7. La Carta Magna y el Trubunal Supremo de EEUU

Si tuviéramos que resumir lo que hasta ahora hemos averiguado sobre la Carta Magna y hacer un rápido recorrido por el pasado, siglo tras siglo, hasta llegar a la Constitución de EEUU, podría ser como sigue.

Creada en el siglo XIII, en el contexto de las cruzadas, como armisticio de una guerra civil, las Cartas de Libertades, tanto la mayor como la menor, se transformaron gradualmente en la base de los fueros, leyes y derechos comunales durante el desarrollo de la monarquía inglesa, y de otros elementos constituyentes del reino, como la Iglesia, las ciudades, la familia y los comunes. En los comienzos del capitalismo moderno, en el siglo XVI, la Carta Magna fue ignorada por dos razones: en primer lugar, porque la monarquía centralista de los Tudor tendía al monopolio de la fuerza, mientras que la Carta Magna se proponía limitar el poder del rey; en segundo lugar, porque en el siglo XVI la mercancía comenzó a definirse como la forma local, nacional e imperial de acumulación económica, reemplazando las diferentes formas de comunitarismo. Pero en el siglo XVII esto cambió, al tomar la Carta Magna su forma moderna (protectora de los derechos individuales y del libre comercio) en el momento en el que la propiedad privada (la forma legal de la mercancía) se había reconciliado, durante la Revolución Inglesa, con formas mixtas de poder político. Este cambio, sin embargo, exigía su separación de la Carta del Bosque.

La práctica de los comunes persistió, adaptándose incluso a condiciones urbanas, pero el intercambio de mercancías y la propiedad privada explotaron en la codicia rapaz del comercio internacional, que produjo cientos de miles de muertes en un tráfico de esclavos racializado que hizo que los seres humanos se convirtieran ellos mismos en mercancía durante el siglo XVIII. El comunero y el esclavo a menudo cruzaban sus caminos, pero la cultura emergente de la supremacía blanca limitaba las posibilidades de acción de la Carta Magna, aunque pasara a formar parte del movimiento abolicionista el 4 de julio de 1770. Los asentamientos de colonos de Norteamérica, que hacia el siglo XVII ya habían adoptado el artículo XXXIX de la Carta Magna, se unificaron en la década de 1770 al utilizar este documento como ejemplo de declaración de independencia y como estatuto de resistencia. Tras las revueltas de esclavos del siglo XVIII en el Caribe y las colonias continentales, la Carta Magna se adaptó a la Constitución federal, sin sus acepciones comunitarias y abolicionistas. Sin embargo, al mismo tiempo, estas se conservaron con vitalidad en la lucha de la clase trabajadora inglesa contra los cercamientos y las fábricas. En general, la práctica de los comunes resistió allá donde los bosques aun quedaban en pie. Su destrucción, como podemos ver en la historia de la India, donde fue un importante método de expropiación, dejó un poso cultural comunalizador a pesar, incluso, de olvidarse las bases legales de las cartas. Su falta de legalidad explica en parte las formas «no realistas» de los comunes: primitivas, románticas, infantiles, culturales, artísticas, utópicas. En EEUU, la Carta Magna fue un documento fundacional para la ley y la Constitución, y sin embargo coexistió con el robo de las tierras de los pueblos nativos y la expansión de la esclavitud racial. ¿Cómo se mantuvo esta paradoja?

Una posible aproximación a la respuesta podría darse si consultamos el gráfico que muestra en orden cronológico el número de casos del Tribunal Supremo de EEUU que citan la Carta Magna y el número de alusiones a dicho documento en cada caso. Destacan tres características: primero, la prominencia de tres casos en los que se cita la Carta Magna mucho más que en la media; en segundo lugar, el predominio general de la Carta Magna a lo largo de la historia del Tribunal; finalmente, la llamativa ausencia del documento durante dos periodos de la historia del país: al comienzo de la república y en el periodo de entreguerras del siglo XX. Voy a considerar cada una de estas características del gráfico, si bien hacerlo así no significa que demos una validez absoluta al orden cronológico ni a los principios básicos del razonamiento legal.

En primer lugar, entonces, los tres casos que sobresalen del gráfico como asombrosos pináculos sobre un horizonte llano. El primero de ellos resulta ciertamente flagrante ya que parece girar en torno a los comunes. El caso Martin contra Waddell, de 9 de febrero de 1842, resolvía una disputa sobre pesquerías de ostras en la bahía de Raritan, al este de Nueva Jersey. Roger B. Taney, descendiente de los plantadores esclavistas de tabaco de Maryland, era el presidente del Tribunal Supremo y expresó el parecer de aquella instancia citando la Carta Magna hasta dieciséis veces.

