De golpe frustrado a guerra civil
El 9 de agosto de 1936, El Socialista publicaba un discurso radiado que había pronunciado Indalecio Prieto. El mismo reviste un especial interés porque contiene el análisis que el conocido dirigente del PSOE llevaba a cabo sobre la disparidad de fuerzas existente entre el gobierno del Frente popular y los alzados:
¿De quién pueden estar las mayores posibilidades del triunfo en una guerra? De quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es evidentísimo. Pues bien: extensa cual es la sublevación militar que estamos combatiendo, los medios de que dispone son inferiores a los medios del Estado español, a los medios del Gobierno. Si la guerra, cual dijo Napoleón, se gana principalmente a base de dinero, dinero y dinero, la superioridad financiera del Estado, del Gobierno y de la República, es evidente… Doy por ciertos todos los auxilios financieros que se dicen prestados a los organizadores de la subversión. Pero, aun dándolos por ciertos, no puedo dejar de reconocer que esos medios han podido ser suficientes para preparar la sublevación, para iniciarla, para desencadenarla; pero que son, a todas luces, insuficientes para sostenerla. Podría juntarse todo el capitalismo español en la voluntad suicida de ayudar la subversión. Pues, aun así, todos los elementos financieros de que el capitalismo puede disponer libremente en estos instantes son escasísimos ante los dilatadísimos del Estado… todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, están en poder del Gobierno: son las reservas de oro que han venido garantizando nuestro papel moneda… este tesoro nacional permite al Gobierno español, defensor de la legalidad republicana, una resistencia ilimitada, en tanto que en dicho orden de cosas —no examino de momento otros— la capacidad del enemigo es nula…
Pero, además, la guerra de España es hoy principalmente una guerra industrial. Tiene más medios de vencer aquella parte contendiente que disponga de mayores elementos industriales. Pasad imaginativamente vuestra mirada por el mapa de España… Todo el poderío industrial de España, todo lo que puede ser cooperación eficaz al mantenimiento de la lucha en orden a la protección industrial, todo eso, absolutamente todo —y no hay en la rotundidez de la expresión hipérbole alguna—, todo eso está en nuestras manos…
Con los recursos financieros, totalmente en manos del Gobierno; con los recursos industriales de la nación, también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor teórico de quienes impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aun así, aun cuando su heroísmo llegara a grados tales que pudiera ser cantado ensalzadoramente por los poetas que quisiesen adornar la Historia de esta época triste, aun así serían inevitablemente, inexorablemente, fatalmente vencidos.
El contenido de las palabras del socialista Indalecio Prieto difícilmente podía resultar más claro. Los alzados quizá pudieran derrochar gallardía en sus futuras acciones, pero dado el reparto de fuerzas, extraordinariamente desigual tras el fracaso del alzamiento, estaban condenados a la derrota siquiera por su falta de recursos financieros e industriales y por la fuerza que, al respecto, tenía el gobierno del Frente popular.
La verdad era que el fracaso del alzamiento había determinado que, en lugar de producirse el derrocamiento del gobierno del Frente popular, España quedara dividida en dos zonas irregulares. Los rebeldes —que se darían el nombre de nacionales— estaban asentados en el norte en Galicia, las tierras castellano-leonesas del Duero, Navarra, Álava, Cáceres y parte de Aragón. En el sur ejercían su control sobre Cádiz, Sevilla, parte de Córdoba y de Granada. Además, su dominio era indiscutible en Canarias, Baleares (salvo Menorca) y el Marruecos español. Por el contrario, el Gobierno del Frente popular mantenía una zona amplia y unida que incluía Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla la Nueva, las provincias de Andalucía oriental y Badajoz. Conservaba asimismo su control, pero en situación de aislamiento del resto de la zona republicana, sobre Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Huelva y Menorca.
Por lo que se refería a los efectivos, el gobierno del Frente popular contaba con el 47% de los del Ejército territorial; el 65% de los aéreos y navales; el 51% de la Guardia Civil; el 65% de los carabineros y más del 70% del Cuerpo de Seguridad y Asalto. Dado que el 59% de la población se hallaba en la zona de España controlada por el Frente popular, el gobierno contaba con la posibilidad de incrementar esos efectivos en medida más considerable que los sublevados.
Por lo que se refiere a los alzados, tenían a sus órdenes la totalidad de las fuerzas africanas, 47 127 hombres que constituían un auténtico ejército profesional. Resultaba obvio que si lograban pasar el Estrecho, su peso sería muy relevante en la lucha. Sin embargo, al conservar el Gobierno del Frente popular el control de las fuerzas navales y la supremacía aérea, tal eventualidad parecía a mediados de julio de 1936 poco probable.
