Existe un gen que portan los liberales en economía que les obliga a hacer negocio allí donde haya posibilidad, pasando por encima de quien sea, cargándose lo que sea, hundiendo lo que haya que hundir. Cuando ven un bosque piensan en madera. Cuando miran un río ven embalses. Cuando están en una playa se les aparecen bloques de apartamentos, un paseo marítimo y un puerto deportivo. A esto lo llaman «desarrollo».
Dice Stephen Emmott, científico de prestigio que trabaja en Cambridge, que «nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestras actividades son, en realidad, la causa de todos los problemas globales que padecemos». Hay que sujetarse, no se pueden exprimir los recursos hasta la última gota. Como el náufrago o el que se extravía en el desierto, hay que racionar los víveres para durar lo máximo posible.
Pues bien, los liberales en economía piensan que las personas que han estado yendo durante años a lugares tranquilos, alejados, disfrutando del paisaje, del placer de admirar una playa sin edificios son, simplemente, gilipollas. Seres pasivos, anodinos, sin iniciativas, que no vislumbran la pasta que atesoran los lugares remotos. Se sienten genios emprendedores por concebir la idea de sacar la mayor cantidad de dinero posible de aquellos terrenos. No comprenden que a algunos les parezca una mala idea. Como visionarios, se sienten los elegidos, los únicos que saben descifrar el mapa de un tesoro enterrado, precisamente, debajo de tu culo, donde pones la toalla. A veces son lugares que otros han protegido con leyes para que todos podamos disfrutarlos. Pamplinas. En el artículo primero de su manual de trabajo se puede leer: «Las leyes se ponen y se quitan, y los cargos que las deben hacer respetar se compran y se venden». Esa es la mentalidad. Para ello hay que sentar las bases que permitan acceder a la administración local con ofertas que el concejal o funcionario de turno no puedan rechazar. Siempre contarán con la coartada del desarrollo de la zona o de la creación de puestos de trabajo.
El mecanismo es sencillo. Recientemente, la juez Alaya, la que lleva el caso de los ERE de Andalucía, ha introducido un término que me ha llamado la atención. Ha imputado a personas porque bajo su responsabilidad se dictaron normas que han podido, dice, propiciar el delito. Es decir, estaríamos ante un agente pasivo porque la utilización perversa de la norma no sería, en principio, responsabilidad del que la dicta. No sé si en este caso tiene o no sentido la imputación, lo desconozco, pero esto es abrir la caja de Pandora. Se puede montar un cristo importante. ¿Cuántas normas dictan estos gobernantes neoliberales que puedan favorecer la corrupción? Me viene a la cabeza una que parece que se ha hecho para favorecer la especulación y el latrocinio. Alguien debió de pensar que la recalificación de los terrenos para que pasen a ser urbanizables debía estar en manos de los ayuntamientos, con lo cual sometió a los responsables municipales a unas presiones por parte de la mafia del ladrillo que no son fáciles de soportar, como se ha visto. Eso en el mejor de los casos, porque el poder que otorga ser el que decide dónde se construye y dónde no también hace que haya facinerosos que se presenten a las elecciones para ejercer ese poder con la sana intención de forrarse. Esa iniciativa ha propiciado una marea de corrupción que ha minado la confianza de los ciudadanos en la Administración y ha sumido a la clase política en un desprestigio sin precedentes.
La corrupción es una enfermedad infecto-contagiosa. Se acaba convirtiendo en epidemia, por eso está totalmente contraindicado salir, como hizo el señor Rajoy en febrero de 2009, arropado por la plana mayor de su partido, a hacerse una foto declarando que las acusaciones del llamado caso Gürtel no son más que una trama para acabar con el PP. Esto es dictar barra libre para el saqueo con la bendición de la cúpula. En la foto estaban, entre otros, Rita Barberá, Ana Mato, Javier Arenas, Federico Trillo, Francisco Camps, Alberto Ruiz-Gallardón, personas de reconocida trayectoria que con el paso del tiempo, en su mayoría, han ido desfilando por diferentes tribunales, por distintas causas. Pasaron de brillantes regeneradores de la vida pública a «presuntos». Mal viaje.
