CAPÍTULO 9

La batalla de Madrid (I):
las primeras ofensivas^[1]

Madrid bajo el Frente popular

Durante los meses que mediaron entre el alzamiento y el avance de las tropas de Franco hasta Toledo, Madrid se había convertido en un paradigma del gobierno revolucionario del Frente popular. Tras la matanza indiscriminada posterior a la toma del cuartel de la Montaña, ya el 20 de julio dejó trágicamente de manifiesto la política que los frentepopulistas iban a seguir no sólo con sus adversarios sino con aquellos a los que no consideraban adictos. No se trataba tan sólo de reprimir a militares alzados —militares a los que se podría haber aplicado la normativa legal y no fusilar sin formación de juicio alguno como había sucedido en el cuartel de la Montaña— sino de exterminar a los que se consideraba obstáculo contra las diferentes revoluciones en que soñaban socialistas, comunistas, anarquistas o poumistas. Si en Canillas se daba muerte por razones no establecidas a Eduardo Collado Pérez y Eduardo Collado García, padre e hijo, y en Guindalera a un anciano de ochenta y cinco anos llamado Augusto Enríquez Fernández, en paralelo se asesinaba a diecisiete eclesiásticos por el único delito de serlo.

Las dos primeras víctimas fueron dos monjas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, la madre Dolores Pujalte Sánchez de ochenta y tres años de edad y la madre Francisca Aldea Araujo de cincuenta y cuatro. Detenidas en el número 168 de la calle Alcalá, las bajaron a empujones los ciento veinte escalones que conducían a la calle y, tras conducirlas a Canillejas, procedieron a fusilarlas. A las dos monjas se sumarían ese mismo día dos sacerdotes del clero secular, Andrés Molinera, capellán de San Antonio de la Florida fusilado en la Casa de Campo y el padre Delgado Olivar, asesinado en Tetuán de las Victorias, así como otros trece miembros del clero regular.^[2]

Para llevar a cabo esa tarea considerada indispensable de exterminio iba a nacer en la España del Frente popular una institución con antecedentes directos en la revolución bolchevique. Nos referimos, claro está, a las checas. En la zona dominada por el Frente popular, las checas no fueron, sin embargo, un instrumento de terror y represión que, como había sucedido en Rusia, se circunscribiera en su empleo a los comunistas. En realidad, y de manera bien significativa, no hubo una sola organización del Frente popular —de los republicanos a los anarquistas, del PSOE al PNV— que renunciara a organizar sus propias checas, un paso extremadamente fácil si se tiene en cuenta la manera en que se procedió desde el primer día a ocupar inmuebles sin ningún tipo de limitación legal ni judicial. A través de las checas, no sólo se garantizaban una participación activa en la revolución en marcha sino que además disfrutaban de un medio privilegiado para imponer el pavor entre los posibles desafectos, para torturar y asesinar a sus enemigos, e incluso para obtener fondos derivados del despojo de los detenidos. Tan sólo en Madrid, hubo no menos de doscientas veintiséis checas identificadas, relación en la que no se incluye el conjunto de los denominados puestos de las milicias de vigilancia de retaguardia que alcanzaron una cifra difícilmente inferior.^[3]

La elección de lugares para establecer las checas varió de unas organizaciones a otras. Socialistas, comunistas y anarquistas manifestaron una especial predilección por los lugares de culto católico y los conventos. Se trataba de propiedades que, como tantas otras, las autoridades del gobierno del Frente popular no tenían la menor voluntad de proteger y que resultaban especialmente fáciles de asaltar y ocupar en la medida en que sus ocupantes se habían dado no pocas veces a la fuga para evitar la muerte o ya habían sido asesinados. Así, por citar algunos ejemplos, el partido comunista se apoderó para convertirlos en checas del convento de las Salesas Reales de la calle de San Bernardo número 72, del convento de la plaza de las Comendadoras y de la Iglesia de Santa Cristina.

Si se tiene en cuenta la forma en que fueron constituidas las checas y la mentalidad de los revolucionarios que contemplaban a los detenidos como enemigos a los que había que exterminar para garantizar el triunfo de la causa no puede resultar extraño que en ellas se sometiera a los reclusos a tratos que no sólo vulneraban la fenecida legalidad republicana sino que, por añadidura, entraban directamente en el terreno de la tortura. Esta fue practicada sistemáticamente en el caso de las checas comunistas como paso previo al asesinato. Por ejemplo, en la checa de la calle de San Bernardo número 72 fueron raros los detenidos que no padecieron alguna forma de tortura.^[4] En algunos casos, el cadáver, abandonado después del asesinato, presentaba claras muestras de haberla sufrido. Tal fue el caso, por ejemplo, de Manuel González de Aledo, cuyos restos mortales aparecieron el 3 de agosto de 1936 con señales en cara y distintas partes del cuerpo de haber sido sometido a la tortura.^[5]

Algunas de las checas no tardaron incluso en hacerse célebres por el tipo específico de sevicias a que sometía a sus reclusos. Así, en la checa comunista de la Guindalera, sita en la calle Alonso Heredia número 9, en el interior de un chalet conocido como El Castillo se recurría, además de a las palizas, a la aplicación de hierros al rojo y a arrancar las uñas de los dedos de las manos y de los pies. Diversos testimonios afirman que los verdugos se jactaban incluso de su labor denominando «corrida de toros» a las sesiones de tortura.^[6] En esta checa comunista actuaron también delincuentes comunes a los que se había liberado por considerarlos afectos al Frente popular. La conducta de los anarquistas fue, en términos generales, diferente de la seguida por los comunistas. Ciertamente, fueron mucho menos comunes los casos de tortura y ensañamiento que caracterizaron a los comunistas. Sin embargo, no escasearon ni los saqueos ni los asesinatos.

Sin embargo, la acción de las checas no quedó limitada a partidos de izquierdas y sindicatos. De hecho, las autoridades republicanas fiscalizaron directamente algunas de las checas que, como veremos, tuvieron un especial papel en la tarea de represión. Ése fue el caso del Comité provincial de investigación pública (la denominada checa de Bellas Artes y también de Fomento) y las de la Escuadrilla del Amanecer, Brigada Ferrer, de Atadell, de la calle del Marqués de Riscal número 1, del palacio de Eleta, de la calle de Fuencarral, de los Linces de la República y de los Servicios especiales que dependían directamente del Ministerio de la Guerra. Esta situación inicial iría derivando a medida que avanzaba la guerra hacia una creación creciente de checas por parte de las autoridades republicanas y a una unificación administrativa que nunca fue completa y en la que el partido comunista fue adquiriendo un papel sobresaliente.

A pesar de que las checas se caracterizaron desde su misma aparición por la perpetración sistemática de saqueos, asesinatos y torturas resultaría injusto e inexacto, como se hace repetidamente, atribuir esos desmanes a la labor de incontrolados.^[7] En primer lugar, cada partido y sindicato del Frente popular era consciente de lo que estaba sucediendo en esos centros y lo consideraba lícito dentro de su especial cosmovisión. Sin embargo, más importante es el hecho de que las autoridades republicanas no sólo no pensaron en acabar con estas conductas sino que incluso se ocuparon de intentar coordinarlas para proporcionarles una mayor eficacia. Así, a inicios de agosto de 1936, se celebró en el palacio del Círculo de Bellas Artes una reunión decisiva que respondía a una convocatoria de Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad. Muñoz Martínez no pertenecía a ninguno de los partidos que habían propugnado históricamente la revolución sino que era diputado de Izquierda Republicana, la formación política de Manuel Azaña, y pertenecía a la masonería en la que ostentaba el grado treinta y tres.^[8] La reunión, a la que asistieron representantes de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente popular, tuvo un resultado de enorme relevancia ya que en el curso de la misma se acordó la constitución de un Comité provincial de investigación pública que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad, iba a encargarse de las tareas de represión en la denominada zona republicana. El Comité en cuestión tendría entre otras competencias la de acordar las muertes que estimara convenientes.^[9] El Comité provincial de investigación pública, formado por secciones o tribunales, contaba como ya hemos señalado con representantes de todos los partidos y sindicatos del Frente popular, es decir, del PSOE, del PCE, de la FM, de Unión Republicana, del partido sindicalista, de Izquierda Republicana, de UGT, de la CNT, de las Juventudes socialistas unificadas y de las Juventudes libertarias. Hasta finales de agosto de 1936, el Comité funcionó en los sótanos del Círculo de Bellas Artes. En esas fechas, se trasladó a un palacio situado en el número 9 de la calle de Fomento, donde permaneció hasta su disolución en noviembre del mismo año. Este traslado explica el nombre popular de Checa de Fomento con el que fue conocido —y temido— el Comité.

La constitución del Comité implicó consecuencias de tremenda gravedad para el respeto a los derechos humanos en la zona controlada por el Frente popular. De entrada, su mera existencia consagraba el principio de acción revolucionaria —detenciones, torturas, saqueos, asesinatos— respaldándolo además con la autoridad del propio gobierno del Frente popular y de la Dirección General de Seguridad que éste nombraba. De esa manera, los detenidos podían ser entregados por las autoridades penitenciarias o policiales al Comité sin ningún tipo de requisito, quebrando cualquier vestigio de garantías penales que, tras varias semanas de matanzas, imaginarse pudieran. Por si esto fuera poco, la constitución del Comité no se tradujo en la disolución de las checas que actuaban en Madrid sino que les proporcionó, a pesar de su conocida actuación, una capa de legalidad ya que las convirtió en dependientes del citado Comité.

Partiendo de esas bases, no puede resultar extraño que motivos no políticos se sumaran a las razones de este tipo en la realización de las detenciones y de las condenas.^[10] Los interrogatorios se encaminaban desde el principio a arrancar al reo alguna confesión sobre sus creencias religiosas o simpatías políticas, circunstancias ambas que servían para incriminarlo con facilidad. En el curso de este interrogatorio, el acusado no disfrutaba de ninguna defensa profesional e incluso era común que se le intentara engañar afirmando que se poseía una ficha en la que aparecía su filiación política. Como mal añadido se daba la circunstancia de que los reos eran juzgados de manera apresurada y masiva lo que facilitaba, sin duda alguna, la tarea de los ejecutores pero eliminaba cualquier garantía procesal. Así, por citar un ejemplo significativo, durante el mes de octubre de 1936, un abogado llamado Federico Arnaldo Alcover,^[11] acudió al Comité para visitar a Arturo García de la Rosa, uno de los dirigentes de la checa. Alcover iba acompañado de un familiar de García de la Rosa y se le permitió asistir a uno de los procedimientos de interrogatorio. Pudo así comprobar que en el espacio de media hora se procedió a interrogar a una docena de personas recurriendo a cuestiones que dejaban de manifiesto los prejuicios de los chequistas. Concluidos los interrogatorios, sin que se tomara acta de lo actuado ni se procediera a la firma de la misma, se decidía la suerte de los acusados que, en su inmensa mayoría, fueron condenados a muerte y asesinados de madrugada. Alcover indicaría también que en el suelo del lugar donde se llevaban a cabo los interrogatorios se amontonaban multitud de objetos de culto religioso lo que parece indicar las características personales de no pocos de los detenidos.

Los tribunales de la checa —seis en total con dos de ellos funcionando de manera simultánea— mantenían una actividad continua que se sucedía a lo largo de la jornada, en tres turnos de ocho horas, que iban de las 6 de la mañana a las 14 horas, de las 14 a las 22 y de las 22 a las 6 del día siguiente. En el curso de cada turno a los dos tribunales se sumaba la acción de un grupo de tres comisionados. De éstos uno se encargaba de la recepción y control de los detenidos, en compañía de dos policías; otro, registraba los objetos procedentes de las requisas realizadas en los domicilios y el último, de la administración del centro. La actividad, no ya de los tribunales pero sí de las brigadillas, era especialmente acusada durante la noche y la madrugada que eran los períodos del día especialmente adecuados para proceder a los asesinatos de los reos.

Las sentencias dictadas por los diferentes tribunales carecían de posibilidad de apelación, eran firmes y además de ejecución inmediata. Esto se traducía en que, tras la práctica del interrogatorio, el tribunal tomaba una decisión que sólo admitía tres variantes: la muerte del reo, su encarcelamiento o su puesta en libertad. A fin de ocultar las pruebas documentales de los asesinatos, éstos se señalaban en una hoja sobre la que se trazaba la letra L —igual que en el caso de las puestas en libertad— pero para permitir saber la diferencia a los ejecutores la L que indicaba la muerte iba acompañada de un punto. No hace falta insistir en el clima de terror que provocó de manera inmediata la citada checa en la medida en que cualquiera podía ser detenido por sus agentes y no sólo no contaba con ninguna posibilidad de defensa sino que además estaba desprovisto del derecho de apelación.