De los 15 300 oficiales del Ejército —según cifras del Anuario militar de 1933 descontando a los del cuerpo eclesiástico y al de Inválidos— los sublevados contaban con 2200 en África, 500 en los archipiélagos y unos 5000 en la Península, es decir, un total de 7700. En la zona controlada por el Frente popular quedaron unos 7600. Con todo, estas cifras deben ser contempladas con matices importantes. Por un lado, hubo oficiales que se pasaron al otro bando, que fueron encarcelados o fusilados, o que buscaron asilo en embajadas y consulados. Además hay que sumar una cifra de retirados situada entre los 7000 y 8000, y otros 5000 de complemento. Por añadidura, en la zona controlada por el Frente popular, buen número de los oficiales no se presentó en sus puestos hasta el día 21 en que el Gobierno ordenó que se incorporaran.[65] El balance final sería de unos 5500 que permanecieron a las órdenes del Frente popular —el socialista Juan Simeón Vidarte afirma que los afiliados a la UMRA andaban en torno a los 3000 o 4000— y unos 8000 que se sumaron a la sublevación. Dato bien significativo es que los oficiales que permanecieron vinculados al Frente popular no fueran precisamente los más jóvenes. Las cifras resultan reveladoras cuando se examina, por ejemplo, la actitud que tomaron las tres promociones salidas de la Academia General de Zaragoza cuando ésta era dirigida por el general Franco (octubre de 1928-junio de 1931). De los 709 tenientes procedentes de las mismas, quedaban 700 en 1936. De éstos, 666 se sumaron a la rebelión y 34 permanecieron leales al gobierno del Frente popular, es decir, en torno a un 5% e incluso no todos éstos combatieron a sus órdenes.[66]
Por lo que se refería a los medios terrestres de unas 600 000 armas largas, el Gobierno conservó no menos de 275 000 y, posiblemente, más de 300 000; de 2500 ametralladoras, poseía aproximadamente la mitad. En cuanto al material artillero, el Frente popular contaba con las reservas depositadas en los parques de Madrid, Barcelona, Valencia y Cartagena (algo más de 200); 96 de la Constructora Naval de Reinosa; algo más de un centenar en trance de modernización en Trubia y otras en construcción en Placencia de las Armas. En su conjunto, en números redondos, se trataba de cerca de 800, más otras 200 que podían estar en funcionamiento en pocos meses. Los rebeldes contaban con cerca de un millar de piezas artilleras, pero —y éste es un factor de enorme importancia— carecían de fábricas y sus existencias en parques eran mínimas. Por añadidura, debe señalarse que los medios más modernos —como todos los blindados «Bilbao» del grupo de autoametralladoras cañón— quedaron en poder del gobierno del Frente popular.
En lo que se refiere a medios de comunicación, fortificación y transporte, la superioridad del Frente popular era aplastante. En su poder quedaron todos los regimientos de Ingenieros —salvo el de Transmisiones que se evadió de El Pardo y llegó a Segovia por Nava-cerrada— y seis de los ocho batallones de Zapadores. También quedaron bajo su control todos los medios cartográficos y fotográficos. Semejante disparidad no podía quedar compensada por el hecho de que el 70% de la Caballería se hubiera sumado al alzamiento.
Finalmente, hay que señalar que el Frente popular contaba con una notable superioridad en medios navales y aéreos.[67] En lo que a aviación se refiere, disponía de 510 aparatos (407 de la aviación y 103 de la aeronáutica naval) frente a 120 de los alzados (112 de la aviación y 8 de la aeronáutica naval) que, por añadidura, eran en un porcentaje elevado modelos de reconocimiento. Por lo que a la Armada se refiere, el Frente popular contaba con 50 buques sobre 31 del enemigo.
Económicamente, el Frente popular contaba también con una clara superioridad. La industria militar quedó mayoritariamente en la zona frentepopulista y lo mismo puede decirse de los medios civiles de transporte marítimo, aéreo, ferroviario y por carretera. La industria naval se vio repartida de manera más pareja con cierto predominio de los sublevados. Por lo que se refiere a la industria civil, todas las zonas fabriles —esenciales en una contienda— permanecieron en manos del Frente popular. Algo muy similar sucedió con la producción minera que tenía especial relevancia en los yacimientos de Vizcaya, Asturias, Almadén y Cardona-Suria, todos ellos en poder del Frente popular.
Por lo que se refiere a la agricultura, la división fue muy similar, aunque el Frente popular conservó las zonas de España donde se encontraban los cultivos destinados a la exportación como los cítricos, las hortalizas, los frutos secos, el vino y el aceite. Ni siquiera —como se ha repetido frecuentemente— las regiones cerealísticas quedaron en manos de los rebeldes ya que el Frente popular controlaba Badajoz, Ciudad Real, Murcia, Albacete, Lérida, Toledo y Cuenca que, a la sazón, eran las provincias de mayor producción en cereales.
En la ganadería, hubo una superioridad de los rebeldes en la ovina y porcina, y frentepopulista, en la de tiro. Por lo que al pescado se refiere, las zonas con mayor número de capturas quedaron en manos del Frente popular.
Disponía de una clara superioridad el Gobierno del Frente popular en lo que a las reservas del Banco de España y de los depósitos se refería. De la plata, los rebeldes contaban a finales de septiembre de 1936 con 123,57 millones frente a 533,14 de la República. Del oro, 2438,47 millones de pesetas oro quedó bajo el control gubernamental y 10 millones en manos de los sublevados. Por otro lado, la posibilidad de generar divisas mediante la exportación quedaba en su práctica totalidad en manos del Frente popular, contando los alzados únicamente con la producción agrícola —relativamente menor— de Canarias y Andalucía occidental, y la minera del Rif. En términos materiales, pues, la superioridad de la España controlada por el Frente popular era tan considerable que el juicio de Indalecio Prieto reproducido al inicio de este capítulo sólo puede ser calificado de abrumadoramente certero. Los alzados no tenían, en términos materiales, la menor posibilidad de ganar la guerra derivada del fracaso del golpe. Sin embargo, sobre estos datos iba a proyectar su sombra un factor que pesaría enormemente en el desarrollo del conflicto. Nos referimos a la revolución.
