«Gladio», la espada del Imperio
«En febrero de 1969 me incorporé a la Scuola d’Infanteria de Cesano, cerca de Roma, para realizar su famoso curso de “ardimento”. La palabra ardito significa atrevido, y en aquel contexto definía al militar dispuesto a todo. Me convertí en el primer militar español admitido en tan selecto club y en el único alumno que no pertenecía a la OTAN. La CIA me consideraba miembro durmiente de la red stay behind (permanecer detrás), una estructura armada y secreta de la Alianza destinada a organizar actos partisanos y a la captación de nuevos adeptos en el caso de que Europa Occidental fuera ocupada por el Pacto de Varsovia. Desde entonces, lucí en mi guerrera el distintivo de aquel curso y, ahora que lo pienso, es una espada de gladiador: un gladio». Así relata el coronel Juan Alberto Perote[58] su paso por Italia para participar en un programa especial de adiestramiento castrense que formaba parte de las actividades desarrolladas por una compleja estructura política, policial y militar con infinidad de ramificaciones, dirigida desde Langley.
La CIA crea la red «Gladio» hace cincuenta años, para impedir que, en los países de la Europa Occidental, la izquierda pueda llegar al poder. Esta organización clandestina, íntimamente conectada con la OTAN, tiene en España, a través del SECED, y más tarde del CESID, una significativa actividad. De forma especial durante los años de la Transición. La ultraderecha italiana, controlada por la CIA y los servicios secretos del país trasalpino, actúa intensamente durante los años setenta y ochenta en nuestro país.
Los crímenes del Batallón Vasco Español y después de los GAL, la matanza de Atocha y el golpe de Estado del 23-F, entre otros acontecimientos, tienen algún tipo de relación con «Gladio». El descubrimiento de esta red desvela la identidad de varios de los oscuros instigadores de los llamados «años del plomo» en Italia y de muchos asesinatos, masacres, cuartelazos y golpes de Estado en la Europa de la Guerra Fría.
El 10 de octubre de 1991, el Tribunal Civil y Penal de Venecia hace pública la sentencia del procedimiento penal 1/89 contra los jefes de los servicios secretos italianos Fulvio Martini y Paolo Incerilli. En la sentencia del magistrado Felice Casson se señala: «La organización Gladio tuvo su origen en 1956 en un acuerdo entre el servicio secreto militar italiano (SIFAR) y el estadounidense (CIA)». Efectivamente, a partir de ese momento los servicios de inteligencia de ambos países se coordinan para emprender operaciones subversivas contra la estabilidad democrática, a fin de que el proyecto comunista italiano jamás llegue a ganar unas elecciones generales. Con ese fin, crean una banda armada respaldada clandestinamente por algunas instancias estatales, al margen de cualquier control de los poderes judicial y legislativo, desencadenan la «guerra sucia» y fomentan la tensión terrorista, para condicionar el curso político del país.
Pero todo viene desde mucho más atrás: «El adiestramiento en pro de la osadía fue incorporado a los planes formativos del Ejército italiano en tiempos de Benito Mussolini, por lo que su connotación fascista generaba el malestar y la protesta del principal partido de la oposición, el PCI (Partido Comunista Italiano)», continúa Perote relatando su experiencia en Cesano.