Una vez establecido el destino del reo, éste era entregado a una brigadilla de cuatro hombres bajo las órdenes de un «responsable». Todos los partidos y sindicatos del Frente popular contaban con representación en las diferentes brigadillas.^[12] Sin embargo, ocasionalmente las tareas de exterminio encomendadas a estas unidades eran demasiado numerosas y entonces se recurría para llevarlas a cabo a los milicianos que prestaban servicios de guardia en el edificio de la checa. Dado el carácter oficial del que disfrutaban los miembros de la checa, para llevar a cabo sus detenciones no precisaban de «órdenes escritas de detención y registro, bastando su propia documentación de identidad para poder realizar tales actos».^[13] De hecho, «la fuerza pública y agentes del Gobierno del Frente Popular… (estaban)… obligados a prestar toda la cooperación que los agentes del Comité de Fomento necesitasen».^[14]

Como ya se ha indicado, la relación entre los miembros de la checa y las autoridades republicanas era constante y se extendía no sólo al director de Seguridad sino también al ministro de la Gobernación Ángel Galarza. En el caso del director de Seguridad hay que señalar que era visitado casi a diario en la sede de la dirección por el tesorero de la checa, Virgilio Escámez Mancebo, miembro de Izquierda Republicana, con la finalidad de hacerle entrega de una parte significativa del producto de los saqueos realizados en los domicilios de las víctimas. Esta cantidad no era total en la medida en que el propio director general de Seguridad había dispuesto que los haberes que debían entregarse a los jueces, agentes y milicianos de la checa debían proceder de los distintos saqueos. En otras ocasiones, tras los fusilamientos sólo puede suponerse la existencia de antipatías personales en las que no había mezcladas ni motivaciones políticas, ni religiosas ni económicas ni sociales. Tal fue el caso de Antonio García García, acomodador sexagenario del cine San Carlos, al que se detuvo y asesinó sin razón clara^[15] o el de José Fernández González, un jefe de la tahona sita en la calle Mira el Sol número 11 al que denunció un antiguo subordinado suyo convertido en chequista.^[16] No faltaron igualmente los casos de asesinatos de grupos enteros de detenidos en claro preludio de lo que iban a ser las matanzas en masa de finales del año 1936 y a las que nos referiremos en su momento. Así, el 28 y 31 de octubre de 1936 se llevaron a cabo dos sacas en el curso de cada una de las cuales se procedió a asesinar a setenta personas por acusaciones como las de querer ser seminarista.^[17]

También resulta obvio que la checa de Fomento sirvió en multitud de ocasiones para exterminar a aquellos que habían sido puestos en libertad por otras instancias judiciales. En otras palabras, ni siquiera la puesta en libertad por decisión judicial proporcionaba seguridad alguna de que el detenido no sería asesinado por el Frente popular. Así, por citar un ejemplo, el 21 de septiembre de 1936, Francisco Ariza Colmenarejo —que era consciente de esta terrible circunstancia— suplicó al director general de Seguridad que no se procediera a liberarlo mientras las autoridades republicanas no garantizaran su seguridad. En respuesta a su petición, dos días después se expidió una orden de libertad en la que se hacía constar que gozaba del aval del Comité provincial de investigación pública. Entregado así a la checa de Fomento, Ariza Colmenarejo fue inmediatamente asesinado.

Un caso similar fue el de los oficiales de asalto Gumersindo de la Gándara Marvella, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. La libertad de todos ellos fue decretada por los organismos judiciales al no haber apreciado en ellos ninguna conducta hostil a la república. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad procedió el 26 de septiembre de 1936 a entregarlos al Comité provincial de investigación pública que procedió a asesinarlos. En el caso de Gándara, concurría además una circunstancia peculiar que explica su asesinato. De hecho, el citado oficial había firmado un acta el 26 de febrero de 1933 en la que, junto con otros cuatro capitanes, indicaba que la represión que se había ejercido contra el alzamiento anarquista de Casas Viejas, Cádiz, no había obedecido a una extralimitación de las fuerzas del Orden Público —como afirmaba el gobierno— sino a órdenes directas del ejecutivo, presidido por Azaña. En el curso de un procedimiento celebrado aquel mismo año, un jurado popular estimaría la existencia real de esas órdenes superiores e incluso llegó a presentarse una acusación en el tribunal de garantías constitucionales contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero y otros miembros del gobierno, acusación que no prosperó al no haber sido presentada por el parlamento que era la única entidad facultada para hacerlo. El tiempo había pasado, pero los responsables directos de la matanza de campesinos en Casas Viejas no habían olvidado. Gándara fue asesinado por la checa no porque hubiera sido desleal a la república si no por haber acusado tres años antes a Azaña y a Largo Caballero, es decir, a dos personajes que en el momento de su muerte eran respectivamente el presidente y el jefe de gobierno de la zona republicana. No fueron las únicas víctimas de desavenencias anteriores con Azaña o Largo Caballero.

El 20 de marzo de 1935 se había celebrado en las Cortes un debate político relacionado con el asunto del alijo de armas del Turquesa al que nos referimos en un capítulo anterior.^[18] En el curso del mismo, Azaña se refirió^[19] al juez Salvador Alarcón —que había instruido el sumario y ante el que había tenido que comparecer el diputado— en términos injuriosos. Señalado en un suelto de Claridad, Alarcón fue detenido por chequistas y asesinado en la Casa de Campo.^[20]

En el caso de personas que hubieran incomodado al socialista Largo Caballero y que fueran asesinadas pueden mencionarse al menos dos casos más. El primero es el de Ángel Aldecoa Jiménez, de cincuenta y ocho años, magistrado, fue detenido porque había juzgado un atentado relacionado con Largo Caballero al parecer no de la manera que hubiera complacido al dirigente socialista. Aldecoa pagó su independencia judicial frente al PSOE con el fusilamiento.^[21] El segundo es el de Marcelino Valentín Gamazo. Fiscal general de la República, Gamazo acusó a Largo Caballero por los sucesos de octubre de 1934 en estricto cumplimiento de sus deberes dentro de la legalidad republicana. El 6 de agosto de 1936, a las doce y media de la noche, en el paraje conocido como Cerrajón del término de Tevar, Cuenca, Marcelino Valentín Gamazo y sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años respectivamente fueron fusilados.

Otro caso similar fue el de Luis Calamita Ruy-Wamba, rival político de Ángel Galarza que ordenó su ingreso en prisión y después su traslado con destino al pelotón de fusilamiento.^[22]

A la vista de estos casos, resulta obvio que el gobierno republicano, a través de la Dirección General de Seguridad o de compañeros de partido, estaba impulsando el asesinato de gentes cuyo único delito eran sus ideas religiosas o antiguas antipatías de carácter personal.

El 14 de septiembre de 1942, Manuel Muñoz Martínez, director general de Seguridad bajo el gobierno del Frente popular prestó declaración ante el fiscal delegado para la instrucción de la Causa general en Madrid. Al referirse a la creación de la checa de Bellas Artes afirmó que su finalidad había sido «contener los asesinatos y excesos que venían cometiéndose en Madrid, a causa de la falta de autoridad y control sobre las masas armadas».^[23] La declaración tiene enorme lógica ya que Muñoz Martínez intentaba salvar la vida en el curso de un proceso incoado por los vencedores, pero distaba enormemente de ajustarse a la verdad. La checa de Bellas Artes ni había contenido los asesinatos y excesos ni tampoco lo había pretendido. En realidad, era una clara muestra de cómo en la zona controlada por el gobierno del Frente popular la maquinaria de las instituciones se había puesto, al igual que en la URSS, de manera nada oculta al servicio del crimen de Estado.

No concluyó, sin embargo, con estas conductas la implicación de la secretaría del director de Seguridad en las tareas represivas. De hecho, la citada entidad organizó bajo su mando directo un grupo dedicado a realizar detenciones, incautaciones y ejecuciones, cuya sede se hallaba en la propia Dirección de Seguridad y que recibiría la denominación de Escuadrilla del Amanecer. La célebre Escuadrilla, cuyos méritos glosaría en repetidas ocasiones la prensa de la zona controlada por el Frente popular,^[24] debía su sobrenombre al hecho de que actuaba preferentemente durante la madrugada, una circunstancia que acrecentaba comprensiblemente el terror producido por su sola mención.

Otro ejemplo de la relación directa existente entre las instituciones republicanas y las tareas de represión similar a los ya citados es el ofrecido por la Brigada de servicios especiales. En el mes de septiembre de 1936, se procedió a crear la misma y a situarla en dependencia directa de Carlos de Juan Rodríguez, a la sazón subdirector general de Seguridad. Como era habitual, el organismo recientemente creado procedió a incautarse de varios pisos en este caso los sitos en el edificio correspondiente al número 19 de la calle del Marqués de Cubas. De estos inmuebles, uno se destinó al servicio particular del subdirector de Seguridad y otro a checa y almacén de los objetos incautados en el curso de las detenciones.^[25]

La creación de checas vinculadas directamente con los organismos de seguridad republicanos y en los que tenían representación todos los partidos y sindicatos del Frente popular debería haber bastado para que se produjera la disolución de las otras checas si no por criterios de humana decencia y de respeto a los derechos humanos más elementales sí, al menos, por razones de racionalidad represiva. Sin embargo, los diversos gobiernos del Frente popular no sólo no procedieron a la eliminación de las diversas checas que dependían de partidos y organizaciones sindicales que lo componían sino que permitieron su perpetuación como instrumentos si no oficiales, sí, al menos, oficiosos en la práctica del terror. En algunos casos, su funcionamiento discurrió autónomamente de las entidades gubernamentales, pero en otros se trató meramente de una autonomía no total a mitad de camino entre la independencia de checas sólo controladas por algún partido o sindicato o el carácter oficial de la Escuadrilla del Amanecer o de la checa de Bellas Artes. Un ejemplo paradigmático de estas entidades represivas semiautónomas fueron los de las checas de la Agrupación socialista madrileña, la checa socialista de Marqués de Riscal o la denominada checa socialista de García Atadell.^[26] Los orígenes de ésta se hallan en los nombramientos de agentes de policía que durante el mes de agosto de 1936 realizó el gobierno del Frente popular y que recayeron de manera numéricamente muy significativa en afiliados al PSOE. Algunos de estos nuevos agentes de policía fueron agregados a la Brigada de investigación criminal en cuyo seno servían a las órdenes de Agapito García Atadell, un tipógrafo del PSOE estrechamente relacionado con Indalecio Prieto. Objeto de cálidas alabanzas en la prensa de la zona controlada por el Frente popular,^[27] la checa contaba para sus tareas represivas con la colaboración de la Agrupación Socialista Madrileña y de la representación del PSOE en el parlamento. De hecho, no fueron raras las visitas a la checa por parte de autoridades socialistas, como el ministro Anastasio de Gracia, para felicitar a sus miembros por las tareas que llevaban a cabo.^[28] Esta identificación no resulta extraña por cuanto la checa socialista de García Atadell se encargó en distintas ocasiones de asesinar a personas con las que tenían enemistad distintos dirigentes del PSOE. Tal fue el caso de la periodista francesa Carmen de Bati detenida por la checa de García Atadell siguiendo las órdenes del ministro socialista de Gobernación, Angel Galarza o el de Luis Calamita y Ruy-Wamba que se había enfrentado políticamente en el pasado con el mismo ministro del PSOE y que por orden expresa del director de Seguridad de 14 de septiembre de 1936 fue detenido y, posteriormente, asesinado.

La checa de García Atadell demostró una eficacia extraordinaria a la hora de realizar incautaciones de bienes económicos y detenciones. La razón de esa efectividad residió fundamentalmente en la abundante información que sobre la identificación religiosa y política proporcionaba a la checa la organización sindical socialista de los porteros de Madrid. Convertidos en una red de delatores, no siempre guiados por razones políticas o sociales, los porteros socialistas informaban a un comité de miembros de la checa formado por compañeros de ocupación sobre aquellas personas a las que había que detener por razones tales como ser católicos practicantes, conservar en su casa una imagen religiosa, no ser afectos al Frente popular o simplemente contar con haberes codiciables. Por supuesto, los porteros socialistas aprovecharon su situación privilegiada para ajustar cuentas con aquellos vecinos a los que detestaban o simplemente envidiaban. El número de asesinados por la checa socialista de García Atadell fue muy numeroso,^[29] llevándose a cabo las muertes por parte de agentes de la denominada brigada después de trasladar a los detenidos a la Ciudad Universitaria y otros lugares situados a las afueras de Madrid.

La checa socialista de García Atadell tuvo un final rápido y ciertamente inesperado. A finales de octubre de 1936, su dirigente, acompañado de dos chequistas llamados Luis Ortuño y Pedro Penabad, decidió abandonar Madrid con todo el dinero y las alhajas que pudo llevar consigo. Con la excusa de que iban a realizar un servicio de contraespionaje, los tres socialistas embarcaron en dirección a Marsella. Una vez en territorio francés, García Atadell y sus cómplices procedieron a vender los brillantes que llevaban consigo y adquirieron un pasaje rumbo al continente americano. La noticia no tardó en saltar a la luz pública y la misma prensa que había incensado hasta ese momento a los chequistas procedió ahora a calificarlos de traidores y a asegurar que habían sido detenidos en Francia a consecuencia de un servicio extraordinario llevado a cabo por la policía republicana.^[30] La noticia era falsa salvo en lo referente al robo y fuga de los tres socialistas. Su detención no se produjo en Francia ni tampoco fue realizada por agentes extranjeros o republicanos. De manera inesperada, el barco que conducía a García Atadell y sus cómplices a América atracó en el puerto canario de Santa Cruz de la Palma, a la sazón controlado por los alzados. Tanto Agapito García Atadell como Pedro Penabad fueron detenidos por la policía nacional y se les trasladó a Sevilla donde se les sometió a un proceso llevado a cabo por un tribunal militar. Hallados culpables de numerosos crímenes, fueron condenados a muerte y ejecutados. Con ellos iba a morir también la checa socialista de García Atadell en noviembre de 1936. No sucedería lo mismo con las actividades represivas de sus componentes como tendremos ocasión de ver más adelante.

