Hacia la dictadura soviética
El caso Nin y el proceso del POUM no sólo no debilitaron la fuerza creciente del PCE en la España controlada por el Frente Popular, sino que en buena medida constituyeron un nuevo jalón en el avance ya indiscutible hacia la implantación de una dictadura comunista satélite de la URSS. En el curso de los meses siguientes, semejante trayectoria seguiría el mismo patrón que había seguido en Rusia desde octubre de 1917 y que seguiría en la Europa del Este después de la segunda guerra mundial, es decir, se desarrollaría sobre tres líneas de acción concretas: la eliminación de los que hasta entonces habían sido aliados pero ahora resultaban incómodos, el control de las fuerzas armadas y el dominio de los aparatos de seguridad del Estado que se ocuparían de funciones de represión. Todos y cada uno de estos aspectos —que, en realidad, habían comenzado a estar presentes desde el verano de 1936— se acentuaron a partir de mayo de 1937.
Por una de esas paradojas en que, a veces, resulta tan pródiga la Historia, una de las primeras víctimas del avance comunista fue el socialista Indalecio Prieto. Ardiente partidario de la insurrección armada antes del advenimiento de la República y, de manera muy especial, durante la sublevación de octubre de 1934, en 1937 había sido uno de los artífices de la caída de Largo Caballero en clara colaboración con el PCE. Semejante cambio político le permitió convertirse en ministro de la Guerra y llevar a cabo una serie de reformas que, presumiblemente, garantizarían la victoria republicana[342]. A esas alturas, seguramente creía en la posibilidad de conservar la independencia, e incluso la supremacía, del PSOE, ahora con él al mando, en la España del Frente Popular. La realidad se encargaría de desengañarle amargamente. Por un lado, descubriría vez tras vez la imbatibilidad del ejército enemigo y, por otro, no tardó en darse cuenta de que el peso de la URSS en la política de la España republicana impedía totalmente la existencia de un gobierno independiente. A pesar de sus no escasas concesiones a las imposiciones soviéticas, Indalecio Prieto acabó cayendo ante las presiones comunistas que, como ha sido siempre habitual en esta fuerza política, vinieron acompañadas de una notable campaña propagandística[343]. Por supuesto, la verdadera naturaleza de estos ataques no escapó al ministro socialista, pero su propio informe al Comité Central del PSOE sirvió para poco más que para levantar acta pública de lo que ya llevaba tiempo sucediendo en la España del Frente Popular[344]. Así, a finales de 1937, Indalecio Prieto dejó de ser ministro de Defensa Nacional y el autodenominado Gobierno de la Victoria —mal nombre puesto que sólo cosechó terribles fracasos militares— desapareció dando lugar a otro nuevo que recibiría el sobrenombre de Gobierno de la Unión Nacional. En él iban a estar representados todos los partidos del antiguo Frente Popular —sin el POUM, claro está— y las dos centrales sindicales a la vez que se aumentaba el número de ministros republicanos para dar una apariencia de moderación ante la opinión pública internacional. Sin embargo, la realidad no podía ocultarse. Negrín se convertía en el hombre fuerte indiscutible no sólo porque mantenía la presidencia del gobierno sino además porque asumía la cartera de Defensa Nacional. Por si fuera poco, la cartera de Estado quedaba en manos del socialista Julio Alvarez del Vayo, un agente soviético al que ya nos hemos referido al relatar el episodio del asesinato de Robles a manos de los comunistas. Por su parte, el PCE obtenía la cartera de Agricultura, esencial para el esfuerzo propagandístico, a través del ministro Orive.
El nuevo gabinete no iba a tardar en otorgar una supremacía militar casi absoluta a los comunistas. De hecho, cuando se constituya el Ejército del Ebro —protagonista de la batalla más cruenta de la guerra— los tres cuerpos de ejército estarán dirigidos por mandos comunistas, y lo mismo se podrá decir de la mayoría de los mandos y el comisariado de las grandes unidades. Incluso los mandos de división estarían en buena medida en manos de los comunistas. Si las divisiones 44 y 16 eran mandadas bajo sindicalistas y la 56 se hallaba a las órdenes del teniente coronel Gómez García que carecía de filiación política, el resto —divisiones 3, 35, 42, 11, 45 y 46— se encontraban bajo el mando de comunistas como Esteban Cabezas, Pedro Meteo, Manolín Álvarez, Joaquín Rodríguez, Hans y el Campesino. Por lo que se refiere a las brigadas, la situación era muy similar. Incluso los planes referentes a la ofensiva fueron trazados por militares de filiación comunista[345]. El Ejército del Ebro era, verdaderamente, un ejército rojo que dejaba de manifiesto el peso inmenso del PCE en la zona controlada por el Frente Popular[346].