La decisión se basó en las Patentes reales que Carlos II otorgó a su hermano Jaime, duque de York, en 1611, en las que le cedía Nueva Jersey, y la subsiguiente entrega en 1702, por parte de los propietarios a la Corona, de todos los poderes de gobierno a la vez que retenían los derechos de propiedad privada. ¿Pertenecían los derechos comunales de pesca a la gente común de Inglaterra? ¿O al rey como propiedad o parte de su regalía? ¿O bien el rey los mantenía en fideicomiso para el pueblo? Había dudas sobre si los mariscos estaban incluidos entre los peces corrientes, o sobre si las llanuras aluviales contaban como tierra o como agua. Taney falló en contra de los propietarios particulares, como había hecho en el caso de Charles River Bridge de 1837: confirmó el principio de «interés público», de los «derechos comunitarios», cuando entraba en conflicto con el monopolio de la propiedad privada, y argumentó que el derecho común de regalías reales se convirtió en un bien público con la transferencia de soberanía e independencia a EEUU.

En primer lugar, ¿tenía Carlos II el derecho a realizar dicha concesión? Aquel derecho fue reclamado por descubrimiento y no por conquista, pues si hubiera sido por conquista los derrotados indios habrían conservado sus propiedades, mientras que el derecho por descubrimiento consideraba el país como un yermo salvaje e inhabitado. Taney piensa que el derecho del rey «no puede ser cuestionado a día de hoy», si bien el «día» en cuestión duró desde 1836, cuando surgió el caso, hasta que concluyó en 1842. Estos eran los días del «Trail of Tears»^[323], el desplazamiento forzoso de las tribus cherokee, chickasaw, chocktaw, creek y seminole de sus tierras. La noción de lo común enunciada por Taney era completamente ajena a las experiencias, prácticas e ideas de los comuneros mismos. Su idea de los derechos comunitarios, así como de lo público, excluía tanto a los pueblos indígenas como a los afroamericanos^[324]. La paradoja de este gráfico, el que el primer uso intensivo de la Carta Magna en la judicatura de EEUU concierna a los derechos comunales pero se dedicara a la expansión y protección de la propiedad privada, se resuelve una vez que se comprende que la realidad se basaba en la eliminación de los nativo-americanos y en la consecuente ficción legal, el vacuum domicilium^[325]. Lejos de resultar anómalo en su referencia al derecho común, el caso Martin contra Waddell ilustra uno de los temas centrales de la jurisprudencia de EEUU: sus presupuestos racistas y genocidas.

Representación que muestra las referencias a la Carta Magna en los casos del Tribunal Supremo. Cortesía de Phoebe Jane Ballard.

Leyenda: (□) Número de referencias a la Carta Magna en casos del Tribunal Supremo — (■) Número de casos del Tribunal Supremo que aluden a la Carta Magna.

«Los principios políticos de Inglaterra, desde la Carta Magna, han sido protegidos cuidadosamente en los últimos seiscientos años, a fin de asegurar el derecho común de pesca para beneficio público». En un caso de 1918 sobre pesca en Alaska, el Tribunal [Supremo] afirmaba: «Desde la Carta Magna […] las concesiones reales de derechos exclusivos están expresamente prohibidas». El Tribunal había reparado en el derecho común de pesca, así como en la Carta del Bosque. En 1922 el Tribunal señalaba que «desde la Carta Magna y la Carta del Bosque, la propiedad de aves, peces y bestias […] ha sido entendida generalmente […] como un fideicomiso para beneficio de todas las personas en común». En 1920 el Tribunal indicaba que «la caza salvaje y los derechos de la gente sobre ella han sido siempre una cuestión “peliaguda” entre las personas de habla inglesa. Lo suficientemente importante como para formar parte de la Carta Magna y de la Carta de los Bosques [sic]»^[326]. Este caso es excepcional dentro del gráfico.

