El 7 de febrero de 2004 el periodista Robert Anglen publicó una nota en el Arizona Republic, cuyo contenido fue reproducido por más de seis diarios en los estados fronterizos de Estados Unidos y México. Ya no era éste un asunto de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo; se había convertido en una nota de corte internacional que volvió a poner a Cancún en el mapa periodístico estadounidense. Las notas estaban relacionadas con el negocio del turismo, mas no el oficial que enorgullece al Estado mexicano. Se exhibe, por primera vez en la historia de Cancún, una realidad escondida durante años: el turismo sexual infantil y la existencia de una red de pornografía infantil relacionada en forma directa con el lavado de dinero de hoteleros reconocidos, la corrupción y el encubrimiento de autoridades mexicanas.
El caso Succar evidenció los efectos secundarios de la ley Megan, aprobada en Estados Unidos en 1996. Dicha ley permite que el nombre y la fotografía de todo estadounidense abusador sexual de menores se exhiban en un registro público y que cualquier ciudadano o ciudadana tenga acceso a este registro, incluso por internet. Y surgió a raíz de que un que salió de prisión por buen comportamiento vio1ó y asesinó a su vecina de ocho años, una niña llamada Megan. Los padres de la criatura lograron que se aprobara dicha ley, argumentando que si hubieran sabido quién era el vecino jamás le hubiesen permitido acercarse a su hija esta no hubiera muerto.
La ley Megan, según especialistas como Dean Boyd, de la Agencia de Migración de Estados Unidos, implica que los usuarios de la prostitución infantil forzada han buscado nuevas rutas para cometer su delito. México está muy cerca y los paquetes desde California, Texas y Arizona cuestan mil trescientos dólares, precio que incluye transportación, hospedaje y la participación en «una fiesta sexual con niñas y niños menores de quince años». Gracias a esa ley la fotografía de Jean Succar Kuri puede ser vista en el sitio www.Hallofshamemugshots.com
El U.S. Marshal de Arizona reportó: «Un fugitivo internacional acusado de organizar fiestas pedófilas en México, en las cuales los clientes pagaban por tener sexo con menores incluso seis años de edad, acaba de ser arrestado en Chandler, Arizona». Describe a Succar Kuri como un mexicano que vive en California, que es propietario de restaurantes y líder de una red de prostitución infantil forzada. Un equipo de U.S. Marshals de Phoenix, Arizona, vigiló durante siete días los movimientos de las personas que acudían a una casa marcada con el número 1100 de West Borrow Drive. Allí se había escondido Jean Thouma Succar Kuri, ciudadano libanés nacionalizado mexicano por matrimonio, pero que a la vez es residente estadounidense, portador de una greencard desde 2000, con domicilio propio en Los Ángeles, California.
Mediante la policía internacional, Interpol, el gobierno de Quintana Roo, junto con la Procuraduría General de la República, solicitaron la búsqueda y aprehensión de este sujeto por el delito de corrupción de menores y posible pornografía infantil y lavado de dinero.
Esa tarde Succar Kuri, de cincuenta y nueve años de edad, fue detenido por dos patrullas de la policía que portaban una orden de aprehensión. Se encontraba en la esquina de la avenida que sale a West Borrow Drive, en un semáforo en alto. Cuando fue abordado por el U.S. Marshal se mostró nervioso en grado sumo, tardó mucho en sacar su identificación e insistió en un inicio en ser ciudadano estadounidense, propietario de restaurantes en California. Por fin accedió al arresto sin complicaciones.
—Hemos buscado a este hombre por todas partes —aseveró David González, investigador perteneciente al cuerpo del U.S. Marshal—. Éste es el tipo de sujeto criminal que se convierte en prioridad para nosotros, a cualquier tipo que abuse de niños lo consideramos basura.
John Clark, inspector en jefe de la Fuerza Especial (Special Task Force) del U.S. Marshal, aseguró:
—Los investigadores concluyeron que Jean Succar estaba utilizando un sistema de enrrutado de telefonía celular sumamente sofisticado y costoso que enviaba señales hasta Alemania, de allí al Pacífico Sur, para que la llamada llegara a México sin saber a ciencia cierta la localización geográfica del pederasta.
—Son los equipos que utiliza el narco —asegura un agente de la AFI—; si era sólo un hombre enamorado de una niña, ¿de dónde tanta sofisticación en su estrategia de huida? ¿Quién lo protegió?
El giro de los eventos no se hizo esperar. A principios de diciembre de 2004, en un operativo especial de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO) en Cancún, Hernández Castrillón fue detenido por encubrir la entrada de narcotraficantes al estado de Quintana Roo. Esa misma semana apareció entre sus documentos un oficio, fechado luego de la detención de Succar en Arizona y firmado por el diputado Miguel Angel Yunes, en el cual el legislador ex priísta de Veracruz solicitaba al delegado de la PGR «la no acción penal contra él por las falsas acusaciones de las víctimas en el caso Succar».
Fuentes de la PGR de Quintana Roo aseguran que después de que el ex delegado recibiera ese documento, comenzó a poner trabas a la investigación, ya muy avanzada, del caso Succar, en especial en lo referente al lavado de dinero y los nexos con el crimen organizado. Una ex colaboradora de Hernández Castrillón (ahora también detenida por corrupción) aseguró a la autora que, a partir de la detención de Succar, el «jefe recibió tres llamadas del senador Emilio Gamboa Patrón, solicitándole que no dejara que los infundios de esas niñas siguieran adelante». No se sabe cuál fue la respuesta del delegado.
En esas fechas el abogado Sidharta Andrade le presentó su renuncia a Succar Kuri. El argumento del joven litigante era muy sencillo: su cliente le aseguró que jamás violó a ninguna menor, que él en realidad se había enamorado de Emma y que todo era un complot en su contra.
De acuerdo con Andrade, resulta imposible defender a alguien que le miente a su defensor. Además, en entrevista concedida durante la realización de este libro, Sidharta Andrade y su hermano Edmar, también abogado de Succar, afirmaron que jamás defenderían a un pederasta. De igual manera, que las circunstancias y su conocimiento de las acciones previas de Leidy Campos, así como de la relación laboral de su cliente con el subprocurador Miguel Angel Pech Cen, indicaban que podía, en efecto, haber una intriga perversa.
Más tarde Succar se vengaría de los Andrade por medio de su nuevo abogado, un conocido litigante de las mafias llamado Joaquín Espinosa, quien trabajara para el ex gobernador Mario Villanueva Madrid (hoy preso en Almoloya por proteger y coadyuvar al fortalecimiento del narcotráfico en Quintana Roo). Según el acusado, los Andrade cobraron por su trabajo con tres villas de Solymar, ya que el padre de los abogados, Gabino Andrade, tenía aún un poder amplio para realizar negociaciones a nombre de Succar Kuri. Los jóvenes, en denuncia penal contra Joaquín «Guacho» Espinosa, aseveran que éste los amenazó de muerte y, más tarde, se presentó con un grupo de matones en las Villas Solymar donde se encontraban Sidharta y Edmar, y los balacearon, propinándole a uno de ellos una golpiza.