Sin embargo, eso no era todo. El PCE —impulsado directamente por la URSS— había puesto en marcha un plan de control de la España republicana que llevaba desarrollándose desde antes del estallido de la guerra civil y que sólo estaba esperando su consumación como la fruta madura que cae del árbol. El plan consistía en lograr la unificación del PSOE con el PCE, en una primera fase, y después en la eliminación de las fuerzas rivales de izquierdas en una segunda. En apariencia, semejante plan no podía realizarse dado que el PSOE era un partido que contaba con muchos más efectivos. La práctica puso de manifiesto, sin embargo, una realidad muy diferente. De entrada, el PCE había logrado dos éxitos notables ya en el pasado. Éstos habían sido la unificación de las Juventudes de ambos partidos en uno solo —un episodio en el que había tenido un papel esencial Santiago Carrillo— y la fusión del PCE y del PSOE en Cataluña en el PSUC (Partido socialista Unificado de Cataluña). En ambos casos, el resultado no había sido el de un PCE incorporado a una mayoría socialista sino el de una masa partidista que pasaba a depender totalmente de las directrices del PCE y, con ellas, directamente de Moscú. De hecho, por si pudiera caber alguna duda al respecto, los sucesos de mayo de 1937 en Cataluña deberían servir para disiparla. Poumistas y anarquistas eran objetivos apenas ocultos de las futuras purgas del PCE; por lo que se refería al PSOE, sólo le quedaba la posibilidad de dejarse absorber por un PCE que recibía la ayuda de Stalin y que tenía un peso incomparable en la defensa y en los órganos de seguridad, unos órganos desde donde iban a controlar crecientemente los mecanismos de represión.
El 6 de agosto de 1937, siendo el socialista Prieto ministro de Defensa, se creó por decreto el Servicio de Investigación Militar o SIM[347]. Aunque inicialmente la jefatura del SIM fue desempeñada por Prudencio Sayagües, antiguo dirigente de la FUE y miembro de Izquierda Republicana, no tardaron en sucederle personajes vinculados directamente con el PCE como fue el caso de Gustavo Durán.
Aunque teóricamente el SIM era un servicio dedicado a tareas de inteligencia relacionadas con las operaciones militares, ejerció desde el principio labores de represión que, como en el caso de las checas a las que nos hemos referido hablando del Madrid de los primeros meses de la guerra, facilitaban la corrupción de los agentes al poner en sus manos la posibilidad de incautarse sin control de todo tipo de bienes. No deja de ser significativo que el segundo jefe del SIM, Manuel Uribarri Barrutell, se fugara en 1938 a Francia con una fortuna en metales preciosos y joyas que procedían de sus acciones al mando de la institución[348].
El radio de acción del SIM excedió la provincia de Madrid y acabó por englobar las acciones del anterior Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE)[349]. Del SIM dependían no sólo checas enclavadas en distintas ciudades[350] sino una red de campos de concentración que se hicieron tristemente célebres por los malos tratos dispensados a sus reclusos. Al respecto, no resultan sólo escalofriantes los testimonios de antiguos reclusos sino también los de combatientes del Frente Popular a los que no les quedó oculto el carácter de aquellas checas[351]. En ellas, a formas de tortura ya conocidas, no tardaron en sumarse otras de especial sofisticación traídas por los asesores soviéticos y entre las que se incluían el uso de la electricidad, la reclusión en lugares de reducidísimas dimensiones e incluso la utilización de colores y figuras que sirvieran para quebrar psicológicamente al detenido. La descripción realizada al respecto por el anarquista José Peirats no deja lugar a dudas del carácter de las checas del SIM:
«[…] las checas del SIM eran tenebrosas, instaladas en antiguas casas y conventos. El régimen de torturas que se aplicaba era el procedimiento brutal: palizas con vergajos de caucho, seguidas de duchas muy frías, simulacros de fusilamiento y otros tormentos horrorosos y sangrientos. Los consejeros rusos modernizaron esta vieja técnica. Las nuevas celdas eran más reducidas, pintadas de colores muy vivos y pavimentadas con aristas de ladrillo muy salientes. Los detenidos tenían que permanecer en pie continuamente, bajo una potente iluminación roja o verde. Otras celdas eran estrechos sepulcros de suelo desnivelado, en declive […] los recalcitrantes eran encerrados en la «cámara frigorífica» o en la «caja de los ruidos» o atados a la silla eléctrica. La primera era una celda de dos metros de altura, en forma redondeada; al preso se le sumergía allí en agua helada, horas y horas, hasta que tuviese a bien declarar lo que se deseaba. La «caja de los ruidos» era una especie de armario, dentro del cual se oía una batahola aterradora de timbres y campanas. La «silla eléctrica» variaba de la empleada en las penitenciarías norteamericanas en que no mataba físicamente»[352].
