K. La coordinación represiva en Latinoamérica
Vinculada a la operatividad represiva ilegal realizada dentro de los límites del territorio nacional, debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de Seguridad de Estados limítrofes, los que con características de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguna, en franca violación de tratados y convenciones internacionales suscriptos por nuestro país sobre el derecho de asilo y refugio político. Incluso operaron dentro de nuestro territorio agentes represores extranjeros, que procedieron a la detención de ciudadanos uruguayos, paraguayos, bolivianos y de otras nacionalidades.
Estos habitantes extranjeros fueron secuestrados dentro de la mayor clandestinidad e impunidad y entregados a las autoridades de los países de origen.
Algunas de estas personas ostentaban el carácter de refugiados, algunos con su radicación legalizada, y otros bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Haberlos privado de tal condición demuestra una clara transgresión de derechos internacionalmente reconocidos, constituyendo un evidente desconocimiento de la constante histórica en materia de asilo político.
La metodología empleada consistió, básicamente, en la interrelación de los grupos ilegales de represión, los que, en definitiva, actuaron como si se tratara de una misma y única fuerza, constituyendo tal operatoria, por aquella clandestinidad a la que se ha hecho referencia, una clara violación de la soberanía nacional.
Lamentablemente lo que ha ocurrido es demostrativo de la existencia de un aparato represivo típicamente «multinacional». A su amparo, las fuerzas de represión extranjeras pasaron a integrar los llamados «grupos de tareas», dedicándose a secuestrar, interrogar bajo tortura, asesinar o a proceder al traslado de sus compatriotas a los centros clandestinos de detención ubicados en sus propios países.
Si bien es cierto que el mayor número de extranjeros fueron de nacionalidad uruguaya, no pueden dejarse de lado los casos de asilados paraguayos, bolivianos e incluso chilenos que en similar modo debieron padecer las consecuencias de esa íntima afinidad de modelos políticos autoritarios que azotó a esta parte del continente.
Veamos algunos ejemplos:
Testimonio de Osiris Irineo Ayala - Legajo N.o 6364
En una de esas oportunidades estuve con un grupo de gente y un guardia hablando en idioma guaraní dice: «Hay uno que no es paraguayo, dígale al Capitán Espada que nosotros no queremos llevar gente que no sea paraguaya».
Es de destacar que, en el lugar al que se refiere el Sr. Ayala, sólo quedó él de las catorce personas que se encontraban detenidas.
Testimonio de Matilde Artes Company, madre y abuela de las desaparecidas Graciela Antonia Rutilo Artes y Carla Graciela Rutilo Artes - Legajo N.o 6333 y 7243
El 2 de abril de 1976 fueron apresadas por Fuerzas de Seguridad en la ciudad de Oruro (Bolivia) mi hija Graciela Antonia Rutilo Artes conjuntamente con mi nieta Carla Graciela Rutilo Artes.
Con posterioridad son trasladadas a la ciudad de La Paz en donde separaron a madre e hija. Graciela fue conducida a distintas dependencias del Ministerio del Interior boliviano donde es torturada…
Carlita es ingresada en el orfelinato «Hogar Carlos Villegas» donde permanece con el nombre supuesto de Norah Nentala y con el encargo de ser muy vigilada.
Carlita fue varias veces llevada a las sesiones de tortura que sufría la madre donde la pequeña fue maltratada (la traían desnudita, cogida de los pies y cabeza abajo) con el fin de doblegar a Graciela. En virtud de las denuncias que efectué ante la Cruz Roja Internacional, mi hija, cuyo paradero desconocía, fue localizada en su lugar de detención donde recibió la visita del Sr. Isler, Delegado del dicho organismo, quien inició gestiones ante las autoridades competentes para que la pequeña Carlita fuera reunida con su madre.