Debemos entender que, para que una trama como la Gürtel pueda llevarse a cabo, un caso tan complejo que se reparte por toda la geografía española y cuyo procedimiento consta de decenas de miles de folios, se necesita indefectiblemente la colaboración de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Judicial, Unidad de Delitos Económicos y diferentes jueces en distintas localizaciones del país. Supone la unidad de la mayoría de las instituciones que configuran nuestro Estado de derecho, asociándose cual banda de malhechores con el fin de hundir a un partido, para más inri, el que representa a los españoles de verdad. Además, se produce un discurso contradictorio por parte de los que se pasan la vida pidiendo que no se generalice cuando se habla de casos de corrupción, mientras no dudan en acusar a la Administración en su conjunto, de arriba abajo, de estar corrompida. La verdad es que si las instituciones que se ven aludidas por el señor Rajoy estuvieran al servicio de alguien, por ir descartando, podríamos afirmar que no trabajan para la extrema izquierda. Antes al contrario, el juez que desveló la trama que implica a muchos de ellos, Baltasar Garzón, fue expulsado de la carrera judicial con el aplauso estruendoso de los medios de comunicación (los mismos que hicieron de él un héroe cuando investigaba el caso de los GAL) y el partido del gobierno. Fue expulsado decía, en condiciones anormales, por procedimientos extraños y con resoluciones discutibles.
No debe hacer ese tipo de exhibiciones públicas con la cúpula del partido el que más tarde fue elegido presidente de Gobierno, porque consigue lo contrario de lo que se propone. Los que dan la imagen de banda organizada son los que aparecen en la foto. Como este sumario es tan extenso que implica a tantas personas, Rajoy arriesga mucho al proclamar la inocencia del colectivo, así, a bulto, alegando que les tienen manía, como en el cole, a no ser que el actual presidente disponga de un «superpoder» que en forma de escáner le permita hacer un barrido cerebral a todos y cada uno de sus cargos y leer en su interior si están libres de mácula.
La otra posibilidad es más triste: que esté al tanto de todo lo que pasa y no tenga escapatoria. Eso justificaría que no dé la cara y se esconda, lo contrario de lo que hacen los inocentes. Esa nueva cantinela que repiten todos a coro de «ya he dicho lo que tenía que decir», como la prerrogativa de los reos de no declarar, sólo se entiende desde el beneficio concedido al que tiene un marrón importante encima y, debido a su falta de cualificación, cualquier cosa que diga pueda volverse en su contra. Pero choca frontalmente con las actitudes de los que son acusados injustamente, que lo que quieren es aclarar las cosas cuantas más veces mejor, en el momento, «sin aplazamientos», y en directo, no «en diferido». Finiquitar, pero de verdad, sin que quede atisbo de duda.
Como decimos, esa foto genera desasosiego, pues aquel que tenga sospechas sobre ilegalidades cometidas por estas personas, que según han ido demostrando los hechos estaban más que fundadas, llega a la conclusión de que todos están en el ajo. Nadie quiere comerse un marrón que no le corresponde. Se convierte así don Mariano en encubridor y responsable de lo que ocurra, lo cual no es arriesgar mucho en un país donde nadie asume sus responsabilidades. Se sube a la cima del montón de basura para desde allí dictar un mensaje que no es de tranquilidad sino de disciplina, ordena la «ley del silencio». Llama a la solidaridad del resto de los miembros del partido en lugar de discriminar a los presuntos delincuentes, separándolos de los que no lo son, pudiendo, más tarde, rehabilitarlos en sus puestos si se demostrara su inocencia. Cosa que no ha hecho, por ejemplo, con el señor Camps, del que han exigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general la rehabilitación de su honorabilidad una vez que la sentencia le fue favorable, cuando la mayor rehabilitación posible habría consistido en reponerle en el cargo dándole de nuevo la presidencia de la Generalitat Valenciana, que había abandonado provisionalmente, en tanto se llevaba a cabo el proceso. Al apartarle de la presidencia da la impresión de que son los primeros que no creen en su inocencia. Algo como: «Te has salvado de milagro, ya te estás largando».
Resumiendo, al cerrar filas en torno a los «presuntos», pidiendo complicidad a la militancia en lugar de aclarar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, no dan imagen de partido de gobierno, sino que se retratan como «los Soprano». No está bien.
