El 20 de noviembre de 2011, el PP ganó las elecciones con una holgada mayoría absoluta, consiguiendo el mayor número de votos de toda su historia: 10.866.566. El PSOE perdió más de cuatro millones de votos, fiel reflejo de la desconfianza, la desilusión y el temor que asolaba al pueblo español ante la catástrofe que se avecinaba. Nadie sabía precisar cuánto iba a durar esta crisis. Hablaron de meses, luego de un año que se convirtió en dos o tres. Más tarde, algunos expertos comenzaron a apuntar la posibilidad de que la cosa se prolongara por espacio de una década o más y, de pronto, hubo un consenso entre los analistas económicos y tertulianos radiofónicos en el sentido de que, durara lo que durara esta crisis, sería muy difícil que alguna vez volviéramos a la situación de bienestar previa. El pánico estaba servido. El desencanto y la indignación, también.
La opinión más extendida sentenciaba que el sistema en el que vivíamos no era «económicamente» viable. Los datos de crecimiento económico negativo, sumados al incremento en la esperanza de vida y al lastre de las enormes cifras de desempleo hacían que las cuentas no cuadrasen. Siempre positivos y cooperantes, nuestros vecinos europeos presionaban para que el gobierno redujera el déficit exigiendo medidas de austeridad que garantizaran el cobro de sus inversiones. Para colmo, en eso que ya hemos comentado de la confianza, gracias a esa pariente chunga que nos había salido llamada «prima de riesgo», tendríamos que pagar los intereses más altos de nuestra historia reciente por la emisión de deuda pública. Este acoso parecía no preocupar, en absoluto, a nuestros socios y amigos de la Unión Europea. Asistían con indiferencia a la sangría que nos infligían los especuladores y sólo intervenían para exigir «reformas estructurales profundas». No hay problema, venían a decir, haced correctamente los deberes y todo irá bien. Cuando vieron cómo nuestro empobrecido país se encontraba rodeado por una banda de matones que le pegaban una tremenda paliza, en lugar de acudir al rescate para poner paz, se sumaron al grupo de asaltantes.
Nos anunciaban que no volveríamos a disponer de los servicios que ellos disfrutaban. Debíamos asumirlo con deportividad. Nos iban a sacar las muelas y sólo aparecían para ordenarnos que ahorráramos en anestesia.
Por alguna razón desconocida, nosotros, la alegría de Europa, los palmeros del «mercado común», los regentes del geriátrico alemán, nos habíamos convertido en parias, volvíamos a ser aquella casta innombrable que vivía con la permanente amenaza del desahucio. Ellos, subidos en la atalaya desde la que vigilaban nuestros movimientos, repetían por la megafonía su implacable letanía: «Reformas estructurales profundas, reformas estructurales profundas…». Ya decimos que no se conformaban con reformas, tendrían que ser estructurales y profundas, que es tanto como decir «irreversibles». La crisis ya no era una cuestión coyuntural, había venido para quedarse. Aquella idea de una Europa fuerte, amable, democrática, donde los ciudadanos podrían vivir seguros, al amparo del Estado de derecho que garantizaba su libertad, y del Estado de bienestar que garantizaba su futuro, se desvaneció. Se esfumó esa tranquilidad escénica, única, que liberaba a los europeos de la neurosis de renta: nos habían expulsado del Paraíso.
Las nuevas generaciones no habían conocido el hambre. La pobreza de solemnidad estaba descartada de nuestro horizonte. De pronto, el suelo se movía bajo sus pies. A los jóvenes les habían cerrado las puertas del mercado laboral y con ello vetado la posibilidad de hacerse «un proyecto de vida». Estructurales y profundas. Lo que en lenguaje infantil se traduce como: «No te ajunto». Nos habían mudado de barrio. Nos sacaron de la zona residencial para trasladarnos a un suburbio desde el que se divisaban las chabolas. La indigencia estaba ahí, a la vuelta de la esquina.
¿Reformas estructurales profundas? ¿Qué exigencia era esa? ¿Dónde quedaba la soberanía nacional? ¿Dónde estaban aquellos patriotas que enarbolaban la bandera ante situaciones menos graves?
Los patriotas estaban allí, en el epicentro, en la sala de máquinas, pero trabajando para el otro bando, para el lado oscuro de la fuerza. Se aliaban con aquel extranjero irredento que, según nos enseñaron, nos miraba con recelo por la secular envidia que nos profesaba. Descubrimos entonces que el amor a la patria era una cuestión elástica, revisable y, como la energía, transformable. Parece ser que había quedado, exclusivamente, para defender la unidad territorial del Estado y reivindicar Gibraltar.
También supimos que los neoliberales se habían constituido en etnia, como las tribus africanas. Del mismo modo que un masai de Tanzania afirma sentirse más próximo a otro masai de cualquier país que a un mangati que vive a su lado, el neoliberal ya no tiene como prioridad España y sus valores eternos, se ha internacionalizado, ahora está a partir un piñón con sus correligionarios de todo el mundo y trabaja con ellos por un interés común que no tiene por qué coincidir con el de su reverenciada patria. Cuando hablan de sacarnos del rincón de la historia, se refieren a que en esa nave iríamos de remeros.
Por eso no había contradicción en que estos ultranacionalistas españoles, amantes y defensores de la patria, no dudaran en apoyar la venta de una de las principales empresas energéticas de nuestro país, Endesa, a una compañía extranjera a pesar de las presiones y maniobras del gobierno de entonces para que se quedara en España. Se intentó retener la compañía apelando a una ley que permitía al gobierno intervenir cuando se trataba de la compraventa de una compañía con capital público. También se apeló al derecho de los Estados a evitar operaciones que fueran contra el «interés general». El que luego fuera número dos en las listas de Madrid por el PP, Manuel Pizarro, a la sazón presidente de la compañía, removió Roma con Bruselas hasta que consiguió un dictamen favorable a la venta a los extranjeros y un capón al gobierno español de parte de las autoridades europeas por «intervencionista». Según el señor Jonathan Todd, responsable de Competencia de la Comisión Europea, tal ley de intervención del Estado en tanto socio era ilegal por ser contraria a la libre circulación de capitales y, por otra, lo del «interés general», decía, no estaba suficientemente razonado. En Alemania, este tipo de operación que puede afectar a la seguridad nacional por ser de un interés estratégico importante, no se hubiera autorizado. En cualquier caso, resulta paradójico que sean precisamente los que están todo el día con la patria en la boca los primeros en ponerla a la venta. También ponen en el mismo escaparate de las liquidaciones nuestra sanidad, que no dudan en vender a empresas dedicadas al «turismo sanitario», que vaya usted a saber qué es eso, cuyo accionariado está siendo investigado en otros países por haber cometido operaciones de dudosa legalidad. Demuestran muy poco amor y ningún respeto por su pueblo. Ahora resulta que la patria no es nuestra madre, sino «la madre que les parió» y les ha dejado de exclusivos herederos. Era todo mentira, nosotros no éramos hijos de la patria, estábamos en régimen de acogida. Volvemos a citar a su referente, el hijo de dios: «Por sus obras los conoceréis».
Atrás quedaban los tiempos en los que el nacionalismo español se manifestaba por los hechos y no por las soflamas. Ahora el grito ya no es «todo por la patria», sino «toda la patria, al mejor postor».
Estos patriotas neoliberales son los que, una vez ganadas las elecciones, nunca antes, nos quieren convencer de que el sistema que tienen que administrar y que iban a rescatar de las garras de los ineptos no es viable.
«Las matemáticas no engañan», dicen. «Os habéis ganado la expulsión del Paraíso por despilfarradores», nos cuentan. Aquellos que viven muy por encima de las posibilidades de todos los demás cuestionaban el nivel de vida de los que apenas llegan a fin de mes. Se llama «ley del embudo». No es nueva.