Los meses inmediatamente anteriores al golpe habían transcurrido en un clima revolucionario y habían sido muy numerosas las acciones de ese tipo —desde ocupaciones de tierras al asesinato de políticos de la oposición— contempladas como tales por las legaciones extranjeras. Semejantes actos se extendieron por toda la España controlada por el Frente popular de manera ya generalizada al tenerse noticia del alzamiento en Africa. El hecho de que además la rebelión fuera abortada en apariencia —que no en realidad— por las milicias fue interpretado por amplios sectores de la España del Frente popular como una confirmación de que esa fuerza era suficiente para enfrentarse a los alzados y de que además podía llevarse a cabo sin ningún tipo de obstáculos un conjunto de acciones revolucionarias.[68] Se había llegado así al estadio de revolución socialista que el PSOE y otras fuerzas políticas venían anunciando como inminente al menos desde 1933. El estallido de la revolución vino acompañado en la totalidad de los casos de terribles manifestaciones de vandalismo como el asesinato de miembros del clero, la quema de iglesias (o a su reducción a lugares de uso secular), la destrucción de registros de la propiedad e incluso la eliminación de todo aquello que se consideraba símbolo de las clases opresoras como podían ser los sombreros o las corbatas. En otros, las medidas que se adoptaron tenían una clara significación social. Éstas variaron según las diversas regiones españolas pero, por regla general, se produjo un énfasis en la colectivización de la propiedad y de la gestión, en el acercamiento de éstas a los niveles locales y en la protección de los puestos de trabajo aunque eso significara el rechazo de las mejoras tecnológicas y unos efectos negativos en lo que a empleo se refería.
Junto a medidas utópicas como la desaparición del dinero, los distintos comités revolucionarios establecidos en Aragón, Castilla, Cataluña o Andalucía decretaron la colectivización de la totalidad del término municipal o el acceso de millares de campesinos a ciertos cuidados médicos. También en las ciudades, con la excepción de Bilbao, se produjeron cambios de corte revolucionario. Así en Madrid se procedió a colectivizar una tercera parte de la industria —en Valencia cerca de la mitad— y a colectivizar las viviendas de alquiler, cuyo precio se redujo aunque no lo cobraron los propietarios sino el sindicato socialista UGT. En Asturias se llegó incluso en ocasiones a abolir el dinero y a fijar los salarios no en función del trabajo sino de la necesidad familiar. En Cataluña se colectivizaron los servicios públicos, las empresas que contaban con más de un centenar de obreros y los negocios relacionados con la alimentación (mercados, lecherías, mataderos, etc.). En esta región, se municipalizaron además las casas con pisos de alquiler y se rebajaron los alquileres a la vez que se subían los salarios un 10%. Los negocios pequeños como talleres, garajes o comercios no se colectivizaron siempre aunque sí se procedió a vigilar sus precios. En cuanto a los fabricantes y gerentes que no habían huido o habían sido fusilados fueron invitados por los comités obreros (generalmente controlados por la CNT) a seguir trabajando en las fábricas colectivizadas cobrando salarios que venían a ser el doble de los percibidos por los obreros. En aquellas medidas se buscaba combinar los logros sociales con lo que se consideraba la reparación de injusticias seculares, pero, en la práctica, constituyó, por regla general, una explosión de utopismo que sacrificó lo práctico, sensato y necesario a lo que se consideró ideológicamente correcto. Para lograr sus objetivos —no pocas veces difusos— se realizó un uso de la violencia que se denominó revolucionario y que, no pocas veces arrancaba de posiciones ideológicas fundamentadas en el rencor, en la envidia o incluso en el deseo prosaico de no pagar antiguas deudas monetarias. Lejos de tratarse de hechos espontáneos y ciegos —aunque los hubo también— desde los primeros días tanto las fuerzas que formaban el Frente popular como el propio gobierno se entregaron a una labor represiva que partía de modelos totalitarios y que consideraba no sólo aceptable sino obligada la eliminación física de los considerados enemigos de clase, una categoría ésta que abarcaba a sacerdotes y religiosos (por más que su labor pudiera desarrollarse entre los más necesitados), a católicos practicantes, a trabajadores no manuales, a militares, a funcionarios no adeptos al Frente popular, a empresarios, a pequeños comerciantes, a intelectuales y artistas que no votaban a las izquierdas y a un largo etcétera.[69]
Desde el punto de vista militar —que es el que más nos interesa en este estudio— lo más significativo es que el estallido de ese conjunto de revoluciones (socialista, anarquista, nacionalista, comunista…) que se entrelazaron y combinaron en algunos casos, tuvo pésimas consecuencias para el Frente popular. Fundamentalmente, implicaron el descoyuntamiento de la autoridad central en el momento en que ésta debía manifestarse con más fuerza y vigor. Frente a un enemigo resuelto y convencido de su razón, los sindicatos y partidos políticos, buena parte de Aragón, Asturias, las Vascongadas que no se habían sumado a la sublevación y Cataluña no sólo no cerraron filas anteponiendo los intereses comunes a los particulares sino que decidieron actuar con notable independencia del gobierno republicano. Lo cierto, sin embargo, es que salvo algunas lúcidas excepciones, muchos pensaron que aquella situación no sólo no era peligrosa sino que incluso resultaba deseable.[70] La enorme superioridad material, el fracaso del golpe en amplias zonas de España y la ausencia de frenos para la revolución desataron una euforia que ocultaba esas circunstancias y, de manera muy especial, otras dos que resultarían decisivas. En primer lugar, los alzados contaban con un respaldo popular nada escaso incluso en zonas que seguían en poder del Frente popular y, en segundo, distaban mucho de haberse dado por vencidos. También en las provincias controladas por ellos habían sido abundantes las manifestaciones de entusiasmo e incluso de devoción popular, pero esas circunstancias no les cegaron ante la urgencia de conseguir los medios materiales que les permitieran equilibrar mínimamente la inferioridad material y económica que sufrían.