La colaboración de los órganos estatales con la represión practicada por las checas no quedó limitada a aquellas ramas que tenían una relación directa con la seguridad política. En realidad, se extendió también a las fuerzas policiales e incluso al ejército. Las razones para la sumisión de las fuerzas policiales derivaban en cierta medida del nombramiento de nuevos agentes que, en buena medida, procedían de las filas del PSOE, pero excedieron considerablemente la aparición de agentes de nueva hornada. Una causa aún de mayor peso fue el hecho de que en casi todas las comisarías de Madrid se procedió a separar del servicio, detener o asesinar a los agentes de tal manera que los que sobrevivieron a las acciones revolucionarias se plegaron a las nuevas directrices. El terror operó así inicialmente en un sector de la sociedad indispensable para perpetuar su práctica. De esa manera, para salvarse de posibles represalias o bienquistarse con los nuevos amos, los agentes de policía no pocas veces procedieron a entregar a detenidos a las checas por órdenes de la Dirección de Seguridad o incluso por decisión propia.^[31] De entre esa jungla de perversión de las garantías jurídicas cabe destacar como ejemplo notable la comisaría de Buenavista. Los asesinatos llevados a cabo por los chequistas de la comisaría de Buenavista fueron muy numerosos^[32] realizándose de manera independiente o en colaboración con otras checas de Madrid como fueron la Escuadrilla del Amanecer, los Centros anarquistas del Puente de Vallecas o el 14 Batallón de Izquierda Republicana, cuya sede se encontraba en la calle Mondéjar número 2.

De la impresionante marea represiva y la creación de organismos ad hoc para su puesta en funcionamiento que acompañó al estallido de la revolución frentepopulista no escaparon tampoco las fuerzas armadas. De hecho, el Ministerio de la Guerra del Frente popular creó de manera inmediata una checa propia que recibió el nombre de Servicios Especiales de Prensa y Propaganda y dependía de la Segunda sección del Estado Mayor.

En su conjunto, los aparatos represivos del Frente popular en Madrid serían los causantes de no menos de 14 898 víctimas mortales durante la guerra. Se convertiría así en la provincia con más asesinados por obra de la represión llevada a cabo por el Frente popular y, por añadidura, de manera muy desproporcionada. Las víctimas mortales de la represión de los nacionales —incluida la de la posguerra— fueron 4438.^[33] Estos datos permiten entender el contexto —y las reacciones— que acompañó al avance de las fuerzas rebeldes sobre Madrid.

Hacia Madrid (30 de septiembre-5 de noviembre de 1936)

Como ya tuvimos ocasión de ver, la realidad revolucionaria causó —desde antes incluso del estallido de la guerra— un enorme daño a la causa del Frente popular. Se produjo así una tensión innegable entre la realidad que los diplomáticos extranjeros percibían en las calles de Madrid, una realidad violentamente revolucionaria, y la impresión que necesitaba transmitir el gobierno con vistas a que no se deteriorara aún más su imagen en el extranjero. El deseo de evitar esta circunstancia explica que del 20 de julio al 4 de septiembre de 1936, el gobierno republicano estuviera presidido por el doctor Giral. Semejante nombramiento pretendía resaltar la existencia de una legalidad republicana que, desgraciadamente, había sido pulverizada incluso antes del 17 de julio de 1936. La suma de derrotas militares y el deseo de los dirigentes revolucionarios de asumir de manera directa las riendas del poder provocaron la caída del gabinete Giral. El 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero, el dirigente socialista que había dirigido la sublevación armada de octubre de 1934 y que había llamado repetidas veces a la guerra civil para implantar la dictadura del proletariado, formó nuevo gobierno. A nadie se le escapó la significación de que el nuevo presidente del gobierno fuera el llamado «Lenin español». El mismo día, Largo Caballero constituyó su Estado Mayor (comandante Estrada) y dispuso la organización de los frentes en Teatros de operaciones. Para asimilar las milicias a un esfuerzo de guerra más convencional, fueron militarizadas y organizadas en batallones. Sus oficiales verían reconocidos sus empleos, pero en adelante se reclutarían en escuelas ad hoc. La militarización de las milicias provocó la esperable reticencia de los anarquistas,^[34] pero fue apoyada, de manera militarmente lógica, por los comunistas. Esta actitud inteligente del PCE permitió a sus afiliados ir obteniendo una situación especialmente preponderante en el nuevo Ejército. Cuando las antiguas columnas pasaron a convertirse en brigadas mixtas —una innovación militar que algunos han atribuido a asesores soviéticos— de las seis primeras, cuatro estuvieron mandadas por comunistas. En los próximos meses se irían adoptando medidas que, destinadas a convertir a las masas de combatientes en un Ejército, manifestarían la misma impronta.^[35]

Medidas modernizadoras como la militarización de las milicias o el abandono del batallón por la brigada y la división tardarían algún tiempo en ser adoptadas por el bando nacional.^[36] Sin embargo, el carácter claramente militar de sus fuerzas las hacían menos perentorias que en la zona controlada por el Frente popular. Por otro lado, el 4 de septiembre de 1936 un decreto de la Junta de Defensa estableció la creación del alférez provisional como forma de suplir las necesidades de oficialidad competente. El papel de estos jóvenes, dotados de una educación elemental mínima, en la victoria del Ejército nacional fue realmente muy importante y, a «contrario sensu», la carencia de un equivalente en sus filas tuvo muy malas consecuencias para el Ejército popular de la República. Gracias a la labor organizadora del general Orgaz, se llegarían a crear 22 academias militares en la zona nacional. En los ocho primeros meses, de las mismas saldrían 5132 alféreces. Se ha señalado repetidamente que, en su mayoría, habían sido formados por instructores enviados por Alemania. La noticia es totalmente errónea. Los instructores alemanes no llegaron hasta mayo de 1937, lo que significa que ese tipo de ayuda extranjera —sin duda, valiosa— fue disfrutada durante varios meses y de manera exclusiva por el Frente popular, pero no por los alzados.

Con todo, posiblemente, donde quedaría de manifiesto el mayor sentido práctico de los alzados fue en la designación de un mando único. Como ya vimos, el 30 de septiembre, Franco, flamante liberador del Alcázar de Toledo, fue nombrado por la Junta de Burgos Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. La designación, de una innegable trascendencia militar y política, se tradujo de manera inmediata en la reorganización de las fuerzas nacionales en dos Ejércitos, el del Norte y el del Sur. El Ejército del Norte, al mando del general Mola, incluía a todas las fuerzas que combatían al norte de la línea Toledo-Talavera-Cáceres. Reunía, por lo tanto, a las antiguas Divisiones orgánicas 5, 6, 7 y 8, además de la División Soria-Guadarrama (Moscardó) que debía operar entre el norte de la provincia de Madrid y el sur de la de Teruel. La 7.^a División (Saliquet) debía operar en los frentes del oeste y suroeste de Madrid y, por ello, los mismos fueron divididos en un sector norte (Valdés Cabanillas) y otro sur (Varela).

A esas alturas de la guerra, no eran pocos los que pensaban que nada podría parar a las columnas de Varela en su marcha hacia Madrid. Por supuesto, la propaganda del Frente popular no dejaba de anunciar victorias, pero bastaba contemplar un mapa para percatarse del avance ininterrumpido de los rebeldes que venían del sur desde el mes de julio y de la incapacidad del gobierno para contenerlos. Sin embargo, aunque entonces no resultara previsible, la guerra estaba a punto de dar un giro que cambiaría totalmente su naturaleza. Hasta ese momento, los contingentes militares que habían combatido eran poco numerosos y la ayuda extranjera muy escasa. De hecho, las tropas que se dirigían a tomar Madrid rondaban los 14 000 hombres, una fuerza muy escasa, pero que se consideraba suficiente para acometer el asalto final en ciertas condiciones. Fue entonces cuando se produjeron cambios notables en el bando controlado por el Frente popular. Largo Caballero había procedido a reclutar 8000 carabineros y llamó a filas a varios reemplazos, mientras Asensio intentaba conquistar el Alcázar de Toledo. Sin embargo, lo esencial fue la orden de crear ocho brigadas mixtas —seis nacionales y dos internacionales— que constituían el armazón inicial de un Ejército popular de la República muy inspirado en el Ejército Rojo. De éste se tomó desde el saludo puño en alto a las estrellas rojas pasando por el establecimiento de comisarios políticos o de una sección especial de vigilancia policial. A mediados de septiembre, las Brigadas internacionales^[37] —un verdadero ejército de la Komintern creado por órdenes directas de Stalin— se encontraban en España y el día 15, Largo Caballero decidía de manera dudosamente legal que las reservas de oro del Banco de España fueran enviadas a la URSS. A inicios de octubre, el material soviético comenzó a llegar masivamente a Cartagena y Alicante. Su efecto sobre la batalla de Madrid iba a ser decisivo y su repercusión no resultaría menor, como tendremos ocasión de ver, sobre la intervención de otras potencias en la guerra que se libraba en España.

El 3 de octubre, el general Mola dictó las órdenes pertinentes para la continuación de las operaciones de sus catorce mil hombres. Las fuerzas del sector norte debían llegar a la línea Navalperal-Hoyo de Pinares-Cebreros-El Tiemblo y las del sur, a la formada por Santa Cruz de Retamar-Escalona-Almorox-San Martín de Valdeiglesias enlazando finalmente en El Tiemblo.

El 6 de octubre, el ala izquierda de las fuerzas nacionales realizó una ruptura central hacia Santa Cruz de Retamar que fue tomada en el mismo día por las columnas de Asensio, Barrón y Delgado Serrano. La ocupación de este enclave tenía como finalidad atraer la atención de las fuerzas del Frente popular hacia la carretera de Extremadura y asegurar el nudo de comunicaciones necesario para avances posteriores. El 7, las fuerzas atacantes realizaron una conversión hacia Escalona y Almorox. Ambas localidades fueron ocupadas por las columnas de Barrón y Castejón que, antes de que terminara el día, habían enlazado en Cenicientos con la caballería del coronel Monasterio. Así quedaban encerradas algunas fuerzas republicanas en la bolsa de la sierra de San Vicente. Partiendo de las posiciones tomadas en Cenicientos y Almorox, las columnas de Monasterio, Castejón y Delgado Serrano —que había relevado a Barrón— entraron el 8 en San Martín de Valdeiglesias. Dos días después, Monasterio enlazaba en El Tiemblo con las columnas del sector norte.^[38] El 14 y el 15, las fuerzas frentepopulistas desencadenaron contraataques sobre los flancos de Varela, al norte por San Martín de Valdeiglesias y al sur por la cabeza de puente de Toledo. Ambas maniobras resultaron infructuosas e incluso al sur los nacionales consiguieron avanzar hasta el antiguo campamento de Los Alijares. Vencida esa resistencia, las columnas de Castejón, Delgado Serrano y Asensio ocuparon durante los días 15 y 16 la línea Chapinería-Aldea del Fresno-Méntrida-Valmojado. Estas unidades se convirtieron entonces en una agrupación autónoma que sería colocada a las órdenes de Yagüe. El 16, Varela ordenó a su ala derecha —formada por las columnas de Barrón y Monasterio y otra nueva mandada por el teniente coronel Tella— que alcanzara al día siguiente la línea Palomeque-Illescas-Pantoja-Añover del Tajo. Así el 17 de octubre dio comienzo la maniobra del ala derecha. El frente republicano fue roto en el sector de Olías y las fuerzas de Varela pudieron avanzar por la comarca de La Sagra hasta Mover y por la carretera de Toledo hasta las inmediaciones de Illescas que, no obstante, no cayó en sus manos hasta el día siguiente. Lo que parecía que iba a ser una fácil progresión se vio detenida por un contraataque del Frente popular en el sector de Chapinería. Aunque el mismo fue rechazado por las fuerzas del teniente coronel Castejón, el 20 las fuerzas republicanas volvieron a realizar un nuevo contraataque en el sector de Illescas. El mismo fue abortado otra vez por las fuerzas de Barrón, Tella y Monasterio. El 21, las columnas de Asensio y Delgado Serrano ocuparon Navalcarnero.

Los contraataques republicanos sobre el flanco derecho de las fuerzas nacionales obligaron a éstas a tomar medidas y del 24 al 25, las fuerzas de Monasterio ocuparon la línea Yeles-Esquivias-Seseña-Cuesta de la Reina. La acción resultó especialmente adecuada porque el 29 se produjo un nuevo contraataque de especial significado. En el curso del mismo iban a intervenir por primera vez carros de combate soviéticos.

Como ya indicamos antes, en octubre de 1936 habían comenzado a llegar a Cartagena los primeros carros y camiones blindados soviéticos. Los tanques eran T-26 B y los blindados BA-6. Estos últimos eran unos automóviles blindados (BA es la abreviatura de «bronie-automovil») que llevaban un cañón de 45 mm y una ametralladora de 7,62 mm. En cuanto al T-26 era, en realidad, una adaptación del británico Vickers-Armstrong de seis toneladas. Cuando se comenzó su construcción en 1931 se le dotó de una torreta con un cañón de 37 mm (T-26 A) y luego de 45 mm (T-26 B). Los modelos enviados a España eran del tipo T-26 B. El vehículo pesaba algo más de las nueve toneladas, llevaba un blindaje de 7 a 16 mm, un cañón de 45 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm (ocasionalmente dos, estando emplazada la segunda en la parte posterior de la torreta; o incluso tres, estando colocada la tercera sobre la torre en misión antiaérea). El T-26 podía alcanzar una velocidad de 30 km/h en carretera y era servido por tres hombres. Su precio era de 248 000 pts. (republicanas) sin radio y de 262 000 pts. con ella.

