La orientación de la política nacionalista catalana hacia un inconcreto «derecho a decidir» del pueblo de Cataluña respecto de su futuro comprendía la necesidad de celebrar un referéndum, en el que se consultase sobre la transformación de Cataluña en un Estado, en su caso independiente de España, que se integrase inmediatamente en la Unión Europea. Se ha dado la coincidencia histórica de que los partidos nacionalistas escoceses acababan de obtener una gran victoria electoral y habían desarrollado igualmente una política conducente a la celebración de un referéndum independentista. Escocia se ha convertido para Cataluña en la mejor referencia en la que mirarse, aunque los nacionalistas escoceses han remarcado siempre que su punto de partida histórico y su posición política son completamente diferentes. También se citan con frecuencia, desde luego, los ejemplos de Kosovo o de Crimea, e incluso el de Quebec, que tienen todavía menos en común con el independentismo ibérico.
Recogeré en este capítulo los pormenores constitucionales y políticos de la vía escocesa a la independencia porque, con todos los errores y defectos que se puedan haber cometido, son una muestra de cómo desarrollar, de modo constitucionalmente adecuado y consentido, un proceso constitucional hacia la independencia.
1. Durante siglo y medio, y sin perjuicio de los levantamientos y reclamaciones jacobitas, a que ya se ha aludido en el capítulo II, el sentimiento nacionalista escocés se mantuvo recluido casi exclusivamente en las obras de los poetas (Robert Burns) o de los novelistas (Walter Scott) y dejó de tener expresiones políticas representativas hasta que, a mediados del siglo XIX, se fundó la National Association for the Vindication of Scottish Rigths, próxima a los tories. Más que la demanda directa de una Home Rule, o Estatuto de Autonomía, el propósito era mantener en la agenda política británica los problemas de Escocia. Al principio se plantearon muy unidos a los de Irlanda, de modo que cuando el premier William Gladstone prometió a Aberdeen que si Irlanda alcanzaba la autonomía se aplicaría también a Escocia, tales pretensiones se incluyeron en un proyecto que llegó a presentarse al Parlamento de Westminster en 1913. La Gran Guerra frustró su aprobación[182].
A partir de los años veinte del pasado siglo las demandas de institucionalización de la autonomía escocesa se incrementaron. Se fundaron algunas organizaciones nacionalistas: la Scots National League, directamente partidaria de la independencia (League 1920), a la que sustituyó a partir de 1928 el National Party of Scotland, transformado a su vez en 1934 en el Scottish National Party. Este SNP nació de la fusión del National Party of Scotland y el Scottish Party.
John McCormick se apartó de este último partido y fundó la Scottish Covenant Association, a mediados del siglo XX, y en poco tiempo se convirtió en el gran actor de las reclamaciones de Devolution de la Asamblea Legislativa a Escocia.
Fue en 1967 cuando el SNP consiguió colocar a Winnie Ewing en el Parlamento de Westminster, con lo que el nacionalismo escocés entraba en la escena parlamentaria. La elegida pensó una buena frase con la que pasar a la historia, y dijo: «Paren el mundo, Escocia quiere subirse». Creció la filiación al partido y su competitividad en las elecciones aumentó mucho. Se notó especialmente en las elecciones locales en las que los electos del partido se incrementaron exponencialmente. Hasta ganaron la alcaldía de la ciudad de Stirling, que fue el lugar en el que William Wallace derrotó a los ingleses.
El gobierno nacionalista designó por entonces la Comisión Killbrandon para que elaborase un proyecto de devolución de la Asamblea escocesa, a lo que se comprometió el líder tory Edward Heath. Pero el crecimiento del SNP se detuvo en las elecciones generales de 1970. La parlamentaria Ewing perdió su simbólico escaño y el SNP no desapareció de Westminster porque pudo mantener un representante de las islas occidentales. Por aquella época, y seguramente por razón de las desilusiones políticas, se produjo una nueva escisión que dio lugar a la formación del Partido Laborista de Escocia.
