La noche del 8 de enero de 2004 Miguel Ángel Hernández Castrillón, delegado de la Procuraduría General de la República en Cancún, concedió la primera entrevista en la que admite el tipo de pruebas recabadas durante la investigación, pruebas que demuestran que Succar Kuri elaboraba videos pornográficos con sus víctimas.
Hernández Castrillón señaló que los videos, los cuales contienen escenas pornográficas y testimonios de menores de edad que confirman la participación en esos hechos de personajes públicos, ya están en poder de la PGR. Confirmó lo que hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo aún negaba de manera tácita: que la policía cibernética de la PFP llevó a cabo una serie de investigaciones en noviembre y diciembre de 2003 en páginas de internet para constatar si el implicado Succar Kuri está relacionado con la pornografía infantil.
La delegación de la PGR en la entidad ratificó tener en su poder varios videos que involucran a ex funcionarios públicos y políticos en la red de pornografía infantil que encabezaba el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri. El funcionario aceptó en público que los videos habrían sido grabados por el aún prófugo Succar Kuri y mencioné que en las cintas aparecen nombres de funcionarios y políticos de los tres niveles de gobierno, así como de acaudalados empresarios que habrían asistido a las reuniones organizadas por el presunto pederasta de Cancún. Agregó que las personas involucradas en las cintas serían citadas a declarar, para escuchar sus testimonios personales y deslindar responsabilidades, «independientemente de los cargos políticos o empresariales que ocupen».
Justo un año después, en diciembre de 2004, Miguel Ángel Hernández Castrillón, delegado de la Procuraduría General de la República en Cancún, fue detenido y trasladado a la Ciudad de México bajo sospecha de haber encubierto la entrada de narcotraficantes a Quintana Roo. Pero antes de que esto sucediera, el delegado hizo varios intentos sutiles para detener la investigación. Una vez, según testigos presenciales, mandó llamar al ministerio público para explicarle que su agencia «no era competente en el caso». En otra ocasión —informa una ex funcionaria de la PGR en ese tiempo— «Hernández Castrillón recibió un fax en papelería oficial del diputado Miguel Ángel Yunes Linares ‘solicitando la no acción penal contra él». Sin embargo, los intentos del delegado por desvanecer el caso fueron infructuosos. Ya había demasiadas miradas sobre él para conseguirlo.
Un policía judicial ofreció a varios periodistas una copia del video de esa fiesta que estaba en poder de la PGR. Pedía veinte mil dólares. En él, según el sujeto, se encuentran todos los personajes aquí mencionados y más.
El diputado Yunes Linares enfrentaba suficientes problemas para necesitar lo que él denomina «una falsa acusación». Al tiempo que estas declaraciones salían a la luz, Yunes Linares se topaba con una guerra al interior del partido que oficialmente controlara la política nacional durante setenta años, el PRI. Este partido, que lo albergó desde los inicios de su carrera política en su natal Veracruz, se dividió en dos grandes bandos, uno comandado por el cacique de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien pretende ser el candidato para la Presidencia de México en 2006, y otro comandado por la sindicalista Elba Esther Gordillo, gran amiga de Marta Sahagún de Fox y de su esposo, el presidente Vicente Fox. A este segundo grupo pertenece Yunes Linares.
En tanto se especulaba sobre la posible participación de Yunes Linares en las fiestas donde se explotaba sexualmente a menores de edad en casa de Johny Succar, él se opuso a un ala de su partido y renunció al PRl. Más tarde se acercó, junto con Elba Esther, al presidente Fox. Su lideresa había negociado, por debajo de la mesa, durante meses con el presidente Fox para dividir el voto del PRI dentro de la Cámara de Diputados y favorecer las acciones del PAN y del propio Fox; al mismo tiempo se negociaban puestos de poder y las probables candidaturas a la Presidencia de la República para las elecciones de 2006. Así, Yunes Linares declaró que el documento de la PGR en el que se le mencionaba era apócrifo y que todo se reducía a un asunto «político». Por consiguiente, se negó a volver a tocar el tema. Ya se negociaba con el presidente Fox el puesto de subsecretario de Seguridad Pública y Prevención del Delito para Yunes Linares.