… la niña fue trasladada al orfelinato de Villa Fátima (La Paz), donde ya fue posible registrarla con su nombre verdadero. Allí permaneció hasta las 13.20 hs. del día 25 de agosto de 1976, de donde fue sacada a la fuerza (en razón de que las trabajadoras sociales se negaban a entregarla) por cuatro agentes del Ministerio del Interior boliviano, quienes cumpliendo órdenes del Cnel. Ernesto Cadina Valdivia alegaron que la niña debía viajar inmediatamente con la madre. Por su parte, mi hija es obligada a firmar un documento donde consta «haber recibido a la niña en perfecto estado de salud». Este hecho se llevó a cabo el día 25 de agosto de 1976 a las 15 hs. También por fuentes dignas de crédito me enteré que mi hija fue horriblemente torturada por una comisión de la Policía Federal Argentina que se hizo presente a mediados del mes de agosto de 1976.
Finalmente mi hija Graciela y mi nieta Carlita fueron entregadas el 29 de agosto de 1976, a las 10.15 hs. en la frontera de Villazón-La Quiaca a las autoridades argentinas. Adjunto la prueba del radiograma oficial (se acompaña fotocopia del mismo). Cabe señalar que mi hija Graciela residió desde la edad de 9 años en Bolivia, donde yo me establecí con mi familia y que, fuera de algunas cortas visitas a la Argentina, nunca vivió en este país. Por lo tanto, más allá de la flagrante ilegalidad de su traslado, resulta claro que el gobierno argentino no tenía motivo alguno para reclamarla.
A partir de la comunicación, la Cruz Roja Internacional es el único organismo que: 1. Vio con vida a mi hija. 2. El gobierno boliviano le comunicó oficialmente la entrega de ambas a la Argentina y 3. Tramitó ante el gobierno argentino la aparición de dos ciudadanas que, de alguna manera, estaban bajo su tutela, persistiendo la Junta Militar en indicar que «no existen constancias de su ubicación, y que no se encuentran detenidas».
Desaparición de Claudio Ernesto Logares, Mónica Sofía Grispon de Logares y Paula Eva Logares - Legajos N.o 1982, 1983 y 1984
Se trata del caso de una familia argentina radicada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que fuera secuestrada en dicha Capital.
El día 18 de mayo de 1978 Claudio Ernesto Logares, argentino, su esposa Mónica Sofía Grispon de Logares y la menor Paula Eva Logares fueron detenidos a las 15.30 hs. del día indicado en la Av. Fernández Crespo, frente al N.o 1757, de Montevideo, por un grupo de civiles fuertemente armados, los que se transportaban en tres automóviles. El matrimonio fue separado, conduciéndose al Sr. Logares en uno de los vehículos y a su cónyuge e hijita en otro.
Se efectuaron gestiones tanto en el Uruguay como en nuestro país tendientes a lograr el paradero de esta familia, sin que ninguna de ellas tuviera éxito. Lo que resulta de suma importancia resaltar es el hecho de que la menor Paula Eva Logares pudo ser localizada por intermedio de las Abuelas de Plaza de Mayo. La hijita del matrimonio Logares se encontraba en poder de un ex Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien la había inscripto como hija propia. A la fecha, efectuada la denuncia pertinente ante el Juzgado Federal N.o 1 de la Capital Federal, el magistrado actuante dictó auto de prisión preventiva en contra de Rubén Luis Lavallén, Raquel Teresa Leyro y del médico Jorge Héctor Vidal, por encontrarse incursos, prima facie, en el delito de alteración del estado civil de un menor de 10 años, en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público (acta de nacimiento).
La aparición de la niña en nuestro país, y además, en poder de un integrante de las fuerzas policiales, no deja duda alguna que en el secuestro de la familia Logares se utilizó la estrecha colaboración existente entre los grupos de presión ilegal, quienes además se valieron de esa interrelación para proceder a la sustracción y cambio de identidad de la pequeña Paula Eva Logares.