Nos encontrábamos ante una terrible encrucijada: ¿qué camino tomar?
Una vez más, surgieron dos opiniones contrapuestas, otra vez las dos Españas. Por un lado estaban los neoliberales, que, haciendo responsable de la situación al gobierno anterior, anunciaban medidas duras, traumáticas, pero necesarias para la supervivencia del país. Por otro lado, la oposición negaba la mayor y decía que otra solución era posible: redistribuir el presupuesto dando prioridad a los servicios públicos.
Vuelta a empezar. De todos modos, para el gobierno la cosa parece estar bastante clara. Según sus cálculos esto ha tocado fondo, ha llegado a su fin. La teta ya no daba más de sí. Han hecho cosas que no querían porque había que salvar los muebles. Saltaron las líneas rojas para revisar lo que había en el otro lado, a saber: sanidad, educación y pensiones. ¡Ojo, revisar no es tocar!, que no cunda la alarma. ¡Analizar no es destruir! Pondrían estos servicios bajo el microscopio de comités de expertos nombrados por ellos mismos y con intereses en empresas que se forrarían si se eliminaba de una vez esta competencia desleal de los servicios públicos (otra vez los tecnócratas sin ideología).
Así, la sanidad no se privatizaría, simplemente se traspasaría su gestión a manos de empresas que abaratarían los costes y mejorarían la calidad. Cuando se preguntaba de dónde iban a sacar el beneficio estas empresas con esas premisas, repetían despacito, como si hablaran para tontos, que era una cuestión de mejorar la gestión. Gestión que se encontraba en sus manos. Es decir, que cualquiera que se presentara a la subasta lo haría mejor que ese «Equipo A» con el que acudieron a las elecciones, ese dinámico e ilusionado equipo de emprendedores que todo lo iba a arreglar y para el que pidieron el voto de los españoles. No había pasado un año desde la victoria en las urnas y estos superhéroes ya se vendían de cara a la galería como unos perfectos inútiles.
La educación supondría, gracias a unos ligeros recortes, un gran ahorro para la nación. Simplemente había que quitar de en medio a los docentes que sobraban y hacer que el resto de los profesores, caracterizados por ser un hatajo de vagos que no estaban dispuestos a arrimar el hombro y solidarizarse con sus conciudadanos, echaran unas horitas más en el cole; no muchas, bastaría con que hicieran sólo un pequeño esfuerzo: «Sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial pero veinte horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños». Así lo relató Esperanza Aguirre, la regeneradora de la democracia, siempre dispuesta a suceder a Rajoy si el pueblo se lo pide. Más tarde se disculpó porque esas horas eran, aproximadamente, la mitad de lo que trabajaban los profesores de media, pero la reforma siguió adelante. En fin, se trataría de unos pequeños retoques, que tampoco implicarían un descenso de la calidad en la enseñanza y que se han saldado con unos 25 000 alumnos que pierden sus becas, 20 000 profesores menos, y unos 80 000 alumnos más. Así, por lo sencillo, como quien no quiere la cosa.
Las pensiones sí que no. Eso ni tocarlo, simplemente dejarán de actualizarse con el IPC, que es el único mecanismo que garantiza a los pensionistas que no perderán poder adquisitivo. Ahora todo se calculará según una fórmula en la que entran en juego muchos factores, todos dependientes de que las cosas vayan mejor, cuestión que presentan como imposible, y del número de pensionistas, que también se va a incrementar. Dicen que no van a bajar, que no se van a tocar las pensiones y, a continuación, que esta revisión es necesaria para evitar la quiebra del sistema. ¿En qué quedamos? La única forma de evitar la quiebra es ahorrando, o sea, reduciendo el gasto. Por ponerlo en boca de la CEOE, que son prácticamente la misma cosa que los que gobiernan: «Negar la revisión del sistema es ir contra él».
Vamos, que si sumamos A + B + C, las tres cajas que se esconden tras la línea roja que el gobierno prometió no traspasar, y escuchamos con atención las cosas que nos cuentan de cómo se van a tocar sin tocar, rebajar sin rebajar y ponerlas en manos privadas sin privatizar, concluimos: «Nos han perdido el respeto completamente». Tamañas sandeces no se pueden decir sin pensar que el interlocutor, en este caso el pueblo español, es idiota.
No hay forma de entender el afán por hacerse con las riendas de la gestión pública por parte de aquellos que abominan de ella, de los que creen que lo público debería desaparecer. Insisten en que «lo público» carece de sentido en la sociedad del libre mercado, está mal gestionado por definición y choca frontalmente con la idea de la libre competencia.
Vamos a traducirlo al lenguaje neoliberal, porque no entienden la indignación del ciudadano, su resistencia a que hagan negocio con estas cosas: si el derecho a la propiedad es sagrado, «lo público» es «la propiedad» del pueblo, su «capital», su patrimonio; tiene dueño, no está tirado en la calle para que se lo lleve el primero que pase.
Este acto de humildad, de modestia en el reconocimiento de que no están a la altura de lo que tienen que gestionar y por eso lo ponen en manos privadas, más apañadas, bajo la dirección de mentes más lúcidas, tiene su truquito, su parte chunga o, como les gusta decir a los medios de comunicación, su lado contradictorio.
Resulta que gracias a eso que denominan «puerta giratoria», estos señores que se empeñan en venderlo todo al mejor postor para que mejore el rendimiento de los servicios públicos[116], poniendo en cuestión su propia capacidad para hacer las cosas «como dios manda», aparecen luego como consejeros de empresas privatizadas, así como de bancos y cajas de ahorros donde les pagan un pastón. Claro que uno se pregunta: pero ¿no vendían que lo público cuando caía en sus manos era ingobernable, deficitario y un lastre para la economía de un país? ¿Cómo es que alguien está dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero para escuchar el consejo de estos señores que se proclaman inútiles y han hundido proyectos y empresas que han funcionado muy bien durante décadas, según la opinión de los ciudadanos, proyectos a los que ni siquiera se les exige que rindan beneficios? Algo no cuadra. Ese algo que no cuadra somos nosotros, los ciudadanos, que estamos todo el día buscando tres pies al gato cuando vemos que nos levantan el patrimonio.
Un caso ilustrativo de este asalto a las arcas de los ciudadanos es el de Telemadrid. Además de que nombran a destacados miembros de su partido al frente de la televisión para que ejerzan de comisarios políticos de los contenidos que se emiten, saltándose las normas de la UE en cuanto a evitar poner en cargos de responsabilidad a «personas próximas al partido que gobierna», recibiendo amonestaciones por manipuladores, como ya hemos comentado antes, hunden una televisión que tenía un prestigio, una audiencia y una calidad reconocidos antes de que la superguay gestión liberal desembarcara en esa casa.
Los neoliberales se quejaban desde la oposición del despilfarro que se llevaba adelante con los anteriores gestores. Veamos los datos que reflejan su obra. En 2002, la deuda de la cadena ascendía a 76 millones de euros. Estos magos de las finanzas, del ahorro y de la austeridad elevaron esa deuda hasta los 278 millones en el año 2011. Se podría pensar que fue gracias a hacer una televisión de calidad más costosa. En absoluto.
La audiencia, que llegó a estar en un 17,1 en el año 2003, bajó hasta un 4,7 en 2012. Estos datos, deuda disparada al tiempo que se hunde la audiencia, serían suficientes para ordenar un estudio exhaustivo de lo que ha ocurrido, con exigencia de las oportunas responsabilidades, porque sugiere, o bien la inutilidad manifiesta de sus cargos directivos, o que se han producido irregularidades en las cuentas, que alguien está siendo demasiado «liberal» con el presupuesto de la casa. Con respecto a la capacitación de esos cargos directivos, denuncia el comité de empresa que en muchos casos son ajenos al medio, su cometido laboral se desconoce, cobran un pastón y su cualificación no es otra que ser familiares y amiguetes de los directivos, asesores reciclados que se han quedado en la calle con la pérdida de elecciones. Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los trabajadores de la cadena sin que nadie haya tomado cartas en el asunto.
