Es el año 1861 y la guerra civil estadounidense está destrozando el país. En un momento en que tanto unionistas como confederados se esforzaban por alistar a nuevos reclutas en sus ejércitos, alguien tuvo una idea ingeniosa: ofrecer pensiones generosas a los soldados y sus viudas. Todo indica que el plan surtió efecto: cientos de miles se apresuraron a sumarse a la contienda.

¿Cuándo cree que se hizo el último pago por el sistema de pensiones de la guerra civil? ¿La década de 1930 o 1940, cuando los veteranos más jóvenes debían de estarse acercando al final de sus vidas? En realidad, el sistema no realizó su último pago hasta el año 2004. En la década de 1920, una emprendedora joven de veintiún años había decidido casarse con un veterano que tenía ochenta y uno, lo que dejó al Estado con una factura extraordinariamente duradera hasta que la mujer murió a la edad de noventa y siete años.

Imagine ahora que el mismo problema se manifiesta en una magnitud mucho mayor no sólo a lo largo y ancho de una nación, sino de todo el mundo desarrollado: los gobiernos han prometido mantener de forma generosa a sus ciudadanos de edad avanzada y décadas después descubren que esos ciudadanos están viviendo mucho más de lo previsto y absorben una porción demasiado grande de sus recursos. Contemplad la crisis de las pensiones y la seguridad social.

La evolución del estado del bienestar. Aunque los Estados han ofrecido ocasionalmente pensiones, educación y otros beneficios a algunos de sus ciudadanos desde tiempos de los romanos (por lo general a cambio del servicio militar), la existencia del estado del bienestar y sistemas de seguridad social en todo el mundo es un fenómeno relativamente reciente. Hasta el siglo XX los países tendían a cobrar impuestos a sus ciudadanos únicamente con el fin de protegerlos de la delincuencia y una posible invasión. Sin embargo, tras la primera guerra mundial y la Gran Depresión, cuando la magnitud de la penuria que afectaba a tantísimas familias resultó patente, países como el Reino Unido y Estados Unidos se convirtieron en «estados del bienestar», en los que los impuestos se empleaban para redistribuir la riqueza a aquellos a los que se juzgaba más necesitados, ya se tratara de los viejos, los débiles, los desempleados o los enfermos. El modelo original lo había desarrollado Bismarck en Alemania aproximadamente una década después de que terminara la guerra civil estadounidense.

La teoría que sustenta las pensiones y la seguridad social es tan sencilla en la actualidad como lo era cuando el sistema se concibió por primera vez: los ciudadanos de un país deben contribuir a un fondo general cuando tienen trabajo y gozan de buena salud y, a cambio, ese fondo les ayudará a mantener su bienestar cuando estén enfermos, sean incapaces de trabajar o quieran jubilarse.

El Informe Beveridge

El catalizador de la creación de los estados del bienestar fue el Report of the Interdepartmental Committee on Social Insurance and Allied Services elaborado por William Beveridge en 1942 con el propósito de combatir «la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad». Cuando los gobiernos empezaron a pensar en el mundo de la segunda posguerra, fue evidente que era necesario hacer algo para garantizar que las personas pudieran mantenerse de forma apropiada en el futuro, algo para lo que el Informe Beveridge proporcionaba un marco ideal. Las terribles experiencias de la Gran Depresión y la guerra habían subrayado el hecho de que, en ciertas circunstancias extremas, el sector privado simplemente era incapaz de proteger a los ciudadanos de las adversidades.

No obstante, el informe argumentaba que, dadas las dimensiones del Estado y su poder de negociación, éste estaba en condiciones de ofrecer a cada uno de sus ciudadanos una asistencia sanitaria y unas pensiones mejores y más económicas.

En ningún otro país se aplicaron las ideas de Beveridge con tanto entusiasmo como en Japón, que después de la guerra mejoró de forma espectacular la esperanza de vida y cualificación educativa de sus ciudadanos mediante la creación de un gran sistema de seguridad social y la construcción de hospitales y escuelas. Se considera de forma generalizada que la calidad de su gigantesco estado del bienestar contribuyó en gran medida a la vigorosa recuperación del país en los años posteriores.

