UNO de los temas principales de todas las historias oficiales del período es que la República nació de un complot masónico y estuvo en todo momento controlada por las fuerzas de la «masonería internacional». La acusación es una fantástica distorsión montada sobre una pequeña base de verdad. Muchos de los principales dirigentes republicanos eran masones. Melquíades Álvarez, jefe del muy conservador y unitario Partido Reformista; Manuel Portela Valladares, dirigente de un pequeño partido de «centro», y Diego Martínez Barrio, primero un seguidor de Lerroux y luego fundador del pequeño partido liberal Unión Republicana, eran masones del grado treinta y tres. Un cierto número de otras figuras importantes como Marcelino Domingo y Luis Companys eran masones de importancia jerárquica menor. Los dirigentes radicales Alejandro Lerroux y Rafael Salazar Alonso fueron miembros hasta 1932. Algunos militares de ideas liberales pertenecieron a la orden, especialmente los generales López Ochoa y Sebastián Pozas. Un puñado de intelectuales socialistas, como Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos, también fueron masones, al igual que el diputado comunista doctor Cayetano Bolívar, que utilizaba en la organización el seudónimo de «Lenin». Hubo persistentes rumores de que el presidente Alcalá-Zamora era masón; pero éste no sólo no se unió a ellos, sino que compartía muchos de los exagerados temores hacia la masonería comunes entre los católicos españoles. Manuel Azaña se hizo masón a finales de 1931. Indalecio Prieto recordaba con gratitud y de modo humorístico a los pocos masones excéntricos y filantrópicos que conoció cuando era aprendiz, pero nunca se afilió a la masonería.
Las logias españolas, pues, incluían una gran variedad de políticos republicanos. Los de grados más importantes eran republicanos anticlericales socialmente conservadores, de clase media. La Gran Logia Española, en su reunión en Madrid los días 23-25 de mayo de 1931 (después de la quema de iglesias y la marcha del cardenal Segura, y antes de las elecciones a las Cortes Constituyentes), adoptó una declaración de principios que incluía los siguientes puntos: libertad de pensamiento, de expresión y religión; igualdad ante la ley; sufragio universal; separación de la Iglesia y el Estado; matrimonio civil y divorcio; expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de Asociaciones; abolición de la pena de muerte; ejército voluntario; enseñanza laica y gratuita, incluyendo en la instrucción el esperanto, la lengua universal; usufructo de la tierra por aquéllos que la trabajan, y un Estado «federal», respetando las municipalidades, las regiones y otros «grupos internacionales e intercontinentales». Los masones abogaban, pues, por una República federal, garantizando las libertades asociadas con las revoluciones francesas y americana, y se identificaron con las esperanzas idealistas de los primeros años del siglo XX, tales como la adopción del esperanto y la abolición de los ejércitos de reclutamiento forzoso y la pena capital.
La masonería puede haber jugado un pequeño papel durante el período de Azaña, facilitando la unión entre los republicanos. La multiplicidad de pequeños partidos personalistas pudo ser contrarrestada por el hecho de que muchos de los dirigentes eran masones. En 1932 y 1933, Lerroux, Salazar Alonso y sus amigos se retiraron de la masonería, como parte de su evolución hacia la derecha. Para poder calificarse y gobernar a favor de los monárquicos y clericales quisieron demostrar su cambio de sentimientos cortando sus relaciones con los anticlericales. Cuando Martínez Barrio rompió con Lerroux, bastantes radicales que asimismo eran masones siguieron al primero. En La pequeña historia interpreta la ruptura como un complot masónico; pero puesto que Martínez Barrio estaba protestando contra la política clerical y policíaca de su jefe, es de lo más natural que los masones simpatizaran con él. Igualmente, cuando Portela Valladares, como ministro de la Gobernación, se resistió a los esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera transferida al Ministerio de la Guerra, los conservadores vieron en ello un complot masónico.