El mismo 18 de julio, Giral cursó dos pedidos de armas al gobierno francés consistentes el primero en ocho cañones con su dotación de proyectiles, 50 ametralladoras y 1000 fusiles Lebel con 13 millones de cartuchos, y el segundo en 20 bombarderos. El embajador en funciones, Juan Cárdenas, pudo retrasar la concreción de los pedidos hasta el día 22 en que se vio obligado a dejar su puesto. La solicitud finalmente la cursaría el 24 de julio Fernando de los Ríos, enviado especial del Gobierno de Madrid, hasta la llegada de un nuevo embajador. El gobierno francés seguía la fórmula del Frente popular, pero se encontraba en un momento especialmente delicado. El año anterior, la Italia de Mussolini había sido sancionada por la invasión de Abisinia, una circunstancia que Hitler estaba aprovechando para introducir una cuña entre Italia y sus antiguos aliados en la primera guerra mundial, Francia y Gran Bretaña. Por añadidura, el 7 de marzo de 1936, Hitler había remilitarizado Renania en contra de lo establecido en el tratado de Versalles. En un intento de conjurar los efectos de esa acción, Francia había decidido levantar las sanciones a Italia el 15 de julio para mantener la antigua alianza con esa nación. El 23 de julio, Gran Bretaña convocó a Francia a Londres para estudiar la firma de un nuevo tratado de seguridad.
El 24, se entrevistó Fernando de los Ríos con Daladier, ministro de Defensa, con Cot, ministro de Aviación, y con Moch para formalizar el pedido. Cot prometió la entrega, entre otros materiales, de una cantidad de bombarderos situada entre los 20 y los 30 y, en ese mismo sentido, advirtió al Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquella misma noche, nada más regresar de Londres, Blum recibió en su domicilio a Ríos acompañado de los participantes en la reunión del día anterior y otros dignatarios como el presidente de la República y del senado. Blum era favorable a la venta de armamento al gobierno del Frente popular, pero no deseaba enfrentarse con el aliado británico —que tenía una pésima opinión de las fuerzas del Frente popular como ya tuvimos ocasión de ver—[71] ni con la oposición interior francesa en la que había hecho mella la propaganda de los alzados y las noticias sobre la revolución. En Consejo extraordinario de ministros celebrado el 25 de julio se decidió, a la vez, prohibir la entrega directa de material de guerra, terrestre o aéreo, al gobierno del Frente popular y cumplir las promesas hechas a Giral. Con ese fin, se autorizó que la industria privada suministrara al Gobierno del Frente popular aviones no armados, a la vez que se encontraba un tercer país que pudiera servir de intermediario para transferir armamento al Frente popular.[72] En una fecha aún no esclarecida del todo pero situada a lo más tardar el 27 de julio comenzó a llegar material de guerra francés a la España frentepopulista. Para los primeros días de agosto, ésta contaba gracias a esa vía con 6 aviones Potez-540, 14 cazas Dewoitine 372 y algún material terrestre.
El hecho de que un avión de guerra italiano —al que nos referiremos más adelante— cayera en territorio francés cuando se dirigía a la Melilla controlada por Franco resultó momentáneamente relevante para que el Gobierno galo decidiera desandar los pasos acordados con Gran Bretaña y vender más material bélico al Frente popular Se trató de nuevos e importantes pedidos que fueron materializados por Albornoz el 4 de agosto. El 8 del mismo mes de agosto, Francia cerró la frontera de los Pirineos con la España republicana. Según testimonio de Ileon Blum, hasta esa fecha se habían suministrado a la España del Frente popular entre 40 y 50 aviones.
Gran Bretaña no estaba dispuesta a inmiscuirse en una guerra en la que, por un lado, rechazaba el proceso revolucionario que el Frente popular llevaba a cabo desde inicios de 1936[73] y que, a su juicio, era similar al vivido por Rusia menos de dos décadas antes, y, por el otro, no podía apoyar a un movimiento nacionalista que podía plantear reivindicaciones sobre Gibraltar. El gobierno británico, en plena coherencia con sus recomendaciones a Blum, no prestó ayuda a ninguno de los dos bandos, pero en las primeras semanas no adoptó medidas para impedir que llegaran aviones de transporte a cualquiera de ellos. Se trató, en cualquier caso, de cantidades muy similares y reducidas.
El gobierno del Frente popular se puso en contacto también con la Alemania de Hitler para la adquisición de material de aviación. Utilizó para las gestiones a un destacado oficial de aviación y reforzó su petición mediante la promesa de un pago inmediato que se haría en oro, de una manera similar a la petición formulada ante el gobierno francés.[74] Se concluyó al respecto alguna transacción pero, como tendremos ocasión de ver, finalmente, Alemania optaría por vender sus armas al otro bando.
