Las checas del PSOE
La creación de checas vinculadas directamente con los organismos de seguridad republicanos y en los que tenían representación todos los partidos y sindicatos del Frente Popular debería haber bastado para que se produjera la disolución de las otras checas, si no por criterios de humana decencia y de respeto a los derechos humanos más elementales, sí, al menos, por razones de racionalidad represiva. Sin embargo, los diversos gobiernos del Frente Popular no sólo no procedieron a la eliminación de las diversas checas que dependían de partidos y organizaciones sindicales que lo componían sino que permitieron su perpetuación como instrumentos si no oficiales, sí, al menos, oficiosos en la práctica del terror. En algunos casos, su funcionamiento discurrió autónomamente de las entidades gubernamentales pero en otros se trató meramente de una autonomía no total a mitad de camino entre la independencia de checas sólo controladas por algún partido o sindicato o el carácter oficial de la Escuadrilla del Amanecer o de la checa de Bellas Artes. Un ejemplo paradigmático de estas entidades represivas semiautónomas fue el de la denominada checa socialista de García Atadell.
Los orígenes de la misma se hallan en los nombramientos de agentes de policía que durante el mes de agosto de 1936 realizó el gobierno del Frente Popular y que recayeron de manera numéricamente muy significativa en afiliados al PSOE. Algunos de estos nuevos agentes de policía fueron agregados a la Brigada de Investigación Criminal en cuyo seno servían a las órdenes de Agapito García Atadell, un tipógrafo del PSOE estrechamente relacionado con Indalecio Prieto. Los efectivos de García Atadell se trasladaron a un hotel incautado sito en el número 1 de la calle Martínez de la Rosa. La checa —que adoptó el nombre oficial de Milicias Populares de Investigación— contaba con cuarenta y ocho agentes, todos ellos nombrados por el gobierno del Frente Popular. Su segundo jefe era Ángel Pedrero García y sus jefes de grupo, Luis Ortuño y Antonio Albiach Chiralt.
Aunque las fuerzas de García Atadell estaban orgánicamente insertas en los mecanismos represores del gobierno, lo cierto es que disponían de una notable autonomía. Objeto de cálidas alabanzas en la prensa de la zona controlada por el Frente Popular[146], la checa contaba para sus tareas represivas con la colaboración de la Agrupación Socialista Madrileña y de la representación del PSOE en el Parlamento. De hecho, no fueron raras las visitas a la checa por parte de autoridades socialistas, como el ministro Anastasio de Gracia, para felicitar a sus miembros por las tareas que llevaban a cabo[147]. Esta identificación no resulta extraña por cuanto la checa socialista de García Atadell se encargó en distintas ocasiones de asesinar a personas con las que tenían enemistad distintos dirigentes del PSOE. Tal fue el caso de la periodista francesa Carmen de Bati detenida por la checa de García Atadell siguiendo las órdenes del ministro socialista de Gobernación, Ángel Galarza o el de Luis Calamita y Ruy-Wamba que se había enfrentado políticamente en el pasado con el mismo ministro del PSOE y que por orden expresa del director de Seguridad de 14 de septiembre de 1936 fue detenido y, posteriormente, asesinado.
La checa de García Atadell demostró una eficacia extraordinaria a la hora de realizar incautaciones de bienes económicos y detenciones. La razón de esa efectividad residió fundamentalmente en la abundante información que sobre la identificación religiosa y política proporcionaba a la checa la organización sindical socialista de los porteros de Madrid. Convertidos en una red de delatores, no siempre guiados por razones políticas o sociales, los porteros socialistas informaban a un comité de miembros de la checa formado por compañeros de ocupación sobre aquellas personas a las que había que detener por razones tales como ser católicos practicantes, conservar en su casa una imagen religiosa, no ser afectos al Frente Popular o simplemente contar con haberes codiciables. Por supuesto, no faltaron porteros socialistas que aprovecharon su situación privilegiada para ajustar cuentas con aquellos vecinos a los que detestaban o simplemente envidiaban.
El número de asesinados por la checa socialista de García Atadell fue muy numeroso[148], siendo ejecutadas las muertes por agentes de la denominada brigada después de trasladar a los detenidos a la Ciudad Universitaria y otros lugares situados a las afueras de Madrid.