Cuentan, sin embargo, con un factor a favor, la baja capacidad de reacción del pueblo soberano, que parece totalmente anestesiado por la cantidad de hechos luctuosos, fechorías y engaños que un día tras otro salen en los medios. Un amplio sector de la ciudadanía parece haber arrojado la toalla, dispuesto a aceptar lo inaceptable, al punto de que a pesar del gran número de imputaciones, en plena efervescencia del caso Gürtel, el pueblo español les otorgó con su voto una espectacular mayoría absoluta en el Congreso. En plena crisis, con unos índices de paro escandalosos, y con la derecha gobernando en toda Europa, la mayoría absoluta se ha convertido en una especie de suicidio colectivo. Parece que, acosados por los delitos de corrupción que florecen por todas partes, no les queda más remedio que huir hacia delante y llevar a cabo con urgencia, contra reloj, una serie de «reformas estructurales» que suponen de facto el desmontaje del Estado de bienestar. Cuando pase este tsunami, parafraseando a Alfonso Guerra el día que el PSOE ganó en el 82 con mayoría absoluta, «a este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió». Han debido de pensar «ahora o nunca» y, en efecto, como si alguien hubiera «tocado a rebato», se han lanzado en tromba para terminar con el maltrecho Estado de bienestar, privatizando los servicios esenciales para que empresas de enigmático accionariado se forren. Más tarde, estos agentes privatizadores aparecen en los consejos de administración de las empresas adjudicatarias o son contratados como consejeros, así, por lo sencillo.
Así, con estas cosas del ladrillo y sus posibilidades hemos llegado a la cifra de unos ochocientos casos de corrupción, que afectan, sobre todo, a los dos principales partidos, en los que los responsables políticos se han lucrado a través de sobornos u otras malas artes. No se suele intervenir contra los corruptores, que nunca aparecen en la prensa y son los inductores del delito.
Otra característica de nuestro país es la política de hechos consumados. Es la que llevaba adelante, por poner un ejemplo de todos conocido, Jesús Gil y Gil y que consiste en construir donde a uno le dé la gana, vender los pisos y luego a ver quién es el guapo que desahucia a las familias y derriba las viviendas. Recuerdo una ocasión en la que la Junta de Andalucía intentó parar unas obras en el municipio de Marbella, se originó un rifirrafe que terminó con don Jesús amenazando con que la policía municipal plantaría cara a la Guardia Civil si se presentaba a parar la construcción de las viviendas, un desafío a duelo como en el Far West. Así de bravucón era aquel alcalde, presidente del partido que llevaba su nombre, y que murió con decenas de pleitos pendientes y todos por lo mismo: trincar. La justicia se negaba a meterle mano. En toda su etapa reciente, posterior al indulto de Franco, pasó tres días en el talego. Claro que esa política que llevaba adelante el célebre presidente del Atlético de Madrid habría sido imposible sin la colaboración de algún elemento de la justicia local que archivaba lo que iba llegando. La jueza Pilar Ramírez, que finalmente fue apartada de la carrera judicial porque su familia firmaba convenios urbanísticos por mucha pasta con el ayuntamiento, veía con buenos ojos toda la corrupción que pasaba por delante de sus narices. El Supremo rebajó la pena de la jueza al estimar que los hechos no parecían tan graves a pesar de que se apreciaba «un ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial». No se tuvo en cuenta el daño que hacen este tipo de conductas, el desprestigio que causa al sistema judicial, ni la sensación de impunidad que crea el poder actuar al margen de las leyes, como hacía el señor Gil, gracias, entre otros, a esta jueza, y que le permitió hacer ostentación de un gran desprecio por el Estado de derecho. La suspensión de la jueza quedó en cuatro años. Tampoco les vamos a pedir que tiren piedras contra su propio tejado, oye. Hoy luce toga en Torremolinos. ¡Enhorabuena a los premiados!
En la apoteosis del surrealismo, teniendo varios casos pendientes de ser juzgados, don Jesús organizó una fiesta que llamó «Homenaje a la Justicia» a la que acudieron jueces de todos los puntos de España, incluso miembros de la alta judicatura, para pasar un «finde» en Marbella a todo plan, a cuenta del señor alcalde o, mejor dicho, del Ayuntamiento.