Fueron ochenta días duros en los que vi morir a dos compañeros por caída libre desde unas torretas que formaban parte de la «palestra», un circuito de ejercicios de riesgo que rayaba en lo irracional. La palestra hizo que varios colegas italianos optaran por retirarse. A estas alturas de mi vida, creo que aquello, más que un plan de entrenamiento y aprendizaje, era un método de selección y catalogación. A mi juicio, el Ejército italiano buscaba entre su gente a aquellos capaces de asumir la obediencia ciega. Nuestra preparación para infiltrarnos en la retaguardia comunista era definida como «Ejercicios de patrulla de largo alcance». Ése y sólo ése era el stay behind para el que me instruyeron. Puedo decir, sin embargo, que muchos de mis colegas italianos acabaron siendo operativos en el noroeste de su país, un territorio que ellos consideraban «zona roja». Desde la posguerra, el Estado Mayor italiano venía operando allí a través de Osoppo, una división partisana desaparecida o modificada cuando, en 1956, se creó la red Gladio.[59]
Las investigaciones del juez italiano Felice Casson sobre el atentado de Peteano de Sagredo, cometido en el norte de Italia el 31 de mayo de 1972, en el que mueren tres carabineros, conducen al descubrimiento de un «ejército duplicado» y clandestino, una especie de OTAN paralela, creado a mediados de los cincuenta, con una estructura controlada por los servicios de inteligencia norteamericanos. «Gladio», el nombre con el que se conoce la rama italiana de esta red secreta, se acaba empleando para denominar a toda la organización. Pero en Bélgica, originariamente, adopta el nombre de «Red Retaguardia», y en Grecia, el de «Vellón», o «Piel de oveja».
Durante la dictadura franquista, en España la red «Gladio» está coordinada desde el SECED. El 7 de noviembre de 1988, el escurridizo y turbio político italiano Giulio Andreotti admite ante el pleno del Legislativo italiano que «Gladio» siempre tuvo el apoyo financiero y político de los gobiernos norteamericano, italiano, español, británico y francés.[60] La conmoción provocada por el descubrimiento de la red aumenta tras las declaraciones del entonces ministro de Defensa belga, Guy Coeme. Para él, «Gladio es una organización secreta, enraizada en los servicios de información militares, que ha actuado coordinadamente en toda Europa».
En Italia, el magistrado veneciano Felice Casson es quien empieza a desvelar parte de la cadena de sucesos sangrientos del período de la «estrategia de la tensión». Como golpes de Estado fallidos, logias masónicas secretas dedicadas al tráfico de armas y a las «presiones al Estado», y muchas muertes aún sin explicar. Las declaraciones de André Moyen, funcionario de los servicios secretos belgas, a los medios de comunicación vienen a confirmar la participación del espionaje español en la red «Gladio» a partir de la década de los sesenta. «Los servicios españoles han jugado un papel de faro en el reclutamiento de agentes y en el suministro de información y material para la acción de los servicios paralelos», afirma.[61] «Según mis informaciones, en el interior de “Gladio” existieron disidencias. Hubo una fracción que superó a “Gladio” en importancia y actividad. Se trata de la red CATENA (cadena en italiano), que multiplicó en Europa las acciones anticomunistas de todo tipo». En 1980, la red CATENA presta apoyo a varios ultraderechistas implicados en tres asesinatos cometidos en Madrid, para que abandonen España antes de ser detenidos.[62]
En un informe titulado «La CIA conspira en España», de enero de 1984, del que se publican algunos extractos en la prensa española[63], se da a conocer la información descubierta en Atenas por un colectivo del PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) griego sobre los «Planes opcionales para España» y sobre la Operación Transición. En él se señala que una de las primeras sorpresas del equipo de expertos que elabora el documento fue «descubrir que la actuación de la CIA se canaliza por dos vías, una institucional, a partir de las gestiones directas de la embajada norteamericana en Atenas, y otra paralela, ilegal, clandestina. La primera está orientada hacia la Administración, el Ejército, los Servicios de Información, la prensa y los grupos financieros. Y, antes del golpe de los coroneles de 1967, hacia los partidos políticos y los sindicatos». En el informe se señala que la mayoría de las actuaciones de los servicios de información norteamericanos en los países del Mediterráneo están coordinadas desde la estación de la CIA en Italia y una de sus principales bases es la embajada estadounidense de Madrid.