En Madrid, la checa más importante del SIM fue la de la calle San Lorenzo, aunque también disfrutó de trágica relevancia la del Ministerio de Marina en cuyos sótanos se produjo el asesinato de distintos detenidos[353].
En otras ocasiones, el asesinato de los detenidos tuvo lugar lejos de la checa. Por ejemplo, Elisa González Parra fue llevada hasta Cuenca por agentes de la checa de San Lorenzo que la violaron y, más tarde, la arrojaron al río Júcar desde un balcón.
Las torturas ocasionadas a los detenidos se correspondían con las señaladas por el anarquista Peirats. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez Mantecón, que fue detenido en el invierno de 1937, y recluido en la checa de San Lorenzo prestaría el siguiente testimonio de sus padecimientos[354]:
«Fue víctima de toda clase de malos tratos de obra y de amenazas, siendo golpeado con vergajos por los agentes interrogadores. Dirigía los interrogatorios un ruso alto, fuerte, de cara ancha, con pelo rubio, ondulado y peinado hacia atrás, que iba vestido con gabardina y una boina. Este sujeto, que ejercía autoridad plena en la prisión, siendo considerado como jefe de la brigada, apenas hablaba castellano; se servía de una intérprete española de unos veinticinco años, que vestía camisa roja con corbata roja, y que se distinguía en los malos tratos, siendo la que concretamente indicó que al declarante había que atarlo, desnudarlo y meterlo en la «cámara», que era una celda muy fría en los sótanos, empleada para castigo. También ordenaba que se golpease al declarante, como única manera de obligarle a confesar. Entre otros malos tratos sufridos en la «checa» de San Lorenzo, el declarante fue martirizado con duchas de agua helada, por la noche, en la misma celda del sótano y en pleno invierno; se trataba de cortarle la lengua con unos alicates por negarse a declarar y se le sometía constantemente a palizas, de las que todavía conserva huella».
Los testimonios son ciertamente coincidentes y sirven para dejar de manifiesto no sólo su veracidad sino también la manera en que la represión se descargaba a esas alturas de la revolución lo mismo sobre los considerados tradicionalmente enemigos como sobre las fuerzas de izquierdas rivales del PCE. En ese sentido, los paralelos con los comportamientos seguidos por los bolcheviques en Rusia resultan palpables. Por si fuera poco, el 9 de diciembre de 1937, Negrín presentó un proyecto de decreto por el que disponía la creación del Consejo de Defensa y Garantía del Régimen cuya misión era «perseguir a sus adversarios». La propuesta fue aprobada y se publicó el 16 de diciembre en la Gaceta.
La actividad represiva no fue escasa, desde luego, a partir de 1937 cuando se suponía que, tras las grandes matanzas de noviembre y diciembre de 1936, apenas podrían quedar enemigos que abatir. Por el contrario, se amplió considerablemente a las fuerzas de izquierdas no sometidas al PCE e incluso a los que se consideraba meramente derrotistas o desafectos.
El mismo mes de mayo de 1937 —auténtico punto de inflexión en la historia política de la guerra civil en la zona controlada por el Frente Popular— registró una actividad en Madrid en el terreno de la represión realmente considerable. Por citar sólo algunos ejemplos, señalemos que se llegó a asaltar el consulado del Perú durante la noche del 5 al 6 de mayo de 1937. El episodio, protagonizado por Wenceslao Carrillo, con la excusa de que en la legación había una emisora de radio que pasaba información a las fuerzas de Franco, se saldó con la detención de más de trescientos refugiados españoles y de unos sesenta peruanos. La acusación era falsa[355] puesto que el único aparato de radio existente en la legación era un receptor. Con todo, dieciocho de los refugiados fueron llevados a la prevención de la Dirección General de Seguridad en la ronda de Atocha donde fueron sometidos a torturas. De Atocha, los detenidos fueron trasladados a San Antón y, posteriormente, a la cárcel celular de Valencia juzgándoseles en esta ciudad, donde se les condenó a muerte. El comportamiento de las autoridades republicanas había resultado tan contrario a los principios más elementales del derecho internacional que el gobierno de Perú acabó rompiendo relaciones diplomáticas con España el 17 de marzo de 1938. Se hizo cargo entonces de su legación la embajada de Chile pero ni siquiera esa circunstancia evitó que el 15 de julio de ese año volvieran a ser asaltados los locales de la legación peruana.