Mención aparte merece el juez Torres, que, como se dijo en su día, «llevó el Estado de derecho a Marbella» y emprendió un proceso, por fin, contra aquella mafia. No le fue bien. Luego se ha metido en otros casos gordos como la «Operación Guateque», «Los Miami»… Decepcionado y exhausto, harto de recibir presiones y defender aquello en lo que cree, ha terminado con problemas de salud dejando la carrera judicial. Así está el patio.
Siguiendo con el ladrillo, es difícil entender desde la óptica de la justicia la amnistía disfrazada de regulación que ha concedido el gobierno nada más llegar al poder a todas las construcciones ilegales de los últimos años. Ha creado una nueva clase de ciudadanos: la de los idiotas que cumplen y respetan las leyes. De paso, se han sacado de la manga un proyecto de ley para reformar la Ley de Costas, sin que nadie se lo haya pedido, bueno, salvo los que tienen línea directa con el gobierno. Así, con secretismo, que es como se hacen las cuestiones vergonzantes, sin que el ministerio que dirige Arias Cañete lo haya consultado con organización alguna, tal y como se había comprometido personalmente. Otra maniobra para evitarse el lío de legalizar lo condenado por la justicia. Así, serán legales algunas construcciones que antes no lo eran. Decisiones que perjudican a la inmensa mayoría de los ciudadanos para que se forren unos pocos.
Y alguno se preguntará por qué los responsables políticos que están relacionados con estas mafias ven premiada su gestión en las siguientes elecciones. La respuesta está en la premisa del capítulo, cuando afirmaba que la corrupción es una enfermedad infecto-contagiosa. Pongamos un ejemplo. Un paisano tiene un terreno rústico cuyo valor viene a ser de 30 000 euros, pero que por un proceso de recalificación irregular podría multiplicarse por diez, cincuenta o cien veces, según lo cerca que esté de la costa. Teniendo en cuenta que ya ha habido precedentes en el pueblo y otros se han forrado antes que él, ¿a quién votaría este señor? Tiene dos opciones. Otorgar su confianza a un candidato que le promete la regeneración de la honestidad en la gestión pública, o sea, palabras. O al otro candidato que le va a llenar la cuenta corriente de ceros, o sea, de pasta. Tarda unos segundos en tomar una decisión y el corrupto obtiene cada vez más votos, que restriega por la cara a los que piden justicia, acusándoles de antidemocráticos y de no respetar el resultado de las urnas.
El empeño de los liberales en economía por abolir los controles y la intervención del Estado no es una lucha por la libertad y la emancipación de los ciudadanos de las garras de los gobiernos, sino un allanamiento del terreno para forrarse prevaricando, sobornando, comprando voluntades, pillando comisiones, áticos de lujo, en fin, esas cosas que son seudolegales si tenemos en cuenta el bajo precio que pagan cuando les pillan, si es que pagan algo.
En el famoso caso Banesto de Mario Conde, cuando se descubrió el agujero patrimonial de 3636 millones de euros que provocó su intervención, de cuya cantidad nadie sabe lo que se llevaron los condenados, muchos se preguntaban con ingenuidad si no sabían que les iban a pillar. Pues claro, también sabían, porque lo tenían muy estudiado, lo que les iba a pasar cuando les pillaran: nada, o casi nada y, en cualquier caso, la pasta se iba a quedar en la saca. El golpe compensaba, y con creces. De hecho, los que fueron condenados andan ahora dando clases de ética en las televisiones de la TDT. «Marca España».
Por cierto, para que se vea qué pequeño es el mundo, el abogado de Mario Conde en aquel caso, que también según algunos fue uno de los muñidores de la trama, fue Mariano Gómez de Liaño, hermano de Javier Gómez de Liaño, magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del Consejo del Poder Judicial hasta que fue expulsado de la judicatura tras una condena por prevaricación por el llamado caso «Sogecable». Javier fue indultado por el gobierno de José María Aznar (todo indicaba que el proceso estaba inducido por el propio gobierno) y ahora es el abogado de Luis Bárcenas. En este caso no se puede decir lo de dios los cría… ya que se criaron juntos. Vaya sainete.