A continuación, el segundo gran caso de la Carta Magna: Hurtado contra California, de 3 de marzo de 1884, en el que se citó la Carta Magna hasta 33 veces. Joseph Hurtado fue inculpado de un caso de homicidio a través de un proceso informativo en lugar de por un grand jury [gran jurado]. La opinión mayoritaria sostenía que la cláusula de la decimocuarta enmienda sobre el debido proceso legal no requería que el Estado (California) cumpliera con la quinta enmienda, la cual exigía la inculpación a través un gran jurado. Hurtado fue ejecutado. El juez Harlan discrepó:

No hay nada en la Carta Magna, considerada justamente como el estatuto general de la ley y el derecho civil, que obligue a excluir las mejores ideas de cada sistema y de todas las épocas; y como fuera principio característico de la common law el hallar inspiración en todos los manantiales de la justicia, no debemos asumir que las fuentes de su suministro se han agotado. Al contrario, deberíamos esperar que las nuevas y variadas experiencias de nuestro propio sistema y nuestra situación la desarrollaran y moldearan en nuevas y no menos útiles formas.

El tercer caso en acudir a la Carta Magna en numerosas ocasiones es el de Browning-Ferris Industries contra Kelco Disposal, de 26 de junio de 1989, en el que se menciona la Carta 48 veces. Una compañía de eliminación de residuos de Burlington, en Vermont, recibió 51.146 dólares de indemnización, así como seis millones de compensación punitiva en un caso que se argumentó parcialmente en torno a tres artículos de la Carta Magna, referentes a las penas discrecionales o amercements^[327] (clemencia [mercy]). ¿Estas formaban parte del derecho civil o del penal? ¿Eran excesivas las compensaciones punitivas por daños y perjuicios? Estos artículos de la Carta Magna influyeron en la Declaración de Derechos y en la prohibición de castigos crueles y extraordinarios, incorporada en la octava enmienda de la Constitución de EEUU. El principio contra los excesos punitivos y el principio de proporcionalidad se convirtieron en principios rectores de lo penal. En este caso, sin embargo, el juez Blackmun declaró en su escrito al Tribunal que la octava enmienda era improcedente^[328]. El principio de proporcionalidad dice que el castigo debe ser proporcional al delito y conformó la base del movimiento de reforma legal liderado por Cesare Beccaria en el siglo XVIII. Aquí vemos que también tiene su origen en la Carta Magna.

Este principio de proporcionalidad de la Carta Magna se citaba a menudo en los casos de pena de muerte de finales del siglo XX, por ejemplo en Carmona contra Ward (8 de enero de 1979), Rummel contra Estelle (18 de marzo del 1980), Solem contra Helm (28 de junio de 1983), Spaziano contra Florida (2 del julio de 1984), Walton contra Arizona (27 de junio de 1990) y Harmelin contra Michigan (27 de junio de 1991). En el famoso fallo de 1972 sobre el caso Furman, que consiguió una moratoria en la pena de muerte, se citaba el comentario de Maitland sobre los amercements excesivos: «Muy probablemente no hubo ninguna cláusula en la Carta Magna más grata para el conjunto del pueblo». La historia de esta disposición conduce directamente a la prohibición de la tortura en la octava enmienda, en la cláusula sobre castigo cruel y extraordinario. La continuidad de la división racial se mantuvo contra la razón y la estadística en el caso de McCleskey contra Kemp, de 22 de abril de 1987; el juez Brennan, discrepó, citó la Carta Magna y expuso que la opinión mayoritaria temía «un exceso de justicia».

Para resumir estos casos destacados: nuestro procedimiento comenzaba con el estudio del gráfico, si bien el análisis nos ha llevado a tres temas potentes y polémicos, fundamentales para la constitución de la sociedad. La Carta Magna puede ser una fuerza activa dentro de la jurisprudencia americana, en particular en asuntos concernientes a los comunes («una cuestión peliaguda»), los arrestos ilegales y la pena de muerte.

Si nos fijamos en la segunda característica del gráfico, el predominio general de la Carta Magna, en la cronografía de distribución de casos que la citan entre los años 1790 y 2005, advertimos que es mencionada por su nombre en 195 casos del Tribunal Supremo de EEUU durante sus 219 años de existencia, un poco menos de una vez al año. El número real de referencias a la Carta es de 407, una media de dos por caso.