En el colmo del descaro, aparece el responsable máximo de este esperpento, el presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, quejándose de su propia obra, sumándose a la denuncia de la mala gestión de la cadena donde aprecia: «Un gran desfase entre los gastos y los ingresos, lo que generaba un déficit cada vez mayor, que no podíamos sostener». No le falta razón. Cuando el descontrol se apodera de un ente que maneja un presupuesto tan grande, que no rinde cuentas a nadie, que se niega a dar explicaciones sobre el déficit que genera, es fácil que ocurran cosas raras y las cuentas no cuadren. A río revuelto, los pescadores se tiran de cabeza en la almadraba. También es lógico que haya un desfase entre los ingresos y los gastos si, como decimos, esa televisión se convierte en un órgano de propaganda de su dueña y señora, y los ciudadanos le dan la espalda llegando a índices de audiencia ridículos. Otro factor que influye en ese desajuste entre gastos e ingresos es, como decimos, el de las altas retribuciones que cobran esa colección de personajes a los que hemos aludido antes y cuya trayectoria está ligada a la fidelidad política, no profesional, con múltiples anécdotas en el funcionamiento cotidiano de cómo se elabora la información, características de una dictadura, que incluyen denuncias de acoso sexual.
El señor González, en línea con su carácter neoliberal, decidió poner en la calle a la mayor parte de los trabajadores. Y cuando digo trabajadores me refiero a los que trabajaban allí, no a los contratados. De esa caterva de directivos que suponen el 10 por ciento de la plantilla y más del 30 por ciento del gasto, no ha echado ni a uno. Como diría su colega el dicharachero Trillo: «Manda huevos».
Se da la circunstancia de que la justicia ha dado la razón a los trabajadores y ha pedido su readmisión, momento en el que el señor González ha amenazado con cerrar la televisión. Hombre, faltaría más, a él nadie se le pone chulo. Él sólo respeta las resoluciones judiciales de los suyos, que, por cierto, son mayoría aplastante.
Nos hemos acostumbrado a que este tipo de situaciones se den en el ámbito de lo público. Este caso es paradigmático, pero no único. En otras comunidades ocurre lo mismo. El caso de la televisión valenciana es otro ejemplo de supresión de la libertad informativa y de manipulación chusquera impropio de un país democrático e impensable en el resto de los países de la UE. En internet se pueden ver ejemplos de soflamas panfletarias que causan vergüenza, en programas informativos en los que se arremete contra los partidos rivales o los artistas de este país por practicar el sano ejercicio de la crítica, en un estilo neofascista duro y puro, llegando incluso a editar mítines de campaña electoral de la oposición, emitiendo discursos que expresan lo contrario de lo que se ha dicho. Este tipo de maniobras pertenecen al libro de estilo de los que piensan que el gasto que soportamos los españoles por estos servicios públicos es para su uso exclusivo, convirtiendo una televisión que debería ir dirigida a los ciudadanos en un órgano de propaganda y un cortijo de contratación de los colegas.
La conclusión siempre es la misma: despilfarro, ruina y despido de los trabajadores. También en este caso de Canal 9 la autoridad competente amenazó con el cierre si la justicia no le daba la razón en los despidos colectivos.
Es la misma maniobra repetida una y otra vez y denunciada ahora por los profesionales de la medicina. Consiste en hundir las empresas públicas para demostrar su inviabilidad como paso previo a su cierre o privatización, y venta a los colegas.
Y lo más gracioso, no se sabe bien si es un acto de recochineo o de cinismo: se quejan de la mala gestión. Como si estas empresas estuvieran en manos de extraterrestres procedentes de Orión. Es de su mala gestión de la que deberían rendir cuentas a la opinión pública.
Insistimos en esa cuestión paradójica que se convierte en ley: cuanto mayor es el desastre que un neoliberal crea en la gestión pública, más cobra como consejero en la empresa privada.
No llega a entender el ciudadano medio cómo generar desastres por doquier puede sumar en el currículum tantos puntos. Ese mismo ciudadano, que tiende a la maledicencia, podría concluir que los cargos que obtienen estos políticos caracterizados por haber llevado adelante una gestión desastrosa no son sino pagos de esas empresas por los favores recibidos desde la Administración cuando estos señores ejercían sus respectivas responsabilidades. O sea, yo te hago favores desde el gobierno y tú me los pagas luego, cuando sea legal.
Recientemente hemos sido testigos de cómo don Rodrigo Rato, que está encausado por el desastre de Bankia, es fichado con un sueldo importante, no para entrenar a un equipo de fútbol, sino como consejero de un banco. El único consejo que puede darles es: haced lo contrario de lo que yo hice.
También me viene a la memoria la modificación que hizo el gobierno en abril de 2013 en el reglamento de la banca, que introduce el concepto «honorabilidad» en lugar de ausencia de «antecedentes penales» para ser consejero de una entidad bancaria. Esta modificación, que parecía surrealista y que no se entendía bien, así, en principio, puesto que no se percibía el interés que podrían tener los bancos en abrir la puerta a convictos en sus consejos de administración, cobra ahora otro sentido cuando estamos viendo la cantidad de personal que está pasando por los tribunales procedente de los distintos consejos de administración de cajas y bancos. Ya hay varios casos que han permanecido en el cargo después de una condena gracias a esta reforma. Son reformas hechas a medida de los amigos. No, si tontos no son.
Por cierto, no deja de sorprender que los jueces admitan, una y otra vez, a estos consejeros de bancos y cajas que pasan por el banquillo su declaración de que no tenían ni idea de lo que firmaban ni de lo que allí se trataba. Era precisamente por esos conceptos, enterarse de lo que se hablaba y controlar que no se produjeran desmanes, por lo que recibían altísimas retribuciones, así como indemnizaciones millonarias cuando abandonaban el puesto. Si aceptan la ignorancia para librarlos de la condena, esos mismos jueces deberían exigir la devolución de esas cantidades cobradas por una cualificación inexistente. Estaríamos ante un fraude, ante un caso de intrusismo. Ahora dicen que estaban allí por la cara. Pues ya que de cara se habla alguien debería darla, concretamente el que los haya nombrado, y explicar qué hacían allí estos señores, y si su misión era, simplemente, ser convidados de piedra tal y como afirman delante del juez, para evitar que su silla la ocupara alguien que, tal vez, hubiera hecho el trabajo por el que cobraban estos parásitos. Trabajo que, entre otras cosas, consistía en prevenir y evitar las fechorías que se han cometido en esos consejos de administración, al parecer, de forma sistemática. Cuando alguien abría la boca para preguntar o le surgía alguna duda, se la llenaban con un fajo de billetes y arreglado.
Así, también como de pasada, me viene a la cabeza el caso de Caja Madrid, entidad que fue ejemplar, según dicen, y que se ha hundido durante la presidencia de don Miguel Blesa, que entre otras cosas concedió un crédito de 26 millones euros al señor Díaz Ferrán, sin las garantías suficientes. Dicen los expertos que este señor no tenía la cualificación ni la experiencia necesarias para presidir esa entidad. Sus méritos consisten en haber sido amigo y compañero de oposición del señor Aznar durante su juventud. Ni más, ni menos. «Marca España».
