El jueves 23 de septiembre de 2010 estallaba una nueva bomba informativa relacionada con el IOR. Un juez de Roma ordenaba la incautación de 23 millones de euros de una cuenta corriente, a nombre del IOR, en el Banco Artigiano. El dinero estaba paralizado desde noviembre de 2007 debido a que las autoridades monetarias de la Santa Sede se habían negado a informar al Banco de Italia sobre su procedencia. Nuevamente, las oscuras gestiones del Banco Vaticano volvían a poner en serios apuros no solo a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, y a su director general, Paolo Cipriani, sino también al propio Sumo Pontífice Benedicto XVI. En ese momento, Gotti Tedeschi, el «banquero de Dios» amigo personal del papa, declaró: «Estoy humillado. Alguien quiere golpear al Vaticano y por eso me golpean a mí. Han usado un mero error burocrático para atacar al IOR, a su presidente y al Vaticano». Como había hecho en infinidad de ocasiones, el Vaticano se servía del victimismo y de la persecución religiosa para evitar dar explicaciones.
La Santa Sede se vio obligada a emitir un nuevo comunicado oficial el mismo día, saliendo al paso de la decisión judicial y de una amplia información aparecida el día anterior sobre el IOR en el prestigioso diario The Financial Times. El rotativo británico volvía a acusar al Banco Vaticano de esconder demasiados secretos y de continuar con su política oscurantista respecto a dejar de ser un banco offshore para convertirse en un «banco blanco», tal y como había ordenado el papa Benedicto XVI. La nota de prensa, firmada por el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, y enviada al rotativo económico británico como «carta al director», decía así:
Ayer, el IOR volvió al centro de la atención de los medios de comunicación internacionales con motivo de una investigación, por sorpresa, de la Fiscalía de Roma.
Dado que las actividades del IOR se desarrollan en un ámbito internacional y que su presidente es una figura muy respetable y bien conocida en el mundo de las finanzas internacionales, es conveniente que yo, como responsable de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, haga una aclaración para evitar que se difundan informaciones inexactas y que se causen daños a las actividades del Instituto o a la buena reputación de sus directivos.
El IOR no es un banco en el sentido estricto del término. Es un instituto que administra los bienes de las instituciones católicas, cuyo objetivo es apostólico caritativo a nivel internacional. El IOR está situado en el territorio de la Ciudad del Vaticano, es decir, fuera de la jurisdicción y vigilancia de los diversos bancos nacionales.
Debido a su especial estatus, su posición en el sistema financiero internacional y sus reglamentos requiere una serie de acuerdos, en particular a la luz de las nuevas normativas establecidas por la Unión Europea para la prevención del terrorismo y del blanqueo de dinero, para establecer los procedimientos necesarios de modo que la Santa Sede sea incluida en la lista blanca.
Desde el día de su nombramiento, de acuerdo con el mandato explícito de las más altas autoridades del Vaticano y del Comité de Inspección del IOR, el presidente Gotti Tedeschi se está dedicando con gran empeño a asegurar la absoluta transparencia de las actividades del IOR y su respeto de las normas y procedimientos que permitan incluir a la Santa Sede en la lista blanca. Para ello, los contactos con el Banco de Italia, con la Unión Europea y con los organismos internacionales competentes —la OCDE y el GAFI— son intensos y fructíferos.
Por eso, la Secretaría de Estado vaticana, en el comunicado oficial del pasado martes, manifestaba su perplejidad y asombro por la investigación de la Fiscalía de Roma, que ha tenido lugar precisamente cuando esa tarea y esos contactos estaban en marcha, con la mejor buena voluntad de llegar pronto a soluciones estables[70].
El miércoles 20 de octubre, la Fiscalía de Roma no solo rechazaba el recurso del IOR y mantenía la congelación de los veintitrés millones de euros, sino que además, extendía su investigación a otras operaciones que las autoridades monetarias italianas consideraban «claramente sospechosas». La más importante se había realizado a través del IOR el 18 de noviembre de 2009 y se refería al ingreso de un cheque por valor de 300 000 euros en una cuenta del Banco Vaticano en el Unicredit. El nombre que aparecía en el cheque era el de una tal Maria Rossi. El IOR explicó que la mujer era la madre de un sacerdote funcionario vaticano, pero los investigadores descubrieron que la mujer no existía y que el origen del dinero procedía de una cuenta numerada en un banco de la República de San Marino.