Según el ex coronel italiano Alberto Bolo, durante los años setenta, la red «Gladio» dispone de un campo de entrenamiento militar en Maspalomas, localidad situada a 70 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Bolo, que forma parte de la red controlada por la CIA hasta 1976, declara al programa de TVE Informe Semanal, en noviembre de 1990, que cuando él se dirigía a Maspalomas, hacía escala en Barcelona, donde le recogían militares españoles en un vehículo del Ejército. También afirma que asistían a los cursos de instrucción de la base situada en Canarias alrededor de quinientos individuos, algunos españoles y casi todos los demás europeos.[64] En el programa televisivo explica, además, que los «gladios» no estaban seleccionados por su capacidad física o sus conocimientos militares. Eran personas que sabían varios idiomas y su labor debía ser más informativa que operativa. A raíz de estas declaraciones de Bolo, el secretario general de la OTAN, Manfred Woerner, declara en Budapest que «Gladio» es un «secreto oficial». Al mismo tiempo, el Gobierno de Bélgica ordena disolver la red y estudiar sus implicaciones en atentados de la extrema derecha cometidos durante la década de los ochenta.
Tienen que pasar diecisiete años y terminar la Guerra Fría para que, después de las luchas y los trabajos incansables de grupos pacifistas y defensores de los derechos humanos, e incluso de la propia Magistratura italiana, finalmente la OTAN reconozca, de forma oficial, su responsabilidad en el derribo del avión comercial DC-9 Itavia el 27 de junio de 1980. Este aparato sufre el ataque de varios cazas de la Alianza, sobre el cielo de la isla de Ustica, al norte de la isla de Sicilia, y se hunde en aguas meridionales del mar Tirreno con 81 personas a bordo.
A principios de 1997, un oficial de la OTAN ofrece, por fin, las pertinentes aclaraciones en relación con este caso ante el juez instructor Rosario Priore, en Roma, y deja al descubierto decenas de falsificaciones llevadas a cabo por militares italianos y centros de radar para ocultar el ataque. Durante esas mismas fechas de 1980 también habían sido abatidos por aviones de la OTAN varios aparatos libios, intentando provocar un conflicto bélico con el régimen de Gaddafi. Un error militar hizo que fuera derribado también el avión comercial. Pero la OTAN lo máximo que llega a reconocer oficialmente es que «el 27 de junio de 1980 había un portaaviones de la Alianza en el Tirreno meridional».
En Italia, la Alianza presta cobertura directa a la red «Gladio» y sus tentáculos intervienen, de forma muy activa, en la llamada «estrategia de la tensión». La gravedad de los hechos provocados por «Gladio» y sus implicaciones políticas al más alto nivel son también recogidos en la sentencia del Tribunal de Venecia del 10 de octubre de 1991 y reconocidos ante los medios de comunicación por el entonces presidente de la República italiana, Francesco Cossiga. La sentencia dice más adelante: «No hay duda de que la creación y la actividad de Gladio tuvieron relevancia política y comportaron “cargas financieras” para el Estado italiano, además de “modificaciones”, por no decir violaciones de las leyes ordinarias, como aquellas en materia de introducción y transporte de armas y explosivos». Es consciente de todo esto el abogado del Estado que, en fecha 7 de enero de 1991, requiere la opinión del presidente del Consejo de Ministros sobre el complejo clandestino denominado «Stay Behind» (restare indietro, «quedar detrás»). La respuesta que recoge la sentencia termina así: «El acuerdo del 28 de noviembre de 1956, alcanzado entre los servicios de información italianos y estadounidenses para la creación de la organización clandestina, no es un tratado internacional sino que forma parte de la ejecución y actuación del tratado OTAN aprobado por la ley n.° 465/49».