El SNP se aplicó con gran fuerza a la preparación de las elecciones generales de 1974. Y obtuvo un gran éxito porque los candidatos nacionalistas recibieron el 21,9% de los votos y siete escaños en el Parlamento de Westminster. Ahora parecía que las reclamaciones nacionalistas tenían que tomarse más en serio. El partido laborista tuvo que convocar elecciones de nuevo en octubre y entonces el SNP mejoró sus posiciones: 30% de votos y 11 parlamentarios.
Esta portentosa ascensión del nacionalismo escocés estaba inmediatamente relacionada con el descubrimiento de petróleo en la costa escocesa del mar del Norte. Los nacionalistas utilizaron un eslogan muy penetrante y convincente: «It’s Scotland’s oil!». (¡El petróleo es de Escocia!).
A partir de aquí los progresos del SNP fueron continuos.
En 1978 se sometió a referéndum la Scotland Act, que restablecería la Asamblea escocesa. Los laboristas, que fueron los proponentes, pasaban entonces por un período de gran división que, a la postre, hizo fracasar el proyecto, que apenas llegó a obtener el voto favorable del 40% de los electores.
El SNP fracasó, sin embargo, en las elecciones de 1979, y empezaron a producirse defecciones de algunos líderes políticos. Gordon Wilson se hizo con el partido por una amplia mayoría, que le permitió dirigir sus destinos hasta que en 1990 fue sustituido, por una diferencia de votos espectacular, por un personaje hasta entonces poco conocido llamado Alex Salmond.
2. El proceso de devolución de poderes a Escocia y Gales en los años setenta que culminó con la elaboración de la Scotland Act de 1978 fracasó como consecuencia del resultado negativo del referéndum celebrado en 1979 que debía ratificar su promulgación. Aunque el 52% de los participantes en el referéndum se manifestaron a favor de la implantación de las instituciones de autogobierno, el número de votantes no llegó al 40% que era el mínimo que exigía la propia ley que se estaba ratificando para poder entrar en vigor definitivamente.
Se abre a partir de entonces un largo período de inactividad política por lo que concierne a retomar la reestructuración territorial del Reino Unido hasta que en 1997 gana las elecciones Tony Blair con un programa en el que, entre otras cosas, se comprometía a llevar a término el proceso de Devolution a Escocia. En el programa se incluían muchas medidas que fueron inmediatamente aplicadas a partir de 1998 tales como el restablecimiento de las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, la Devolution de poderes ejecutivos y administrativos a Gales, la ratificación de la Convención Europea de Derechos Humanos, la incorporación de las enmiendas al Tratado de la Unión Europea, etcétera. Lo que concierne al desarrollo de la autonomía de la vida política de Escocia fue también la respuesta a las reclamaciones de este singular territorio que se habían mantenido bien explícitas durante los veinte años que habían transcurrido desde el fracaso del primer intento de 1978-1979[183].
El proceso de reforma hasta llegar a la nueva Scotland Act de 1998 es resumidamente el siguiente.
—Escocia mantuvo su reclamación de autonomía expresada fundamentalmente a través de la Scottish Constitucional Convention, que era una instancia en la que estaban integradas fuerzas políticas laboristas y liberales. A partir de 1987 estas fuerzas iniciaron una Campaign for a Scottish Assembly. También formularon reclamaciones puestas por escrito en un informe de 1988 sobre un derecho de Escocia («A Claim of Rigth for Scotland»). En este informe se proponía la creación de una Convención constitucional. En 1993 la Convención designó una comisión independiente para que elaborara un proyecto. Efectivamente, se trabajó en este asunto de modo que las peticiones fueron planteadas en 1994 y en 1995. El documento en cuestión consensuado en el seno de la Comisión se denominó Scotland’s Parliament. Scotland’s Right, y se aprobó en 1995. Las actividades de la Convención fueron más débiles en tiempos de gobiernos conservadores y firmemente apoyadas por los gobiernos laboristas, que promovieron con mucha convicción el proceso de Devolution para superar el fracaso de 1979. Fue Tony Blair el que nada más tomar posesión de su cargo de primer ministro confirmó el compromiso laborista de llevar adelante el proceso de Devolution Act a Escocia y publicar inmediatamente un White Paper, lo que en efecto llevaría a cabo de 1997. En el White Paper se incluirían las bases de la Ley para Escocia que llegaría a aprobarse en 1998. Inmediatamente después se celebrarían las elecciones para el Parlamento escocés y a partir del año 2000 empezarían a ejercerse, efectivamente, las competencias.
