C. La desaparición de abogados
Es indudable que un pilar fundamental del sistema constitucional de derechos y garantías individuales lo constituye la prescripción que reconoce a todos los habitantes de la Nación la inviolabilidad de «la defensa en juicio de la persona y de los derechos» (Art. 18 C.N.). De nada vale la más perfecta atribución de libertades, ni el más exhaustivo catálogo de derechos, si no se garantiza el eficaz ejercicio de su defensa cuando son vulnerados.
En ello cumple un papel indelegable la presencia del abogado defensor, el «abogado de confianza» de la jurisprudencia tradicional, cuya función esencial en la administración de justicia ha sido reconocida por la ley argentina al asimilarlo a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Sin su patrocinio o representación, sin su asistencia técnica, el particular damnificado por los abusos del poder sufre un gravísimo detrimento en la obtención de protección jurídica.
Ello es lo que sucedió. Como si fuera un resorte más de la maquinaria que ejecutó el terrorismo de estado, las más duras represalias cayeron sobre muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas. Las detenciones arbitrarias, los agravios y malos tratos en los organismos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de los abogados defensores, fueron usos corrientes en los primeros años del régimen militar.
Se comenzó por identificar al defensor con su defendido: todo aquel que patrocinara o simplemente pidiera o preguntara por un presunto subversivo fue sospechado de connivencia con la subversión, y si asumía frontalmente la defensa de un perseguido fue considerado integrante de la asociación ilícita hasta que demostrara lo contrario, ocurriendo que la mayoría de las veces ni tiempo le dieron para ello.
Tan aberrante criterio conduce necesariamente al absurdo de imputar propensiones homicidas al letrado que defienda a un acusado de matar a otro. Lo cual, por vía de su generalización, dejaría tan valiosa función profesional en manos de depravados e inescrupulosos y consecuentemente, al justiciable en total indefensión.
Los hechos señalan que durante los años gobernados por la dictadura militar fue alterado sustancialmente el precepto de la independencia del abogado en el ejercicio de su ministerio. Con las consecuencias que son de imaginar, se lo asoció a las ideas y motivaciones políticas de su defendido, pasando a revestir el carácter de cómplice o encubridor de gravísimos delitos.
En otros casos, se hizo uso del ejercicio absoluto y arbitrario del poder dejado en manos de ocasionales represores, para perseguir a dignos profesionales que no claudicaron en la defensa de los intereses que les fueron confiados por sus clientes, cuando no se castigó en base a falsas imputaciones a quienes fueron consecuentes en la defensa simplemente de los derechos laborales.
Los resultados están a la vista. Organizaciones gremiales de abogados estiman que se han sufrido 23 asesinatos de sus colegas por motivos políticos, a partir de 1975. Paralelamente a esta traumática situación, fueron secuestrados, con desaparición permanente y sin conocerse su suerte hasta hoy, no menos de 109 abogados, debiendo señalarse que el 90% de estas «desapariciones» se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976. Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión —la mayoría sin proceso judicial alguno— y un número mucho más elevado y difícil de precisar busco salvar la libertad, y quizás su misma vida, en el exilio en el extranjero.
Los casos siguientes ilustran, aunque más no sea en forma parcial, lo que se viene exponiendo:
Testimonio de la Dra. Liliana María Andrés sobre su secuestro y desaparición de su esposo el Dr. Daniel Víctor Antokoletz - Legajo N.o 1386
El 10 de noviembre de 1976 a las 8.30 hs., seis hombres de civil fuertemente armados que se identifican como pertenecientes a «Fuerzas de Seguridad», irrumpen violentamente en nuestro domicilio conyugal. Nos obligan a arrojarnos al suelo, golpean a mi marido y nos esposan con las manos a la espalda. Durante más de una hora revisan detalladamente el apartamento, del cual luego se llevarán documentos personales, escritos y material correspondiente a nuestras tareas profesionales, gran cantidad de libros, fotos familiares, etc.