En el proceso de «estrategia de la tensión» desarrollado en Italia durante varias décadas aparece implicada una larga lista, todavía incompleta, de nombres de políticos, democristianos y socialdemócratas. Desde el citado ex presidente de la República Francesco Cossiga hasta Giulio Andreotti, además de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli. Además, se evidencian conexiones directas de la red con el Vaticano y la Mafia. Michael Sindona, presidente de la Banca Privada, considerado próximo a los ambientes de la Mafia italoamericana, es quien pone a las autoridades sobre la pista de la conexión vaticana, al acusar al arzobispo Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de la Religión, la banca vaticana, y a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia masónica P-2, de haberse involucrado con él en diversas operaciones consideradas de alto riesgo. A través de varias sociedades interpuestas, Calvi y el «banquero de Dios» operan juntos y destinan dinero a operaciones ocultas, pagando sobornos, moviendo dinero negro procedente de la evasión fiscal o lavando dinero de la Mafia y otras organizaciones criminales. Con la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I, en 1979, la suerte de Marcinkus parece agotarse. Pero, en realidad, ocurre lo contrario; Juan Pablo I muere repentinamente (en todas las teorías sobre su supuesto asesinato aparece Marcinkus) y le sucede Juan Pablo II, un viejo amigo del «banquero de Dios», que no olvida sus aportaciones durante los años setenta al sindicato polaco Solidaridad.
Durante veinte años, Italia padece un terrorismo en gran escala dirigido por la CIA y los mandos de la OTAN. Los propios acusados en los procesos contra la red «Gladio» lo han explicado: «Gladio» sirve para evitar que el Partido Comunista llegue al poder en unas elecciones. Lo reconocen también el general Vito Micelli, ex jefe de los servicios secretos italianos, o el propio William Colby ex director de la CIA.
La actividad de la red «Gladio» deja un aterrador reguero de muerte. El primer hito de esta historia se da en julio de 1964, cuando se produce un intento de golpe de Estado del general Giovanni de Lorenzo, jefe del SIFAR, con el visto bueno de los norteamericanos, contra la incorporación a la coalición de Gobierno del Partido Socialista Italiano. Cinco años después, el 7 de diciembre de 1969, se hace público en la prensa británica un «informe sobre la situación italiana», redactado por un agente del régimen de los coroneles griegos, que habla de una organización ligada a los servicios del coronel Papadopoulos, entonces jefe del Gobierno griego y agente de la CIA. El documento relaciona a los servicios de la dictadura griega con elementos de la extrema derecha y militares italianos, que tienen planeado realizar atentados en Italia para desestabilizar al Gobierno. Cinco días más tarde explota una bomba en el Banco de Agricultura de piazza Fontana, en Milán, que causa 17 muertos y 90 heridos. La policía detiene a un anarquista, Pinelli, al que se quiere responsabilizar del atentado. El sospechoso vuela desde un piso de la comisaría durante el tercer día de los interrogatorios. Diez años más tarde son condenados por los hechos dos fascistas y un miembro de los servicios secretos italianos.
En diciembre de 1970 hay un intento de golpe de Estado, encabezado por Valerio Borghese, que se refugia en España tras el fracaso de su plan. Tres años después se descubre un nuevo proyecto fascista de golpe de Estado, y en mayo de 1974 explota una bomba en Brescia, durante una manifestación sindical, que causa 8 muertos y un centenar de heridos. Tres meses más tarde, el 4 de agosto, explota una bomba en el tren Italicus, que causa 12 muertos y 45 heridos. La estrategia de la tensión auspiciada por la CIA continúa y en agosto de 1980 explota una nueva bomba en la sala de espera de segunda clase de la estación ferroviaria de Bolonia, que provoca 85 muertos y centenares de heridos. En diciembre de 1984, otro artefacto, colocado en el tren 904 Nápoles-Milán, explota cuando el convoy atraviesa el túnel de los Apeninos y provoca 16 muertos y un centenar de heridos.
