El 21 de noviembre de 2003, por la tarde, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, hizo su primera aparición pública en las recién estrenadas oficinas de la delegación de la IR en la ciudad de Cancún para referirse al caso Succar. Con el rostro prácticamente inexpresivo cuidó las primeras palabras que dirigió a la prensa.
—La Agencia Federal de Investigaciones y la Interpol trabajan en la ubicación del pederasta Jean Thouma Hanna Succar Kuri, a quien se le integra, además, un expediente por presunto lavado de dinero.
En la sala de prensa hizo eco el murmullo de preguntas. Las y los periodistas presentes llevaban más de treinta días reflejando en los medios locales historias encontradas; publicaron fotografías en las cuales se exhibían los rostros claros de las niñas víctimas de abuso, así como retratos de sus progenitoras. Al mostrar las fachadas de los hogares de las familias se evidenciaba ante los vecinos quiénes eran las madres de las víctimas, a las que se juzgaba de antemano por haber —supuestamente— entregado a sus hijas al pederasta. Fuera de algunas notas formales del diario La Voz del Caribe, hasta ese día las especulaciones de la prensa y la opinión pública demostraban una lucha confusa e infructuosa entre el subprocurador de la policía judicial de la zona norte, Migue1 Ángel Pech Cen, y la subdirectora de Averiguaciones Previas, Leidy Campos Vera, contra las organizaciones civiles que ofrecieron protección a las víctimas, en particular contra Emma, la joven que tuvo la valentía de denunciar al pederasta que años atrás le arrebatara su infancia.
El procurador Macedo de la Concha puso fin a las especulaciones de lo que para muchos era un «simple» caso local un hombre de sesenta años con predilecciones sexuales por algunas menores. Aunque cauteloso, abrió la puerta al tema de la investigación referente a los nexos de Succar Kuri con el crimen organizado y una probable red de pornografía infantil.
—Tenemos que esperar —afirmó—, vamos a no especular a tener las bases más sólidas, pero eso sí, no quedará ningún espacio que deje de investigarse y actuaremos con todo el rigor de la ley. Hay datos, hay elementos, hay evidencias, pero yo creo que es responsabilidad del ministerio público cuidar las reservas de la investigación para evitar que haya especulaciones (aunque el ministerio público del estado había expuesto todas las pruebas y ventilado copias de las declaraciones de las menores).
Ante la pregunta de si la PGR tenía indicios de los supuestos nexos de Succar Kuri con políticos, unos locales, como Alejandro Góngora Vera —quien fuera director de Fonatur en Cancún y más tarde regidor del Ayuntamiento—, y otros de gran envergadura nacional, como el diputado priísta Miguel Ángel Yunes y el senador Emilio Gamboa Patrón —quien fuera secretario de Estado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y que actualmente ejerce gran poder como operador político del PRI en el país—, el procurador aseguró:
—La Interpol está actuando en el caso y trabaja en coordinación con la Procuraduría estatal para que no quede impune este tipo acciones tan lamentables. El ministerio público agotará todos los elementos que sean necesarios con sumo cuidado, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas y, desde luego, con atención a las víctimas.
A pesar de sus declaraciones, impregnadas de un claro tinte demagógico, la guerra entre la Procuraduría de Justicia del Estado y la PGR ya había comenzado. Los agentes de esta última institución que dieron inicio a la investigación ya habían expresado su desconfianza por la manera en que Succar se dio a la fuga y la —para ellos— «sospechosa ineficacia» de la policía judicial para detenerlo de inmediato.
La visita del procurador no respondía en específico al caso Succar; el día anterior había signado un convenio con el gobernador Joaquín Hendricks Díaz y el entonces alcalde Juan Ignacio García Zalvidea para establecer dos nuevas agencias ministeriales en Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. Macedo de la Concha hizo estas declaraciones unos días después de que el gobernador del estado regresara de un viaje, por lo que ignoraba, según aseguró en entrevista en la casa de gobierno ubicada en la zona hotelera, la versión de la procuradora de Justicia del estado, Celia Pérez Gordillo.
Mientras tanto, el estado psicoemocional de Emma era frágil. Temía por su vida; había recibido amenazas de muerte tanto de Succar como de Gloria Pita, pero también, aunque veladas, varias llamadas de Leidy Campos amenazándola.
Emma voló a la Ciudad de México protegida por personal del CIAM Cancún. Llegaron al sótano del edificio que alberga a la Agencia Federal de Investigaciones, con Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol en México. Allí la joven explicó toda su situación y solicitó protección de esta institución pues, según aseguró, se sentía presionada por Succar Kuri para retirar la demanda penal. Quedó resguardada en un departamento del Distrito Federal con protección las veinticuatro horas del día.
Transcurrió el mes de diciembre. En tanto las víctimas recibían protección de las ONG, el DIF municipal, coordinado por la procuradora de la Familia, Maribel Villegas Canché, abría una guerra frontal contra dichas organizaciones, argumentando que el DIF era quien debía cuidar a las y los menores, separándolos de sus madres porque éstas eran «dañinas» para ellos. En esta guerra de declaraciones participaban en forma activa Leidy Campos y la maestra de formación moral, Paulina Arias.