La elaboración de la propuesta más concreta de Devolution sería sin embargo hecha por una institución especializada que se denominaría Constitution Unit que estaba integrada por expertos independientes, aún más independientes de los que figuran en las clásicas Royal Commissions o los Comitees of Enquiry. Realmente estaba vinculado a la sociedad civil y adscrito a la School of Public Policy del University College de Londres. Trabajó la Comisión a lo largo de dos años en cuyo transcurso publicó algunos informes hasta llegar al definitivo en el que se incluían las recomendaciones sobre cómo llevar a término el proceso de devolución. Por lo que concierne a la concreta fórmula propugnada para Escocia, la Constitution Unit se separó del modelo establecido en la Scotland Act de 1978 donde aparecían de forma muy pormenorizada las competencias legislativas del Parlamento escocés, tomadas esas competencias de las regulaciones contenidas en la legislación entonces vigente. La Constitution Unit entendió que este modelo histórico era equivocado. Propuso a cambio que la futura Scotland Act estableciese cuáles eran las materias reservadas al Parlamento británico sin preocuparse tanto de las atribuidas al Parlamento escocés. La Scotland Act incluiría las materias que corresponden al Parlamento británico, pero, además, contendría previsiones que autorizaran al mismo Parlamento para legislar en áreas distintas de las que estaban reservadas cuando concurrieran circunstancias justificativas, como, por ejemplo, la ejecución de obligaciones internacionales; en contraste con esta previsión también se preveía que el Parlamento escocés pudiera ser habilitado para regular materias reservadas al Parlamento británico. La distribución de competencias se complementaba con la propuesta de una serie de mecanismos para evitar que los conflictos y sobre todo las usurpaciones o abusos de competencias (ultra vires) en que pudieran incurrir las autoridades escocesas (no así las autoridades británicas); la Devolution parte de la soberanía del Parlamento británico, de modo que no hay oposición que pueda establecerse a lo que una ley británica diga, incluso si la ley supone una modificación de lo establecido en la Scotland Act y en el régimen de competencias atribuidas a Escocia. Fórmulas para evitar este tipo de extralimitaciones serían, por ejemplo, que las leyes escocesas fueran analizadas por la Scottish Office y por el presidente del Parlamento británico y también que se regulara un recurso directo contra las leyes escocesas basado en incompetencia. Este recurso se interpondría una vez obtenida la sanción real de la Ley en cuestión. Además del recurso directo también se proponía un recurso indirecto que podía elevarse a un Tribunal de apelación cuando con ocasión de un litigio concreto apareciese una Ley de Escocia posiblemente dictada con incompetencia. También se preocupaba la Constitution Unit de establecer las reglas generales de relación entre las instituciones europeas y las instituciones británicas y las escocesas y se refería a que la Scotland Act también debería incluir previsiones para que se mantuviese un poder local fuerte y con capacidad de gestión en el ámbito interior de Escocia. Sin necesidad de aplicar el principio de subsidiariedad a favor del gobierno local, sí se indicaba que las entidades locales deberían tener un peso efectivo en la administración del territorio y también participar y ser oídas en los procesos de formación de decisiones que les afectasen a sus intereses.
Las propuestas de la Constitution Unit tuvieron un impulso subsiguiente con el libro blanco, que presentó la Scottish Office (Scotland’s Parliament, HNSO. Cmnd.3658). El Libro Blanco se publicó en julio de 1997. El 11 de septiembre se celebró el referéndum en Escocia. En noviembre se debatió el proyecto de ley en el Parlamento. Y el 7 de diciembre de 1998 se aprobó la Scotland Act[184].