Su ubicuidad no nos debería sorprender, los principios de la Carta Magna aparecen en las disposiciones de la Constitución de EEUU referidas al jurado y al habeas corpus. El peso de la Carta Magna en la jurisprudencia estadounidense aumentó con las reformas constitucionales, especialmente con la quinta enmienda (proceso reglamentario legal en casos federales), la octava (prohibición de castigos crueles y extraordinarios) y la decimocuarta (debido proceso legal en los casos estatales). Su potestad también se presentó de manera simbólica con las representaciones de la Carta Magna en el papel moneda de las colonias rebeldes; esta comenzó a aparecer mucho antes de la Constitución de 1787, incluso antes de la Declaración de Independencia de 1776: Paul Revere ya incluyó la Carta en su diseño de 1775 del sello del Estado de Massachusetts. El dinero y la ley resultan fundamentales para el Estado moderno, el uno representa el valor, la otra protege la propiedad. La Carta Magna respalda a ambas ya que parece expresar equidad en el intercambio e igualdad ante la ley. Sin embargo, como señala Douglas Hay en Albion’s Fatal Tree [El funesto árbol de Albión]^[329], es imposible una igualdad sustancial bajo la ley en una sociedad de grandes desigualdades. Como veremos, a través de un pasaje fundamental del artículo XXXIX, la Carta Magna se transformó en una herramienta legal que justificaba las singulares formas de explotación norteamericana.

En el caso Ex-parte Milligan, de 3 de abril de 1866, el Tribunal Supremo nombró la Constitución, las leyes del Congreso, la Carta Magna, la common law y la justicia natural como fuentes de la ley norteamericana. El predominio de la Gran Carta nace del reconocimiento de su condición de fuente originaria o «manantial», si utilizamos la inmortal imagen del juez Harlan, del derecho norteamericano.

La Carta Magna ha sido utilizada fundamentalmente como ley; pero como fuente ha regado numerosos principios, lo que es quizás más evidente en el caso del jurado. El jurado debe componerse de «doce hombre honestos e imparciales de su vecindario» (Thompson contra Utah, de 25 de abril de 1898); se tratará de «un juicio de vecindad» (caso Pallister, de 19 de mayo de 1890); el jurado estará compuesto por doce personas (Williams contra Florida, de 22 de junio de 1970); los jurados federales no se convertirán en una herramienta de gobierno (EEUU contra Mara, de 22 de enero de 1973); el derecho a un juicio por jurado es ratificado (EEUU contra Booker, de 12 de enero de 2005); el jurado será local (National Equipment Rental Limited contra Szukhent, de 6 de enero de 1964); y el juicio deberá ser rápido (Klopfer contra Carolina del Norte, de 13 de marzo de 1967)^[330].

Pero también ha sido utilizada en otros asuntos sustanciales. Fue citada a propósito del encarcelamiento por deudas (Sturges contra Crowninshield, de 17 de febrero de 1817); para la distinción entre tipos de mandato judicial (Cassell contra Carroll, de 20 de marzo de 1826); en casos de manos muertas, o posesión en perpetuidad (Runyan contra arrendatario de Coster, de 1 de febrero de 1840; Perin contra Carey, de 25 de febrero de 1861); en un caso de non bis in idem [acusación por un hecho ya juzgado] (caso Lange, de 30 de enero de 1874); fue citada en contraposición al juicio por deudas como procedimiento de opresión (Murray contra Hoboken Land & Improvement Company, de 19 de febrero de 1856); en la limitación de poderes de los tribunales militares del almirantazgo (Jackson contra S.B. Magnolia, de 13 de abril de 1858); en la prohibición de la actuación de un sheriff en calidad de magistrado (S. contra Md., de 21 de abril de 1856); en un caso de traición (Chambers contra Florida, de 12 de febrero de 1940); contra la autoinculpación forzosa (Twining contra Nueva Jersey, de 9 de noviembre de 1908); en procesos contra la deportación (Fong Yue Ting contra EEUU, de 15 de mayo de 1893); en casos sobre el derecho de viaje (Kent contra Dulles, de 16 de junio de 1958; Bell contra Maryland, de 22 de junio de 1964); en un caso de insumisión (Kennedy contra Mendoza Martínez, de 18 de febrero de 1963); en un caso de derecho de petición (Adderley contra Florida, de 14 de noviembre de 1966); en un caso de encarcelamiento ilegal (Smith contra Bennet, de 17 de abril de 1961); en un caso de prestaciones sociales (Saenz contra Roe, de 17 de mayo de 1999); en un caso de órdenes de arresto masivas (Minnesota contra Carter, de 1 de diciembre de 1998); en un caso sobre riesgos laborales (Collins contra Parker Heights, de 26 de febrero de 1992); en un caso sobre aborto (Planned Parenthood contra Casey, de 29 de junio de 1992) y en un caso sobre pornografía (John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure contra el fiscal general de Massachusetts, de 21 de marzo de 1966).