También hay pruebas de que los masones ayudaron a sus hermanos, y a otras víctimas, a escapar en los momentos de severa represión. Carezco de pruebas documentales sobre este punto; pero un cierto número de personas evidentemente bien informadas me dijeron que los masones organizaron una especie de «ferrocarril subterráneo» gracias al cual republicanos andaluces pudieron huir a Gibraltar durante los primeros meses del dominio de Queipo de Llano. También, y gracias a la intervención personal del general López Ochoa en Oviedo, los masones salvaron a cierto número de personas de ir a la cárcel o de la muerte, durante la represión de Asturias.
Está claro que muchos republicanos anticlericales eran masones y que los principios políticos masónicos coincidían en gran medida con los puntos de vista de la coalición republicano-socialista de 1931-1933. Los historiadores oficiales españoles, sin embargo, han pintado a la República, y, durante la guerra, al Frente Popular, como meros muñecos en manos de la Internacional masónica. Sus conclusiones se basan principalmente en las obras de Eduardo Comín Colomer, especialista en cuestiones de masonería y comunismo, entre cuyos libros figuran Lo que España debe a la masonería (Barcelona, 1956) e Historia secreta de la segunda República (Barcelona, 1959). Comín Colomer relaciona como masones no sólo a la gran mayoría de los diputados liberales republicanos, sino a docenas de socialistas de izquierda (incluyendo a Largo Caballero, al que, sin embargo, coloca en una logia francesa), anarquistas y comunistas. Mostré esta lista a varios antiguos masones españoles en Francia y a un grupo de masones en España. Estos últimos la hicieron pasar alrededor de la mesa y discutieron durante varias horas acerca de ciertos nombres tras haber borrado de la lista a más de la mitad de ellos. En todas estas discusiones quedó claro que los nombres tachados pertenecían a hombres que rechazaron insinuaciones o invitaciones de los masones. Muchos años después de la guerra civil, el Gobierno de Franco mantuvo en Salamanca un verdadero archivo de las actividades masónicas. Era deber de los archiveros el enviar un cierto número de fichas a Madrid cada mes con los nombres de los masones últimamente descubiertos. Todo aquél que fuera mencionado en cartas de miembros conocidos o en supuestos apuntes de agendas era finalmente fichado como masón. La inclusión en las listas de todos los amigos y asociados de masones conocidos explica sencillamente el fantástico nomenclátor producido por el señor Comín.
En muchos documentos en donde se trata de la influencia de los masones, la «Internacional masónica» es calificada despectivamente con los adjetivos «jacobina», «judía» y «comunista». El temor obsesivo a los masones tiene en España raíces históricas. En Italia, España y Austria fueron a menudo los colaboradores de los ejércitos revolucionarios franceses. Gran parte de la propaganda para la independencia de México y de las colonias sudamericanas de España fue producida y distribuida en sus logias. Funcionarios del Gobierno de Franco me dijeron que los masones habían sido siempre agentes de Inglaterra, el enemigo tradicional de España. En cuanto a los adjetivos de «judía» y «comunista», tienen exactamente la misma fuerza emotiva y el menosprecio de la verdad que cuando son utilizados por los reaccionarios de todo el mundo occidental. En la página 443 de la Historia secreta, por ejemplo, Comín Colomer cita en tono aprobatorio otro libro en el cual se califica a Alcalá-Zamora de «criptojudío», a Portela de degenerado y «criptojudío» y a Francisco Cambó (rico conservador catalán) de «enriquecido por el siniestro y maquiavélico jefe de la judería europea, Walther Rathenau». Todos los datos específicos aducidos para demostrar que la República española era un muñeco en manos de la Internacional masónica son del mismo carácter.
Un segundo Leitmotiv de la leyenda negra es la acusación, dos veces rechazada por las investigaciones de las Cortes, de que Azaña, jefe del Gobierno, ordenó a la policía no hacer prisioneros y dirigir «los tiros a la barriga» durante la sublevación anarquista de Casas Viejas en enero de 1933. Quien lanzó esta acusación fue el capitán de la guardia de asalto Manuel Rojas, cuando los periodistas descubrieron que había mandado fusilar a 14 prisioneros. La acusación fue apoyada por otra persona, el capitán Barba Hernández, del Estado Mayor. En mayo de 1934 el capitán Rojas fue sometido a proceso por asesinato en Cádiz, y la declaración principal apareció en los números de El Sol correspondientes al 23, 24 y 27 de mayo.
