¿Cuánto pesa un kilogramo? La pregunta acaso suene extraña: a fin de cuentas, la mayoría de nosotros sabemos más o menos qué se siente al levantar algo que pesa un kilo (o, para el caso, una libra o una arroba). Sin embargo, sólo existe un objeto en el mundo que pese oficialmente un kilogramo preciso, y reposa en una cámara acorazada a las afueras de París, Francia. El prototipo internacional del kilogramo, un pequeño cilindro de platino e iridio hecho en 1889, es el objeto con relación al cual están calibradas todas las balanzas del mundo.

Ese trozo de metal se guarda bajo fuertes medidas de seguridad, pues muchos temen que si se dañara o perdiera, la actividad económica en todo el mundo poco a poco se paralizaría. Una compañía que comprara una tonelada de acero a una fábrica al otro lado del mundo ya no podría estar segura de que recibe la cantidad correcta y no se le ha timado mediante el uso de una escala mal calibrada.

El establecimiento de estándares. La economía no puede funcionar aprovechando plenamente sus capacidades sin estándares oficiales, establecidos en la ley tanto en el nivel nacional como internacional. Además, incluso los más ardientes abanderados del libre mercado (que creen que todas las empresas que existen deberían ser privatizadas, desde los bancos centrales a las compañías eléctricas y la planeación de carreteras) aceptan que seguimos necesitando gobiernos que hagan respetar la ley y el derecho a la propiedad. Sin tales leyes, el libre mercado no podría funcionar de manera apropiada y lo que tendríamos en cambio sería la anarquía (un peligro que ya había señalado Adam Smith, el padre de la economía, en el siglo XVIII).

Necesitamos un gobierno para hacer cumplir los contratos entre las personas y las empresas y para establecer los estándares que los ciudadanos han de seguir. Las personas necesitan estar seguras sabiendo que si poseen algo no les será confiscado de manera arbitraria, y que las trampas y el robo no quedarán impunes.

El capitalismo depende enormemente de la confianza. Cuando un banco presta dinero a alguien, su decisión de entregar el dinero se funda en parte en la confianza de que el prestatario estará en condiciones de pagarlo. De forma similar, un país puede contraer deudas muy grandes con los inversores internacionales porque éstos confían en que, en el futuro, no dejará de cumplir sus obligaciones.

En una transacción las partes no sólo necesitan confiar la una en la otra, también necesitan confiar en la estructura en la que la transacción se enmarca. Desde este punto de vista, el objetivo primordial de un gobierno no es proporcionar seguridad social, determinar los tipos de interés o redistribuir la riqueza: es sancionar un sistema estable y justo de derechos jurídicos, de propiedad, etc., a través del cual se pueda exigir responsabilidades a quienes quebranten la ley.

Una de las razones primordiales por las que Gran Bretaña prosperó durante los años de la Revolución Industrial fue porque su sistema jurídico se consideraba muy fiable. Esto diferenciaba con claridad al país de muchos de sus homólogos europeos, donde las guerras y las disputas a menudo hacían tambalear los derechos de propiedad, hasta el punto de que los terratenientes nunca podían estar seguros de si en realidad poseían plenamente sus propiedades, y no podían confiar en que el Estado los respaldara si sufrían agravios.

Derechos de propiedad intelectual. No sólo los derechos de propiedad sólida y visible requieren protección; la posesión de propiedad invisible como las ideas y las creaciones artísticas también necesita que se proteja. Un inventor tiene pocos incentivos para innovar si sabe que sus invenciones le pueden ser arrebatadas (privándole de cualquier recompensa por su trabajo) tan pronto las termine. Por tanto, para que una economía funcione de manera adecuada, el gobierno tiene que garantizar que cuenta con un sistema estable de patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor, por ejemplo, protegen a los escritores del plagio y la piratería durante un período de tiempo determinado.

En los últimos años, los derechos de propiedad intelectual han sido objeto de un escrutinio importante debido al ascenso de economías emergentes como China y la India, países en los que las regulaciones y leyes sobre propiedad intelectual y estándares comunes se han revelado difíciles de defender. Una consecuencia de ello es que las compañías locales han conseguido producir, por ejemplo, versiones baratas y no autorizadas de medicamentos investigados y desarrollados por las empresas farmacéuticas occidentales. Aunque en un primer momento los consumidores agradecieron estos proyectos, posteriormente hubo varias alarmas que pusieron en duda la posibilidad de confiar en los productos fabricados de esta forma. Por ejemplo, algunos medicamentos falsificados elaborados en China resultaron ser inocuos o, en el peor de los casos, perjudiciales para la salud.