El predominio de la Carta Magna en la ley constitucional de EEUU ha sido también ornamental, retórico e ideológico. «Los intérpretes de las concesiones constitucionales de poder», escribía Thomas Cooley, importante autoridad en derecho constitucional a finales del XIX, eran «los principios legales de la Carta Magna»^[331]. El Tribunal Supremo citó la Carta Magna de modo decorativo, como fuente de máximas legales (Cummings contra Missouri, de 14 de enero de 1867): «Al menos desde la Carta Magna algunas personas han pensado que retrasar la justicia es negar la justicia» (Polizzi contra Cowles Magazines Incorporated, de 1 de junio de 1953) o como interesantes perlas de anticuario (Myers contra EEUU, de 25 de octubre de 1926): la frase «consejo y consentimiento […] proviene de la Carta Magna». También se mencionaba como un antiguo lugar común (Atchison & SFR Company contra Matthews, de 17 de abril de 1899): «Si existe un espacio en nuestro sistema de gobierno donde todos debieran estar en posición de recibir igual y exacta justicia para sí, es en un tribunal de justicia: un principio que supongo es tan viejo como la Carta Magna» (Enters contra Apfel, de 25 de junio de 1998) y se cita a menudo en las eruditas notas al pie de página del Tribunal^[332].

La Carta Magna se emplea con frecuencia de modo retórico, como figura del discurso o como sinécdoque que sustituye una ley por otra. A continuación todo lo que ha sido llamado «Carta Magna» por el Tribunal Supremo: la Ley de Habeas Corpus de 1679 (caso Yerger, de 25 de octubre de 1869; Perin contra Carey, de 22 de febrero de 1858; caso Pallister, de 19 de mayo de 1890; New York Fundling Hospital contra Gatti, de 3 de diciembre de 1906 y 23 de mayo de 1973), la Ley de Herencias (Jackson contra Chew, de 8 de febrero de 1827), las diez primeras enmiendas (Kepner contra EEUU, de 31 de mayo de 1904), la Constitución de EEUU (caso Brig Army Warwick, de 10 de marzo de 1863), una carta comercial (caso St. Nicholas, de 21 de marzo de 1816), la decimocuarta enmienda (caso Winship, de 31 de marzo de 1970), la Ley antitrust de Clayton (Allen Bradley contra el Sindicato Local de Electricistas núm. 3, de 18 de junio de 1945) y la Ley antitrust de Sherman. La ligereza retórica amenaza la coherencia legal de las cartas. Utilizar la Carta Magna como metáfora, para expresar «principio fundamental», por ejemplo, funciona en la medida en que sus disposiciones propiamente dichas son ignoradas.

La Carta Magna tiene un trasfondo étnico constante en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo asoció la Carta Magna con la nación en tanto familia, una familia inglesa llamada «madre patria» (Maxwell contra Dow, de 26 de febrero de 1900), que también podría llamarse «la raza inglesa», poseedora de privilegios «de un valor particular» recogidos en la Carta Magna. «La gente de este país trajo consigo hasta estas costas los derechos de los ingleses», como si no existieran pueblos nativos, africanos, irlandeses, judíos, hispanos o asiáticos; la Carta Magna constituía «su derecho de nacimiento» (Beckwith contra Bean, de 6 de enero de 1879). Charles Andrews, historiador profesional de primera fila del siglo XIX, escribió en 1903 una History of England [Historia de Inglaterra] para estudiantes de grado medio y superior en la que describía «el camino de un pueblo, cuya historia en su mayor parte es también la nuestra». Para él la Carta Magna «se ganó gracias a todas las clases de Inglaterra actuando en conjunto». En la década de 1960 este rasgo de etnocentrismo sería reemplazado por el tropo «el mundo angloparlante» (Republic Steel contra Maddox, de 25 de enero de 1965), lo que podríamos considerar «anglofonofilia»^[333]. Un destino teleológico global aguardaba a esta comunidad imaginaria formada por «los descendientes de los ingleses, que heredaron la tradición de la historia y la ley inglesas; pero había sido divisado para un futuro indefinido y en expansión, y para un pueblo formado de muchas naciones y lenguas distintas» (caso Oliver, de 8 de marzo de 1948; McGautha contra California, de 3 de mayo de 1971).