Hablando de justicia y liberalismo, mientras estoy escribiendo estas líneas, un juzgado de Madrid ordena la suspensión cautelar del proceso de privatización de varios hospitales. El consejero de Sanidad de esta comunidad, Fernández-Lasquetty, afirma a las pocas horas que el juez «no emite opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropias de un auto de un juzgado». No sé si este juez correrá la misma suerte que Garzón, pero la acusación de ser un agente político al servicio de intereses espurios dando la espalda a la justicia ya está de nuevo sobre la mesa. Recuerda esta actitud a la de Federico Trillo, portavoz de Justicia del Partido Popular, que tenía la costumbre, también en un gesto de respeto institucional impecable, en su condición de ministro y diputado, de referirse al juez Garzón como «el juez prevaricador». Su suerte estaba echada.
¿Pretende este máximo responsable de la sanidad madrileña inculcar el respeto a la justicia con estas declaraciones? ¿Debería exigir respeto a la justicia como cuando las decisiones le son favorables? Lo que el juez dice en su auto es que el proceso de privatización de la sanidad es irreversible y está basado en un ahorro económico y una mejor gestión, y que, por tanto, dada la importancia del caso, se deberían aportar datos que demuestren ambas cosas. Además, manifiesta su incomprensión por la manera en la que, precisamente, los encargados de gestionar la sanidad se declaran incompetentes.
Lo que se deduce de las palabras de este consejero que tiene bajo su responsabilidad la gestión de los hospitales es que cualquiera que se presente al concurso lo va a hacer mejor que él y su equipo. Podrían ponerlo en los carteles durante la campaña electoral: «Vota a Lasquetty, tu próximo consejero de Sanidad: un inútil». O simplemente la verdad: «Vota PP, vamos a privatizar la sanidad». Da la casualidad de que repetían hasta la saciedad lo contrario: «Habrá tres líneas rojas que no se van a traspasar: la sanidad, la educación y las pensiones». Da la casualidad de que se han cargado las tres. En educación en 2012 han reducido el presupuesto en 8000 millones de euros, para 2015 supondrá el 3,9 por ciento del presupuesto, lo que nos situará en los niveles del año 80 y a la cola de la Unión Europea. Gracias.
Con respecto a las pensiones, han anunciado que dejarán de revisarse con relación al IPC, lo que supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Eso sí, haciendo de nuevo uso del desprecio a la inteligencia del pueblo soberano, han anunciado con una sonrisa de oreja a oreja que se incrementarán en un 0,25 por ciento. Cuando el IPC sea superior a ese 0,25 por ciento, cifra que se supera todos los años, los pensionistas palmarán pasta.
La pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos es: si el señor Lasquetty se considera incompetente para gestionar la sanidad, ¿por qué se postula para ello? ¿Por qué acepta el cargo? La respuesta, como diría Bob Dylan, está en el viento: no aceptó la consejería para gestionar el servicio, sino para acabar con el Sistema Público de Salud, que, por cierto, en todas las encuestas cuenta con el apoyo de más del 90 por ciento de los ciudadanos. Por tanto, la competencia o no en la gestión no cuenta para su fines perversos, no debe ser evaluada por el uso que hace de los recursos destinados a sanidad, sino por su capacidad para desmontarla, que es a lo que se dedica, y ahí hay que reconocer que lo borda. Su capacidad destructiva y descalificadora de los profesionales de la sanidad, a los que tanto debemos los ciudadanos de este país, no tiene precio. Es difícil encontrar a alguien capaz de dar la cara como él hace en los medios de comunicación, sin sonrojarse, con una especie de rabieta como la de un niño pequeño cuando le quitan el juguete, defendiendo el desmontaje del sistema, sabiendo que no representa a nadie, ni siquiera a sus votantes. A veces dudo de si es consciente del daño que está haciendo a la sociedad, que está haciendo al conjunto de los españoles. He llegado a la conclusión de que les da igual.
Del mismo modo que sus antecesores en la Consejería de Sanidad de Madrid, los señores Lamela y Güemes[103], continúa un proceso de desmantelamiento que se está llevando a cabo contra viento y marea bajo la batuta de Esperanza Aguirre, que ahora sigue los movimientos desde el palco, como testigo privilegiado de la ejecución de su obra. Nadie ha solicitado esta privatización, ni los médicos ni el conjunto de la sociedad, que asiste aterrorizada al desmantelamiento de nuestro sistema sanitario. Este plan no es nuevo. Hace ya muchos años que en las asambleas del Colegio de Médicos de Madrid un sector de los profesionales alardeaba de que la señora Aguirre se había comprometido a privatizar la sanidad. Entonces parecía un disparate que nadie se atrevería a acometer. Este colectivo de profesionales alegaba que no había ninguna razón para que la salud fuera el único servicio realmente socializado en este país.
