DURANTE el período republicano hubo cinco elecciones de carácter nacional; las elecciones municipales de abril de 1931 y abril de 1933; las elecciones para las Cortes Constituyentes de junio de 1931, y las dos elecciones para las Cortes de noviembre de 1933 y febrero de 1936. La primera de ellas tuvo valor de plebiscito. Aparte de las grandes ciudades, sólo resultaron elegidos candidatos monárquicos; pero en las ciudades donde había alternativa, la votación fue fuertemente favorable a los republicanos. El propio rey, los principales generales y casi todos los consejeros del monarca interpretaron los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931 como una repudiación de la Monarquía, o al menos de la persona de Alfonso XIII. Las interpretaciones oficiales de años posteriores han indicado que los resultados jamás acabaron de ser contados, que fueron elegidos 22 000 concejales monárquicos contra sólo 5000 republicanos, y que el Gobierno provisional obligó al rey a marcharse de España el 14 de abril. Sin embargo, todo esto está fuera de la cuestión. En aquella época y tres años más tarde, el rey y sus partidarios reconocían a la votación del 12 de abril como un plebiscito contra la Monarquía en aquellos distritos electorales donde los votantes tuvieron posibilidades de elegir.
Las elecciones del 28 de junio de 1931 tuvieron lugar bajo el sistema recién establecido que concedía el voto a la mujer y que otorgaba el 80 por ciento de los escaños de cada distrito electoral al partido que lograra la mayoría; rasgo que fue pensado con la intención de animar la formación de listas de coalición y evitar la posibilidad de unas Cortes con muchos partidos pequeños y ninguna mayoría efectiva. Estas elecciones fueron libres en el sentido de que el ministro de la Gobernación garantizó la completa libertad de acción política en lugar de amañar los resultados (como había sido lo acostumbrado bajo la Monarquía). Por otra parte, la oposición no tuvo tiempo para organizarse, y el Partido Socialista, así como los varios partidos republicanos pequeños, llevaron a sus listas de coalición a muchos candidatos que eran virtualmente desconocidos para los dirigentes de dichos partidos. Como resultado, los socialistas y sus aliados republicanos estuvieron sin duda alguna exageradamente representados en relación con la opinión pública. Muchos de los intelectuales más destacados de la nación fueron elegidos por su prestigio personal más que como miembros de un determinado partido. Así que las Cortes Constituyentes combinaron el carácter de una «asamblea de notables» con el de una asamblea popular en la cual participaban muchos diputados nuevos e inexpertos, y en la que las izquierdas estaban exageradamente representadas.
Cuando se celebraron las elecciones municipales de abril de 1933, los monárquicos y las derechas ya habían tenido en general tiempo para organizarse. De los 16 000 concejales municipales elegidos, 9800 pertenecían a partidos que estuvieron representados en el Gobierno provisional. De los 5000 concejales derechistas que aproximadamente salieron elegidos, quizá la mitad eran monárquicos confesados y la otra mitad «accidentalistas». Es imposible hacer afirmaciones que no sean aproximadas, porque los monárquicos, los agrarios de Martínez de Velasco y los candidatos católicos se agruparon bajo la jefatura de Gil Robles al hacer las listas de coalición, y los miembros de los dos últimos partidos se mostraban indecisos en su actitud hacia la República. Las elecciones municipales indicaron así un país en el que los dos tercios de los votantes eran decididamente republicanos, así como los políticos que estaban lo suficientemente interesados como para participar en el gobierno municipal.
Estas elecciones indicaron también disgusto hacia el Gobierno de Azaña y la fuerza local del Partido Radical. Mientras que 9800 concejales pertenecían a partidos que habían formado parte del Gobierno provisional, sólo 5000 pertenecían a los partidos republicanos de izquierda y al Partido Socialista representados en el Gobierno de Azaña. Sólo los radicales consiguieron sacar elegidos 2479 concejales. Sin embargo, es difícil hacer otra representación más detallada. Los resultados numéricos no corresponden exactamente a las preferencias de los votantes, porque las listas de coalición fueron preparadas por los jefes de los partidos y porque en circunstancias locales hubo listas únicas, y muchos candidatos no estaban ligados por compromisos de partido. El presidente de la República y la prensa conservadora interpretaron las elecciones como una inclinación hacia la derecha. Pero también es posible que muchos de los votos contra los partidos del Gobierno fueran una protesta contra la brutalidad policíaca en Casas Viejas más bien que un voto contra la política legislativa y económica en general del Gobierno. El éxito de los radicales indica que eran el partido de los negocios locales y de los intereses políticos en el sentido convencional del término. Desde un punto de vista nacional no estaban claramente identificados con otro principio que no fuera la forma republicana de gobierno. Los políticos pragmáticos, los funcionarios civiles, notarios y propietarios se unieron a los radicales, que eran los más interesados en cuestiones de política local.