[…]
Al llegar a destino, luego de bajar dos subsuelos, fuimos separados y sometidos a interrogatorios. Durante el primero, breve, sentí constantemente los gritos de dolor de una muchacha que a mi lado era torturada brutalmente con picana y golpes. Todo cesó de pronto; escuché nítidamente: «Che, se nos fue la mano con la rubia». Durante el interrogatorio afirmaron estar convencidos de que yo no tenía relación con el problema y que probablemente saliera libre o pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco dudaban que mi marido perteneciera a ninguna organización armada, pero para ellos era peligroso en cuanto entendían que cumplía un rol de ideólogo de la subversión, por su calidad de abogado defensor de presos políticos y de los derechos humanos, siendo reconocido dentro del círculo de abogados a nivel internacional.
[…]
Insistieron, como otra nota negativa y despectiva, en que era judío, lo cual, al no ser verdad, negué.
[…]
Opino que el lugar de confinamiento donde mi marido y yo estuvimos como desaparecidos es la Escuela de Mecánica de la Armada, o más precisamente, Escuela de Suboficiales de la Armada (pabellón separado del anterior por una calle interna).
[…]
Incesantemente pedí ver a mi marido o saber cómo estaba; en la mañana del sábado 13, uno de los guardias me condujo —con grandes prevenciones— hasta un servicio y me dijo que lo vería, exigiéndome que no contara esto a nadie, pues podría comprometer a dicho guardia muy seriamente. Así fue que otro condujo a mi marido a ese mismo lugar, nos permitieron sacarnos las capuchas y las vendas que teníamos sobre los ojos y vernos durante un lapso de aproximadamente un minuto. Este escaso tiempo alcanzó para que yo pudiera observar que estaba seriamente torturado: caminaba con gran dificultad y le habían aplicado picana en los testículos y encías. Luego me volvieron a llevar a mi lugar y desde ese momento no he vuelto a saber nada de él.
La madrugada del 17 de noviembre me liberaron.
[…]
El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Comando en Jefe del Ejército, el I Cuerpo de Ejército con asiento en Palermo, la Policía Federal, el Ministerio del Interior, el Vicariato Castrense, el Presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Episcopal Argentina —Monseñor Raúl Primatesta—, Amnesty International, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión por los Derechos Humanos de la O.E.A., Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras entidades y personas diversas, tanto oficiales como extraoficiales, argentinas o extranjeras. Se presentaron cinco recursos de habeas corpus ante la Justicia ordinaria y federal. Todas estas gestiones —tanto oficiales como extraoficiales— y los recursos judiciales presentados, no han dado hasta el momento absolutamente ningún resultado, al punto de no saber hasta hoy, si mi marido está con vida o no.
[…]
Deseo destacar que desde el año 1972 mi marido se dedicaba a la defensa de presos políticos —entre ellos el ex senador uruguayo Enrique R. Erro— y a la lucha por el respeto de los derechos humanos, y que en ningún momento ocultó dichas actividades ni su domicilio.
[…]
Era docente universitario, abogado, conocido jurista internacionalista, miembro del «Instituto Americano de Estudios Jurídicos Internacionales» de la Secretaría General de la O.E.A. y miembro fundador titular de la «Asociación Argentina de Derecho Internacional».
Desaparición del Dr. Guillermo Augusto Miguel - Legajo N.o 5392
El 24 de marzo de 1976, el Dr. Miguel se reintegró a su función de Asesor Legal de la Municipalidad de Termas de Río Hondo, cargo en el que fuera designado el año 1971 y que retuviera por licencia a raíz de su elección como Diputado Provincial en el período 1973-1976.
Con motivo de su función debió dictaminar en un expediente administrativo originado en investigaciones practicadas por personal de esa comuna, quienes determinaron que en un «cabaret» de esa ciudad se explotaba a menores de edad, lo que ocasionó la resolución de clausura dictada por el entonces intendente Vagliatti.
A consecuencia de ello recibió en su domicilio sito en Pje. Ramón Carrillo N.o 41 de esa ciudad, reiteradas visitas de la propietaria de aquel establecimiento, conocida como «Madame Yola», quien le solicitaba su mediación para obtener el levantamiento de la clausura. Ante su permanente negativa, en su última visita, la nombrada lo amenazó con la acción del «SIDE de Musa Azar», según sus propias manifestaciones, ya que eran socios en la explotación del local.