No lo pueden remediar. Son liberales en economía y no pueden resistir estar al frente de la gestión pública de un potencial negocio de miles de millones sin «pillar cacho». Ya lo hicieron con Telefónica, con Repsol, con Argentaria; con todas las grandes empresas públicas de este país que rendían cuantiosos beneficios a las arcas públicas y que nos vendrían de perillas para paliar los catastróficos efectos de esta crisis, dividendos que ahora van a parar a los bolsillos de los accionistas. Todavía estamos por ver los beneficios que han producido a la ciudadanía estas privatizaciones. Ellos ganaron muchos millones de euros. Durante el gobierno de José María Aznar, el del milagro económico, fueron nombrados presidentes de esas tres compañías Juan Villalonga[104], Alfonso Cortina (hijo de un ministro de Arias Navarro) y Francisco González[105], respectivamente. Los tres, colegas de Aznar. Las cosas volvieron a los tiempos «de la extraordinaria placidez», a hacerse como «dios manda». Se encargaron de la privatización total de sus respectivas compañías, y una vez privatizadas se quedaron de presidentes. Lo dicho, que somos gilipollas y no sabemos ver negocio donde lo hay. Olé, olé y olé, la marca España. Se trataría una vez más de un proceso de incautación: privatizo y me lo quedo.
Pero volvamos al tema de la sanidad. Contradiciendo al señor Lasquetty en la loa de las ventajas de su proceso privatizador no está sólo la sociedad, sino también la propia historia del modelo que quiere implantar. Resulta que ese dichoso modelo, el de la Generalitat Valenciana, cuya experiencia piloto fue el Hospital de Alzira, no ha resultado más barato, sino que se ha convertido en un sistema caótico en el que nadie ha salido beneficiado, salvo las empresas adjudicatarias y sólo gracias a la reescritura del pliego de condiciones de la adjudicación, que ha permitido la inyección, como ha ocurrido en Madrid con secretismo y nocturnidad, de millones de euros además de los comprometidos en los contratos, para que no se hunda el servicio. Aun así, ha habido meses en los que no han podido pagar las nóminas, los profesionales han tenido que incrementar sus horarios y los impagos por parte de la Comunidad están a punto de llevar la situación al colapso.
El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Fabra, también del PP, no parece un entusiasta del sistema que ha heredado. De hecho, en su última conferencia en el Fórum Europa afirmó que el modelo que persiguen Madrid y Castilla-La Mancha no lo quiere para Valencia. Vaya lío, resulta que Madrid y Castilla-La Mancha andan persiguiendo el modelo de Valencia. Al parecer, se da la paradoja de que seguimos un modelo que rechazan los que lo implantaron y lo sufren. En cualquier caso, sería conveniente que el señor Lasquetty, antes de seguir pregonando a los cuatro vientos las bondades del sistema de privatización, hablara con su compañero de partido el señor Fabra y dieran una versión común, fabricaran una coartada conjunta.
¿Estamos locos o qué? No, amigos, hay mucha pasta en juego, mucha pasta para repartir.
Sólo hay que conseguir la concesión, el tema de los cobros ya se verá. De momento, en Madrid, como decimos, no hacen más que inyectar pasta a las empresas adjudicatarias sin pasar por el control del Parlamento Autonómico. Una vez que la salud esté en manos privadas, el Estado será rehén de ellas, gobierne quien gobierne. La Administración tendrá que pasar por el aro y pagar lo que se le exija porque a un pueblo no se le puede dejar sin asistencia.
Lo que denota esta estrategia de privatización de la sanidad es una falta absoluta de escrúpulos y un nivel de crueldad y desprecio hacia el bienestar de la ciudadanía que no son deseables en ningún gestor, pero mucho menos en el responsable de una cuestión tan primordial como la salud. Hasta ahí llegan los liberales en economía, nada escapa a su voracidad crematística.
La convocatoria que lanzó la Comunidad de Madrid para asesorar a los posibles interesados en los concursos de privatización de la sanidad no podía ser más reveladora: «La sanidad: una oportunidad de negocio». Esta sola proclama desde los que deberían preservar el servicio de los buitres que lo acosan da escalofríos. El servicio, que no debería ser rentable, se transforma en negocio.