Estos señores son los que dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Concretamente, el receptor del crédito mencionado, el señor Díaz Ferrán, que se ha declarado insolvente para evitar el embargo de sus bienes, posee un patrimonio inmobiliario, según las investigaciones policiales, de más de 80 millones de euros. Su receta para salir de la crisis era que los españoles trabajaran más y cobraran menos. Todo un ejemplo de honradez, austeridad y sacrificio que le llevó a la presidencia de la CEOE, para la que fue elegido y reelegido por abrumadora mayoría cuando era más que presunto. En esas manos estamos. Estos señores junto con la Conferencia Episcopal, y el gobierno neoliberal forman el triunvirato que decide lo que va a ser de nuestras vidas. Malos tiempos para la lírica.
Y mientras había este descontrol en las cajas de ahorros, ¿dónde estaban los mecanismos de control? ¿Qué hacía el gobernador del Banco de España? Salía al ruedo y hablaba de política, nunca de los bancos. Dieron por buenas unas cuentas que presentaban beneficios cuando, en realidad, acumulaban pérdidas de miles de millones. El gobierno ha vetado la comparecencia del último gobernador del Banco de España para que dé explicaciones en el Congreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quiere que oigamos? El señor Rajoy ya no se limita a callar y hacer dejación de su obligación de dar explicaciones a los ciudadanos; en una actitud absolutamente antidemocrática, también evita que las den los demás. Debe de pensar que el silencio de muchos hace el consuelo de los tontos, o sea nosotros. Bendita ignorancia que nos mantiene en los cerros de Úbeda, encaramados a un guindo desde el que se divisan las manadas de unicornios rosas que corretean por prados de azúcar.
El gobierno ha tenido que salir al rescate. En el debate de los candidatos a la presidencia de 2011 —que no admite revisión porque incita al llanto al ver la cara dura de quien nos gobierna—, el señor Rajoy, al ser preguntado por esta cuestión, afirma tajante: «No pienso dar un solo euro de dinero público [a los bancos] a diferencia de lo que han hecho ustedes». Los miles de millones que nos ha prestado Europa han ido en su totalidad a los bancos mientras se ha recortado en todas las demás partidas, incluidas las ayudas a la dependencia que han dejado a tantas personas en el desamparo.
Además, han vuelto a mentir. Dijeron que era un préstamo y ahora sabemos que no lo van a devolver. Es de una crueldad perversa. En estos tiempos de recortes y penuria, los ciudadanos tendrán que pagar con sus salarios las indemnizaciones de millones de euros que se han llevado los gestores de las múltiples cajas de ahorros, que han quebrado gracias a operaciones que hundían la entidad en beneficio de sus colegas. No hay que olvidarlo: hemos vivido «por encima de nuestras posibilidades».
Hemos asimilado lo impresentable. Damos por bueno lo inadmisible. Hemos caído en el conformismo. Legitimamos con la pasividad el latrocinio, la prevaricación y el uso de lo público con fines espurios.
En el Parlamento británico, con frecuencia, uno de sus miembros se levanta del escaño y se dirige al líder de su «propia formación», al jefe de su partido, para montarle un pollo en nombre de sus electores porque está haciendo algo que no les gusta. En España se puede robar, se puede malversar, poseer bienes sin justificar, que siempre se contará con la presunción de inocencia por parte del jefe y los compañeros de partido, pero como un solo día alguien se aparte de la línea marcada por la dirección o haga unas declaraciones en contra de lo propuesto por la cúpula, es expulsado en el acto. No digamos si se atreve a denunciar un caso de corrupción: que se prepare para perder su puesto de trabajo y recibir amenazas, descalificaciones y persecuciones de todo tipo. «Con ese hijo puta no tengo nada de que hablar», dice que escuchó José Luis Peñas, referido a su persona, siendo concejal del PP por Majadahonda, de boca de Esperanza Aguirre, cuando quiso entrevistarse con ella para denunciar la corrupción que se vivía en su ayuntamiento, trama que más tarde sería conocida como «caso Gürtel». Así las gastan con los que rompen la ley del silencio. La omertá se ha impuesto en Génova. Suena a película de serie negra, como si el nombre de la calle donde está ubicada la sede del PP estuviera predeterminado.
Cuando en la Comunidad de Madrid se destapó el caso Gürtel por denuncias de concejales del PP de Majadahonda y Boadilla, como el que hemos citado antes, el juez Garzón ya investigaba el caso. Así le fue. Aliados dentro del sistema judicial no les faltaron.
Hay que recordar que el caso Bárcenas y demás follones están en los juzgados por denuncias de Izquierda Unida. La Fiscalía no intervino cuando la prensa había sacado toda la basura. Si fuera una canción, se titularía Llovía y yo pasaba por allí. Todavía no se ha ordenado ni un solo registro, ni en la sede del PP, en cuya puerta se ubicó una furgoneta de una empresa especializada en la destrucción de documentos[117] («marca España») y donde, como sabemos, desaparecen papeles, discos duros y agendas; ni en la casa de Bárcenas, que insiste en que se llevó de la sede diez cajas de documentos comprometedores. ¡Venga, anímese, señoría! Igual que hacen con los chorizos normales. En la televisión estamos acostumbrados a ver registros en casas de traficantes o de bandas de delincuentes y buscan la mar de bien, tiran tabiques y encuentran zulos donde está escondida la pasta. Esta vez es más fácil: son diez cajas con papeles.
Una vez más los lobos estaban al cuidado de los corderos. Los que abominan de lo público, los detractores de la gestión pública se sitúan al frente de nuestro patrimonio con un resultado nefasto, siempre en beneficio de empresas privadas en las que, como decimos, acaban recalando cuando dejan la función pública. Se llama el truco del almendruco y es muy viejo. Ya lo hacían los piratas del Caribe. Se aborda el barco, se vacía la bodega y se traspasa la mercancía al barco asaltante, dejando el barco asaltado a la deriva. Así de sencillo, así de nefasto, así de impúdico y con el apoyo decidido de una parte del pueblo español que les encumbra y legitima con su voto y, lo que es más vergonzoso, un enfático coro mediático que todo lo aplaude y justifica.
Son enemigos de lo público, enemigos de lo nuestro. Nuestros enemigos.
No esperaban en el PP que el caso de lo que llaman financiación ilegal de su partido llegara tan lejos. Bueno, en realidad, pensaban que no llegaría a ninguna parte, pero hete aquí que el juez Garzón le estaba hincando el diente. El juez prevaricador, como le llamaba el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, mucho antes de que su sueño se hiciera realidad y le expulsaran en tromba, como una jauría, todos a una, de la carrera judicial. Expulsión celebrada por muchos diputados como si tuvieran que ver con ello.
Hay que hacer especial mención al juez Varela, que juzgaba a Garzón, por su singular labor de acercar la justicia al ciudadano al asesorar a la acusación que llevaba a cabo «Manos Limpias», una acción insólita. La acusación presentó un escrito que correspondía a un auto del propio juez con el que, lógicamente, debería estar de acuerdo: era el autor. Ese escrito de acusación era, como digo, una copia de un auto del juez, al punto de que reproducía las erratas que este cometió el día que lo escribió. El juez llamó a la acusación para asesorarle de las páginas que debía quitar de modo que todo llegara a buen puerto. Parece cachondeo, pero es verdad. Reproduzco una información publicada por El País con fecha 25 de abril de 2010: «El magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios (Manos Limpias) no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso». De este modo tan divertido, el juez pasó a formar parte de la acusación y fue el artífice de la misma. Pocas posibilidades le quedaban al «juez juzgado». Pero es un bello ejemplo, dicho con todo el cinismo del mundo, de un funcionario al servicio de un pueblo que, a veces, por carecer de los conocimientos suficientes, no puede ejercer su derecho a recurrir a la justicia.