Con posterioridad a este hecho, el Intendente Vagliatti le manifestó al Dr. Miguel que estaba recibiendo presiones de «Casa de Gobierno», como adujo sin precisar nombres, para cesantearlo en sus funciones; ante esta circunstancia, el Dr. Miguel solicitó audiencia con el Ministro de Gobierno, quien lo recibió en su despacho el día 22 de noviembre de 1976, manifestándole este funcionario que obraba en su poder información producida por el llamado «SIDE de la provincia» que lo sindicaba como elemento subversivo. Ante ello, el Dr. Miguel solicitó al funcionario ser sometido a la más amplia investigación sobre su vida pública y privada para desestimar tal información; asimismo, le relató los pormenores del episodio de clausura del cabaret, lo que aparentemente satisfizo al Ministro, quien le brindó todas las garantías sobre su seguridad personal y permanencia en el cargo.
Al día siguiente, a las 20.45 horas aproximadamente, mientras conducía su automóvil, fue interceptado por dos vehículos que le bloquearon el paso por atrás y adelante, y obligado a descender de su rodado fue introducido en uno de los automotores de intercepción, que dio marcha atrás y se dirigió en dirección este. Este hecho fue presenciado por algunos vecinos que notificaron de inmediato a su esposa Ana María Tonnelier de Miguel.
Radicada de inmediato la denuncia por la nombrada en la Seccional 3.a de Policía, se constituyó personal de la misma que practicó las diligencias y recabó un testimonio, derivándose posteriormente las actuaciones al Juzgado del Crimen de 3.a Nominación.
Las actuaciones policiales y judiciales no dieron resultado alguno y comenzó el peregrinar de los padres y esposa ante las autoridades gubernamentales, militares y eclesiásticas en procura de información, recibiendo respuestas negativas.
Sin embargo, el entonces Cnel. Llamas, quien se desempeñaba en el Comando del Ejército con sede en Tucumán, manifestó que el Dr. Miguel se encontraba con vida y que había realizado gestiones para mejorar su estado de prisión. Tiempo después, hizo entrega a Dn. Eduardo Miguel, ex gobernador de la Provincia, padre de Guillermo, de una carta dirigida al Cnel. Ruiz Palacios, quien era el Subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministro Harguindeguy.
Entrevistado Ruiz Palacios en Buenos Aires, se mostró muy sorprendido por el contenido de la carta y solicitó una semana de plazo para efectuar averiguaciones, tras la cual, y en una nueva entrevista, manifestó tener «los papeles de su hijo», según su expresión. Mas ésta fue la última noticia, ya que no hubo otros contactos y las negativas se sucedieron en posteriores entrevistas con las autoridades.
En el año 1978, se recibió la visita de una señora quien se presentó como integrante del Departamento de Informaciones Policiales, a cuyo frente se encontraba Musa Azar, y manifestó haber visto al Dr. Guillermo Miguel en la prisión de Punta Indio en ocasión de llevar un contingente de presos, a raíz de la distribución que se estaba efectuando con motivo de la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A.
Esta persona reveló, asimismo, haber tenido contacto en Punta Indio con el Dr. Miguel, quien le habría solicitado que tranquilice a sus familiares pues su estado era bueno, requiriéndole la remisión de vestimenta.
Es así que trajo unas pocas líneas escritas por el detenido, que posteriormente pericias caligráficas dictaminaron como auténticas.
La denuncia de estos hechos fue efectuada por la Sra. madre del Dr. Guillermo A. Miguel, ante la Comisión Provincial de Estudio sobre Violación de los Derechos Humanos de Santiago del Estero, la cual resolvió, luego de instruir el correspondiente sumario, elevar las actuaciones al Sr. Juez de Instrucción en lo Criminal de Tercera Nominación de esa Provincia.
Desaparición del Dr. Abdala Auad - Legajo N.o 1089
El Dr. Auad en el mes de febrero de 1977 se desempeñaba como letrado de los titulares del paquete minoritario del Nuevo Banco de Santiago del Estero. En aquella época denunció una cuantiosa estafa realizada en perjuicio de sus patrocinados, reclamación que se hizo pública mediante sucesivas informaciones por la prensa, hasta la fecha de su secuestro y desaparición, producida el 18 de marzo de 1977.