Con los vehículos que llegaron a la España del Frente popular se organizó en Archena, Murcia, una escuela y base de carros al mando del teniente coronel Sánchez Paredes. Se formó así una réplica de la base nacional de Cáceres. En octubre de 1936 se organizó una compañía republicana de 15 tanques que estaban al mando del oficial soviético Paul (o Pavel) Arman. La misma sería utilizada en el contraataque ya mencionado. Su finalidad era cortar las comunicaciones de los nacionales entre Illescas y Toledo. Los carros de Arman efectivamente reconquistaron Seseña batiendo a las fuerzas de Caballería de Monasterio. Tras rebasar la localidad citada, los carros soviéticos emprendieron la persecución del enemigo. Sin embargo, la falta de combustible y de apoyo de la infantería obligó a retroceder a los carros perdiendo así el territorio ganado. En el curso de esa retirada, algunos blindados soviéticos quedaron paralizados a causa de averías y de la carencia de gasolina. Aquella situación fue aprovechada por el mando nacional para enviar unos blindados italianos que tenían la misión de destruirlos o apoderarse de ellos. Iba a producirse así el primer combate de blindados de la guerra civil española. En el curso del mismo, los blindados italianos no consiguieron su objetivo. Su inferioridad técnica era muy acusada, el fuego artillero de los tanques soviéticos los mantuvo a raya y tuvieron que retirarse. Al día siguiente, los republicanos recuperaron los tanques. Al pasar éstos por Seseña —recuperada por los nacionales— perdieron, no obstante, tres de los blindados y diez de los hombres que los servían a causa del fuego de una batería nacional de obuses 10,5 Schneider. Así, al fin y a la postre, los republicanos no lograron finalmente interrumpir el avance enemigo. Sí sembraron por algún tiempo una enorme preocupación en sus adversarios que temieron que la URSS hubiera entrado en guerra en ayuda del Frente popular. También los asesores alemanes se sintieron inquietos al examinar los carros soviéticos. Ni lejanamente contaban en sus arsenales en Alemania con blindados que pudieran compararse a los que Stalin estaba enviando al Frente popular. Con todo, de momento, el primer choque se había zanjado con un triunfo de los nacionales y el 31 de octubre, las columnas de Barrón, Tella y Monasterio habían alcanzado la línea Humanes-Parla-Valdemoro. Concluía así la maniobra del ala derecha.

Mientras tanto, las fuerzas del sector norte habían ido avanzando con lentitud hacia El Escorial. En su progresión habían ocupado Robledo de Chavela y Las Navas del Marqués y podían dominar con su potencia de fuego Santa María de la Alameda y Peguerinos.

El 1 de noviembre, las tropas nacionales dieron inicio a un avance conjunto sobre Madrid. Tras ocupar Brunete y Sevilla la Nueva, por el ala izquierda, y Fuenlabrada y Pinto, por la derecha, las fuerzas sublevadas lograron el día 6 alcanzar la línea Ventorro del Cano-Campamento-Carabanchel Alto y Villaverde. En la toma de Villamantilla, Villanueva de Perales y Brunete había colaborado con la columna Barrón la fuerza blindada alemana formada por dos compañías de 15 carros Panzer I (negrillos). En octubre, comenzaron a actuar estos blindados —los nacionales habían recibido 41— que tenían un blindaje de 13 mm y podían alcanzar los 40 km/hora.

La capital de España podía ser contemplada con facilidad desde las posiciones conquistadas en los primeros días de noviembre. Sin embargo, la disparidad de fuerzas era muy considerable. Los nacionales contaban con unos quince mil hombres, de los que varias unidades no habían dejado de combatir en los últimos tres meses. En términos materiales, su artillería pesada era escasa; los carros y aviones con que contaba eran muy inferiores a los enviados por la URSS al Frente popular, y, por añadidura, sus líneas de abastecimiento eran muy largas y vulnerables. Por su parte, el Frente popular contaba con quince mil quinientos hombres en Madrid, más los diez mil de Pozas situados en el ala derecha de Varela. En breve dispondría además de otras siete brigadas. La disparidad —ya importante en número de hombres— se acentuaba en el terreno del material gracias a la importante ayuda soviética. En fecha tan temprana como el 15 de agosto, el embajador francés en España podía informar de los primeros envíos de combustible —unas 30 000 toneladas— realizados por la URSS a la España republicana. Después entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre llegaron otros ocho buques más —tres con bandera de la Segunda república— que descargaron 6000 toneladas de material de guerra, 44 000 de combustible, 8000 de trigo y 2475 de alimentos. A estos envíos se añadieron otros nuevos en octubre y en noviembre llegaron a Barcelona navíos soviéticos durante los días 7, 8, 11 y 12. En ellos habían llegado además cinco mil hombres.^[39]

Con esta ayuda, ciertamente importante y considerablemente superior a la que hasta entonces habían recibido los alzados, el Ejército popular de la República había podido lanzar un ataque con blindados en Seseña.^[40] Sin embargo, se trataba tan sólo del inicio. Cuando comenzó la batalla de Madrid, los soviéticos habían reunido en un grupo de aviación denominado grupo 12 tres escuadrillas de aviones katiuskas, tres escuadrillas de rasantes y dos escuadrillas de chatos a los que muy pronto se unirían dos escuadrillas de moscas y alguna más de chatos. Previamente, la aviación soviética ya había realizado algunas acciones bélicas importantes como el bombardeo el 27 de octubre de 1936 del aeródromo de Tablada en Sevilla. Durante los días siguientes, realizarían nuevos bombardeos sobre Mérida, Cádiz, Salamanca y los aeródromos de Talavera, Torrijos y nuevamente Tablada. Se trataba en su conjunto de aeroplanos superiores a los italianos y alemanes con que contaban los rebeldes que prestarían muy buen servicio al Frente popular.^[41] Por lo que se refiere a los carros de combate también los soviéticos, mandados por Krivoshein, eran abrumadoramente superiores a los italianos y alemanes. Si a esto añadimos el papel desempeñado por las Brigadas internacionales, verdadero ejército de la Komintern, será fácil comprender hasta qué punto el gobierno del Frente popular debía una parte nada desdeñable de su supervivencia a la URSS y hasta qué punto la batalla de Madrid iba a ser una batalla internacional.

La ofensiva de noviembre (I): los planes

Aunque la propaganda del Frente popular insistiría en el entusiasmo con que la población de Madrid decidió enfrentarse al ejército de Franco, lo cierto es que la realidad fue muy diferente y que tal hecho hay que atribuirlo a las terribles experiencias sufridas por los madrileños durante la revolución que había discurrido en la capital a lo largo de los meses anteriores. El terror rojo —un terror que seguía las líneas trazadas por los bolcheviques en Rusia unos años atrás— se había manifestado no sólo en la creación de las checas a la que ya nos referimos con anterioridad, sino también en los fusilamientos en masa mediante el sistema de las denominadas sacas. Los ejemplos, al respecto, fueron trágicamente numerosos. A matanzas como las del Cuartel de la Montaña o la cárcel Modelo, se sumaron^[42] las de la cárcel de las Ventas —cerca de cuatrocientos fusilados desde el 25 de julio de 1936 hasta el 26 de marzo de 1937— las sacas de octubre realizadas por orden directa del Comité provincial de investigación pública y las matanzas de Aravaca que se iniciaron el 1 de noviembre por decisión expresa de Manuel Muñoz, el director general de Seguridad y que, a inicios de noviembre, habían llegado a unos trescientos fusilamientos.

La capital estaba viviendo, con mayor intensidad que ninguna ciudad española, la revolución y esa circunstancia había ocasionado en muchos el pánico y el horror. Lo cierto es que aunque la propaganda posterior a noviembre de 1936 haría referencia a un pueblo enardecido que se dedicaba febrilmente a llevar a cabo los preparativos encaminados a convertir Madrid en la «tumba del fascismo», las fuentes de la época obligan a plantearse un cuadro muy diferente. Desde luego, los madrileños podían ser presa de muchos sentimientos, pero entre ellos no se encontraba el entusiasmo revolucionario, quizá porque habían vivido en sus carnes la revolución desde hacía varios meses. Como indicaría uno de los corresponsales extranjeros en la capital de España refiriéndose a sus habitantes, «la mayoría de ellos no tenían interés alguno en la guerra ni les importaba quién la ganase con tal de verse aliviados de las penalidades y privaciones que les obligaban a soportar».^[43] Al respecto, las cifras se imponen claramente sobre el mito creado por la propaganda. La proporción de madrileños, y aun de milicias, en la defensa de Madrid fue escandalosamente minoritaria constituyendo la parte más numerosa la formada por la guarnición madrileña que contaba con recientes reemplazos. El hecho de que las columnas del Ejército del Centro ya estuvieran formadas por extremeños, manchegos, andaluces y levantinos y que además afluyeran a Madrid tropas de fuera que iban desde las Brigadas internacionales a los anarquistas de Aragón y Cataluña redujo aún más la proporción de madrileños que lucharon contra el Ejército nacional. Tampoco se corresponden con la verdad histórica la referencia a batallones de mujeres —aunque alguna hubo en el frente— o a la masiva afluencia de obreros. Madrileños hubo pocos y no pocos de entre ellos sacados a toda prisa de las cárceles y las checas por el comunista Líster para colocarlos en la primera línea de fuego.^[44]

Desde luego, esa falta de entusiasmo no se les escapaba a los mandos políticos y militares conscientes del abismo que mediaba entre su propaganda y la realidad. El famoso comandante Carlos del Quinto Regimiento afirmaba casi un mes antes:^[45]

El pánico estúpido, el desaliento injustificado, la desconfianza hacia el pueblo son las causas de la situación actual. Es seguro que para eliminar esas causas hay que eliminar hombres… Tenemos que fusilar sin piedad a quienes pronuncien palabras como éstas: «Nuestra aviación no nos defiende», «Voy a Madrid a informar», «Las otras Compañías nos han abandonado».

Franco había barajado tres hipótesis para la toma de Madrid. La primera era que la ciudad se entregara sin lucha, desmoralizada ante los triunfos continuos del Ejército nacional y la imposibilidad de contenerlo; la segunda, que se produjera una notable resistencia en la periferia, pero escasa en el interior y la tercera, una resistencia que resultara dura tanto en la periferia como en el interior. La última eventualidad habría implicado no sólo quebrantar las defensas exteriores sino, a continuación, ir ocupando un sector tras otro de la ciudad a la vez que se impedía la llegada de nuevos refuerzos. Era obvio que para esa eventualidad no contaba con tropas y no estaba dispuesto a arriesgar al Ejército de África. Prudentemente, rechazó dos planes que consistían en trasladar las tropas en camiones por Vallecas, al este, o Cuatro Caminos, al noroeste, para sorprender por la retaguardia a las fuerzas del Frente popular; o realizar una maniobra en tenaza por ambas vías. Ésta hubiera exigido un número de fuerzas del que no disponía y las otras exponían a sus hombres a un vacío en la línea de comunicaciones que abría la posibilidad de que fueran embolsadas y eliminadas por el enemigo. Al fin y a la postre, optó por un plan de ataque más prudente.

El plan de Franco consistía en lanzar un ataque de diversión por los barrios situados al sur del Manzanares, y luego un ataque principal por la Casa de Campo, al oeste, en dirección a la Ciudad Universitaria. Desde allí podría penetrar en Madrid a través de calles amplias en las que resultara más difícil la lucha callejera y alcanzar los puntos neurálgicos de la ciudad. No resulta nada seguro que Franco confiara en la victoria, pero era obvio que la única alternativa con la que contaba era lanzarse sobre Madrid e intentar acabar la guerra cuanto antes.

El 4 de noviembre Mola había tomado Getafe con su aeropuerto incluido. Ese mismo día, como ya vimos, Largo Caballero amplió su gobierno incluyendo a cuatro ministros anarquistas en la coalición republicano-socialista-comunista. El 6 de noviembre por la tarde, el Gobierno decidió abandonar la ciudad y dirigirse a Valencia, desde donde, supuestamente, se podría continuar la resistencia, si Madrid era tomada por Franco. Sustituyéndolos quedaba la Junta de Defensa de Madrid.

La ofensiva de noviembre (II): el ataque

En el Ministerio de la Guerra, comenzaron a darse órdenes hacia las ocho de la tarde a fin de que se constituyera un Estado Mayor que ayudara al Mando especial creado para la defensa de Madrid. El cargo de comandante supremo para la defensa de la ciudad recayó sobre el general José Miaja. El nombramiento difícilmente pudo ser más afortunado. Lejos de considerar la posibilidad de rendir la ciudad, Miaja se reunió con militares profesionales leales al gobierno del Frente popular, y con miembros del Quinto Regimiento, de extracción comunista y de columnas independientes, para manifestarles su decisión de defender Madrid. Su jefe de Estado Mayor sería Vicente Rojo, católico y conservador, pero ahora unido al Frente popular. Con el paso del tiempo, Rojo acabaría convirtiéndose en el estratega más destacado del Ejército popular de la República.