La cuestión es que al final fue otro de los procedimientos que tenía abiertos el que llevó al huerto a Garzón. De pronto, al juez estrella le empezaron a llover casos del cielo y todos nos pudimos enterar de que era un presunto delincuente por partida múltiple; así, de golpe. Qué sorpresa. Había superado con creces su paso por la Audiencia Nacional luchando contra el terrorismo, y contra la peligrosísima mafia del narcotráfico, pero chocó contra un muro inquebrantable cuando quiso colarse con su toga voladora en la sede de la calle Génova. Como dice un personaje con aspecto de gánster en una película de Woody Allen al ser preguntado por su oficio: «Mi negocio se llama no metas las narices en los asuntos de los demás si no quieres que te las rompan». Ahora, el juez Garzón tiene que vivir de su prestigio internacional, en España lo ha perdido, ya no puede ejercer.
Eliminado el primer escollo, queda mucha tela por cortar.
Pensarían que muerto el perro se acabaría la rabia, pero el caso cayó en otras manos, ha seguido adelante y nos estamos enterando de muchas cuestiones vergonzosas acerca de cómo funcionaba este partido que nos gobierna, y de las grandes sumas de dinero que circulaban por los despachos gracias a donaciones anónimas millonarias por parte de empresas. Eran sociedades sin ánimo de lucro, «la duda ofende», pero la casualidad hace que se pueda establecer una relación directa entre esas entregas de pasta altruistas y adjudicaciones de obras por parte del gobierno. Esa casualidad hace que estos honrados servidores públicos queden en mal lugar, porque estas donaciones anónimas de empresas muy conocidas parecen sobornos o comisiones, pero, por lo visto, no lo son. Se trata de «presuntas» comisiones o sobornos, que no es lo mismo. Y como quiera que una parte de esas comisiones va a parar al bolsillo de los altos cargos de la Administración y del partido, tampoco estaríamos hablando de «financiación ilegal», sino de «Los Soprano».
La financiación ilegal implica que las comisiones y derivación de fondos públicos se dediquen a financiar campañas electorales, actos públicos, o a mejorar infraestructuras de la sede de un partido. Cuando van a parar a los bolsillos concretos de determinados miembros de ese partido, la cuestión es otra. En este caso se trataría de cobro de comisiones a empresas en beneficio propio, método que ya se inventó en Sicilia hace muchos años, si es que no lo exportamos nosotros allí cuando formaba parte del Reino de Aragón.
No hay constancia de que los creadores de esa popular serie estadounidense que mencionamos se hayan querellado contra el partido que nos gobierna, pero hay ciertas similitudes en el funcionamiento de ambas estructuras.
Los Soprano son una familia que encabeza una trama de cobro de comisiones a empresas a cambio de operar en los territorios bajo su control. La base del negocio está en la unidad. Todos los miembros forman una piña. Nadie se va de la lengua. Cuando pillan a uno se hace causa común con él y allí nadie sabe nada, nadie ha visto nada y nadie ha oído nada. Si alguien denuncia o se va de la lengua se le persigue. Su relación con la prensa es escurridiza o nula y, por supuesto, lo más importante para todos ellos es la familia.
Visto así por encima, supera con creces el número de coincidencias para que los creadores de «Los Soprano» formulen una acusación por plagio.
Para colmo de similitudes, hay un puesto por el que todos se pelean, el de recaudador, el de cajero. El que lleva la contabilidad tiene una bicoca. En la serie, claro está, es Tony Soprano. El jefe es el que tiene la llave de la caja, así evita la creación de una contabilidad «C» que extraiga fondos de la contabilidad «B» en beneficio del cajero. ¿Y la contabilidad «A»? Muy bien, gracias. Cuando quiera se la enseño.
Con la que está cayendo, a los miembros del gobierno todavía les queda espacio para el humor. En sus ratos libres elaboran chistes. Así, cuando les preguntan por la contabilidad «B» responden: «Haré pública mi declaración de la renta». Ante esta respuesta tan sorprendente caben varias posibilidades: A). No entienden la pregunta; B) son tontos; C) son unos cachondos; D). A y B son correctas; E). B y C son correctas; F). A, B y C son correctas. Lo más probable es que la correcta sea la C. Ya han cogido la costumbre de responder cualquier cosa para hacer risas. Por eso son muchos los que afirman que en la célebre rueda de prensa de Ana Botella en la presentación de la candidatura de los Juegos Olímpicos, cuando respondió que ya estaban muy avanzadas las infraestructuras al ser preguntada por las cifras del paro, no lo hizo por desconocimiento del idioma, sino por esa costumbre que tienen de llenarlo todo de alegría y buen humor. «¿Dónde está la pasta?»: «Manzanas traigo».
La cuestión es que la justicia les viene pisando los talones en un momento en el que el ciudadano está mohíno, sometido a la penuria de una crisis cuyas consecuencias desconoce. Ya ha visto tantas barbas del vecino pelar que no puede estar seguro de su trabajo, de su futuro. Así, en pleno hundimiento, la tripulación ha ido corriendo a la caja de seguridad del barco para trincar contrarreloj el contenido de los cajetines.
Con el Consejo del Poder Judicial de mayoría conservadora; con el Tribunal Constitucional de mayoría también conservadora y presidido por un militante de su partido, ahora en excedencia de militancia por el escándalo formado cuando se supo, pero al que le parece estupendo eso de ser militante aun cuando los estatutos dicen claramente que tiene que suscribir las directrices que marca el partido; con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados; con todo el poder económico también de su lado; y con una reforma laboral que ha convertido el despido en un negocio, dejando a los trabajadores a la intemperie, acojonados; con todo ello, decíamos, tienen una ocasión única y, desde luego, irrepetible para hacerse con las pocas joyas de la corona que dejaron de su anterior paso por el gobierno. En apropiarse de ellas se afanan y valga la redundancia.
¿Y si este estado de cosas acaba destruyendo la fe en el sistema? ¿Y si una vez desprestigiadas las instituciones el pueblo da la espalda al sistema democrático?
Pues tan contentos. ¿Quién mandaría aquí si no hubiera democracia? Si alguien tiene dudas al respecto, le recomiendo que se lea otra vez el libro desde el principio y verá cómo encuentra pistas claras, rotundas.
Entregado a las directrices de Alemania, que es tanto como decir la UE, para que no se metan en las cuestiones internas, nuestros mandatarios se han aplicado a carcomer los cimientos del poco edificio que queda en pie, defendiendo lo indefendible y presentando como lógico lo impresentable. Por cierto, de cara a las elecciones generales en su país, la señora Merkel, máxima defensora de la austeridad fuera de sus fronteras, ha prometido incrementar los presupuestos de educación, sanidad y servicios públicos, todo lo que exige que sea recortado en nuestro país y que nos condena al subdesarrollo. Y esta es de las que hace lo que promete. Es lógico, ella quiere que los alemanes vivan mejor. Por lo visto, Rajoy también quiere que los alemanes vivan mejor. De hecho, al día siguiente de la victoria se apresuró a felicitar a la canciller alemana: «El pueblo alemán ha demostrado albergar la firme convicción de que no hay alternativa posible al proceso de reforma estructural a nivel tanto europeo como nacional». Concluyendo, por si la señora Merkel tuviera dudas de su sumisión: «Puede dar por seguro que encontrará en el gobierno español un firme aliado para la consecución de este propósito». Por poner una pega, me da la impresión de que el propósito alemán no es el nuestro.
Esta actitud me recuerda a cuando los niños del dueño de la finca jugaban con el de los guardeses. Lo retoños de los propietarios solían acabar pegando una tunda al del empleado, que miraba a su padre pidiendo ayuda y lo único que obtenía era un: «Juega, hijo, no estés todo el rato quejándote como una nena». Luego, el padre aleccionaba al niño advirtiéndole que no se le ocurriera defenderse. A nosotros nos dicen que con las huelgas y manifestaciones damos mala imagen. Es lo mismo.