Ese día salió de su domicilio con destino al Banco de la Provincia de Santiago del Estero, pero no llegó a esa institución ya que en la calle Buenos Aires, a la altura del número 450, fue interceptado por tres individuos que se movilizaban en un automotor.
Sus familiares presentaron de inmediato recurso de habeas corpus y denunciaron el secuestro ante el Juzgado Federal. Solicitaron también audiencias con altas autoridades gubernamentales, como los generales Videla y Harguindeguy, así como promovieron la intervención de los miembros de la Iglesia y de la Embajada de Siria en nuestro país. Finalmente se dirigieron a diversos organismos defensores de los Derechos Humanos, y expusieron el hecho ante la Organización de las Naciones Unidas.
En todos los casos el resultado de las gestiones no condujo a ningún camino positivo.
Con el advenimiento del gobierno constitucional, compareció ante la «Comisión Provincial de Estudio sobre Violación de los Derechos Humanos de Santiago del Estero», el Sr. Roberto Manuel Zamudio, quien declara que el día 3 de junio de 1978 fue secuestrado y conducido a un lugar clandestino de tormento y alojamiento de detenidos —que en 1984 reconoció, con intervención judicial—, donde fue atado a un elástico de cama y sobre el cual lo torturaron. En determinado momento, Zamudio sufrió un ataque grave en el funcionamiento respiratorio, por desprendimiento de gases de un brasero encendido, circunstancia en la cual escuchó que uno de los guardianes manifestaba a otro: «Casi te pasa con él lo que te ocurrió con el Dr. Abdala Auad», lo que lo persuadió de que este último estuvo alojado en ese mismo sitio durante su cautiverio.
La denuncia de estos hechos fue radicada ante el Juez del Crimen de Cuarta Nominación de Santiago del Estero.
Desaparición y muerte del Dr. Norberto Oscar Centeno - Legajo N.o 7289
Mi padre era especialista en Derecho del Trabajo, autor de dos libros sobre la materia, y numeroso material en revistas especializadas. Se desempeñaba como abogado del Sindicato de Choferes, Unión Gastronómica, Unión Obrera Metalúrgica y Asociación Obrera Textil, así como asesor de la C.G.T. regional Mar del Plata y Capital Federal. El día 7 de julio del año 1977, a la salida del estudio jurídico donde desarrollaba sus tareas mi padre, fue interceptado por un grupo de gente armada. De ello se tiene conocimiento posterior por versión de un testigo presencial. El 11 de julio del año 1977, aparece el cadáver de mi padre, dejándose constancia en el certificado de defunción que su muerte data del día 9 de julio, y dándose como causa del deceso «shock traumático hemorrágico». La desaparición de mi padre se produce en forma simultánea con la de otros profesionales, de los cuales uno solo recupera su libertad, el Dr. Carlos Bossi, quien es encontrado en el baúl del automóvil que mi padre conducía el día de su secuestro. En base al testimonio de la Sra. Marta García (Legajo N.o 7290), llega a mi conocimiento que, en el momento de ser ella alojada en el centro de detención llamado «La Cueva,» sito en la Base Aérea de Mar del Plata, ubica a mi padre. El mismo había sido objeto de torturas y ella tiene un contacto directo con él, al humedecerle los labios, ya que se quejaba de terribles dolores. Con posterioridad en una segunda sesión de tortura, mi padre fallece, apareciendo su cadáver, tal como he manifestado, el día 11 de julio de 1977.
Entre quienes sufrieron represalias, también los hubo que eran docentes en las materias jurídicas, por lo cual las medidas que contra ellos se adoptaron, afectaron la calidad de la enseñanza del derecho con contenido democrático y republicano, debido al temor que despertó la difusión de los casos padecidos por sus colegas.