De manera bien significativa, el gran suministrador de armas del Frente popular iba a ser la Unión Soviética, pero la idea de una intervención militar en el conflicto no se planteó en las primeras semanas. Ciertamente después del estallido de la guerra, la actitud de la Komintern, que se puede documentar con exactitud, fue abiertamente favorable a apoyar al Frente Popular, pero excluyendo siempre una intervención armada en la guerra civil. Así, la Conferencia europea para la defensa de la República española, convocada por el Comité mundial contra la guerra y el fascismo y celebrada en París el 13 de agosto de 1936, trató de movilizar a la opinión pública en favor del gobierno del Frente Popular e incluso fundó una Comisión de coordinación e información en apoyo de la República española, pero no planteó la cuestión del envío de voluntarios para combatir en España. Todavía en el mes de agosto, el día 31, el directorio del Socorro Rojo, otra organización controlada por la Komintern, fundó en París el Comité internacional de ayuda al pueblo español, pero una vez más entre esa ayuda no se hizo mención al envío de voluntarios. El Comité de Actividades antiamericanas lograría señalar, al concluir la guerra mundial, una quincena de organizaciones controladas por la Komintern que apoyaron al Frente Popular, pero en ningún caso durante los meses de julio y agosto de 1936 implicó ese apoyo el reclutamiento de voluntarios. El 27 de agosto llegó a España el embajador soviético Marcel Rosenberg acompañado por un grupo de militares que debían asesorar al ejército republicano. Pero hasta el día 30 del mismo mes no se dio orden a Krivitsky, el jefe de la inteligencia soviética en Europa occidental, para que se ocupara de proporcionar armas a España.
Con todo, ésos eran acontecimientos que, aunque cercanos, se encontraban en el futuro. De momento, el Frente popular contaba con una clara superioridad que le permitía ser optimista sobre un desenlace rápido y victorioso de la contienda. Algo que no sucedía en el otro bando, desesperadamente necesitado de encontrar potencias que estuvieran dispuestas a suministrarles armas.
Las relaciones de los sublevados con las potencias extranjeras susceptibles de ayudarlos contaban con antecedentes previos a 1936. Los conspiradores monárquicos ya habían mantenido contactos con autoridades de la Italia fascista en 1932[76] y en 1933 incluso habían llegado a un acuerdo en virtud del cual Mussolini los ayudaría en caso de que se sublevaran contra la República. En marzo de 1934, el Duce había abierto la posibilidad de ayuda a todos los monárquicos españoles sin importarle su filiación carlista (Comunión Tradicionalista) o alfonsina (Renovación Española). Con la condición de que la monarquía que sucediera a la República mantuviera una política favorable hacia Italia, Mussolini acordó el envío futuro de material de guerra (diez mil fusiles, diez mil bombas de mano, doscientas ametralladoras), la entrega de un millón y medio de pesetas para gastos de preparación de la sublevación y además recibió en Italia a milicias antirrepublicanas con la finalidad de proporcionarles entrenamiento militar.[77] No se trataba de ayuda significativa y, en cualquier caso, resultaba mínima para un conflicto bélico, pero implicaba la apertura de un camino que ahora podía seguirse.
Los contactos establecidos por los conspiradores con Alemania nacional-socialista fueron todavía de menor entidad.[78] Mola mantuvo contacto con los servicios de inteligencia alemanes mientras planeaba el alzamiento y además en la primavera de 1936 el general Sanjurjo había visitado Alemania para sondear la posibilidad de recibir ayuda militar. El resultado fue desalentador ya que Hitler apenas acababa de salir de su última aventura en política internacional: la remilitarización el 7 de marzo de 1936 de Renania. La resolución condenatoria pronunciada por la Sociedad de Naciones contra Alemania el 12 de marzo no había tenido efectos prácticos pero, en buena lógica, resultaba más que dudoso que el Führer estuviera dispuesto a acometer un nuevo pulso internacional. Lo mismo podía decirse del aparato del Estado alemán. El 25 de julio, por ejemplo, Karl Schwendemann, consejero de la embajada alemana, al escribir un informe sobre los acontecimientos había señalado: «… difícilmente se puede esperar a la luz de todo esto que la revuelta militar pueda triunfar, pero la lucha probablemente continuará durante algún tiempo».[79] Se trataba de un conflicto distante y, en apariencia, sin interés para Alemania.
Franco era consciente de las posibilidades de que el golpe fracasara y se iniciara una guerra y el mismo 19 de julio, precisamente el día en que la rebelión comenzó a cosechar sus primeros reveses, envió a Luis Bolín a Inglaterra, Alemania o Italia con la misión de intentar obtener aviones. La elección de estas potencias por parte de Franco resultaba totalmente lógica. Era obvio que el gobierno francés del Frente popular no proporcionaría material de guerra a los alzados y eso sólo dejaba la posibilidad de potencias anticomunistas, ya fueran democráticas como Gran Bretaña o fascistas como Italia y Alemania.
Inicialmente, quizá dio la impresión de que aquellas gestiones podían fracasar, pero el 27 de julio Roma, al parecer a instancias del propio Alfonso XIII, comunicaba a Tánger que 12 aviones de bombardeo, concentrados en Cerdeña, podrían llegar a Melilla en cinco horas y un barco con material cuatro días después. El día 30, el teniente coronel Bonomi, obedeciendo a un encargo de Mussolini ordenado dos días antes, realizó el traslado de material desde Cagliari, Cerdeña, a Melilla con tripulaciones italianas y Bolín como pasajero.[80]
Sensatamente, Franco intentó, de manera casi simultánea, recibir ayuda de Alemania que, inicialmente, no debía ser militar. Así, el 22 de julio, a través de Juan Beigbeder, el general nacional envió una misiva manifestando sus pretensiones al general alemán Kühlenthal. La tarde del 23 de julio, el mensaje —en el que se pedían diez aviones de transporte— llegó al ministro de Asuntos Exteriores del Reich. Como era lógico esperar, la respuesta fue negativa.[81] Tal reacción colocaba en una situación delicada a los alzados, pero Franco había considerado la posibilidad de acceder a la ayuda alemana a través de otro canal no oficial. Ese canal no era otro que el propio partido nacional-socialista (NSDAP).