Los problemas. A pesar de haber sacado a muchas familias de la pobreza y haber mejorado de forma espectacular los estándares sanitarios y educativos de todo el mundo occidental, muchos sostienen que el estado del bienestar ha traído consigo algunos problemas importantes: uno socioeconómico, el otro fiscal.

El dilema socioeconómico es que los sistemas del estado del bienestar pueden desincentivar el trabajo. Hay muchas pruebas que indican que el ofrecimiento de subsidios de desempleo puede disuadir a sus beneficiarios de buscar un nuevo trabajo (véase el capítulo 22). A pesar de haber aumentado hasta alcanzar proporciones colosales, parece ser que a lo largo de las últimas décadas el gasto en asistencia social en realidad ha reducido la productividad en varios países, incluido el Reino Unido y varios países de Europa septentrional.

Luego está el problema de cómo financiar esos sistemas a largo plazo. Los fondos de la mayoría de sistemas de seguridad social provienen del presupuesto actual del gobierno: son sistemas de reparto en los que los contribuyentes financian hoy las pensiones de quienes están actualmente jubilados, no sus propias pensiones futuras. Este sistema funcionó de forma excelente en los años de la posguerra: el aumento de población provocado por la explosión de natalidad de finales de los años cuarenta y la década de 1950 (el denominado «baby boom») hizo que hubiera abundantes trabajadores jóvenes pagando sus impuestos y contribuyendo a la hucha a lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Sin embargo, desde entonces la tasa de fertilidad ha disminuido significativamente, y varios países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Japón y gran parte de Europa, saben que les aguarda una factura gigantesca en el futuro.

El problema es especialmente grave en Estados Unidos, cuyo sistema incluye una pensión estatal para todos los trabajadores (la «seguridad social»), el Medicare (seguro médico gratuito para los ancianos) y varios otros programas, como el Medicaid (cobertura sanitaria para los pobres) y el subsidio de desempleo temporal. Todo este sistema se enfrenta a una crisis importantísima con la jubilación de los nacidos durante el «baby boom», una generación de pensionados que vivirá más y exigirá más atención médica que nunca en la historia: se calcula que para 2050 la población estadounidense mayor de sesenta y cinco años habrá pasado del 12 por 100 a casi el 21 por 100.

Soluciones para la crisis de las pensiones y la seguridad social

1. Permitir que más inmigrantes lleguen y trabajen en el país. Esto aumentaría las dimensiones de la población activa (y, además, muchos de ellos se jubilarían en sus propios países).

2. Aumentar los impuestos de los contribuyentes futuros para ayudar a pagar la cuenta, lo que implica aceptar que, como consecuencia, el crecimiento económico sea menor.

3. Obligar a los pensionistas a trabajar más tiempo o, en su defecto, aceptar pagos más bajos.

4. Descartar los actuales sistemas de reparto para favorecer programas en los que los ciudadanos contribuyan con cierta cantidad a un fondo cada mes. Ésta es una dirección que ya están considerando muchos gobiernos, incluido el británico. No obstante, es muy probable que las reformas lleguen demasiado tarde para impedir que las finanzas públicas se vean sometidas a incómodas restricciones en los próximos años.

El futuro del bienestar. Según los economistas especializados en el estudio de cómo las decisiones de una generación pueden afectar a la siguiente, los costes del estado del bienestar en los próximos años indican que Estados Unidos se dirige hacia, según la mayoría de definiciones del término, la bancarrota absoluta. Predicciones similares se han hecho para el caso de Japón, donde más del 21 por 100 de la población ya supera los sesenta y cinco años de edad y se calcula que su proporción igualará la de la población activa para el año 2044. Hay pruebas de que las tasas de fertilidad han empezado a aumentar ligeramente en Estados Unidos y el Reino Unido, en el primer caso, gracias en buena parte a la fecundidad de los inmigrantes mexicanos, y en el segundo, a una superabundancia de embarazos adolescentes. Sin embargo, resulta poco probable que esto salve a cualquiera de los dos países de una sacudida que es inminente.

La dolorosa verdad es que las alternativas son dos: o los pensionistas aceptan desembolsos menos generosos o se obliga a los ciudadanos a pagar más impuestos. Se trata de un dilema que dominará la política y la economía durante algunas décadas.