A todas luces, dado que el dinero no es elástico, la única manera de obtener beneficio con estos hospitales es disminuyendo la asistencia o reduciendo la calidad del servicio. Los especialistas advierten de que una de las primeras consecuencias será la disminución de las pruebas diagnósticas preventivas que tantas muertes evitan, aunque supongan un ahorro a corto plazo.
En el Reino Unido la señora Thatcher implantó un sistema parecido. La sanidad pública británica se estudiaba como modelo en todas las universidades hasta finales de los años setenta. A mí me tocó. Era el referente. Dejó de serlo. Inició una carrera de deterioro imparable. Recientemente, el señor Cameron ha pedido disculpas por lo que ha calificado de «negligencias realmente espantosas» cuando varias investigaciones han detectado la muerte innecesaria de entre 400 y 1200 personas en «un solo hospital», sumado a un trato vejatorio y en muchos casos inhumano por parte del personal de asistencia. El informe habla de abandono en la gestión y de contratación de personal inadecuado y de baja cualificación, personal que se dejaba a cargo de enfermos en situación crítica. El informe hace responsable de este caos, y cito textualmente: «A la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio». Así de claro. ¿Alguien va a pagar por estas muertes? No. El señor Cameron ha pedido disculpas, pero ha cargado sobre esos trabajadores toda la responsabilidad. Estaría bien que, además, hubieran entrado en el fondo de la cuestión, la parte en la que el informe denuncia que es «la consecución de los objetivos económicos» la que ha provocado la situación.
En el tope de la desvergüenza, tanto el señor Güemes como el señor Lamela, exconsejeros de Sanidad, forman parte de las sociedades a las que ellos mismos han adjudicado los servicios privatizados. Es decir, les doy el dinero de los impuestos y luego me paso por la ventanilla a cobrar. Ante el descubrimiento de estos hechos, tanto ellos como su partido, lejos de presentarse ante la sociedad para pedir disculpas por un comportamiento tan corrupto y degradante, aparecen como víctimas de una persecución alegando que todo es legal. Olvidan el pequeño detalle de que son ellos mismos, los políticos, los que hacen las leyes. De paso, estos señores legales olvidan que el cometido que se les encomienda cuando son elegidos por los ciudadanos a través de las urnas consiste en llevar a cabo la mejor gestión posible de los recursos que se les asignan. Les votan para que pongan su inteligencia al servicio del bien común. Sí, del bien común, para eso se les paga, no para invertir el dinero público en negocios personales, ni para promocionar su carrera en el mundo empresarial gracias a las concesiones que se realizan desde el ámbito de sus competencias. O sea, que no están ahí para hacer negocios en detrimento de la calidad de los servicios, sino para mejorarlos.
De nuevo nos restriegan por la cara nuestra condición de gilipollas por no habernos percatado de que los resquicios de la ley permiten forrarse con el dinero de esos idiotas llamados contribuyentes. Sus compañeros del gobierno central les apoyan a muerte. Debemos entender que hacen lo mismo con el resto de las partidas presupuestarias de sus diferentes competencias.
Estas prácticas tan torticeras no se consienten en ningún otro país de nuestro entorno. La ley es contundente con los que acceden al poder para forrarse con los recursos públicos. Y si grave es la conducta, aún lo es más la comprensión unánime que encuentra entre sus correligionarios. Por eso insisto en que nuestra derecha es diferente, viene de donde viene, se forjó en aquellas fraguas de la impunidad y jamás, por voluntad propia, va a abandonar su condición de «amo» para pasar a la de administrador. Aquellas empresas públicas que se construyeron con el esfuerzo y el dinero de todos los ciudadanos han pasado a ser suyas. A eso vinieron, a eso vienen, mientras el contribuyente, ese ser anodino carente de inteligencia mercantil, se queda cada vez más desnudo.
Inasequibles al desaliento, siguen viendo el salario mínimo de menos de 650 euros como una barrera para estimular la contratación. «Marca España».