En la actualidad, a nadie se le escapa el enorme valor que para preservar la libertad —o para acabar con ella— tienen las emisoras de radio. En un peldaño más de la escalada hacia el control absoluto de la sociedad, el 27 de mayo de 1937 un decreto de la Presidencia del Gobierno estableció la incautación de todas las emisoras de radio, fueran o no de particulares y se encontraran o no en servicio[356]. La radiodifusión quedaba totalmente sometida al arbitrio del gobierno del Frente Popular dictando una orden al día siguiente en la que establecían que en el plazo de cuarenta y ocho horas todos los propietarios debían declarar al gobierno sus estaciones a la vez que se prohibía la venta de material radiofónico.
Con todo, posiblemente la medida de mayor importancia en esos momentos de la revolución fue el decreto de 22 de junio de 1937 contra el derrotismo. Ya en octubre de 1936, otro decreto había creado la figura del desafecto, un delito no tanto ya de opinión como de actitud que podía ser castigado y que, por su propia definición, daba lugar a todo tipo de arbitrariedades. La nueva norma, promulgada el mes siguiente a los sucesos de mayo, amplió considerablemente esa situación poniendo en manos de las fuerzas represivas prácticamente un cheque en blanco que recordaba sospechosamente las formulaciones legales del código stalinista vigente en la URSS.
El artículo séptimo del decreto de 22 de junio de 1937 establecía así, por ejemplo, lo que era derrotismo:
«Segundo. Difundir o propalar noticias o emitir juicios desfavorables a la marcha de las operaciones de guerra o el crédito y autoridad de la República en el interior o en el exterior, difundir las noticias del enemigo o favorecer sus designios, tal como emitir juicios favorables a la rendición de una plaza o a la conveniencia de pactar con los rebeldes. […] Cuarto. Los actos o manifestaciones que tiendan a deprimir la moral pública o desmoralizar al ejército o a disminuir la disciplina colectiva».
De la mera lectura del texto citado cabe desprender hasta qué punto resultaba un riesgo innegable el dejar de expresar un entusiasmo absoluto hacia la política de un gobierno que, hasta el momento, no había dejado de retroceder en términos militares y cuyos representantes habían estado implicados directamente en la realización de asesinatos en masa. Dado que las penas iban de los seis años y un día a la pena de muerte y que se estimulaba la acción de los delatores (art. 11)[357] puede imaginarse el carácter de arbitrariedad anejo a esta norma y el peligro en que vivían millones de personas de ser detenidos o muertos. Por si todo lo anterior fuera poco, se llegó, violando los principios más elementales del derecho penal, a castigar acciones que no eran delitos en el momento de su comisión. Así, por ejemplo, centenares de empleados de Telefónica, Correos, el Ayuntamiento de Madrid, los juzgados, entidades bancarias o la Guardia Civil que habían sido depurados en los primeros meses de la guerra se convirtieron ahora en reos de desafección o derrotismo e incluso acabaron siendo asesinados[358]. No llama, por lo tanto, la atención la manera en que a partir de ese momento se articularon distintos procesos masivos en los que, supuestamente, se juzgaban a extensas redes de espías.
Los grandes procesos que se desarrollaron a partir del verano de 1937 —en más que sospechosa coincidencia con los que se producían allende las fronteras españolas en Moscú o dentro de la España controlada por el Frente Popular contra el POUM— tuvieron una serie de características comunes. En todos ellos, se insistió en la existencia de fabulosas y omnipresentes redes de espías (uno de los principales argumentos instrumentalizados por Stalin para llevar a cabo las grandes purgas), se dotó de notable publicidad a la celebración del proceso y quedaron de manifiesto graves irregularidades. Al respecto hay datos que resultan bien elocuentes. Por ejemplo, en el asunto denominado de los ciento noventa y cinco, presentado como un golpe colosal asestado contra una inmensa organización falangista que actuaba de manera clandestina en Madrid, finalmente cerca de treinta de los acusados fueron absueltos mientras que, en la mayoría de los condenados, resulta difícil ver mucho más que actitudes derrotistas y hay que ser muy imaginativo para identificar espías en un sentido real del término. A todo ello se añadió un clima de presiones intolerables en el que tres abogados defensores fueron denunciados por miembros del PSOE como agentes clandestinos de Franco provocando la detención y proceso por alta traición de uno de ellos en junio de 1938[359].