En Alemania, como digo, se sube la partida de los servicios elementales y, además, el que roba va a la calle. La mano derecha de la señora Merkel, colaboradora y amiga de tiempos inmemoriales, fue apartada de su cargo cuando se supo que había copiado algunos párrafos en la elaboración de la tesis doctoral cuando estudiaba en la universidad, muchos años antes.
Como decía, a los neoliberales que nos gobiernan no creo que les preocupe lo que pase después de esta hecatombe. Lógicamente, les gustaría volver a ganar las elecciones con holgada mayoría, pero si eso no ocurriera tampoco pasaría nada. Se han labrado un futuro más que esperanzador. Han colocado los huevos en muchas cestas y no habrá más que ir recogiéndolos cuando llegue el momento.
Ahora que venden una y otra vez su lucha contra la corrupción y la elaboración de medidas de transparencia (mientras destruyen pruebas, los cachondos), podrían aprovechar para hacer un estudio sobre esa pérdida que dicen que supone para su patrimonio su paso por la política y, de paso, elaborar un informe de dónde estaban antes y dónde están después los exministros y demás cargos, y en función de qué obtienen esos jugosos contratos, de dónde sacan la cualificación que les permite estar en los consejos de administración de las grandes empresas.
Pagos de favores. Reservas de plaza desde el despacho.
Un ejemplo de esto que asevero, que no es muy significativo en lo económico, pero sí esperpéntico y característico de nuestra «marca España», es la donación que el gobierno español hizo en el año 2001 al firmar un «acuerdo de cooperación» de 1,2 millones de euros con la universidad católica de los jesuitas de Georgetown, ubicada en Washington, D. C. Les dimos esa pasta. ¿Cooperación con quién? Misterio.
En aquel momento nadie podía comprender qué hacía el gobierno español subvencionando una universidad privada estadounidense. No creo que estén tan apurados como para necesitar de nuestros fondos, que, dicho sea de paso, vendrían muy bien a nuestra depauperada universidad. Tampoco fue como pensaría un ser normal, ahora convertido en idiota, para facilitar el acceso a los estudios de mentes privilegiadas de nuestro país que necesitaran una ayudita para terminar su formación en Estados Unidos. No fueron los ciudadanos normales los que pisaron aquel campus. Otra vez la casualidad juega una mala pasada a la reputación de los neoliberales. Cuando el señor Aznar dejó la presidencia, fue contratado por esa universidad para dar cursos. Era un «contrato de cooperación» con el presidente. Daba una clase magistral al trimestre. Y en inglés, a pesar de que todo parece indicar que es el profesor particular de su señora. No es que sospeche que dejó allí un dinero en depósito para darse un garbeo de vez en cuando a pillar parte del botín, pero que yo no lo piense no quiere decir que no lo pueda llegar a pensar nadie. También se pasó por allí a dar una charla algún otro alto cargo, como el señor Rato.
Por cierto, da la impresión de que el señor Aznar iba a dar ánimo y alegría a las aulas, porque la visión de sus conferencias en internet resulta hilarante. En una de ellas explicaba a aquellos estudiantes que el atentado del 11-M era cosa de Al Qaeda, se olvidaba de citar a ETA haciendo caso omiso de las instrucciones que imparte a los demás[118], pero que no tenía relación alguna con nuestra intervención en la guerra de Irak, sino que era una venganza por la Reconquista. ¿Es o no es un cachondo? ¿Cómo leyó la mente del «autor intelectual» del atentado? Se debe de haber enterado por los teléfonos de madrugada de las televisiones digitales, llamando a los adivinos.
Si se observan los destinos de los altos cargos cuando dejan la política, reciclados en las empresas privadas, será fácil entender las decisiones que tomaban cuando ejercían las labores de gobierno. Especial relevancia cobran los asientos en las compañías eléctricas. También en Telefónica, empresa plagada de cargos que ellos mismos pusieron a dedo y donde, en buena lógica, siempre habrá un puesto para estos servidores de la patria, mientras a nosotros nos crujen con las facturas.
Recientemente hemos visto decisiones propias de la sumisión que se exigía al vasallo en la Edad Media, al penalizar el autoconsumo de las energías renovables, dando una nueva vuelta de tuerca a la persecución de este sistema, recomendado por todo el mundo, y en el que éramos pioneros y líderes, en beneficio de las grandes compañías eléctricas. Nos penalizan por usar el sol. Algún neoliberal ha debido de privatizarlo sin que nos enteráramos.
Es un paso más en la misma dirección; primero se eliminaron las ayudas al sector de las energías renovables arruinando a miles de empresarios que habían apostado por este sistema de energía, ahora sacan esta medida que además de estúpida es aberrante y clarificadora. ¿Entienden ahora por qué guardan un puesto de consejero en las grandes compañías eléctricas para los ministros? Pues eso.
En fin, lo dicho. Con todos los poderes en la mano, un gran apoyo mediático y una reforma laboral que mantiene al pueblo acojonado, el tsunami no podía esperar. Se dispusieron a desmontar el Estado de bienestar. Muchos pensarán que es un acto de crueldad innecesario o una cuestión de ideología. Nada de eso, queridos amigos. Detrás de este desmantelamiento está uno de los mayores negocios imaginables y hay que ser muy tonto para no pensar que la casualidad sentará, de nuevo, en el consejo de administración de estas empresas adjudicatarias a los responsables de la privatización de esos servicios. De hecho, ya han aparecido. Ahí hemos visto al señor Güemes y al señor Lamela. No se han podido esperar. La verdad es que se lo ganan a pulso. Hay que ver con qué arrojo, entereza y desparpajo defiende el consejero de la Comunidad de Madrid, el ínclito señor Lasquetty, estas privatizaciones sin aportar argumento alguno, sin cifras, sin informes que justifiquen medidas tan importantes que van a causar un deterioro tan significativo en la calidad de vida de los ciudadanos, un gran quebranto a las familias, además de un importante perjuicio económico. También se enfrenta a los profesionales de la sanidad, su gran activo, que deberían ser motivo de orgullo, a los que descalifica tachándoles de vagos, egoístas que sólo miran por su propio interés. Supongo que cuando los vende a las empresas privadas hablará de ellos en otros términos. Por último, pero podríamos ponerlo en primer lugar, se enfrenta a sus ciudadanos, ellos sí están orgullosos de este servicio, lo defienden, así lo manifiestan en las encuestas del CIS, donde colocan siempre a la sanidad a la cabeza de las prestaciones que reciben, reconocimiento que nunca obtienen estos siniestros políticos interinos que utilizan la Administración como trampolín para dar el salto a la cúpula de las grandes empresas. Recordamos también el reciente episodio de jubilaciones forzosas firmado de la noche a la mañana, donde se quitaron de un plumazo a todos los doctores mayores de sesenta y cinco años, descabezando de golpe a muchos equipos y privando a la sanidad pública de algunos de sus mejores profesionales. Después de muchos años de dedicación a los ciudadanos, ese era el pago que recibían por parte de estos políticos que trabajan al servicio de empresas que sólo buscan enriquecerse con nuestra salud. Y lo más gracioso es que dicen hacerlo en nuestro nombre, legitimados por nuestros votos.
Así utilizan la democracia. Entrégame tu voto, que haré en tu nombre lo que a mí me dé la gana. No, definitivamente parece que estos señores no gobiernan buscando el bienestar de sus ciudadanos, se traen otras cosas entre manos. Y gordas, como hemos visto.
En medio de esta vorágine de saqueo, afloraron los brotes verdes consecuencia del abono acumulado debajo de la alfombra durante años.