En Marruecos existía un grupo de la organización en el exterior (AO) del NSDAP, cuyo jefe (Orstgruppenleiter) era Adolf Langenheim. Sin embargo, el personaje que iba a representar el papel principal no iba a ser él sino Johannes Bernhardt. Éste, en los últimos seis años, había realizado numerosos negocios con las autoridades españolas civiles y militares y ya el 21 de julio había entrado en contacto con los alzados para ponerse a su servicio. Bernhardt había logrado entrevistarse con Franco y le había ofrecido la posibilidad de viajar a Berlín para interceder en su favor. El plan era acceder directamente a Hitler e intentar convencerle de que el apoyo a la causa española sería una manera de enfrentarse con un avance comunista en el Mediterráneo.
Langenheim, tras escuchar los argumentos de Bernhardt y recibir un depósito bancario en francos franceses para cubrir los gastos potenciales, dio su visto bueno al proyecto. Finalmente, el 23 de julio, a las cinco de la tarde, Langenheim, Bernhardt y un capitán español llamado Francisco Arranz Monasterio salieron de Tetuán en un Ju-52. Tras hacer escala en Sevilla (donde se informó al general Queipo de Llano de la posibilidad de que los rebeldes obtuvieran ayuda alemana), Marsella y Stuttgart, aterrizaron al día siguiente en el aeropuerto de Gatow, cerca de Berlín. Por razones de seguridad, los viajeros fueron atendidos por la Lufthansa y no por las autoridades del Reich.
Por un memorándum de Hans Heinrich Dieckhoff fechado el 25 de julio se sabe que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de la Guerra estaban de acuerdo en que el emisario español no fuera recibido por ninguna autoridad militar y que no debería considerarse siquiera la idea de enviarles armas. Sin embargo, los hombres del NSDAP eran de otra opinión. El Gauleiter Bohle de la AO decidió pasar por alto la voluntad de los departamentos ministeriales y ponerse en contacto inmediatamente con Rudolf Hess,[82] el lugarteniente del Führer y su sucesor potencial. A instancia suya, Bernhardt y Langenheim volaron a Turingia para encontrarse con él mientras Arranz se veía obligado a quedarse en Berlín.
Rudolf Hess quedó convencido por los argumentos que le exponían los hombres del NSDAP y decidió ponerse en contacto de manera inmediata con el Führer, que se encontraba en Bayreuth. Tras conversar con él telefónicamente, la noche del 25 de julio, Hitler recibió a Bernhardt, Langenheim y a otro representante de la AO[83] en la que éste describía el alzamiento como un combate contra la anarquía y el comunismo y, a continuación, le rogaba el envío de armas ligeras, artillería antiaérea y aviación. Al parecer, Hitler ya sabía lo sucedido en España y su visión del estado en que se encontraban los alzados debía acercarse mucho a la realidad. Tras formular algunas preguntas a Bernhardt y pronunciar un prolongado monólogo de unas dos horas acerca de España, Hitler afirmó que Franco estaba perdido.
Contra lo que podría haberse esperado, aquella conclusión no llevó al Führer a desechar las peticiones del general sublevado. Tras ordenar que comparecieran ante él Von Blomberg, el ministro de la Guerra, y Goering, el del Aire, y, algo después, el capitán de navío Coupette, el Führer insistió en la necesidad de entregar material militar a Franco que, por supuesto, sería pagado a crédito. Algo antes de que dieran las dos de la mañana del 26 de julio, Hitler y sus subordinados habían acordado enviar ayuda a los rebeldes. Además debería ser canalizada exclusivamente al general Franco.
Aquel mismo día 26, quedaron articulados los planes de la intervención alemana en España. Sería de esta manera como se constituiría el «Sonderstab W»[84] cuya finalidad consistiría en llevar a cabo una operación denominada en clave «Fuego mágico». Dos días después, el capitán Arranz aterrizó en Tetuán con la noticia de que Hitler iba a proporcionar la ayuda militar que se le había solicitado. La misma iba a consistir en veinte Ju-52, seis He-51, veinte piezas de artillería antiaérea y las municiones y el personal necesarios.
Para canalizar el envío de material de guerra, se fundó la HIS-MA (Hispano-Marroquí de Transportes S. L.), una sociedad que, pese a su nombre, en realidad era hispano-alemana. Asimismo se recurrió para la realización de los transportes al uso de firmas como la de fletes Mathis & Rhode o la línea Woermann. En contra de lo que se afirma, no fue la ayuda alemana la que permitió iniciar el puente aéreo, indispensable para que el Ejército de África se trasladara a la Península. De hecho, éste ya se estaba llevando a cabo con aviones españoles Fokker F-VII. Sí es cierto, sin embargo, que la situación mejoró considerablemente a partir del 28 de julio gracias a nueve Ju-52 y a los oficiales que pertenecían a la Luftwaffe, con la excepción de Hencke. A pesar de todo, los rebeldes distaban mucho de haber conseguido la equiparación numérica —incluso técnica— con la aviación del Frente popular.
La ayuda a los sublevados no procedió sólo de las potencias fascistas. Portugal, donde se hallaba establecido un gobierno de corte autoritario y católico, colaboró con ellos desde el inicio del alzamiento permitiendo que sus carreteras y sus líneas telefónicas sirvieran para conectar a los ejércitos de Mola en el norte y de Franco en el sur. Incluso las autoridades portuguesas permitirían el establecimiento de una legación diplomática y financiera en la que Nicolás Franco, el hermano del general, y el financiero Juan March desempeñaron un papel de primer orden. En paralelo, se ignoraría al embajador de la República. Por si esto fuera poco, el 26 de julio, ofrecería tropas portuguesas a Mola y el 1 de agosto reafirmaría la posibilidad de enviar al ejército portugués en ayuda de los alzados.