No bastaba, sin embargo, con esas medidas represivas. Así, el 28 de enero de 1938, un grupo de agentes del SIM y de la policía irrumpieron en la legación de Turquía, sita en la calle de Zurbano número 21, y, violando los principios más elementales del derecho internacional, procedieron a llevarse a las personas que se encontraban allí refugiadas y que sumaban un total de ciento ochenta asilados de los que cuarenta eran mujeres. A tan graves comportamientos se añadieron además los maltratos causados al jefe de la misión turca, Koperler, y la acusación falsa de que las fuerzas de orden público habían sido agredidas desde el interior de la legación. Para dar base a esta última acusación, los agentes del SIM llegaron incluso a colocar armas en las dependencias de la legación turca[360].
El destino de los refugiados a los que el SIM había privado de asilo fue ciertamente trágico. Tras pasar por las dependencias del SIM y del Ministerio de Guerra acabaron en el barco prisión Villa de Madrid, anclado en el puerto de Barcelona. Con posterioridad, las reclusas serían trasladadas a la cárcel de Las Cortes.
Esta atribución de acciones falsas a la quinta columna franquista contaría con ejemplos especialmente trágicos. Por ejemplo, el 10 de enero de 1938, entre las 11 y las 11.50, se produjo una explosión que afectó el sector de la calle de Torrijos, hoy Conde de Peñalver, en el sector situado entre Goya y Diego de León, causando un elevado número de muertos. Por supuesto, la tragedia fue inmediatamente atribuida a la acción de la quinta columna franquista. Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Las fuentes muestran que no sólo no había agentes de Franco implicados en la explosión sino que incluso los servicios de inteligencia nacionales atribuyeron esa afirmación a un deseo del enemigo para justificar la represión[361]. ¿Se trató entonces de una provocación articulada por el SIM? La posibilidad no puede excluirse pero nos inclinamos más bien por considerar que se trató de un mero accidente ya que el tramo de calle volado se correspondía con un túnel de metro convertido en taller de carga de proyectiles y en polvorín donde se almacenaban explosivos. La utlización de la tragedia empero con fines propagandísticos resultó obvia.
El año 1938 resultó decisivo en términos militares —comenzó con la victoria de Franco en Teruel y concluyó con la del Ebro y la campaña de Cataluña— y no resulta extraño que semejante circunstancia repercutiera en el apartado de la represión en la zona controlada por el Frente Popular. La deserción, el emboscamiento o el paso a la otra zona huyendo de la que se consideraba ya derrotada eran conductas que se habían producido desde el verano de 1936 pero que ahora se iban a acentuar. Los ejemplos, desde luego, no faltaron. Así, en abril de 1938, por ejemplo, en el piso cuarto derecha del número 53 de Leganitos fueron descubiertas cuatro personas que esperaban ocultas el final de la guerra[362] y a las que se condenó a muerte.
Durante ese mismo mes de abril, Elviro Ferret, uno de los personajes que había participado en los incidentes de la cárcel Modelo de Madrid y que luego había desempeñado tareas represivas en la checa de la calle del Marqués de Cubas, decidió abandonar la España del Frente Popular. Le acompañaban su mujer Francisca Cruells Terrerols y un abogado de Barcelona llamado José María Xammar Salas. Cuando se hallaban cerca de la frontera con Francia, en la localidad de Llansá, los tres fueron detenidos y en su poder se encontraron, aparte de una cuantiosa cantidad de dinero, una docena de cuadros valorados en dos millones de francos. Para sorpresa de los agentes de policía, Ferret llevaba un documento de libre circulación firmado por el director general de Seguridad, Carlos de Juan. En otro documento con fecha de 28 de marzo de 1938 y también firmado por Carlos de Juan se indicaba que José María Xammar iba a realizar un servicio especial en el extranjero por cuenta de la Dirección[363]. ¿Era ese servicio sacar las obras de arte de España o simplemente Ferret se excedió en sus funciones rayando el delito? La respuesta se encuentra posiblemente en las declaraciones que el 16 de abril de 1938 realizó Carlos de Juan ante el juzgado número 4 de Barcelona, rollo 340 de 1938, de la jurisdicción de Espionaje y Alta Traición de Cataluña. En el curso de las mismas, el director de Seguridad indicó que Elviro Ferret era «un antifascista probado», que había «prestado grandes servicios a la Causa». Seguramente había sido así a juzgar por sus antecedentes en las checas. Seguramente también ahora servía a alguien que había considerado que la guerra estaba perdida y que lo mejor era marchar al extranjero con los bienes saqueados durante el terror.