Otra operación investigada por la Fiscalía de Roma fue la realizada por el IOR cuando este retiró de una de sus cuentas en el Intesa Sanpaolo la cantidad de 600 000 euros. Cuando las autoridades monetarias italianas pidieron explicaciones sobre el destino de ese dinero, el IOR se limitó a decir que era para las «misiones religiosas». Las alarmas saltaron en el Banco de Italia y en la Fiscalía de Roma cuando se descubrió que esta cuenta había transferido capital en un solo año por valor de 140 millones de euros. Uno de los principales beneficiados habría sido el religioso Evaldo Biasini, famoso testaferro en el IOR de varios constructores romanos. Estas operaciones fueron autorizadas por Giovanni Bazoli, presidente del Consejo de Intesa Sanpaolo y uno de los miembros del equipo encargado por el Gobierno italiano para rescatar el Banco Ambrosiano tras el escándalo Calvi. Más tarde, Bazoli aparecería en un documento secreto como el donante de 25 000 euros a obras de caridad. El cheque había sido enviado al secretario de Benedicto XVI, monseñor Georg Gänswein.
Tras los escándalos en los que se estaba viendo involucrado el IOR, el Sumo Pontífice decidió lanzar, el 30 de diciembre de 2010, la Carta Apostólica en forma de Motu proprio sobre la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el ámbito financiero y monetario y adoptada como ley por el Estado Vaticano, conocida desde ese mismo momento como «Ley CXXVII» (127/2010)[71]. En el documento papal, Benedicto XVI establecía cuatro puntos claros que debían acatar las autoridades financieras de la Santa Sede como leyes emanadas de la «ley 127»:
a) Establezco que la citada Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y sus futuras modificaciones tengan vigencia también para los dicasterios de la Curia romana y para todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede donde estos desarrollen las actividades a las que se refiere el art. 2 de la misma Ley.
b) Constituyo la Autoridad de Información Financiera (AIF) indicada en el artículo 33 de la Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo, como Institución vinculada a la Santa Sede, a tenor de los artículos 186 y 190-191 de la Constitución apostólica «Pastor Bonus», confiriéndole la personalidad jurídica canónica pública y la personalidad civil vaticana y aprobando sus estatutos, unidos al presente motu proprio.
c) Establezco que la Autoridad de Información Financiera (AIF) ejerza sus funciones respecto de los dicasterios de la curia romana y de todos los organismos y entes a los que se refiere la letra a).
d) Delego, limitadamente a las hipótesis delictivas de las que trata la citada Ley, a los órganos judiciales competentes del Estado de la Ciudad del Vaticano a ejercer la jurisdicción penal respecto de los dicasterios de la curia romana y de todos los organismos y entes referidos en la letra a).
Tras la proclamación de la Carta Apostólica o «Ley CXXVII», la Secretaría de Estado comunicaba las cuatro nuevas leyes emanadas en virtud de la Convención monetaria entre el Estado-Ciudad del Vaticano y la Unión Europea:
— Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo.
— Ley sobre el fraude y la falsificación de billetes y monedas en euros.
— Ley sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, sustitución y retirada de billetes en euros y sobre la aplicación de medidas contra la reproducción irregular de billetes en euros y sobre la sustitución y retirada de billetes en euros.
— Ley sobre la cara, los valores unitarios y las especificaciones técnicas, así como la titularidad de los derechos de autor sobre las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación.
El resto del documento, firmado por el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone y constituido por ocho puntos, venía a confirmar lo que debería ser desde ese momento la nueva forma de actuar del IOR. De esos ocho puntos enmarcados en la comunicación de la Secretaría de Estado y ratificados por la «ley 127» a finales del 2010, en julio de 2012 no se habían cumplido ninguno.