La Scotland Act de 1998 es relativamente breve. Lo primero de todo que la ley establece es que «habrá un Parlamento escocés» (artículo 1.1). Un poco más adelante para dejar claro cuál es la posición del Parlamento escocés en el marco de un sistema constitucional basado en la supremacía del Parlamento británico, se dice que, por un lado, «el Parlamento escocés está capacitado para dictar normas con rango de ley que serán conocidas como leyes del Parlamento escocés» (Acts of the Scottish Parliament) (artículo 28.1 de la Scotland Act). Pero, establecido esto, se indica que la potestad legislativa del Parlamento escocés «no afecta a la capacidad del Parlamento del Reino Unido para dictar leyes aplicables en Escocia» (artículo 28.7)[185].
Respecto de los límites al ejercicio de las competencias que se reconocen a Escocia, lo que se declara con carácter general es que «una Ley del Parlamento escocés no es válida si cualquiera de los preceptos de la ley excede de la competencia legislativa del Parlamento» (artículo 29.1 de la Ley de Escocia). Para saber cuándo se incurre en incompetencia incluso el propio texto de la ley lleva a cabo un enunciado de supuestos, que son los siguientes: a) cuando regula asuntos que pertenecen a la legislación de un país o territorio que no es Escocia o atribuye o elimina funciones que no son ejercitables en relación con Escocia; b) cuando afecta a materias reservadas al Parlamento británico, incluyéndose preceptos que modifiquen la legislación escocesa, penal o civil, aplicable a materias reservadas; c) cuando desconoce las restricciones impuestas por la disposición adicional IV de la Ley relativa a las que denomina «Disposiciones merecedoras de protección especial»; d) cuando es incompatible con los derechos y libertades contemplados en la Convención Europea de Derechos Humanos o con el Derecho Comunitario; e) cuando priva al ministro de Justicia de su condición de responsable del sistema de enjuiciamiento penal y, en particular, de la persecución de los delitos de sangre[186].
Las elecciones de 1997 fueron muy importantes, además de por las razones explicadas, por el impulso que recibió el SNP, que duplicó su representación en el Parlamento británico. Por otro lado, el triunfo de los laboristas en las elecciones generales les permitió formar gobierno e impulsar la Constitución del nuevo Parlamento escocés. Aunque las elecciones de 2001 implicaron otra pérdida de escaños, en las de 2003 el nacionalismo escocés se recuperó mucho. Además, al lado del SNP se situaron dos partidos nuevos partidarios de la independencia, el Scottish Socialist Party y el Scottish Green Party.
En 2003 y 2005 el nacionalismo conoció nuevos retrocesos electorales pero, el 3 de mayo de 2007 el SNP consiguió la mayor victoria de su historia, al tiempo que se producía la gran debacle del gobierno de Tony Blair. SNP fue el único partido que creció en votos y escaños llegando al 32,9% del total, 9 puntos más que en 2003 alcanzando 47 escaños.
Durante la campaña electoral Salmond había anunciado un Libro Blanco en el que se argumentaría sobre la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Escocia. La idea era si la respuesta del pueblo escocés era positiva, el ejecutivo se constituiría depositario de un mandato para negociar con el gobierno británico.
En agosto de 2007, Salmond, primer ministro escocés, presentó «A National Conversation» (www.anationalconversation.com) un importante blog, en el que los ciudadanos podrían opinar sobre la declaración del primer ministro Choose Scootland’s Future. En la página aparecieron comentarios pintorescos, pero también muchos útiles para el debate.