Desaparición de Aída Celia Sanz Fernández y Elsa Fernández de Sanz - Legajo N.o 7162 y 7227
Aída Celia Sanz Fernández, de nacionalidad uruguaya, estaba radicada en nuestro país desde el mes de mayo de 1974. Se desempeñaba como enfermera en la unidad de terapia intensiva de la Asociación Española de Buenos Aires. Al momento de su detención —23 de diciembre de 1977— se encontraba embarazada a término. Su madre, Elsa Fernández de Sanz, viajó expresamente desde el Uruguay para estar presente en el próximo parto de su hija.
Ambas fueron detenidas en el domicilio de Aída Celia, sito en la localidad de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Por referencias obrantes en los legajos citados pudo establecerse que la hija fue vista en el centro clandestino de detención denominado «Pozo de Quilmes», según luce en el testimonio de Washington Rodríguez que integra las actuaciones de referencia.
Dice Washington Rodríguez:
El 1.o de abril de 1978 fui secuestrado en la ciudad de Buenos Aires y trasladado a un centro clandestino de detención situado en las inmediaciónes de Quilmes. En dicho lugar vi a tres uruguayos, entre los que se encontraba Aída Sanz, que había sido detenida el 23 de diciembre y dado a luz a una niña el 27 de diciembre, la que le fue retirada de inmediato, sin saberse nunca más nada de ella…
Denuncia de Enrique Rodríguez Larreta Piera - Legajo N.o 2539
Además de las situaciones relatadas en los casos anteriormente reseñados, obran constancias en esta Comisión de la denuncia que formulara ante la Justicia Nacional el ciudadano uruguayo Enrique Rodríguez Larreta Piera, sobre los hechos que trágicamente le ha tocado vivir, la que por su contundencia es de interés, en lo principal, transcribir literalmente sus párrafos más pertinentes:
En fecha 1.o de julio de 976 fui informado por mi nuera, Raquel Nogueira Paullier, de la desaparición de mi hijo Enrique Rodríguez Larreta Martínez, uruguayo, casado, de 26 años de edad, padre de un niño de 5 años, de profesión periodista y con residencia legal en la República Argentina desde el año 1973. De inmediato nos pusimos en contacto con un abogado y con su asesoramiento presentamos un recurso de habeas corpus… Varios días después se me informó que el recurso se archivaría ya que las autoridades habían informado que no se registraba pedido de captura contra mi hijo y que tampoco se encontraba detenido. En la noche del 13 al 14 de julio una banda de entre 8 y 12 personas armadas, luego de penetrar en el edificio de departamentos en que se domiciliaban mi hijo y mi nuera, derribaron la puerta del departamento e irrumpieron en él sin exhibir ninguna orden de allanamiento… mi nuera y yo fuimos sacados de la casa y se nos introdujo en una camioneta cerrada. El vehículo en que viajamos se dirigió a otra casa; luego de estacionar unos minutos se introdujo junto a nosotros a una pareja, tras de lo cual se nos condujo a un local para entrar al cual fue necesario levantar una ruidosa cortina metálica de enrollar. Pude advertir de inmediato que en ese local se hallaba un número elevado de personas en las mismas condiciones que yo. Entre ellos identifico a mi hijo por su voz y porque habían utilizado para encapucharme una bolsa de azúcar de trama no muy cerrada, lo que me permitía ver las siluetas. Posteriormente, un guardia se apercibe de que puedo distinguir algo, por lo que me da una golpiza y me venda los ojos fuertemente con un trapo. Pude reconocer también entre las personas que se hallaban allí a Margarita Michelini —hija de mi amigo el Senador Zelmar Michelini, asesinado poco tiempo antes— y León Duarte, dirigente obrero uruguayo de relevante actuación en el movimiento sindical de mi país. Mientras se me tortura me formulan preguntas sobre las actividades políticas de mi hijo y sobre mi participación en el Partido por la Victoria del Pueblo al que, según ellos, pertenecía mi hijo. Es en este cuarto donde puedo ver, en un momento en que por la copiosa transpiración se corre algo la venda, que en la pared hay colgado un retrato de Adolfo Hitler de regular tamaño. Luego de sufrir