Las elecciones a Cortes de noviembre de 1933 y de febrero de 1936 fueron sin duda las elecciones más representativas de toda la historia española. En ellas iban involucrados problemas de carácter nacional que estaban claros para los votantes. El Gobierno garantizó la libertad de prensa, reunión y acción política. En cada caso fueron precedidas por un período de seis semanas en el que los partidos negociaron sus listas de coalición.
En ambas circunstancias, las derechas, el centro y las izquierdas tuvieron amplias oportunidades de utilización de todos sus recursos económicos, políticos e ideológicos.
Las elecciones de noviembre de 1933 mostraron que en la política española había tres grandes partidos: el socialista, el radical y el católico. Cuando los socialistas y los partidos republicanos de izquierda actuaron separadamente tras una coalición, fue inmediatamente obvio que la masa de votantes de la anterior coalición de Azaña consistía en socialistas. Los radicales conservaban la fuerza que habían mostrado anteriormente entre los votantes municipales de la clase media. Gil Robles, con la coalición de la CEDA, mostró que había una masa de votantes católicos en las ciudades, así como en las zonas rurales del Norte y el Levante de España. A juzgar por la oratoria de la campaña de la CEDA y de su éxito en las urnas, estos votantes reaccionaban principalmente contra la legislación anticlerical de las Cortes Constituyentes. No eran ni monárquicos ni fascistas. Antonio Goicoechea, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera no encontraron un amplio eco en la opinión pública. Las masas católicas votaron contra Marcelino Domingo porque era masón y anticlerical, no porque hubiera importado trigo. Ni votaron contra el programa de obras públicas de Prieto o la política de impuestos de Carner.
Puesto que la CEDA era una coalición y no un partido; dado que Gil Robles era joven, tímido y conservador, y como los monárquicos proporcionaron la mayor parte del dinero para la campaña de la CEDA, la influencia monárquica era más fuerte dentro del bloque católico que lo que merecía ser; pero los actos de la CEDA eran los de un partido de masas que representaba a la clase media y al campesinado católicos dentro de la República. La misma irregularidad en la formación de coaliciones en zonas diferentes, el regateo por los escaños dentro de la coalición, y el hecho de que a veces los radicales llegaran a acuerdos informales con la CEDA, mientras que en otras ocasiones se ponían en contra de ellos, hace imposible la tarea de evaluar en términos de porcentajes la fuerza relativa de los radicales y del bloque católico. Los partidos no monárquicos de la CEDA recibieron unos 110 escaños, los radicales 100, y los socialistas 58. Pero el manejo de la ley electoral y los acuerdos de coalición, más que el poder del voto, explican estos números. A la única conclusión a la que uno puede llegar es que éstos eran los grupos con una masa de seguidores, y que los varios partidos republicanos de izquierda, los tradicionalistas (carlistas), los monárquicos alfonsinos (Renovación Española), la Falange y las JONS eran grupos minoritarios diferenciados, numéricamente hablando.
Las elecciones de febrero de 1936 indicaron una polarización en torno a una coalición de izquierdas, en la cual los socialistas constituían la masa básica, y una coalición derechista basada en los católicos. Estas coaliciones eran casi iguales en fuerza electoral, y en muchas ciudades y provincias el margen de la victoria fue sólo de un 1 o un 2 por ciento. La fuerte mayoría izquierdista en las Cortes resultó del hecho de que numerosas ligeras victorias del voto popular dieron a la coalición triunfante el 80 por ciento de los escaños en cada provincia. Los radicales desaparecieron virtualmente. Los que eran anticlericales y se oponían a la dureza empleada en Asturias tras los sucesos de octubre votaron en febrero de 1936 por el Frente Popular. Los que aprobaron la actuación de Lerroux como jefe del Gobierno votaron por las derechas. El escándalo del estraperlo destruyó lo que quedaba del prestigio personal de Lerroux. En 1936, de una población de 25 000 000, los votantes fueron 9 250 000. Esto significa la más alta participación electoral en la historia española, y una proporción que difícilmente se alcanza aun en las elecciones legislativas de muchas democracias maduras. De esos 9 250 000 votos, aproximadamente 4 000 000 fueron para las derechas, 4 000 000 para las izquierdas, quizá medio millón para el centro (Portela y Alcalá-Zamora) y 750 000 para los anarquistas.