La Carta Magna es una fuente, una metáfora, un talismán étnico, un signo académico. Ocupa un lugar contradictorio en el derecho norteamericano. Para ser eficaz, la ideología de la clase dominante debe reconocer ciertas demandas de la clase dominada, ya que de lo contrario podrían generarse alternativas que desafiaran su preeminencia. Desde antiguo, la ley ha necesitado dotarse de una apariencia de justicia y proporcionalidad a pesar del surgimiento caprichoso de medidas autoritarias (véase la suspensión del habeas corpus o Guantánamo) o del ejercicio informal del terror de Estado (véanse las «redadas de Palmer»^[334] o el Ku Klux Klan). La diferencia expresa la extraña relación de la Carta Magna con el derecho estadounidense: familiar e indiferente, obsesiva y ornamental, fundamental e incidental. El Tribunal Supremo adaptó la Carta Magna a las instituciones y fuerzas sociales dominantes en EEUU: la propiedad privada, el comercio, el capitalismo y la esclavitud.

La clave para comprender la Carta Magna en EEUU es la propiedad privada. «Los derechos de libertad y propiedad individuales [son] los grandes principios de la Carta Magna» (Wilkinson contra Leland, de 23 de febrero de 1829). Blackstone declaró que la propiedad privada recibe mayor protección en la Carta Magna que en la Petición de Derechos (Bates contra Brown, de 18 de febrero de 1867). «Todos los Estados originales se pusieron de acuerdo para asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada. Y lo hicieron ya extrayendo, ya adaptando en sus términos, el famoso artículo XXXIX de la Carta Magna» (Reagan contra Farmer’s Loan & Trust Company, de 26 de mayo de 1894).

Todo sistema legal prevé que cualquier persona sea protegida en el disfrute de su propiedad, y que esta no le será sustraída sin una justa compensación. La primera enunciación, en la Carta Magna, garantiza que ningún hombre sea privado de su propiedad si no es mediante un «juicio por parte de sus iguales o por la ley del país»^[335].

«Sin la garantía de un “debido proceso” no se podría afirmar la existencia del derecho a la propiedad privada» (Ochoa contra Hernández y Morales, de 16 de junio de 1913)^[336]. EEUU comenzó como república burguesa y la Carta Magna habría de servir a sus propósitos. Durante las Guerras Napoleónicas, cuando el peligro en alta mar era notable y la seguridad en las rutas comerciales neutrales, dudosa, el Tribunal Supremo hizo mención en varias ocasiones a una disposición de la Carta Magna diseñada para proteger los intereses de los «mercaderes extranjeros»^[337]. EEUU era también un país capitalista. EEUU contra Topco Associates, de 29 de marzo de 1972, ha sido citado a menudo^[338]. El caso contempla una asociación de compra para veinticinco supermercados.

Las leyes antitrust en general y la Ley Sherman en particular constituyen la Carta Magna de la libre empresa. Son tan importantes para la conservación de la libertad económica y de nuestro sistema de libertad empresarial como la Declaración de Derechos lo es para la protección de nuestras libertades individuales fundamentales. Y la libertad que se garantiza a toda empresa, sin importar su tamaño, es la libertad de competir: de reivindicar con vigor, imaginación, devoción e ingenuidad cualquier fibra económica que pueda reunir.

La estadounidense era también una sociedad esclavista. La cláusula del debido proceso de la quinta enmienda fue utilizada por primera vez de manera sustantiva por Taney en el fallo sobre el caso de Dred Scott. ¿Puede la prohibición de introducir esclavos en un territorio privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso legal? El presidente del Tribunal Supremo Roger B. Taney falló que un esclavo «no poseía derecho alguno que el hombre blanco tuviera obligación de respetar» y argumentó que el debido proceso previsto por la quinta enmienda se aplicaba a la «propiedad» del esclavo^[339]. Los disidentes respondieron que esta restricción del poder legislativo «estaba tomada de la Carta Magna, que fue traída hasta América por nuestros antepasados como parte de sus libertades hereditarias» (Dred Scott contra Sandford, de 5 de marzo de 1857). Esta cuestión fue el catalizador de la Guerra Civil.

La decimocuarta enmienda, uno de los frutos legales de la Guerra Civil, reza:

Ningún Estado creará o aplicará ninguna ley que menoscabe los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de EEUU; tampoco privará Estado alguno a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal; ni negará a ninguna persona bajo su jurisdicción la igualdad de protección ante la ley.