ese tratamiento se me reintegró a la planta baja y permanecí allí hasta el día en que fui trasladado el Uruguay. Reconozco claramente la voz de Gerardo Gatti Antuña a quien conozco desde hace mucho tiempo como dirigente sindical de los obreros gráficos del Uruguay. Por comentarios de otro de los secuestrados —en momentos de descuido de los guardias podemos cambiar algunas palabras en voz baja—, me entero que otra de las voces escuchadas en la planta baja es la de Hugo Méndez, otro sindicalista uruguayo que había sido secuestrado en Buenos Aires en el mes de junio. Con el paso de los días puedo darme cuenta —por el contenido de las conversaciones y los modismos que emplean— que la gran mayoría de los que participaron en el operativo de secuestro y todos quienes nos custodian son argentinos. Algunos militares uruguayos pertenecían a un grupo llamado OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) integrado por militares y policías uruguayos que se distinguen en el trato entre ellos, con el nombre de «Oscar» seguido de un número ordinal. El día 26 de julio se nos dijo que nos preparáramos para ser trasladados. Ya lo habían dicho tres días antes pero en esa oportunidad, según comentarios de la guardia, el avión en el que debíamos viajar no llegó por la fuerte tormenta de ese día, por lo que se postergó la operación. Se nos colocó tela adhesiva en los ojos y en la boca… Nos hicieron subir a la caja de un camión y sentarnos en el piso… Finalmente partimos de la casa en la que habíamos permanecido secuestrados. En ese momento quedaron en ella Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez sobre cuyo destino nunca más supe nada. El camión en que se nos trasladaba iba fuertemente custodiado a juzgar por el ruido de numerosas motos y automóviles a nuestro alrededor, que hacían sonar sirenas en los cruces para interrumpir el tránsito. Nos condujeron a la Base Militar contigua al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Pude darme cuenta de ello al descender, ya que con la transpiración producida por el encierro y la llovizna que estaba cayendo en esos momentos la tela adhesiva se había desprendido algo, dejando cierta visibilidad. Una vez descendidos del camión se nos hizo subir a un avión «Fairchild» de los que utiliza la Fuerza Aérea Uruguaya y están afectados a los servicios TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo) y PLUNA (Línea Nacional de Aeronavegación). Algunas de las personas que viajaban conmigo pudieron apreciar el distintivo PLUNA en bolsas de polietileno puestas en el bolsillo de los asientos. Viajamos sentados y el vuelo duró alrededor de una hora, según mi estimación. Al aterrizar y descender pude advertir que estábamos en la Base Aérea Militar N.o 1, contigua al Aeropuerto Nacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo. La noche del día 14 de agosto se nos sacó presurosamente del lugar en el que fuimos alojados. Realizamos un viaje de entre 20 y 30 minutos hasta nuestro nuevo destino. Al llegar se nos hace descender al subsuelo de una casa donde se nos introduce en una pieza grande, con piso de madera, donde nos dividieron en dos grupos, uno sobre cada pared. En ese lugar el Mayor Gavazzo nos dirigió un discurso, enterándonos que estábamos en manos de lo que llamó «fuerzas especiales de seguridad» de la República Oriental del Uruguay y que estábamos sometidos a una rigurosa disciplina en que cualquier falta sería severamente castigada. A los pocos días de estar en esta casa son retirados de la habitación que servía de celda común, Félix Días Berdayes (15 de agosto) y Laura Anzalone (el 20 de agosto) compañera del anterior, de quien se hallaba embarazada. El día 26 de agosto —lo recuerdo con precisión por tratarse del día siguiente a una importante fecha histórica del Uruguay y varios de los guardias hicieron comentarios de la parada militar que se realizó— volvió el Mayor Gavazzo, nos hizo poner de pie y nos planteó lo siguiente: Que ellos —las fuerzas especiales de seguridad del Uruguay— nos habían salvado la vida al rescatarnos de los asesinos argentinos, que «nos querían mandar para arriba a tocar el arpa con San Pedro». Que por lo tanto debíamos contribuir a que se justificara nuestra presencia en el Uruguay, para lo cual debíamos prestarnos a simular una tentativa de invasión armada por un grupo guerrillero que había ingresado clandestinamente a la altura del Río Negro, donde sería «sorprendido» por tropas uruguayas… Para presionarnos insistió en recordar que si bien nos habían salvado la vida estábamos exclusivamente en sus manos y nadie conocía nuestro paradero… La totalidad de los secuestrados rechazó este planteamiento. En caso de negativa, dijo que no le quedaba otro remedio que devolvernos a la Argentina para que nos asesinen. Carezco de antecedentes penales de clase alguna y si se me ha secuestrado y enviado a la fuerza el Uruguay, es por el solo hecho de haberme encontrado en Buenos Aires buscando a mi hijo desaparecido, con todos mis documentos en regla y dando los pasos que la Constitución y la ley me permitían. Deseo aclarar que a mediados de septiembre fue traído desde Buenos Aires quien luego supe era Álvaro Nores Montedónico, hermano de María Pilar Nores Montedónico, refugiada uruguaya también secuestrada en Buenos Aires y que había viajado con nosotros pero en condiciones distintas. El día 22 de diciembre se me deja en libertad conduciéndoseme hasta mi domicilio. La casa donde fui secuestrado es propiedad de mi nuera Raquel Nogueira Paullier. Cuando ya liberado viajé a Buenos Aires visité a la misma, la cual había sido saqueada. Posteriormente se me informó que luego del secuestro fue clausurada con una faja que rezaba «EJÉRCITO ARGENTINO». El portero fue testigo presencial de los hechos ocurridos. Reitero que el inmueble es el sito en la calle Víctor Martínez 1480 de la Capital Federal. Cuando decidí salir del Uruguay para dar testimonio de estos hechos, viajé a la ciudad de Buenos Aires. Allí en contacto con integrantes de la colonia uruguaya de refugiados, pude enterarme que mi descripción coincidía con la que había hecho un matrimonio argentino que tiempo antes habla logrado fugar de la casa en que se lo retenía ilegalmente y que ubicaron en la calle Venancio Flores esquina Emilio Lamarca. Concurrí el lugar y efectivamente es donde estuvimos detenidos. Es un antiguo taller que tiene en su frente un cartel que dice «Automotores Orletti». Al ser liberado supe que en el mes de septiembre de 1976 se había denunciado la desaparición de varias decenas de refugiados uruguayos en Buenos Aires, incluyendo tres niños de corta edad secuestrados junto a sus padres. Todo lo dicho implica una clara denuncia de intervención en un país extranjero a la vez que una violación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el refugiado político.
Denuncia de Alberto Illarzen y su cónyuge - Legajo N.o 4086
Este matrimonio fue secuestrado en la localidad de Lanús —Provincia de Buenos Aires— el 21-4-78 y liberado el 18-5-78. Durante su cautiverio pudieron advertir que se encontraban en el denominado «Pozo de Quilmes», donde fueron aberrantemente tratados. Explican las impresiones del sitio específico donde se los mantuvo, en estos términos:
En el momento que llegamos había 32 secuestrados, todos uruguayos, brutalmente torturados, incluso un menor de 16 años. Los nombres que recordamos son: Aída Sanz, Andrés Da Fontoura, Gabriel Corch Lavigna, Guillermo Manuel Sobrino… Ari Cebero y su esposa Beatriz, Carlos Cebero, Jorge Martínez y su esposa Marta Beatriz Cebero, y otros. Sin lugar a dudas, había tanto oficiales argentinos como uruguayos, y también personal militar de menor rango entre los uruguayos. El oficial de mayor jerarquía entre los uruguayos se hacía llamar «Capitán Saruchu», quien desempeñó funciones, como lo advirtió Sobrino, en el mismo lugar donde éste había estado en cautiverio en la ciudad de Montevideo. A una militar uruguaya que revistaba en el Pozo de Quilmes le decían «Sargento Piters»; un día un militar uruguayo la llamó «Cristina», que podría ser su verdadero nombre de pila; ella era la encargada de realizar los interrogatorios durante los tormentos.