La checa socialista de García Atadell tuvo un final rápido y ciertamente inesperado. A finales de octubre de 1936, su dirigente, acompañado de dos chequistas llamados Luis Ortuño y Pedro Penabad, decidió abandonar Madrid con todo el dinero y las alhajas que pudo llevar consigo. Con la excusa de que iban a realizar un servicio de contraespionaje, los tres socialistas embarcaron en dirección a Marsella. Una vez en territorio francés, García Atadell y sus cómplices procedieron a vender los brillantes que llevaban consigo y adquirieron un pasaje rumbo al continente americano. La noticia no tardó en saltar a la luz pública y la misma prensa que había incensado hasta ese momento a los chequistas procedió ahora a calificarlos de traidores y a asegurar que habían sido detenidos en Francia a consecuencia de un servicio extraordinario llevado a cabo por la policía republicana[149]. La noticia era falsa salvo en lo referente al robo y fuga de los tres socialistas. Su detención no se produjo en Francia ni tampoco fue realizada por agentes extranjeros o republicanos. De manera inesperada, el barco que conducía a García Atadell y sus cómplices a América atracó en el puerto canario de Santa Cruz de la Palma a la sazón controlado por los alzados. Tanto Agapito García Atadell como Pedro Penabad fueron detenidos por la policía nacional y se les trasladó a Sevilla donde se les sometió a un proceso llevado a cabo por un tribunal militar. Hallados culpables de numerosos crímenes, fueron condenados a muerte y ejecutados. Con ellos iba a morir también la checa socialista de García Atadell en noviembre de 1936. No sucedería lo mismo con las actividades represivas de sus componentes como tendremos ocasión de ver más adelante.
También relacionada de manera especial con el PSOE estuvo la checa sita en el número 1 de la calle Marqués de Riscal. La misma además de la sede oficial citada contaba con dos sucursales en el número 7 de la calle Fernández de la Hoz y en el 17 de la calle Caracas. Orgánicamente, dependía de la Inspección General de Milicias Populares mandada por el comandante Barceló, y estaba sujeta a la inspección directa de un colaborador del citado comandante llamado Justiniano García. Sus miembros, por otra parte, fueron proporcionados por las milicias del Círculo Socialista del Sur que, más tarde, se convertirían en la primera compañía de enlace de la Inspección General de Milicias Populares. Ésta se encontraba bajo la inmediata dependencia de Ángel Galarza Gago, ministro de la Gobernación, y tenía como finalidad proporcionarle escolta y proteger el edificio del ministerio que regía. Resultaba pues evidente la relación de este organismo represivo con el aparato de poder gubernamental del Frente Popular.
La checa de la calle del Marqués de Riscal —una de las caracterizadas por una actuación más cruenta— era, como ya se indicó, de composición mayoritariamente socialista. Sin embargo, algunos de sus chequistas estaban afiliados a otras organizaciones del Frente Popular y, de manera especialmente señalada, a Izquierda Republicana. De hecho, a este partido pertenecía el jefe teórico de la checa, Alberto Vázquez.
Los asesinatos realizados por esta checa del PSOE[150] se realizaban en los altos del Hipódromo y en la pradera de San Isidro y resultaba frecuente que fueran precedidos por sesiones de tortura. Ésa fue la desdicha sufrida en la checa por los religiosos Manuel López García de la Torre de la parroquia de San Andrés o algunas religiosas del Servicio Doméstico a las que se violó. Otro ejemplo de estas prácticas fue el caso del ingeniero Alfredo Fernández Langa[151] que tras ser sometido a tortura en la checa, fue sacado de la misma durante la noche del 26 de agosto de 1936 junto a los detenidos José María Rodríguez Alcalá, Pablo Cáceres, Teodoro Menéndez y un capuchino conocido como el padre Gregorio. Los cinco fueron conducidos a los altos del Hipódromo donde se les colocó en fila para ser fusilados. Habían recibido la absolución del sacerdote y esperaban la muerte cuando en esos momentos se oyó el ruido procedente de unos motores. Se trataba de algunos aparatos de la aviación nacional que provocaron el miedo de los chequistas llevándoles a no ajustar el tiro. Esa circunstancia permitió a Fernández Langa salvar la vida aunque sus acompañantes de infortunio no disfrutaron de la misma suerte.