En las elecciones de mayo de 2011 el partido nacionalista obtuvo, por primera vez en su historia, mayoría absoluta en el Parlamento escocés. Aunque gobernaba desde la anterior legislatura de 2007-2011, lo hacía en minoría, con el apoyo de los verdes. En el programa electoral para las elecciones de 2011 se incluyó el compromiso de celebrar un referéndum sobre la independencia de Escocia a lo largo de la legislatura si se obtenía en las elecciones una mayoría suficiente. El programa electoral también se refería a la reforma de la autonomía escocesa, regulada en la Scotland Act de 1998, para mejorar sus competencias financieras con el objeto de que Escocia ingresara la totalidad de los impuestos recaudados en el territorio. La fórmula recuerda directamente el procedimiento del concierto del País Vasco o Convenio de Navarra. La recaudación es responsabilidad del territorio, que contribuye luego a la financiación de los servicios comunes organizados por el Reino Unido. Se han hecho hasta dos versiones: una más moderada que se conforma con la recaudación de una parte importante de los impuestos (devo-plus) y otra en la que Escocia aspira a la recaudación total (devo-max o independence lite). En el programa de 2011 se ordenaban ambas cuestiones como complementarias, pero en el debate las pretensiones se han centrado en la opción de máximos. La cuestión de la independencia aparece también vinculada a la autonomía fiscal.
El Parlamento británico aprobó una Scotland Act en 2012 que reformaba la Ley del mismo nombre de 1998, modificando aspectos importantes de la economía escocesa. La reforma es el resultado de los trabajos de una comisión (Commission on Scottish Devolution, también llamada Calman Commission por el nombre de su presidente) que fue creada en 2007 para evaluar la primera Scotland Act de 1998, después de 10 años de vigencia. El informe de la Comisión Calman se aprobó en junio de 2009 y proponía ampliar los poderes tributarios y de gastos del Parlamento escocés, de manera que se ampliara su autonomía financiera dentro de límites infranqueables. La reforma de 2012 se aproximaba a las pretensiones de los soberanistas fiscales.
3. El camino hacia el referéndum independista presentaba inicialmente muchos problemas de orden constitucional, político y práctico, que han tenido que despejarse sucesivamente. Para empezar, la participación en las elecciones para el Parlamento escocés suele ser muy baja, y en las elecciones de 2011, en las que SNP se presentó con el programa independentista, la ascensión se situó en torno del 50%. Por otra parte en las elecciones generales al Parlamento del Reino Unido, la representación nacionalista escocesa SNP se quedó por debajo del 20% de los votos, de lo que los analistas han deducido que una cosa es el apoyo al SNP para mejorar la autonomía financiera pretendida y otra compartir políticas que suponen la separación del Reino Unido.
En todo caso, después de las elecciones de 2011, el primer ministro escocés Alex Salmond orientó rápidamente su actividad política hacia la celebración de un referéndum en el otoño de 2014 (el séptimo centenario de Bannockburns sería un referente estimulante).
Concretada la idea, se acometieron los problemas jurídicos a que se enfrentaba su aplicación: el primero, que la Scotland Act de 1998 no reconoce al Parlamento escocés competencias sobre materias reservadas al Reino Unido. Entre ellas hay que entender incluida, anexo 5, «la unión de los reinos de Escocia y de Inglaterra, que se considera materia constitucional». El debate sobre la incompetencia del Parlamento escocés, abordada con carácter general por todos los especialistas, llevó a que el Gobierno escocés manejara como subterfugio la idea de que no era un referéndum de independencia sino una consulta para conocer la opinión de los ciudadanos de Escocia, que no tendría carácter vinculante. Nadie entendió muy bien la diferencia de esta propuesta con un referéndum vinculante: un referéndum es siempre una consulta que afecta al principio de soberanía parlamentaria y, a partir de ahí, las posiciones sobre su carácter vinculante o no son bastante poco importantes. Pero el premier británico David Cameron estuvo de acuerdo en que se celebrase un referéndum vinculante. No obstante, la opinión del gobierno británico sobre la incompetencia del gobierno escocés para convocar un referéndum era firme. La vía para convalidar esa irregularidad fue utilizar un artículo (sección 30) de la Scotland Act de 1998, que preveía que el gobierno británico pudiera aprobar una Order in Council que atribuyera a Escocia la potestad de convocarlo dentro de los límites que la Order estableciese. Esta posibilidad se convirtió en el argumento utilizado en lo sucesivo por el gobierno escocés que presionó al británico hasta alcanzar el Acuerdo de Edimburgo, entre ambos gobiernos, de 15 de octubre de 2012, en el que el prime minister británico y el First Minister escocés se comprometieron a trabajar en la celebración del referéndum de independencia, que deberían atenerse a determinadas exigencias. Concernían estas a su regulación y celebración en un marco de confianza de los parlamentos, los gobiernos y el pueblo y que puede llevar a conocer de manera concluyente la manera del pueblo de Escocia y llegar al resultado que todos esperan.
