayor facilidad, ampliándolas y detallándolas si fuera preciso, como desarrollo de los casos que la ley prevé.[213]
Y continúa diciendo:
Esas normas se fueron flexibilizando con el paso de los años por las exigencias que en el artículo ya se preveían y por la práctica del pago de comisiones que se generalizó en todos los países cuando se abordaba la compra de material militar. En España, el caso que provocó mayor escándalo fue la pugna entre McDonnell Douglas y Boeing para conseguir la adjudicación del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque). Se lo llevó la primera compañía después de que la segunda se viera implicada en la denuncia de un pago de comisiones en cuya operación salió a relucir la princesa Torlonia, prima del Rey, y el abogado Francisco Jiménez Torres, que antes había sido presidente del INI.
En medio del enorme baile de millones que supone esta transacción bélica, aparece la figura de Eduardo Serra, responsable del Ministerio de Defensa en los grandes proyectos y negocios militares. Entre ellos, este polémico proyecto FACA que propicia la compra de 72 aviones F-18 a la empresa norteamericana McDonnell Douglas, con un coste de 300 000 millones de pesetas.
Un año después de su salida del Gobierno, en 1988, es nombrado presidente de Telettra-España, la empresa filial española de la multinacional que realiza las instalaciones de comunicaciones de la OTAN en toda España, con un coste de 350 000 millones de pesetas. En 1989 es nombrado vicepresidente y después presidente de Cubiertas y MZOV, empresa que construye un refugio antinuclear en Toledo para el Ministerio de Defensa. Y a continuación, en 1993, accede a la presidencia de Peugeot-Talbot en España, y después a la de Airtel. A esa biografía hay que añadir la presidencia, desde 1987, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, de la que es presidenta de honor la reina Sofía.
Y como guinda, en 1996, José María Aznar le nombra ministro de Defensa. Una de las principales misiones con las que llega a ese cargo es la de no desclasificar los papeles del CESID que implican al Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA desatada por los GAL en los años ochenta.