Así es como define el diccionario la palabra necesidad: «Aquello de lo que uno no puede prescindir».
¿Podemos prescindir de la independencia? Sí, podemos. Y el referéndum que no nos permiten celebrar debería servir para saber si queremos prescindir de ella o no. Pero cada vez que pienso en los problemas y los retos que tenemos planteados como sociedad, soy incapaz de imaginarme cómo podemos resolverlos sin las herramientas que proporciona el hecho de ser un Estado independiente, y sobre todo, sin la oportunidad que significa construir uno nuevo. Por eso creo que la independencia es una necesidad, porque considero que no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ella.
Cataluña tiene muchos problemas y muchos retos, y las herramientas con que cuenta para resolverlos son muy limitadas. La Generalitat, sea quien sea que la gobierne (subrayo esto, sea quien sea), es un gobierno con muy pocas herramientas, un gobierno subalterno, un gobierno de segunda división, sin competencias en la mayor parte de los temas clave o bien con ellas pero sin dinero para ejecutarlas y muy poca capacidad para generar recursos por sí misma. Veámoslo.
La Generalitat no recauda los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas de Cataluña. Bueno, mentira, recauda algunos impuestos testimoniales. Pero el IRPF y el IVA y el impuesto de sociedades, que son los tres pilares principales en los que se sustentan los ingresos de cualquier gobierno merecedor de este nombre, ni los huele. Tampoco recauda las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, la cuarta pata de los ingresos, la que se dedica de forma finalista a pagar las pensiones. Todo eso va directamente al gobierno español. Por lo tanto, tenemos un gobierno catalán absolutamente dependiente de las transferencias del gobierno de Madrid. Lógicamente, como no recauda los impuestos principales, la Generalitat tampoco tiene capacidad normativa sobre estos impuestos, o sea, no puede decidir subirlos o bajarlos. Y tampoco tiene competencia para inspeccionarlos, es decir, no puede combatir el fraude fiscal ni queriendo.
Es decir, Cataluña tiene un gobierno que no puede hacer política fiscal. No puede estimular la economía, o enfriarla si es necesario, bajando o subiendo los impuestos importantes; no puede redistribuir la riqueza porque no tiene la llave de la caja y el dinero le llega de Madrid asignado a partidas predeterminadas. Tenemos un gobierno que depende de las transferencias de otro para poder gobernar.
La Generalitat tampoco tiene el control de la política de infraestructuras. Por ejemplo: Barcelona, la segunda ciudad de España, ha tenido que esperar hasta 2009 para disponer del aeropuerto que necesitaba. No hemos podido construirnos nuestro propio aeropuerto, hemos tenido que esperar a que nos lo hicieran. Y, ahora que lo tenemos, no podemos gobernarlo en función de los intereses de la economía catalana, porque España es prácticamente el único país de Europa que tiene un gobierno centralizado de los aeropuertos a través de la empresa pública AENA. En los países europeos, los aeropuertos son entendidos no solo como herramientas de movilidad sino también de política económica, y por lo tanto se permite que compitan entre ellos, al servicio de sus territorios de influencia. El aeropuerto de Milán está gestionado por instituciones locales y compite con el de Roma, que también gobiernan instituciones locales. Lo mismo pasa con Fráncfort, Múnich y Berlín. Y así en todos los países.
Con las grandes construcciones ferroviarias nos pasa tres cuartos de lo mismo. En Europa alucinan con este tema. Estamos en 2014 y Cataluña, principal potencia exportadora de España, no tiene conexión ferroviaria de mercancías con Europa. No la tenemos porque no nos la hemos podido construir. Ni tenemos la competencia ni el dinero para ello. Hay que esperar a que nos la hagan. Pero no solo no nos la han facilitado, sino que los gobiernos españoles del PP y el PSOE han invertido cantidades astronómicas de dinero en líneas de AVE con un criterio político y antieconómico: que todas las capitales de provincia estén conectadas con Madrid en alta velocidad. Y mientras se aplicaba esta política que genera estupefacción alrededor del mundo, el Estado español pedía a Europa que en lugar de priorizar la financiación del corredor mediterráneo invirtiera el dinero en un corredor ferroviario central que pasara por Madrid (of course) y ¡agujereara los Pirineos por Jaca! En el anexo final te recomiendo un libro clave para profundizar en este tema.
Y en el transporte de pasajeros, ¿aquí sí que podemos incidir? Pues tampoco, porque el Estatuto de Autonomía (el recortado por el Congreso y el TC) nos da competencia sobre los trenes… ¡pero no sobre las vías! La Generalitat puede decidir qué compañía opera el servicio de cercanías, o sea, podría sacarle a Renfe el servicio y darlo a una compañía francesa, por ejemplo, o bien a la misma Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), pero no tiene jurisdicción para tocar las vías, ni las catenarias, ni las estaciones… es decir, no puede tocar nada de lo que podría mejorar realmente el servicio. No podría hacerlo ni aunque tuviese el dinero para ello, porque todo esto es competencia del Estado. Competencia que el Estado usa como usa. La desinversión en la red de cercanías de Barcelona es escandalosa, todos los usuarios lo sabemos. Y cuando se compara con la inversión en la red de cercanías de Madrid pasa de escandalosa a directamente ofensiva e hiriente.
