«Esto no es una secesión, es un negocio».
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Leamos dos declaraciones de los máximos defensores de la causa borbónica en el Principado:
Albert Rivera en abril de 2013 reclamó «un fondo de cohesión para garantizar unos mínimos de sanidad, educación y servicios sociales. Y a partir de ahí, corresponsabilidad fiscal».
Declaraciones de Alicia Sánchez Camacho en enero de 2013 pidiendo un nuevo sistema de financiación que pasaría por «garantizar la solidaridad pero limitándola y haciendo que Cataluña no tenga que pagar más impuestos que otras que son receptoras de los fondos».
Es decir, si los contrarios a machamartillo de la tesis del expolio fiscal admiten que, al menos, hay maltrato, el debate queda reducido al grado y no a la categoría. Aquello de «pego al crío pero le pego lo justo». Queda claro que, si los defensores de la LOFCA admiten irregularidades, los contrarios al sistema de financiación tenemos derecho a pensar en cosas peores.
Así que, resumiendo los hechos:
a) Cataluña paga más de lo que recibe
b) Cataluña recibe menos de lo que necesita.
c)…
Pongamos un ejemplo pijo. Yo le pago 2.500 euros a mi asistenta (AGE) para que tenga la nevera llena y los servicios básicos de mi casa en funcionamiento. Y cuando llego me encuentro sin calefacción, sin luz y con la nevera vacía. Queda claro que yo he quedado en una situación más penosa que antes de nuestro contrato. Soy más pobre. Se puede argumentar que he sido muy generoso con la asistenta o que ella me ha estafado. Da igual. El contrato es insatisfactorio.
Si no puedo pagar hospitales y escuelas aun reconociendo que tengo dinero para hacerlo, porque ese dinero (pagado por catalanes) está en manos de la AGE y debo depender de su benevolencia o acierto en el reparto, es absurdo.
Se entiende que los catalanes ricos paguen con sus impuestos a los extremeños pobres ¿Pero quién paga a los catalanes pobres que son más de 1,3 millones de seres humanos? Deberían ser los catalanes ricos, por supuesto. O la duquesa de Alba, me da igual. El caso es que ya no cuela la infantil trampa de la «solidaridad» entre territorios. Que en realidad funciona así: por el PIB de Cataluña (rico) se infiere que no hay catalanes pobres y por lo tanto se decide unilateralmente desposeerlos de servicios. Así, que sí, es cierto. España no roba a Cataluña. La AGE nos roba a los catalanes. Es diferente, pero igual de grave y molesto.