El capitán Rojas alegó que en una entrevista en la que no había presentes más personas, el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, le ordenó que no hiciera prisioneros ni heridos, y que varias semanas después, cuando ya estaba en la cárcel, el teniente coronel Hernández Saravia, a quien él consideraba como un hermano mayor, le ofreció un millón de pesetas si se callaba. Tampoco hubo otras personas presentes en esta entrevista. Al ser sometido a careos, Rojas insistió en sus acusaciones, mientras que Menéndez y Hernández Saravia las negaban rotundamente. Menéndez explicó luego al tribunal que cualquier oficial o funcionario de policía tenía derecho a pedir una copia escrita de las órdenes que recibía si pensaba que contravenían a la ley. El tribunal esperó que el defensor diera una explicación sobre este punto; pero no pudo ofrecer ninguna.
Al día siguiente, el capitán Barba Hernández testificó que uno de los ayudantes militares de Azaña utilizó la frase «los tiros a la barriga», asimismo en otra entrevista en la que nadie más estuvo presente. La acusación indicó que tales órdenes no se habían dado a otros oficiales, y que varios alzamientos anarquistas habían sido reprimidos en diferentes partes de España sin que se fusilara a los prisioneros. El capitán Barba, que poco antes había declarado que el deber militar requería el estricto cumplimiento de las órdenes tal como eran dadas, explicó ahora la suavidad empleada en otras zonas, diciendo que, al transmitirlas, él había «suavizado» dichas órdenes.
Para el tribunal quedó claro que Rojas y Barba estaban mintiendo para apoyarse el uno al otro. Debido a las otras pruebas existentes contra Rojas, fue sentenciado a 21 años de cárcel. Sin embargo, los monárquicos volvieron a presentar contra Azaña los cargos por el asunto de Casas Viejas en las sesiones de las Cortes en marzo y de nuevo en julio de 1935. En la segunda ocasión, el capitán Barba fue uno de los fundadores de la UME. Él y otros iniciaron la purga en Zaragoza en las primeras semanas de la guerra, e incluso entre los más reaccionarios se ganó la reputación de ser un criminal sediento de sangre. El capitán Rojas jugó un importante papel en la purga de Granada y prosiguió ocupando altos cargos militares después de la guerra civil. Arturo Menéndez fue sacado del expreso Barcelona-Madrid en Zaragoza, el 18 de julio, y luego fusilado por los nacionalistas. Hernández Saravia se convirtió en uno de los principales generales del ejército republicano durante la guerra. La gente «bien» de España aún habla con tono horrorizado de «lo de Casas Viejas» y del sadismo criminal de Azaña.
Otro tercer elemento importante en la leyenda negra es la afirmación de que las fuerzas izquierdistas del Frente Popular intentaron establecer una España soviética bajo el mando de Largo Caballero y que la revolución había de ocurrir entre el 11 de mayo y el 29 de junio, que la fecha fue retrasada por razones sin especificar hasta el primero de agosto, y que el alzamiento militar del 18 de julio se anticipó, por lo tanto, a una revolución soviética. Prácticamente todos los oficiales nacionalistas con quienes hablé dieron por sentado que esta acusación era cierta, y así consta en la mayoría de las historias nacionalistas. Sin embargo, el estudio mejor documentado hecho en España sobre la izquierda revolucionaria no hace mención de este complot: Maximiano García Venero, Historia de las internacionales en España (Madrid, 1956-57, 3 volúmenes). García Venero se refiere con gran detalle a la formación del Frente Popular, a los viajes de los socialistas de izquierda a Rusia, a las relaciones amistosas entre miembros de los partidos socialistas y comunistas franceses y españoles, las visitas de agentes rusos a España; pero nunca una palabra acerca del «Soviet» de junio de 1936. Por otra parte, el historiador inglés Hugh Thomas, habiendo visto referencias de evidencia documental aparente en fecha tan temprana como el 7 de agosto de 1936 en el Diario de Navarra, llegó a la conclusión de que los documentos del Diario no eran falsos (The Spanish Civil War, p. 108 n.).