Resulta que se cargaron a Garzón porque había descubierto unas cuentas en Suiza de millones de euros, relacionadas con el caso que instruía, que se seguían moviendo a pesar de que sus titulares estaban en prisión y en régimen de aislamiento. Los encarcelados sólo tenían contacto con el exterior a través de sus abogados. Garzón pidió autorización a otro juez para que le dejara intervenir las conversaciones entre los abogados y los reclusos y, en efecto, esas escuchas demostraron que los abogados actuaban de correos. Le procesaron por ello y le expulsaron de la carrera judicial, pero la instrucción ya estaba en marcha. Ni que decir tiene que tanto los procesados como el PP en bloque han intentado por todos los medios invalidar las investigaciones. Han echado mano de todas las triquiñuelas legales para que el proceso se detenga o se archive, pero el sumario, como una duna que va ganando terreno poco a poco, avanza sepultando al que pilla debajo.
Franco, que además de ser frío, cruel y sanguinario, era un cínico, ya lo decían sus correligionarios y compañeros del golpe de Estado, tiene una anécdota muy conocida. A Sabino Alonso Fueyo, que fue director del diario falangista Arriba, cuando le comentó que recibía presiones de las diferentes familias que componían el Movimiento Nacional, le dio el siguiente consejo: «Usted haga como yo y no se meta en política». En línea con esa retranca, surgió esta otra frase que también ha pasado a la posteridad y que le soltó a un ministro al que iba a cesar y pedía clemencia: «Desengáñese, Arburúa, vienen a por nosotros».
Esta frase resume el espíritu que animó a Rajoy en la célebre foto en la que se presentó al frente de la plana mayor de su partido y que fulminó la esperanza del pueblo español en la regeneración del centro político y su aceptación, de una vez por todas, de las reglas del juego: «Vienen a por nosotros». Claro que sí, señor Rajoy, esa es la obligación de la justicia cuando detecta un delito. Entre sus cometidos está el de proteger al sistema y, por supuesto, a los ciudadanos de aquellos que se sitúan al margen de la ley.
Con el desarrollo de la investigación y la publicación de nuevas pruebas hemos descubierto que Rajoy estaba en el meollo. Con ese gesto de: «Vienen a por nosotros», que ya inició en aquel mitin de Valencia al subir a la tribuna con Camps proclamando que estaría delante, detrás o a su lado, pero junto a él, y más tarde en Génova con la plana mayor rodeándole, no llevaba a cabo un gesto de solidaridad con el perseguido de forma injusta, sino que estaba creando en torno a él una barrera de seguridad, se dotaba de escudos humanos. Ahora entendemos que el significado de aquel gesto era: «No hay justicia que se atreva con nosotros». Este es el desafío al que se enfrenta el sistema. ¿Tiene herramientas, fuerza e independencia suficientes para abordar un caso de esta envergadura?
Este gesto significó la generalización del delito, la extensión del pecado original, el todos somos fulano, y si fulano es corrupto, dicho queda. Esta actitud de defensa como el gato panza arriba, aunque la evidencia de los hechos exija una acción contundente de la justicia, hipotecó el futuro de nuestro país. Ahora estamos viendo las consecuencias. El presidente de la nación se ve obligado a mentir cada vez que comparece y ante la aparición de nuevos casos, nuevas pruebas que contradicen lo que ya se ha declarado, se limita a sus declaraciones anteriores. Lee lo que ya ha leído en claro desprecio al sistema que representa y al pueblo que lo mantiene.
La situación ha llegado a un punto insostenible. Cada día se descubre un nuevo dato que levanta una mentira asociada. La aparición de una nómina de mayo de 2012 del señor Bárcenas por un valor de 21 300 euros, así como el alta de la Seguridad Social como «personal de alta dirección con contrato indefinido y dedicación completa», acaba con todo su discurso de distanciamiento del personaje: le tenía contratado, le pagaba dinero sabiendo quién era, a qué se dedicaba y que era titular de las famosas cuentas de Suiza. Cuando el señor Rajoy dijo que Bárcenas ya no estaba en el partido mintió, y el finiquito no era tal, ni en diferido. Sueldo duro y puro.
Al señor Bárcenas todos los compañeros de partido, con el presidente a la cabeza, le tacharon de delincuente y de ladrón. En la cualificación de este señor estamos de acuerdo; ahora, la pregunta es: ¿qué hacía un delincuente de tamañas proporciones al frente de las cuentas del partido que gobierna España? ¿Por qué no fue despedido? La respuesta vino de la mano del presidente del gobierno con los mensajitos de teléfono que envió al propio Bárcenas, que se prolongaron hasta marzo de 2013, mientras afirmaba en público que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hablado con él. En esos mensajes no decía «nos mentiste, me has traicionado», sino «Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré; un abrazo». Luis estaba a sueldo y no había hecho otra cosa que cumplir con su trabajo. Si Luis tenía esas cuentas cuyos fondos habían salido del partido y Mariano no estaba enfadado con él, todo hace pensar que ese dinero no es suyo. Ahora les tiene cogidos. ¿Por dónde? Por la casa del conde.
Por eso no quiere hablar el señor Rajoy. Ya sólo le queda una opción: decir la verdad, pero eso supondría tener que marcharse a su casa y buscarse un buen abogado. «Marca España».
Ahora que está tan orgulloso de participar de ese proyecto de reformas que marca Alemania, ¿se imagina Rajoy a Merkel metida en este tipo de fechorías?
La situación de este gobierno es insostenible, incompatible con el Estado de derecho e impresentable fuera de nuestras fronteras. Estas cosas trascienden, y cuando nos proponemos para organizar unos Juegos Olímpicos nos miran con lupa. Nos preguntan por las cifras del paro, por cómo aborda nuestra justicia los casos de dopaje, por nuestra situación económica…, bordean el tema de la corrupción sin entrar en él, pero estos señores del COI tienen en esta organización su gran negocio. Son muchos los millones que mueven estos juegos y ellos tienen la exclusiva sobre todo el dinero que generan: no se fían.
Con respecto a Europa, a su plan de reformas y el lugar que nos tienen asignado, les conviene un presidente débil. Ellos saben que mientras no le saquen el tema de la corrupción será obediente y dócil. Ese apoyo exterior le permite resistir, pero a nosotros nos deja vendidos. Se nos está escapando otra vez el tren que marcará la diferencia en un futuro.
Dentro de nuestras fronteras nos encontramos en una situación de desamparo con un gobierno deslegitimado y con portavoces que se van pasando el relevo de las milongas, haciendo el ridículo de uno en uno, por turno. La situación no tiene salida.
Han sido muchos los años de tolerancia con el delito, de encubrimiento de las fechorías, de negación de la evidencia, de persecución al denunciante. Al final, ni la bondad garantista de la justicia les ha servido. La porquería ha desbordado el recipiente y nos encontramos ante una tropa que inicia una huida hacia delante intentando ganar tiempo. Es el presidente, son ministros, exministros, presidentes de comunidades autónomas, consejeros de comunidades autónomas, alcaldes, concejales los que han puesto la mano o han tomado decisiones contrarias a los intereses de los ciudadanos con el fin de lucrarse.
Sólo el desprecio que sienten por el pueblo al que gobiernan les permite seguir en pie. Nadie en su sano juicio aguantaría la vergüenza que supone estar al frente de esto.
Han sido demasiados años de tolerancia en connivencia, hay que decirlo, con una justicia que no ha estado a la altura que demandaba la situación. Esa justicia jerarquizada con tics de otros tiempos y que ha sufrido una involución que no teníamos prevista. Tics que se manifiestan en gestos como la recusación del magistrado Pérez Tremps cuando se estudiaba la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña porque una de las partes del proceso, en este caso el PP, podía «dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado», porque había realizado un informe sobre el tema; pero ahora no ve motivo de duda si el presidente del mismo tribunal, Pérez de los Cobos, que se tiene que pronunciar sobre la misma cuestión, es militante del PP, precisamente el partido que plantea en ese tribunal la inconstitucionalidad del Estatuto. Es decir, se puede apartar del tribunal a alguien que pueda levantar dudas sobre su posición ideológica, pero no a alguien que la manifiesta y paga mensualmente para que quede clara, a pesar de que el artículo 7 de los estatutos del PP obliga a los afiliados a «ajustar su actividad política a los fines del partido y difundir los principios ideológicos y el proyecto político de la formación»; mientras que en otra parte del articulado se establece como infracción muy grave «la desobediencia a las directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del partido». Por si algún magistrado del Constitucional no se había enterado. En el primer caso, las dudas que el magistrado pueda levantar le hacen poco apropiado para el puesto; en el segundo, el magistrado levanta muchas más dudas, pero no importa. Se acogen a la letra de la ley y dicen que no es incompatible.