Será de inexcusable mención el caso del Dr. Lucio Jorge Rebori (Legajo N.o 12), abogado y licenciado en filosofía, profesor adjunto en la cátedra de Introducción al Derecho y titular en la de Filosofía del Derecho. El día 1.o de enero de 1977 fue secuestrado pocas horas después que lo fuera su esposa, Celia Sara Machado de Rebori, profesora de Filosofía y escritora, al tiempo que saquearon el departamento; esa misma noche asaltaron su estudio jurídico. De inmediato, su hermano, el ingeniero agrónomo Humberto Antonio Rebori, presentó un recurso de habeas corpus, por lo cual fue secuestrado el día 2 de febrero de 1977, sin haber reaparecido ninguna de las tres personas hasta el momento actual. Es de destacar que los captores —que se presentaban portando ostensiblemente ametralladoras y escopetas de cañón recortado— buscaban en realidad a la hija del Dr. Rebori de su primer matrimonio, una adolescente que estaba desde seis meses antes estudiando música en la ciudad de París (Francia). Al no encontrarla, atacaron a la familia por probable «complicidad» con lo que atribuían a la joven.
También los hubo quienes, hasta la víspera de su secuestro y asesinato, habían desempeñado cargos judiciales, cual es el caso de la:
Desaparición y muerte del Dr. Guillermo Raúl Díaz Lestrem - Legajo N.o 2161
El Dr. Díaz Lestrem se ha desempeñado como Secretario de la Justicia Federal en lo Penal de la Capital Federal, pasando a revisar posteriormente como Defensor Oficial en la Justicia en lo Criminal. Mientras ocupaba este último cargo, fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en la madrugada del 30 de marzo de 1976. Gracias a gestiones realizadas por las autoridades de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, se logra ubicarlo en la cárcel de Villa Devoto. Posteriormente es trasladado al Penal de Sierra Chica, Provincia de Buenos Aires, siendo brutalmente castigado en el trayecto, de resultas de lo cual sufre una sería afección en un oído. Cinco días después de su arresto, se firma el decreto de su cesantía al cargo que ejercía en el Poder Judicial.
Recuperada su libertad, ejerció intensamente la profesión de abogado en la disciplina de su especialidad, en el estudio del conocido penalista Dr. Ventura Mayoral.
En mayo del año 1978, tomó conocimiento que el portero del edificio, al advertir la presencia de personas en actitud sospechosa les preguntó sobre la extraña conducta que exhibían, a lo que le respondieron «que buscaban a Díaz Lestrem». Paralelamente, éste recibía amenazas telefónicas, por todo lo cual resolvió presentarse espontáneamente ante el Juzgado Federal en lo Penal N.o 3 de esta Capital, suscribiendo un recurso de habeas corpus preventivo y solicitando ser alojado en la Alcaldía del Palacio de Tribunales mientras se sustanciare la causa. Luego salió en libertad por no existir incriminación alguna en su contra.
En la noche del 20 de octubre de 1978, el Dr. Díaz Lestrem desaparece, produciéndose el hallazgo de su cadáver el día 30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club de Gimnasia y Esgrima del barrio de Palermo, Capital Federal.
Recientemente, ante esta Comisión ha expuesto su testimonio la Srta. Nilda Noemí Actis Goretta, quien manifiesta:
a) Estuvo ilegalmente detenida en la ESMA durante ocho meses, a partir del día 19 de junio de 1978; b) Vio al abogado Díaz Lestrem en ese lugar a fines de octubre de ese año; c) Un poco más de un mes después, advierte que lo sacan de la Escuela; d) Al día siguiente, lee en los diarios que había sido encontrado sin vida en el barrio de Palermo; e) Incluso vio en la ESMA los tormentos a que se lo sometió. (Legajo N.o 6321).
Mientras tanto, se produjo el lógico corolario: la desprotección jurídica para aquellos familiares que precisamente necesitaban denunciar la tragedia de quienes habían sido secuestrados o detenidos. Los tribunales vivieron un tiempo verdaderamente singular en el discurso jurídico; la inmensa mayoría de los familiares debió pergeñar sus propios escritos a ser presentados en los estrados judiciales, sin contar con el debido auxilio profesional, tal era la amenaza que pendía sobre los profesionales del Foro y el temor por lo ocurrido a sus colegas. Nunca se había vivido una circunstancia de tal necesidad de patrocinio jurídico y que, paradójicamente, se experimentara la virtual inexistencia de la asistencia profesional.