Los alzados iban a contar además con un aliado que les proporcionaría el necesario combustible. En julio de 1935, la TEXACO había firmado un contrato para abastecer a la CAMPSA. El 18 de julio, varios de sus petroleros se hallaban en alta mar y entonces el presidente del consejo de administración, Thorkild Rieber, decidió enviar esa gasolina no al gobierno del Frente popular sino a Franco. Se trataba de una clara elección entre la revolución y la contrarrevolución, y de hecho, la TEXACO seguiría sirviendo gasolina a crédito a Franco hasta el final del conflicto.[85] El gobierno de Estados Unidos por su parte no puso ningún reparo a estas transacciones toda vez que el petróleo no estaba incluido entre los productos afectados por la ley de neutralidad de 1935.
Como ya tuvimos ocasión de ver, los mejores efectivos con que contaban los alzados eran el denominado Ejército de África. El fracaso del golpe militar había convertido en aún más necesario el paso rápido de esas tropas a la Península, una eventualidad, por otra parte, ya contemplada por Mola en la Instrucción reservada de 24 de junio. El hecho de que la flota estuviera en su mayor parte en manos del Frente popular y de que el golpe hubiera fracasado en Málaga habían convertido tan indispensable acción en poco menos que quimérica y abocaba, de manera irremisible, a la derrota a medio plazo de los sublevados. De hecho, la única ayuda que se había podido enviar a la Península se limitaba a dos tabores y un escuadrón de caballería mora que habían desembarcado en Cádiz y Algeciras en la madrugada del 19 de julio.
La única posibilidad de salir de aquella situación era el transporte aéreo de las unidades militares, pero los aparatos con que contaba Franco eran escasos. No resulta extraño, por lo tanto, que hasta finales de julio sólo consiguieran pasar las Banderas 4.a, 5.a y 6.a del Tercio de Ceuta así como los tabores 3 de Larache, 2 de Tetuán y parte del 1.
La llegada, a finales de julio, de los primeros aviones italianos procedentes de Cerdeña decidió a Franco a intentar forzar el bloqueo por vía marítima. El 5 de agosto, un convoy naval consiguió pasar a la Península a la 1.a Bandera del Tercio y al 3.er Tabor de Regulares de Melilla, una batería de 105 y material de transporte y transmisiones que por su tamaño no podía trasladarse por el aire. La operación, que se valió magistralmente de la sorpresa y de la escasa distancia que hay entre ambas orillas del Estrecho, tuvo un éxito rotundo, pero resultaba imposible de repetir dado que había barcos del Frente popular fondeados en Málaga y éstos difícilmente se habrían dejado sorprender por segunda vez. De hecho, el día 6, algunos barcos republicanos cañonearon los puertos situados a ambos lados del Estrecho, alcanzaron e inutilizaron —que no hundieron como se ha afirmado ocasionalmente— el cañonero Dato y eliminaron la posibilidad de otro convoy. En medio de aquella difícil situación, la ayuda alemana no resultó decisiva, pero sí muy importante, para Franco. A partir del día 7 de agosto, los alemanes asumieron la tarea de transportar a las tropas del Ejército de África a la Península.
Gracias a este auxilio, de manera diaria, Franco consiguió que sus tropas aterrizaran en Sevilla, Granada y Jerez. El 8 de agosto, el número de soldados transportados fue de 350 y tres días después alcanzó la cifra de 550 diarios. Apenas una semana después, ya habían pasado a la Península cinco batallones adicionales. Los seis últimos lo harían entre la última semana de agosto y los primeros días de septiembre. La trascendencia del paso del Estrecho queda de manifiesto cuando se comprende que gracias a ella Franco pudo salvar a Queipo de Llano, aislado en Sevilla, y sacar de la situación de inmovilidad —que describiremos en el capítulo siguiente— a las unidades de Mola. Ciertamente, el paso del Estrecho constituyó un episodio auténticamente decisivo para la suerte de los sublevados y, posiblemente, fue la clave de que la rebelión no resultara estrangulada en las primeras semanas de la guerra.
La guerra que estaba comenzando a librarse en España, pronto provocó la inquietud de las potencias occidentales, una circunstancia que favorecía especialmente a Hitler interesado en distraerlas de colocar cualquier freno a su política centroeuropea. Como ya indicamos, el gobierno francés, aconsejado por el británico que desconfiaba del proceso revolucionario vivido en España, planteó la idea de obtener de las distintas potencias un compromiso de no enviar armas a ninguno de los dos bandos ni intervenir en su favor. El 1 de agosto, el proyecto fue comunicado a Italia y Gran Bretaña. Esta última aceptó y sugirió, muy sensatamente, que la propuesta se hiciera extensiva a Portugal, Alemania y la URSS, naciones todas ellas susceptibles de prestar ayuda a uno u otro bando. El 5 de agosto, Stalin, temeroso de quedar aislado en la escena internacional, aceptó también la propuesta occidental. Los otros gobiernos hicieron lo mismo.