Tenemos, por lo tanto, un gobierno que no puede ayudar a nuestras empresas a colocar sus exportaciones en un tren que vaya directamente hacia Europa y que tampoco puede ayudar a los ciudadanos a llegar puntuales a sus puestos de trabajo.
Cataluña tampoco puede arreglar, ni queriendo, los dramas de la justicia. El poder judicial en España está completamente centralizado. Hay pocas figuras más decorativas que la del conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Si recibe transferencias de Madrid, puede pintar las paredes de los juzgados y comprar ordenadores a los funcionarios, puede que con un poco de suerte consiga construir juzgados nuevos, pero que la justicia funcione o no es cosa de Madrid. Igual que el Código Penal, que atañe a Madrid. Hipercentralización.
Y el drama de los desahucios, ¿podemos solucionarlo? No, porque es el Congreso de los Diputados el que aprueba la ley hipotecaria. Y el tema del aborto, ¿podemos afrontarlo según los valores mayoritarios de la sociedad catalana? No, la ley del aborto la elabora el Congreso de los Diputados. ¿Quizás podríamos facilitarles la vida a los autónomos? No, la regulación del régimen de autónomos corresponde al Estado. Subir las pensiones de nuestros jubilados, en eso sí podemos intervenir, ¿no? Tampoco. Ni subirlas ni congelarlas ni bajarlas, es competencia de Madrid. Y defender directamente los intereses de nuestros sectores productivos en la UE, ¿podemos hacerlo? No, la UE es un club de Estados, no de regiones, y sí que es cierto que algunos Estados permiten a sus regiones una interlocución directa con Europa en determinados temas de su competencia, pero no es el caso del Estado español.
Llegados a este punto, quizás me preguntarás: «De acuerdo, no tenemos el control de nuestros impuestos, no podemos incidir seriamente en la redistribución de la riqueza para disminuir las desigualdades sociales, no podemos construirnos las grandes infraestructuras que necesitan nuestras empresas y tampoco podemos mejorar nuestra red ferroviaria de cercanías para favorecer la movilidad de la gente que cada día va a trabajar, no podemos actuar para arreglar el funcionamiento de la justicia, ni podemos tener un Código Penal propio, ni regular el aborto, ni detener los desahucios, ni ayudar a nuestros autónomos, ni subir las pensiones de nuestros jubilados, ni defender nuestros sectores productivos ante las instituciones europeas… Pero seguro que podemos hacer otras cosas importantes, ¿no? Los hospitales, las escuelas…».
Es verdad, la Generalitat no es un gobierno inválido. Es un gobierno con la movilidad muy reducida, pero no es inválido. En algunas cosas, además, hay que reconocer que teníamos las herramientas para gobernarnos y no las hemos usado. El caso más claro es el de la ley electoral. Tenemos derecho desde 1979 a hacer nuestra propia ley electoral. En Cataluña, por ejemplo, podríamos tener listas abiertas y circunscripciones electorales diferentes en las provinciales, y los partidos políticos catalanes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para redactar una ley electoral catalana. Es una de las grandes vergüenzas de nuestro autogobierno. Pero este árbol no puede impedir que veamos el bosque entero.
Y la fotografía del bosque entero nos dice que la Generalitat es sencillamente un gobierno autonómico, que mientras la economía ha ido bien ha podido aparentar ser mucho más de lo que era, y que durante 37 años (se restableció en 1977) ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal, pero que en general ha contribuido, como gobierno auxiliar del gobierno principal, que es el español, al progreso y al bienestar de los catalanes. Pero cuando el país ha entrado en un periodo de dificultades graves, ha quedado desnudo ante los ciudadanos como lo que es: un gobierno pequeño y con muy poco margen de maniobra que no tiene la caja de herramientas que poseen los gobiernos de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, de Austria o de Noruega, por citar países europeos que son más o menos de nuestro tamaño y que se apañan mucho mejor que nosotros.
Cuando nos preguntamos por la independencia, por lo tanto, nos estamos formulando básicamente esta pregunta: como sociedad, ¿queremos tener la misma caja de herramientas para afrontar nuestros retos que tienen Dinamarca, Holanda o Austria para afrontar los suyos? ¿O consideramos más conveniente que la caja de herramientas continúe en manos de los gobiernos españoles que vengan en el futuro? O dicho de otra forma: ¿queremos responsabilizarnos de nuestro futuro, o preferimos continuar echándole la culpa a Madrid de todos nuestros males?