Nueve años antes, en diciembre de 1975, William Colby, jefe saliente de la CIA, había prestado declaración ante la Comisión Church del Congreso norteamericano, durante una comparecencia relacionada con las actividades de su servicio de inteligencia en algunos países europeos. La Comisión investigaba los métodos sucios de actuación de la Agencia y tenía especial interés en conocer lo ocurrido a partir de 1972 en Italia, donde la CIA «ayudaba» económicamente a los partidos políticos de derecha y estaba implicada en numerosas actividades criminales. George Bush, el primero de los dos presidentes de Estados Unidos con el mismo nombre, presente en la sala donde declaraba Colby, comentó: «No se pueden excluir otros acontecimientos semejantes cuando eso fuese requerido por exigencias de la seguridad de Estados Unidos».
Durante los últimos años de la dictadura y a lo largo de toda la Transición, España se convierte en refugio de ultraderechistas de diversos países. El núcleo más importante lo constituyen los fascistas italianos, que aquí disfrutan de protección policial y capacidad operativa para organizar con tranquilidad sus atentados. Cómodamente asentados en Madrid, trabajan para la Policía española y no cesan de cometer acciones criminales en su país de origen.
Tras fugarse de su país, los neofascistas italianos llegan primero a Barcelona y después a Madrid. Los primeros que les apoyan son los falangistas Alberto Royuela y Luis Antonio García Rodríguez, y otros miembros de la Guardia de Franco. Gracias a éstos, la Ciudad Condal se convierte en la puerta de entrada para los terroristas evadidos de Italia, el primer puerto en el que recalan antes de trasladarse definitivamente a Madrid. La trayectoria de todos ellos es muy similar. Por ejemplo, Giuseppe Calzona pertenece, desde su juventud, a los grupos ultraderechistas italianos. Abandona su país cuando la justicia del país trasalpino le condena a diecisiete años de cárcel y viene a refugiarse a España. En 1973 llega a Barcelona, donde se pone en contacto con otros compatriotas suyos miembros de la Internacional Negra, como Stefano della Chiae, Cicuttini y Carnasi. Tras conseguir un pasaporte falso, a nombre de Mario Letti, se traslada a Madrid y alquila un piso en la calle de Válmayor, donde se establece el cuartel general de la Mafia ultra italiana en España. Como cobertura de sus actividades, Calzona y otros fascistas italianos abren la pizzería El Appuntamento, en la calle de Marqués de Leganés, 6, junto a la Gran Vía, a la que comienzan a acudir con frecuencia también otros destacados miembros del fascismo internacional, como Giancarlo Rognoni, Salvatore Francia, Elio Massagrande y Jean-Pierre Cherid. Varios de ellos participan en los hechos de Montejurra, en 1976.[65]
La colaboración del principal cabecilla del grupo, Stefano della Chiae, con los servicios de información dirigidos por el teniente coronel San Martín y con el comisario general de Información Roberto Conesa queda acreditada por numerosas informaciones judiciales. Las investigaciones del juez italiano Pier Luigi Vigna desvelan el poder de la trama italiana ultra en la España de los años setenta: «Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la Transición. Policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid frecuentaban la pizzería El Appuntamento, donde se reunían los italianos, buscando mercenarios para llevar a cabo provocaciones y atentados ultras».
Mario Ricci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Massagrande, Carlo Cicuttini y muchos otros se convierten en confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comienzan a intensificar sus acciones en los tiempos en que Manuel Fraga es ministro de la Gobernación. Participan en los sucesos de Montejurra, en el atentado de El Papus, en la matanza de Atocha y en otros muchos hechos sangrientos. Su intervención en la guerra sucia contra ETA es muy importante y la colaboración de algunos de ellos con la Policía española se prolonga hasta mediados de los ochenta, en la época de los atentados de los GAL. Lo mismo que la de antiguos miembros de la OAS, como Jean-Pierre Cherid, que muere el 19 de marzo de 1984, en Biarritz, al explotarle el artefacto que manipula para atentar contra un refugiado vasco. La familia del mercenario llega a reclamar una pensión al Ministerio del Interior, y la solicitud se hace por medio de un conocido policía en excedencia: José Antonio González Pacheco, «Billy El Niño».