El texto dedicado a la No-Intervención fue redactado por el gobierno francés, aprobado por el británico el 15 de agosto y cursado a las demás potencias. El 24 de agosto, ya se habían adherido igualmente la URSS, Alemania, Italia y Portugal. Las cuatro naciones —especialmente las tres primeras— iban a seguir, no obstante, interviniendo en la guerra. En los días siguientes suscribirían el compromiso veintiún países más. Semejantes pasos intentaban consagrar un aislamiento del conflicto español y evitar que la guerra —y la revolución— se desplazara a otros lugares. Sin embargo, su efectividad real fue escasa. Si, por un lado, el Frente popular había logrado hacerse ya con varias docenas de aviones proporcionados por Francia, la Italia fascista había proporcionado a los alzados no menos de cuarenta y dos aviones y Alemania les había enviado 15 cazas Heinkel 51 y 20 Junkers Ju 52, aparatos de transporte de los que una decena podía convertirse en bombarderos. La superioridad seguía estando en manos del Frente popular —los Heinkel 51 eran inferiores a los Dewoitine 372 del Frente popular y lo mismo podía decirse de los Ju 52 en relación con los Potez 540— pero los rebeldes contaban con nuevos medios para proseguir la lucha por muy desigual que resultara.
No es extraño que ya entonces se dudara de que el acuerdo de No-Intervención tuviera eficacia. Si Gran Bretaña lo deseaba, y Francia se plegaba a él, Stalin ya había decidido violarlo para favorecer la causa del Frente popular y Alemania e Italia demostraban fehacientemente con sus hechos que no estaban dispuestas a respetarlo. Durante agosto, Stalin adoptaría la decisión no sólo de enviar material de guerra al Frente popular —material más abundante y superior técnicamente al que Italia y Alemania proporcionaban a los alzados— sino de crear unidades militares que pudieran combatir en España, algo que, hasta ese momento, no había hecho ninguna potencia. Dimitrov señala en su Diario que, a partir del 28 de agosto, se comenzó a discutir la «posible organización de un cuerpo internacional». El 18 de septiembre de 1936 se reunió el presidium de la Komintern o Internacional comunista en Moscú, varias semanas después de que la URSS hubiera decidido ayudar militarmente al gobierno del Frente popular. El secretariado del comité ejecutivo dedicó una reunión a España y en ella se acordó «proceder al reclutamiento, entre los obreros de todos los países, de voluntarios que cuenten con experiencia militar, con la finalidad de enviarlos a España».[86] Al día siguiente, André Marty elaboraba un Plan General de Operaciones en España.[87] Las razones para esa escalada cualitativa llevada a cabo por el dictador soviético fueron varias. La primera fue el hecho de que los observadores de la Komintern en España no tardaron en llegar a la conclusión de que sin una ayuda militar directa, que superara el envío de armas y de asesores, la República no podría sobrevivir al empuje de los alzados. De hecho, desde julio de 1936, los republicanos no habían dejado de retroceder ante las fuerzas rebeldes y en septiembre, como tendremos ocasión de ver, no sólo habían caído en manos de éstas Irún y San Sebastián sino que resultaba obvio que avanzaban hacia Madrid con la intención de concluir la guerra cuanto antes. El 22 de septiembre Maurice Thorez, el máximo dirigente del PC francés, viajó a Moscú con la intención de recomendar no sólo envíos de material militar a la República sino también la formación de una unidad militar de combatientes voluntarios que estuviera dirigida por la Komintern. Antes de que concluyera el mes, bajo inspiración directa del PCF, se reclutaron los primeros combatientes. Acababa de iniciarse el proceso de creación de las Brigadas internacionales, al que nos referiremos más adelante.
En paralelo a la decisión de Stalin de intervenir en la guerra civil española, el 24 de agosto, el mismo día en que se instituía en Alemania el servicio militar obligatorio de dos años, la ayuda alemana permitió a los alzados lanzar un ataque aéreo contra los aeropuertos de Getafe y Cuatro Vientos. En el curso del mismo fueron destruidos algunos aviones republicanos en tierra.[88] Al día siguiente, los pilotos alemanes, cuyo país había suscrito la no-intervención, se apuntaron los dos primeros derribos de la guerra, y se comunicó al teniente coronel Walter Warlimont que iba a ser nombrado agregado militar en C. G. G. En la orden que establecería esta misión de manera oficial[89] se señalaban sus cuatro funciones. La primera era «examinar todas las posibilidades y propuestas para apoyar a los nacionalistas españoles mediante las fuerzas aéreas alemanas»; la segunda, «asesorar al Alto mando español nacionalista»; la tercera, «salvaguardar los intereses alemanes en áreas como los asuntos político-militares y económicos» y la cuarta «cooperar con los representantes de las fuerzas italianas en España».
El 17 de septiembre, Portugal anunciaba la constitución de un cuerpo de voluntarios portugueses para ayudar a Franco. En cuanto a los países de Hispanoamérica, el apoyo a los contendientes no pasó en buena medida del terreno moral. Lázaro Cárdenas, el presidente de México, una nación cuyo sistema político habían intentado trasladar a España los constituyentes de la Segunda República, era muy favorable al Frente popular. Sin embargo, en términos militares, su ayuda fue limitada. En cuanto al resto de naciones del continente, dada su mayoría católica y la persecución terrible desencadenada por el Frente popular, simpatizaban con los alzados, pero tampoco tradujeron esa actitud en términos claramente prácticos.
Así, pese al acuerdo de no intervención, deseado firmemente por Gran Bretaña y aceptado por su aliado francés, la ayuda internacional a los dos bandos comenzó a experimentar una escalada que continuaría incrementándose durante los meses siguientes. El golpe fracasado había derivado en una guerra civil en la que la intervención internacional se revelaría indispensable.