Al mes siguiente, se produjo la detención de un grupo de siete vecinos de la calle Claudio Coello números 68 y 74[364] que se dedicaban a pasar a huidos a la zona controlada por Franco; y en julio, el SIM detendría a otras doce personas que tenían intención de pasarse[365].
Sin embargo, ni el aumento de las detenciones ni la desarticulación de algunos grupos que facilitaban el paso al otro lado pudieron evitar los efectos erosivos que las derrotas continuadas estaban ocasionando en la zona controlada por el Frente Popular. El 2 de junio de 1938 una orden del Ministerio de Defensa llegó a establecer la persecución legal de las familias de los desertores. La medida ciertamente contaba con un precedente bolchevique y ya había sido utilizada por Trotsky cuando mandaba el Ejército Rojo en el curso de la guerra civil rusa. En la España republicana, sin embargo, dejaba de manifiesto, sin lugar a dudas, la creciente inseguridad en la victoria y, salvo por los sufrimientos que ocasionó a inocentes, fue claramente inefectiva para garantizar el triunfo militar[366]. Ineficaz pero no escasa. De las causas por derrotismo ventiladas por los tribunales de Madrid, el setenta por ciento fueron juzgadas en 1938. No puede negarse a la luz de ese dato que los mecanismos de represión controlados en buena medida por el PCE funcionaban con una notable intensidad motivada por el deseo de acabar con la disidencia en la retaguardia, una disidencia —no lo olvidemos— que a esas alturas ya no se limitaba a las personas ajenas al Frente Popular.
Sí, la España del Frente Popular se venía abajo pero —nunca se insistirá lo bastante en ello— las razones no sólo eran militares. De hecho, para no pocos personajes históricos de las izquierdas el creciente control del PCE era causa más que suficiente para ser profundamente pesimistas en relación con el porvenir. Esta circunstancia sirve por si sola —aunque, sin duda, también pesó la certeza de que la derrota se hallaba cerca—[367] para explicar una cierta suavización en la acción de los tribunales republicanos durante el año 1938. Al respecto, de los procesos seguidos contra los derrotistas se pueden extraer datos altamente significativos. Durante el primer trimestre de 1938, el 87,5 por ciento de los acusados por derrotismo fueron condenados. Entre julio y septiembre del mismo año, el número de condenados descendió al 36,5 por ciento y, finalmente, en el curso del último trimestre de 1938 las condenas descendieron al 14,75 por ciento. Durante los últimos meses de la guerra, ya en 1939, las condenas por derrotismo se desplomaron hasta un 10 por ciento de los encausados. El SIM continuaba sin ningún género de dudas ejerciendo una represión que no disminuía pero la administración de justicia no tenía voluntad ni de secundar al completo sus planes ni de verse arrastrada en una caída que cada vez parecía más inminente.
Sería un miembro histórico del PSOE, Julián Besteiro, el que expresaría como pocos la difícil tesitura a la que se veían sometidos no pocos izquierdistas que eran conscientes del peso decisivo que el PCE y la URSS habían adquirido en la zona controlada por el Frente Popular hasta el punto de llegar a considerar un mal menor la victoria de Franco. Así escribiría Besteiro en la fase final de la guerra:
«La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas (claro que el hacer mías estas culpas es pura retórica). Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso […] La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique, la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas, que se han batido en la gran cruzada anticomintern. […] El drama del ciudadano de la República es éste: no quiere el fascismo; y no lo quiere, no por lo que tiene de reacción contra el bolchevismo, sino por el ambiente pasional y sectario que acompaña a esa justificada reacción (teorías raciales, mito del héroe, exaltación de un patriotismo morboso y de un espíritu de conquista, resurrección de formas históricas que hoy carecen de sentido en el orden social, antiliberalismo y antiintelectualismo enragées, etcétera). No es, pues, fascista el ciudadano de la República, con su rica experiencia trágica. Pero tampoco es, en modo alguno, bolchevique. Quizá es más antibolchevique que antifascista, porque el bolchevismo lo ha sufrido en sus entrañas, y el fascismo no»[368].
