Por «inyección letal»
El «informe científico» sobre la inobjetabilidad del registro genético fue colocado sobre el escritorio del Jefatural Supremo. Sin porcentaje de error, los séxtuples —en algún momento de nuestra realidad y tiempo— propenderían a la insurgencia contra los «poderes legítimamente constituidos».
El Jefatural Supremo, consecuentemente, firmó seis órdenes de muerte por «inyección letal».
Un bienfamado obstetra tuvo la responsabilidad oficial de realizar la incisión al vientre de la embarazada para extraerle, pública y prematuramente, los fetos que, «en nombre de la República y por Autoridad de la Ley», serían inyectados.