G. Desaparición de periodistas

G. Desaparición de periodistas

Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada del siniestro aparato de persecución y represión político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a los periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto campo de la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar un grupo social de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público.

Naturalmente, la actividad periodística siempre convocó la más diversa gama de intelectuales, personalidades del arte y de las letras, así como gente con alto grado de inquietud política y sociológica. Por añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los periodistas se destacaron por su firme actitud de defensa de sus asociados, y en tal sentido lucían en el escenario de las luchas en pos de la vigencia de la libertad de pensamiento, con particular brillo.

El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado N.^o 19 hizo saber que sería «reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales».

El tiempo fue dando cuenta del significado y alcance de tal advertencia. Se intervino militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas y públicas.

En La Razón del 29 de abril de 1976, se informaba que el Teniente Coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe del Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, dependiente del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, había invitado a periodistas a presenciar una quema de libros de autores marxistas o afines, confiscados en diferentes librerías de esa ciudad, manifestando en esa oportunidad que se procedía a «incinerar esta documentación perniciosa que afecta el intelecto, a nuestra manera de ser cristiana… y en fin a nuestro más tradicional acerbo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar».

Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.

Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía paralizar por el pánico a toda la Nación.

La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o que se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo, fue vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de desaparición forzada que estaba en marcha. Había que hacer algo más que aplicar las insoslayables medidas de «control» sobre las voces opositoras o simplemente interesadas en transmitir con aproximación objetiva los sucesos de la realidad. Había que hacer sentir a quienes trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista, para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno, impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos secuestros.

A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó al país, o quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo.

Así fue como los medios de comunicación social en general se abstuvieron de difundir el arresto de personas consideradas por las autoridades como elementos subversivos. Todo el país sabía que se practicaban detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la publicación de «solicitadas» con las listas de las personas buscadas por sus familiares.

Es sintomático en este sentido, el «Memorándum Interno N.^o 44», del diario cordobés «La Voz del Interior», fechado el 22/4/1976 y dirigido a la Secretaría de Redacción del matutino, que reza así: «Córdoba, 22/4/1976. Por disposición de esta Dirección, y con motivo de las directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se deberán publicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero».

La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del problema o al enterarse de los casos concretos, incurrieron en incredulidad o, a lo sumo, le restaron importancia.

Paralelamente, en el lapso circunscripto a los primeros meses de gobierno de facto, cuando éste instrumentó el basamento funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos, se produce la más alta proporción de secuestros de periodistas. Ciertamente, en el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad, situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45 profesionales de prensa. En los ocho meses siguientes, desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de «desaparecidos» de este gremio asciende a un centenar, tal como surge del listado anexo.

Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de cien periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir del 241311976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave peligro que corrían sus mismas vidas.

Esta Comisión ha elaborado su información con incuestionable acopio de elementos acreditantes de lo que ha sido casi una constante: la participación de fuerzas públicas en los secuestros, la destrucción, el saqueo y hasta la extorsión de los familiares de las víctimas.

Simplemente a título ejemplificativo, daremos seguidamente referencias sintéticas de algunos de los casos denunciados:

Desaparición de Héctor Ernesto Demarchi - Legajo N.^o 802

Desaparición de Héctor Ernesto Demarchi - Legajo N.^o 802

Era redactor de El Cronista Comercial y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Renunció a su trabajo en dependencia de este diario por el temor de resultar reprimido por su actividad sindical en cualquier momento. Sin embargo, el día 5/8/1976 debió concurrir a la sede del diario para cobrar una liquidación de sueldos; cuando egresó del mismo a plena luz del día juntamente con un compañero de trabajo, fue secuestrado por un grupo armado a media cuadra del edificio del Ministerio de Trabajo de la Nación, introducido en una camioneta Chevrolet cuyo número de chapa patente se conoce. Nunca más se tuvo noticias de él.

Desaparición de Enrique Raab - Legajo N.^o 276

Desaparición de Enrique Raab - Legajo N.^o 276

Este desafortunado periodista trabajó en su momento para los diarios Clarín y La Opinión así como en las revistas 7 Días y Visión. El día 16/4/1977 fue rodeada totalmente la manzana donde se asienta su domicilio por personas fuertemente armadas, a escasos cien metros de la Comisaría Seccional 1.^a de Capital Federal. Obligaron al portero a acompañar a los captores hasta el departamento de su vivienda, ametrallaron la puerta de acceso (causando heridas a Raab), y encapucharon a ambos residentes, Raab y Daniel Giron, para introducirlos en un vehículo que partió con destino desconocido. Una semana después, Giron fue liberado, sin conocerse aún la situación de Raab.

Desaparición de Haroldo Pedro Conti - Legajo N.^o 77

Desaparición de Haroldo Pedro Conti - Legajo N.^o 77

Además de periodista, incursionó en la docencia, el teatro, el cine y la literatura. Mereció los siguientes premios: Revista Life (1960), Fabril, en narrativa (1962), Municipal (1964), Universidad Veracruzana (1966), Barral Editor (1971) y Casa de las Américas (1975). Colaboró en la revista «Crisis» en Buenos Aires.

El día 4 de mayo de 1976 fue aprehendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche, junto a su compañera Marta Beatriz Scavac Bonavetti y el bebé de ambos. Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado, había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del «botín»: los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, etc., dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti, y documentación personal.