El gobierno británico atribuiría, pues, al gobierno escocés la convocatoria para convocar el referéndum para la independencia de Escocia utilizando las previsiones de la Scotland Act de 1998 y el procedimiento de reforma indicado (Order in Council). La limpieza, transparencia y buenas prácticas se convirtieron inmediatamente en el centro de las preocupaciones. Para asegurar esta claridad procedimental, el acuerdo imponía también el asesoramiento por expertos independientes. El régimen jurídico del referéndum habría de ser el general establecido en la ley británica. El acuerdo concreta que debería formularse una sola pregunta, propuesta por el Parlamento escocés pero bajo el control de la Electoral Commission. Este organismo emitiría un informe para el Parlamento escocés. Y entre las funciones de la Electoral Commission se incluye la de opinar sobre la literalidad de la pregunta, el registro sobre quienes dirigen o intervienen y el control de gastos, donaciones, publicidad y calendario. La Electoral Commission está regulada en la ley sobre partidos, elecciones y referéndums, de 2000 y retiene las mismas facultades en relación con el referéndum escocés.
El Gobierno británico puso por delante el principio democrático a las consideraciones de legalidad para autorizar la celebración del referéndum escocés. Tuvo en cuenta que en el programa electoral del partido ganador de las elecciones figuraba la celebración del referéndum.
Para facilitar la celebración se fijaron sin embargo unas condiciones muy precisas en el Acuerdo de Edimburgo. Esencialmente dicho acuerdo implica que no se reconoce al Gobierno escocés que las instituciones escocesas tengan competencia para convocarlo. Esa competencia es sólo del Gobierno y el Parlamento británicos. Siendo así, la celebración del referéndum de 2014 implica que cualquier pretensión de repetirlo en el futuro exigirá una nueva negociación con el Gobierno británico que se situará en posiciones más duras y más legítimas para negarlo.
Dado que la competencia es exclusiva del Parlamento y el Gobierno británico, Escocia puede convocarlo en la medida en que aquellas instituciones se lo autoricen. Para hacerlo se han tenido en cuenta las experiencias de otros sistemas, muy especialmente la tan famosa de Canadá[187]. Muchos detalles se han tomado de esa experiencia, sobretodo lo concerniente a la fijación de la pregunta para evitar formulaciones que permitan interpretación de los resultados o la elección de diferentes alternativas. El referéndum escocés se basa en una sola pregunta directa sobre la independencia y reclama una respuesta sobre el deseo o no de independencia. El Gobierno escocés renunció a formular dos preguntas. Una sobre independencia y otra sobre la devo-max.
La pregunta fue sometida al informe de la Electoral Commission antes de su aprobación por el Parlamento de Escocia. La primera propuesta que hizo el Gobierno escocés decía: «¿Está de acuerdo con que Escocia sea un país independiente? SÍ/NO» (Do you agree that Scotland should be an independent country? YES/NO). La Electoral Commission consideró que la pregunta era inadecuada porque la expresión «está de acuerdo» tiende a provocar una respuesta positiva. Por ello la Electoral Comission propuso una formulación diferente, que fue la finalmente aprobada: «¿Debe ser Escocia un país independiente? SÍ/NO» (Should Scotland be an independent country? YES/NO). Se negociaron también otros condicionamientos como el gasto en la campaña y la significación que habría de darse al voto positivo o negativo en el referéndum. La cuestión de la claridad de la pregunta siguió muy de cerca la experiencia de Quebec. También fue muy importante la reconducción de todo el proceso al principio de legalidad. Si bien el principio democrático, es decir las pretensiones del pueblo escocés manifestado en unas elecciones parlamentarias, obligó a adaptar la legalidad, una vez establecidas las reglas del juego a que había de acomodarse el referéndum, estas se aplicaron de un modo estricto.