Denuncia de Washington Rodríguez - Legajo N.o 4085
El día 1-4-78 fui detenido en la Provincia de Buenos Aires cuando caminaba con mi hijo de 15 años. Personas fuertemente armadas en número aproximado de 15 nos esposaron y condujeron a mi casa, distante 150 metros, a la vista de todos los vecinos; ésta, donde se encontraban mis otros 4 hijos, había sido allanada por otras 15 personas, luego de introducirse en cuatro inmuebles vecinos. Saquearon las pertenencias de mi domicilio. Me introducen en una camioneta, encapuchan y al cabo de una hora me bajan en el «Pozo de Quilmes» donde me aplican la picana eléctrica. Allí veo un grupo de 22 personas de nacionalidad uruguaya, detenidos. Los interrogadores eran uruguayos, oficiales pertenecientes a la O.C.O.A.; el interrogatorio giraba sobre actividades en el Uruguay. Los propios guardias nos manifestaron que los uruguayos estaban a cargo de personal militar de esa nacionalidad.
Conclusión sobre el eslabonamiento internacional represivo
Resulta forzoso mencionar el resonante caso del delincuente norteamericano Michael Townley, quien declaró pormenorizadamente la autoría de crímenes contra personalidades de Chile y de Bolivia, ante los tribunales de Estados Unidos.
En efecto, confesó su intervención protagónica en el atentado que se consumó en la ciudad de Washington —EE.UU.— contra el ex canciller chileno Dr. Orlando Letelier y su secretaria, por mandamiento de la famosa «D.I.N.A.», policía política trasandina, a causa de lo cual la Justicia norteamericana solicitó la extradición de los más altos Jefes de este servicio chileno para ser procesados en los EE.UU.
Además de ello, como surge de las informaciones periodísticas, también se confesó autor de los asesinatos, en territorio argentino, del General chileno Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército, y su esposa, y asimismo del General boliviano Juan José Torres (ex Presidente de la Nación en su país), igualmente en la ciudad de Buenos Aires. Con motivo de estas declaraciones, el Poder Judicial argentino solicitó la extradición de Townley para procesarlo aquí.
En virtud de todas estas conexiones manifiestas, en su momento esta Comisión ha incluido, en su denuncia radicada ante el Juzgado Penal N.o 1 de la ciudad de La Plata, en razón de los campos clandestinos destinados al tormento, interrogatorio, alojamiento y traslado de detenidos políticos, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, la siguiente formulación:
Finalmente, se debe destacar por su importancia institucional, la aseveración de distintos testigos acerca de un hecho extremadamente grave: la presencia de funcionarios uruguayos ejerciendo la represión ilegal en territorio argentino. Para describir esto, corresponde indicar ante todo que ha sido vista en cautiverio en el «Pozo de Quilmes» una cantidad de personas de ambos sexos de nacionalidad uruguaya.
A partir de lo cual adquieren un alto grado de credibilidad los dichos de Illarzen en el sentido de que uno de los detenidos, de apellido Sobrino, le explicó que quien en Quilmes aparecería como oficial uruguayo represor de mayor rango, de nombre Ariel Pretel —o Prete— había sido funcionario en un establecimiento Penal de la ciudad de Montevideo, donde Sobrino había estado internado como presidiario, por lo cual lo reconocía personalmente.
Estas evidencias deben merecer de la autoridad constitucional argentina el mayor celo revisor, con el afán impostergable de garantizar el ejercicio pleno de la soberanía de la Nación en el control exhaustivo sobre las eventuales vinculaciones ilegítimas de personal de nuestro país con funcionarios extranjeros.