Otro ejemplo que empañó la acción de la justicia hasta hacerla opaca como el granito fue su paso de puntillas en la compra de dos diputados de la Asamblea de Madrid para anular la decisión de las urnas. Estas acciones miden la calidad de la democracia y de sus instituciones. Crean opinión sobre ellas y las sitúan, en el caso de la justicia, en el último lugar de fiabilidad en las encuestas. El que fuera fiscal jefe de Madrid, Fernández Bermejo, dijo que el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, siendo presidente Aznar, les prohibió investigar el caso. Esta trama relacionada con la llamada «mafia del ladrillo», que conculcó la voluntad popular y puso al frente de la presidencia a Esperanza Aguirre en una segunda vuelta, se extendió por toda la comunidad y dio paso a un sistema generalizado de sobornos, sobres circulantes, compra de voluntades, recalificaciones, mafias, despilfarro de fondos públicos que, finalmente, dieron al traste con las ya comentadas Telemadrid y Caja Madrid delante de las mismas narices de una justicia ciega. Mientras, los ciudadanos sufríamos una vergüenza mezclada con angustia sabiendo que nos jugábamos, como otras veces, el prestigio y la calidad de un sistema con el que pretendíamos huir de un pasado de totalitarismo impresentable. Con esta dejación de la justicia al seguir las órdenes de aquel gobierno, se creó el precedente de la anulación del resultado de las urnas a golpe de talón.
Hubo otro caso sonado que inauguró la etapa del todo vale en el año 1992. Fue el del proceso de privatización de la Funeraria de Madrid, aquella célebre venta, siendo alcalde el señor Álvarez del Manzano, por 100 pesetas, 0,60 euros, del 49 por ciento de los servicios funerarios del ayuntamiento a la empresa Funespaña, a cambio de asumir una deuda de 13,6 millones de euros, que más tarde el ayuntamiento perdonó. El proceso duró doce años. Una vez que había ralentizado el proceso hasta la irritación, el señor magistrado se retiró de la causa alegando una reconocida amistad con el principal encausado: la mayoría de los delitos habían prescrito. Fue sustituido por otro. Entre los acusados había tres concejales del ayuntamiento que en todo momento declararon: «Siempre actué de acuerdo con el resto de los concejales y el alcalde de Madrid, y siguiendo los consejos de los técnicos». Maniobra en comandita que se llama «yo no me como este marrón». Se descubrió que las cuentas estaban falseadas, que se alteró el precio de las cosas, en fin, lo de siempre. En ese estado de falsa ruina, fue cuando se vendió por 0,60 euros a unos señores que en el primer año de explotación ya obtuvieron unos beneficios de millones de euros. A la salida de la última vista, el principal implicado, el concejal Luis María Huete, declaró muy sonriente: «Nunca he tenido problemas con la justicia». Ese es «nuestro» problema, que este tipo de personas no ha tenido nunca problemas con la justicia. No pagan por el robo de nuestro patrimonio. Todos se fueron de rositas y aun sacaron pecho exigiendo el restablecimiento del honor. En 2008, dieciséis años después de perpetrado el «golpe», aquel concejal fue condenado a dos años de inhabilitación. Le importaba un pimiento, sonreía de oreja a oreja, llevaba muchos años jubilado. Todos los demás quedaron absueltos y disfrutando del botín. Es evidente que la justicia debe ser garantista y escrupulosa, pero también es evidente que no sirve. No está a la altura, se arruga. Nunca es estricta con aquellos que a través de fechorías de despacho se hacen con un inmenso patrimonio y generan un tremendo quebranto social. Esta actitud provoca un gran desprestigio del sistema y de la propia institución, que queda a los ojos de los ciudadanos como sumisa y servil. A cambio, se muestra muy eficaz para encerrar a los pobres que delinquen. Ahí, saca pecho.
El alcalde, Álvarez del Manzano, fue ascendido a la gloria del retiro al nombrarle presidente de IFEMA, una de las joyas de la corona de la capital del reino junto con Caja Madrid y Telemadrid, cuya suerte es de todos conocida.
Podríamos hablar de otros casos que han sembrado la desesperanza en los ciudadanos como el del Yak-42, donde después de procesos y más procesos, y archivos y vuelta a abrir el caso, nunca se quiso llegar al fondo de la cuestión y castigar a los responsables del chanchullo del dinero destinado a los contratos de los aviones para el transporte de los militares que se volatilizaba en el camino. Esa era la cuestión. Del presupuesto salía un pastón y a la ventanilla de venta de billetes llegaban cuatro cuartos. Por este vuelo Defensa pagó 149 000 euros y la compañía cobró 45.000. De esto no se quería hablar: fue lo que provocó el accidente. Acababan volando en compañías impresentables que ponían en riesgo la vida de los pasajeros, con diecisiete denuncias documentadas sobre el mal estado de los aviones y el miedo que pasaban en los vuelos.
El gobierno noruego suspendió el contrato a la primera denuncia de un militar que se expresaba en estos términos: «Salía aceite de los motores, pasamos mucho miedo […], no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos, cables pelados…». Aseguró pasar más miedo en el viaje en el mismo Yak que posteriormente se estrellaría que desactivando minas en Kabul. José Antonio Fernández le dijo el mismo día del embarque a su mujer: «Reza por mí, que este avión es una mierda». José Manuel Ripollés relató en un correo electrónico a un amigo, cuatro días antes del accidente: «Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite […] la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia». Vicente Agulló dijo a su padre: «Quieren que volemos en una tartana».
En aquel accidente, acaecido en Turquía, fallecieron setenta y cinco personas, entre ellas sesenta y dos militares cuyos cuerpos acabaron mezclados en bolsas por orden del entonces ministro Federico Trillo, para que la dilación del proceso no supusiera un desgaste político, ante la indignación de los forenses turcos, que no daban crédito al trato que recibían los restos de aquellos compañeros militares. Cuando se produjo la exhumación se comprobó que, en efecto, no coincidían los restos del interior de los féretros con los nombres adjudicados. Como muestra del desprecio y la falta de delicadeza con este episodio tan dramático, basta decir que ni siquiera las alianzas de boda encontradas en los féretros coincidían con los nombres: no se habían molestado en leerlas. A pesar de todo lo que se sabe ahora, no ha habido disculpas ni asunción de responsabilidades por parte de los responsables. Faltaría más, estamos en España. Lejos de ello, se sigue insistiendo en que todo se hizo de buena fe y de la mejor manera posible. Nada de esto se hubiera sabido si todo hubiera permanecido enterrado. Sólo gracias a la insistencia y la lucha de las familias se consiguió esclarecer parte de la verdad frente a los continuos archivos de la causa en la Audiencia Nacional.
Estos precedentes, sumados al uso político de la Fiscalía General del Estado, que alcanzó el cénit en la vergonzosa etapa del señor Cardenal, hacen que los corruptos se sientan impunes, invencibles, y que, como estamos viviendo, actúen en manada.
Es el mensaje que nos quiso transmitir don Mariano Rajoy con la famosa foto de grupo: «El Estado de derecho soy yo».