No se equivocaba Besteiro en sus juicios. La España republicana se había introducido en el camino que conducía hacia la dictadura comunista en un anticipo de lo que luego serian las denominadas democracias populares del Este de Europa posteriores a la segunda guerra mundial. Así lo afirmarían posteriormente personajes como el poumista Julián Gorkin[369], Enrique Castro Delgado, creador del 5.° Regimiento[370], Jesús Hernández, ministro comunista en el gobierno republicano[371] o el futuro general del KGB Pavel Sudoplatov que actuó en España como agente de Stalin encuadrado en el NKVD y que afirmaría años después:
«España demostró ser un jardín de infancia para nuestras operaciones de inteligencia futuras. Nuestras iniciativas posteriores relacionadas con inteligencia surgieron todas de los contactos que hicimos y de las lecciones que aprendimos en España. Los republicanos españoles perdieron pero los hombres y las mujeres de Stalin ganaron»[372].
Así era efectivamente y la desclasificación de documentos que siguió a la descomposición de la URSS disipa, como veremos en el siguiente apartado, cualquier duda al respecto.
Como no resulta difícil de entender, la creciente reestructuración —y endurecimiento— del aparato represivo y el hecho de que llevara meses descargando sus golpes sobre fuerzas pertenecientes al Frente Popular no podía dejar de provocar inquietud entre ellas. Así lo pone de manifiesto un documento soviético recientemente desclasificado, fechado el 10 de noviembre de 1938 y procedente de Marchenko, el encargado de negocios de la URSS en España. En él, se dirigía a M. M. Litvinov, comisario del pueblo de Asuntos Exteriores, para informarle de la situación:
«En mi primera conversación con él tras mi regreso, Negrín se refirió de pasada a la labor de nuestros especialistas en España. Manifestó su deseo de que el nuevo jefe del trabajo, el compañero Kotov, no se hiciera con la información por sí mismo ni se procurara un círculo amplio de relaciones oficiales […] manifestó de manera meridiana que creía que no era correcta ni adecuada la relación directa entre el compañero Kotov y sus subordinados, por una parte, y el ministerio de Gobernación y el SIM, por otro. Así que me propuso que el compañero Kotov estableciera contacto con él, Negrín, que está creando un aparato secreto especial secreto bajo su propia dirección.
»El que Negrín, que siempre ha sido muy correcto en lo que se refiere a nuestra gente, haya juzgado pertinente expresar esa observación, indica sin lugar a dudas la enorme presión que sobre él ejercen el partido socialista, los anarquistas y especialmente los agentes de la Segunda Internacional, en relación con las «interferencias» de nuestra gente en el trabajo de policía y contraespionaje […]»[373]
Con el ejército y los organismos de represión controlados por el PCE y los agentes soviéticos, con la práctica aniquilación en su territorio de los contrarios al Frente Popular y de los sacerdotes y religiosos, con el inicio de la represión de otros grupos de izquierda considerados rivales, se podía acometer la creación de un solo partido que articulara la implantación de una dictadura comunista. Al respecto resulta especialmente revelador otro documento soviético, dirigido a Voroshílov, en el que se refiere una conversación mantenida con Negrín el 10 de diciembre de 1938[374]:
«Sobre la creación de un Frente Nacional de todos los españoles. Negrin me dijo que había estado hablando con Díaz y Uribe sobre el asunto de la creación del un Frente Nacional unido que concibe como una forma distinta de nuevo partido. Esa idea se le ocurrió después de perder la confianza en poder unir a los partidos socialista y comunista. Semejante unificación no se pudo llevar a cabo por la oposición de los dirigentes del partido socialista. Como mucho, se podría esperar que el partido socialista fuera absorbido por el comunista tras acabar la guerra, pero en ese caso, los dirigentes más conocidos del partido socialista —Prieto, Caballero, Besteiro, Almoneda, Peña y otros— no aceptarían la unificación y los burgueses los seguirían considerando como el partido socialista para aprovecharse de la división.
»Pero ¿en qué partido podría apoyarse el gobierno? No resulta adecuado apoyarse en el comunista desde el punto de vista de la situación internacional. Los partidos republicanos que ahora existen carecen de futuro. El Frente Popular no tiene una disciplina en calidad de tal y sufre la lucha de los distintos partidos. Lo que se precisa, por lo tanto, es una organización que unifique lo mejor de cada uno de los partidos y organizaciones y sirva de apoyo fundamental para el gobierno. Se podría denominar Frente Nacional o Frente o Unión Española. Negrín no ha pensado cómo debería construirse esa organización de manera concreta… Sería posible la doble militancia, es decir, que los miembros del Frente Nacional pudieran seguir perteneciendo a los partidos que ya existen […] el Partido Comunista debería ofrecer colaboradores a esa nueva organización, pero, al principio, no de entre sus dirigentes. Sería más conveniente utilizar a gente poco conocida. La dirección del trabajo de organización y de propaganda del nuevo partido debería quedar en manos de los comunistas […] No cabe un regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible permitir el «libre juego» de los partidos tal como existían antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativo o una organización política unificada o una dictadura militar. No ve que sea posible ninguna otra salida».
