El Instituto para las Obras de Religión no puede ser sometido a registros ni a escuchas telefónicas; sus empleados no pueden ser interrogados, ni sus directivos llamados a declarar ante ninguna comisión, ni sus operaciones vigiladas por ninguna autoridad monetaria internacional. Si cualquier Estado del mundo quiere llevar a cabo alguna de estas acciones, debe enviar una solicitud a la autoridad pertinente en el Estado-Ciudad del Vaticano y en el cien por cien de los casos, la petición será rechazada. Así funcionan el Vaticano y el IOR.
Respecto a este asunto, se cuenta una historia en la Santa Sede: una noche, en Jerusalén, una prostituta señala a Pedro y le dice: «Tú eres un seguidor del nazareno», a lo que Pedro responde: «¿A qué se refiere?». Esa misma noche nacía la diplomacia vaticana, que seguirá actuando del mismo modo durante los siglos siguientes. La Santa Sede jamás rechazará una petición formal, jamás pronunciará la palabra «no», pero dará respuestas muy escuetas, no contestará, o sencillamente, como en el caso del apóstol Pedro, lo hará de manera parcial.
El Estado Vaticano es el único país del continente europeo que nunca ha firmado un tratado sobre asistencia judicial. Tampoco ha ratificado el llamado Protocolo en Materia Penal de Estrasburgo de 1978, ni acuerdos bilaterales con Italia, como, en cambio, sí lo ha hecho la República de San Marino.
En 1996, por orden de Juan Pablo II, la Santa Sede impuso que el IOR adoptase los principios establecidos por el FATF (Financial Action Task Force)[58], el órgano creado en 1989 para promover de forma efectiva la implementación de medidas legales, regulatorias y operacionales con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero la orden del Sumo Pontífice no llegó con la suficiente fuerza a los sectores vaticanos que debían hacerla posible, y puesto que la petición se hizo a modo independiente, no hay previsto ningún tipo de control de las operaciones del IOR por parte del FATF[59].
Esto ha supuesto una especie de «patente de corso» para la Santa Sede, el IOR y sus funcionarios, poco dados a la transparencia, y ha facilitado el movimiento a través de sus cuentas cifradas de clientes poco recomendables, incluidos estafadores internacionales, como Martin Frankel, miembros de Cosa Nostra, como el padrino Matteo Messina Denaro, o blanqueadores de dinero, pero también de organizaciones políticas y personajes con idearios cercanos a los intereses vaticanos.