Aunque la polarización en torno a dos coaliciones hace fácil decir que España estaba casi igualmente dividida entre las derechas y las izquierdas en 1936, es aún más difícil que en 1933 decir qué es lo que los votantes querían realmente. Dentro de las listas de coalición, los candidatos no eran identificados con partidos. Pero cada partido presentó en las ciudades a los hombres más conocidos, y el votante políticamente consciente podía indicar sus preferencias numerando, tachando y por otros recursos informales. Donde los votantes actuaron de este modo, muy a menudo indicaron su preferencia por los moderados. En 1933, debido a la justeza del resultado electoral en Madrid, fue necesaria una segunda vuelta para determinar cuántos socialistas y cuántos miembros de la coalición derechista se sentarían en las Cortes. En esta segunda vuelta decisiva, los votantes conservadores colocaron al distinguido monárquico Luca de Tena el último de la lista. Los votantes socialistas dieron en ambos casos el primero y segundo lugar a Julián Besteiro y Luis Jiménez de Asúa. En la primera vuelta Largo Caballero fue el tercero en la lista socialista; pero entre la primera y segunda votación, Largo Caballero hizo una serie de declaraciones afirmando que si los socialistas eran defraudados por la República, pensarían en términos revolucionarios para alcanzar el poder. En la segunda votación Largo Caballero apareció al final de la lista socialista.
En 1936, muchos votantes actuaron como el filósofo Ortega y Gasset, quien, de acuerdo con lo dicho por sus amigos, votó por el Frente Popular, pero tachó todos los nombres exceptuando el de Besteiro. En Madrid la mayoría del Frente Popular escogió trece diputados en un orden que da la impresión de haber sido simultáneamente un plebiscito en favor de la moderación. En lo alto de la lista, Martínez Barrio, que representaba el ala derecha de la coalición, y que casi estaba en el centro político si se consideraban los antecedentes de los cinco años de régimen republicano; luego Julián Besteiro, muy querido en Madrid, y que representaba igualmente la opinión más gradualista dentro del Partido Socialista; en tercer lugar Azaña, seguido por otros republicanos de izquierda y por los socialistas de izquierda Álvarez del Vayo, Araquistáin y Largo Caballero, y al final de la lista José Díaz, secretario general del Partido Comunista. No tuve la oportunidad de ver datos similares detallados de las listas de los vencedores en todo el país, y, en todo casó, el recuento de votos no fue muy exacto en la mayoría de las zonas. Pero de acuerdo con los resultados enviados de provincias el 20 de febrero, los candidatos que obtuvieron mejores resultados en todas las victorias del Frente Popular, excepto en tres, fueron o republicanos de izquierda o miembros de la Esquerra, y con cuatro excepciones los candidatos de resultados máximos en los casos de victorias derechistas eran miembros de la CEDA.
Salvador de Madariaga, analizando las elecciones del Frente Popular en su libro Spain (pp. 44-48, edición de 1958), llega a la conclusión de que los españoles votaron en la proporción de 2 a 1 contra el marxismo, de 2 a 1 contra los clericales y militaristas, de 8 a 1 contra una revolución socialista (la de Largo Caballero y los comunistas) y casi unánimemente contra una sublevación militar. Pero estas proporciones se basan en las filiaciones de partido de los diputados elegidos. Dado que las listas electorales fueron preparadas por los jefes de los partidos, no se pueden atribuir estas proporciones a la elección de los votantes. Por otra parte, los dirigentes indudablemente dieron mayor representación a los moderados dentro de sus coaliciones para atraerse los votos de los indecisos. Esta táctica, junto con el hecho de que los moderados obtuvieron individualmente el mayor número de votos, justifican la conclusión general de que los votantes españoles esperaban en 1936 que hombres mesurados ocuparan el poder. Si uno se pregunta entonces por qué no votaron en mayor número por los partidos de centro, la contestación es que temían desperdiciar los votos. Cuando uno compara 1933 con 1936, está claro que España evolucionaba hacia un sistema de dos partidos. Para la gran masa de votantes que no eran ni socialistas revolucionarios ni fascistas, las elecciones eran una pugna entre Azaña y Gil Robles, entre la izquierda parlamentaria y la derecha parlamentaria. Esta verdad ha sido oscurecida por el hecho de que inmediatamente después de las elecciones, el ala revolucionaria del Frente Popular, los reaccionarios monárquicos, los grupos juveniles militantes, y los militares, se negaron a permitir que funcionara un Gobierno parlamentario.