Aunque es habitual señalar a Miaja y a Rojo como los mandos militares de la defensa de Madrid, tal afirmación constituye una verdad a medias. De hecho, el peso de los militares soviéticos resultó verdaderamente decisivo. La aviación del Frente popular estaba a las órdenes de Shmushkiévich, así como otros personajes de la talla de Tupikov, Jalzunov, Nesmeyanov o Kotov, por citar tan sólo a algunos; la artillería, a las de Vóronov; los carros, a las de Krivoshein (Pavlov lo sustituiría en diciembre) y de mayor relevancia que los demás fue Góriev, que quedaba situado por encima del Estado Mayor republicano. Expertos y dotados de medios, materiales y humanos, muy superiores a los de los atacantes, contaban con hacer realidad el lema que afirmaba que Madrid sería «la tumba del fascismo» ya que su objetivo no era sólo contener al Ejército nacional y evitar su entrada en la capital de España, sino destrozarlo en el curso de su ataque. En paralelo, como tendremos ocasión de ver, los comunistas españoles y los asesores soviéticos se ocuparían de tareas de represión que no tendrían parangón con nada de lo sucedido hasta entonces en ninguno de los dos bandos.

La noche del 6 de noviembre, la pasó el Mando republicano en tareas de organización. Así, se formaron dos nuevas columnas. Una de ellas había de situarse entre las que cubrían Carabanchel y Villaverde y taponar la brecha abierta hacia el puente de la Princesa. La otra, tomando posiciones entre las columnas que cubrían Pozuelo y el puente de Segovia, debía intentar impedir el avance enemigo en la Casa de Campo. En paralelo, se formó un dispositivo que permitiera defender la propia ciudad. A esas alturas, se contaba con la llegada de dos Brigadas internacionales y de algunas fuerzas procedentes de Barcelona. Finalmente, en el Jarama se estaban desplegando otras cuatro Brigadas recién formadas.

Aquel día 6, las tropas nacionales avanzaron por la zona oeste de la Casa de Campo. El 7, los nacionales continuaron progresando con la intención de ocupar una base de partida que facilitara el ataque sobre Madrid durante la jornada siguiente. El avance no pudo ser detenido a pesar de que la resistencia, que llegó a combates cuerpo a cuerpo, fue encarnizada. En el sector Villaverde-Carabanchel, la lucha resultó especialmente áspera e incluso se produjeron contraataques de las fuerzas del Ejército popular en otros puntos del frente. Entonces se produjo un episodio que tuvo pésimas consecuencias para las fuerzas de Varela. Ese mismo día 7 de noviembre un tanque italiano fue destruido por las fuerzas del Ejército popular en la carretera de Extremadura y en el cadáver de uno de los oficiales se halló una copia del plan de operaciones de los nacionales para tomar Madrid. Según la documentación, el ataque iba a ser realizado con siete columnas. Dos atacarían en el frente comprendido entre los puentes de Segovia, Toledo y Princesa. Su objetivo no era pasar el río sino distraer las fuerzas del Frente popular mientras la ofensiva principal se producía en otro lugar con tres columnas. De éstas, una debía ocupar posiciones que cubrieran el flanco izquierdo, en la carretera de La Coruña y en la Ciudad Universitaria hasta el Clínico. Las otras dos por el puente de los Franceses y el del ferrocarril debían pasar a ocupar la base de partida en el interior de Madrid, que era el frente comprendido entre la cárcel Modelo y el cuartel de la Montaña. Lógicamente, Rojo ordenó inmediatamente el desplazamiento de sus tropas mejores a estos lugares. Desaparecido el efecto sorpresa y con efectivos muy inferiores, las posibilidades de Varela de entrar en Madrid eran ya mínimas.

Aunque en la mañana del 8 llegaron telegramas felicitando a Franco por su entrada en Madrid y la prensa portuguesa llegó a publicar la noticia de la caída de la ciudad, la realidad resultó muy distinta. Mientras la propaganda del Frente popular gritaba consignas como «¡No pasarán!»,^[46] las tropas de Varela combatían por hacerse con el control del cerro Garabitas desde el que podrían bombardear la ciudad. A las 12 del mediodía del 8, las tropas nacionales habían sido contenidas.^[47] Las fuerzas del Frente popular —que no habían dejado de retroceder en las últimas semanas— ahora resistían y además atacaban vigorosamente en su flanco izquierdo y en la retaguardia, lo que entorpecía su avance por la Casa de Campo. Al mediodía de aquella misma jornada, llegaron a Madrid las Brigadas Internacionales.^[48] Aunque la propaganda insistiría en presentarlos como voluntarios que, espontáneamente, habían decidido venir a España a defender la democracia contra el fascismo, eran un ejército cuya creación había decidido Stalin y cuya organización había llevado a cabo la Komintern. Según revela documentación recientemente exhumada en Rusia, Stalin llegó a la conclusión de que podría cobrarse la intervención soviética con las reservas de oro del Banco de España. A partir de ese momento, el terrible dictador soviético pasó de proporcionar no sólo armas sino también combatientes internacionales. La decisión se tomó durante el mes de septiembre de 1936. Ese mismo mes se presentaron, bajo inspiración directa del PCF, los primeros voluntarios. Los llegados en ese momento a la batalla de Madrid eran, en su mayoría, alemanes, italianos y franceses. El efecto que su aparición tuvo sobre la moral de los partidarios del Frente popular en Madrid atacado fue notable. Aquella misma noche marcharon al frente. Su contribución a la batalla no fue, como repetirían hasta la saciedad sus adversarios y la propaganda comunista, decisiva. Con todo, fue importante aunque, a decir verdad, la participación soviética tuvo mayor relevancia y no quedó limitada a las cuestiones militares. De hecho, iba a hacerse extensiva a uno de los aspectos más sombríos de la batalla de Madrid, el del exterminio de los denominados «enemigos de clase».

La ofensiva de noviembre (III): el terror y los fusilamientos de Paracuellos^[49]

La eliminación de los segmentos de la sociedad considerados no afectos al Frente popular había comenzado a realizarse en Madrid desde julio de 1936. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, las voces que pedían el exterminio total de los considerados enemigos de clase fueron aumentando. Esta tarea —llamada «evacuación» con un eufemismo que después utilizarían los nacionalsocialistas alemanes durante el Holocausto— no se había concluido el 6 de noviembre, algo que desesperaba al periodista —y agente— soviético Mijaíl Koltsov.^[50] El que, al fin y a la postre, la realizaría sería un joven, primero, socialista, ahora ya muy vinculado al PCE, llamado Santiago Carrillo. Nacido en Gijón, Asturias, el 18 de enero de 1915, en el seno de una familia en la que el cabeza de familia, Wenceslao, llegó a ser importante dirigente regional del PSOE y la UGT, Carrillo ingresó en las Juventudes socialistas de Madrid donde no tardó en ser elegido para su comité local. Desde ese momento, el joven se dedicaría sólo a la política. El joven Carrillo no se hallaba distante de las posiciones comunistas^[51] y, en realidad, iba a ser uno de los artífices de lo que se ha conocido como bolchevización del PSOE. Así, en la escuela socialista de verano celebrada en Torrelodones en 1933, a la que nos referimos en un capítulo anterior, dirigió una ofensiva de las Juventudes socialistas encaminada a desacreditar a miembros históricos del PSOE como Indalecio Prieto y Julián Besteiro para imponer en su lugar a Francisco Largo Caballero ya aclamado como el «Lenin español». La actuación de Carrillo se vio coronada por el éxito y, de hecho, a finales de año le permitió apoderarse del control de la Federación de las juventudes socialistas.^[52] En el decisivo ano de 1934, Carrillo fue captado por la Komintern.^[53] En abril de 1934, Carrillo fue elegido secretario general de las Juventudes socialistas. Por aquel entonces el retrato que había en el despacho de Carrillo no era otro que el de Stalin.^[54] Cuando el 26 de julio de 1934 se celebró una de las reuniones en que las juventudes socialistas y comunistas planeaban la toma armada del poder, Carrillo asistió como delegado de la Comisión ejecutiva de la Federación de Juventudes socialistas e insistió en avanzar hacia «la insurrección y la dictadura proletaria». Partiendo de esa base, no puede sorprender que Carrillo tuviera un papel de cierta relevancia en la organización de las milicias revolucionarias que debían «organizar la insurrección» según relata el socialista Juan Simeón Vidarte.^[55] Al fracasar el golpe armado socialista-nacionalista, Carrillo fue a prisión donde estrechó lazos con Largo Caballero al que impulsaron aún más por el sendero del estalinismo los socialistas Luis Araquistáin y Julio Álvarez del Vayo. La llegada al poder del Frente popular significó, como ya indicamos, la inmediata puesta en libertad de sus presos sin ningún respeto por las normas legales o procesales. Entre ellos se encontraba Carrillo, que comenzó a reunirse con Vittorio Codovilla «Medina», el agente principal que tenía la Komintern en España. A esas alturas, Carrillo ya era un submarino comunista que no tardaría en rendir servicios importantes a Moscú. Así, el 4 de abril de 1936 logró en el curso de un mitin celebrado en la plaza de las Ventas de Madrid la unificación formal de las Juventudes socialistas y comunistas, que pasarían a denominarse Juventudes socialistas unificadas. Aunque Largo Caballero consideró que se trataba de un éxito del PSOE, en realidad, el logro sólo iba a beneficiar a los comunistas que eran muy escasos y, sin embargo, no tardarían en capitalizar la unificación.

A pesar de su enorme valor para la estrategia comunista, Carrillo, que se hallaba en julio de 1936 en París, tardó en regresar un mes a España posiblemente para no correr riesgos. Con posterioridad, Carrillo se ha referido a una vaga intervención militar en los combates pero las fuentes de la época llevan a pensar que nunca estuvo en el frente.^[56] De hecho, El Socialista llegó a acusarle en el verano de 1936 de haber sido un cobarde también durante la revolución de 1934 hasta el punto de «vaciar su tripa, atribulada por el riesgo de su detención, fuera del lugar reservado para tales necesidades, hecho ocurrido en el estudio de un artista».^[57] Su conducta, dicho sea en honor de la verdad histórica, tuvo, desde luego, paralelos en otros dirigentes del Frente popular como Claudín, Azcárate, Ignacio Gallego, Tomás García o López Raimundo de los que el comunista Líster afirmaría que «ninguno de ellos asomó la gaita por el frente ni una sola vez».^[58] Sin embargo, Carrillo no se limitó a emboscarse sino que mantuvo el contacto más estrecho con los asesores soviéticos en represión.

El 3 de noviembre, el diario La Voz lanzaba uno de tantos llamamientos para llevar a cabo lo que anarquistas, socialistas y comunistas habían repetido en distintas ocasiones que tenía que hacerse: «Hay que fusilar en Madrid a más de cien mil fascistas camuflados, unos en la retaguardia, otros en las cárceles. Que ni un «quinta columna» quede vivo para impedir que nos ataquen por la espalda. Hay que darles el tiro de gracia antes de que nos lo den ellos a nosotros».

Al día siguiente se realizó una saca de la cárcel de Porlier. Un centenar de presos, de los que treinta y siete eran militares, abandonó la prisión a bordo de seis camiones militares escoltados por dos unidades y varios coches ligeros.^[59] A la madrugada siguiente, bajo la dirección de miembros del PCE, todos ellos fueron fusilados junto al cementerio de Rivas-Vaciamadrid. El 5 de noviembre, Enrique Castro Delgado, jefe del Quinto Regimiento comunista, dio orden al grupo especial de su unidad denominado ITA para que destacara más de un centenar de patrullas especiales destinadas al control de las salidas y accesos de Madrid. A esas alturas, según confesión del propio Castro Delgado, las fuerzas fundamentales para la defensa de Madrid estaban en manos del PCE.^[60] El control comunista iba a manifestarse ese mismo día en la exigencia de que se les entregara en la cárcel Modelo listas con los nombres de los militares recluidos^[61] y en la realización de la primera saca de la checa de San Antón. Se trató en este caso de cuarenta militares a los que de madrugada se fusiló cerca de Rivas-Vaciamadrid.

Mientras se llevaban a cabo estos asesinatos, Carrillo celebró una reunión con Melchor, Serrano Poncela, José Laín, Cazorla y Cuesta en la que les comunicó que iba a pedir la entrada en el PCE. Al día siguiente, 6 de noviembre, Enrique Castro Delgado recibió a Carrillo y a sus amigos en el seno del partido comunista. Semejante acto, cargado de simbolismo, allanaba el último obstáculo para que Carrillo entrara en la Junta de Defensa que se iba a encargar de regir Madrid a la marcha del gobierno del Frente popular. Lo haría como consejero de orden público en un momento especialmente delicado, precisamente cuando el PCE ha decidido llevar a cabo un programa de exterminio en masa con el que están de acuerdo otras fuerzas del Frente popular. Aquel mismo día, Mijaíl Koltsóv, periodista y agente de la Komintern en España, se entrevistó con el Comité central del PCE^[62] y les instó a que procedieran a fusilar a los presos que había en las cárceles de Madrid. La sugerencia —¿u orden?— fue acogida sin rechistar lo que no puede causar sorpresa dado el grado de sumisión que el PCE, como el resto de los partidos comunistas de la época, experimentaba hacia los dictados de Stalin.