Otro capítulo especialmente turbio de la Transición española es la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. En esa ocasión, como en tantas otras, se da carpetazo al asunto sin descubrir quién hay detrás de los autores materiales del atentado, con capacidad real para auspiciar tan terrible atentado. También queda sin aclarar cuál es el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participa en los hechos. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos, los españoles García Julia y Fernández Cerra, y se acredita que en el descansillo les esperaba Fernando Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más. Declaraciones del ultraderechista italiano arrepentido Calore llevan, en 1982, a la detención del militante de Avanguardia Nacionale (el cabecilla era Della Chiae, que estuvo en Montejurra y en numerosos episodios de la Transición), cuyas confesiones arrojan luz sobre la implicación de los italianos en las tramas negras de la Transición española. Uno de los elementos clave es Carlo Cicuttini Filiputti, peligroso ultraderechista que continúa viviendo en España y estuvo casado con la hija del general Fontanals Armengol, un militar vinculado durante años a los servicios de información.
Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles utilizados en la matanza de Atocha. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerra llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram Marietta que había pertenecido a la Policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información de Carrero hacia la ultraderecha italiana. Con una de las mariettas de esa partida asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976.
El inspector de policía Juan José Medina sostiene que «las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hizo sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram Marietta, puesto que la munición era también de 9 milímetros Parabellum». Continúa el inspector Medina:
Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el Ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistarme con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquellos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había hecho el gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo sistema a continuar determinadas acciones y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia.[66]
Es el año 1983, con el PSOE ya en el poder y José Barrionuevo y Rafael Vera en el Ministerio del Interior. Bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la entonces llamada Brigada Antigolpe, el inspector Medina sigue la «pista de las mariettas». Ambos son cesados antes de que puedan concluir su investigación, pero llegan a reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de 9 milímetros Parabellum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez. Las mariettas han sido compradas por la Policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (Estados Unidos). El inspector Medina es destituido justo cuando va a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de varios miembros del SECED, con la intención de que el ultraderechista reconozca a la persona que le ha dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a investigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario Il Messaggero que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que está colaborando con la justicia, han llegado a la conclusión de que un neofascista italiano ha participado en el ametrallamiento al grupo de abogados de la calle de Atocha el 24 de enero de 1977. Y recuerdan que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han preguntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles».
Uno de los hombres de los servicios de inteligencia españoles más vinculados a la CIA y también más implicados en la lucha contra ETA, en todas sus vertientes, es el teniente general Andrés Cassinello Pérez. Cerebro del llamado «GAL verde», llega a ser procesado por algunas acciones criminales de este grupo parapolicial, como los asesinatos de Ramón «Kattu» Oñaederra, Vicente «Perú» Perurena, Ángel «Stein» Gurmindo y Christian Olazcoaga, y por el asesinato frustrado de Claude Olazcoaga. Su nombre aparece, además, relacionado con escuchas a políticos y con temas tan oscuros como el «síndrome tóxico», la red «Gladio» o la matanza de Atocha. Sucesivamente ocupa los puestos de director del SECED, subdelegado de la Lucha Contraterrorista en el País Vasco y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Cassinello constituye un ejemplo diáfano de oficial español de inteligencia formado en Estados Unidos. Su inicial carrera en los servicios secretos del franquismo arranca en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Esta academia forma parte de la Escuela de Ayuda Militar John F. Kennedy y es uno de los lugares clásicos de formación de militares latinoamericanos implicados en golpes de Estado. Según se define en sus estatutos, el centro está dedicado a la enseñanza de la «doctrina de guerra psicológica y no convencional». Cassinello se diploma en los cursos de Counterinsurgency and Specíal Warfare Staff Officer y Counterinsurgency Operations. Alumno aplicado, allí toma contacto con oficiales de países de la OTAN y de ejércitos sudamericanos y asiáticos.