Esta es la translación legal más relevante de la Carta Magna al derecho estadounidense. El Tribunal Supremo explica en al menos quince casos cómo la frase «debido proceso legal» se deriva de la frase «ley del país» (Eduardo III utilizó por primera vez esta última expresión para concluir el artículo XXXVIII en su confirmación de la Carta Magna en 1354)^[340]. La predilección por el medievalismo (una reacción estética ante la vida industrial, así como una especie de fantasía) funcionaba como una elusión evasiva de la esclavitud.

Los debates legislativos sobre la decimocuarta enmienda a menudo se referían a la Gran Carta.

Para el pueblo la declaración dice: «Tomad y conservad este vuestro certificado de estatus y legitimidad, la Carta Magna de vuestros derechos y libertades» […] Por su justa interpretación, se podría decir que estas enmiendas alcanzan la categoría de una nueva Carta Magna […] Este Tribunal consideró el debido proceso en su dimensión histórica, revisó su desarrollo como concepto de la ley angloamericana desde los tiempos de la Carta Magna hasta la adopción de la decimocuarta enmienda y concluyó que se pretendía que fuese un axioma flexible, sensible al pensamiento y la experiencia; experiencia que se refleja en un cuerpo sólido de opinión judicial, y manifiesta profundas convicciones que deben ser desplegadas^[341].

La Carta Magna se utilizó para mantener una paradoja central del derecho norteamericano, esto es, que las personas eran propiedad. La cláusula del debido proceso de la quinta enmienda se aplicó a los Estados a través de la decimocuarta enmienda. Pero en lugar de asistir a las personas liberadas como se pretendía, se convirtió en un medio para alentar un nuevo tipo de esclavitud a través de la expansión de la entidad de la corporación. En un principio la Carta Magna se utilizó para defender a los propietarios de esclavos, más tarde se utilizó para defender a los magnates del robo de la edad dorada. Estas distorsiones estadounidenses de la Carta Magna contribuyeron al uso del documento inglés como un elemento de continuidad entre el Estado esclavista y el Estado corporativo.

Los «casos del matadero», de 14 de abril de 1873, marcaron «un hito en la historia constitucional americana». Estos fallos judiciales rechazaron la opinión de que la cláusula de privilegios e inmunidades de la decimocuarta enmienda protegía los derechos descritos en la Declaración de Derechos^[342]. Durante la legislatura de Henry C. Warmoth [gobernador de Luisiana], se concedió el monopolio del sacrificio de ganado a una compañía de Nueva Orleans. El juez Campbell declaró que la decimocuarta enmienda «promulgaba el principio de laissez-faire en la Constitución americana» y, por ello, los tribunales no podían defender al hombre de negocios y al esclavo al mismo tiempo. Las leyes que interferían con el libre mercado violaban el fundamental debido proceso. «En el nombre del federalismo, la decisión hacía que la persecución de crímenes cometidos contra los negros resultara virtualmente imposible y daba luz verde a los actos de terror en los que los agentes locales no pudieran o no quisieran aplicar la ley»^[343]. Bradley y Field discreparon argumentando que la vocación o la profesión de una persona eran su propiedad, un razonamiento que se impondría a la larga. En los «casos Granger», por ejemplo, la representación legal corporativa consiguió litigar con éxito contra la regulación estatal sobre la base de la privación de la propiedad sin el correspondiente debido proceso.

A finales del siglo XIX una ajustada interpretación en los casos de derechos civiles junto con una interpretación más amplia en los casos corporativos permitieron que el uso del debido proceso legal (aquella idea clave de la Carta Magna) sirviera, en nombre del capitalismo corporativo, para mantener el racismo e intensificar la explotación. Durante la exposición oral del caso Santa Clara Company contra Southern Pacific Railroad Company, el fiscal general señaló que todos los miembros del Tribunal creían que la palabra «persona» era aplicable a las corporaciones. La corporación, personificada como sujeto jurídico, se convirtió en el epifenómeno principal de la clase capitalista mediante el cual las personas reales eran eximidas de responsabilidades mientras que la persona ficticia, incorporada, ganaba privilegios. El caso de Late Corp. of Church of Jesus Christ contra EEUU, de 19 de mayo de 1890, negaba:

[…] el derecho del gobierno de expropiar cualquier propiedad que individuos o corporaciones hayan adquirido legalmente. En las épocas más despóticas tales acciones eran consideradas como pura tiranía; han estado prohibidas en Inglaterra desde tiempos de la Carta Magna y en este país desde siempre. Resulta irrelevante el modo en que la propiedad haya sido legítimamente adquirida, sea mediante trabajo en cualquiera de los oficios de la vida, por regalo o descendencia, o por el uso lucrativo de una concesión^[344].