La cercanía de las fuerzas de Franco no sólo se tradujo en la huida del gobierno del Frente popular sino también en la disolución de algunos de sus órganos represivos como fue el caso de la tristemente célebre checa de Fomento. Sin embargo, la desaparición de esta checa vino acompañada de algunas medidas que garantizaran que no se detuviera la represión. Así, una parte de sus efectivos quedó integrada en las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia (MVR) y por añadidura la checa designó a cinco miembros que se incorporaron al consejillo de la Dirección General de Seguridad.^[64] De esos cinco, uno pertenecía al PCE y otro a las Juventudes socialistas unificadas, pero Carrillo se aseguró un predominio comunista designando presidente del consejillo a Segundo Serrano Poncela, un amigo íntimo suyo que había pasado de las Juventudes socialistas unificadas al PCE, y a tres consejeros comunistas más.^[65] Aunque las diferentes tareas estaban distribuidas entre los diferentes miembros, la decisión final la tomaba Santiago Carrillo.^[66] Precisamente en la Dirección General de Seguridad se llevaba «un libro registro de expediciones de presos para asesinarlos».^[67]

El 6 de noviembre por la noche, tres agentes comunistas —entre ellos Torrecilla— se habían presentado en la cárcel Modelo y en San Antón para organizar las grandes sacas de preso con destino a la muerte. En respaldo de este acto se hallaban las órdenes dadas por Ángel Galarza, el ministro de la Gobernación, para que así se hiciera. En «tono malicioso», Serrano Poncela añadiría que se trataba de una «evacuación… definitiva».^[68] Sobre las nueve o las diez de la mañana, según Torrecilla, llegaron a la cárcel Modelo siete o nueve autobuses de dos pisos pertenecientes al servicio público urbano y dos autobuses grandes de turismo. En cada uno de los vehículos fueron introducidos sesenta o más detenidos con una custodia de entre ocho y doce milicianos. Finalmente, la expedición partió con algunos de los que habían llevado a cabo la selección de las fichas. Por lo que se refiere a Torrecilla, la vio partir y a continuación abandonó la cárcel.^[69]

Difícilmente, los datos podrían resultar más obvios. Los custodios y asesinos de los reclusos no eran otros que miembros de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia situadas bajo control comunista del consejo de la Dirección de Seguridad, el delegado de Orden Público y su jefe, el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, que no dejaba de mantenerse al corriente de lo sucedido gracias a los informes de Serrano Poncela. Las operaciones de exterminio comenzaron cuando el día 7 de noviembre, hacia las cuatro de la mañana, las milicias llegaron a la cárcel de San Antón y realizaron una saca de unos doscientos hombres. Continuaron durante los días siguientes de acuerdo con una metodología minuciosa ya utilizada en Rusia por los bolcheviques. Los detenidos habían sido despojados de cualquier equipaje y atados con bramante de dos en dos o bien con las manos a la espalda. Al no llevar pertenencias consigo, eran conscientes de que los iban a asesinar. A bordo de una veintena de autobuses de dos pisos de la empresa municipal, llegaron hasta Paracuellos. Allí les obligaron a bajar y, tras dividirlos en grupos formados por un número de personas que iba de diez a veinticinco, se les ordenó caminar hasta las fosas colectivas preparadas para darles sepultura.^[70] Una vez situados al borde de las zanjas, un grupo de treinta a cuarenta milicianos abría fuego sobre los reclusos. A continuación, se daba el tiro de gracia a los desdichados. Acto seguido, unos doscientos enterradores reclutados de entre los considerados «fascistas» en las poblaciones cercanas procedían a arrojar los cadáveres a las zanjas y taparlos con tierra.^[71]

La existencia de las fosas —siete en total con una capacidad realmente extraordinaria—^[72] demuestra hasta qué punto las matanzas no fueron improvisadas ni constituyeron un proyecto de última hora. Por el contrario, ponen de manifiesto la misma frialdad destinada a realizar exterminios masivos que se vería después en las matanzas perpetradas por los soviéticos en Katyn o por los nacionalsocialistas alemanes en Babi Yar. En todos estos casos, el ocultamiento de las masas de detenidos se iba a llevar a cabo en grandes fosas.

Aunque el diplomático Schlayer intentó impedir las matanzas e incluso llegó a entrevistarse con Miaja y Carrillo, en el curso de los días siguientes, no sólo continuaron las sacas sino que Schlayer constató que Miaja y Carrillo no hacían nada para impedir las matanzas. «Y», como escribiría tiempo después, «entonces sí que no podían alegar desconocimiento ya que estaban informados por nosotros».^[73]

El 8 de noviembre, el diario comunista Mundo Obrero publicaba un texto claramente revelador: «A la quinta columna, de la que quedan rastros en Madrid, se debe exterminar en un plazo de horas». Ese mismo día Carrillo y Pasionaria intervenían en un mitin celebrado en el Monumental Cinema de Madrid para elevar la moral de los defensores de la capital. Desde luego, no era para menos. En contra de lo que repetiría después la propaganda republicana, la población de Madrid mostraba una inquietante pasividad frente al avance de las fuerzas de Franco. Mientras que había 120 000 madrileños que recibían su ración diaria de rancho, a las trincheras sólo acudían 35 000 —de los que muy pocos eran naturales de Madrid— y a cavarlas seis mil.^[74] La propaganda frentepopulista insistía en las atrocidades cometidas por las fuerzas de Franco, pero del estudio de las fuentes no se desprende que la mayoría de los madrileños pensara que pudieran ser peores que las que habían contemplado procedentes del Frente popular.

El 8 de noviembre, de madrugada, tuvo lugar una nueva saca de la Modelo. El médico de la prisión informaría a uno de los reclusos de que se habían llevado a mil treinta y nueve reclusos y los habían matado a todos.^[75] Entre los días 9 y 17 de noviembre de 1936 siguieron teniendo lugar en Madrid asesinatos, pero no grandes sacas. El último día llegó a Madrid Melchor Rodríguez que había sido nombrado director de prisiones. Rodríguez era anarquista pero, lejos de compartir el culto por la violencia y las tácticas exterminadoras llevadas a cabo durante los últimos meses por la CNT y la FM, tenía la firme voluntad de cumplir con su deber de acuerdo con los principios más elementales de la legalidad y la decencia. No sorprende, por lo tanto, que los comunistas, entregados a la tarea de exterminar a millares de detenidos, le impidieran hacerse cargo de su puesto.

El día 10, el consejillo de Orden Público celebró una sesión en la que se informó puntualmente de los asesinatos en Torrejón de Ardoz de los presos transportados en cinco autobuses grandes y en Paracuellos de todos los demás. En el curso de la misma reunión, Serrano Poncela se dedicó además a explicar los criterios de selección de los que debían ser asesinados comenzando con los militares con graduación superior a la de capitán y siguiendo con todos los falangistas y todos los derechistas. A continuación se establecieron comisiones para encargarse de cada apartado y delegados del consejillo para cada cárcel.^[76] No iban a estar ociosos ni tampoco se iban a limitar a las categorías expuestas. Esa misma madrugada, por ejemplo, fueron asesinadas diez monjas adoratrices en las tapias del cementerio del Este.

A esas alturas, las noticias sobre los fusilamientos en masa eran más conocidas de lo que hubieran deseado los verdugos. Manuel Irujo, ministro del PNV en el gobierno del Frente popular, se puso en contacto con Matallana, colaborador militar del general Miaja, para aclarar las noticias que le habían llegado de los fusilamientos. Matallana le comentó a Irujo que Miaja no sabía nada de lo que le decía —lo que era una mentira absoluta puesto que, como mínimo, Schlayer le había informado de ello la tarde del 7 de noviembre— y el peneuvista decidió ponerse en contacto con el ministro Galarza. Resultaba ya muy difícil esconder lo que estaba sucediendo y Galarza decidió alterar los hechos de una manera que, en apariencia, libraba de responsabilidades a las autoridades del Frente popular. Así, le dijo a Irujo que, efectivamente, se habían producido fusilamientos, pero que se habían debido a la acción de familiares de las víctimas de los bombardeos realizados en Madrid por la aviación de Franco durante los primeros días de noviembre, víctimas que habrían ascendido a 142 muertos y 608 heridos en el primer bombardeo y 32 muertos y 382 heridos en el segundo. Todos los datos proporcionados por Galarza a Irujo eran rotundamente falsos. De hecho, del 1 al 6 de noviembre de 1936 no hubo bombardeos sobre Madrid ni, lógicamente, víctimas. El día 7 sí se produjo un bombardeo que, efectivamente, causó un muerto. Desde luego, no podían haber sido los familiares de las víctimas de unos inexistentes bombardeos los que habían llevado a cabo los fusilamientos. Como ya hemos visto, éstos obedecían a un plan claramente concebido y llevado a cabo por las autoridades del Frente popular con respaldo de algún agente soviético como Koltsóv.

El 11, Carrillo dictó y firmó una orden de la consejería sobre la organización de los servicios de investigación y vigilancia. En ella se daba carta de naturaleza legal a lo que era una realidad desde hacía varias jornadas, el que Serrano Poncela, delegado de Orden Público, era un simple delegado de la consejería cuya titularidad ostentaba Carrillo. No contaba éste a la sazón con menos de cinco mil hombres para llevar a cabo sus funciones de represión. Se trata de un dato de enorme importancia si tenemos en cuenta que a la sazón en torno a Madrid se libraba una encarnizada batalla en la que todos los efectivos que pudieran movilizar ambos bandos eran pocos. Incluso en tan difíciles circunstancias, las autoridades republicanas consideraron que podían destinarse cinco mil hombres a tareas represivas. Como previamente habían considerado los bolcheviques y después harían los nazis, el denominado frente interno tenía tanto valor como el bélico.

Ese mismo día 11 tuvo lugar una reunión de la Junta de Defensa. En el curso de la misma, Carrillo recabó —y le fue confirmada— la autoridad sobre los traslados de presos. Además, reconoció que la «evacuación» de los presos había tenido que ser suspendida por «la actitud adoptada últimamente por el Cuerpo diplomático». Ahora iba a reanudarse bajo su directa supervisión. Al día siguiente, 12 de noviembre, Carrillo pronunció un discurso incendiario en Unión Radio^[77] donde afirmó, entre otras cosas, que «la “quinta columna” estaba en camino de ser aplastada y que los restos que de ella quedaban en los entresijos de la vida madrileña estaban “siendo perseguidos y acorralados con arreglo a la ley, con arreglo a todas las disposiciones de justicia precisas; pero sobre todo con la energía necesaria”».^[78] Por mucho que Carrillo hiciera referencia a la ley y a las disposiciones de la justicia, el cuerpo diplomático distaba mucho de creerse la versión oficial de las autoridades del Frente popular. La verdad resultaba tan difícil de ocultar que la Junta de Defensa acabó publicando en la prensa del 14 de noviembre una nota en la que calificaba de «infamia» los rumores sobre los fusilamientos y a continuación afirmaba que «ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos se debe temer por su vida».^[79] Difícilmente se podría concebir una mentira más cínica destinada además a cubrir la práctica continuada de asesinatos en masa.

La Junta de Defensa había fracasado en sus intentos de engañar al cuerpo diplomático, pero además no tenía la menor intención de detener las matanzas en masa. El 16 de noviembre, dos días después de que se hiciera público su comunicado negando la existencia de fusilamientos, se trasladó a todos los presos que se encontraban en la Modelo. Mil quinientos de ellos fueron llevados a San Antón, dos mil quinientos a Porlier y otros mil a Ventas. Semejante traslado de reclusos provocó un hacinamiento insoportable en las prisiones pero, al menos, no hubo víctimas mientras se llevó a cabo.

Al día siguiente, Santiago Carrillo se desplazó a Valencia como parte de una comisión enviada por el general Miaja para zanjar las diferencias existentes entre la Junta de Defensa y el gobierno. A esas alturas, Largo Caballero comenzaba a darse cuenta del peso enorme que estaba adquiriendo el PCE —el embajador soviético llega a intervenir como mediador entre ambas instancias— pero no sospechaba que Santiago Carrillo ya se había afiliado al partido comunista y actuaba como uno de sus agentes más eficaces. Por supuesto, Carrillo se guardó muy bien de comentárselo. Al fin y a la postre, la comisión de la Junta de Defensa regresó con rapidez a Madrid. La capital era ahora escenario de una segunda oleada de sacas que duraría hasta el 4 de diciembre.^[80]

De Porlier se realizaron siete sacas desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre. Fueron sacados 37 presos el 18 de noviembre, 253 el día 24, 24 el 25, 44 el 26, 24 el 30, 19 el 1 de diciembre y 73 el 3 de diciembre. Las órdenes de excarcelación fueron firmadas por Serrano Poncela y los presos, entregados a Andrés Urresola y a Álvaro Marasa. Todavía el 4 de diciembre se llevarían a cabo otras dos sacas de las que una llegó sin víctimas a Alcalá de Henares y otra terminó en una nueva matanza en Paracuellos.