La postura de la URSS coincidía con la de Negrín en que, después de la guerra, no habría en España una democracia pero los agentes soviéticos seguían siendo favorables a la unificación del PCE con el PSOE y la eliminación de los disidentes de izquierdas. En un documento dirigido por G. Dimitrov, el factótum de la Komintern, a Stalin, Molotov, Kaganovich, Voroshílov, Yezhov, Mikoyán y Andreyev, el 25 de noviembre de 1938, se expresaba de la siguiente manera[375]:
«En los dos o tres últimos meses no se han producido cambios esenciales en la cuestión de la unidad de las fuerzas antifascistas en la España republicana. Es verdad que durante este tiempo los seguidores de Largo Caballero, los trotskystas y los elementos trotskyzantes de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) han desencadenado una vigorosa ofensiva contra el Partido Comunista, la unificación del Partido Comunista con los socialistas, la unidad interna de la Juventud Socialista Unificada, la dirección del Partido Socialista, el Frente Popular, el gobierno, el PSUC […] Hay que señalar que aunque esa ofensiva ha obstaculizado y todavía obstaculiza el desarrollo del movimiento para crear la unidad de toda la clase obrera y de todas las fuerzas antifascistas y ha ocasionado un riesgo de escindir la Juventud Socialista Unificada, no ha logrado su objetivo principal. No ha logrado aislar al Partido Comunista ni aniquilar la unidad de socialistas y comunistas ni la del Frente Popular. […]
»Para reforzar la unidad es preciso intensificar la lucha contra sus enemigos —POUM, partidarios de Largo Caballero, aventureros de la FAI, derrotistas— coordinando esa labor con la lucha por una unidad más estrecha entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, por la unión de la juventud, por una reactivación del Frente Popular, y, sobre todo, por la creación de una central sindical unificada […] habrá que hacer algo para lograr que algunos dirigentes importantes de la CNT, entre sus elementos más honrados, se incorporen al Partido Comunista y al PSUC. Entonces podríamos valernos de esos casos para llevar a cabo una campaña política a gran escala. […]
»La labor del PCE ha mejorado en los últimos tiempos, en especial, en el seno del ejército y, en menor medida, en las empresas y en la UGT […] el PCE dispone en la actualidad de unos 830 000 miembros —sin contar el PSUC— de los que la mitad se encuentran en el ejército».
Sí, a unos meses del final de la guerra, tanto Negrin como el PCE y los agentes soviéticos eran conscientes de que la democracia parlamentaria era ya cosa del pasado. Al pensar así manifestaban una clara coherencia con la trayectoria de los movimientos revolucionarios en España desde finales del siglo XIX y, desde luego, con la trayectoria del PSOE y el PCE en 1934 y 1936. En el futuro, tras la victoria del Ejército popular de la República, se pasaría a un sistema de partido único controlado por el PCE —y a través de éste por Stalin— en el que se integrarían los elementos sumisos a estas directrices de formaciones como el PSOE o la CNT. Igualmente serían unificados los sindicatos. Por lo que se refería al ejército o a las fuerzas de represión, su control por parte de los comunistas era casi absoluto. Finalmente, los adversarios —socialistas refractarios a la unificación con el PCE, poumistas, anarquistas, nacionalistas o republicanos históricos— sólo podían esperar el exterminio De manera nada sorprendente, entre los que apoyarían con las armas el proyecto de dictadura de Negrin se hallaría Juan Tomás Estalrich, uno de los chequistas que había desempeñado labores represivas en los Linces de la República y que entonces tenía a sus órdenes una brigada. Seguramente, actuaba tan convencido como en los años anteriores pero esta vez no le iba a acompañar la suerte. Al fin y a la postre, el plan del PCE —y de sus asesores soviéticos— fracasó y se debió únicamente a la derrota, una derrota que, tras la batalla del Ebro a finales de 1938 y la entrada en Cataluña del Ejército nacional a inicios de 1939, resultaba, en términos militares, inevitable.