El Gobierno escocés puso en circulación muchas explicaciones sobre las consecuencias de la independencia y los beneficios que se seguirán de la misma, así como la suerte que correrán las relaciones de Escocia con la Unión Europea y otros organismos internacionales. Una exposición sistemática, resumida y dirigida a todos los votantes, está recogida en el libro Scotland’s Future. Your guide to an Independent Scotland, Gobierno de Escocia, Edimburgo, 2013. Este tipo de informes está más bien dirigido a convencer a los escoceses reticentes que a polemizar con el Gobierno británico.
Este último también ha desarrollado su propia política en relación con el referéndum, poniendo en funcionamiento diversos comités (el Scottish Affairs Committee de la House of Commons, ya venía funcionando), en los que se analiza la situación de Escocia en la hipótesis de que obtenga su independencia. El contraste de los informes que ha venido emitiendo el citado comité parlamentario es interesante porque, así como estos pronostican muchos perjuicios si la independencia se produce, Salmond, el primer ministro escocés y promotor principal de la operación independentista, ha venido sosteniendo que nada sustancial cambiaría, puesto que seguirían teniendo la misma reina, la BBC, la libra y seguirían siendo miembros de la Unión Europea.
El Gobierno británico preparó hasta cuatro informes sobre la cuestión. El primero lo publicó en febrero de 2013 con el título Scotland Analysis: Devolution and the implications of Scottish Independent (Cm.8554) contempla un resultado favorable a la independencia. Ello no supondría, según los análisis del informe, una separación inmediata, sino la apertura de negociaciones entre los dos gobiernos, el británico y el escocés[188]. Se refiere luego a la permanencia de Escocia en la Unión Europea. Es de reseñar en este punto que se remite al dictamen emitido por dos profesores británicos, Crawford y Boyle, de las Universidades de Cambridge y Edimburgo, respectivamente, según el cual la Escocia independiente sería un nuevo estado, que tendría que solicitar formar parte de las organizaciones internacionales que le permitan incorporarse a las mismas. Las opiniones de los profesores dictaminantes evalúan la dificultad de incorporarse a una u otras organizaciones, y mientras creen que no sería difícil la integración en la ONU, sería más compleja la integración en la Unión Europea, debido sobre todo a la necesidad de establecer negociaciones previas y a que la decisión final de los actuales miembros de la Unión debe ser unánime, suponen, en este sentido, que es bastante probable que haya Estados que se opongan, sin que el Gobierno británico pueda hacer nada por evitarlo. Este es un argumento importante porque el electorado escocés es más europeísta que el inglés, y realmente de esto se vale Salmond, que proclama que la Unión Europea tendría un socio más leal en Escocia que lo que ha venido siendo Gran Bretaña.
Un segundo informe del Gobierno, presentado en abril de 2013, fue Scotland Analysis: Currency and monetary policy (Cm.8594). El Gobierno escocés ha sostenido que la Escocia independiente seguiría utilizando la libra esterlina como moneda, a cuyo efecto Escocia celebraría los acuerdos correspondientes con el Reino Unido. Al informe mencionado no le parece tan segura esta forma de resolver la cuestión monetaria, y plantea la necesidad de que Escocia elija entre dicha opción, o la de crear su propia moneda o adherirse al euro. El uso de la libra plantea el problema de las reticencias del Reino Unido, la adherencia al euro no es una solución deseada en ninguna parte de las islas británicas, la creación de una moneda propia se estima por todos los técnicos inviable. Si se optara por la libra el gobierno de la moneda correspondería al Banco de Inglaterra que no se sometería en ningún caso a condicionamientos provenientes de Escocia.
El referéndum deja abiertas algunas cuestiones de interés, como la de qué hay que hacer, en términos democráticos, con aquellas partes del territorio escocés (ocurre siempre en las más próximas a la frontera inglesa) que sean manifiestamente contrarias a la independencia. Se necesitaría resolver qué hacer con ellas, si segregarlas, o reconocerles un fuerte estatuto de autonomía interna.