En el caso de la cárcel de Ventas, el inicio de la segunda oleada de asesinatos emanó de una orden de 18 de noviembre firmada por el subdirector general Vicente Giraute. Como en ocasiones anteriores, no fueron pocos los presos —superaron los trescientos— a los que se dio orden de libertad tan sólo para encubrir que se les llevaba al matadero de Paracuellos.^[81]

El 27 de noviembre llegaron a San Antón nuevas órdenes de Serrano Poncela ordenando la puesta en libertad de más reclusos. Según el método habitual, al día siguiente, a esos detenidos se les incluyó en dos sacas cuyos miembros terminaron también siendo asesinados en Paracuellos.^[82] El día 29 de noviembre tuvo lugar una nueva saca en el curso de la cual fue asesinado, entre otros muchos, Arturo Soria Hernández, hijo del urbanista creador de la Ciudad Lineal.^[83] El 30, se efectuaría la última saca de San Antón. Cuando concluyeran, finalmente, las matanzas de aquellos días no menos de cinco mil madrileños^[84] habrían sido asesinados por las fuerzas de la Junta de Defensa cuya Consejería de Orden Público se hallaba dirigida por el comunista Santiago Carrillo.^[85]

Sobre la responsabilidad ejecutora de Carrillo no tenía entonces duda ninguno de los que supieron lo que estaba sucediendo —como no la han tenido después los familiares de los asesinados ni los estudiosos del tema—, ya formara parte del cuerpo diplomático como Felix Schlayer o de las autoridades republicanas. Al respecto, no deja de ser significativo que el nacionalista vasco Galíndez en sus memorias del asedio de Madrid atribuyera las matanzas a «las autoridades encargadas del orden público».^[86] Hay que decir que incluso Irujo, el peneuvista que formaba parte del gobierno frentepopulista, protestó por las matanzas que se estaban llevando a cabo aunque, también esto es cierto, ni las denunció ni tampoco dimitió en señal de protesta por los crímenes. Estos datos —junto con la responsabilidad directa y esencial de Carrillo en millares de crímenes— han sido confirmados de manera irrefutable tras la apertura de los archivos de la antigua URSS. Al respecto, existe un documento^[87] de enorme interés emanado del puño y letra de Gueorgui Dimitrov, factotum a la sazón de la Komintern o Internacional comunista. El texto, de 30 de julio de 1937,^[88] está dirigido a Voroshílov y en él le informa de la manera en que prosigue el proyecto de conquista del poder por el PCE en el seno del gobierno del Frente popular. El documento reviste una considerable importancia, pero nos vamos a detener en la cuestión de las matanzas realizadas en Madrid que Dimitrov menciona en relación con el peneuvista Irujo:

Pasemos ahora a Irujo. Es un nacionalista vasco, católico. Es un buen jesuita, digno discípulo de Ignacio de Loyola. Estuvo implicado en el escándalo bancario Salamanca-Francia. Actúa como un verdadero fascista. Se dedica especialmente a acosar y perseguir a gente humilde y a los antifascistas que el año pasado trataron con brutalidad a los presos fascistas en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Quería detener a Carrillo, secretario general de la Juventud socialista unificada,^[89] porque cuando los fascistas se estaban acercando a Madrid, Carrillo, que era entonces gobernador, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos. En nombre de la ley, el fascista Irujo, ministro de Justicia del gobierno republicano, ha iniciado una investigación contra los comunistas, socialistas y anarquistas que trataron con brutalidad a los presos fascistas. En nombre de la ley, ese ministro de Justicia puso en libertad a cientos y cientos de agentes fascistas detenidos o de fascistas disfrazados. En colaboración con Zugazagoitia, Irujo está haciendo todo lo posible e imposible para salvar a los trotskistas y sabotear los juicios que se celebran contra ellos. Y hará todo lo que pueda para que se les absuelva. Este mismo Irujo estuvo en Cataluña en los últimos días con su jefe Aguirre, el famoso presidente de la famosa república vasca. Mantuvieron reuniones secretas con Companys para preparar la separación de Cataluña de España. Están intrigando en Cataluña donde afirman: os espera el mismo destino que a la nación vasca; el gobierno republicano sacrificó a la nación vasca y también sacrificará a Cataluña.

Amparado en la cercanía del combate —un combate en el que, dicho sea de paso, no participaron en lo más mínimo— Carrillo y sus secuaces hubieran podido continuar las matanzas durante las siguientes semanas en el estilo de exterminio político iniciado por los bolcheviques en Rusia casi dos décadas atrás. Si no fue así se debió a un factor inesperado. El anarquista Melchor Rodríguez, nombrado director de prisiones, logró, primero, ralentizar las sacas y, posteriormente, acabar con el1as.^[90] En contra de lo afirmado tantas veces por la propaganda, los asesinatos perpetrados por el Frente popular —en este caso los más numerosos y horribles de toda la guerra— no se habían debido a una explosión incontrolada de cólera popular. Habían sido —siguiendo el modelo bolchevique— una gigantesca operación decidida, planificada y ejecutada por las propias autoridades del Estado, un Estado que había puesto en funcionamiento un nuevo concepto de la justicia, la revolucionaria, cuya finalidad esencial era el exterminio de los considerados enemigos de clase.

La ofensiva de noviembre (IV): el contraataque

Las fuerzas de Franco habían quedado empotradas en un sector que incluía la Casa de Campo, Carabanchel y Usera. Esa circunstancia llevó el día 9 a los soviéticos a sugerir una contraofensiva que se revelará fatal para los nacionales. Siguiendo una línea de acción que se repetiría seis años después en Stalingrado, los soviéticos eran partidarios de que Miaja y Pozas lanzaran una contraofensiva conjunta que encerrara a los nacionales en tres anillos por retaguardia. La operación no sólo destruiría el ejército enemigo —con lo que Madrid se convertiría, efectivamente, en «la tumba del fascismo»— sino que además permitiría recuperar Toledo. El plan era bueno, pero a Miaja le desagradaba el que Pozas mandara el grueso de las tropas y le dejara en una posición secundaria. Tanto Largo Caballero^[91] como Koltsóv lo lamentaron, pero, dado que su prestigio estaba aumentando —a diferencia de lo que sucedía con el gobierno huido a Valencia— Miaja consiguió imponerse.

Los días 9 y 10, las fuerzas del Frente popular siguieron pegadas a sus posiciones e impidieron el avance de los nacionales. El 13 y el 14, las unidades republicanas, siguiendo el plan de Miaja, lanzaron un ataque sobre todo el frente, desde Carabanchel hasta Pozuelo. Contaban con una considerable superioridad en efectivos y material, pero los nacionales resistieron encarnizadamente e incluso ganaron algún terreno en la Casa de Campo llegando al Manzanares. Tan pobre resultado provocó una enorme amargura en Koltsóv y es lógico que así fuera. Por añadidura, el Mando nacional decidió cambiar la dirección del ataque intentando romper el frente en dirección a los puentes de la Princesa, Toledo y Segovia. Los días 15, 16 y 17, las columnas nacionales de Asensio, Delgado Serrano y Barrón, bajo el mando del coronel García Escámez, consiguieron la máxima penetración ocupando sucesivamente la Escuela de Arquitectura, la casa de Velázquez, la Escuela de Ingenieros Agrónomos, el Asilo de Santa Cristina, el Instituto de Higiene, la Fundación Del Amo, el Hospital Clínico y el Palacete de la Moncloa. Al final, sin embargo, los nacionales se vieron detenidos en Puerta de Hierro, el Hospital Clínico y el puente de los Franceses. Miaja había optado por una estrategia de desgaste consistente en lanzar oleada tras oleada de soldados para contener a unos atacantes numéricamente inferiores. Lo consiguió aunque las pérdidas habían sido muy considerables. Tras más de dos semanas de combate, los diez mil soldados nacionales que sostenían el ataque habían tenido tres mil bajas incluidos tres de los seis jefes de columna que habían sido heridos. El Frente popular había tenido cerca de ocho mil bajas y varios jefes de columna, entre ellos dos muertos.

El día 23, Franco, Mola, Varela y Saliquet, reunidos en Leganés, desistieron de la posibilidad de un ataque frontal. Sin embargo, en contra de lo que afirmaría la propaganda, distaban mucho de estar —o considerarse— vencidos. A pesar de la superioridad enemiga —que en el aire había resultado abrumadora— el Ejército nacional no había sido aniquilado y, lo que era más importante, conservaba la iniciativa. Se preparaba, por lo tanto, para un nuevo asalto.

La batalla de Madrid pudo haber sido decisiva y, sin embargo, concluyó en tablas. De haberla ganado Franco, la guerra hubiera podido terminar en unos meses; de haber vencido el Frente popular tal y como planteaban los asesores enviados por Stalin, el Ejército nacional podría haber sido destruido. La intervención soviética, por un lado, y la negativa a prestar oído a los consejos de los asesores soviéticos, por otro, habían impedido cualquiera de los dos resultados. A pesar de todo, su resultado tuvo unas consecuencias relevante para el futuro de la guerra. Ante la posibilidad de una victoria soviética en el Mediterráneo, tanto Alemania como Italia aumentarían sus envíos de material y hombres al Ejército nacional. Se formaría así la Legión Cóndor —que algunos autores se empeñan en situar en la batalla de Madrid cuando ni siquiera existía en esas fechas— y Mussolini enviaría contingentes militares a España. A pesar de todo, ni Italia ni Alemania lograrían equilibrar los envíos de Stalin hasta muy avanzado el año 1937.

Menos peso tuvo la batalla de Madrid en la decisión de utilizar recursos como, por ejemplo, los bombardeos masivos. Como tuvimos ocasión de ver, los primeros bombardeos sobre poblaciones civiles fueron realizados por la aviación republicana nada más iniciarse el conflicto. Posteriormente, ciudades en manos de los rebeldes como Huesca u Oviedo fueron objeto de bombardeos durísimos por parte de los aparatos frentepopulistas. En el caso de Madrid, el Ejército nacional señaló la existencia de una zona exenta en la que podría refugiarse la población durante los bombardeos. Éstos causaron 312 víctimas civiles y provocaron siniestros de mayor o menor envergadura en 486 viviendas. Se trataba de cifras comparativamente muy inferiores a las sufridas por Huesca u Oviedo.

Finalmente, debe señalarse que, a partir de la batalla de Madrid, los dos ejércitos se lanzaron sin restricciones por el camino de la movilización en masa hasta el punto de alcanzar un número de efectivos que llegó al millón de hombres en ambos casos. Como había sucedido durante la guerra civil rusa, la guerra de las columnas había concluido y daba inicio una guerra entre ejércitos regulares.

La segunda embestida (29 de noviembre-19 de diciembre)

La contención de las fuerzas de Franco no significó el desplazamiento del frente hacia otros lugares de manera inmediata. La iniciativa militar continuaba en manos de los nacionales y, de hecho, como mínimo hasta marzo de 1937, Madrid seguiría siendo considerado por Franco como el enclave decisivo en términos militares. Desde finales de noviembre hasta mediados de enero, intentaría mejorar sus posiciones al oeste de Madrid y, paradójicamente, con ello retrasaría la posibilidad de obtener la ansiada victoria sobre el Ejército popular de la República.

Franco decidió para esta segunda ofensiva sobre Madrid recurrir a la maniobra. Con esa finalidad, se proyectaron dos operaciones. La primera debía alcanzar por el flanco izquierdo la línea Robledo de Chavela-Valdemorillo-Villanueva del Pardillo-Majadahonda-alturas al norte de Aravaca-vértice Buenavista-Ciudad Universitaria. La segunda tenía que cortar las comunicaciones de Madrid con Levante para apoyar el flanco derecho del dispositivo nacional sobre el Manzanares y el Jarama. De tener éxito ambas maniobras Madrid quedaría prácticamente estrangulado y su toma se vería facilitada.

El 29 de noviembre, Varela atacó hacia el norte en dirección a Pozuelo y la carretera de La Coruña. Aunque el ataque se apoyó en el uso de tanques alemanes, no es cierto, como se ha escrito en repetidas ocasiones, que contara con aviones Stuka o se realizaran bombardeos en picado. De hecho, los Stukas no intervendrían en la guerra civil española hasta la batalla de Teruel y durante los meses de noviembre y diciembre de 1936 aunque había tres aviones experimentales^[92] de bombardeo en picado en Sevilla, ninguno fue utilizado para la ofensiva de Madrid.

Las tropas de Varela, que avanzaron hasta la línea sanatorio de Humera-cementerio de Pozuelo-vértice Vallerrubios, fueron finalmente contenidas y el 7 de diciembre hubo que aceptar que el avance resultaba imposible.^[93] En esos momentos se iba a desarrollar una acción de la aviación del Frente popular relacionada con el terror desencadenado por el Frente popular, y el reconocimiento internacional de los alzados en julio.