Las deliberaciones del Tribunal en el Income Tax Case [caso del impuesto sobre la renta] de 1895 constituyeron un ataque explícito contra el comunismo. El juez Field, un antiguo pistolero, navajero y buscador de oro en California durante la fiebre del oro, declaraba: «El ataque actual contra el capital es solo el principio. No será sino el primer escalón de otros mayores y más feroces, hasta que nuestra contienda política se convierta en una guerra de pobres contra ricos; una guerra que crecerá sin cesar en intensidad y dureza». En el caso Lochner contra Nueva York, en 1905, se decidió que la ley que establecía el máximo de sesenta horas laborales a la semana para los trabajadores de las panificadoras interfería con la libertad contractual entre patrón y empleado. La cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda fue extendida para incluir el derecho a realizar contratos. Si omitiéramos los pasos legales e históricos del razonamiento que vincula el artículo XXXIX de la Carta Magna con la quinta enmienda, y la decimocuarta con las leyes estatales que limitan las horas de trabajo en el sector de la panadería, nos encontraríamos que una cláusula destinada a erradicar la opresión ejercida por el rey ahora se utilizaba para oprimir al panadero. La legendaria oración del rey Juan (para que el precio del pan subiera de un penique a veinte) se cumplía al fin. Y encontramos este mismo razonamiento en subsiguientes casos: en el Child Labor Case [caso sobre el trabajo infantil] de 1918 se denegó al Congreso la posibilidad de legislar la restricción del trabajo infantil que también debía dejarse a la suerte del laissez-faire, y en Atkins contra Children’s Hospital, en 1923, el Tribunal Supremo recortó fulminantemente el salario mínimo para las mujeres adultas^[345].

El juez Hugo Black resumía la aberrante transformación de la decimocuarta enmienda como sigue:

Se pretendía controlar y limitar el poder del dinero y el privilegio. Debía ser una carta de libertades a favor de los derechos humanos y contra los derechos de propiedad. La transformación ha sido rápida y completa. Hoy funciona como protectora de los derechos de propiedad en detrimento de los derechos del hombre. Se ha convertido en la Carta Magna del capital organizado y acumulado^[346].

La contemplación de la historia de la Carta Magna parecía investir al Tribunal del valor necesario para realizar sus propios cambios:

Las palabras de la Carta Magna tenían un significado muy distinto en la época de la secesión de las colonias americanas de aquello que representaban originalmente […] La ley es un organismo social, y la evolución opera en el ámbito sociológico de la misma manera que en el biológico. La vitalidad y consecuentemente la validez de la ley no se ve menoscabada por las circunstancias de su origen. Aquello en lo que se ha convertido la Carta Magna es, en efecto, algo muy diferente de los propósitos inmediatos de los barones de Runnymede^[347].

El gráfico y la cronografía de las referencias a la Carta Magna por parte del Tribunal Supremo ilustran una tercera característica, concretamente la existencia de dos grandes lagunas. No hay prácticamente ninguna referencia en las dos primeras décadas de la historia de EEUU. Y se menciona una sola vez entre 1927 y 1940, el periodo de la Gran Depresión. La Carta Magna aun era citada a menudo en los casos de finales del siglo XIX, entre 1887 y 1903, y fue invocada con frecuencia en numerosos casos durante la segunda mitad del siglo XX; durante ochenta y un años ningún caso se refirió a ella, mientras que en los 49 anteriores fue citada muy a menudo.

No creo que las lagunas expresadas en el gráfico se puedan explicar por la lógica interna del derecho de EEUU, cuyas paradojas plantean un problema tras otro ante cualquier razonamiento directo. La primera laguna coincide con la expansión del régimen esclavista en el Sur mientras los estados mercantiles del Norte daban curso a su independencia de la banca y el comercio británicos. La segunda laguna refleja un periodo revolucionario de lucha de clases dirigido por el Partido Socialista, los IWW [International Workers of the World, Trabajadores Industriales del Mundo] y el Partido Comunista. Durante este lapso de tiempo, nos vemos obligados a buscar información fuera del ámbito jurídico, por ejemplo, en las representaciones culturales de la Carta Magna. Y es hacia ellas hacia donde nos dirigimos ahora.