Se llevaron a Conti y al amigo, en varios automotores, que incluían el propio coche de Conti que tampoco apareció más. La Sra. Scavac debió salir por una ventana con sus dos hijos, ya que la puerta fue dejada con llave, y el aparato telefónico hurtado. Según versión de los vecinos, poco más tarde los captores regresaron, tal vez con el fin de llevársela a ella. Concurrió casi de inmediato a la Comisaría Seccional 29, donde la atendieron burlonamente y ni siquiera se trasladaron para verificar el estado en que había quedado la vivienda, donde todo estaba revuelto. Ante el Poder Judicial no tuvo mejor suerte, ya que en poco tiempo se archivaron las actuaciones.

Explica la Sra. Scavac que en los medios de prensa le manifestaron que:

… tenían orden del Gobierno de no informar sobre el secuestro de Conti.

Al cabo de tramitar diversos recursos de habeas corpus con resultado desfavorable, se inició con fecha 2 de marzo de 1983 una nueva demanda de habeas corpus ante el Juzgado Federal N.^o 3 de la Capital Federal, Secretaría N.^o 7. Los elementos innovantes que en esta acción se incorporaron son los siguientes: a) Los diarios de fecha 13 de noviembre de 1982 dieron cuenta de la detención, en la ciudad de Ginebra, Suiza, de tres argentinos, quienes declararon pertenecer a grupos secretos de represión política, autores de secuestros extorsivos cuyos «rescates» cobrarían en aquel país donde resultaron aprehendidos, y que manifestaron estar en condiciones de proveer información sobre el destino de Conti (Clarín, 13/11/82); b) En base a las fotografías difundidas en su momento de los individuos detenidos en Suiza (Bufano, Martínez y otros), la Sra. Scavac reconoció que el «amigo» que se hallaba en el domicilio antes de que llegaran las fuerzas que capturaron a Conti, y que decía llamarse «Juan Carlos Fabiani» (quien había concurrido a casa de Conti una semana antes del secuestro solicitando «asilo» por sentirse perseguido por la policía a causa de su militancia política), era el detenido Rubén Osvaldo Bufano —perteneciente, según sus declaraciones al Batallón 601 del Ejército—. Los hijos de Conti —Marcelo Haroldo y Alejandra— del primer matrimonio, también reconocieron dichas fotografías, ya en sede judicial, como pertenecientes al «amigo» a quien veían en la casa de su padre cuando le efectuaba visitas; c) El ex cabo de la Fuerza Naval Raúl David Vilariño recuerda haber visto a Conti secuestrado en la ESMA; posteriormente, reconoce su fotografía.

Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh - Legajo N.^o 2587

Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh - Legajo N.^o 2587

Según la extensa y prolija narración brindada por la hija del escritor, Patricia Cecilia Walsh, su secuestro se produjo el día 25 de marzo de 1977 en la Capital Federal, en las cercanías de la Estación Constitución, donde había arribado desde su domicilio en la localidad de San Vicente —provincia de Buenos Aires— para realizar una diligencia.

El día anterior había instrumentado la circulación pública de una carta abierta a la Junta Militar de Gobierno, por la que diseñaba el cuadro de violación de los derechos humanos y de perjuicios a la economía nacional que caracterizaba al régimen.

En la fecha de la desaparición, debía encontrarse en un departamento de la ciudad de Buenos Aires con su compañera con quien vivía desde años atrás, lo que no ocurrió, circunstancia que determinó que ésta se dirigiera a la casa de San Vicente, a la que encontró con incontables impactos de proyectiles balísticos de grueso calibre por sus cuatro paredes exteriores, absolutamente saqueada y hasta con señales de bombardeos con granadas estalladas en el terreno donde el inmueble se asienta. Por versión de los vecinos, llegaron por la noche alrededor de cuarenta hombres vigorosamente armados, quienes atacaron el lugar durante no menos de dos horas, estando desocupada la vivienda.

A partir de hechos específicos, el periodista se encontraba alertado sobre las inseguridades de su situación. A raíz de la muerte, por fuerzas de seguridad, de su hija María Victoria Walsh y el allanamiento de su casa en el Delta del Tigre, con total saqueo de sus pertenencias.

Cabe tener en consideración que entre los objetos de valor robados en su domicilio de San Vicente se encuentran los originales de toda su obra, incluso la inédita, de una larga vida de producción intelectual.

De diversos testimonios prestado ante esta Comisión (Sara Solars - Legajo N.^o 4442; María Alicia M. de Pirles - Legajo N.^o 5307) surge que Walsh llegó muerto a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Asimismo, otra testigo (Graciela Beatriz Daleo - Legajo N.^o 4816) asevera haber visto en la citada ESMA documentación identificatoria y escritos personales pertenecientes a la víctima, lo que se refuerza con la testimonial de Enrique Mario Fuckman (Legajo N.^o 4687). Según refiere la hija de Walsh, también otros, como el Dr. Martín Grass, vieron allí el cuerpo del malogrado escritor.

La denuncia de estos hechos fue elevada a la Justicia Federal el día 5 de junio de 1984, quedando radicada en el Juzgado N.^o 4 de la Capital Federal.

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Total de casos: 84