Derechos de propiedad en las chabolas

¿Son los pobres en realidad tan pobres como pensamos? El economista peruano Hernando de Soto ha argumentado que muchas de las familias más pobres del mundo lo son simplemente porque carecen de derechos legales sobre su propiedad. Una familia puede haber vivido durante años en la misma chabola de las favelas de Río de Janeiro, pero como sólo tiene sobre ella un derecho de propiedad informal y entre los pobres los derechos jurídicos no están plenamente desarrollados, se encuentra a merced de los delincuentes y vigilantes locales (que pueden intentar robar o destruir su hogar) o el gobierno (que puede intentar desalojar a los chabolistas).

La solución, sostiene De Soto, es otorgar a estas personas derechos legales sobre sus propiedades. De esa forma no sólo tendrán un incentivo para cuidar más de ellas, sino que podrán obtener créditos utilizando sus hogares como garantía. El economista argumenta que el valor total de las viviendas de los pobres en los países en vías de desarrollo es noventa veces el total de la ayuda exterior que estos países recibieron en los últimos treinta años.

Compartir archivos. El debate acerca de la propiedad intelectual ha alcanzado un momento álgido en años recientes debido a la facilidad con que la tecnología moderna permite difundir ideas intangibles con gran rapidez. Desde su ordenador, usted puede, en cuestión de minutos, descargar ilegalmente un archivo mp3 de una canción de los cuarenta principales o una película que acaba de ser estrenada. El cantante o los productores no obtienen dinero por esas descargas y quienes las realizan obtienen entretenimiento gratuito. Ahora bien, teniendo en mente la regla económica según la cual no existen los almuerzos gratis, habría que preguntase quién está pagando en realidad.

La respuesta es que lo hacemos todos, aunque indirectamente. Cuando los artistas reciben menos ingresos, tienen menos incentivos para producir nuevo material; la industria atrae a menos gente y, llegado el momento, la calidad de la música y las películas en el mercado se deteriora. Los economistas convencionales sostienen de forma enérgica que los gobiernos tienen el deber de garantizar que la piratería sea la mínima posible, pero otros afirman que muchos artistas están ya lo bastante bien pagados como para soportar una pequeña reducción de sus royalties.

La tragedia de los bienes comunes. Unos derechos de propiedad pobres o insuficientes pueden dañar gravemente una economía. Al otorgar a las personas derechos de propiedad legales se las estimula a invertir más en su patrimonio con la esperanza de aumentar su valor. Es más probable que gastemos algo de dinero y tiempo pintando nuestro piso si es propio que si simplemente lo estamos ocupando. El escenario alternativo es «la tragedia de los bienes comunes», una situación en que las personas abusan de un recurso sobre el que no tienen una propiedad exclusiva (véase el capítulo 1).

Cuando los economistas occidentales visitaron la Unión Soviética, descubrieron que a pesar de que el país padecía importantes crisis de alimentos, los granjeros dejaban en barbecho tierras fértiles y dejaban perder las cosechas en los campos y los almacenes. El problema era que bajo el sistema comunista los agricultores no eran propietarios directos de sus cosechas y, por tanto, tenían menos incentivos para trabajar con tesón y producir más alimentos. El hecho de que vastas extensiones del norte de África sean desérticas no se explica sólo por el clima o las condiciones de los suelos, pues con cierta cantidad de trabajo duro e inversión tales áreas podrían volver a convertirse en pastos. La razón para ello es que la tierra la utilizan los nómadas y sus rebaños, que tienen pocos incentivos para cuidar de ella pues después de un tiempo continuarán su camino. El resultado con frecuencia es la desertización debida al pastoreo excesivo.

Los gobiernos, por tanto, no sólo deben asegurarse de que sus ciudadanos respeten las leyes y los contratos, sino también instaurar leyes apropiadas que garanticen que las personas contribuyen a la prosperidad de la economía. Al mismo tiempo, deben asegurarse de que ciertos estándares inalienables (de pesos, longitudes y otras medidas) mantienen su vigencia.

La idea en síntesis: la ley y la confianza son los cimientos irreemplazables de la sociedad