Dichos documentos recibieron una gran publicidad internacional cuando fueron publicados por el Times de Londres el 3 de mayo de 1938, y al año siguiente en Bilbao. Éstos declaran que el 16 de mayo de 1936, en la Casa del Pueblo de Valencia, representantes de los partidos comunistas francés, español y ruso adoptaron un plan por el cual habría de iniciarse un movimiento revolucionario en ambos países cuando Léon Blum se convirtiera en jefe del Gobierno de Francia. A continuación de una campaña de propaganda para desacreditar a los reformistas como Besteiro y Prieto y una intensa agitación para destruir la autoridad del Estado burgués, el Soviet se apoderaría del poder en ambos países. Largo Caballero sería su presidente en España, y la mayoría de los comisarios, socialistas de izquierda.
Hay muchas cosas improbables en estos documentos. En 1936 la Internacional Comunista estaba orientada enteramente hacia el establecimiento de un frente antifascista de todas las fuerzas burguesas y proletarias que se oponían al fascismo. En España, los comunistas criticaban abiertamente el «izquierdismo infantil» de los socialistas de Largo Caballero. Los documentos sobre el plan del Soviet piden a uno que crea que los comunistas deseaban derribar los gobiernos de Frente Popular de Francia y España y que los planes del comité que incluía a algunos rusos preparaban una lista de comisarios con mayoría caballerista. Como comisario de Justicia nombraron a Luis Jiménez de Asúa. Luego, junto con Thorez, José Díaz, George Dimitrov, Largo Caballero y otros, Vincent Auriol habría de ser uno de los principales inspiradores. También eran citados los anarquistas David Antona, García Oliver y Ángel Pestaña.
Creo que esta increíble combinación de nombres revela que los documentos fueron preparados por elementos derechistas mal informados. Jiménez de Asúa apoyó constantemente a Prieto y al Gobierno legal y parlamentario. Fue el principal autor de la Constitución de 1931. Sin embargo, como abogado defensor de los campesinos de Castilblanco y de varios dirigentes socialistas después de la sublevación de Asturias se ganó esa clase de odio ciego que llevaría a las derechas a imaginarlo como «comisario de Justicia». Vincent Auriol era un parlamentario socialista francés, que vino a España en nombre de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre para pedir a Alcalá-Zamora y Lerroux la amnistía para los dirigentes socialistas condenados a muerte en febrero de 1935. Esta acción lo calificó fácilmente para ser colocado entre los dirigentes soviéticos por la propaganda derechista. Y en cuanto a los anarquistas citados, David Antona era uno de los jefes extremistas de la CNT que hicieron más difícil la cooperación con la UGT. Por otra parte, Pestaña se había convertido a los ideales reformistas y no se llevaba bien ni con la mayoría de la CNT ni con los socialistas de Largo Caballero. Las derechas, sin embargo, eran capaces de describir fácilmente a estos hombres como colaboradores de Largo Caballero en la preparación de una España soviética.
El plan de un Soviet no puede tampoco conciliarse con los sucesos conocidos de junio de 1936. Los dirigentes de la UGT y la CNT estaban completamente enfrascados en las rivalidades mutuas surgidas de la huelga del ramo de la construcción. A finales de junio, los jefes caballeristas se hallaban forcejeando con la CNT para que aceptara la mediación a fin de no destruir la autoridad del Gobierno de Casares Quiroga. Largo Caballero estuvo en Inglaterra y Francia a finales de junio y principios de julio. Finalmente, jamás se ha ofrecido evidencia para la afirmación de que el plan fue retrasado hasta el primero de agosto. Pero tal afirmación es necesaria para explicar la absoluta falta de actividad «soviética» entre el 11 de mayo y el 29 de junio, y para justificar el alzamiento militar del 18 de julio como medida preventiva[455].
Los historiadores de todas las ideologías han deplorado con amargura la leyenda negra referente a la España imperial y su historia colonial. Los menos dignos de ellos se han dedicado a la creación de una fantástica leyenda negra contra la República.