Aparte de estas argucias legales para forrarse, cada día salen a la luz nuevas acusaciones de violaciones de la ley que se ven atenuadas por la colocación de incondicionales en los medios de control. El gobierno tiene asegurada la mayoría tanto en el Consejo del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional; así como el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidida por una militante y exministra del PP, Elvira Rodríguez, recientemente amonestada por un juez por no haber castigado a su valedor político, el que la nombró directora general de Presupuestos dentro de su ministerio, Rodrigo Rato. Lejos de ello envió una documentación a la Audiencia Nacional para evitar que los imputados fueran castigados, según ella, «dos veces por los mismos hechos». También el Tribunal de Cuentas[106], que está formado por miembros elegidos por los dos principales partidos y que cuenta entre otros personajes célebres con Manuel Aznar López, hermano del expresidente y que no se sabe qué cualificación le ha llevado hasta allí. Para acceder al puesto tienen que explicar sus virtudes a los diputados, nadie pregunta. También en ese tribunal se encuentra Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia y miembro del Consejo General del Poder Judicial, famosa por su defensa del juez Estevill, de la que dicen que a día hoy no distingue el «debe» del «haber».
Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de este caso porque es muy ilustrativo de la «marca España» y de cómo funcionan algunos órganos de control del poder judicial y la estrecha y permeable frontera de la división de poderes.
Luis Pascual Estevill estudió derecho y fue juez por lo que llaman el «cuarto turno»: se hacía juez a un «jurista de prestigio». La cosa es que este señor se dedicaba a extorsionar a empresarios, a los que detenía, en unos casos, o amenazaba con procesar y montar escándalo en otros, líos que podían evitar contratando a su socio de fechorías, Joan Piqué Vidal, como abogado y al que los empresarios debían pagar dinero para quedar en libertad, dinero que luego se repartían Estevill y Piqué. Bien, por razones que se escapan a la mente, antes de que estos hechos fueran conocidos, Jordi Pujol lo colocó en el Consejo General del Poder Judicial. Sí, amigos, parece cachondeo, pero es verdad. En fin, cuando se descubrió el pastel algunos jueces pensaron que no era muy apropiado para estar en ese consejo cuya principal misión es, precisamente, evitar fechorías de los jueces. Después de votar, la mayoría decidió que se quedara. Defensores del caballero fueron José Luis Manzanares, más tarde asesor de Aznar en la Moncloa, y también Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada ministra de Justicia. ¿Tenemos, como dicen, los políticos que nos merecemos? No, esto no se lo merece nadie.
Para más cachondeo, porque la cosa lo tiene, uno de los vocales del Consejo, García Ancos, denunció que Estevill le había intentado sobornar para que votara a favor de su permanencia. Después de discutir estas cosillas se votó y el señor Estevill se quedó. A la que fue ministra le parecía un tipo estupendo. Más tarde fue condenado por el Supremo y enviado a la cárcel. También fue condenado en el mismo proceso su socio el señor Piqué, que, ¡oh, mira tú por dónde!, había sido el abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Nunca quiso responder por qué impuso a Estevill en el CGPJ en nombre de CiU. Sus razones tendría, pero ni Piqué, ni Estevill, ni Pujol nos las van a contar.
Sigamos. También el Defensor del Pueblo, defensora en este caso, Soledad Becerril, es militante del PP.
Esta política de copar los órganos de control tiene su máximo exponente en la imposición de un militante del PP en la presidencia del Tribunal Constitucional. La cuestión, siendo grave en sí por lo torticero de la maniobra, ya que se ocultó tal militancia cuando se le nombró vocal, lo es más cuando, descubierta la marrullería, se defiende su legalidad a capa y espada y se le mantiene en el puesto. No sólo tiene la defensa del gobierno, sino que también cuenta con el apoyo encendido de la Asociación Profesional de la Magistratura, que aglutina a la mayoría de los jueces de este país, a pesar de que ha asesorado (en el caso de la reforma laboral se han incluido aportaciones suyas) sobre temas que ahora tiene que juzgar. Todo un ejemplo de imparcialidad. La pregunta obligada es: si es legal, ¿por qué sólo uno? Hay que aprovechar la legalidad vigente. Superada la vergüenza de haber sido pillados en un juego tan sucio, hay que aprovechar el tirón y nombrar a unos cuantos más. O mejor, que pongan la militancia en el partido como condición para pertenecer al Constitucional.
La pista está libre, no hay tiempo que perder: hacerlo todo, hacerlo de golpe, hacerlo rápido, y sin la obstrucción de la justicia. Como diría don Quijote: «Esa es la consigna, Sancho».