Ni el cuerpo diplomático extranjero destinado en Madrid ni el gobierno de la República ignoraban lo que había sucedido en Paracuellos y otros lugares donde habían tenido lugar matanzas masivas perpetradas por el Frente popular. Frente a ese hecho incontestable las actitudes resultaron diametralmente opuestas. Mientras que los diplomáticos deseaban, como el intrépido Schlayer, poner fin a las matanzas y servir de la mejor manera posible a su labor humanitaria, las autoridades del Frente popular tenían un interés especial en entorpecer la tarea de refugio y, muy especialmente, en que la opinión pública internacional no supiera las atrocidades que se estaban cometiendo en la parte de España que controlaban. Semejante actitud es fácilmente comprensible ya que la independencia de las legaciones diplomáticas resultaba especialmente perjudicial para el gobierno del Frente popular en la medida en que no podía ser mediatizada totalmente mediante la propaganda de los denominados intelectuales progresistas ni tampoco a través de la intervención en los medios de comunicación. En ese contexto en el que se ventilaba la legitimidad internacional de un gobierno que había aniquilado el sistema republicano y que encabezaba una cruenta revolución se debe entender un episodio como el del atentado contra el doctor Georges Henny.^[94]

Durante la noche del 8 de diciembre de 1936, el Ministerio de la Guerra manifestaba en su parte radiado que: «A las 18 horas de hoy, cuando volaba sobre la provincia de Guadalajara, ha sido criminalmente atacado y derribado por la aviación fascista el avión correo que hacía el servicio entre Madrid y Toulouse». Al día siguiente, la noticia era recogida por la prensa de la zona frentepopulista en términos semejantes. Política, el órgano de prensa de Izquierda Republicana, anunciaba en titulares que un avión de pasajeros de la compañía Air-France había sido abatido «por un caza faccioso».^[95] Por su parte, La Voz anunciaba que «El avión correo Toulouse-Madrid ha sido ametrallado por los trimotores fascistas» y «Alemania vuelve a disparar contra Francia». Además la información incluida en este medio, señalaba que «el avión francés… tuvo que resignarse a recibir las descargas de las ametralladoras facciosas… Ametrallado bárbaramente, tomó tierra con bastante violencia en Pastrana, resultando heridos todos sus ocupantes, entre los cuales se hallaba el Dr. Henny, enviado a Madrid por la Cruz Roja internacional. Con él venían otros cuatro pasajeros: los periodistas franceses Delaprée, corresponsal del gran diario Paris Soir y M. Chateau, de la Agencia Hayas, y dos señoritas que acompañaban en calidad de secretarias al Doctor Henny». El parte radiado del Ministerio de la Guerra planteaba un supuesto —el del ataque por aparatos de la aviación nacional a un avión civil francés— que no sólo encontró eco en la prensa de la España del Frente popular, sino también en la extranjera como, por ejemplo, Le Jour de París.

Con todo, aquella versión iba a durar muy poco. El 21 de diciembre, el mismo Le Jour publicaba un extenso reportaje sobre el tema firmado por su redactor J. Vilbert. Para el mismo había contado con el testimonio importantísimo de las hermanas Pleytas que viajaban en el avión derribado y que, en contra de lo relatado por La Voz no eran secretarias de M. Henny, siquiera por su condición de adolescentes. Las hermanas contaban que, al llegar el avión, un Potez-54 de la embajada francesa, se hallaba ocupado, pero fue inmediatamente desalojado para dar cabida a los componentes de la nueva expedición entre los que se encontraba Henny, el empleado de la Cruz Roja. El avión había despegado y volaba a cierta altura cuando apareció un monoplano —según las hermanas— de color verde con banderas rojas que comenzó a disparar. Tocado, el aparato Potez-54, que pilotaba un tal Boyer, logró aterrizar, no sin sufrir un capotazo, en un campo cercano a Pastrana. Tanto Henny como Chateau habían sido heridos en una pierna. Por su parte, Delaprée había sido alcanzado gravemente y fallecería unos días después.

Hoy por hoy, la respuesta al enigma no admite duda alguna. A diferencia de lo señalado por la prensa republicana, el avión Potez-54 no pertenecía a Air-France sino a la embajada francesa y su destino era el envío de la valija diplomática y la evacuación de ciudadanos franceses.^[96] A bordo del aparato, como ya hemos indicado, viajaba el Dr. Henny que tenía la posibilidad de llegar a Francia, primero, y a Ginebra después con una finalidad muy concreta, la de informar a las autoridades pertinentes de los crímenes que las fuerzas del Frente popular estaban llevando a cabo en Madrid. Que el gobierno frentepopulista deseara impedirlo a cualquier coste no sólo no resulta extraño; además está confirmado por los testimonios de la época. Por si fuera poco, investigaciones realizadas en los últimos años por José Antonio García-Noblejas y, posteriormente, por Felipe Ezquerro Ezquerro no dejan lugar a dudas sobre la autoría del ataque y las causas del mismo.

El primero de los testimonios, ya antiguo, es el de Felix Schlayer. Éste había sido acompañado por Henny en uno de sus viajes hasta las fosas donde yacían sepultadas las víctimas de las matanzas en masa y la víspera de la salida del vuelo de Henny fue informado por un francés al servicio del contraespionaje republicano de que el avión «no podría» despegar al día siguiente. Efectivamente, el avión sufría un defecto de motor que exigió retrasar su partida veinticuatro horas. Como es natural, cuando Schlayer supo del atentado sufrido por el aparato, se puso en contacto con el piloto francés que le explicó cómo el avión que les había atacado había procedido a ametrallar la cabina de pasajeros desde abajo con la obvia intención de darles muerte y cómo además se trataba de un caza con los distintivos del «gobierno rojo». Se habría tratado, por lo tanto, según Schlayer, de un ataque llevado a cabo por la aviación republicana para evitar que se trasladaran al extranjero los documentos que implicaban directamente a las autoridades del Frente popular en las matanzas cometidas en Madrid.

La misma impresión, hasta en los más ligeros matices, reinaba en la embajada de Argentina, según el testimonio de Adelardo Fernández Arias. Semejante circunstancia no causa extrañeza por cuanto el encargado de negocios de Argentina, Edgardo Pérez Quesada, había acompañado a Schlayer y a Henny en su visita a una de las fosas comunes donde se había dado sepultura a las víctimas de las matanzas masivas de noviembre.

A todo lo anterior se une el testimonio de la única víctima mortal del atentado, Delaprée, según lo relató al corresponsal del Daily Express en Madrid, Sefton Delmer.^[97] Según Delaprée, Aleksander Orlov, el jefe de la soviética NKVD en España, se había enterado, unas horas antes del despegue del avión, de las investigaciones de Henny y decidió impedir que éste llegara a Ginebra y las pusiera en conocimiento del Consejo de Seguridad de la Liga de Naciones. Semejante comparecencia se habría producido además cerca del 11 de diciembre, precisamente la fecha en que Julio Alvarez del Vayo, ministro de Estado de la república, iba a pronunciar un célebre discurso en el que atacaría duramente a Italia y a Alemania por intervenir en España y causar la muerte de miles de jóvenes españoles. La imagen de la España democrática —y sola— que era víctima de la agresión fascista se habría resquebrajado notablemente con la constatación documental de que la revolución, con la ayuda de la URSS, estaba cometiendo atrocidades que tan sólo en Madrid habían costado la vida a millares de detenidos. Deseoso de evitar esa posibilidad que tan perjudicial podía resultar no sólo para el gobierno del Frente popular sino también para la URSS que lo estaba apoyando, Orlov ordenó que el avión francés fuera atacado por la aviación de caza republicana.

Semejante tesis sería abonada en los años ochenta y noventa por las investigaciones de Ezquerro. El 3 de octubre de 1986, fray Antolín Abad, testigo ocular del atentado, le comentó cómo había visto que el avión francés era ametrallado por dos cazas que le atacaban por la derecha y por la izquierda, aunque el piloto del avión atacado consiguió escapar y tocar tierra. Por supuesto, los habitantes de Pastrana, la localidad cerca de la cual aterrizó el aparato, habían sido conscientes de que habían sido cazas del Frente popular los responsables del atentado. El 20 de noviembre de 1987, Ezquerro se entrevistó en Pastrana con otro de los testigos del ataque. Se trataba de Francisco Cortijo —el «Don Paco» del Viaje a la Alcarria de Camilo José Cela— que era médico en Pastrana. Cortijo le relató la llegada de «coches de Guadalajara y Madrid» que buscaban la documentación que llevaba Henny, Como indicaría Cortijo, «el contenido del maletín parece que estaba formado por un montón de fotografías tomadas en las calles y en las afueras de Madrid de las víctimas de los “paseos” y asesinatos, y también de los militares profesionales fusilados. Las valijas diplomáticas no sé qué documentos contendrían pero debían ser del mayor interés para el Gobierno republicano puesto que fueron buscadas con el mayor afán. Parece ser que estos documentos y las fotos, de haberse publicado en Francia, habrían escandalizado en Europa y en todo el mundo. Está claro que con el derribo del avión se evitó todo esto». En 1987, el historiador francés Jean Liron informó por carta a Ezquerro de que el avión Potez-54 había sido derribado por Chmelkov y Sakharov (en realidad, Shmelkov y Sajarov) que pilotaban un Polikarpov I-16. Se trataba del extraordinario avión soviético que sería conocido con los apelativos de Rata y Mosca. El dato había sido apuntado incluso antes por el jefe de aviación de caza de la república, Andrés García Lacalle.^[98] En un libro publicado a inicios de los años setenta, ya indicaba cómo de la escuadrilla de Rigachov, situada en el aeródromo de Azuqueca, habían despegado dos aviones de la patrulla de guardia. Los pilotaban «dos rusos de pequeña estatura, fornidos, casi cuadrados, con las narices no muy grandes y ligeramente achatadas, con rasgos que insinuaban bastante claramente su origen mongólico». García Lacalle dice que se llamaban «N. Shimelkov… y G. Zajarofi», lo que constituye una transcripción aproximada de la pronunciación rusa de ambos nombres y coincide con los datos proporcionados por Liron.

Shmelkov y Sajarov derribaron el avión civil Potez-54 si bien alegaron al aterrizar que antes habían sido disparados por éste. Sabemos que tal circunstancia era imposible porque el aparato francés no iba armado, pero, sin duda, los pilotos soviéticos consideraron que era una excusa perfecta para encubrir la dimensión de sus actos, una operación de inteligencia que, como ya dijimos, decidió el propio Orlov.

El propio gobierno francés ordenó una investigación sobre el tema. La misma no llegó a ser publicada, lo que difícilmente hubiera sucedido si el gobierno del Frente popular francés hubiera podido achacar la responsabilidad del atentado a la aviación nacional. No era posible y, de manera bastante comprensible, no se publicó una noticia susceptible de dañar quizá fatalmente la imagen pública de la causa frentepopulista.

El 10, neutralizada la publicación de los datos relativos a los fusilamientos en masa de Paracuellos, el republicano Álvarez del Vayo, representante ante la Sociedad de Naciones intentó, infructuosamente, que el mencionado organismo condenara a Alemania e Italia por haber reconocido como gobierno legítimo al de Franco. La razón de su fracaso estuvo, en no escasa medida, determinada por las noticias procedentes de distintas legaciones diplomáticas que sabían lo que estaba sucediendo en la España del Frente popular y por la posibilidad de que el Ejército nacional entrara en Madrid y concluyera la guerra en breve.

El 14 de diciembre, Varela volvió a intentar avanzar sobre Madrid prosiguiendo las operaciones en su flanco izquierdo. Del 16 al 20 de diciembre, Varela desencadenó un nuevo ataque que fue precedido por el bombardeo artillero más intenso de toda la guerra hasta entonces. Las unidades nacionales tomaron los pueblos de Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada, pero su avance se vio detenido.

El 21 de diciembre, Hitler celebró una entrevista con Faupel, el representante diplomático alemán ante los nacionales, Warlimont y otras jerarquías militares.^[99] Faupel había llegado a la conclusión de que Franco era incapaz de ganar la guerra y más teniendo en cuenta la creciente ayuda soviética. A su juicio, resultaba, por lo tanto, imperioso que el Führer enviara tres divisiones alemanas a España para colaborar en el esfuerzo de guerra de los nacionales. De darse ese supuesto, Faupel estaba convencido de que el conflicto no se prolongaría más de unas semanas. Tras escuchar las opiniones contrarias a esta postura, formuladas por Warlimont y algunos de los presentes, Hitler dejó de manifiesto que no tenía ningún interés en que la guerra española concluyera de manera rápida. Como ya lo había señalado en alguna otra ocasión, continuaría ayudando a Franco pero, de momento, le interesaba que el conflicto español se dilatara algún tiempo y así distrajera la atención de las potencias occidentales. En ese sentido, la actitud de Hitler contrastaba con la de Stalin. Mientras este último había enviado asesores interesados en acabar la guerra con una victoria del Frente popular y un peso creciente en la política, Hitler sólo tenía interés en mantener en España un foco que distrajera la atención de las grandes potencias sobre sus planes en el centro de Europa.

El día 3 de enero, el mismo sector del frente de Madrid donde se habían registrado en las semanas anteriores los ataques de Varela fue objeto de otro embate de los nacionales que ahora se hallaban bajo el mando del general Orgaz. Las cuatro columnas atacantes (Iruretagoyena, Barrón, Asensio y Sáenz de Buruaga), el día 9, habían logrado cortar la carretera de La Coruña y conquistado Villanueva del Pardillo, Las Rozas, Majadahonda, El Plantío, Pozuelo, Humera, Aravaca, la Cuesta de las Perdices y el Cerro del Águila. Sin embargo, no lograron progresar más.

El segundo embate de Franco sobre Madrid se zanjó así con un fracaso estratégico. Ciertamente, había ampliado el territorio bajo control de los nacionales, pero a un coste nada baladí y sin que, realmente, la capital se encontrara en una situación sustancialmente más peligrosa que antes del inicio de la ofensiva. Con pesar, el Mando nacional se vio obligado a aceptar el hecho incontrovertible de que la guerra no podría ya terminar aquel año de 1936.