Una comparación entre las elecciones de 1933 y 1936 indica asimismo que hubo pocos cambios en la fuerza relativa de las derechas y las izquierdas en las diferentes partes del país. Concediendo que había una tendencia hacia el sistema de dos partidos, o de dos coaliciones, y dado que los anarquistas se abstuvieron en 1933 y votaron en 1936, aparece en ambos casos que las izquierdas eran fuertes en las ciudades industriales, en Cataluña, Galicia y Andalucía; que las derechas eran fuertes en ambas Castillas y Navarra; que Valencia y buena parte de Levante y Aragón estaban divididos casi en partes iguales entre derechas e izquierdas.
Partiendo de los datos de las cinco elecciones arriba citadas, se pueden hacer ciertas observaciones generales. La primera de todas, que la masa de la opinión española era favorable a la República, aunque esta observación debe ser calificada por el hecho de que cuanto más se adentre uno hacia la derecha va hallando con más frecuencia hombres dispuestos a recurrir a un putsch militar, y que cuanto más se adentre uno hacia la izquierda, halla hombres hablando de la República como una etapa preliminar en el camino hacia una dictadura del proletariado. Las Cortes de una sola Cámara carecieron de continuidad, pues sólo un quinto de los diputados sirvieron en las tres Cortes. La ley electoral, que fue pensada para producir mayorías legislativas manejables, fue demasiado lejos, en sus efectos prácticos, hasta exasperar la opinión de las minorías. Ni las izquierdas en 1933, ni las derechas en 1936, aceptaron de buen grado el que una pequeña mayoría de votos diera a sus rivales un gran número de escaños.
Sin embargo, más importante que la debilidad de la ley electoral fue el hecho de que los hombres más capaces producidos por la República no fueran jefes de grandes partidos. Azaña y Martínez Barrio eran jefes de pequeños partidos republicanos de izquierda; Miguel Maura capitaneaba un diminuto grupo conservador republicano; Joaquín Chapaprieta era un conservador ilustrado sin partido; Indalecio Prieto era fuerte dentro de la ejecutiva del Partido Socialista, pero las masas seguían a Largo Caballero.
Un cierto número de elecciones especiales se merecen un breve comentario. Los plebiscitos referentes a los estatutos de autonomía de Cataluña (1931), Euzkadi (1933) y Galicia (1936), fueron favorables de modo abrumador a la autonomía regional. Un plebiscito es una forma tosca, y a menudo discutible, de conceder el voto. En estos casos, sin embargo, a los votantes se les sometieron textos específicos y las votaciones fueron precedidas de amplias discusiones públicas. Navarra, en cambio, rechazó el mismo texto que aprobaron los vascos. Así que parece correcto conceder que estos plebiscitos reflejaban el verdadero estado de la opinión pública en aquellas provincias. En septiembre de 1933, las primeras elecciones para el Tribunal de Garantías mostraron que los concejales municipales y los abogados de España eran más conservadores que el Gobierno. En abril de 1935 fueron canceladas las elecciones municipales. Para cubrir las numerosas vacantes producidas en ambas Cortes no se celebraron elecciones parciales, y las elecciones municipales previstas para abril de 1936 fueron aplazadas por mutuo acuerdo entre las derechas y el Gobierno de Azaña. Estas cancelaciones y la ausencia de elecciones parciales indican el hecho de que las elecciones fueron siempre consideradas una amenaza potencial al orden público y al prestigio del Gobierno existente.
Dejando a un lado la información que proporcionan acerca de la opinión pública, las elecciones de la época republicana son interesantes en comparación con el pasado español y con las de otros países. Bajo la Monarquía constitucional, España disfrutó de una sustancial libertad de prensa y de propaganda electoral en las grandes ciudades. Pero antes de 1931 todas las elecciones fueron más o menos amañadas. Desde 1939 ha habido elecciones menores dentro de las corporaciones, como, por ejemplo, los colegios de abogados y en los sindicatos verticales; pero no ha habido en absoluto libertad de prensa o de acción política, y las Cortes son meramente un cuerpo ceremonial nombrado por el dictador, sin funciones legislativas.
Comparadas con las elecciones generales de la Europa occidental, Escandinavia, Inglaterra o los Estados Unidos, incluso las más representativas de las elecciones republicanas fueron señaladas por la violencia en las urnas y la corrupción en el recuento. Sin embargo, los resultados no eran conocidos de antemano y por eso fueron más representativas que los resultados de las elecciones mexicanas. Y admiten favorablemente la comparación con las elecciones más libres de países como la Argentina, Chile y Uruguay. Desde luego fueron infinitamente más democráticas que las elecciones en las democracias populares de la Europa oriental. Merece la pena señalar todo esto, puesto que la propaganda oficial en España lleva 25 años inculcando a muchos españoles un penoso complejo de inferioridad sobre su capacidad para vivir de acuerdo con las normas de la democracia.