La relación de los chequistas con el ministro Ángel Galarza fue muy estrecha hasta el punto de que cuando en noviembre de 1936 éste abandonó Madrid con el resto del gobierno del Frente Popular a causa de la cercanía del ejército nacional, la mayoría le acompañaron en calidad de guardia personal. Como en el caso de las demás checas, la del Marqués de Riscal se había beneficiado de los frutos de repetidos saqueos. Las alhajas y objetos de valor obtenidos por estos medios se entregaban a un fundidor miembro del Círculo Socialista del Sur, pasando después el metal a manos de Manuel Muñoz, el director general de Seguridad. En el momento de la huida del gobierno frentepopulista hacia Levante, los chequistas, siguiendo órdenes del ministro Galarza, procedieron a cargar los objetos de valor en maletas y llevarlos consigo. Llegaron con su preciosa carga hasta Barcelona donde sus planes se vieron frustrados ya que algunos milicianos de la CNT detuvieron a los chequistas y les arrancaron el botín. La pérdida del caudal no fue acompañada por una pareja disminución del poder de la checa. Una vez en Valencia, Ángel Galarza encomendó a sus componentes la formación de la denominada checa de Santa Ursula.
Dentro de la enumeración necesariamente sucinta de las checas sostenidas por el PSOE y organizaciones relacionadas en Madrid[152], la última a la que vamos a referirnos es a la de la Agrupación Socialista Madrileña. Un departamento de dicha agrupación denominado Comisión de Información Electoral Permanente (CIEP) había contado en períodos electorales con el estudio del censo de la capital. Esta circunstancia se traducía en la posesión de abundantes datos sobre la ideología política de los vecinos de Madrid lo que resultaba especialmente interesante a efectos represivos. A cargo de esta comisión se hallaba el socialista Julio de Mora Martínez. De Mora venía demostrando una capacidad gestora considerable. De hecho, al estallar la revolución en julio de 1936, el PSOE se había apoderado de un millar de inmuebles en la capital pero en lugar de proporcionarles una finalidad social o de proceder a su reparto entre los necesitados, se había limitado a sustituir a sus propietarios percibiendo el PSOE las rentas de la misma manera que éstos lo habían hecho hasta entonces. Para llevar a cabo esa tarea de percepción de haberes en lugar de los propietarios legítimos, Enrique de Francisco, diputado, del PSOE y dirigente de la Agrupación Socialista Madrileña, había nombrado a Julio de Mora Martínez.
La transformación en checa de lo que hasta ese momento había sido un organismo de información y percepción de rentas se llevó a cabo mediante la adscripción de un cierto número de agentes de policía de reciente creación y afiliados al PSOE. Su mando corría a cargo de Anselmo Burgos Gil, un policía profesional que con posterioridad sería el jefe de la escolta del embajador de la URSS en España, y de David Vázquez Baldominos que, más adelante, participaría, como veremos, en alguno de los episodios más famosos de la represión soviética en la zona controlada por el Frente Popular.
La sede se instaló en el número 103 de la calle Fuencarral, en un palacio propiedad del conde de Eleta del que se había apoderado el PSOE y, como en el caso de otras checas a las que ya nos hemos referido, practicó numerosas detenciones y asesinatos[153]. En algunas ocasiones, estas acciones fueron realizadas directamente y en otras recurriendo al expediente de entregar a los detenidos a la checa de Fomento para que ésta procediera a darles muerte.
Las acciones del socialista Julio de Mora y de sus chequistas fueron también similares a las realizadas por otras checas en relación al exterminio del clero. En octubre de 1936, por ejemplo, De Mora dio órdenes directas para que se asesinara a un grupo de monjas que habían sido detenidas por sus hombres[154]. Sin embargo, quizá el aspecto más significativo de la actuación del socialista De Mora fue que, desde los primeros días de la guerra, fue consciente —¿quizá informado por sus superiores del PSOE o del Frente Popular?— de que los asesinatos pasarían a convertirse en matanzas masivas de detenidos. Así, ya en agosto de 1936, De Mora dio órdenes para que se abrieran fosas en el pueblo de Boadilla que debían servir para los enterramientos en masa de los asesinados por las checas. En otras palabras, la adopción del sistema bolchevique de matanzas y enterramientos masivos, un sistema que sería copiado en los años cuarenta por los nazis alemanes, se había producido en fecha tan temprana que cuesta creer que no formara parte de una visión concreta del desarrollo de la revolución.
Julio de Mora, antiguo albañil, iba a escalar importantes puestos en el organigrama represivo del Frente Popular. Para cuando así sucediera, las matanzas y los enterramientos multitudinarios habrían dejado de ser un acariciado proyecto para convertirse en una trágica realidad que manifestaría bien a las claras el carácter de la revolución que se vivía en la España del Frente Popular. Sin embargo, antes de estudiar ese aspecto, tenemos que detenemos en otras checas cuya vinculación con los aparatos del Estado fue especialmente acentuada.