Cuando regresa a España, Cassinello publica las enseñanzas recibidas en Estados Unidos. En ocasiones, párrafos enteros calcados de los manuales que le han suministrado. Con todo ello elabora el libro titulado Operaciones de guerrillas y contraguerrillas,[67] una obra que no tiene desperdicio, en la que se habla de «los rojos españoles» y se dedican capítulos íntegros a la «Sintomatología de la subversión comunista». El programa de actuación que propone está dividido en varias fases e incluye las «acciones a desarrollar por los órganos de investigación e información y por el propio gobierno en cada una de las fases».
Este recetario de la represión lo publica, en 1966, la empresa editora Compañía Bibliográfica Española S. A., cuyo consejo de administración preside entonces el general de división José Lacalle Larraga. Andrés Cassinello es una pieza clave en la estructura de los servicios de información españoles a partir de los años setenta. Desde su fundación, en marzo de 1972, se integra en el servicio de información de Luis Carrero Blanco. Antes había formado parte de su organismo precursor, la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional). Abandona momentáneamente el SECED por discrepancias con su jefe, el teniente coronel San Martín, y después regresa bajo el mando del comandante Juan Valverde. Con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno llega a ser el último director de este servicio, desde 1976 hasta noviembre de 1977, cuando se reestructuran los servicios de información españoles y se crea el CESID. A lo largo de toda esa etapa, no exenta de altibajos, Cassinello tiene aún la oportunidad de exponer en otro libro las doctrinas norteamericanas sobre contrainsurgencia. Así lo hace en Subversión y reversión en la España actual,[68] todo un manual contra los brotes democráticos que empiezan a florecer un año después de la muerte del dictador. En esta ocasión, Cassinello se oculta tras el imperial seudónimo de Carlos I Yuste para firmar el libro.
De todos los militares formados en Estados Unidos, Andrés Cassinello resulta, por la importancia de los puestos que llega a ocupar, uno de los alumnos de los que más orgullosos se pueden sentir sus maestros de Fort Bragg, el centro que el ex agente de la CIA Víctor Marchetti define, en su obra La CIA y el culto al espionaje, como el lugar donde se realiza «la enseñanza de técnicas paramilitares a nivel de perfeccionamiento». Antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, Cassinello es el director del servicio de información de este cuerpo policial militarizado.
El propio Cassinello es quien dibuja los bocetos del sello distintivo de los GAL y uno de los principales impulsores de la «guerra sucia» contra ETA en el País Vasco y el sur de Francia. Sin embargo, se acobarda y no está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde cuando su fiel subordinado Rodríguez Galindo es condenado por los secuestros, torturas y asesinatos de Lasa y Zabala. En octubre de 1986 publica un artículo en ABC, titulado «A la señoría que corresponda», en el que, tras criticar a políticos, jueces, empresas periodísticas y profesionales de la información, concluye: «De verdad, señoría, les he llamado gilipollas y les he mandado a tomar todos los vientos. Le juro que me he quedado corto». Dos semanas después es nombrado comandante general de Ceuta. Y culmina su carrera llegando hasta el punto más alto del escalafón: el 22 de abril, el Gobierno de Felipe González le asciende a teniente general y le nombra capitán general de la Región Pirenaica Occidental, que incluye parte de Castilla y León, Navarra y… el País Vasco.
«Este militar, aunque ultraderechista hasta la médula (otros dicen que demócrata), siempre ha sabido nadar entre dos aguas y aferrarse con uñas y dientes al poder de turno para subir los largos y difíciles peldaños del escalafón», escribe el coronel Martínez Inglés.[69] «Con muy buenos amigos circunstanciales entre los políticos que trataban de abrirse camino en la difícil situación de la política de la época (los socialistas de Suresnes entre ellos), con abundantes dossieres comprometedores para muchos de ellos».